Forest Legality

Esta publicación se enmarca en el estudio “Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú”, y tiene por objetivo identificar y analizar los diferentes conceptos y modalidades de ilegalidad en la cadena de valor de la madera en el Perú, para llegar a una propuesta para su definición y la clasificación de las modalidades. La metodología consistió en la revisión de literatura, tanto nacional como internacional, la realización de 35 entrevistas a actores relevantes en las ciudades de Lima, Pucallpa, Iquitos, Puerto Maldonado e Iñapari, y la elaboración de encuestas virtuales a expertos, de las cuales se obtuvieron 20 respuestas. Adicionalmente, se contó con la colaboración de la SPDA para la preparación del sustento legal del estudio y un análisis de infracciones sobre la base de la infor- mación proporcionada por el Osinfor.

Este documento es el producto del proceso de gobernanza entre los actores del sector forestal para la definición los estándares, código de buenas prácticas, y manual de procedimientos administrativos para el manejo policíclico de bosques naturales en Costa Rica. En Costa Rica, los bosques que pueden someterse a manejo forestal están en terrenos de propiedad privada. En este contexto, la lógica de nuestra conducta está gobernada por la maximización de los ingresos de sus propietarios individuales en común acuerdo en la salvaguarda de la integridad ecológica y minimizar el impacto del aprovechamiento forestal. Sin embargo, la asimetría en el poder, legitimidad y urgencia de los terceros interesados en el recur- so bosque (Gobierno, Grupos Ambientalistas, ONG y Sociedad Civil), con respecto a sus poseedores, ha hecho que se excluya a los últimos del proceso de diseño de soluciones en torno a la problemática de uso, conservación y desarrollo del recurso forestal; imponiéndose, paradójicamente, sobre-regulaciones al manejo forestal y una veda administrativa reflejada en los altos costos de acceso a la legalidad que afecta la utilización del recurso forestal privado, limitándose así un uso productivo sostenible viable económicamente. Lo anterior conlleva a la deforestación de aquellos predios donde la renta del bosque es menor a la renta de usos agropecuarios alternos, esto aún en presencia de la prohibición del cambio de uso del suelo y de programas de Pago por Servicios Ambientales. Esta situación se verá agravada por la pre- sión que ejercerá la producción de biocombustibles sobre la disponibilidad de tierras productivas, las cuales serán reclamadas de las áreas boscosas recuperadas y remanentes. La Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal (CNSF), conjuntamente con la Comisión de Manejo Policíclico y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), reaccionan frente a este panorama con la readecuación del Estándar de Manejo Forestal Sostenible siguiendo una estrategia de mejora de la competitividad del uso bosque con respecto a los usos alternos. Se espera lograr el objetivo integrando al Estándar mecanismos que brinden seguridad jurídica, elemento fundamental para cualquier actividad que se desarrolla en el largo plazo, mediante la documentación geográfica e histórica de la actividad forestal. Asimismo, disminuyendo los costos de transacción mediante la simplificación de trámites y la presentación única de requisitos, válida para las diferentes instancias involucradas en los procesos de aprobación de los planes de manejo. Todo esto sin descuidar la salud del bosque, mediante la determinación de umbrales de impacto de la actividad, cuya determinación se basó en el conocimiento científico.

