Leopoldo M. A. Godio

SUMARIO: I. Introducción.— II. La competencia de la Corte Internacional de Justicia en su función consultiva.— III. La consulta formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La presentación de Argentina.— IV. Reflexiones sobre las principales consideraciones en la opinión de la Corte. Posible vinculación con la Cuestión Malvinas .— V. Conclusión.

Sumario: I. Introducción. – II. El sistema de solución de controversias de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Consideraciones preliminares respecto de su diseño y competencia. – III. La tendencia jurisprudencial del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en materia de establecimiento de fianza o garantía razonable. – IV. Las solicitudes de medidas provisionales destinadas a obtener la liberación de buques, ¿casos aislados o tendencia? a) El buque M/V Saiga. b) El buque M/V Louisa. c) La Fragata ARA Libertad. d) El buque Arctic Sunrisese. – V. Evaluación sobre la labor del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. – Bibliografía.

Los Estados que operan como registros de conveniencia constituyen un factor que afecta a la adecuada observación de disposiciones locales e internacionales y desalienta el inicio de acciones judiciales, incluso las referidas a índole penal o disciplinaria que ocurran a bordo del buque, y solo podría llegar a esperarse una acción activa del Estado de pabellón –en una hipótesis de extrema flexibilidad en su legislación– que el accionar del buque y su tripulación ponga en riesgo su seguridad o perturbe la paz local. A pesar de ello, autores como Barnes afirman que la jurisdicción de los Estados de bandera de conveniencia han disminuido su importancia como consecuencia de las ampliaciones jurisdiccionales de los Estados costeros en los espacios marítimos, aunque la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (en adelante la Convención de 1982) reconoce la competencia primaria del Estado del pabellón del buque, razón por la cual la principal preocupación reviste en la capacidad de aquellos Estados para controlar efectivamente a los buques que enarbolen su pabellón, garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades y fomentar el desarrollo de sistemas de control.

El 18 de mayo pasado, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 396/2018 del Ministerio de Seguridad que aprobó el “Protocolo de Actuación para Unidades de Superficies ante la Detección de Buques Pesqueros Extranjeros en Infracción a la Ley N° 24.922 y del Código Penal de la Nación” (en adelante, “el Protocolo de Actuación”), desarrollado a partir de las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (en adelante, “la Convención” o “la Convención de 1982”, indistintamente), la Ley 23.968 de Espacios Marítimos, la Ley 24.059 de Seguridad Interior, la Ley 18.398, que crea a la Prefectura Naval Argentina (en adelante, “PNA”) y la Ley 18.711, que establece las misiones, funciones y jurisdicciones de las fuerzas federales, incluyendo a la propia PNA.
El Protocolo de Actuación constituye una guía de conducta desarrollada con el objeto de contribuir al combate contra la pesca ilegal e incrementar la eficacia de las medidas de conservación adoptadas por el Estado en los espacios marítimos donde posee competencias en razón de su soberanía o derechos de soberanía, según corresponda. En ese sentido, el Protocolo de Actuación es entendido como un complemento para la actuación de la PNA en sus facultades de vigilancia y control mediante sistemas radarizados y satelitales, buques guardacostas y aeronaves, estableciendo un procedimiento para la identificación, seguimiento, detención, visita, inspección y apresamiento de aquellos buques que contravengan el ordenamiento jurídico local e internacional adoptado de conformidad con la Convención de 1982.

La actual generación de tratados internacionales de naturaleza comercial presenta, con cada vez más frecuencia, disposiciones que regulan distintos aspectos de los procedimientos arbitrales ad hoc a través de la aplicación de medidas coactivas de índole económica, la actuación de los órganos institucionales creados por el acuerdo, la intervención de “terceros interesados”, aspectos de transparencia documental y procesal, además de la creciente participación de los amicus curiae y también la actuación de quienes deben decidir las controversias mediante un detallado “código de conducta” a ser observado.
En el presente trabajo analizaremos algunos de los principales aspectos que se discuten actualmente, con el objeto de presentar una reflexión crítica respecto de cada caso y valorar, finalmente, la importancia que puede contener su eventual utilización.

