Marina Mendoza

La pandemia desatada por la expansión mundial del virus SARS-CoV-2 visibilizó y profundizó un conjunto de desigualdades preexistentes en la región latinoamericana. En Chile y Perú, en particular, la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades extractivistas y la priorización del funcionamiento económico erosionaron la calidad de vida de las comunidades indígenas y campesinas que se encuentran en las zonas geoestratégicas de interés para el sostenimiento de este modelo de acumulación. Este artículo propone una doble vía de análisis. La primera se orienta a describir y comparar las medidas estatales de abordaje de la crisis sociosanitaria que aplicaron los gobiernos de Chile y Perú y que afectaron a las actividades extractivas. La segunda pretende analizar la incidencia de estas actividades en los derechos humanos, socioambientales y socioeconómicos de las comunidades indígenas y campesinas durante la instauración de medidas de aislamiento.

La inestabilidad social y política que atraviesa Perú desde diciembre de 2022 cuando el expresidente Pedro Castillo Terrones fue destituido de su cargo por el Congreso, es resultado de una larga crisis de institucionalidad que erosiona la democracia del país andino desde hace, por lo menos, seis años, pero que hunde sus raíces en el orden neoliberal estatuido por el fujimorismo. El proceso de neoliberalización por vía autoritaria que se consolidó durante el mandato de Alberto Fujimori (1990-2000) generó las condiciones de posibilidad de un régimen frágil, excluyente y susceptible a la captura de intereses privados. Asimismo, en esta coyuntura emergieron elementos estructurales originados en los procesos de centralización estatal decimonónicos que configuraron el Estado nación. Este artículo explora la actual crisis peruana desde un enfoque sociohistórico para identificar los elementos de mediana y larga duración que permiten comprender la especificidad de este escenario más allá de ...

La inestabilidad social y política que atraviesa Perú desde diciembre de 2022 cuando el expresidente Pedro Castillo Terrones fue destituido de su cargo por el Congreso, es resultado de una larga crisis de institucionalidad que erosiona la democracia del país andino desde hace, por lo menos, seis años, pero que hunde sus raíces en el orden neoliberal estatuido por el fujimorismo. El proceso de neoliberalización por vía autoritaria que se consolidó durante el mandato de Alberto Fujimori (1990-2000) generó las condiciones de posibilidad de un régimen frágil, excluyente y susceptible a
la captura de intereses privados. Asimismo, en esta coyuntura emergieron elementos estructurales originados en los procesos de centralización estatal decimonónicos que configuraron el Estado nación. Este artículo explora la actual crisis peruana desde un enfoque sociohistórico para identificar los elementos de mediana y larga duración que permiten comprender la especificidad de este escenario más allá de un análisis acontecimental. El análisis de las condiciones sociohistóricas que condujeron a la actual crisis permite advertir un conjunto de elementos estructurales relativos a dos coyunturas críticas: 1. el proceso de centralización estatal; 2. la neoliberalización por vía autoritaria. Al mismo tiempo, busca evidenciar que la criminalización de las comunidades indígenas e indígeno-campesinas, la represión de la protesta social y la
militarización constituyen estrategias de autopreservación de las élites económicas y políticas para sostener la institucionalidad neoliberal. Estas estrategias son expresión de capas acumuladas de violencias, racismo y subordinación de las clases dominantes limeñas frente a las comunidades de serranas y selváticas.

Este número de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo se inscribe dentro de la línea de investigación sobre Comunicación Política. Compila diez artículos más el presente prólogo que reflexionan sobre la comunicación política en contextos de crisis. Con un abordaje centrado exclusivamente
en la región latinoamericana, este número incluye estudios de caso que permiten comprender
cómo se ha desarrollado este fenómeno en un país determinado, así como trabajos teóricos tendientes a robustecer su explicación.
Desde diversos enfoques teóricos y metodológicos, los artículos volcados en esta compilación contribuyen a comprender las dinámicas complejas que se articulan en escenarios de crisis, enfatizando en el rol de la comunicación política en su abordaje.