La presente publicación, que se enmarca en el estudio “Estimando y mejorando la legalidad de la madera en el Perú”, tiene por objetivo proponer una metodología sencilla y replicable para la determinación de un índice que permita valorar los flujos ilegales de madera en el país; es decir, los volúmenes de madera que se llegan a incluir en los registros y estadísticas oficiales y, por tanto, son susceptibles de ser medidos (Navarro et al., 2010; Pautrat y Lucich, 2006). El Estado Peruano ha trabajado en la emisión de políticas y normas, y en la articulación de acciones que permitan apoyar al gran objetivo de reducir la ilegalidad. Sin embargo, aún no logra establecer formalmente una metodología para medir el valor cuantitativo de la ilegalidad, de modo que se pueda monitorear el impacto de este conjunto de acciones. Los indicadores utilizados para la estimación de la tala y comercio ilegal se han definido por métodos directos (algunos listados por Navarro et al., 2013), como la diferencia entre oferta y demanda de madera o la comparación de datos estadísticos de exportación e importación de madera. También a través de métodos indirectos, como la evaluación y análisis de documenta- ción oficial forestal y el cruce de esta información con la supervisión en campo y/o fiscalización (por ejemplo, mediante la evaluación de tocones en áreas recién aprovechadas). Otros méto- dos indirectos son las encuestas aplicadas a informantes clave del sector forestal, así como la comparación de la proporción de volúmenes de madera consumidos en el bien final. Este estudio propone un método de medición directa, a partir de registros oficiales, de lo que se denomina Índice de Tala y Comercio Ilegal de Madera en Rollo, adaptado a las condiciones del sector forestal en el Perú. Con este método se estima el valor del índice (TIi), así como el porcentaje de ilegalidad (TI%) para los volúmenes de madera que salieron del bosque e ingresaron a las plantas de transformación primaria en 2017 en el país. El estudio para la determinación del flujo de oferta de madera abarcó nueve departamentos, que representaban más del 98% de producción regional de madera rolliza en 2015, y se cir- cunscribió no solo en la caracterización y cuantificación de la oferta potencial (aprobada por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre - ARFFS), sino también en la oferta efectiva (movilizada) de madera en la Amazonía peruana. Esto, a partir de la información brindada por las ARFFS o el Serfor para 2017, en particular consistente en documentación física en Guias de Transporte Forestal (GTF) o balances de extracción. El estudio para la determinación de la demanda de madera (CNF, 2019), por su parte, abarcó doce departamentos (tres más de la costa por su importancia comercial y poblacional)6 e implicó la elaboración de un diseño estadístico para la aplicación de 226 encuestas a empresas pertenecientes a las industrias de primera y segunda transformación de madera. Finalmente, como el estudio de demanda determinó los volúmenes (m3) de entrada y salida en cada uno de los eslabones de la cadena de valor de la madera al año 2018, fue necesario deflac- tar la demanda estimada de 2018 a valores de 2017 (Solís, 2019), con el fin de poder utilizar los datos del estudio de oferta de 2017. Respecto al cálculo del Indice de Tala y Comercio Ilegal de Madera en Rollo en 2017, este se obtuvo restando, al volumen de oferta de madera de las GTF o en balances de extracción, el volumen de extracción no autorizada (ENA)8, sancionado y reportado por el Osinfor para el año 2017. Cabe destacar que el 42% del volumen de oferta efectiva de madera, proviene de concesio- nes forestales con fines maderables, pero este aumenta a más del 53% cuando se restan los 363 404 m3 rollizos de ENA, pues solo el 2% del total fue ENA en este tipo de TH en 2017. Como resultado del estudio se detalla, primero, el método propuesto y utilizado para deter- minar el Indice (TIi) de tala y comercio ilegal y el porcentaje de ilegalidad (TI%) de madera; de modo que, si se considera necesario, este se pueda replicar para el cálculo de estos indicadores en años posteriores o en otros departamentos del Perú. El segundo es el dato de tala y comercio ilegal de madera en rollo como un: Indice (TIi): + El valor es 1,59 para el volumen de oferta efectiva al que se resta el volumen de extracción no autorizada (ENA). Porcentaje de ilegalidad (TI%), donde se obtuvo: + Resultó en 37% para la parte ilegal en relación con toda la demanda. En el marco del estudio se realizó también un índice por modalidad de acceso al bosque (título habilitante). Los resultados obtenidos presentan distorsiones que requerirán una mayor inves- tigación o estudios posteriores más detallados, ya que el volumen de demanda arrojado por las encuestas fue menor al de la oferta reportada en las GTF, los balances de extracción o las ENA.