El presente trabajo analiza el uso de las declaraciones interpretativas y sus actuales desafíos, con especial énfasis en la situación que presentan los artículos 287, 298, 309 y 310 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 a la luz del caso reciente y no por ello menos polémico: la controversia entre Filipinas y China en el área del Mar del Sur de China.

La propuesta del trabajo es realizar un detallado estudio de los hechos que generaron la controversia del buque M/V SAIGA ante el Tribunal Internacional de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. La importancia de estos asuntos, que constituyen los dos primeros casos de este tribunal permanente, adquiere una particular relevancia para la comprensión del derecho del mar contemporáneo y, en general, del derecho internacional público cuyas lecciones continúan vigentes al cumplirse veinte años de los acontecimientos que le dieron origen, brindando una influencia e interpretación en cuestiones sustanciales de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar de 1982 y sus aspectos procedimentales.

Cabe preguntarse si es posible aplicar los principios de las matemáticas en las ciencias jurídicas. En ese sentido, si consideramos la expresión formulada de Luis Caffarelli, “Los matemáticos hacemos razonamientos, no números” , parece que nos encontramos ante una idea viable.
Sin embargo ¿Es este criterio de trabajo “transpolable” (con adaptaciones) a la ciencias jurídicas? Al respecto, encontramos la oposición del célebre jurista norteamericano Oliver Wendell Holmes Jr. (1841-1935), para quien el derecho está compuesto por una pluralidad de cosas, no sólo de la ley, en el que la realidad jurídica no puede ser objeto de un modelo matemático ni de la lógica, sino que es consecuencia de una dialéctica entendida como experiencia social acumulada en el tiempo. En otras palabras, Holmes entiende que la preservación de la lógica del sistema resulta insuficiente para justificar la razón de ser de las instituciones jurídicas y sus normas, debido a la necesidad de realizar, disimuladamente, una labor de ponderación constante de los valores e intereses sociales en pugna .
El esquema total del Derecho es, en la idea de Holmes “(…) el resultado de un conflicto en cada punto entre la lógica, entendida como generalización precipitada y como deducción silogística de aquellas generalizaciones, y el buen sentido, entendido como aquel tipo de razones que no encajan en la lógica matemática” .
Lo anterior constituye un punto de partida para analizar la tesis de la geometría legal propuesta por el jurista italiano Francesco Gentile (1936-2009)  quien, desde la corriente de la filosofía práctica es considerado como un protagonista central del pensamiento político moderno que mediante la unidad y centralización de la soberanía estatal, permite sostener una teoría que justifica el derecho positivo en una única fuente estatal y que sus facultades o poderes de creación en las comunidades infra-políticas –y aún de la sociedad en su conjunto–, sólo se admiten como delegación de esa fuente indivisible .

El Estado posee al territorio como parte de sus elementos y ejerce su soberanía en la totalidad de éste. Sin
embargo, esta teoría de los internacionalistas presenta casos que en la práctica tribunalicia requieren de un
análisis que transforme instituciones inicialmente pensadas para las relaciones entre los Estados, en conceptos
útiles para la resolución de controversias domésticas.
Este ejercicio resulta pertinente en el caso "Acción de Defensa del Consumidor J. E. G. c. Telecom
Argentina S.A.", decidido por la Sala IV de la Cámara en lo Civil y Comercial de la Provincia de San Pedro de
Jujuy, el 5 de abril de 2017, a pesar de tratarse de un asunto domésticamente apto para su estudio desde el
Derecho administrativo, la teoría del Estado, el Derecho del consumidor, el Derecho constitucional o el Derecho
internacional público que es, precisamente, la impronta que desarrollaremos a partir del fallo señalado,
seleccionando dos aspectos sobresalientes analizables en relación con éste: a) La Disposición Transitoria
Primera de la Constitución Nacional, determinante para los argumentos construidos por los magistrados; y, b) El
territorio como elemento del Estado y sus características para el Derecho internacional público.

