Poderes del juez civil

El Código General del Proceso es la reforma procesal más importante en materia procesal civil de las últimas décadas en Colombia. Esta norma ha sido expedida en el contexto del movimiento de reforma judicial que tiene lugar en Latinoamérica que busca modernizar los sistemas judiciales. En la reforma intervienen una serie de actores locales e internacionales con diferentes ideologías sobre la función del proceso civil en la sociedad. En  este código se advierte la concurrencia de las ideologías publicista, liberal, eficientista y constitucionalista del proceso civil, las cuales se manifiestan paralelamente en la configuración del modelo procesal a partir de los diversos dispositivos procesales consagrados en la ley, generando así un cuerpo normativo contradictorio e incoherente desde sus finalidades y funciones así como un modelo procesal poco delineado.

Todo Juez en un conflicto entre partes debe reunir ciertas características: Independencia, Imparcialidad e "Impartialidad". Las dos primeras cualidades han sido ampliamente analizadas  por la doctrina procesal, pero no así la tercera de ellas. Este trabajo se embarca en la tarea de desentrañar, desde la doctrina y legislación procesales (chilenas, principalmente), un concepto de "Impartialidad", y las consecuencias teóricas y forenses que derivan de su aplicación en toda clase de Tribunales.

Tesina de Investigación para optar al Grado de Licenciado en Derecho (Pontificia Universidad Católica de Chile).  Profesores guías: don Juan Agustín Castellón Munita y don Adolfo Alvarado Velloso. Nota: 7,0. (Sobresaliente).

Publicada en:
ACADEMIA VIRTUAL IBEROAMERICANA DEL DERECHO Y ALTOS ESTUDIOS JUDICIALES - Rosario, Santa Fe, República de Argentina

http://www.academiadederecho.org

AA.VV. “Trabajos Varios”

El autor desarrolla los elementos más relevantes de la adopción de un modelo de proceso oral con base en audiencias a partir de una revaloración de puntuales principios procesales. Explica que ello involucra cambios de paradigmas en el despacho judicial, en la actividad probatoria y en la relación entre el juez y las partes, para finalmente sugerir ponerlos en práctica a propósito de la pandemia Covil-19.

La presente obra pretende demostrar que los hechos del juicio se establecen en virtud de las aportaciones tanto del juez como de las partes. Ello, con el objeto de derribar la aplicación tradicional del principio de disposición en el juicio declarativo civil en el contexto de la jurisdicción como una actividad pública, incluso cuando se discuten derechos e intereses privados.

En el enlace se puede revisar la presentación del libro por parte del prof. Iván Hunter.
https://www.youtube.com/watch?v=GqEDTT0erYI

Se desprende del estudio de la doctrina y jurisprudencia existente en relación a los poderes del juez en el proceso, la intención del legislador y de la misma jurisprudencia, de establecer un equilibrio entre las atribuciones otorgadas a la figura del juez para dirigir el proceso y las garantías constitucionales de libertad, justicia e igualdad que buscan reducir esas atribuciones en orden de velar por la protección de los derechos fundamentales, en diferentes palabras, la justicia ideal supone que el juez posea las suficientes facultades para llegar a la búsqueda de la verdad sin ser un mero espectador del proceso, pero sin que exista un abuso de su poder que lo convierta en un déspota de la justicia.

SUMARIO: I. La dinámica de litigación como objeto de estudio. II. La audiencia oral de juicio o vista de causa. Funciones y estructura. II.a. Características de la audiencia de vista de causa. II.b. Orden de producción de los medios de prueba. III. Un necesaria disgresión. La iniciativa probatoria del Juez en la audiencia de juicio. IV. La declaración de parte. IV.a. El cambio de las posiciones a las preguntas. IV.b. ¿Cómo debería ser el interrogatorio? Legislación comparada. IV.c. Valoración probatoria de la declaración de parte. IV.d. Negativa a declarar e incomparecencia. IV.e. Orden de las declaraciones. V. La prueba testimonial. V.a. Consideraciones generales sobre el interrogatorio de testigos en el juicio oral. V.b. La forma del interrogatorio. V.c. El examen directo. V.d. El contraexamen. V.e. El rol del juez en el interrogatorio de testigos. V.f. Orden de las declaraciones. V.g. Careos. VI. El interrogatorio de peritos. VII. La prueba documental. VIII. Los alegatos finales. IX. Cierre. I. La dinámica de litigación como objeto de estudio. El presente trabajo tiene por objeto ilustrar la dinámica de producción de las pruebas en el contexto de la audiencia oral de vista de causa, y el tipo de intervención que pueden tener en la misma el juez o tribunal, las partes, testigos y peritos.

Por años hemos asistido a la creencia de que, en virtud del inciso final del Art. 84 del Código de Procedimiento Civil chileno, el juez puede declarar la nulidad procesal de oficio de determinados actos procesales, sin mediar petición de las partes.  La refutación de este mito resulta compleja, porque para ello debemos referirnos a los poderes-deberes del Juez, a la pretensión declarativa, a la legitimación procesal, y a la impartialidad del Juez, además de a la Nulidad procesal propiamente tal.

