Derecho Constitucional Comparado

URÍAS, JOAQUÍN, “El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”, en CASAS BAAMONDE, M. E., y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. (Dirs.), Comentarios a la Constitución española : XXX aniversario, Ed. 1. Fundación Wolters Kluwer. 2008. ISBN 978-84-936812-0-3, Pags. 503-510.

El diseño y la práctica de los referéndums latinoamericanos. Reseña del libro: “El diablo está en los detalles. Referéndum y poder político en América Latina” de Fernando Tuesta Soldevilla y Yanina Welp (coordinadores). Lima, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú

DOI 10.13140/RG.2.1.4084.5682
MARIANO SILVA, Jeferson. (2016), Jurisdição constitucional em Espanha (1981-1992) e Brasil (1988-1997. Tese de doutorado (Ciência política). Rio de Janeiro: IESP-UERJ.
O trabalho apresenta um método de análise descritiva das jurisdições constitucionais, pensado como uma ferramenta que permita ampliar os estudos sobre comportamento judicial comparado e especialmente voltado à análise (a) das circunstâncias históricas particulares em que as jurisdições constitucionais são praticadas; (b) do significado político dos discursos que elas produzem; e (c) dos dissensos e consensos jurisdicionais que as constituem. Os procedimentos metodológicos apresentados são aplicados a dois conjuntos de decisões judiciais: as sentenças prolatadas nos julgamentos de Recursos de Inconstitucionalidade, realizados pelo Tribunal Constitucional de Espanha, entre 1981 e 1992, e as prolatadas nos julgamentos de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, realizados pelo Supremo Tribunal Federal, entre 1988 e 1997. Os resultados decorrentes desses ensaios de aplicação do método inicialmente proposto indicam duas conclusões gerais. De uma parte, é possível distinguir, no comportamento dos juízes constitucionais, divergências consistentemente associadas à natureza política de suas indicações. De outra parte, as clivagens do comportamento judicial, mais ou menos coincidentes com as clivagens políticas presentes no momento de formação das composições dos tribunais constitucionais, não atrelam, necessariamente, o comportamento dos juízes constitucionais às preferências atuais dos atores políticos que os indicaram. Ou seja, as divisões mais gerais do espaço político se propagam no espaço da jurisdição constitucional, porém sofrem, neste último espaço, uma refração, por meio da qual os juízes constitucionais indicados por um grupo político agem, muitas vezes, diversamente dos – e mesmo contrariamente aos – interesses desse grupo.

Este artículo plantea la importancia de la Integración Regional para el Derecho, dentro del contexto de la ‘glocalización’, explorando las características del Derecho de la Integración y del nuevo Ius Commune, principalmente en Europa y en América, presentando un balance
y una perspectiva de los principales propuestas, mecanismos y proyectos de la Integración Americana, desde el siglo XIX hasta nuestros días.

En presente artículo el autor analiza el surgimiento del Estado en su etapa capitalista y las condiciones que lo provocan, transitando desde el feudalismo y la concepción de la desigualdad natural de los individuos, hasta la construcción de la idea política de igualdad de los individuos, como presupuesto para establecer un nuevo sistema de relaciones de poder. El nuevo orden se articula por un centro que distribuye el poder en varias funciones delegadas, a fin de evitar la concentración del poder.

El presente trabajo tiene por objeto el estudio del régimen jurídico del terrorismo, prestando particular atención a las principales resoluciones que han dictado tribunales supremos significativos, en relación con dicho fenómeno, y más concretamente las dictadas tras los atentados de 11 de septiembre de 2001. En una primera parte se alude a las transformaciones legislativas que ha comportado la lucha contra el terrorismo, que pueden sintetizarse en lo que los constitucionalistas han descrito como una normalización del Derecho excepcional o los penalistas han estudiado dentro de la rúbrica "Derecho penal del enemigo".

