Procesos colectivos

Este trabajo busca introducir a las lectoras en el conocimiento de los principales institutos procesales necesarios para tramitar, resolver y eventualmente implementar las decisiones judiciales tomadas en el contexto de procesos colectivos y acciones de clase. Asimismo, presenta algunos de los problemas, interrogantes e implicancias de orden político, social y económico que genera el corrimiento del ámbito de debate de cuestiones colectivas hacia el seno del poder judicial.

Como principal clave de lectura les proponemos partir de una premisa fundamental: la enorme magnitud y el tipo de conflictos que se están discutiendo, papel va, papel viene, dentro del poder judicial. Sobre todo, ante los superiores tribunales de justicia de nuestros países.

Solo en Argentina, desde donde escribo, en los últimos 10 años el poder judicial federal y las jurisdicciones locales han dictado resoluciones y sentencias de diverso tipo (cautelares y de mérito) en el marco de procesos donde se debate, por ejemplo, el modo de facturar en el mercado de teléfonía móvil, la cartelización de empresas de distintos rubros, el acceso voluntario a la interrupción del embarazo y la impugnación de la ley que lo autoriza, las condiciones de detención de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios y diversos derechos fundamentales que les asisten (educación, requisas dignas, beneficios de la seguridad social, salario por el trabajo realizado, prisiones domiciliarias para embarazadas y madres con niñas pequeñas), las condiciones de internación en establecimientos neuropsiquiátricos, la defensa de sitios de memoria del genocidio argentino, situaciones de contaminación por explotación minera en zonas prohibidas, recuperación de espacios culturales y del patrimonio histórico, el trato digno que deben aplicar las entidades bancarias a sus clientes, la protección de patrimonio paleontológico, los límites de tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito, la validez constitucional del blanqueo de capitales por parte de familiares de funcionarias y funcionarios públicos, la comisión que pagan inquilinos e inquilinas para acceder a una vivienda familiar, diversas prácticas ilícitas de mutuales y obras sociales (aumentos indebidos, bajas indebidas, cobros en exceso), la legalidad y razonabilidad de los cuadros tarifarios de servicios públicos esenciales (gas, luz, agua, telefonía), el pago de impuesto a las ganancias integrantes del poder judicial, situaciones de riesgo y daño ambiental por actividades de diversa índole (industrias, desmontes, represas, aplicación de agrotóxicos, obras de infraestructura vial), cargos y comisiones cobradas indebidamente por entidades bancarias, financieras y otras prestamistas, cláusulas contractuales abusivas de todo tipo y color, impuestos tasas y contribuciones que se consideran inconstitucionales, daños por productos elaborados (automotores, protectores solares), derechos de usuarios de servicios de turismo, restricciones de derechos en el contexto de la pandemia de Covid-19, condiciones edilicias de ciertos tribunales, la validez del empréstito contraído por Argentina con el FMI en 2018, el acceso a medicamentos para ciertas enfermedades, la falta de vacantes en las escuelas públicas, y el régimen de derechos y obligaciones de personas migrantes, entre muchas otras cuestiones.

Como podrán advertir, hablamos de conflictos que involucran a cientos de miles, millones y hasta decenas de millones de personas afectadas de manera homogénea en sus derechos, o en riesgo de serlo.

Conflictos que, en nuestra región, se desarrollan en el contexto de marcos convencionales y constitucionales que exigen proteger de manera preferente ciertos bienes y derechos, por un lado, y ciertos grupos de personas que han sido tradicionalmente relegadas o débilmente protegidas, por el otro.

Marcos constitucionales que, además, en diversos supuestos reconocen expresamente el derecho de acceso colectivo a la justicia (como Argentina, Brasil y Colombia), y tribunales que lo han hecho operativo a pesar de su falta de regulación adecuada (adecuación que, por la entidad de los conflictos, debería ser estricta).

Frente a este tipo de conflictos y de marcos convencionales y constitucionales, claramente diferentes a los que se tuvieron en cuenta para diagramar nuestras herramientas procesales tradicionales, resulta imprescindible revisar y repensar diversas técnicas y nociones conceptuales clásicas para adaptarlas a clave colectiva.

Nuestro trabajo aborda la institución de la legitimación activa en el examen de admisibilidad en los procesos colectivos de consumidores al amparo de la Ley Nº 19.496, vislumbrando los criterios que las Cortes han tenido para hacer dicho examen. El estudio incorpora doctrina nacional e internacional relativa a los procesos colectivos. Daremos especial énfasis a legitimación activa que la ley regula en los procesos colectivos, estudiando sus requisitos y efectos. Finalmente se harán ciertas reflexiones constitucionales relativas a los procesos colectivos, y particularmente respecto a la legitimación activa de la Ley Nº 19.496.

En la presente investigación se analiza la forma de crecimiento en la ciudad de Mérida, Yucatán en el periodo de 2000 a 2010 y como se relaciona con los colectivos migrantes. Se usa la concepción “lacaniana” para construir a los sujetos y colectivos. Postula que los colectivos migrantes solo acentúan los agravios del crecimiento de una ciudad. Se usa la regresión lineal para predecir tendencia entre las variables correlacionadas (marginación y crecimiento). Propone crear una base productiva sólida, dejar la especulación de la tierra que solo condena las acciones futuras (créditos, bonos, etc.) y apostar por una producción autosustentable para la ciudad.

