Proceso Penal

Las nuevas tecnologías han posibilitado el nacimiento de nuevos instrumentos de ataque contra bienes jurídicos, valiéndose de los sistemas informáticos y siendo cada vez más frecuente la producción de actos delictivos perpetrados a través de Internet. En el presente artículo se analiza si la nueva regulación del agente encubierto informático ofrece un contenido suficiente para poder acercar la justicia penal a la represión de este tipo de criminalidad.

Resumen: El impulso de la investigación penal requiere en muchas ocasiones adoptar decisiones difíciles, como la grabación y escucha en el domicilio del investigado, tras un ejercicio de ponderación y motivación bastante. La aplicación del tradicional principio de proporcionalidad ha permitido en la praxis judicial la adopción de estas medidas por un tiempo a veces demasiado prolongado, con un marcado carácter prospectivo o incluso en base a meras sospechas. En ocasiones los autos que las autorizan omiten los lugares afectados por la intervención, limitándose a autorizar, sin más, la instalación de dispositivos de grabación durante un tiempo sin referencia a un encuentro concreto, previsible y determinado, de forma aleatoria y prospectiva. Como reacción, la sala segunda del Tribunal Supremo ha dictado recientemente dos sentencias, la 655/2020, de 3 de diciembre, y la 718/2020, de 28 de diciembre, que advierten una más que relevante nueva tendencia jurisprudencial garantista, que debe ser aplaudida por la doctrina y los operadores jurídicos. El grado de injerencia que esa medida representa en el domicilio del investigado, un espacio que cada ciudadano define para excluir a los poderes públicos y a terceros de su propia intimidad no puede ser ponderado con el mismo ángulo valorativo con el que se aceptan otras medidas de investigación. Palabras clave: Inviolabilidad domiciliaria. Privacidad. Intimidad. Propia Imagen. Sala Segunda. Tribunal Supremo. Principio de proporcionalidad. Grabaciones. Artículo 588 quater a) LECrim. Falta de proporcionalidad al autorizar grabaciones durante un mes en el domicilio familiar. La STS 655/2020, de 3 de diciembre La STS 655/2020, de 3 de diciembre, de la que es ponente el magistrado D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre (1) , resuelve un caso en el que produjo la grabación de las comunicaciones orales en el propio domicilio de los tres investigados-que además eran familia-en base al art. 588 quater a) y siguientes. El Alto Tribunal repasa la significación y gravedad de esta particular injerencia del Estado en la intimidad y la propia imagen de los investigados.

El fallo expuesto, dictado por la Segunda Sala de la Corte Suprema, tiene por objeto pronunciarse respecto a un recurso de nulidad interpuesto por la defensa de la condenada por un delito de robo con intimidación. El fundamento de dicho recurso se encuentra en la infracción de derechos fundamentales, en la que se habría incurrido en el proceso penal seguido en contra de la acusada. En efecto, de acuerdo a los hechos que se encuentran acreditados en el proceso, se advierte que la acusada, encontrándose al interior de un local nocturno, fue interceptada por los guardias de seguridad de éste, quienes la identificaron como la persona sindicada por la víctima como autora del delito de robo con intimidación en su contra. Es por ello que los guardias conminaron a la acusada a abrir su cartera, accediendo ésta última a tal solicitud, y encontrándose al interior de la cartera el carnet y el pase escolar de la víctima, junto con el cuchillo que habría sido empleado para coaccionarla.

Resumen: Motivado por el alarmante número de personas que se encuentran privadas de su libertad sin contar con una sentencia condenatoria efectiva, este trabajo tiene por objeto realizar un análisis de los discursos que tienden a legitimar la posibilidad de aplicación del instituto de la prisión preventiva, a fin de determinar si sus formu-laciones son respetuosas de las garantías constitucionales que deben observarse en el proceso penal. Palabras clave: garantías constitucionales – prisión preventiva – principio de inocen-cia – discursos legitimantes – estado de derecho. Summary: Motivated by the alarmingly large number of people deprived of their liberty without a definite sentence, the object of this paper is to analize the arguments that legitimate the application of preventive detention in order to determine if their statements are compatible with our constitutional guarantees, which must observed in the criminal process.

En esta carta firmada por 38 profesores de derecho penal y procesal penal de distintas universidades manifestamos nuestra preocupación por el impacto de integrar de forma permanente el funcionamiento remoto, una medida que es parte de una indicación presentada por el Ejecutivo para modificar el Código Orgánico de Tribunales. "Estimamos apresurado legislar sobre esta materia cuando su implementación en el sistema aún no ha sido evaluada"

... Entre el derecho de defensa y el derecho a la información: viejas y nuevas cuestiones sobre la publicidad de las actuaciones del proceso penal. Autores: Jesús María González García; Localización: Revista del poder judicial, ISSN 1139-2819, Nº 80, 2005 , págs. 55-105. ...

En el derecho argentino, lamentablemente, los estándares de prueba objetivos –que no tiene porqué ser uno solo; y ni siquiera el mismo para todos los delitos– no se encuentran regulados. Ello dificulta saber cómo se distribuyen en nuestro ámbito los errores que son propios del proceso penal, y con los que necesariamente hemos de lidiar (intentando reducirlos al mínimo). Y al mismo tiempo, esa inexistencia dificulta el control intersubjetivo. Los únicos “avances” que se han dado en la materia, tiene que ver con la recepción de un estándar subjetivo (como lo es el más allá de toda duda razonable) y con todas las problemas que trae aparejada dicha subjetividad, y con tímidos pasos en pos de una mayor racionalidad en materia probatoria dada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El artículo pretende presentar estas dificultades en el marco de un camino hacia una aplicación más racional e igualitaria de las penas.