El presente trabajo tiene por finalidad exponer la importancia que tuvieron las prácticas de los partidos políticos, desde el Congreso Nacional, en la relativización del presidencialismo establecido en la Constitución de 1925. Propondremos una nueva interpretación respecto del carácter de dichas prácticas, logrando identificar tres tipos: prácticas partidistas clásicas, conformadas por la orden y el pase de partido, prácticas partidistas unificadoras del Congreso Nacional y del Presidente de la República, conformadas por las leyes de excepción constitucional y la delegación de facultades legislativas, y prácticas partidistas proclives al Congreso Nacional, integradas por a las leyes misceláneas, las leyes de gracia y las consejerías parlamentarias. Ellas habrían resultado factores claves para morigerar con gran éxito las fuertes prerrogativas presidenciales, hasta mediados del siglo XX chileno.

Resumo
O presente trabalho busca, partindo da análise de duas decisões conflitantes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que retratam a (des)proteção do consumidor que professa a religião denominada Testemunha de Jeová e que, por convicção religiosa, se recusa a ser submetido a tratamentos que envolvam sangue ou hemoderivados, tecer reflexões sobre o princípio da preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, que com outros, rege o Sistema Único de Saúde brasileiro; sobre o direito fundamental á liberdade religiosa; e sobre o fundamento republicano da dignidade humana, em um ambiente de possível aplicação da teoria do dialogo das fontes. 

Palavras-chaves:
liberdade religiosa – direitos fundamentais – políticas públicas – dignidade da pessoa humana – Testemunhas de Jeová

Abstract
This current paper pretend, based on the analysis of two conflicting rulings of the São Paulo State Court of Justice that portray the (un)protection of the consumer who professes the religion called Jehovah's Witness and refuses to be subjected, based on a religious conviction, to treatments involving blood or blood products, to reflect on the principle of preserving people's autonomy in defense of their physical and moral integrity, which, with others, governs the Brazilian Unified Health System, and on human dignity, in an environment of possible application of the theory of source dialogue.

Keywords:
religious freedom – fundamental rights –  public policies – human dignity – Jehovah's Witnesses

De una manera objetiva, puntual y sintética reseñamos el libro: “Lecciones de Derecho Penal-Parte General-Teoría Jurídica del Delito” del doctor Iván Meini. El libro nos presenta la postura del autor, en diversos temas, contrastada con otras ideas y lo más importante: moderniza las clásicas instituciones penales. Queda claro el contenido del libro, sin embargo, de la lectura del mismo el lector encontrará muchos más aspectos, que no son posibles reseñar, es labor de todo académico que le interesa el derecho penal y público en general, descubrirlos.

Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Issa Luna Plá, Javier Martín Reyes y Pedro Salazar Ugarte (México), formulan un planeamiento conjunto. Señalan que las medidas adoptadas por la Secretaría de Salud de México con motivo de la contingencia producida por el COVID-19 pueden afectar algunos derechos fundamentales y sus garantías. Además, subrayan que el Congreso de la Unión dejó de funcionar por decisión de sus propios integrantes, marcando un contaste con otros sistemas constitucionales. Además de la reanudación de las actividades plenas de las dos cámaras del Congreso, proponen varias medidas concretas para hacer frente a la crisis sanitaria para que no se convierta también en una crisis institucional.

En las últimas décadas la protección del medio ambiente y de la multiculturalidad se ha convertido en una de las preocupaciones centrales de los Estados. En nuestro país, la Constitución ha dedicado varios de sus artículos a reconocer la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, así como a promover el uso sostenible de los recursos naturales. Asimismo, el Tribunal Constitucional no ha sido ajeno a esta labor, emitiendo diversos pronunciamientos referidos a la tutela del derecho fundamental al medio ambiente. Por otra parte, el Legislativo, atendiendo a sus obligaciones internacionales, emitió hace unos años la Ley de Consulta Previa y posteriormente su reglamento. Precisamente, el autor, a propósito de su participación en el Encuentro Constitucional por la Tierra organizado por la Corte colombiana, aborda estas materias.

El libro propone que es necesario introducir cambios en el marco normativo (Constitución y leyes), así como en la interpretación y en la jurisprudencia constitucional relativos al estado de emergencia constitucional frente a amenazas de naturaleza política, a fin de sujetar éste a las exigencias del modelo de Estado constitucional y democrático de Derecho.