As ações coletivas têm como pontos sensíveis a discussão acerca da legitimidade e da coisa julgada. O presente estudo tem por escopo a análise desta última, em que o debate se justifica porque a coisa julgada reflete as consequências do processo no mundo real. A coisa julgada nas demandas coletivas teve sua extensão ampliada para operar-se erga omnes ou ultra partes (redação original do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 e art. 103 da Lei n. 8.078/1990), objetivando evitar a multiplicação de demandas com o mesmo pedido e causa de pedir e a existência de decisões conflitantes. Ocorre que a Lei n. 9.494/1997, até hoje em vigor, alterou o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985) para limitar a coisa julgada à competência territorial do órgão prolator. A partir de então, surgiram grandes celeumas na doutrina e na jurisprudência pátria quanto à constitucionalidade, eficácia e aplicabilidade desta alteração, que ainda não foram definitivamente dirimidas. Diante desse cenário, são feitas considerações críticas, mediante emprego do método dedutivo, acerca da limitação da coisa julgada pela competência territorial do órgão prolator da decisão, que permitem concluir pela sua incompatibilidade com o microssistema processual coletivo e, também, que ela representa barreira ao acesso à justiça.

This article is based on the general report on the Americas for the I International Conference of the International Procedure Law Association and the Ibero-American Procedure Law Institute and the XXIII Ibero-American Conference on Procedure Law, Colloquium of the International Procedure Law Association, which was held June 6-9, 2012 in Buenos Aires.

En este trabajo realizaremos una primera lectura de la regulación sobre procesos colectivos de consumo establecida en el cap. 4 del Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo (en adelante, “el Código” ) sancionado el 11 de marzo de 2021 como Anexo A de la ley 6407 de la Ciudad de Buenos Aires.

Según veremos, se trata de una normativa que significa importantes avances en términos de previsibilidad, acceso a la justicia y debido proceso colectivo, aunque también contempla previsiones que configuran un retroceso para esos mismos derechos y garantías y que plantean cuestiones problemáticas en términos constitucionales.

Esta regulación viene a determinar las reglas procesales que deben aplicarse en el fuero especial creado por el art. 41 de la ley 26.993, conforme surge de lo dispuesto por el art. 5º del Código: “La Justicia en las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para conocer: (...) 3. En los procesos colectivos que involucren relaciones de consumo descritas en el inc. 1º de presente”.

El cap. 4 se ocupa de regular legitimación colectiva, beneficio de gratuidad, mediación pre(judicial, requisitos de admisibilidad, adecuada representación, objeto de los procesos colectivos de consumo, trámite, notificaciones, contenido de la sentencia, cosa juzgada colectiva, destino de las indemnizaciones y transacción.

Como puede advertirse, la sola lectura de los institutos procesales abordados confirma un claro avance en comparación con las escasas normas contempladas actualmente en la ley 24.240 y modificatorias (en adelante, “LDC”). Al mismo tiempo, evidencia que numerosas cuestiones de relevancia para el trámite de este tipo de procesos han quedado sin tratamiento expreso. Entre ellas, y entre otras, pueden destacarse los poderes de gestión del jueces y juezas en este contexto de enjuiciamiento, las medidas cautelares, la intervención de terceros e integrantes del grupo representado, los amigos y amigas del tribunal, la vinculación entre procesos colectivos, y la vinculación entre procesos individuales y procesos colectivos.

En los desarrollos que siguen nos ocuparemos de analizar el modo en que han sido diagramadas las cuestiones efectivamente reguladas en el Código, identificando sus bondades y posibles problemas. Asimismo, aportaremos algunos desarrollos conceptuales y de derecho comparado que permitan poner los temas en contexto y colaborar en el entendimiento, interpretación y aplicación del Código.

Además de la evidente relevancia del tema de fondo en discusión, la sentencia que comentamos reviste interés desde una perspectiva procesal. Ello así porque contiene una interpretación del tribunal sobre la “regla de prevención”, establecida en el segundo párrafo del art. 3 (y en el tercer párrafo del art. 8, agregamos) de la Ley de Amparo N°13.928 y modificatorias.

En las líneas que siguen, analizaremos en primer lugar el contexto procesal en que fue dictada la sentencia. Luego señalaremos lo común que es la existencia de procesos colectivos paralelos y superpuestos frente a riesgos o violaciones masivas de derecho, aportando algunas lecturas de la doctrina sobre la materia.

En tercer lugar, presentaremos un breve repaso del marco normativo y jurisprudencial que gobierna la competencia por prevención a nivel nacional y local.  Y sobre este piso de marcha, procederemos a analizar los argumentos que expuso el tribunal para fundar su decisión.

Finalmente, con todo esto en mente y a modo de cierre, me propongo llamar la atención sobre dos cosas.

La primera es la conveniencia de modificar el reglamento del “Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva”, aprobado por Acordada SCBA Nº 3.660 (modificada por el Acuerdo SCBA N° 3721/14), a fin de establecer con claridad que la competencia por prevención en procesos colectivos tiene por fundamento la anotación de la resolución de admisibilidad del amparo colectivo en dicho Registro.

La segunda de ellas es que, aun en el marco de poca claridad que establece la normativa vigente en este campo, correspondía aplicar dicho criterio en este caso. O bien, a todo evento, la regla supletoria del art. 189 del CPCC.

