Incentivos

La construcción del Cesmo se lleva a cabo mediante procesos participativos de orientación estratégica y escala regional. Entre las zonas prioritarias identificadas hasta el momento se encuentran el Carso Huasteco, la sierra de Álvarez, la sierra del Abra Tanchipa, el bosque mesófilo Hidalgo-Puebla-Veracruz, el área de protección de los recursos naturales cuenca del río Necaxa y la reserva de la biósfera Sierra Gorda. Los principales ecosistemas con necesidad de protección son el bosque mesófilo de montaña y el bosque templado de pino y encino (oyameles). Causas de la deforestación y limitantes del desarrollo sostenible Las principales causas de la deforestación en la zona son las siguientes: a) factores estructurales, entre los que destacan la pobreza y la marginación, aspectos demográficos, culturales, nivel educativo y conciencia ambiental; b) fuerzas de mercado sin un marco de políticas orientadas a la valoración de los bosques y su conservación; c) creación de subsidios, créditos y asistencia técnica al sector agropecuario; ausencia de políticas que le permitan al bosque competir con los usos agropecuarios; d) baja gobernanza debido a conflictos entre los diferentes actores interesados en la tierra y los bosques; los grupos minoritarios que viven cerca de los bosques no pueden hacer contrapeso a tantos actores que presionan para expandir sus actividades (agricultura, ganadería, minería, electricidad, infraestructura). Pago por servicios ambientales y mecanismos financieros Entre los instrumentos diseñados para valorar los servicios ambientales sobresale el programa de pago por servicios ambientales (PSA), que puede ser una herramienta poderosa para reducir la deforestación. Sin embargo, importantes áreas de oportunidad del esquema todavía no se toman en cuenta; entre ellas, a) el PSA y el MFS (manejo forestal sostenible) son considerados procesos excluyentes; b) el PSA no es efectivo en bosques con alto costo de oportunidad; c) el PSA no genera co-beneficios y tiene el riesgo de que sus fondos se transfieran a actividades agropecuarias; d) se paga PSA diferenciado por prioridad de ecosistema y no por costo de oportunidad del uso alternativo, con lo que se pierde eficiencia y efectividad de los fondos; e) se paga en áreas donde el bosque no tiene riesgo de deforestación y, por tanto, el modelo de combate a la deforestación se distorsiona con objetivos políticos; f) el PSA no se complementa con esfuerzos emprendedores alentados por un retorno a la inversión forestal para garantizar permanencia del bosque a largo plazo. Marco legal para la gestión competitiva de usos sostenibles El marco normativo mexicano es propicio tanto para el desarrollo sostenible como para la coordinación y armonización interinstitucional. Sin embargo, su implementación precisa ser mejorada. Existen al menos 11 leyes que regulan el aprovechamiento de los recursos naturales, 16 leyes que regulan otros usos productivos y de mercado, y al menos otras 20 leyes que favorecen un entorno político-social apropiado para el desarrollo sostenible. Las instituciones federales con mayor presencia en Cesmo, responsables de cumplir con los mandatos de las leyes en cuanto a la atención del sector rural son Sedesol, Semarnat (Conafor, Conanp, Conagua y Profepa), Sagarpa, SHCP (Financiera Rural y CDI), SE; Sedatu, SCT y CFE. Sagarpa, SHCP, SE y Sedatu se enfocan prioritariamente en la competitividad de las actividades primarias (fomento a la agricultura y ganadería y valor agregado a la producción primaria) bajo una lógica comercial de corto plazo, que no propicia procesos de desarrollo sostenible. Otras