La pandemia desatada por la expansión mundial del virus SARS-CoV-2 visibilizó y profundizó un conjunto de desigualdades preexistentes en la región latinoamericana.

En Chile y Perú, en particular, la necesidad de garantizar la continuidad de las actividades extractivistas y la priorización del funcionamiento económico erosionaron la calidad de vida de las comunidades indígenas y campesinas que se encuentran en las zonas geoestratégicas de interés para el sostenimiento de este modelo de acumulación.

Este artículo propone una doble vía de análisis. La primera se orienta a describir y comparar las medidas estatales de abordaje de la crisis sociosanitaria que aplicaron los gobiernos de Chile y Perú y que afectaron a las actividades extractivas. La segunda pretende analizar la incidencia de estas actividades en los derechos humanos, socioambientales y socioeconómicos de las comunidades indígenas y campesinas durante la instauración de medidas de aislamiento.

El camino para llegar a la presidencia es un recorrido que puede ser corto y sin sobresaltos o un poco más largo y afectado por fuegos cruzados. Luego de los sufragios, viene el conteo oficial, la confirmación de que existe un ganador por parte de la justicia y finalmente la ratificación por parte la política en una ceremonia que se celebra en el Congreso. Este recorrido que muchas veces se transita “caminando” –como decimos coloquialmente – en Perú podría tener zancadillas y tropiezos. Por tanto, habrá que poner el ojo en cada una de estas etapas, inclusive en el papel de los organismos internacionales que no hace mucho tuvieron posiciones poco afectas a la defensa de la democracia.

Es un deleite tener acceso a las investigaciones plasmadas en el Cuaderno No136 que dan fe de los momentos tan complejos en que vive la humanidad, y por ello resalto la gran relevancia de la discusión de estos temas y la gran aportación a todas las disciplinas del diseño; ya que nos muestran en tiempo real la mediatización de la sociedad; y la gran necesidad para todos, de los medios de comunicación, a través de distintas plataformas –online y offline- para transmitir mensajes a las ciudadanías demandantes de alientos, y de consejos que los conforten.

Este número de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo se inscribe dentro de la línea de investigación sobre Comunicación Política. Compila siete artículos más la presente introducción que reflexionan sobre el impacto que las noticias falsas generan en las democracias latinoamericanas. Incluye desde estudios de caso que permiten comprender cómo se ha desarrollado este fenómeno en un país determinado hasta comparaciones entre países o regiones. También son varias las aportaciones que analizan las empresas de verificación o el fenómeno fact-checking, abordando la producción, circulación e impacto de las noticias falsas, en especial en contextos electorales, de conflicto o de crisis, como las que han atravesado varios países de la región durante los años recientes. Cada uno con distinta metodología, esta compilación se nutre de aspectos originales a la hora de observar este fenómeno y sus impactos en aspectos nucleares de la democracia, co...

El avance del extractivismo en la región latinoamericana desde los primeros años del Siglo XXI, se ha viabilizado mediante tres mecanismos
de violencia estatal: 1. la criminalización de las protestas antiextractivistas encabezadas por comunidades indígenas e indígeno-campesinas mediante su construcción como amenazas; 2. la militarización de zonas geoestratégicas sobre las cuales se despliegan tácticas propias de escenarios bélicos; 3. la suspensión del Estado de derecho de manera preventiva sobre zonas de interés para el modelo de acumulación.

Desde la apertura democrática en el año 2000, Perú ha experimentado una revitalización de la hipótesis “ideológica” de conflicto y su traducción en dinámicas securitarias que identifican nuevas amenazas según los lineamientos de seguridad hemisférica post 11S. Considerando que aún los procesos de memoria, verdad y justicia se encuentran en construcción, el artículo se propone analizar el uso de estados de emergencia y la apelación a la figura de terrorismo para controlar el orden interno en situaciones de conflictos territoriales. Nos abocamos al análisis de dos casos en los que se declaró el estado de emergencia “por razones de seguridad nacional”: la declaración del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro como zona de emergencia en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (VRAEM); y la utilización de este recurso jurídico para contener y reprimir la protesta social contra el proyecto minero Conga en la región de Cajamarca. Intentaremos demostrar que la utilización del est...