Traducción al español del trabajo de Chayes, Abram “The Role of the Judge in Public Law Litigation”, 89 Harv. L. Rev. 1281 (1975-1976)    ///     
EL ROL DEL JUEZ EN EL LITIGIO DE INTERES PÚBLICO
Abram Chayes


Traducción al español de Olivia Minatta y Francisco Verbic


Tradicionalmente los procesos judiciales fueron entendidos como un modo de resolver conflictos entre aquellos particulares que no hubieran podido llegar a un acuerdo por sí mismos. En este artículo, el Profesor Chayes sostiene que esa concepción del proceso judicial no da cuenta de mucho de lo que está sucediendo actualmente en los tribunales federales. Los litigios civiles involucran, cada vez en mayor medida, la necesidad de resolver cuestiones de interés público de base legal o constitucional, y frecuentemente culminan con una sentencia  prospectiva. El litigio no se enfoca en las implicancias de justicia que puedan derivarse de la interacción entre las partes, sino en la aplicación de una determinada política regulatoria a la cuestión de que se trate. El pleito no solamente clarifica el significado del derecho, remitiendo a las partes para que resuelvan privadamente sus asuntos, sino que también establece por sí mismo un régimen a fin de ordenar la futura interacción de las partes y de los ausentes, sujetándolos a una continua supervisión judicial. Dicho rol de los tribunales, y de los jueces, no tiene precedentes y conlleva serias preocupaciones en torno a su legitimidad. A pesar de ello, la conclusión preliminar del Profesor Chayes es que la intervención de los jueces en litigios de interés público es viable, e incluso resulta inevitable si se quiere hacer justicia en una sociedad cada vez más regulada

En este artículo se intenta contribuir a la comprensión
de los colectivos mediáticos siguiendo la línea de trabajo
iniciada por Eliseo Verón y continuada por Mario
Carlón. En primera instancia, se sintetizan las propiedades
con que Verón caracterizó a los colectivos mediáticos
diferenciándolos de otros tipos de colectivos.
Luego, se trabaja en la apropiación del concepto que
hizo Carlón al ocuparse del nuevo sistema mediático.
Finalmente, se distinguen algunas cualidades de los
colectivos hipermediáticos halladas en las investigaciones
realizadas sobre los youtubers y lo risible en las
redes. Entre ellas se destacan la individuación de los
integrantes del colectivo y una interacción entre ellos
y el enunciador de la cuenta factible de ser planteada
como un sistema de producción discursiva.
PALABRAS CLAVE: colectivo, hipermediatización, redes
sociales mediáticas, circulación, Verón.
ABSTRACT
In this paper we try to contribute to the understanding
of the media collectives following the work initiated by
Eliseo Verón and continued by Mario Carlón. In the
first instance, we synthesized the properties with which
Verón characterized the media collectives differentiating
them from other types of collectives. Then, we
go into the appropriation of the concept that Carlón
did when dealing with the new media system. And, finally,
we made our contribution distinguishing some
qualities of hypermedia groups found in research on
youtubers and the laughable in the networks. Among
them we stand out the individuation of the members
of the collective and an interaction between them and
the enunciator of the account that can be proposed as a
discursive production system.

El 03/08/2020 la Inspección General de Justicia (IGJ) dictó la Resolución General N° 34/2020, luego modificada por su similar N° 35/2020.  En lo sustancial, estos actos administrativos de alcance general establecieron una medida de acción positiva a favor de las mujeres en los términos del art. 75 inc. 23 de la CN, consistente en la imposición de un deber de respetar la paridad de género en la integración de los órganos de administración y fiscalización de sociedades, fundaciones, asociaciones y simples asociaciones.

Ambas Resoluciones fueron apeladas por diversas empresas. Luego del rechazo en sede administrativa, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (en adelante “la Sala C”) decidió primero hacer lugar a la queja y luego a la apelación. Como consecuencia de ello, en la parte dispositiva de esta última sentencia resolvió “dejar sin efecto las resoluciones apeladas”. 

El objetivo de este trabajo no es analizar la cuestión de fondo allí debatida ni los fundamentos desarrollados por el tribunal para motivar su decisión.  Nos interesa, en cambio, abordar dos aspectos procesales del caso que involucran, además, cuestiones de debido proceso, participación ciudadana y relaciones de poder entre distintos fueros del Poder Judicial y entre distintos Poderes del Estado.

El primero de ellos es el problema que supone la tramitación individual del caso cuando su objeto involucra un análisis de validez y/o constitucionalidad de políticas públicas, presentado ante el Poder Judicial en el marco de una pretensión de carácter indivisible (cuya decisión favorable a las apelantes generó, en este caso puntual, una situación de indefensión del grupo de personas al cual se dirige la medida de acción positiva tomada en la Resolución IGJ N° 34/2020).

El segundo aspecto que analizaremos es la particular situación en que se encuentra el caso debido a múltiples conflictos de competencia que han ido surgiendo a lo largo de su trámite. Conflictos que involucran deslindes de poder entre fueros del Poder Judicial y entre este departamento de Estado y la Administración Pública.

