Politicas Publicas Ambientales

Santa Maria Huatulco is a municipality in the state of Oaxaca in Mexico, where the Integrally Planned Centre of Bahias de Huatulco has a port with tourist and fishing activities. The importance of this port lies in it being the arrival point for cruises with foreign visitors and the economic income from that tourism activity. The problems of port operation, given the inaccuracies in the regulatory framework, lead to complex interactions in the relationships that exist between different social actors that constantly redefine certain rules of the game regarding the use and exploitation of the port and access to the natural resources of the natural area protected. This work aims to exemplify through environmental governance, collective action arising from a process of interest negotiation, the definition of rules, and the construction of commitments between various social actors from their rights and obligations, which contribute to achieving the objectives defined in an environment with the capacity for conflict resolution.

En años recientes el gobierno mexicano ha emitido políticas públicas a fin de proteger al medio ambiente, mejorar el desempeño ambiental, disminuir o controlar los impactos ambientales generados por la actividad humana y reducir la degradación y el deterioro ambiental. Pese a lo anterior, los gobernados perciben a las políticas públicas ambientales como ineficaces para lograr su propósito, los gobernados además perciben que muchas de esas políticas públicas tienen algún grado de interés entre los gobernados y parte de la iniciativa privada. Se está haciendo común que los gobernados nos enteremos de nuevos conflictos de interés entre algunos funcionarios del gobierno que tienen el poder y la iniciativa privada; por ejemplo, los continuos vertidos mineros a ríos en Sonora (La Jornada, 2015), que pese a lo anterior, continúan con su concesiones. El derecho ambiental mexicano formado por principios, leyes, reglamentos y normas, son el marco de referencia frente al cual las políticas que establezcan los gobiernos en sus distintos niveles, tengan legalidad y cierto grado de legitimidad. Sin embargo para que una política sea llamada “pública” (política pública), esas decisiones de gobierno deberían ser concertadas con las partes interesadas, incluyendo a los gobernados; de lo contrario esas decisiones solo son políticas gubernamentales. La legitimidad de las políticas entonces descansa sobre el consenso o discusión que se realice con los actores involucrados./In recent years the Mexican government has issued public policies to protect the environment, improve environmental performance, decrease or control environmental impacts generated by human activity and reduce the environmental degradation and deterioration. Despite the above, the governed perceive to environmental public policies as ineffective to achieve their purpose, the governed also perceive that many of these public policies have some degree of interest between the governed and part of the private initiative. It is becoming common for the governed to learn of new conflicts of interest among some government officials who have power and private initiative; for example, the continuous mining discharges to rivers in Sonora (La Jornada, 2015), which despite the above, continue with their concessions. Mexican environmental law formed by principles, laws, regulations and standards are the frame of reference against which the policies established by the governments at different levels, have legality and a certain degree of legitimacy. However for a policy to be called “public” (public policy), those government decisions should be agreed with stakeholders, including the governed; otherwise those decisions are only political governmental. The legitimacy of the policies then rests on the consensus or discussion that takes place with the actors involved.

Este trabajo analiza cómo los actores estatales y sociales de distintos niveles de gobierno interactúan e inciden en la formulación de la política de protección de bosques nativos en Argentina entre 2004 y 2015. El proceso de formulación de esa normativa pasó por tres fases diferentes: 1) aprobación de la normativa nacional, 2) adecuación de la normativa provincial y 3) revisión de la normativa provincial por parte del gobierno nacional. El trabajo muestra que, tanto en el nivel nacional como en el provincial, ese complejo proceso de formulación y sus resultados fueron motorizados por la confrontación entre dos grandes coaliciones sociedad-Estado: la coalición proteccionista versus la coalición productivista, las cuales emergen del cruce entre conflictos distributivos concretos y la heterogeneidad de las agencias estatales.

Argentina es un actor de peso medio en las relaciones internacionales y, como tal, ha sido un país activo en el régimen climático internacional desde la firma de la CMNUCC, aunque con oscilaciones. Vale resaltar que sus emisiones totales y per cápita son significativas tanto en el plano re- gional como global. Desde la inclusión del cambio climático como tópico en la agenda nacional de Argentina, la posición nacional ha evidenciado cambios significativos como producto de factores domésticos e internacionales, espe- cialmente como producto de los cambios de gestión y sus respectivas visiones de la política exterior. Nos proponemos aquí analizar dichos cambios y ubicar las vinculaciones entre la política climática interna y externa aunque haciendo hincapié en la política exterior y en la posición negociadora en el régimen in- ternacional del clima.
Ensayamos como hipótesis que la política exterior climática de Argentina reproduce los parámetros de la política exterior en general, desde 1990 a 2015. Así, el cambio climático ha sido un tema de escasa relevancia en la agenda nacional doméstica y externa. En consecuencia, en aquellos momentos en los que la política exterior se impuso sobre la política doméstica y se consideró relevante alcanzar mayores coincidencias con actores hegemónicos y organismos internacionales, el tema cobró relevancia y el régimen lo vio como una variable de prestigio internacional; pero cuando la política doméstica fue sobreestimada en relación con la política exterior y se consideró a los actores hegemónicos como antagonistas, los temas que éstos intentaron colocar en la agenda internacional fueron resistidos. Esto puede explicar, al menos en parte, los altibajos de la política exterior climática de Argentina.

En la última década, el Perú ha tenido una de las economías de más rápido desarrollo en la región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 % en un contexto de baja inflación. Entre los años 2005 y 2015, 6.5 millones de personas salieron de la pobreza y la pobreza extrema disminuyó de 27.6 % a 9 %. Ello se ha debido en una buena medida gracias a los mayores volúmenes de exportación minera respaldados por una serie de proyectos de gran tamaño que iniciaron su producción o alcanzaron su capacidad total en dicho periodo.