La investigación revisa los modelos clásicos a nivel mundial: la dictadura romana, la ley marcial inglesa, el estado de sitio francés y los poderes extraordinarios del presidente bajo la República de Weimar. También recurre al método interdisciplinario, al incluir enfoques y consulta de fuentes de historia, ciencia política y ciencias sociales. Elabora, además, dos «Bases de Datos de Decretos Supremos y Resoluciones Supremas relativos a Estados de Emergencia Constitucional», que abarcan dos arcos temporales (años 1980-1992 y 2013-2017), cuyas principales características son analizadas.

Entre los hallazgos más relevantes está que el uso del estado de emergencia en el Perú muestra manifiestas transgresiones del orden constitucional, tales como el no cumplimiento de las causales habilitantes, la violación de los principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad, la ausencia de controles efectivos de naturaleza política y jurisdiccional, entre otros.

La proliferación del uso del estado de excepción constitucional en el mundo, a causa de la pandemia de coronavirus, torna especialmente interesante un libro que revisa los fundamentos teóricos de la Constitución de emergencia, su desarrollo histórico a escala global y su aplicación en la experiencia peruana, en el marco de la articulación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En Domingo García Belaúnde y Jhonny Tupayachi Sotomayor (coords.),
La vacancia por incapacidad moral. Una mirada a la experiencia peruana y comparada
[REIMPRESO por
Instituto Pacífico, Lima, 2018
y
Editorial Olejnik, Santiago de Chile, 2019]

SUMARIO: 1. La "vacancia presidencial" en un sistema presidencialista y en uno parlamentario: el caso de la Monarquía parlamentaria.-2. La vacancia por incapacidad moral en el Derecho Constitucional histórico español.-2.1. La destitución del presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora en 1936.-3. La vacancia por incapacidad moral del jefe del Estado en la Constitución de 1978.-3.1. (Ir)Responsabilidad e inhabilitación del rey.-3.2. La abdicación del rey Juan Carlos I en 2014.-3.2.1. Una abdicación equivocada en el fondo.-3.2.2. Una abdicación errónea en la forma.-3.2.3. ¿Por qué se eligió una ley para formalizar la abdicación?-3.2.4. Las indeseables consecuencias hipotéticas de una forma errónea.-4. La vacancia por incapacidad moral del jefe del gobierno.-4.1. Responsabilidad del presidente del Gobierno.-4.2. La censura al presidente del Gobierno Mariano Rajoy en 2018.-4.2.1. La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la corrupción del Partido Popular.-4.2.2. La sentencia de la Audiencia Nacional como base para la moción de censura.-5. Conclusiones.
Este trabajo reflexiona sobre los problemas de la vacancia por incapacidad moral en la monarquía parlamentaria española. Se parte de la necesaria dife-renciación del problema de la vacancia de la jefatura de Estado y gobierno en un sistema presidencialista y en uno parlamentario (1), tras lo cual se reflexiona sobre la cuestión en el derecho constitucional histórico español (2). Sobre estas bases se reflexiona sobre las posibilidades de exigencia de responsabilidad moral del rey enjuiciando muy críticamente la forma en que se produjo la abdicación del rey Juan Carlos I en 2014 (3). Finalmente, se analiza la cuestión de la exigencia de responsabilidad moral del jefe del Gobierno examinando el caso de la censura contra el presidente Rajoy en 2018 (4).

Este artículo pretende dar cuenta de la manera cómo la Constitución Política de Bolivia (2009) concibe las diversas posibilidades de actuación del Estado en el espacio internacional, así como sus efectos jurídicos con relación al sistema de fuentes boliviano y los roles que ejercen diversos sujetos del quehacer público estatal en tal espacio que es la vez estratégico y complejo.