A modo de cierre, sostendremos que, como consecuencia de tales conflictos de competencia, la tramitación del caso por vía del proceso colectivo es todavía una alternativa vigente. Una alternativa sobre la cual consideramos sería necesario avanzar, ya que permitiría garantizar una discusión pública, abierta y participativa sobre la medida de acción positiva implementada por la IGJ en los actos impugnados.

Revisión de cómo las denominadas Class Actions anglosajonas pasaron a ser el antecedente histórico de lo que hoy se conoce como Procesos Colectivos, su evolución hasta la actual Regla Federal 23 y su salto a Sudamérica proveniente desde Europa y no desde Estados Unidos como podría creerse.

El 24 de febrero de 2019 se cumplen 10 años del precedente “Halabi”, la sentencia que
significó un punto de inflexión en el campo de la defensa colectiva de derechos en sede judicial en Argentina.

El cambio se produjo principalmente porque en esta sentencia la Corte Suprema
reconoció a los “derechos individuales homogéneos” como un género de los “derechos de incidencia colectiva” del art. 43 CN y, por tanto, como posible objeto de tutela a través de procesos colectivos.

En consonancia con ello, la Corte redefinió el concepto de “causa o controversia”
(elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial en los términos del art. 116 CN), señalando que su configuración es diferente de acuerdo con el tipo de derechos que se pretenda defender (individuales, colectivos o individuales homogéneos). De este modo el tribunal amplió drásticamente el poder del Poder Judicial, ya que el nuevo enfoque sobre los alcances de su competencia permitió a los jueces intervenir desde entonces en muchos conflictos que antes eran rechazados por el sistema, fundamentalmente por considerarse que debían ser tratados por los otros poderes del Estado (por ser colectivos).

Sobre estas premisas, al igual que en 1957 cuando mediante “Siri” dio nacimiento al
amparo para la tutela de derechos individuales, al dictar sentencia en “Halabi” el tribunal sostuvo que el art. 43 de la CN es “claramente operativo” y que “es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular”.

Con esta decisión la CSJN puso fin a la discusión sobre los alcances del art. 55, LDC. Una discusión repetida, con matices, en prácticamente todos los casos colectivos promovidos por asociaciones de defensa del consumidor y que, incluso hasta el día de la fecha (y a pesar del precedente en comentario) cuenta con criterios jurisprudenciales discrepantes en distintos juzgados y cámaras de apelación nacionales, federales y provinciales, así como en diferentes superiores tribunales locales.

Asimismo, entendemos que también puso fin a la discusión sobre los alcances del art. 53, LDC, que gobierna la misma cuestión en el campo de los procesos individuales de consumo. No podemos desprender otra conclusión de los términos en que, según vimos, el tribunal expuso sus argumentos para determinar el alcance amplio del beneficio de justicia gratuita.

Cuando uno piensa en notificaciones o publicidad de un proceso judicial, rápidamente imagina edictos, cédulas y registros de juicios universales, así como otras modalidades tradicionales de comunicación e información hacia las partes y la comunidad sobre la existencia y avances del trámite. Las cédulas son costosas y de complicado trámite, los registros de juicios universales se encuentran muy lejos de la comunidad, y muy poca gente desayuna leyendo los edictos del diario (mucho menos los del Boletín Oficial). A pesar de todo ello, los abogados nos hemos puesto de acuerdo en que estas modalidades de comunicación son aptas para permitir que la discusión procesal avance y también para resguardar los derechos de las partes y terceros con interés en el conflicto a resolver. Hemos aprendido a convivir con ellas sin cuestionarlas demasiado, y de hecho las experiencias recientes que buscan utilizar (y utilizan) la informática para mejorar nuestras comunicaciones han sido resistidas por grandes sectores de la comunidad jurídica. Si esta falta de modernización en el modo de comunicarnos en el marco del proceso es cuanto menos delicada en el campo de los procesos individuales, en el contexto de casos colectivos asume, lisa y llanamente, un carácter peligroso. Peligroso para los miembros del grupo representados por el legitimado colectivo, peligroso para la efectividad de la solución dictada por la eventual sentencia a dictarse y peligroso para la legitimidad del sistema frente a la sociedad.  Sucede que, y esto debe ser bien subrayado, la publicidad del proceso y las notificaciones dirigidas a los miembros del grupo adquieren en el campo colectivo un carácter verdaderamente fundamental para garantizar un debido proceso legal y, en ciertos casos, el derecho de autonomía individual de grandes números de personas que, en atención a la estructura de nuestros procesos de tutela colectiva (procesos colectivos representativos), no están presentes en el debate.  Asimismo, un adecuado sistema de publicidad y notificaciones resulta esencial para que la sentencia colectiva pueda desactivar el conflicto definitivamente, sin dejar abiertos flancos de ataque fundados en la falta de respeto a las señaladas garantías.  Por último, una debida publicidad y un sistema razonable de notificaciones también resultan de gran trascendencia para dotar de legitimidad al sistema de tutela colectiva frente a la sociedad. Lo sucedido en torno a diversos acuerdos colectivos celebrados en el fuero nacional en lo comercial (luego profundamente modificados o anulados por los tribunales), donde la única publicidad pactada entre las partes fue a través de edictos, es muestra significativa de ello.