No obstante, la evolución de las llamadas sociedades emergentes, dentro de las cuales podríamos considerar al Perú, están planteando los mismos problemas que tienen las sociedades occidentales postindustriales, las cuales han alcanzado un considerable desarrollo económico hace ya un buen tiempo. Entre los problemas que se han identificado, uno de los principales radica en las graves alteraciones causadas al equilibrio del medio ambiente. Por lo que ante ello, surge la necesaria intervención del Derecho ambiental como principal mecanismo para regular las actividades que podrían afectar al medio ambiente.

En dicho contexto, son de vital importancia las instituciones referidas al daño ambiental, las cuales buscan evitar la alteración significativa del medio ambiente y sus componentes. Siendo indispensable la definición de las mismas y la implementación de los mecanismos que hagan efectiva dicha protección.

La presente investigación, mediante un análisis global de las instituciones del daño ambiental y su responsabilidad, busca 1) identificar las particulares de los daños ambientales sobre los otros tipos de daños regulados tradicionalmente por el Derecho, 2) investigar los tipos de responsabilidad por los daños ambientales y detectar los problemas y vacíos jurídicos relacionados a ellos, 3) analizar la legislación comparada referida a los daños ambientales y sus instituciones de responsabilidad, 4) estudiar la jurisprudencia comparada referida a los aspectos controvertidos que ostentan los daños ambientales y 5) analizar el modo en que está regulado el daño ambiental en el Perú, proponiendo una fórmula legal que permita solucionar los vacíos y problemas identificados en relación a dicha institución.

A fin de alcanzar dichos objetivos, en el Capítulo I, “Aproximación conceptual del daño ambiental”, se analiza doctrinariamente el daño ambiental y sus modalidades. En el Capítulo II, “Tipos de responsabilidad por daños ambientales”, se estudian los problemas más resaltantes en dicha responsabilidad, examinando los aspectos relacionados a la restauración, vista como una obligación de reparar derivada de la responsabilidad por dichos daños, y se analizan los tipos de responsabilidad vinculados a estos aspectos (responsabilidad civil, administrativa y penal). El Capítulo III “Nociones jurídicas de daño ambiental y sistemas de responsabilidad por daños ambientales en el derecho comparado”, se estudia el modo en que el daño ambiental y los correspondientes mecanismos de responsabilidad han sido regulados en la Unión Europea, España, Inglaterra, Chile, Argentina y Perú. En el Capítulo IV “Análisis jurisprudencial del daño ambiental en el derecho comparado”, se estudian las principales jurisprudencias de la Unión Europea, España, Argentina y Perú, relacionadas a la relativización de la certeza en los daños ambientales, la cual es una de las principales particularidades que estos tienen frente a los tradicionales daños regulados por el Derecho. El Capítulo V “Propuesta legislativa para la solución de los problemas en la noción del daño ambiental en la Ley General del Ambiente del Perú”, recoge los problemas identificados en los capítulos anteriores, entre los cuales destacan la falta del elemento de la significancia en la definición del daño ambiental, la indeterminación del tipo de responsabilidad o las dudas respecto a la potencialidad de los daños ambiental; proponiendo una solución para cada uno de dichos problemas. Finalmente, se desarrollan las conclusiones más relevantes obtenidas en la elaboración de la presente investigación.

A mineração é um mal necessário? Talvez essa pergunta se associe
à reflexão de Adam Smith sobre os custos não apenas econômicos
da mineração para um país, mas também seus custos sociais e, especialmente,
ambientais. Responder a essa pergunta não é fácil, ainda
mais com os acelerados padrões de consumo e produção que terminam
por demandar mais e mais a intensa exploração das commodities.
No caso especial da mineração, um dos resultados é a politização da
agenda econômica do extrativismo em regiões produtoras, com o padrão
de reduzida accountability nas unidades políticas que recebem os
projetos de exploração mineral, além de iniciativas de desregulamentação do setor mineral. Como consequência, a exploração econômica alarmante dos recursos naturais esgotáveis, sem as devidas medidas
de contenção dos impactos ambientais e sociais desencadeados por
esses empreendimentos, intensifica ainda mais os conflitos ecológicos
nas regiões que “ofertam” os malditos recursos minerais.

Al igual que lo sucedido en el nivel internacional, durante las dos últimas décadas fue ganando preeminencia en Argentina un nuevo enfoque para atender el problema de los residuos domiciliarios conocido como modelo para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), basado en la reducción, la reutilización, el reciclado y el tratamiento de los residuos. El modelo GIRSU ha sido formalmente adoptado en Argentina a partir de la ley nacional de residuos sólidos urbanos de 2004 y de una profusa normativa provincial y municipal. A diez años de la sanción de la ley nacional, la mayoría de los distritos municipales han avanzado muy poco en la aplicación del nuevo modelo. Pese a ello, es posible identificar un número de distritos municipales que han avanzado más que otros. Frente a este diagnóstico general, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿por qué, ante un mismo cambio normativo, algunos municipios logran avanzar más que otros en la aplicación del nuevo modelo de gestión? Para responder esta pregunta, en este trabajo se analiza la política de RSU de la ciudad de Buenos Aires, La Plata y Morón en comparación con el conjunto de los distritos de la Región Metropolitana de Buenos Aires durante el período comprendido entre los años 2004 y 2015. La hipótesis de trabajo que guía el trabajo sostiene que los gobiernos municipales avanzarán en el cambio de modelo cuando tengan incentivos electorales y condiciones e incentivos financieros para así hacerlo. Los incentivos político-electorales para el cambio aumentarán junto con la demanda social y las coaliciones políticas favorables al cambio, mientras que las condiciones e incentivos financieros estarán asociados con el nivel de autonomía financiera del gobierno local y/o las oportunidades de financiamiento externo derivadas de la articulación interjurisdiccional vertical y horizontal.

