Fuentes Del Derecho

El tema central que ocupa la reflexión contenida en este artículo es el de las relaciones entre el derecho y la tecnología. La tesis inicial de la que se parte es que existe un problema epistemológico en el conocimiento interdisciplinar del derecho y de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que opera en un doble frente: el primero es el conocimiento de la arquitectura de las redes, el segundo es el conocimiento del código fuente de los programas de ordenador. El problema epistemológico que se crea en el primer frente se produce aun cuando no existe ningún impedimento material para aprehender el objeto de estudio (la arquitectura de las redes). Sin embargo, en el segundo de los problemas, el impedimento es insalvable pues el código fuente no está accesible a la mirada del jurista, sino que se encuentra velado por otro tipo de código, el código binario. Se intentará redactar este artículo de forma que los conceptos técnicos puedan resultar comprensibles por personas de formación jurídica, aun cuando se hallen muy distantes de las TIC.

El Capítulo presenta, primero, una evolución de cómo ha sido la evolución del sistema de fuentes jurídico público en Colombia desde la Constitución de 1886 hasta nuestros días, para explorar, después, algunas posibles tendencias de desarrollo que se advierten en la actualidad, con no poca incidencia sobre la estructura, conformación y dinámica de las fuentes del Derecho Administrativo.

En la cultura jurídico-académica el tema de las fuentes del Derecho no es muy apreciado; tiende a considerarse “demasiado básico” como para que resulte interesante ocuparse de él. Este “demasiado básico” encierra dos tipos de actitudes escépticas hacia el tema de las fuentes que no parecen del todo compatibles entre sí. Una primera actitud es el resultado de pensar que el tema de las fuentes viene a ser el ABC del Derecho y que, por tanto, no tiene mucho sentido detenerse en él. La doctrina de las fuentes cumple una cierta función propedéutica al Derecho en general o a sus diferentes ramas (el Derecho financiero, el Derecho mercantil, etc.), pero poco más. Quien no sabe cuáles son las fuentes del Derecho español o las fuentes del Derecho mercantil, no sabe nada del Derecho español ni del Derecho mercantil. Vista así, la cuestión de las fuentes está esencialmente llamada a ser superada. “Demasiado básico” significa aquí “demasiado elemental”. La otra actitud escéptica hacia el tema de las fuentes es el resultado de pensar que no es productivo ocuparse de él porque, tomado en serio, supone enfrentar un tipo de problema que, en realidad, no puede ser resuelto; sino solo sorteado. Tomada en serio, la cuestión de las fuentes lleva inexorablemente a la de la naturaleza del Derecho. “Demasiado básico” significa aquí, pues, “demasiado fundamental”. Estas dos actitudes, en apariencia incompatibles entre sí, en realidad, son perfectamente representativas de lo que es la “vida” de un orden jurídico. Por un lado, para que un orden jurídico exista tiene que haber un amplio consenso respecto de cuáles son las fuentes de ese orden: sin consenso sobre las fuentes no puede haber una práctica concordante de identificación del Derecho, es decir, no puede haber un orden jurídico. Pero, por otro lado, también es cierto que casi todas las grandes controversias jurídicas se han canalizado a través de la doctrina de las fuentes del Derecho...