La presente articulación de Principios persigue identificar buenos proce-dimientos para gestionar procesos colectivos. En particular, busca identifi-car técnicas que promueven la eficiencia y eficacia de los procesos colectivos como herramientas para hacer respetar las leyes vigentes. A menudo, esto significa evitar el cumplimiento deficiente derivado de la falta de incentivos adecuados, pero también puede significar evitar los excesos de sobrepro-tección generados en este campo por los remedios colectivos. La decisión de permitir la colectivización del reclamo puede ser crucial para el futuro del proceso. Sin colectivización, la justicia puede ser imposible de alcanzar. Colectivizado el reclamo, los intereses y riesgos derivados del litigio pue-den cambiar de manera significativa. Este proyecto busca ayudar a jueces, legisladores y otros operadores a tomar decisiones correctas con relación a tal colectivización. También busca mejorar la gestión judicial de los casos colectivos. Si bien este proyecto no pretende proveer un código compren-sivo que abarque todos los aspectos de los procesos colectivos, su objetivo es proveer un marco para una recomendada reforma del derecho en este campo y proveer también algún lenguaje adecuado para ser incluido en le- yes o reglas. La audiencia de este proyecto incluye jueces, legisladores, otros creadores de reglas (tales como las asociaciones de abogados estatales y sus comisiones consultivas), investigadores, y otros sujetos con control sobre o interés en el litigio civil. Debido a que las acciones de clase y otros dispositi-vos de colectivización de disputas también están siendo desarrollados fuera de los Estados Unidos, la audiencia puede incluir jueces, legisladores y aca-démicos extranjeros.

En este trabajo comentaremos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el expediente “X., B. c. Dirección nacional de Migraciones Delegación Córdoba s/recurso directo a juzgado” (Competencia FCB 38991/2018/CA2-CS1), donde el máximo tribunal (con remisión a los fundamentos del dictamen del Procurador General) realizó precisiones de relevancia para determinar cómo resolver situaciones de vinculación entre procesos individuales y procesos colectivos donde se discuten las mismas cuestiones.

En primer lugar, ubicaremos el tema en contexto y desarrollaremos algunas precisiones conceptuales para explicar por qué esta vinculación entre procesos individuales y colectivos es un fenómeno común y creciente en nuestro país (apartado II). Luego abordaremos algunos antecedentes jurisprudenciales para mostrar el tipo de problemas que provoca esa vinculación y la existencia de criterios contradictorios de decisión al respecto (apartado III).

En tercer lugar, trabajaremos sobre los antecedentes del caso en comentario para identificar el conflicto, entender qué se discutía y conocer cómo el caso llegó a la CSJN (apartado IV). Sobre ese piso de marcha, analizaremos la sentencia de la CSJN para identificar cuál es la interpretación que estableció el tribunal en la materia, además de agregar otros argumentos que sostienen el acierto de la solución finalmente adoptada (apartado V).

Presentaremos también algunos ejemplos de cómo la cuestión se encuentra regulada en diversos proyectos de ley sobre procesos colectivos que tramitan en nuestro país (apartado VI), así como los contornos del tema en el derecho brasileño, fuente directa en la materia (VII). Finalmente, a modo de cierre, insistiremos en la necesidad de regular la cuestión para evitar situaciones de indefensión y de violación al derecho a ser juzgados en plazo razonable (apartado VIII).

El presente capitulo expone algunas recomendaciones respecto a dispositivos y procesos que, sustentados en teorías e investigaciones antecedentes, coadyuvan a la construcción de una identidad genuina y asumida. Para lograr la finalidad antes citada, se estructura el artículo en los siguientes apartados: la conceptualización de la identidad desde la psicología humanista- culturalista, y del interaccionismo simbólico, la importancia del logro de una identidad genuina, dispositivos que favorecen y obstaculizan la construcción de la identidad. Por último, los tipos de procesos y dispositivos que permitan una intervención pertinente para favorecer el logro de la identidad.

The paper presents an overview of Federal Civil Procedure in Argentina, analyzing its historical and cultural influences as well as current trends. Firstly, it describes how the Spanish conquest influenced Argentine civil procedure and the main reforms that took place during 1968, 1981 and 2001. Then, it describes Argentine civil procedure main features, such as the “attenuated party-driven procedure”, the “contradiction principle”, and the “mixed written-oral system”, among others. Particularly, it focuses on two procedural devices developed along the last twenty-five years: mandatory mediation before accessing to courts and class actions litigation. Finally, the report states that, despite Argentina´s reform efforts, the Federal Civil Procedure structure still works with an outdated model based in a written scheme, with low levels of transparency and publicity, no close contact between parties and judges and lacks of new technologies, among other structural problems.

