Alfredo Espinosa

El pasado 3 de diciembre los asambleístas del movimiento Alianza País demostraron una vez más que no dan la talla para ser representantes de los ciudadanos. ¿Qué legitimidad pueden tener quienes avalan la censura nacional y aprueban sin consultar a sus electores un paquete de enmiendas para amoldar la Constitución a los intereses del Presidente Correa y su movimiento? Con la aprobación de las primeras enmiendas, no solo se golpea a los trabajadores del país amparados en el Código del Trabajo, quienes perdieron el beneficio de la contratación colectiva, puntal que garantizó la sindicalización en el país; sino también a la Contraloría del Estado, que pasó de ser un ente de control en las auditorías de gestión de las entidades y organismos del sector público, a un mero espectador de ellas.

Según señala Patricia Villegas, presidenta del canal multiestatal TeleSUR, este medio de comunicación, que cumplió su décimo aniversario en julio de 2015, le permite a la región contar sus historias de otra manera; lo que no mencionó en la entrevista realizada por Gerardo Szalkowicz y publicada en Rebelión, es si estas historias o hechos noticiosos solo representan la versión oficial de los gobiernos neo-extractivistas, neo-desarrollistas y post-neoliberales (autodenominados “progresistas”) o también la de sus ciudadanos.

Algunos actores sociales y políticos, militantes e intelectuales orgánicos del régimen reclaman sobre el uso desproporcionado de la violencia, supuestamente ejercido por los manifestantes; cuando en realidad estos fueron perseguidos en las calles del Centro Histórico por la caballería policial que disparó gases lacrimógenos e intentó cercar en más de una ocasión a quienes nos encontrábamos en la Plaza de San Francisco.

La decisión gubernamental de desalojar a la Conaie de su sede es un intento por completar el ciclo de violencia que se inició en la época de la conquista y colonización española. Por ello, la acción del Gobierno de Correa va más allá del etnocidio y genocidio, lo que busca es la muerte simbólica del movimiento indígena, ya que el concepto de unidad en la diversidad fue defenestrado por la praxis esquizoide del gobernante que institucionalizó la intimidación, bajo el amparo de la ley, como política de Estado.

Quizás las denuncias de estos perseguidos políticos sobre los hechos ocurridos el 30s, así como las de los estudiantes detenidos de los colegios Montufar y Mejía, que manifestaron haber sido torturados en la cárcel, tengan que esperar varios años para que se lleguen a esclarecer en otro Gobierno, como ocurrió con los exintegrantes de Alfaro Vive Carajo (AVC) quienes fueron torturados en el mandato de León Febres-Cordero.

Si bien es cierto, la frontera entre el entretenimiento y la burda reproducción de estereotipos que naturaliza la agresión verbal, la discriminación étnica y sexual, y el machismo es corta. El escaso conocimiento de los ciudadanos sobre la Ley de Comunicación y su reglamento, por fuera de la parafernalia política del gobierno y sus aliados estratégicos, originó que sean grupos afines al movimiento Alianza País (AP) y al Gobierno del Presidente Correa quienes denuncien los contenidos violentos, discriminatorios y sexualmente explícitos de los medios, y no los lectores y televidentes de esos programas.

...si el MPD es borrado del padrón electoral, tiene la oportunidad histórica de re-pensarse como organización política. De esta manera, podrá demostrar a la ciudadanía, a su electorado, a los movimientos de izquierda de otras tendencias, y a sus viejos y jóvenes militantes, que su existencia está lejos de ser dirimida por un grupo de solapados voceros del gobierno y, por ende, lejos de menguar su presencia en las calles se mantendrá. Pero también es la ocasión propicia para virar la página de aquel pasado oprobioso que exalta la figura genocida de Stalin y la intolerancia política, que en Ecuador se visibiliza- todavía- en ciertas universidades donde la oposición de izquierda sucumbe ante los fraudes electorales y el amedrentamiento de quienes defienden la teoría del partido único de izquierda

Desde el poder, el gobierno tiene claro el guion para estructurar sus discursos. Por ello, el notorio acercamiento entre el sujeto hablante (el Presidente) y los oyentes (ciudadanos), a través de mensajes que – por su carácter maniqueo – posicionan la imagen de un Presidente contrario a la derecha y crítico de la “izquierda infantil” y que se muestra amigo de los sectores populares. De esta manera, los mensajes que utiliza Correa ponen de manifiesto un universo común entre este y los ciudadanos: la “recuperación de la patria” (que “estaba” en manos de la burguesía) para los más necesitados. Desde esta óptica, el lenguaje es un mecanismo creador de “evidencias”.