Cuando se habla de crisis dentro de las fuentes formales del derecho se hace referencia a la situación que actualmente vive el derecho en cada uno de sus componentes y como estos a su vez han desencadenado una crisis en el ordenamiento jurídico. Para abordar el tema de las crisis de las fuentes del derecho es necesario precisar que nuestro sistema jurídico es de naturaleza romanista o continental; mismo que se maneja en países europeos y en américa latina; países donde la primacía la tiene la ley. En el que las decisiones de las Cortes o los Jueces están sometidos al imperio de la misma. Es decir donde se aplica el derecho escrito; es así que para iniciar con la exposición de lo que consideramos como una crisis del sistema normativo, vamos a abordar las diferentes fuentes formales del derecho para comprender a mayor amplitud como surge la crisis y cuales han sido las consecuencias en el presente y por qué no decir a futuro. Es válido tener en cuenta que a lo largo del tiempo se ha logrado proponer diferentes definiciones de la palabra " derecho " ; vista desde la ambigüedad de una amplia ciencia social, las nociones que se tienen al respecto, alcanzan su esencia de diversificación en el marco de todas las perspectivas teóricas que varios jurisconsultos han planteado para disponer de un concepto general, abordando distintas escuelas y corrientes filosóficas del derecho. Las " fuentes del derecho " al ser una temática muy abundante en el derecho en general, no tienden a evadir la amplitud de contenido enfatizada por múltiples autores que de la materia-y tal vez problemática, como se verá a lo largo del ensayo-tratan al respecto. Ya se sabe que a modo de generalidad se empieza a tratar las fuentes del derecho como las mismas " fuentes de producción " que dan creación, origen, nacimiento al derecho como tal. En concordancia, se ha considerado como múltiples formas de manifestación de una norma jurídica1 concebidas dentro de las fuentes formales, y luego con sus correspondientes antecedentes, factores y elementos que han determinado el contenido de aquellas, en el ámbito de las fuentes materiales. El tema permite discernir una creciente problemática en el momento en que estas entran en crisis, donde se genera una colisión y conflicto entre las distintas fuentes que se expondrán más adelante tales como: la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, los principios generales del derecho y los tratados internacionales; que abrirá un debate amplio para 1 GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. Editorial Porrua. México, 2002. Pág. 51.

EN SINTESIS: Estudiamos que la Constitución está en la grada superior de la jerarquía normativa; es decir, ninguna ley puede contradecirla, a su vez, la Constitución establece libertades y Derechos que nos protegen a nosotros y que tampoco pueden ser contradecidas; en consecuencia, para resguardar estas libertades existen los dos recursos expuestos en la tabla que como semejanza presentan que tienen como objetivo principal resguardar los Derechos y garantías constitucionales. Ahora bien, la diferencia radica en que el recurso de protección puede ser realizado por cualquier persona que vea amenazado algún derecho o garantía constitucional sin la necesidad del patrocinio de un abogado; en cambio, el recurso de amparo necesita que la persona haya sido detenida, presa o arrestada contraria a la Constitución. Cumpliendo con ese requisito también es interpuesto sin el patrocinio de un abogado. Recurso de protección Recurso de amparo Definición: Es aquella acción que la Constitución concede a todas las personas que como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales. Definición: Aquella acción que la Constitución concede a toda persona detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. ¿Qué Derechos y libertades protege el recurso de protección? Artículo 20 de la CPR establece cuáles numerales del artículo 19 de la CPR serán protegidos por el recurso de protección. ¿Cuál es el objetivo del recurso de amparo? Que el afectado sea llevado frente a un juez para que revise la legalidad de la privación de libertad. Si es el caso, se decretará su libertad inmediata o se pondrá al individuo a disposición del juez competente. En general, se busca reestablecer el derecho vulnerado y asegurar la debida protección del afectado. ¿Quiénes pueden interponer un recurso de protección? Cualquier persona, natural o jurídica, o un grupo de personas, que haya sufrido la perturbación o amenaza de estos derechos, ya sea directamente o un tercero en representación de ellas. ¿Quién puede interponer un recurso de amparo? Toda persona natural. Puede ser el propio afectado o cualquier otro a su nombre. ¿Dónde se debe interponer el recurso de protección? Ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el acto o se incurrió en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione la vulneración. ¿Dónde se debe interponer el recurso de amparo? Para el amparo correctivo es competente el Juez de Garantía o bien el juez del lugar donde esté el afectado. En el caso de amparo preventivo, es competente la Corte de Apelaciones del domicilio del afectado. ¿Qué requisitos formales debe tener el recurso de protección? El recurso se debe presentar por escrito y fundamentar cuál es la acción u omisión ilegal o arbitraria que sirve de base a su interposición así como los derechos o garantías consagradas en la Constitución que se ven vulneradas. ¿Hay algún requisito especial para interponer un recurso de amparo? Se trata de un recurso que carece de formalidades para su interposición. El único requisito es no haber hecho uso de cualquier otra acción legal. ¿Se necesita un abogado para interponer un recurso de protección? No. ¿Se necesita un abogado para interponer un recurso de amparo? No.