instituciones, como Conanp, Conafor y Profepa (bajo la sombrilla de Semarnat), se enfocan en la protección y conservación de los recursos naturales, con el reto de reducir los costos de transacción al MFS y promover e impulsar actividades sostenibles en el interior de áreas naturales protegidas. Análisis de gobernanza El Gobierno tiene el deber de organizar un sistema de planeación constituido por el conjunto de programas de las diversas instituciones y órdenes de gobierno, en el que participe la sociedad civil. Los instrumentos que reflejan los resultados de estas acciones son los planes de desarrollo en el ámbito municipal, estatal y nacional. Sin embargo, se reconoce que cada nivel de gobierno generalmente planea por su cuenta, sin una coordinación multinivel y sin participación de la sociedad. En la práctica, esto se refleja en la desarticulación de objetivos entre niveles y la falta de corresponsabilidad de la sociedad en acciones para la conservación y el desarrollo sostenible. Análisis de gobernanza multisectorial La Ley de desarrollo rural sustentable (LDRS) considera cuatro aspectos fundamentales para desplegar actividades articuladas: a) desarrollo rural con visión territorial, b) integración de cadenas agroalimentarias, c) sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, d) reconversión productiva. Esta ley manda que la política sectorial opere a partir de consensos entre actores sociales y niveles de gobierno en la definición de prioridades y legitimización de las acciones. Para ello, se propicia la integración y consolidación de órganos colegiados de representación social, tales como los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable y los Comités Sistema Producto, que actúan a nivel nacional, estatal, distrital y municipal. No obstante, estas estructuras de concertación no están funcionando con eficiencia. Cada dependencia se rige por sus respectivos planes sectoriales, valida sus políticas de intervención y sus propios programas y los ejecuta por su cuenta a nivel territorial. Implementación de presupuestos y programas para el desarrollo sostenible En el presupuesto de egresos de la Federación se identifican siete ramos con participación en el desarrollo rural a través de las instituciones coordinadoras; en orden de importancia presupuestal, estas instituciones son: Sedesol, Sagarpa, Semarnat, SHCP, SE, Sedatu y Tribunales Agrarios. En la Semarnat, Conagua es la dependencia de que más recursos ejecuta (80,7% del presupuesto), mientras Conanp absorbe el 2,27%. Existen más de 150 programas federales que inciden en el sector rural; de estos, se revisaron los 90 programas más representativos por sus presupuestos e impactos en los usos de la tierra, a través del desarrollo económico, social y la conservación del medio ambiente. Las reglas de operación de los programas de subsidio permiten la realización de una diversidad amplia de actividades que, en la mayoría de los casos, consideran explícitamente el concepto de desarrollo sostenible, pero tienen problemas para llevarlo a la práctica. Se requieren esfuerzos institucionales para lograr la convergencia y la consistencia de los programas y evitar duplicidades y contraposiciones en el marco de una visión integral del desarrollo sostenible. Se reconocen que diversos subsidios ofrecidos por instituciones como Sagarpa, Sedesol, Sedatu y CDI tienen efectos negativos, ya que fomentan la adquisición de animales, el crecimiento de superficies agrícolas y la generación de infraestructuras vinculadas con actividades agrícolas y ganaderas que ponen en desventaja las superficies de vocación forestal.