Las elecciones presidenciales de 2021 constituyeron un punto de inflexión en la historia reciente de Perú. En un contexto de crisis sociosanitaria e impugnaciones al sistema político, las Elecciones del Bicentenario evidenciaron la profunda fragmentación social y la polarización entre los representantes del proyecto neoliberal y aquellos que promueven una alternativa reformista. En particular, la campaña presidencial para la segunda vuelta entre la candidata de derecha Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Pedro Castillo configuró un escenario propicio para la instrumentalización del “teruqueo”. Esta estrategia, empleada por las élites dominantes en el período posconflicto para desprestigiar a cualquier persona, acto o colectivo que constituya una amenaza al orden establecido, se reconfiguró en esta coyuntura para evitar un potencial triunfo del candidato serrano, construyéndolo como una amenaza terrorista que pondría en riesgo la democracia. A través del Análisis Crítico del D...

El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir condensa la complejidad del escenario latinoamericano actual, signado por la emergencia de formas de resistencia y expresiones de alteridad que se reconfiguran al calor de las transformaciones políticas y económicas de la región. Este artículo se propone analizar las estrategias de visibilización y comunicación desarrolladas por el Movimiento desde su primera aparición pública, indagando el modo en que, desde un espacio alternativo, expresan la reivindicación de la Plurinacionalidad, la construcción de liderazgos femeninos y la relación con los Estados locales y nacionales frente al avance del neoextractivismo.

La creciente inserción de empresarios en las más altas esferas gubernamentales de los países latinoamericanos ha despertado un renovado interés por analizar y comprender las modalidades de construcción de liderazgos políticos, sus herramientas y estrategias. Este artículo propone analizar comparativamente el proceso de construcción de la imagen política de dos exponentes del ámbito privado-empresarial, el ex mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y el actual presidente chileno, Sebastián Piñera (2010-2014/2018-). Se pretende sistematizar este proceso, puntualizando en la combinación de herramientas y tácticas de comunicación, imagen y marketing político utilizadas para posicionarlos en la esfera pública como representantes de una “nueva política”.

La tendencia hacia un modelo de desarrollo neoextractivista en la region latinoamericana, a cuya consolidacion se asiste desde los primeros anos del siglo XXI como consecuencia del doble proceso de incremento en la demanda de commodities por parte de los paises centrales, y el consenso en torno a una nueva division internacional del trabajo que coloca a America Latina como productor de materias primas con escaso valor agregado, exige la reflexion acerca de los actores que intervienen en esta nueva configuracion del mapa politico regional. En esta ponencia se propone analizar el ascenso de movimientos neoindigenistas en Chile y Peru que se expresan en colision con este patron de acumulacion, imponiendo limites a la consolidacion de nuevos gobiernos –de caracter timidamente reformistas para los casos analizados- que asumen la explotacion de los recursos naturales como su eje rector. En tanto este nuevo modelo de acumulacion contrasta con las reivindicaciones de autonomia de las comuni...

La proclama por una nueva Constitución política que permita sepultar los enclaves pinochetistas, nacida al calor de la rebelión popular de octubre de 2019, tuvo su primera experiencia electoral el fin de semana pasado1. Luego de ser postergadas en cuatro oportunidades por motivos vinculados a la crítica situación pandémica que atraviesa el país vecino, este 15 y 16 de mayo se desarrollaron las Elecciones de Convencionales Constituyentes para elegir a los 155 miembros del cuerpo encargado de redactar la nueva carta magna. En estas jornadas también se eligieron autoridades municipales y regionales para las 364 comunas y, por primea vez desde el retorno democrático, gobernadores para las 16 regiones del país.