La integración y cooperación regional entre los Estados de América Latina ha presentado, en más de seis décadas de experiencia, distintos resultados como se observa en el caso del Mercosur, la Alianza del Pacífico, los países centroamericanos y del Caribe. En este sentido, el proceso de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, “CAN”) ha presentado avances y retrocesos idénticos a los anteriores y amerita un análisis actualizado de sus órganos e instituciones de modo que permitan, en lo posible, comprender no sólo su estructura y contexto, sino también su desarrollo y proyección al fracaso o una convergencia superadora.
Para lograr el objetivo propuesto, se realizará una síntesis histórica de la CAN que nos permita advertir cómo fue su proceso de gestación para, luego, continuar con un análisis de sus instituciones y órganos de modo que nos habilite, finalmente, a realizar algunas consideraciones sobre sus desafíos actuales y futuros.

RESUMEN: La regulación de las empresas multinacionales ha evolucionado exponencialmente desde el fallo Salomon vs. Salomon en la Cámara de los Lords del Reino Unido: estas empresas comenzaron siendo formas de administrar riqueza pero rápidamente pasaron a ser vehículos predilectos para las inversiones y se convirtieron en una pieza fundamental para generar una economía global integrada. Resulta de particular interés el rol que ha adoptado el Derecho Internacional Público cuando se ha visto envuelto en el mundo corporativo: si bien las empresas multinacionales no se consideran sujetos del Derecho Internacional, es imposible negar su peso en la arena internacional. Basta para ello tomar como ejemplo que los tratados internacionales de protección de las inversiones se han construido alrededor de las necesidades del inversor generando una multiplicidad de foros. El presente trabajo examinará la evolución de la jurisprudencia acerca de la protección de las inversiones de empresas multinacionales en los foros internacionales, tomando como puntos de referencia los fallos de la Corte Internacional de Justicia en los casos Barcelona Traction – Sicula – Diallo y lo decidido recientemente ante tribunal de arbitraje internacional tal como en el caso Yukos. En este sentido, se planteará que la regulación de empresas multinacionales es un proceso regulatorio que aún no encuentran armonización normativa, y que si bien aún no podemos hablar que estamos ante una rama del " Derecho de las Empresas Multinacionales " en el marco del Derecho Internacional Público, podríamos estar en el sendero correcto para ello.

Thanks to the use of enhanced methods of satellite imagery, several judicial processes might be aided in the way they resolve disputes. This paper looks into the challenges courts face in terms of accepting satellite imagery as evidence of fact while asserting that its correct corroboration and professional interpretation might be a way forward to include satellite imagery as non-tampered evidence. In doing so, the author explores how satellite images are used in the judicial process in Argentina and other countries including, among others, Chile, Colombia and Germany.

Resumen: Los océanos del mundo han jugado un papel crucial en el derecho inter-nacional contemporáneo, facilitando la comunicación y proporcionando un importante progreso jurídico a partir de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Dere-cho del Mar, realizada entre 1973 y 1982, no sólo respecto de recursos vivos y no vivos, sino también, según expresó Boczek, como campo de batalla para innumerables con-flictos armados y a modo de área para proyectar el poder naval con metas políticas uti-lizadas tanto para fines pacíficos como no pacíficos.

Abstract: The world oceans have played a crucial role in the contemporary international law, facilitating the communication and providing an important progress from the III United Nations Conference on the Law of the Sea held between 1973 and 1982, not only in respect of living and non-living resources, but have also served, stated Boczek, as a battleground for innumerable armed conflict and an area for projecting naval power with political goals used for peaceful as well non-peaceful purposes. In this paper, we will make a brief description of the development of military activities, his connections with the pacific purposes of the sea and we will later refer to some ideas that may be a starting point for an academic debate.