Una de las cuestiones más debatidas del proceso civil es el rol que cumple el juez dentro del mismo, y más concretamente en lo que refiere a la prueba como aquella actividad que se propone demostrar la existencia o la inexistencia de un hecho, la verdad o falsedad de una afirmación. A través de este trabajo monográfico buscaremos desarrollar en profundidad uno de los aspectos del debate señalado: la iniciativa probatoria del tribunal en el proceso civil.

"El Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Región Centro de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, organizó un curso de “Profundización en derecho
procesal” que contó con los auspicios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Universidad Católica
Argentina y del Colegio de Abogados de Rosario.
El tema central del curso fue “Activismo y garantismo procesal”, que son las orientaciones
doctrinarias de profunda estirpe filosófica y que incursionan en lo más hondo del debate académico
y pragmático de esta importante disciplina jurídica. Fue dirigido por los catedráticos profesores
Dres. Adolfo Alvarado Velloso y Jorge W. Peyrano, quienes consensuaron temas, disertantes y
moderadores, persiguiendo alcanzar los marcos adecuados para la consolidación de este saber que
se propone, esencialmente, lograr la paz social en justicia.
Esta obra reúne los valiosos aportes de quienes participaron en ese curso, desarrollando como
expositores algunos de los aspectos más controvertidos de esta apasionante porfía.
Se organizó por sus directores de modo que cada uno de los problemas fuese expuesto por
representantes de cada una de las corrientes, actuando como moderadores un veedor de cada equipo
que, luego de las disertaciones, dirigieron el cambio de opiniones que, en todo los casos provocaron
las distintas cuestiones en el nutrido auditorio de especialistas, docentes y alumnos" (de la presentación de la obra)

A tarefa do Poder Judiciário é discutida na obra de Bianor Arruda Bezerra Neto, que é juiz federal e doutor em Direito pela PUC/SP. O livro é uma importante contribuição para o campo da Hermenêutica e da Argumentação Jurídica, estruturando-se em prefácio e sete capítulos. A discussão é reclamada a partir do Direito Processual Civil, da Filosofia do Direito e da Teoria do Direito.

En esta obra se analiza, de modo crítico, el problema de las pruebas de oficio, denominado por el autor como: Iniciativa Probatoria del Juez. Contiene un estudio histórico, normativo y jurisprudencial de tal iniciativa en el proceso civil peruano. Se utiliza el enfoque racionalista de la prueba sobre uno de los poderes probatorios del juez. A la par que se proporcionan criterios de aplicación para un adecuado uso en primera y segunda instancia.

El presente trabajo de investigación busca desarrollar los argumentos en favor de la eliminación de los poderes probatorios del juez, específicamente la prueba de oficio, en los procesos civiles. Para lograr ello se aborda el concepto de poderes probatorios del juez a partir de la doctrina nacional y a nivel comparado. Posteriormente, se analizan tres argumentos principales para fundamentar la posición en contra de dichos poderes. Dichos argumentos que fundamentan nuestra posición se encuentran vinculados a la búsqueda de la verdad en el proceso, la imparcialidad del juez y el principio de igualdad de las partes y el resto de los justiciables. Finalmente, se proponen algunos mecanismos que permitan suplir los vacíos que genera la eliminación de dichos poderes, los cuales deberán encontrarse en armonía con el principio dispositivo del proceso.

Síntesis: Cuando recurrimos a la literatura especializada en oralidad encontramos que las facultades probatorias de oficio, o la intervención del Juez en la producción de la prueba en las audiencias de juicio oral, son consideradas conductas que comprometen su imparcialidad y afectan el debido proceso. Esta limitación entra en tensión con las prácticas recientes de oralidad en sede civil en Argentina, y también con algunos proyectos de reforma procesal que reconocen al órgano judicial potestades probatorias de oficio. En el presente trabajo se argumentará que el principio que niega toda potestad o iniciativa probatoria, originado en la doctrina procesal penal y en la transición desde los modelos inquisitivos a los acusatorios-adversariales, no resulta aplicable sin una necesaria adaptación crítica al proceso civil, porque parte de presupuestos y principios propios del proceso penal adversarial y de su estructura sistémica.

En este trabajo se realizará una revisión sobre la iniciativa probatoria que tiene el juez en el proceso civil chileno, lo cual será complementado con algunas posturas doctrinarias sobre el fin del proceso civil, que disciernen entre si el fin de este radica en encontrar la verdad real o solucionar conflictos aplicando la ley. Luego, se expondrá brevemente cuál es el tratamiento que tiene el juez civil en materia de iniciativa probatoria en el Proyecto de Código Procesal Civil.

El presente trabajo aborda los sistemas de generación de jueces, a la luz de cuatro perspectivas que precisan los deberes o funciones del juez, examinando como cada sistema descrito, es coherente con cada perspectiva que define las características de un juez. La metodología usada para elaborar este trabajo comprende la búsqueda de tesis y trabajos académicos que den cuenta de estos sistemas, diversas miradas sobre los principios y deberes del juez, así como la búsqueda de legislación de otros países y referencias críticas.