Las elecciones generales del país andino para el período 2021-2026 se desarrollaron el pasado domingo 11 de abril en un contexto de profunda inestabilidad. La crisis política que se desató durante los últimos meses de 2020 ante la destitución por "incapacidad moral permanente" del presidente Vizcarra y su reemplazo por Manuel Merino y un gabinete percibido como ilegítimo, visibilizaron un conjunto de tensiones al interior de la sociedad peruana que instauraron la necesidad de refundar las bases constitucionales heredadas del período fujimorista. Estos sucesos se enmarcaron, asimismo, en un contexto de crisis sanitaria por coronavirus en un país profundamente marcado por una continuidad neoliberal.

Los esfuerzos por comprender quiénes son y cómo gobiernan los representantes del poder político han sido revitaliza-dos a partir del giro conservador de América Latina. Este artículo analiza los casos de Sebastián Piñera (Chile) y Pedro Pablo Kuczynski (Perú), identificando el vínculo de grupos económicos, empresarios y tecnócratas con la política. Las transformaciones neoliberales re-definieron la composición de los tradicionales grupos de poder, al mismo tiempo que las privatizaciones y las políticas promercado hicieron surgir nuevos. A partir del 2000 se produjo una redefinición de la representación política y ciertos sectores optaron por ocupar directa-mente los resortes del Estado.

Bajo la forma del neoextractivismo, las economías latinoamericanas tendieron a impulsar, desde principios de este siglo y de manera hegemónica, actividades tradicionales, como la minería y la explotación hidrocarburífera (Perú, Chile, Venezuela), o vinculadas al sector agroalimentario (Argentina, Paraguay y Brasil), en detrimento de la producción industrial. La explotación intensiva de los recursos naturales, la utilización de tierras otrora descartadas para la producción y el empleo de reservas acuíferas en zonas geoestratégicas, constituyen los pilares de este modelo económico que pareció aunar el consenso de todos los gobiernos latinoamericanos entre circa 2002-2007 (Svampa, 2013). La demanda de estas producciones de escaso o nulo valor agregado por parte de países centrales, como Estados Unidos, China y Rusia, ha alcanzado en este periodo cifras de crecimiento del PBI tan significativos que permitían afirmar que se asistía al "milagro de los commodities". La renta excedente obtenida por la exportación de estos bienes, permitió, asimismo, el sostenimiento de políticas de transferencia monetaria condicionadas que condujeron-en gobiernos de signo antineoliberal-a la mejora de la calidad de vida de vastos sectores de la población históricamente excluidos. Sin embargo, el impacto de la crisis económica mundial de 2008 y la consecuente desaceleración de la demanda de estos bienes, comenzó a visibilizar las limitaciones de este patrón de acumulación. En efecto, pueden identificarse, al menos, tres núcleos de conflictos que este modelo económico ha generado, de los cuales nos ocuparemos en este artículo. El primero se refiere a la emergencia de movimientos de reivindicación provenientes de comunidades indígenas y campesinas que se oponen parcial o totalmente a las industrias extractivas. El segundo se enfoca en la construcción de relatos criminalizantes y distinciones idiomático-conceptuales que expresan las diversas y contradictorias concepciones que, al respecto de la tierra o los bienes de la naturaleza, mantienen los actores estatales, por un lado, y las comunidades indígenas, por el otro. Y, finalmente, un tercer núcleo de análisis se enfoca en las respuestas del Estado frente a esta conflictividad, que han oscilado principalmente entre la coerción directa y las tácticas de disuasión preventivas. Entendemos que estos procesos señalan la tensión entre un patrón de acumulación sobre el cual pareció existir un amplio consenso y los actores que resultan directamente perjudicados. Sus demandas, incluso aquellas que adquirieron rasgos esporádicos frente a la agresión empresario-estatal, han configurado nuevas formas de resistencia que merecen ser exploradas.