Descontando los esperables arrestos de entusiasmo en los lapsos que preceden y suceden a los casos de reformas locales, el derecho público provincial ha sido un área ostensiblemente relegada en nuestra doctrina constitucional. Aunque esa devaluación del constitucionalismo local reconoce muchas razones, nos interesa interpelar un fenómeno que actúa en su matriz misma: la paradoja del alto nivel de definición de derechos (casi siempre nominalmente superador de los del nivel federal), malogrados por una escasa relevancia normativa apreciable.
Nótese que nuestro canon proclama que el cúmulo de derechos constitucionales de fuentes nacionales es un “molde jurídico” de código de derechos y poderes dentro del cual “cabe la más grande variedad”,  un “piso mínimo”  a partir del cual el constituyente provincial podía ampliar el repertorio, aumentar su cobertura, articular mayores garantías. Sin embargo, muchas veces se impone una lógica de sucursalización, pensando incluso la incorporación y aplicación de normas y derechos locales a partir de sus supuestos parientes nacionales, rechazando las desviaciones del patrón “conocido”.
De eses modo, la cobertura constitucional federal se transforma rápidamente en “piso y techo”, de lo cual resulta el vaciamiento conceptual de los derechos constitucionales de fuentes provinciales.
Tal como intentaré exponer, estos no serían sino casos puntuales de una práctica más amplia que se inscribe en la “dependencia del camino”. Oona Hathaway ha ahondado en este fenómeno a partir de la obvia conexión que presenta con el stare decisis en el contexto del common law. Una vez que un tribunal toma cierta decisión inicial, es menos costoso continuar por esa senda que cambiar a una diferente. Si la razón inicial de ese seguimiento del camino puede vincularse con una cierta “economía judicial”, la sucesiva repetición de las mismas soluciones provoca una inflexibilidad que tiene altos costos en términos de ineficiencia.

El estudio indaga sobre el origen del delito político como límite para la facultad de indulto presidencial en Panamá, que representa una peculiaridad en el derecho comparado. Para tal motivo, se realiza un estudio histórico, comenzando en el siglo XIX hasta la actualidad, encontrándose dicho origen para el caso del indulto en el ordenamiento colombiano, analizándose la evolución y situación actual de la utilización de dicho concepto.
Se evalúa la frágil evolución del tema, que ha repercutido en la historia nacional de Panamá, como en el caso del fusilamiento de Victoriano Lorenzo a la postre de la Guerra de los Mil Días.
En atención a las diferencias entre el momento histórico en que surge tal regulación y las diferencias entre Colombia y Panamá, se propone eliminar el concepto de delito político del constitucionalismo panameño en materia de indultos.
Sin embargo, se rechaza la tesis de eliminar el indulto del cuadro normativo y, en su lugar, se proponen mecanismos que garanticen una utilización eficaz de esta facultad como vía de control del Órgano Judicial.

Lo que quiero subrayar es que el sistema judicial que nosotros tenemos y el rol del juez dentro de ese sistema judicial fue pensado para atender otro tipo de conflictos, y muchas de las preguntas que intento plantear hoy no tienen que ver justamente con conflictos de tipo individual, con conflictos de tipo privado, sino con conflictos de interés público. Desde esta perspectiva, creo que el rol de los jueces en la actualidad es un rol político, tal vez más político que nunca en la historia. Cuando hablo de rol político, valga la aclaración —aunque creo que es sobreabundante—, no estoy hablando de política partidaria. La palabra política tiene numerosas acepciones, pero básicamente tiene que ver con lo que es la ciencia de la organización del gobierno. Si queremos tener algunas respuestas y empezar a mejorar alguna de las cosas que están pasando con nuestro sistema de administración de justicia, sobre todo en el contexto de estos casos de interés público, tenemos que hacernos cargo de una idea que me parece que es básica y evidente: los jueces están haciendo política. Lo están haciendo a través de sus decisiones. No lo están haciendo como lo hace el Poder Ejecutivo o el Legislativo, sino a través de decisiones tomadas en el contexto de casos, causas o controversias, lo cual —insisto— es su misión esencial y fundamental. Pero también es una función política que no existía cuando esas causas eran puramente individuales, privadas. Pasa a ser una función política cuando esas causas involucran a millones de personas