Las políticas públicas ambientales son todas aquellas acciones que el gobierno aplica para el cuidado del medio ambiente, dichas políticas son diseñadas. En su mayoría. unilateralmente sin una participación social que las legitime. La presente obra se enfoca en la importancia que tiene la participación social en la conformación de las políticas públicas ambientales, así como la impor¬tancia del reconocimiento benéfico y la evaluación que ayuda al mejoramiento del proceso. Esto se ejemplifica con casos de las políticas públi¬cas del recurso hídrico en la Ciudad de México y sus características culturales; los acuerdos del desarrollo económico contra el cuidado del medio ambiente en las playas de Huatulco; en la generación anticipada de la regulación de los adelantos tecnológicos como la nanotecnología y sus productos; y la interacción de un recurso no renovable como el suelo y el crecimien¬to urbano. Mediante este trabajo se da a conocer la jerarquía de las políticas públicas ambientales en la vida común de los individuos./Public environmental policies are all those actions that the government applies for the care of the environment, said policies are designed. Mostly. unilaterally without a social participation that legitimizes them. This work focuses on the importance of social participation in shaping environmental public policies, as well as the importance of beneficial recognition and evaluation that helps improve the process. This is exemplified by cases of public water resource policies in Mexico City and its cultural characteristics; economic development agreements against caring for the environment on the beaches of Huatulco; in the advance generation of the regulation of technological advances such as nanotechnology and its products; and the interaction of a non-renewable resource such as land and urban growth. Through this work the hierarchy of environmental public policies in the common life of individuals is disclosed.

En el marco de una causa judicial por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Justicia dictaminó la necesidad de despejar los contaminados márgenes del río. Para miles de habitantes de la Villa 21-24, esto significó que se ordenase su relocalización a una zona alejada de la ciudad. A partir de una etnografía realizada en 2014-2015, que incluyó entrevistas y observación participante, este artículo examina los sentidos que adquirió para los vecinos la llegada de la sentencia judicial a su barrio. En particular, se analizan los motivos que le atribuyen a esta disposición, se exploran las formas en que perciben y experimentan el medio ambiente degradado, y se indaga en el significado que cobran la vivienda que habitan y aquellas nuevas que su mudanza les depara. Se verá que este fallo tiene implicancias no sólo habitacionales y ambientales, sino que moviliza significados de alcances simbólicos que inscriben a la orden de relocalización en el más amplio y complejo derrotero de los vecinos como habitantes de un barrio segregado. Se espera, finalmente, que el artículo contribuya a la discusión acerca de los efectos de las políticas estatales sobre la vida en los márgenes urbanos. Palabras clave: medio ambiente, relocalizaciones, vivienda, políticas públicas, marginalidad urbana.

In the context of a lawsuit over the environmental cleanup of the Matanza-Riachuelo basin, the Judiciary ordered to clear up the polluted river margins. For thousands of inhabitants of Slum 21-24, this meant that they would have to be relocated to a remote part of town. Based on an ethnographic fieldwork carried out in 2014-2015, which included interviews and participant observation, this article examines the meanings that the ruling had for the inhabitants of this neighborhood. Specifically, this work shall analyze the motives they find to be behind this order, explore the ways in which they perceive and experience the environment, and also inquire into the significance of their current and future homes. We will see that this sentence not only has environmental and housing related implications, but it also puts in motion symbolic meanings that make sense of this relocation order as part of a wider and more complex history of this people as inhabitants of a segregated neighborhood. Finally, we expect that this article will contribute to the debates over state policy's effects on life at the urban margins.

La certificación ambiental puede entenderse como un instrumento que busca educar a las diversas partes interesadas sobre los impactos ambientales que intervienen en la cadena de producción con el fin de promover cambios en los patrones de consumo y la consiguiente reducción de estos impactos. Adaptando esta lógica a la esfera pública, el Departamento de Medio Ambiente del Estado de Sao Paulo creó en 2007, el programa "Municipio VerdeAzul". Este programa tiene como objetivo "alentar a los municipios a participar en la política ambiental, con la adhesión a un protocolo de gestión ambiental; y certificar ciudades amigables con el ambiente, dando prioridad en el acceso a los recursos públicos". Desde 2008 los 645 municipios de Sao Paulo tienen la oportunidad de participar en el programa, y se organiza una clasificación anual para la presentación de los resultados. Por lo tanto, esta investigación tuvo como objetivo presentar un análisis de la situación del programa Municipio VerdeAzul en el periodo 2008-2015, a través del análisis de los documentos y datos oficiales. La adhesión de los municipios al programa puede considerarse satisfactoria, con un promedio de 84.57% en el período. Sin embargo, los municipios certificados se mantienen en promedio 22.97%, por debajo de las expectativas en un contexto de ocho años de existencia del programa, una situación que refleja la realidad brasileña de deficiencia municipal en el sector del medio ambiente. También se encontró que sólo 10 municipios celebran el certificado durante los 8 años de duración del programa, lo que corresponde al 1.55% de los municipios de Sao Paulo. Por lo tanto, a pesar de la intención del programa de promoción de la descentralización y el fortalecimiento de las políticas ambientales a nivel municipal, el análisis muestra que es difícil para los municipios implementar la política ambiental, en parte debido a la discontinuidad de las acciones de gestión ambiental, presentando un escenario de poco interés en los temas ambientales, incluso vinculado a la liberación de fondos, tal como en el programa.