Este trabalho tem o objetivo de analisar os poderes do relator previstos no novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), com uma ampla abordagem quanto às generalidades e os aspectos polêmicos dos artigos 932 e 933 do diploma mencionado. Tal estudo é necessário em razão da importância da matéria, notadamente porque, antes do advento da Lei n. 13.105/2015, os Tribunais regulamentavam em seus respectivos regimentos internos os poderes que eram atribuídos aos relatores, de modo que em algumas Cortes referidos magistrados tinham amplas atribuições, ao passo que, em outras, os poderes eram limitados. Contudo, o advento do CPC/2015, apesar de regulamentar a matéria, também trouxe intensos debates no âmbito doutrinário. Assim, trar-se-á o conceito jurídico da figura do relator e far-se-á um retrospecto da evolução histórica da figura do relator, em especial no direito brasileiro. Ademais, serão abordados os aspectos gerais do princípio do duplo grau de jurisdição e da colegialidade como regra da prestação jurisdicional no âmbito dos tribunais. Além disso, cuidar-se-á da relativização da regra da colegialidade por consequência da delegação de poderes decisórios ao relator. Ainda, far-se-á uma análise profícua dos poderes do relator no CPC/1973, passando, para tanto, pela evolução legislativa do art. 557 de referido diploma, sem prejuízo da abordagem das hipóteses de prolação de decisão monocrática, pelo relator, à luz do que previa o art. 557 do CPC/1973. Cuidar-se-á, também, dos poderes do relator em espécie previstos no CPC/2015, notadamente nos artigos 932 e 933 de referido diploma, com a necessária análise crítica de pontos que têm ensejado controvérsias no âmbito doutrinário. De resto, para alcançar o objetivo proposto, será utilizado o método hipotético-dedutivo.

En el presente trabajo, partiendo de un análisis de los distintos modelos procesales y de los fundamentos y principios sobre los cuáles se asientan, se sostendrá que a los fines de alcanzar decisiones jurídicas racionalmente correctas, el proceso civil debe estar diseñado de modo tal que tanto el juez como las partes puedan asumir un rol activo en su conducción. A tales fines, se ahondará en la función epistémica del proceso. Por otro lado, se indagará respecto a si la imparcialidad del juzgador y el principio dispositivo se encuentran comprometidos cuando el juez ejerce facultades probatorias y se analizará la incidencia de los sesgos cognitivos. Por último, se desarrollarán las distintas manifestaciones de los poderes probatorios, en las distintas fases procesales.

I. Introducción. II. Precisiones mínimas sobre la dignidad humana y su tratamiento en el derecho internacional. III. La dignidad en la Constitución alemana y su trascendencia para la actividad judicial. IV. La nueva perspectiva de la dignidad humana a partir de la Constitución cubana de 2019. V. El juez cubano ante el redimensionamiento constitucional de la dignidad y el llamado del artículo 99. VI. Conclusiones.

Las tradiciones jurídicas en extremo legalistas que aún se mantienen en el proceso penal colombiano sustentan las decisiones de los jueces e impiden que se apliquen fuentes del derecho que emanan de la Constitución y de las normas convencionales y los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dado que las políticas legislativas restringen los beneficios de la pena, se debe hacer un esfuerzo por avanzar en una interpretación judicial más acorde con la humanización del proceso. Así, este artículo investiga el abanico de normas y de precedentes con que cuenta el juez penal de conocimiento para lograr los fines de la justicia en la decisión judicial, promoviendo a la vez un cambio en la vulneración masiva de derechos de las personas privadas de la libertad.

¿Es pertinente acudir a la denominada "teoría de la carga dinámica de la prueba" para la solución de los conflictos de naturaleza civil?. Los autores rechazan esta posibilidad, pues entre otras razones sostienen que fue edificada sobre confusiones conceptuales y, además, advierten que su aplicación otorgaría un aumento de poder al juez cuando tenga que resolver cuestiones donde falte prueba, lo cual provocará un déficit en la motivación de las sentencias. Por ello, concluyen que el Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil no hace bien al incorporar dicha teoría en el artículo 196, así como tampoco el artículo 1986 del Anteproyecto de Propuestas de mejora al Código Civil.

Síntesis: Cuando recurrimos a la literatura especializada en oralidad encontramos que las facultades probatorias de oficio, o la intervención del Juez en la producción de la prueba en las audiencias de juicio oral, son consideradas conductas que comprometen su imparcialidad y afectan el debido proceso. Esta limitación entra en tensión con las prácticas recientes de oralidad en sede civil en Argentina, y también con algunos proyectos de reforma procesal que reconocen al órgano judicial potestades probatorias de oficio. En el presente trabajo se argumentará que el principio que niega toda potestad o iniciativa probatoria, originado en la doctrina procesal penal y en la transición desde los modelos inquisitivos a los acusatorios-adversariales, no resulta aplicable sin una necesaria adaptación crítica al proceso civil, porque parte de presupuestos y principios propios del proceso penal adversarial y de su estructura sistémica.