Históricamente los tratados internacionales han existido desde hace mucho tiempo, siendo el primero de ellos el celebrado entre Eannatum señor de la ciudad-estado de Lagash en la legendaria Mesopotamia y los Umma en el año 3100 a.C.
La definición de tratados Internacionales después de la Convención de Viena, se encuentra dentro del artículo segundo al primero, donde se define como:
“la expresión como tratado se entiende como un acuerdo internacional concluido por escrito entre los Estados y regido por el derecho internacional, que sea consignado dentro de un documento único, de dos o varios instrumentos conectados…”

En ocasión de la presentación del libro "Parte General: Negocios, actos y hechos jurídicos" (Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2019), el autor expone sus opiniones sobre la actualidad del régimen de los negocios jurídicos del Código Civil peruano, y el permanente contraste de sus disposiciones con la realidad social y la interpretación jurisprudencial.

El término fuente del Derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado en un momento dado. En los países con Derecho escrito, las principales fuentes del Derecho son tanto textos como tratados internacionales, constituciones, leyes, reglamentos. Sin embargo, otras fuentes son a veces admitidas según la materia, tales como la costumbre, los principios generales del Derecho consagrados por la jurisprudencia CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO Históricas, Reales o materiales y Formales: 1. Fuentes Históricas Son documentos históricos que hablan o se refieren al derecho. Por ejemplo (papiros, pergaminos, tablillas de arcilla en las que algunos pueblos estampaban sus leyes y contratos). Se refiere a las fuentes jurídicas según su aplicación en el tiempo. Serán vigentes las fuentes positivas actuales que no han sido derogados por otra ley o el reglamento que no ha sido substituido por otro. Las Fuentes Históricas se clasifican a su vez en: Fuentes Primarias. Son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona; es decir, tal y como fueron hechas en su momento, sin modificación posterior. Fuentes Secundarias. Se denominan también historiográficas. Son las que se elaboran a partir de las Fuentes primarias: libros, artículos. 2. Fuentes Reales o Materiales: Son el conjunto de hechos sociales que determinan la materia o el contenido de las normas jurídicas, es decir, los factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, ético, religioso que influyen en la creación de la norma jurídica. 3. Fuentes Formales: (Son las Fuentes Jurídicas) Son todos los procesos de creación de las normas jurídicas, que dan origen al derecho y a la configuración del mismo. Estas son las más importantes ya que son las normas positivas de cualquier tipo que pueda ser invocada por un organismo. Se clasifican a su vez en: Directas (encierran en sí la norma jurídica)

Pocas tendencias gozan en la actualidad de tanta aceptación en el mundo del Derecho público como la revalorización del procedimiento que las autoridades deben observar a fin de garantizar el acierto y la legitimidad de las regulaciones jurídicas por ellas establecidas —v. gr., leyes, reglamentos, actos administrativos, contratos, sentencias—. Se hace difícil encontrar alguna otra que suscite mayor adhesión. Pero aunque pueden contarse por miles los estudios doctrinales elaborados en el marco proporcionado por este paradigma, casi todos ellos se han centrado en el estudio de los trámites que los poderes públicos deben realizar antes de establecer la correspondiente regulación, descuidando el de los que deberían llevarse a cabo después. En el presente trabajo pretendemos llamar la atención sobre este procedimiento posterior, cada vez más importante, y sobre algunos de los numerosos problemas de interés que plantea.