Tomando la reforma constitucional de 1994 como un parteaguas, este libro tiene por objetivo estudiar la trayectoria de las políticas ambientales argentinas de determinadas áreas desde mediados de los años 1990. Nuestro interés se centra en la relación entre actores estatales y sociales porque creemos que allí está la clave para entender el origen y los resultados y efectos de la política ambiental. Esto no implica desestimar condicionantes estructurales de tipo económico, político o institucional. Es solo que esos condicionantes nunca alcanzan para explicar el despliegue de un determinado proceso social, para lo cual siempre es necesario indagar en la relación entre los actores involucrados en ese proceso, siendo que los resultados de esa relación difícilmente se derivan automáticamente de condicionantes estructurales. En cualquier caso, aunque queramos pensar que los condicionantes estructurales lo explican todo, nunca podremos saber cómo efectivamente lo hacen a menos que determinemos cómo operan a través de la relación de los actores involucrados. Por todo ello, este libro busca responder las siguientes preguntas: ¿qué formas asume la relación entre actores estatales y sociales involucrados en la cuestión ambiental?, ¿cómo incide esa relación en el proceso de política ambiental y en sus resultados y efectos?
A pesar de que durante los últimos veinte años se han expandido las políticas ambientales en los tres niveles de gobierno, a la par que crecían las movilizaciones en defensa del ambiente, es muy poco el conocimiento sistemático que aún tenemos de esas políticas. Ello podría deberse a la presunción o prejuicio de que no ha sucedido nada o que las políticas aplicadas no han tenido ningún efecto concreto en el sentido de proteger el ambiente. Sin embargo, nuestras primeras evidencias muestran que no ha sido tan así: el estado, en todos sus niveles, ha invertido cada vez más recursos organizacionales en esas políticas, las que en algunos casos han redundado en una mayor protección del ambiente. Y aun cuando las políticas ambientales no alcancen a cumplir plenamente sus objetivos declarados, su estudio sigue siendo relevante para desentrañar las razones concretas por las cuales el estado en algunos casos logra cumplir plena o parcialmente sus objetivos en materia de protección ambiental y en otros no los alcanza en absoluto.
Este libro apunta a satisfacer el principio de lo que ThedaSkocpol (2003) llama una “ciencia social doblemente comprometida”, esto es, una ciencia que produce conocimiento que es teórica y socialmente relevante. Desde un punto de vista teórico, el análisis de las políticas ambientales constituye un escenario privilegiado para examinar dos temas centrales de la ciencia política y del estudio de la política en general: la relación estado-sociedad y la interacción nación-provincias. Como veremos más adelante, un análisis profundo de las políticas ambientales permite mostrar que entre estado y sociedad no existen divisiones tan marcadas como varios enfoques suponen, así como tampoco existe un solo modo de ver la relación entre nación y provincias. La forma en que los autores de este libro entendemos la relación estado-sociedad implica que las políticas ambientales no se pueden pensar a partir de una oposición dicotómica entre estado y sociedad, ni de un enfrentamiento generalizado entre nación y provincias. Estado y sociedad, nación y provincia no son actores monolíticos ni necesariamente opuestos entre sí.
Desde el punto de vista práctico, el estudio de las políticas ambientales nos permite prestar atención a una preocupación que ha crecido sostenidamente en distintos ámbitos. Existen numerosas evidencias de que, cada vez más, el ambiente constituye un problema social para diversos actores sociales, académicos, estatales e incluso empresarios. Puesto en términos muy generales, puede decirse que la preocupación por el “problema ambiental” gira en torno a cómo evitar o reducir la creciente degradación ambiental, la que resulta del efecto combinado de la sobreexplotación y la contaminación de los recursos naturales. Es de la percepción de la amenaza o el riesgo de degradación ambiental que surge la preocupación por el ambiente sano, esto es, por el acceso a los recursos naturales que son esenciales para la vida humana: aire, agua y suelo “limpios”. Por eso, el “problema ambiental” es un problema que, al mismo tiempo, atañe al estado del ambiente y a la calidad de la vida humana. Y en la construcción del problema ambiental, se asume o se espera que las políticas ambientales sean (como discutiré en la próxima sección) un canal a través del cual pasar de una situación de degradación ambiental (real o potencial) a otra en la que se garantice la protección ambiental o el derecho al ambiente sano.
Los capítulos de este libro buscan, no simplemente describir cómo y por qué se hacen las políticas ambientales, sino también (aunque dentro de la medida de lo posible) determinar sus resultados y efectos. Por resultados aquí se entiende el diseño y contenido de las leyes, normativas y programas de gobierno que surgen en el proceso de construcción de una política ambiental, mientras que los efectos refieren a los cambios concretos que esos resultados imprimen (o no) en el estado del ambiente. Muchas veces el examen de los efectos de una política pública son dejados de lado por las investigaciones de las ciencias sociales bajo el argumento, ciertamente razonable, de que existen serios inconvenientes conceptuales, metodológicos y/o empíricos para determinarlos. Sin embargo, esa es la cuestión más relevante desde el punto de vista práctico-social. Y es aquí donde las dos preguntas que guían los capítulos de este libro se vinculan estrechamente y donde el interés social se cruza con el teórico. Partiendo de la preocupación general por la relación estado-sociedad, cada capítulo encara una pregunta y desarrolla un argumento que le son propios y lo hace desde un enfoque elegido por el autor o la autora. Pero una línea argumental atraviesa todos los capítulos: tanto el origen y las características como los resultados y efectos de una determinada política están vinculados con las formas que asume la relación estado-sociedad a lo largo del proceso de formulación e implementación de esa política.

Nota técnica produzida pelo Grupo de Estudos de Direito
Ambiental do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC-Rio (NIMA-Jur). No primeiro semestre de 2017, o o grupo dedicou-se ao tema “Retrocessos ambientais em curso no Brasil”. A nota trata dos principais aspectos do Projeto de Lei 3.729/2004, que pretende instituir uma lei geral de licenciamento no Brasil e que institui mais um retrocesso na garantia de direitos difusos e sociais das presentes e futuras gerações.

El municipio de Asunción Nochixtlán es uno de los 570 municipios que pertenecen al estado de Oaxaca; cuenta con una extensión territorial de 344 544km2 y una población de 18 525 habitantes. La falta de planes, programas y presupuestos adecuados mantiene a este municipio rural en un grado de marginación muy alto. Entre los problemas de diversa índole que presenta el municipio se encuentran los problemas ambientales debido al cambio en el uso de suelo; específicamente la transición de la cobertura vegetal a un uso de suelo agrícola, ganadero o urbano, que ha originado la degradación de los elementos del medio ambiente como suelo, vegetación, fauna y población. El objetivo del presente trabajo es identificar y evaluar la degradación ambiental más significativa, utilizando un método general integrado por la fase de recopilación de información, caracterización y diagnóstico. Las conclusiones preliminares indican que el cambio de uso de suelo,la erosión de suelos y los asentamientos humanos son los problemas de mayor relevancia./The municipality of Asunción Nochixtlán is one of the 570 municipalities that belong to the state of Oaxaca; it has a territorial extension of 344,544km2 and a population of 18,525 inhabitants. Lack of adequate plans, programs and budgets it maintains this rural municipality in a very high degree of marginalization. Among the problems of various kinds that the municipality presents are environmental problems due to the change in land use; specifically, the transition from vegetation cover to agricultural, livestock or urban land use, which has caused the degradation of environmental elements such as soil, vegetation, fauna and population. The objective of this work is to identify and evaluate the most significant environmental degradation, using a general method integrated by the phase of information gathering, characterization and diagnosis. Preliminary conclusions indicate that land use change, soil erosion, and human settlements are the most relevant problems