RESUMEN La política de diversificación de la carga instaurada en los noventa dio auge a acciones encaminadas a la formación de redes y cuerpos académicos, la introducción del concepto de perfil de desempeño equi-librado, y el comienzo de los programas de estímulo al desempeño académico. A su vez, se trató de una política que incrementó las demandas laborales transformando el quehacer académico. Este artículo analiza cómo ha sido la diversificación de las funciones de los investigadores, el rol que han jugado los programas de incentivos, y la forma en la que han respondido tanto los investigadores como los integran-tes de los espacios en los que se desempeñan. Éste es un trabajo que abona a los estudios organizacionales de la universidad ayudándonos a entender cómo cambia la naturaleza de las figuras, sus roles y funcio-nes, conjuntamente con la universidad que los acoge. Ilustra algunas de las disyuntivas enfrentadas por los investigadores a partir de la implementación de políticas financieras impulsadas por mecanismos de evaluación, medición y recompensa.

Este libro sintetiza el trabajo de dos grupos de investigación, ambos radicados en Rio Gallegos, que desde 2015 han venido tratando de explicar los comportamientos y las conductas de los empresarios Pymes tanto de la ciudad de Rio Gallegos como también de la provincia de Santa Cruz. Ambos grupos estuvieron coordinados y dirigidos por Daniel Martinez Llaneza, uno de ellos trabajando dentro del ITET (Instituto del Trabajo Economia y Territorio) dentro de la Unidad Académica Rio Gallegos (UARG) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y el otro equipo, orientado al relevamiento de Pymes en jurisdicción de Santa Cruz, trabajando dentro del GIGEI (Grupo de Investigacion en Gestión Industrial) de la Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Ambos equipos continúan hoy investigando y relevando escenarios, actividades y empresas Pymes con proyectos de investigación que han sucedido a los que dieron origen a ésta publicación. El emprendedorismo, la creación de valor y  a partir de éste la creación y el sostenimiento del empleo, las redes empresarias y todos los ámbitos de colaboración que pueden desarrollarse en el sector privado fueron y siguen siendo fuente de preocupación y de estudio de éstos grupos de investigación mencionados que se desempeñan en las casas de estudio mencionadas más arriba.
Los autores invitados forman parte, al igual que el coordinador de ésta obra y sus equipos de investigacion, del proyecto de extensión universitaria de la UNPA Observatorio de Pymes que viene funcionando desde 2017 a nivel sistema, siendo convocados a participar del presente trabajo por ser acabados conocedores de las empresas locales y provinciales, su gestión y su evolución temporal.

O artigo analisa, a partir do sistema de geração legal de incentivos descrito na Teoria dos Jogos, a não ocorrência da concreta repartição de benefícios de conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, de maneira a se conceder à comunidade contrapartida aos benefícios por ela dispensados à pesquisa ou ao produto a ser desenvolvido. O mais surpreendente, sem dúvida, é compreender, pela metodologia da Análise Econômica do Direito, que a não concretização da repartição de benefícios parece ser fruto do sistema legais de incentivos que rege a matéria, geradores de comportamentos racionais estratégicos não desejados por parte dos usuários de conhecimentos tradicionais.

R E S U M E N El abstencionismo electoral en Colombia ha dejado evidencia del poco interés que tiene la población por ejercer su derecho al voto y elegir a sus gobernantes; entre los tipos de abstencionismo, se encuentra el abstencionismo por apatía, en el que se ignora las fuertes
consecuencias de la abstención y no se está motivado para votar acudiendo a excusas para no hacerlo. El objetivo de este estudio es explorar e identificar las principales razones y funciones de los incentivos desde el Modelo de Perspectiva Conductual (MPC) formulado por Foxall (2011) al abstencionismo en tres votantes apáticos de la ciudad de Bogotá, varones y mujeres con edades entre los 28 y los 56 años, utilizando como técnica de recolección de
información la entrevista en profundidad. En los resultados empleando los verbatim a partir de un análisis hermenéutico, se muestra que los principales motivos para el abstencionismo por apatía son rechazo o falta de credibilidad del sistema político, ausencia de beneficios directos y funcionales por votar, presencia de incentivos informacionales de valor simbólico intangible al abstencionismo tales como deslegitimación de la acción de votar o percepción de falta de competencia o presencia de corrupción en los candidatos; asimismo se concibe el derecho al voto como una posibilidad, mas no como un deber ciudadano. Estos hallazgos son relevantes para la gestión electoral y pública del sistema democrático colombiano. A B S T R A C T
Electoral abstention in Colombia is evidence of the lack of interest that the population have in exercising their right to vote and elect their governments. Among the types of abstention are, abstention due to apathy, in which the severe consequences of the abstention are
ignored and voting is not motivated by giving excuses not to do so. The aim of this study has been to examine and identify the main reasons and functions of the incentives applying the Behavioural Perspective Model (BPM) developed by Foxall (2011) to abstention in three
apathetic voters of the city of Bogota, male and female between the ages of 28 and 56, comusing the compiling of information from an in-depth interview technique. In the result employing the verbatim from a hermeneutic analysis, it showed that the main reasons for abstention due to apathy are rejection or lack of credibility in the political system, presence of informational incentives to vote of intangible symbolic value to abstentionism such as, discrediting the act of voting or a perception of lack of competence or the presence of corruption among the candidates. Furthermore, it is perceived that the right to vote as another possibility not as a civic duty. These findings are relevant to the electoral and public management of the Colombian democratic system.