Tradicionalmente se viene afirmando que todas las normas ilegales son siempre nulas, esto es, perpetua y absolutamente inválidas, no convalidables e incapaces de producir efecto jurídico alguno. Sin embargo, la jurisprudencia española no se ajusta a este dogma de la nulidad. El Tribunal Supremo ha aplicado reglamentos ilegales, ha admitido la subsanación de los mismos, su convalidación legislativa, su anulabilidad, los ha convertido en normas válidas, ha declarado la validez de actos surgidos de su aplicación.
El autor estudia la invalidez de los reglamentos ilegales desde las perspectivas histórica, dogmática y de Derecho comparado, y llega a la conclusión de que la doctrina tradicional no satisface las exigencias que hoy en día plantean los principios jurídicos de seguridad, conservación y proporcionalidad. Para atender estas exigencias, nuestro Derecho ha de reaccionar de diversas maneras frente a la ilegalidad del reglamento, según el caso: validez, validez de algunos de sus efectos jurídicos, posibilidad de subsanarlo o convalidarlo legislativamente, anulabilidad, conversión, nulidad. Todas estas figuras se analizan con detalle, prestando especial atención a los problemas prácticos que plantean y a la abundante jurisprudencia producida al respecto.

Este documento fue escrito para ser dirigido a la Corte Constitucional de Colombia en el marco de una demanda de constitucionalidad del delito de Aborto en Colombia.

El documento es un análisis técnico jurídico de la teoría de las fuentes del derecho internacional particularmente en lo referido a la distinción doctrinal entre los denominados Hard Law y Soft Law.

A la luz del análisis se concluye que todos los documentos internacionales que usa la demanda para argumentar la supuesta existencia de un derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo no son fuentes de derecho internacional y por ende no están llamados a integrar el Bloque de Constitucionalidad colombiano. Dichos documentos en su mayoría tampoco pueden ser catalogados como Soft Law y no tienen los efectos indirectos de interpretación que se le suelen otorgar a estos instrumentos no vinculantes.

Lo anterior permite concluir que no ha habido un cambio en la materialidad de la Constitución colombiana. Lo que hace permanecer intacto en la actualidad la Cosa Juzgada relativa al delito de Aborto en Colombia, el cual sigue siendo constitucional.

El presente trabajo analiza algunas de las cuestiones más problemáticas y relevantes, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, que en la actualidad plantea la regulación del pro-cedimiento de elaboración de las normas reglamentarias: (i) la de los fines que debería perseguir esta regulación; (ii) la inadecuación de este procedimiento para elaborar ciertas disposiciones ad-ministrativas atípicas; (iii) la inadecuación de las estructuras organizativas actualmente encargadas de llevar a cabo las actividades en las que consiste dicho procedimiento; (iv) la evaluación ex postde los reglamentos; y (v) las consecuencias jurídicas derivadas de sus vicios de procedimiento y su control judicial.

On the Obligations of the Contract in Roman Law.
One of the most important fields of Roman law was that of the law of obligations. The Obligation, defined as a legal link (iuris vinculum), originated from various "Causae obligationum" or, in modern language, from sources, that is, from legal facts on which the right made its existence depend. The contract, object of analysis of the present article, which was perhaps the original source of the obligations, was always the most important figure on which most of the doctrine of obligations in Roman law was elaborated. In the present work, we analyze its evolution throughout the historical-juridical periods of Rome, its classification and the procedural defense instruments of the different types of contracts.

El objeto de este trabajo es estudiar si la Administración y las
personas que se integran en su organización pueden o deben inaplicar las normas legales y reglamentarias que estimen inválidas. El deber de Juzgados y Tribunales de inaplicar normas reglamentarias o legales inválidas no suscita en la actualidad demasiadas dificultades. Desde 1869, el Derecho español obliga a todos los órganos jurisdiccionales, sin excepción, a inaplicar los reglamentos que estimen ilegales. Y la Constitución de 1978 prohibe a los Jueces y Tribunales ordinarios inaplicar por su propia autoridad las leyes postconstitucionales que consideren contrarias a la misma; paradesobedecerlas, deben cuestionarlas ante el Tribunal Constitucional y aguardar su anulación. En cambio, la inaplicación administrativa de normas inválidas es todavía hoy una cuestión problemática. El Legislador no la ha regulado
expresamente. Los Tribunales, órganos administrativos y autores continúan actuando y opinando sobre este punto de manera dispar.