La cuenca Matanza-Riachuelo es un territorio densamente poblado y ambientalmente degradado. En 2008, la Corte Suprema falló exigiendo un plan de saneamiento ambiental que permitiera “reparar el daño” y “mejorar la calidad de vida”. No obstante, muchas de las acciones emprendidas ocasionaron conflictos territoriales, entre ellos el originado por la orden de construcción de un camino costero, que supone la relocalización de familias de villas y asentamientos que habitan los márgenes ribereños y tienen otros criterios de valoración respecto de las medidas de reparación y los derechos. El objetivo de este artículo es analizar la implementación del fallo atendiendo a la perspectiva de los afectados por las relocalizaciones. Examinaremos el rol de las organizaciones territoriales y los operadores estatales en escenarios de negociación y conflicto, y abriremos interrogantes respecto de las implicaciones de esta política en términos de la exigibilidad de derechos, particularmente el derecho a la vivienda.

The Matanza-Riachuelo Basin is a densely populated and environmentally deteriorated territory. In 2008, The Supreme Court ordered the implementation of an environmental cleanup to ‘repair the damage’ and ‘improve the populations quality of life’. However, several of the policies undertaken have paved the way for territorial conflicts, especially one that aims to open a towpath all along the polluted riverbank. This involves resettling thousands of slum-dwelling families with a different sense of what  reparation and rights mean. The goal of this article is to examine the implementation of this policy focusing on the perspective of the people affected by the resettlements. We will analyse the role played by territorial organizations and state operators in conflict and their negotiations, and we will discuss the implications of this policy in terms of the demand for rights, especially the right to housing.

En el presente se muestra un panorama sobre la Organizaciones No Gubernamentales Ambientales (ONG´S) y su importancia en la política mexicana, primeramente se hace una breve introducción del tema, posteriormente se profundiza un poco sobre el que son y cuando nacen la ONG´s ambientales, posteriormente se habla sobre la contaminación ambiental ya que dichas organizaciones luchan por la protección de medio ambiente, se presenta una investigación en páginas oficiales de organismos internacionales para demostrar la importancia que hoy en día tiene la participación ciudadana dentro de la política ambiental. Por último se le hace una invitación al lector a integrarse y a participar activamente en la política ambiental. Palabras claves :ONG´s Ambientales, Contaminación, Política ambiental.

El presente artículo avanza sobre una categorización de los conceptos de Justicia Ambiental que permita una mejor comprensión del mismo, para dar una lectura, desde dichos conceptos, de la Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile (2016) realizada por la OCDE. El trabajo pretende, por una parte, hacer más concretas las pretensiones de la Justicia Ambiental, mostrando cómo desde una visión desarrollista de
política pública es posible de todas maneras empujarla. Por otra parte, la integración del concepto de Justicia Ambiental a las recomendaciones de la OCDE, pretende dotarlas de un mayor sentido y consistencia. Por último, el tratamiento que se le da a dichas recomendaciones supone desnudar situaciones de injusticia ambiental en la configuración
social y normativa actual de nuestro país.

Las políticas estatales sobre el territorio contienen y prescriben específicas racionalidades, es decir, principios generadores de prácticas sociales, códigos de visión, decisión y acción que se constituyen en criterios esperables, permitidos o legitimados. El presente artículo presenta un análisis comparativo de las convergencias entre las decisiones estatales vigentes sobre minería en dos provincias argentinas: Córdoba y La Rioja. La particularidad de la convergencia entre estos dos casos es que en ambas Provincias han sancionado leyes provinciales en sentidos opuestos: mientras en Córdoba rige una ley que prohíbe la actividad minera a cielo abierto, en La Rioja la ley habilitó esta opción. Este artículo fue posible gracias a un análisis de contenido sobre textos legales y entrevistas a funcionarios públicos. 

Publicado en Revista Sociedad y Economía, Nº 25, pp. 107-133. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle: Cali, Colombia. ISSN 1657-6357

A constatação da influência antrópica nas mudanças do clima vem apresentando a necessidade de se pensar políticas públicas, acordos e compromissos internacionais para a necessária gestão do clima. No âmbito das políticas públicas brasileiras, com a formulação da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) em 2009 e o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) em 2016, ganha destaque na esfera política, a discussão sobre as possíveis alternativas e estratégias para mitigação e adaptação das mudanças do clima no Brasil. A presente pesquisa, visa discutir os agenciamentos e negociações acerca da agenda de políticas públicas brasileira para a adaptação às mudanças climáticas, assim como a inserção desta no Brasil. A pesquisa é de caráter qualitativo e se dá na análise de documentos oficiais do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, assim como de materiais publicados acerca da estratégia de adaptação e elaboração do plano. A pesquisa identificou uma literatura internacional recente sobre os riscos de uma má-adaptação, temática pouco esclarecida dentro do PNA. Além disso, verificou-se uma baixa participação da sociedade civil no processo de construção do plano, assim como, baixa divulgação e operacionalização de estratégias.
Foi possível verificar como muitas estratégias de adaptação, não se configuram como sustentáveis, podendo ter desdobramentos similares as estratégias de desenvolvimento convencional. Por fim, busco destacar a importância de inserção das Ciências Sociais nos estudos de adaptação e mudanças climáticas.