El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir condensa la complejidad del escenario latinoamericano actual, signado por la emergencia de formas de resistencia y expresiones de alteridad que se reconfiguran al calor de las transformaciones políticas y económicas de la región. Este artículo se propone analizar las estrategias de visibilización y comunicación desarrolladas por el Movimiento desde su primera aparición pública, indagando el modo en que, desde un espacio alternativo, expresan la reivindicación de la Plurinacionalidad, la construcción de liderazgos femeninos y la relación con los Estados locales y nacionales frente al avance del neoextractivismo.

Desde la apertura democrática en el año 2000, Perú ha experimentado una revitalización de la
hipótesis “ideológica” de conflicto y su traducción en dinámicas securitarias que identifican nuevas
amenazas según los lineamientos de seguridad hemisférica post 11S.
Considerando que aún los procesos de memoria, verdad y justicia se encuentran en construcción, el
artículo se propone analizar el uso de estados de emergencia y la apelación a la figura de terrorismo
para controlar el orden interno en situaciones de conflictos territoriales. Nos abocamos al análisis de
dos casos en los que se declaró el estado de emergencia “por razones de seguridad nacional”: la
declaración del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro como zona de emergencia en la lucha
contra el terrorismo y el narcotráfico (VRAEM); y la utilización de este recurso jurídico para
contener y reprimir la protesta social contra el proyecto minero Conga en la región de Cajamarca.
Intentaremos demostrar que la utilización del estado de emergencia en gobiernos democráticos se ha
aplicado en situaciones que no representan una amenaza a la independencia y seguridad del Estado,
ni ponen en peligro la vida de la nación, sino que consolidan prácticas extraordinarias como modos
regulares de preservación del orden interno.

En las últimas décadas el estudio de las élites ha cobrado
una gran relevancia. En el campo académico las investigaciones
crecieron de manera progresiva al calor de los
cambios sociales que mostraron una profundización de los
indicadores de concentración económica y política de las
élites. Estos cambios fueron notables a partir de los años
dos mil, la crisis financiera mundial de 2008, el “giro a la
derecha” regional y la crisis generada por la coyuntura de la
pandemia entre 2020 y 2021, que agudizó las desigualdades
de manera ostensible. Junto con este crecimiento, también
proliferó un conjunto de debates en torno a la definición
de las élites. Quiénes son, cómo medirlas, por qué élites y no
clases sociales fueron algunos de los interrogantes que vinieron
a la saga. Estas cuestiones han sido el corazón de las
polémicas, porque el modo en que se definen los sujetos
influye también en los diagnósticos y en las propuestas de
política tendientes a reducir la concentración de recursos y
la reproducción de las desigualdades.

Cuando en el año 2000 inició un superciclo de commodities, los países latinoamericanos ingresaron a una nueva fase de acumulación caracterizada como neoextractivista. En este escenario, implementaron reformas políticas, económicas y judiciales tendientes a la mejora de su competitividad como plaza de inversiones. Esto exigió el despliegue de mecanismos de control del orden interno para dotar a los proyectos extractivos de la “seguridad jurídica” requerida.

Esta investigación analiza los procesos de criminalización de la protesta antiextractivista en Chile y Perú entre 2000 y 2018. En las regiones del sur chileno, así como en la selva y sierra peruanas, identificamos esta correlación: frente a la protesta contra la instalación o expansión de proyectos extractivos, las autoridades estatales profundizaron las políticas de contención y represión, construyendo a las comunidades indígenas e indígeno-campesinas como una amenaza. Una amenaza terrorista que, aggiornada a un contexto de disputas por los recursos naturales, mutó hacia el ecoterrorismo. Esta categorización político-judicial-mediática, hoy funcional al sostenimiento del neoextractivismo, hunde sus raíces en una serie de violencias estructurales de largo aliento desplegadas sobre estas comunidades. Desde un abordaje sociohistórico, se analiza el uso de la violencia estatal como un recurso para la construcción y mantenimiento de un orden. La violencia estatal es explorada no sólo en su dimensión represiva, sino también productiva: la creación de un enemigo cuya mera existencia representa una amenaza para la nación.