Sobre el presente artículo subyace la “nueva” realidad que le toca afrontar al Derecho procesal en el siglo veintiuno. Se analizará el tema de las fuentes, de la codificación procesal, para ver las herramientas de Derecho positivo con que cuenta el procesalismo para atender los desafíos de la actualidad. Se complementa el trabajo con una referencia a los acuerdos o pactos procesales y su capacidad de adaptar las soluciones procesales generales a las necesidades del caso concreto. Finalmente, se concluye con aportes vinculados a la idea de simplicidad como característica esencial del Derecho procesal contemporáneo. Simplicidad que se debería poder apreciar en sus reglas, en las estructuras procesales, en sus
funciones, etc., buscando fortalecer su rol de instrumento de garantías.

Consideraciones en torno  a la costumbre como fuente del derecho, la Teoría Comunicacional del Derecho y la consideración de la costumbre como fuente productora normativa. Las costumbres las hizo el tiempo con tanta paciencia y lentitud como ha hecho las montañas, y sólo el tiempo, trabajando un día y otro, las puede destruir. No se derriban los montes a bayonetazos.

El Derecho no puede, naturalmente, prever todas las situaciones que se plantean en la vida real. A falta de Ley
escrita, los operadores jurídicos adoptan usos y costumbres que en ciertos casos son jurídicamente obligatorios como normas generales y abstractas, generalmente supletorias, pues deben cumplirse salvo que las partes contratantes dispongan algo distinto. En ordenamientos jurídicos cada vez más complejos, los usos y costumbres cobran  importancia incluso en áreas que les eran naturalmente vedadas. El objetivo principal de este trabajo es poner de relieve cómo funcionan usos y costumbres que se hacen presentes como instrumentos para la interpretación jurídica y también como fuente del Derecho para facilitar y regular las relaciones privadas, incluso más allá del arbitraje y de la Lex mercatoria.

El trabajo trata de suministrar una explicación de la incorporación a nuestros ordenamientos jurídicos de las normas de origen judicial.  Se solapa en parte con el trabajo titulado "Fuentes del Derecho", pero presenta la ventaja de que puede ser imprimido.

La propuesta basada en el reconocimiento de que los derechos fundamentales son derivados de los principios generales del derecho, si bien ha sido un tema bastante confuso y de difícil delimitación, se plantea - en este análisis- como un presupuesto fundamental para el reconocimiento de los Derechos Sociales, en una mirada amplia de las Fuentes del Derecho que descansa, indudablemente, en la apertura reformulada por paradigmas contemporáneos como lo es el del Pluralismo Jurídico.
Entendiendo que los principios generales del derecho constituyen la fundamentación de los valores que resuelven la colisión de los derechos fundamentales, se plantea una revisión del aparecimiento de la categoría de los Derechos sociales justo en esa hendidura en la que a partir del Pluralismo Jurídico, podríamos hablar de un cambio paradigmático de los planteamientos acerca de las fuentes del Derecho.

La presente obra, resultado de una investigación apoyada por el Instituto de Estudios Autonómicos, aborda el marco constitucional, estatutario e infraestatutario de las disposiciones gubernamentales con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas.
Con arreglo a un enfoque predominantemente comparado o interautonómico, este libro pasa revista a los aspectos más relevantes de decretos legislativos y decretos-ley de las Comunidades Autónomas como tipos normativos, a la vista de su efectiva conformación: esencialmente, el marco constitucional común a ambos y el específico de cada uno de ellos, sus correspondientes supuestos habilitantes y límites materiales y formales, el papel de las Asambleas legislativas en uno y otro caso, el rango y la ubicación de las dos clases de disposiciones en el sistema de fuentes del Derecho, y su respectivo régimen de control de validez.