Diversos autores han observado un tránsito de menor a mayor complejidad en las políticas de evaluación ambiental, pasando desde un enfoque originariamente sectorial hacia una perspectiva sistémica y estratégica. Sin embargo, como en todo proceso político, estos tránsitos no son homogéneos ni lineales. De hecho, existen importantes diferencias en los sistemas de evaluación ambiental del Norte y del Sur global. En este ensayo conceptual y bibliográfico, analizamos cómo las premisas del crecimiento económico tensionan el diseño y la aplicación de normativas para la evaluación ambiental en América Latina y Chile, dificultando la construcción de una evaluación sistémica, estratégica y democrática con la urgencia que se requiere en el contexto crítico del Antropoceno.

Presentación realizada el II Encuentro de Estudiantiles de Políticas Públicas. En ella, se pretende instalar la necesidad de incorporar EPI en todo el proceso de creación, desarrollo e implementación de políticas públicas nacionales. En primer lugar, se pretende abordar el concepto de desarrollo sustentable: lo que implica, lo que nos demanda y lo que espera de nosotros. En segundo lugar, y de manera muy sucinta, se explicará la historia de EPI, con especial énfasis al caso de estudio mencionado. En tercer lugar, se expondrán las diversas definiciones que giran en torno a EPI, las diversas concepciones y dimensiones que acarrea cada uno. En último lugar, se expondrá los resultados de CEPAL para la región y se propondrán los desafíos que debe abordar Chile para incorporar EPI. Se tendrá muy a la vista la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio del Medio Ambiente y reforma por completo dicha institucionalidad sectorial.

El presente trabajo posee un carácter histórico-sociológico y estudió la trayectoria de las políticas públicas de protección ambiental y cultural y su relación con el desarrollo económico del Valle del Ribeira, en particular en el municipio de Iporanga (Estado de São Paulo, Brasil); trayectoria contrapuesta con el discurso ‘anti-preservacionista’ diseminado entre los habitantes de la región, a partir de la década de los años setenta. El análisis documental se basó en las acciones del gobierno estatal paulista y en los registros de la prensa, durante la década de los años cincuenta y el inicio del periodo de gestión democrática (1983 - 1985). Se recogieron, también, por medio de una investigación participativa, testimonios orales de miembros de la población local y de agentes ambientales, a partir de un enfoque antropológico y psicosocial, en el periodo entre 1989 y 1992, abarcando un total de 34 personas. El análisis de la pedagogía del conflicto demostró que la visión negativa atribuida a la protección ambiental, se expandió debido a las restricciones impuestas a las actividades de subsistencia, a la morosidad de las acciones del Estado, a la desarticulación entre los órganos de gobierno, a la falta de continuidad de las políticas públicas y a la ausencia de un trabajo adecuado de educación ambiental, ecoturismo y participación popular