La agenda que preparé para esta presentación busca, como primera medida, explicar algunas premisas de tipo constitucional para poder entender el contexto en el que se desarrolla este fenómeno en Argentina.  Luego me enfocaré en dos casos que derivaron en los precedentes más importantes de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en este campo. Me refiero al caso “Verbitsky”, con su sentencia estructural del año 2005,  y al caso “Mendoza, Beatriz”, con su sentencia estructural del año 2008.  Respecto de la causa “Mendoza” voy a detenerme en las características del conflicto y también en el alcance que tuvo la sentencia de la CSJN, para plantear desde ahí cuatro críticas estructurales que pueden hacerse a este proceso estructural. Estas críticas tienen que ver con la legitimación pasiva, la falta de información con la que se está trabajando en el expediente, los problemas de representación que hay al interno del gran grupo de personas afectado por esta situación, y también con los serios problemas que tenemos a diez años del dictado de la sentencia para poder implementarla y lograr resultados efectivos y eficientes que logren cambiarle la vida a mucha gente que, como vamos a ver, sufre grandes riesgos y daños a su salud por esta situación de contaminación ambiental. Finalmente, voy a señalar algunas cuestiones sobre el tipo de dificultades que tenemos en Argentina para implementar este tipo de sentencias. Creo que estas cuestiones también se pueden trasladar a Brasil, al menos por las experiencias que conozco gracias al trabajo que venimos realizando en estos años. También diré algunas palabras sobre la necesidad urgente de reformar este campo del derecho procesal y me referiré a la necesidad de repensar el proceso no sólo “hacia adentro”, en su estructura procedimental, sino también “hacia afuera”, analizando la reconfiguración que exige el vínculo entre el Poder Judicial y el resto de los poderes del Estado cuando se produce a través de este tipo de procesos

En el presente trabajo se pretende identificar, conceptualizar y consolidar la noción de derecho constitucional-convencional al debido proceso colectivo, su alcance, caracterización e importancia para el sistema de procesamiento de conflictos colectivos

Decía al inicio de este trabajo que la discusión sobre conflictos de interés público en sede judicial, con la consiguiente mayor injerencia de los tribunales en el campo de las políticas públicas, es un fenómeno relativamente novedoso en la República Argentina.  Esto se debe en gran medida al hecho que en los últimos años, y cada vez con mayor intensidad, diversos actores sociales han ganado allí un rol protagónico en el escenario del debate público mediante el planteo de acciones judiciales de diversa índole que configuran, a no dudarlo, una modalidad muy concreta de intervención política en el sistema democrático. Una modalidad bien diferente al sufragio popular y con gran potencial de impacto concreto en la agenda pública. Mediante el planteo de tales acciones estos sujetos se han convertido en "aceleradores" de ciertas decisiones gubernamentales impostergables que, no obstante revestir tal carácter, eran efectivamente diferidas en el tiempo por los poderes Ejecutivo y Legislativo con motivo de la existencia de otras prioridades en la agenda. Los casos "Mendoza" y "Verbitsky" sirven nuevamente como ejemplos paradigmáticos ya que muestran una activa intervención de la CSJN en procesos colectivos de reforma estructural que involucran aspectos de política pública tan delicados como la salubridad del entorno vital de millones de individuos y las condiciones de detención de las personas  privadas de libertad en la Provincia de Buenos Aires. Estos casos y varios otros más -como pueden ser el caso "Rizzo", promovido por una agrupación de abogados  para discutir la constitucionalidad de la última reforma al Consejo de la Magistratura de la Nación, "ADC c. PAMI", donde se buscaba obtener acceso a información respecto del modo de inversión de la pauta publicitaria de un organismo público, o "F.A.L", sobre condiciones de acceso seguro al aborto no punible- trasladaron al seno del Poder Judicial el debate sobre conflictos que en otras épocas se resolvían, con un amplio margen de discreción, en sede administrativa o legislativa. Además, estos casos fueron determinantes para demostrar las trascendentes consecuencias sociales, políticas y económicas que genera el corrimiento en el ámbito de discusión de tales conflictos para los departamentos de Estado encargados de diagramar e implementar políticas públicas. Entre ellas pueden señalarse al menos las siguientes: (i) imposibilidad de esgrimir razones de mérito y conveniencia para postergar decisiones cuando hay derechos fundamentales afectados, y consiguiente obligación de instrumentar soluciones aún en situaciones de crisis y limitaciones presupuestarias para garantizar el mínimo existencial de tales derechos; (ii) severa restricción en el manejo del tiempo de las decisiones; (iii) Puesta en juego de la responsabilidad (política y personal) de los agentes y funcionarios encargados de tomar tales decisiones; (iv) alta exposición mediática de los asuntos, lo cual produce un reposicionamiento de los factores de poder y genera una mayor transparencia en la discusión; (v) traslado del poder de decisión sobre asignación de recursos presupuestarios, al menos indirectamente, a manos ajenas (a manos de los jueces); y (vi) obligación de discutir en base a reglas iguales para todas las partes involucradas y frente a un tercero imparcial, quien debe resolver el asunto justificando su decisión conforme a derecho y no en directrices políticas.

El trabajo presenta un análisis del proceso colectivo tramitado en el expediente “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo” (Expte. Nº FLP 8399/2016), donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) anuló en agosto de 2016 las Resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MEyMN) N° 28/2016 y 31/2016 que establecieron en su oportunidad un nuevo régimen tarifario del servicio público esencial de gas natural para todos los usuarios de la República Argentina.

Por medio de este estudio del caso pretendemos mostrar en detalle un ejemplo que permite visibilizar el potencial de los procesos colectivos como instrumento de participación ciudadana en el control de la cosa pública y mecanismo para estimular el control judicial de la actividad administrativa, así como también diversas cuestiones procesales problemáticas que se presentaron a lo largo de la discusión y que, en mayor o menor medida, son compartidas por otros procesos de este tipo.