En el presente trabajo se analizan los problemas específicos planteados por las regulaciones jurídicas experimentales, que a veces se establecen a fin de obtener conocimientos sobre sus efectos que permitan asegurar el máximo acierto de la regulación que, una vez concluido el experimento, se establezca con vocación de permanencia.

El texto propone revalorizar las enseñanzas del método romano de creación del derecho, basado en el entendimiento del ius como ars boni et aequi, lo cual pone en evidencia que el derecho posee una finalidad práctica y, en consecuencia, la tópica es el saber propio del derecho, en el que se destaca la centralidad del caso y la realización de la justicia en términos de lo que hoy llamaríamos «tutela efectiva de los derechos». Un entendimiento tal supone la comprensión del carácter dinámico del derecho, de su naturaleza artificial en cuanto creado por el ser humano y, por ende, perfectible, del rol activo del jurista en la construcción de un derecho más equo, que haga posible la realización de la igualdad ponderada en la preservación de los valores de razonabilidad que propone la buena fe, mediante la consideración de las exigencias del caso, en armonía con los principios que rigen el sistema, en una permanente reconstrucción del equilibrio entre tópica y sistema. En este repensar la aplicación del derecho atendiendo a su naturaleza, a la función esencial de servir a la convivencia y de hacer realidad los valores de un Estado social de Derecho, se analiza la experiencia de la jurisprudencia peruana en los «Plenos Casatorios» de la Corte Suprema de Justicia, examinando varios de sus fallos más emblemáticos, bajo la perspectiva de la tópica y, en general, del método romano de creación del derecho.

Diario La Ley, Nº 9900, S27 de Julio de 2021.

En este trabajo, partiendo de dos presupuestos fundamentales (la distinción entre normas singulares y normas generales, por un lado, y entre jurisdicción y administración y legislación, por otro) se evocan las garantías que revisten los derechos fundamentales en la Constitución. Sobre esas bases se examina críticamente el supuesto régimen de garantías de los derechos fundamentales establecido en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, así como su decepcionante práctica, para finalmente constatar cómo la introducción de un nuevo «recurso de casación» ante el Tribunal Supremo mediante el Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo no sólo no ha corregido algunas desviaciones constitucionales, sino que amenaza con agravarlas.

Bajo una perspectiva contemporánea y a la luz de las influencias que la temática recibe del constitucionalismo, se analizan las distintas fuentes del Derecho, incluyendo a la par de las más tradicionales en términos de consenso (ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina), a la Constitución,, a los tratados internacionales y a los principios jurídicos.

El autor sostiene que aun en contra de la lectura tradicional del artículo 230 de la Constitución colombiana, la práctica jurídica del derecho de la responsabilidad civil ha operado con una concepción de la jurisprudencia que no se ajusta al pretendido carácter de criterio auxiliar de la interpretación judicial, sino que se aproxima más a la noción de precedente. Con base en una breve fundamentación teórica de lo que podría entenderse por la expresión precedente judicial en ciertos casos, el autor procede a analizar (además de algunos textos legislativos) una serie de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en materia de derecho de daños y realiza una crítica de las mencionadas prácticas jurídicas, para evaluar finalmente los efectos que todo ese conjunto podría tener sobre la acción de tutela, el recurso de casación y el contenido del delito de prevaricato.

Este artículo aborda las siguientes cuestiones:
- Una aproximación al concepto de fuentes de Derecho.
- La Constitución como fuente de y del Derecho en El Salvador.
- La fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional.
- Las jerarquías normativas.

El trabajo resalta la conveniencia de prever un régimen de transitoriedad que solucionara algunas de las dudas resultantes de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y con ello, evitara el incremento de litigiosidad previsible sobre este aspecto

El discurso de Costa sobre la ignorancia del Derecho –como el resto de su obra- sigue interesando a intelectuales de muy diversos saberes: etnólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos del Derecho, juristas, como demuestra la variedad de las citas aquí recogidas (supongo que hay otras muchas). Y esto un siglo después de ser pronunciado. Posiblemente, contribuye a ello la perplejidad que sigue produciendo un “principio” tan poliédrico como el de la inexcusabilidad de la ignorancia del Derecho.

