Nulidad Procesal

Por años hemos asistido a la creencia de que, en virtud del inciso final del Art. 84 del Código de Procedimiento Civil chileno, el juez puede declarar la nulidad procesal de oficio de determinados actos procesales, sin mediar petición de las partes.  La refutación de este mito resulta compleja, porque para ello debemos referirnos a los poderes-deberes del Juez, a la pretensión declarativa, a la legitimación procesal, y a la impartialidad del Juez, además de a la Nulidad procesal propiamente tal.

Una de las críticas que se le ha formulado a la manera como
está estructurado el proceso civil colombiano ha sido la exagerada
morosidad que caracteriza a la actuación, entre otras cosas,
determinada por el uso exagerado que, de la escritura, en ellos se hace.
En este sentido, se ha afirmado a su vez, que este tipo de demoras
incide de manera negativa en las aspiraciones de los sujetos procesales para obtener una decisión favorable a sus intereses, puesto que la tutela judicial efectiva debe responder a la perentoriedad que se espera
en relación con la resolución del conflicto, por cuanto que la duración razonable del proceso debe ser consecuente con el derecho fundamental de acceso a la justicia.
Pues bien, para lograr la tan anhelada celeridad procesal se han adoptado reformas procesales todas ellas orientadas a sincronizar el
proceso civil a la nueva realidad, y en Colombia se evidenció a través de la inserción de la oralidad como principio rector de la actuación a
través de un modelo por audiencias con marcada tendencia a la oralidad.