A desinformação constitui problema público relevante, pois traz consequências sociais e econômicas para o mundo real. As redes sociais, como o Facebook, inovaram em seu modelo de negócios, trazendo o direcionamento de informações por meio de algoritmos. Ademais, há inúmeros incentivos para que os usuários gastem o máximo de tempo realizando o máximo de interações possíveis. A desinformação não causa prejuízos a esse modelo de negócio, pelo contrário, gera engajamento. As iniciativas trazidas pela empresa, de checagem de fatos e diminuição do alcance de conteúdos suspeitos, apesar de não constituírem censura prévia, não são eficazes para enfrentar o problema, frente aos incentivos que as redes trazem para a sua proliferação.

La acción de clase es uno de los principales instrumentos para la protección del medio ambiente en Colombia. Las acciones de clase han reconocido un incentivo económico. Sin embargo, la Ley 1425 de 2010 derogó dos artículos de la Ley 472 de 1998 que reconocían el incentivo. Pero no se ha estudiado si la recompensa en virtud del artículo 1005 del Código Civil sigue en vigor. Usando varias técnicas de resolución de contradicciones, se propone una solución, que es la contribución de este estudio, la cual va más allá de los pronunciamientos jurisprudenciales que se den en el futuro

Son tiempos complicados. El número de casos de COVID-19 está aumentando rápidamente en todo el mundo, con importantes efectos adversos sobre la salud, e incrementando la mortalidad de manera notable. Para combatir el brote y la propagación del virus, los países están aprobando medidas sin precedentes, como restricciones a la libre circulación de personas y bienes, cuarentenas y el cierre de negocios y sectores económicos. El resultado es que la actividad económica se ha
desplomado, con la consiguiente merma de confianza e incremento de incertidumbre mundial. La pandemia ha sido el detonador de la crisis económica que afectará a nuestra sociedad en los próximos años. Para paliar los devastadores efectos en la economía, los países han puesto en marcha medidas ambiciosas. Sin embargo, solo un esfuerzo internacional coordinado y muy generoso, con todo lo que haga falta, podrá responder al presente escenario económico desconocido hasta el momento.

El mundo empresarial se caracteriza por los cambios constantes a los que se deben enfrentar las organizaciones, por ello, estas han debido orientan sus estrategias para que el capital humano desarrolle sus capacidades al máximo, a fin de que mejore su rendimiento laboral. A partir de lo señalado, esta investigación se orientó a analizar el Sistema de Incentivos al Conocimiento (S.I.C.), utilizado por la empresa Textil Sydney, a fin de determinar su relación con el rendimiento laboral. El estudio fue de tipo descriptivo y exploratorio; la población estuvo conformada por 300 trabajadores de la nómina diaria de la empresa Textil Sydney, participantes y no del programa de incentivos; para la muestra se aplicó una fórmula probabilística estratificada, obteniendo una muestra de 73 personas. Respecto a las técnicas de recolección de datos, se aplicaron tres encuestas e igual número de cuestionarios, dirigidas a los participantes del S.I.C., no participantes y supervisores; además, para la confiabilidad de los datos utilizados se aplicó el alfa de Cronbach. A partir de las encuestas aplicadas, se observó que el 100 % de los trabajadores señalaron que el S.I.C. es una oportunidad que permite desarrollar el talento humano, ya que permite a través de capacitaciones e incentivos potenciar el capital humano y, con ello, mejorar la productividad de la empresa. Se concluyó que el S.I.C. ha permitido mejorar el rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa Textil Sydney, puesto que potencia el desarrollo de sus competencias.

Este artículo presenta el impacto de incentivos en los últimos 5 años, así como la evolución de la formación en investigación de la Universidad de Pamplona, además presentamos datos importantes: salidas de estudiantes, número de semilleros, publicaciones y número de eventos organizados. Para recopilar la información se realizó una encuesta en todas las facultades, se encuestaron 82 estudiantes, de 38 semilleros. Finalmente se muestra como en la Universidad de Pamplona desde el momento que se incluyeron más incentivos y se masificó la información las estadísticas viene en crecimiento al punto que 218 estudiantes realizaron movilidades nacionales e internacionales.