El esclarecimiento de la justificación de la aparición y sentido último de los tópicos, de los esquemas formales o conceptuales de los que se sirve la doctrina, constituye una de las labores fundamentales del investigador en el campo jurídico. Esta es la tarea que acomete la profesora Francisca Llodrà en este trabajo tomando como punto de partida la Sentencia de la Sala 1a del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1919.

En este artículo abordo los siguientes temas ¿cuál es la importancia de los plenos jurisdiccionales? ¿se producen en ejercicio de función jurisdiccional? ¿cuál es el procedimiento mediante el cual se arriba a los acuerdos? ¿qué nivel de obligatoriedad tienen los acuerdos desde el punto de vista jurídico y social?

En las últimas décadas los animales han tomado gran relevancia en la vida social de los seres humanos, en el presente trabajo se mostrará una aproximación a la normatividad que rige en Colombia, respecto del derecho de los animales, así como la aplicación de tales normas y políticas gubernamentales orientadas a evitar el atentado contra su integridad y conservación. Si bien es cierto que los animales gozan de algunos derechos fundamentales, es imposible pretender que estos igualen a los humanos. Sin embargo, los derechos de los animales buscan acabar con cualquier acto de explotación hacia los animales y reconocer que éstos tienen derecho a una vida sin sufrimiento. También se realizará una comparación con el sistema judicial de Canadá en términos de esta materia. Posterior a esto se analizará y se presentará una conclusión sobre ambos sistemas judiciales reafirmando o desmintiendo por completo la consideración que se tiene al respecto del sistema judicial colombiano a la hora de que el sistema judicial colombiano tiene bastantes leyes, políticas y mecanismos disponibles para la protección de los animales y en contra del maltrato animal que busca el bienestar de los seres sintientes no humanos. Pero, a la hora de la aplicación no es tan eficaz, lo que significa que la norma no es en muchos casos cumplida por las personas y que en los casos de ser violada, los medios coercitivos no son lo suficientemente vinculantes. Considerando el tema a tratar, es importante el reconocimiento legal de los animales dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En la sentencia C-041/17, expresó lo siguiente: Aunque la Constitución no reconozca explícitamente a los animales como titulares de derechos, ello no debe entenderse como su negación, ni menos como una prohibición

This review explores certain challenges related to the notion of customary international law. It seems that it was a long time ago when international law academics and practitioners ever thought that the nature of this source was a well-settled topic. Nowadays international lawmaking processes involve an extraordinary number of interactions, taking place both formally and informally. Such complex features are reflected by an exponential increase in the scholarly study of international legal sources. The legal nature, its applicability and principles regulating customary international law are addressed in the book under review (Brian D Lepard (ed), Reexamining Customary International Law (Cambridge University Press 2017)) through several topical essays. The chapters offer a comprehensive analysis of these lawmaking processes and the challenges they portray from various perspectives and in various fields, such as: What is customary international law and why is it law? Is it law because it reflects a ‘global legislative’ model? What is the current value of the persistent objector theory? Is the two-element definition of customary international law still applicable? By meticulously addressing these and other inquiries, the book presents novel arguments and represents a stimulating addition to the literature on sources of international law

Dar reconocimiento interno al ius cogens no es una tarea fácil, en su aplicación en ocasiones colinda con otras instituciones jurídicas que lo obstaculizan. Siendo el fundamento último de estas instituciones decisiones políticas, el principal llamado a resolver el conflicto es el legislador. Sin embargo, los jueces con una interpretación finalista o teleológica pueden sin inconveniente concluir que en el caso concreto se debe desplazar o inaplicar estas instituciones que pueden favorecer por razones político-criminales o económicas a los que han violado las normas de ius cogens. La práctica de los tribunales nos ha demostrado que aún falta un mayor desarrollo institucional del Derecho Internacional y una mejor adecuación del Derecho interno con el internacional para que el ius cogens sea plenamente reconocido, pero ello no implica que las normas de ius cogens sólo existan en la teoría, éstas nos recuerdan que pese a las diferencias de los pueblos siempre es posible encontrar un mínimo común en el cual los valores esenciales del orden internacional aparecen con toda su fuerza, por tanto siempre será posible aludir a ellas en los foros judiciales, aunque sea al menos sólo como criterios inspiradores de interpretación normativa.