El trabajo también ofrece una lectura crítica de la sentencia dictada por la CSJN, mediante la cual intentamos demostrar cómo el tribunal limitó drásticamente ese potencial a través de diversas inconsistencias lógicas y argumentales que derivaron en una decisión según la cual: (i) los señalados actos administrativos fueron anulados para un sector de los usuarios afectados y, al mismo tiempo, considerados válidos para otros; y (ii) se impusieron las costas de todas las instancias del proceso por su orden, a pesar de tratarse de un caso de nulidad manifiesta y de un caso de interés público.

Este trabajo tiene por objetivo ofrecer un panorama general sobre cómo se está desarrollando un fenómeno relativamente novedoso en la República Argentina. Me refiero a la intervención de los jueces en el marco de ciertos conflictos colectivos que denominaré “conflictos de interés público”,  cuya solución requiere controlar la constitucionalidad o convencionalidad deacciones y omisiones del resto de los poderes del Estado en materia de políticas públicas(especialmente aquellas vinculadas con sectores de la población tradicionalmente postergados,desprotegidos o desaventajados),  y en ocasiones dictar complejas órdenes estructurales para remediar situaciones igualmente complejas. Se trata de una intervención que ha permitido al Poder Judicial en general, y especialmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN),consolidar su rol institucional en tanto poder de Estado y que también ha merecido fuertes críticas en diversas oportunidades debido, en gran medida a mi modo de ver, a las relevantes consecuencias sociales, políticas y económicas derivadas de la misma. La intención es presentar y analizar concisamente algunas de las cuestiones que rodean y explican dicho fenómeno en la República Argentina, así como también el marco constitucional que lo determina y la evolución jurisprudencial que se ha producido en torno al tema durante la última década. Mi principal finalidad es argumentar sobre lo que entiendo configura en la actualidad el problema más delicado en este campo. Me refiero a la ausencia de un proceso judicial con reglas adecuadas para abordar conflictos que, por muchas razones según veremos,  difieren de aquellos que el legislador tuvo en mente al sancionar las normas procesales queactualmente gobiernan la tutela constitucional de derechos en Argentina.

El edificio de la Mediateca de Sendai en Japón del arquitecto Toyo Ito se presenta como un prototipo arquitectónico paradigmático. Es una obra reconocida profesionalmente por sus valores formales, técnicos y funcionales. Se ha expuesto de manera amplia y extensa en la
prensa especializada de arquitectura. Una exposición que paradójicamente se ha convertido en un exceso de información que ha velado, cambiado y pervertido las palabras del arquitecto acerca del proceso de construcción del edificio hasta ocultarlo. Hecho que deja sin valor el acontecimiento que ha supuesto la ideación colectiva de la nueva institución y proyecto de arquitectura. Este artículo muestra otra versión que abre posibilidades para la gobernanza de
las obras públicas, y que sin embargo a los arquitectos y otros técnicos todavía les cuesta
entender. Una versión que sirve de ejemplo para una gobernanza posible en arquitectura
relacionada con los procesos colectivos productores de autonomía, que no está muy alejada del carácter del Movimiento 15M: horizontalidad, transparencia, apertura, procesos colectivos, democracia directa, prácticas de autonomía...

En este trabajo analizaremos en detalle distintos casos promovidos por "ciudadanos" durante la pandemia para impugnar la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (en adelante, Ley IVE), sancionada el 30 de diciembre de 2020 y publicada en el Boletín Oficial el 15 de enero de 2021.

Con sustento en este análisis, realizaremos algunas reflexiones preliminares que nos permiten sostener la existencia de numerosos e irresolubles obstáculos de orden constitucional, procesal y de principio para la admisibilidad y la procedencia de este tipo de acciones colectivas.

No solo porque buscan impugnar, en abstracto, la constitucionalidad de leyes sancionadas por el Congreso de la Nación (cuestión sobradamente abordada por la CS), sino también porque presentan evidentes defectos postulatorios, asumen interpretaciones equivocadas sobre los alcances de la legitimación colectiva y olvidan la necesidad de intervención de otros grupos de personas con intereses contrapuestos.

Resumen El presente documento aborda el tratamiento de los procesos laborales en la NLPT. Hace un repaso de los tipos de conflictos en las relaciones laborales para, a continuación, hacer una presentación de los derechos colectivos desde la mirada del derecho del trabajo y desde la del proceso. De este modo, se analiza los procesos colectivos como una herramienta de defensa de los derechos colectivos que busca empoderar y consolidar a los colectivos en la lucha por sus derechos.

El principal objetivo de la obra es de orden didáctico. Desde esta perspectiva, pretende presentar a jueces, abogados y hacedores de políticas públicas de la región los lineamientos generales, principios e instituciones que gobiernan el campo de la tutela colectiva de derechos en clave representativa. Esto es, aquellos procesos judiciales llevados adelante en beneficio de grupos de personas por ciertos atípicos representantes de derechos ajenos (individuos, organizaciones del tercer sector y organismos públicos), cuya actuación judicial impactará con cualidad de cosa juzgada –con diversos alcances– incluso sobre quienes no han sido parte formal en el debate

Frente a estos nuevos problemas, que involucran grandes grupos de personas y complejos asuntos de índole social y política, el proceso civil tradicional comenzó a enfrentar serios inconvenientes para brindar soluciones eficientes a los justiciables.  Antiguamente éste era entendido apenas como un asunto entre dos partes, destinado a la solución de un conflicto que involucraba sus propios intereses individuales .  Los dilemas sectoriales o de grupo y ciertos temas políticamente sensibles no encontraban cabida en dicho espacio de debate, entendiéndose que debían ser canalizados y desactivados por otras vías de discusión, generalmente incardinadas en la legislatura o en el marco del Poder Ejecutivo.  Tal concepción, que no era casual sino fruto de la notable influencia ejercida en este campo por los principios liberales del individualismo que caracterizaron las grandes codificaciones del siglo XIX, se vio superada por las circunstancias y debió comenzar a ceder frente a una realidad acuciante que demandaba respuestas.