La sanción en 2007 de la Ley 26.331/07 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos o Ley de Bosques Nativos (de ahora en más LBN) fue resultado de la preocupación de actores estatales y sociales por el creciente desmonte de los bosques y la pérdida de los servicios ambientales por ellos provistos. Tres características distinguen a la LBN del conjunto de leyes de presupuestos mínimos, especialmente de aquellas sancionadas antes de 2007. En primer lugar, desde su instalación en la agenda pública en 2004, la protección legal de los bosques nativos fue epicentro de un amplio debate público entre una diversidad de actores sociales y estatales que, tanto en la arena nacional como en las arenas provinciales, defendían o resistían la regulación ambiental. Ese debate no se agotó en la formulación de la ley nacional sino que se extendió también (y aún perdura) en la formulación de las leyes provinciales complementarias y en la implementación de toda esa compleja legislación. En segundo lugar, como ninguna otra legislación ambiental, la LBN y su normativa reglamentaria incorporan instrumentos de gestión estipulados en la Ley General del Ambiente (N° 25.675/02) pero ausentes (o escasamente precisados) en las otras leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Entre ellos se destacan el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN), los mecanismos de participación obligatorios para la categorización de esos bosques y para la autorización de los permisos de desmontes por parte de las autoridades provinciales y un fondo especial para compensar a los propietarios de los bosques nativos por los servicios ambientales prestados por éstos. En tercer lugar, la política de protección de bosques implicó un complejo proceso de formulación normativa en el que la sanción de la norma nacional (LBN) fue sucedida por la formulación de leyes complementarias en todas las provincias (leyes de OTBN), las que debían ser luego “acreditadas” por la autoridad de aplicación nacional (la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable o MAyDS). Uno de los rasgos más destacados de ese complejo proceso de formulación normativa es que, en cumplimiento de lo establecido por la LBN, todas las provincias sancionaron sus leyes complementarias(por razones que presentaremos más adelante). El alto acatamiento normativo por parte de las provincias de una ley ambiental nacional y el hecho de que sus leyes fueran revisadas luego por el poder ejecutivo nacional hacen de la legislación sobre bosques nativos un caso inusual dentro del federalismo argentino.
Frente a estas características salientes de la política de protección de bosques nativos, en este capítulo nos proponemos reconstruir el proceso de formulación e implementación de la legislación del sector entre 2004 y 2016, buscando responder dos preguntas de investigación: 1) ¿cómo se relacionan los actores sociales y estatales en torno a la protección de bosques nativos?, 2) ¿qué incidencia tiene esa relación en la formulación y en los resultados e impactos de la política de protección de bosques nativos?
En respuesta a la primera pregunta, argumentamos que, tanto en el nivel nacional como en el provincial, se configuran dos coaliciones sociedad-estado de características similares que confrontan en torno a los alcances de la protección de los bosques nativos .Esas coaliciones surgen del entrecruzamiento de conflictos distributivos concretos (entre los actores socioeconómicos que se benefician de la deforestación y quienes se oponen a ella y/o tienen en los bosques su sustento de vida) y la heterogeneidad de las agencias estatales (unas a favor de regular la conservación de los bosques nativos y otras opuestas a toda regulación o propensas a una regulación muy débil). Como resultado de ese entrecruzamiento, cada una de las coaliciones comprende un conjunto específico de actores sociales y estatales. Con algunas variaciones menores a lo largo del tiempo y del espacio, la coalición proteccionista reúne a organizaciones ambientalistas y de desarrollo locales y nacionales, comunidades indígenas y campesinas, secretarías ambientales, legisladores individuales, agencias nacionales de control y universidades y centros de investigación públicos, mientras que la coalición productivista comprende a grandes productores agropecuarios y madereros, entre otros grupos empresarios, y a las agencias ejecutivas y legisladores afines a esos intereses.
Para responder a la segunda pregunta, es necesario distinguir entre el proceso de formulación de la política, sus resultados (la nueva normativa nacional y provincial) y su impacto. La confrontación de las dos coaliciones incide claramente en el proceso de formulación de la política en ambos niveles de gobierno y en sus resultados, pero el impacto de la nueva legislación es más ambiguo.
La incidencia en el proceso de formulación se manifiesta en el fuerte debate del proyecto de ley nacional y en la presentación y debate de proyectos enfrentados en las provincias.En cuanto a los resultados de ese proceso, los contenidos de la LBN nacional responden ampliamente a la visión de la coalición proteccionista. Adicionalmente, nuestro análisis de la adecuación normativa de los OTBN provinciales a la LBN nacional muestra que, si bien solo una provincia cumplió con todos los criterios establecidos en la ley nacional, en promedio general esa adecuación normativa es moderadamente alta, razón por la cual afirmamos que los OTBN provinciales presentan, aunque con excepciones importantes, un perfil más proteccionista que productivista. Notamos que, en este punto, nuestro hallazgo difiere en parte de la lectura que hace la coalición proteccionista. Mientras la coalición productivista se manifiesta insatisfecha, de modo consistente, con la LBN nacional y con los OTBN provinciales, integrantes de la coalición proteccionista (especialmente, organizaciones sociales y universidades y centros de investigación) tienden a argumentar que los OTBN provinciales no respetan adecuadamente la LBN nacional y/o los gobiernos provinciales no aplican la legislación como corresponde.
Para medir el impacto de la nueva legislación, tomamos como indicador la evolución de la deforestación a partir de la sanción de la LBN, considerando que, en definitiva, el objetivo último de la nueva legislación es detener la deforestación y conservar los bosques remanentes. Pero los datos sobre deforestación se prestan a una lectura ambigua. La deforestación continuó luego de la sanción de la LBN en 2007 y persistió hasta 2016 (últimos datos disponibles), aunque a tasas menores y decrecientes. Por lo tanto, la lectura de los datos y la determinación de la incidencia de las coaliciones en el impacto de la nueva política dependerán del cristal con que se mire. Quienes se centren en la continuidad de la deforestación considerarán que esa incidencia es nula o escasa. Quienes resalten que la tasa de deforestación (en el nivel agregado) fue descendiendo con los años podrán considerar que la incidencia es moderadamente positiva pero que aún falta para cumplir con los objetivos de la LBN.
La discusión de la LBN y, de modo más general, de la política de protección de bosques nativos reviste relevancia tanto práctica como teórica. Desde el punto de vista práctico, los bosques nativos son considerados fundamentales por los servicios ambientales que brindan. Tal como ha sido colocado en el debate en torno a la nueva política, los bosques contribuyen, entre otras cosas, a la conservación de la biodiversidad, a la protección de los suelos y a la regulación y preservación de los recursos hídricos. Además, tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono (uno de los principales gases productores del cambio climático) y son hábitat, fuente de subsistencia y sustrato cultural de comunidades indígenas y campesinas.Desde el punto de vista teórico, el análisis de la política de protección de los bosques nativos nos permite echar nueva luz sobre el modo en que la interacción sociedad-estado y las relaciones nación-provincias se enlazan entre sí e inciden en una determinada política ambiental. En particular, nos permite mostrar que el concepto de coaliciones sociedad-estado resulta más útil que los clivajes estado-sociedad y nación-provincias para comprender cómo diversos actores sociales y estatales de distintos niveles de gobierno se entremezclan y confrontan en torno a la protección ambiental.
El análisis realizado en este capítulo se basa en fuentes documentales y hemerográficas y en investigaciones sobre el tema (particularmente sobre los casos provinciales), así como en entrevistas y comunicaciones de los autores con personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS). Para determinar la evolución de la tasa de desmonte o deforestación , nos valemos de los datos elaborados por Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) de la SAyDS (hoy MAyDS).

Analisis semana 44 del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, Costa Rica. El artículo analiza los desafíos del acuerdo alcanzado en el marco de la Cumbre de Cambio Climático celebrada en París entre noviembre y diciembre de 2015, con una lectura de las relaciones internacionales y sus nuevos actores.

Este artículo analiza el papel del sector militar, como parte de la estructura del Estado, en su relación con el medio ambiente. De igual manera, aborda el tema del impacto de variables ambientales en las actividades militares, tanto desde una perspectiva local como global, en la que los regímenes internacionales diseñados para la administración de los recursos naturales desempeñarían un papel primordial en el desarrollo de las políticas ambientales en el sector militar.

No se puede entender el cambio climático desde una área del conocimiento, se requiere la vinculación de las ciencias sociales y naturales, así como el estudio de diferentes tecnologías que combinadas nos ayuden a la solución de problemas, innovación y desarrollo para las nuevas situaciones económicas, políticas y naturales que se presentan bajo el cambio climático. El cambio climático es un reto, implica para el sector académico el trabajar en equipo con otras diciplinas, mantenerse en constante actualización, reconsiderar nuestros tiempos de respuestas y establecer la dirección de las investigaciones a desarrollar. El presente trabajo presenta la oferta educativa a nivel posgrado actual a nivel internacional ya que, México requiere trabajar en la creación de posgrados relacionados al cambio climático, tenemos una gran oportunidad enfrente de nosotros ¿tendremos la visión suficiente para lograrlo?, o continuamos en la comodidad de nuestros programas e investigaciones no renovadoras pero si conservadoras de un México permanentemente en vías de desarrollo./You cannot understand climate change from an area of ​​knowledge, it requires the linking of the social and natural sciences, as well as the study of different technologies that combined help us to solve problems, innovation and development for new economic situations, political and natural that occur under climate change. Climate change is a challenge, it implies for the academic sector to work as a team with other disciplines, keep constantly updated, reconsider our response times and establish the direction of the research to be carried out. The present work presents the educational offer at the current postgraduate level at the international level since, Mexico requires working on the creation of postgraduate degrees related to climate change, we have a great opportunity in front of us, will we have enough vision to achieve it? comfort of our programs and non-renewal but conservative research in a permanently developing Mexico.