La obra inicia con un capítulo introductorio que incorpora una reseña sobre el ius cogens, dando cuenta de sus orígenes y evolución. Asimismo, sistematiza un catálogo de normas específicas de ius cogens de acuerdo a la opinión de la jurisprudencia y doctrina internacionales. Luego, el primer capítulo se refiere a la noción de ius cogens y su relación con el sistema de fuentes internacionales. El segundo, indaga acerca de los fundamentos de la incorporación de las normas de ius cogens en el ordenamiento jurídico chileno. El tercero, sobre las características y efectos de las normas de ius cogens internacional; sistematiza aquellas que en doctrina y jurisprudencia se le atribuyen derivadas de su conceptualización como norma imperativa de Derecho Internacional general. Por último, en el capítulo IV de la obra, titulado Dificultad del reconocimiento pleno de los efectos de las normas de ius cogens en su implementación internacional e interna, se examina la interacción de las normas de ius cogens con otras instituciones, tales como la inmunidad de jurisdicción, el principio de legalidad y las causales de exoneración de responsabilidad.

Este articulo plantea el estudio de los fundamentos ideologicos que inspiraron el proceso de codificacion del derecho que tuvo lugar en el siglo XIX y que tenia como maximo referente normativo la ley, este paradigma se vio superado en el siglo XX por el espectacular proceso de expedicion de leyes especialesque relegaron a un segundo escalafon a los cuerpos codificados. Ademas se plantea el rol que en los estados constitucionales de posguerra asumieron los jueces, y por tanto el precedente judicial como fuente formal del derecho, todo lo cual supuso un cambio estrategico de la funcion jurisdiccional en el funcionamiento de los estados contemporaneos. El nuevo rol que la justicia y el precedente judicial asumen se ve influenciado por la teoria economica neoinstitucional, la cual centra su analisis en el estudio de las instituciones y en la relacion que estas tienen con la economia de mercado. El caso del precedente judicial resulta paradigmatico en la relacion de derecho y economia ne...

Se exponen aspectos básicos sobre la interpretación de los contratos, con el fin de situarla en el contexto más amplio de la metodología jurídica. En la primera parte se mencionan temas que son relevantes para interpretar los contratos. En la segunda parte se repasan algunas tendencias de la contratación contemporánea que han hecho proliferar cláusulas y contratos estandarizados que difieren de los contratos por adhesión porque las partes tienen el poder de negociarlos y modificarlos, y sin embargo prefieren no hacerlo. Esos textos estandarizados están revestidos de un halo de autoridad que los asemeja a las normas generales y abstractas, lo cual influye a la hora de interpretarlos.

La propuesta basada en el reconocimiento de que los derechos fundamentales son derivados de los principios generales del derecho,
si bien ha sido un tema bastante confuso y de difícil delimitación, se
plantea - en este análisis- como un presupuesto fundamental para
el reconocimiento de los Derechos Sociales, en una mirada amplia
de las Fuentes del Derecho que descansa, indudablemente, en la
apertura reformulada por paradigmas contemporáneos como lo es
el del Pluralismo Jurídico.
Entendiendo que los principios generales del derecho constituyen
la fundamentación de los valores que resuelven la colisión de los
derechos fundamentales, se plantea una revisión del aparecimiento de la categoría de los Derechos sociales justo en esa hendidura
en la que a partir del Pluralismo Jurídico, podríamos hablar de un
cambio paradigmático de los planteamientos acerca de las fuentes
del Derecho.