The present report examines the main challenges facing higher education
of Public International Law. For this purpose, an evaluation of those, including the evolution of the main strategic programmes, since 1955, and offering some suggestions for their improvement at Buenos Aires University Law School.

The following article explores the historical
and legislative evolution regarding the
navigation of foreign warships in the territorial
sea, including the different lines of thought
considered in the Conference of the United
Nations on the Law of the Sea, so as to
approach the current regime. In this context,
we examine the legal situation of the previous
authorization or notification regarding the
innocent passage of warships, taking into
consideration the legislative spirit of the
United Nations Convention on the Law of the
Sea of 1982 and without losing sight of the
International Court of Justice contributions
in the «Corfu Channel Case» analyzing its
outstanding contributions, so as to finally
highlight the actual practices in this field.

The present work examines the interpretation and the significance of article 124 in 1994 Constitution about a singular aspect: the knowledge of the Legislative Branch in this matter. For this purpose, we will make an answer like: it's an information or notification? Must be performed prior to the negotiations or even previously to these? the manifestation of Congress must be expressed? What are the consequences of this noncompliance?

El presente relato propone analizar la contribución y la particular relevancia que adquieren los métodos de solución pacífica de controversias en la conformación de un escenario político internacional a la luz de la teoría de las relaciones internacionales. En otras palabras, intentaremos determinar la incidencia de éstos métodos como modo de alcanzar un mayor control del cumplimiento de las normas internacionales y la correlativa conducta de los principales sujetos del sistema: los Estados. Para ello, se realizará una breve descripción de la evolución histórica de este instituto y nos referiremos a algunos casos que pueden constituir un punto de partida para un debate académico.

El presente trabajo se estructura inicialmente con una descripción histórica de la enseñanza del derecho anterior a 1918, con una breve referencia al debate que suscitó la llamada “Ley Avellaneda” para luego abordar los principales aspectos reformistas y determinar si alguna de aquellos es posible señalar como inmediato.

SUMARIO: I. Introducción; II. El debate sobre el sistema
de solución de controversias en la III Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus
excepciones; II.1) Las sesiones iniciales y el debate sobre
el sistema de solución de controversias en general; II.2)
El debate del proyecto de artículos y las excepciones a la
solución de controversias; III. Las actividades militares
en el mar como excepción facultativa en la Sección 3 de
la Parte XV de la Convención; III.1) Examen del
concepto “actividades militares”; III.2) La contribución
de la noción “utilización del espacio oceánico con fines
pacíficos” en auxilio de una comprensión del significado
“actividades militares”; III.2.a) Las cláusulas sobre “fines
pacíficos” en instrumentos internacionales anteriores a la
Convención; III.2.b) Los debates sobre los “fines
pacíficos” en la III Conferencia; III.3) La relación entre
“fines pacíficos” y “actividades militares” en las
disposiciones finales de la Convención a la luz de la
Carta de la O.N.U.; IV. Conclusión.

En distintos momentos de la historia universitaria argentina puede resultar útil –y hasta conveniente–, relacionar a sus principales autoridades con los protagonistas de la política y el contexto de aquel entonces. El caso de Lucio Manuel Baltasar Hilarión Moreno Quintana (tal como era su nombre completo) representa un excelente ejemplo del primer periodo peronista y coincide, casi exactamente, con lo que se considera su esplendor académico. Sin embargo, apenas se analiza seriamente su vida encontramos discordancias que se fundan, posiblemente, en una extensa trayectoria académica, judicial y diplomática que contrasta especialmente, si se quiere, no sólo en su actuación personal sino con sus orígenes familiares, los comienzos de su militancia activa en las filas de la Unión Cívica Radical y su posterior identificación absoluta con los postulados del partido peronista, todo ello sin perder de vista su paso como funcionario estatal de Yrigoyen y Perón.