...la relación Sarayaku/Estado está marcada por tres momentos: el primero inicia a mediados de los 90 hasta los primeros años del 2000 y se caracteriza por el uso de la coerción y la violencia de la transnacional CGC, con el aval del Estado, contra la comunidad Sarayaku; un segundo momento que arranca luego de la primera década del 2000 y que tiene su clímax en 2013, se caracteriza por el des-conocimiento del Estado, in situ, de la realidad del otro (el pueblo Sarayaku), visto como diferente e inferior desde la lógica del Gobierno de turno; un tercer momento manifiesta el uso simbólico del amedrentamiento, por parte del Estado, a través del Gobierno del Presidente Correa para mantener vigente- en la memoria histórica de la población- la imagen de la coerción y la violencia que se vivió a mediados de los noventa y la primera década del 2000.

En el Congreso que realizó el movimiento de gobierno en Esmeraldas el pasado 1 de mayo, quedó en evidencia, en primer lugar, que Alianza País no está compuesto por militantes orgánicos y simpatizantes, sino más bien por los rezagos de las masas no auto-representables , es decir, por ciudadanos que no tenían la capacidad de representarse por sí mismos ni de sentirse representados por los gobiernos anteriores.

...por fuera de los torcidos argumentos legalistas, cabe preguntar ¿está normado en la Ley y su Reglamento el espacio que deben otorgar los medios impresos y audiovisuales al Presidente? ¿Acaso las cadenas nacionales, costosas y en amplia duración, no son las encargadas de informar a lujo de detalle sobre las actividades del Mandatario? ¿Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, deben informar o hacer propaganda política con la figura del Presidente? Los medios públicos ya hacen esto, y lo complementan con el trabajo que realizan los medios gubernamentales como El ciudadano, en cualquiera de sus formatos: impreso, radial o televisivo.

...si en la época de la inversión extranjera el Estado entregó simbólicamente a las transnacionales su capacidad para reprimir y hacer uso de la violencia. Con la Revolución Ciudadana, el Estado recuperó su facultad innata para perseguir y reprimir a las voces disidentes constituidas desde la periferia, a través de la coerción ejercida por sus fuerzas represoras (Fuerzas Armadas y Policía Nacional).  Ahora, Intag sigue en pie de lucha…

La presencia de centenares de jóvenes protestando
espontáneamente contra la explotación del Yasuní es una
muestra de que el gobierno sobrevaloró su capacidad de
control hacia un actor político al que creía dominado a través
de los gremios estudiantiles de las universidades públicas
del país. Frente a esa juventud burocratizada, convertida
beneplácitamente en masa de maniobra por sus constantes participaciones electorales y prebendas que desvirtuaron
cualquier viso de cambio frente al modelo stalinista, garroteril
y violentista que dominaba las universidades públicas, se
contrapone la construcción de la juventud como un sujeto
político y social autónomo de las instituciones gubernamentales
y del partido de gobierno.

...la presencia de los Yasunidos en el escenario político del 2014, sobre todo, después de la entrega de firmas al Consejo Nacional Electoral para que convoque a Consulta Popular y evitar la explotación del Yasuní, pone de manifiesto dos consideraciones: En primer lugar, la movilización del pasado 12 de abril permitió la re-apropiación de los espacios simbólicos de lucha y socialización de la izquierda, como el parque de El Arbolito y la misma calle, donde no solo se genera la opinión pública, sino también, a través del activismo y las movilizaciones, se expresa un tipo distinto de participación ciudadana ligada al proceso de construcción del sujeto político . Ambos espacios públicos permitieron el re-encuentro entre los ciudadanos, los movimientos, y las organizaciones sociales.

Un segundo aspecto gira en torno a la siguiente premisa: si en los 90 – como mencionaba Erika Silva – se dio el paso de la centralidad del movimiento obrero al indígena, en la segunda década del siglo XXI, esta centralidad se traslada a las organizaciones sociales y grupos de activistas- en su mayoría integrados por jóvenes sin militancia política- cuyos discursos plantean la defensa de la naturaleza y el respeto de sus derechos consagrados en la Constitución, por fuera del modelo primario exportador rentista del Estado y los intereses de las transnacionales petroleras y mineras.

Con la posesión de los nuevos ministros de Estado y los “cambios estratégicos” que realizó el Gobierno, la tarea de la Secretaría de Gestión Política será ardua, ya que intentará compactar nuevamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados con las políticas del Gobierno Central para que derrotas políticas y electorales como las del 23 de febrero pasado no se repitan.

En el llamado del asambleísta de Alianza PAÍS, Virgilio Hernández, para que el Presidente Correa perdone a Cléver Jiménez, asambleísta del movimiento Pachacutik, por supuestas injurias al Mandatario, hay que destacar algunos elementos clave. Entre ellos, el intento de Hernández por marcar distancias con el Presidente que se sustenta en los resultados que arrojó el proceso electoral del pasado 23 de febrero de 2014,