Introdução
A escolha de Constituições democráticas e rígidas, com catálogo de direitos fundamentais supremos e protegidos contra as maiorias parla-mentares, acarretou um novo modo de interpretar e aplicar o Direito, o que, por sua vez, implicou um aumento da atividade do Poder Judiciá-rio e uma preponderância deste Poder nas decisões políticas do Esta-do. Esta questão é, então, trazida ao centro do debate jurídico e políti-co atual, levando a notáveis consequências no plano da compreensão e da operacionalização da teoria jurídica, que, a seu turno, deve ser re-pensada para dar conta dessa nova realidade. Com exceção dos Estados Unidos, que adotaram o constitucionalismo desde sua origem, vários países vieram a adotar este modelo de Estado em meados ou fim do século XX. Essa mudança pode ser verificada com a adoção de Constituições democráticas por países europeus no pós-Se-gunda Guerra Mundial 1 , como modo de proteger alguns valores essen-ciais para a sociedade (prevalência dos direitos humanos) e limitação das maiorias representadas no Parlamento que se mostraram perigosas no contexto europeu, a exemplo do nazismo alemão e do fascismo italiano. Já nos países da América Latina (incluindo o Brasil) e do Leste Europeu – em que o constitucionalismo foi adotado –, bem como na África do Sul, a opção pelo constitucionalismo se deu com a adoção de regimes democráticos após longo tempo de governos ditatoriais. É cer-to que a maioria dos países já havia adotado Constituições anterior-mente, mas estas eram apenas documentos políticos, sem serem dota-das de força normativa. A ideia de constitucionalismo que se propõe não é a de adoção de uma Constituição apenas do ponto de vista formal , mas Constituição com catálogo de direitos fundamentais como limites às maiorias 2 .

El Derecho global constituye, por sí solo, un auténtico ordenamiento jurídico y no se agota en un puñado de principios morales que pretenden guiar la conducta de los pueblos. Es, por supuesto, un ordenamiento sui generis, complementario de los existentes, abierto, fundado en la persona, con una norma de reconocimiento competencial basada en un principio multisecularmente democrático, liberal: “lo que afecta a todos, debe ser aprobado por todos”, y no sólo por un grupo de países poderosos o una gran potencia que logra intimidar a las demás merced a su capacidad nuclear.

INDICE

1. Introducción
2. La prehistoria: supuestos de hecho siempre distintos, salvo en materia fiscal (1995-2005)
3. Los inicios: control de distinciones arbitrarias, test de proporcionalidad y diferenciación de intensidades (2005-2010)
4. La consolidación del escrutinio estricto (2010-2015)
a) Cuestiones generales sobre aplicación de escrutinio estricto u ordinario b) Orientación sexual / identidad de género: escrutinio estricto que sí se aplica
c) Estado marital: escrutinio estricto que no se aplica
d) Edad: sospechosa, con escrutinio de intensidad variable e) Discapacidad: no discriminación como autonomía y combate de estereotipos
5. La aparición de la discriminación indirecta (2015-2020)
6. Otras cuestiones: perspectiva de género, acoso y violencia
7. Esperando a la igualdad estructural
8. Conclusiones

Este artículo analiza la constitucionalización de la víctima y su derecho a defensa jurídica. Ello porque tras cada delito existe una vulneración a un derecho fundamental que debe ser protegido por un órgano del Estado especializado. Esa regulación debe ser hecha por ley, la cual se encuentra archivada. Aquella omisión del legislador es inconstitucional, por ende, este trabajo plantea tres propuestas de mejora basadas en el caso español para la creación del estatuto de las víctimas en Chile.

En épocas de crisis económicas suele observarse un fenómeno común, que se da en diferentes ordenamientos jurídicos, consistente en el desplazamiento de la ley aprobada por el Legislativo frente al uso masivo del decreto-ley emanado del Ejecutivo. La cuestión más problemática que ha suscitado la figura del decreto-ley es la referente al control jurisdiccional del requisito constitucional que habilita al Gobierno a dictar este tipo de disposiciones normativas, esto es, la “extraordinaria y urgente necesidad”.
El libro examina, de forma sistemática, la situación de la legislación de urgencia en el ordenamiento jurídico español a la luz de cuarenta años de experiencia constitucional en esta materia. La obra constituye un esfuerzo para explicar los rasgos configuradores del decreto-ley, los problemas suscitados en la práctica y la respuesta dada por el Tribunal Constitucional español.
El principal mérito de la obra consiste en ofrecer un análisis exhaustivo y minucioso sobre un problema relevante que ha ocupado y preocupado a la doctrina española en los últimos años en el contexto de la crisis económica. Constituye un estudio serio y riguroso en el que el autor se ocupa de forma detallada, bien documentada y sólidamente argumentada de la problemática abordada.