El 21 de mayo de 1972, Juan Domingo Perón difundió, desde su exilio en Madrid, el “Mensaje a los pueblos y los gobiernos del mundo”. En ese mensaje, Perón instaba a tomar conciencia sobre “la marcha suicida que la humanidad ha emprendido mediante la contaminación del medio ambiente y la biósfera, la dilapidación de los recursos naturales”. Consecuente con ese llamado, al ganar las elecciones y asumir la presidencia un año después, creó la primera secretaría ambiental nacional: la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRNAH). Esto ocurría al mismo tiempo que los países noroccidentales creaban sus primeras agencias ambientales —la primera secretaría ambiental británica fue creada en 1971 y la renombrada agencia ambiental estadounidense en 1972—. Pero la acción pionera de Perón perdió fuerza, en parte, con su propia muerte en 1974 y, centralmente, con el golpe de 1976. La dictadura militar desmanteló la secretaría ambiental de 1973 y sepultó todas las iniciativas legislativas del gobierno peronista. En 1983, la cuestión ambiental no fue ajena a la plataforma de campaña de la Unión Cívica Radical. No obstante, la agenda postdictadura llevó a que no se produjeran grandes adelantos en materia de política ambiental bajo del gobierno de Raúl Alfonsín. El primer avance destacable tuvo lugar recién en 1991 con la recreación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRNAH) bajo la presidencia de Carlos Menem. A partir de entonces, la política ambiental nacional siguió, con avances y retrocesos, un lento camino incremental. A cuarenta años de la iniciativa pionera de Perón y a treinta años del último retorno a la democracia, el balance de la trayectoria de la política ambiental nacional arroja luces y sombras. Para hacer ese balance, distinguiremos tres aspectos de las políticas ambientales: el derrotero de la secretaría ambiental nacional, la consagración constitucional de los derechos ambientales y la sanción e implementación de la nueva legislación ambiental. Paralelamente, analizaremos brevemente la trayectoria del ambientalismo social bajo democracia y su relación con la política ambiental.

Este artículo presenta una versión de la movilización de las comunidades embera-katio asentadas en la parte alta del río Sinú desde 1990 a causa de la proyección y construcción de la represa Urrá I, como insumo para la hidroeléctrica del mismo nombre. Mediante la exposición de estas movilizaciones, se quiere mostrar cómo las políticas de desarrollo ancladas sobre el imaginario de la riqueza natural y biodiversidad del país, arrasan con la vida humana y su producción cultural, al someterlas a pensar únicamente en términos ambientalistas en beneficio de “todos”.

El presente artículo está dividido en dos partes: la primera hace una descripción de la frontera entre Colombia y Ecuador desde cuatro
miradas: la geopolítica, la económica, la sociocultural y la ambiental; la premisa es que la mirada hacia la frontera colombo-ecuatoriana ha estado y continúa sesgada por el tema de seguridad nacional que opaca
otras posibilidades de interpretación. La segunda parte presenta algunos procesos binacionales alrededor del tema ambiental y de desarrollo sostenible que se han desarrollado desde la sociedad civil. La dinámica de las sociedades de frontera se ha manifestado con más fuerza en proyectos, programas e iniciativas de cooperación, demostrando y exigiendo la diversificación de la agenda binacional. Se concluye que el ambiente debe considerarse como eje de la acción y las decisiones políticas de los gobiernos de Ecuador y Colombia y se plantean también algunos puntos de reflexión para una agenda binacional
ambiental.

El municipio no es un orden de gobierno de menor importancia que el federal o el estatal, simplemente ha estado subordinado política y financieramente a los otros dos. Las transformaciones experimentadas por los municipios mexicanos en lo concerniente a su participación del diseño e instrumentación de políticas ambientales se hace evidente en el marco de atribuciones conferidas a estos por el conjunto de instrumentos legales aplicables. Es preciso revisar y fortalecer el marco de atribuciones de los gobiernos municipales y diseñar una estrategia para el fortalecimiento de capacidades de los municipios mexicanos para la gestión ambiental que de cómo resultado una mayor participación de este orden de gobierno en el diseño e instrumentación de una política nacional en la materia medioambiental, caracterizada por la transversalidad vertical y horizontal. /The municipality is not an order of government of less importance than the federal or state, it has simply been subordinated politically and financially to the other two. The transformations experienced by the Mexican municipalities with regard to their participation in the design and implementation of environmental policies becomes evident within the framework of attributions conferred on them by the set of applicable legal instruments. It is necessary to review and strengthen the framework of attributions of municipal governments and design a strategy for strengthening the capacities of Mexican municipalities for environmental management that results in a greater participation of this order of government in the design and implementation of a policy national in environmental matters, characterized by vertical and horizontal transversality.

In any metropolitan region, the articulation between metropolitan scale of issues and the multiplicity of government jurisdictions poses a challenge for the implementation of environmental policies. Focused on the Buenos Aires Metropolitan Region, this article examines the coordination of metropolitan environmental policies in a federal context. The first part describes the metropolitan region and its main environmental problems, the way in which Argentine federalism assigns environmental competences to the different government levels and the mechanisms it sets for metropolitan governance, and the characteristics and flaws of the interjurisdictional organizations at work in the metropolitan region. The second part discusses the factors explaining those flaws. It argues that the shortcomings of the metropolitan coordination of environmental policies are explained by the interaction between federal institutions and other political system variables such as the dynamics of party-electoral accumulation, the setting of government agendas, the role of state bureaucracies, and the impact of environmental activism.