Lo que está en juego en la interpretación de esta norma, en definitiva, es el alcance que el sistema de administración de justicia resuelva acordar a una franquicia establecida por el legislador (en una norma de orden público) como un claro incentivo para motorizar la tutela colectiva de un sector de la población que la Corte bien ha calificado como "tradicionalmente postergado" y "débilmente protegido". Es fácil advertir entonces que se trata de una cuestión íntimamente vinculada con la efectividad de la garantía de debido proceso colectivo (art. 43 Const. Nac.) y con la protección de derechos que, también por mandato constitucional, resultan ser objeto de tutela preferente (art. 42 Const. Nac.)

Con el ánimo de conversar al respecto acerca de nuevas posibilidades
de actuación desde lo comunitario en escenarios rurales, se llevó a cabo en mayo del 2014 el iv Seminario Internacional de Trabajo Social Comunitario: Acciones desde lo Rural, el cual buscaba establecer diálogos entre espacios académicos y populares, todo esto a partir de los saberes de las comunidades en territorios rurales, con la  intención de comprender el campo de acción del trabajo social en este escenario a  nivel regional, nacional e internacional.

En el presente comentario abordaremos principalmente las decisiones y algunas de las reglamentaciones más relevantes dictadas por la CSJN para dotar de eficacia al art. 43 CN en el campo de la tutela colectiva de derechos. Elaborando sobre las premisas de un trabajo anterior, profundizaremos acá en el intento de demostrar que es posible identificar en Argentina diversos principios e instituciones que dan contenido a un verdadero derecho constitucional a un “debido proceso colectivo” que comprende, cuanto menos, aquellos principios y reglas que el tribunal consideró “esenciales” para proteger el debido proceso de los miembros del grupo ausentes en el debate.  Todos estos principios y reglas están orientados a garantizar pautas razonables, adecuadas y previsibles para la discusión en sede judicial de conflictos complejos y policéntricos. Conflictos que son bien diferentes de aquellos que sirvieron como premisa para pensar y diagramar los contornos de la garantía de debido proceso legal individual que gobierna nuestros estudios académicos y políticos sobre la problemática y, por tanto, determina la silueta de las reglas procesales que de allí se han derivado.

Ante las enormes lagunas existentes en este campo, y en un contexto social donde la promoción de acciones colectivas se ha multiplicado exponencialmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) asumió –especialmente a lo largo de los últimos diez años– un rol determinante en el establecimiento y desarrollo de diversos principios, reglas de debate e institutos procesales orientados a ordenar este tipo de discusiones.

Esa tarea, que fue llevada adelante no sólo por medio de precedentes sino también a través del ejercicio de las competencias reglamentarias del tribunal, será analizada en este trabajo con el objetivo de demostrar que es posible identificar en Argentina diversos principios que permiten hablar de un verdadero derecho constitucional a un “debido proceso colectivo”, orientados a garantizar pautas razonables y adecuadas para la discusión en sede judicial de conflictos complejos y policéntricos que son bien diferentes de aquellos que sirvieron como premisa para pensar y diagramar los contornos de la garantía de debido proceso legal individual (y, por tanto, las reglas procesales que de allí se han derivado). 

Mi trabajo parte de las clásicas enseñanzas de Chayes sobre la materia, las cuales –a  poco de cumplirse 40 años desde su publicación– han cobrado una inusitada trascendencia para comprender el fenómeno de la discusión de conflictos colectivos en sede judicial en la República Argentina, y tal vez en toda la región Latinoamericana.  Asimismo, asume una concepción fuerte de la idea de “principio”, tomando para ello la doctrina de Dworkin y de Díaz en punto a que los mismos configuran un verdadero condicionante constitucional para la actuación de los operadores jurídicos. Por último, también tengo particularmente presente el carácter normativo que ha adquirido la jurisprudencia en la República Argentina, donde “las decisiones judiciales han dejado de ser vistas como una mera fuente jurídica formal y (…) los  jueces resuelven los casos según decisiones precedentes”.

Sobre este piso de marcha contextual y conceptual, lo que postulo es que la identificación y determinación de los alcances del derecho a un debido proceso colectivo –que encuentra su raíz fundamental en el art. 43 CNA– configura una tarea conceptual útil para establecer las características esenciales que debería tener una legislación adecuada en la materia (cuya sanción se presenta como algo urgente), así como también para disponer –en el mientras tanto– de la mínima seguridad jurídica que exigen las trascendentes discusiones desarrolladas en este tipo de procesos sobre delicados asuntos sociales, políticos y económicos que involucran a grandes grupos de personas.  Grupos que, además, en muchos casos se encuentran relegados de los canales tradicionales de diálogo institucional en el marco de un mecanismo de democracia puramente representativa que se muestra cada vez más inadecuado para los tiempos que corren