En este documento estudiaremos los principios, normativa y estructura del nuevo proceso penal que nos rige, en todo el país a partir del 16 de junio del año 2005, pero además estudiaremos la historia de su implementación, y el rol que específicamente le cabe a cada actor de este nuevo sistema.

Incluye el análisis del proceso penal ordinario, proceso abreviado, proceso simplificado, vías alternativas (con énfasis en los acuerdos reparatorios).
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La idoneidad de la Garantía Económica. El derecho penal adjetivo contempla la figura de las Medidas Cautelares como aquellas obligaciones que se le imponen al imputado objeto de una investigación y/o vinculado a un proceso penal, para efecto de asegurar que la investigación, el proceso, los sujetos procesales e incluso la ministración de justicia no se vean afectados por él. Sin embargo, ¿Qué ocurre cuando el incumplimiento de las mismas no tiene consecuencia jurídica?
En este documento se realiza una aproximación del problema y se propone una solución

La evolución tecnológica ha dado lugar a la generalización del uso de videocámaras en espacios públicos. Este artículo revisa las implicaciones jurídicas que tienen las actividades de videovigilancia en estos lugares por parte de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado español. Estas autoridades deben actuar conforme a su deber de respeto a los principios de proporcionalidad e idoneidad, pero teniendo en cuenta el derecho a la seguridad ciudadana, que ampara el uso de estos medios tecnológicos, aunque supongan una intromisión en el derecho a la intimidad. Se centra la investigación en el posible empleo de dichas imágenes captadas por videocámaras instaladas por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español como prueba en el proceso penal, habida cuenta de la falta de desarrollo normativo contenido al respecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española. El objetivo es determinar el valor probatorio de dichas imágenes y la legitimidad del uso procesal de ellas, analizando a estos efectos si otras normas del ordenamiento español atribuyen a estas grabaciones un carácter suficientemente garantista, de forma que puedan suplir la ausencia de regulación referida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como la postura de los tribunales sobre esta cuestión.

Abstract: This investigation work or Master’s degree final Project deal with the best interests of the child as a guiding principle that is manifested in all of the judicial process, considering this principle like a supreme procedural guarantee that should take preference if  is coinciding with other guarantees or rights.
Well-known like a basic principle of law, even the relevance that this principle has, it continues being an indeterminate judicial concept that was incorporated in our legal system in application of international declarations that defends the rights of the children.
In particular, cause of all of the process that could affect a minor, for example, protection measures of family law, administrative process of minors, the measures that are applicable for the unaccompanied foreign child or the process in that the child is the crime victim, among other examples, the objective in this project is analyzed the manifestation of the best interest of the child in all of the stages of the criminal minors proceedings in the Spanish legal system.

El trabajo analiza la posibilidad de considerar la “buena fe del agente” (en el derecho norteamericano conocida como good faith exception) como excepción a la aplicación de la regla de exclusión consagrada en el artículo 276 inc. 3° del Código Procesal Penal chileno. Para ello, el trabajo analiza el tema en primer lugar a partir de la jurisprudencia estadounidense, donde la referida excepción tiene su origen, presentándose a continuación una exposición crítica de la posición sostenida al respecto por la jurisprudencia y doctrina chilena.

En este trabajo, Sofía Andrea Curatolo realiza un análisis crítico de la serie de Netflix “Inconcebible” a la luz de la perspectiva de género aplicada al proceso penal. La serie cuenta con ocho episodios en donde se muestran escenas de abuso sexual con acceso carnal principalmente de Marie Adler, una de las protagonistas, y parcialmente de cuatro mujeres más víctimas del mismo hombre que abusaba de ellas en distintos distritos y estados de Estados Unidos. Sin perjuicio de las críticas que oportunamente se realicen sobre el comportamiento de los policías, detectives que toman intervención en el caso y las últimas dos madres adoptivas, si hay un elemento constante que se puede observar en el proceso que es llevado a cabo desde el primer momento en que la protagonista llama a la policía para denunciar que fue abusada sexualmente, es la revictimización y la estereotipación de la víctima.

Sumario I) Introducción. II) El nuevo CPP y la " acción " civil: consideraciones generales. III) Los acuerdos reparatorios. i) Las vías alternativas de resolución del conflicto y las garantías procesales. ii) Los acuerdos reparatorios como excepciones al principio de obligatoriedad. iii) El punto de inflexión: la resolución judicial de homologación de los acuerdos reparatorios. iv) Los acuerdos reparatorios y la reparación integral del daño. v) Los acuerdos reparatorios, la reclamación de daños y la excepción de transacción en el proceso civil. IV) Conclusiones.

RESUMEN El Principio de Oportunidad es una institución novedosa en el ordenamiento jurídico colombiano, siendo que llega a consagrarse gracias a la expedición de la Ley 906 del 2004, pero su mayor desarrollo se encuentra en el ámbito internacional, donde se utiliza como instrumento para vencer la criminalidad y brindar celeridad a las causas de carácter criminal. Por ende, en el año 2004 con el desarrollo del Acto Legislativo 03 del 2002 se presenta como uno de los avances más importantes para lo que es el nuevo procedimiento penal colombiano. En la práctica judicial, su aplicación conlleva un conflictivo debate, toda vez que la sociedad colombiana tiene la opinión de que es un desacierto que se brinden los beneficios que contempla esa institución para las personas que son relacionadas con la comisión de conductas punibles, sin duda que la finalidad de esta herramienta jurídica es la de obtener mayores beneficios para la justicia que la condena que se sacrifica, en la práctica judicial se extiende el debate precisamente a la Libertad como consecuencia inmediata de la aplicación del principio de oportunidad, por lo que el análisis que se presenta tiene como fin determinar cuáles principios constitucionales y normas imperan al momento de determinar si la Libertad debe ser una consecuencia procesal inmediata una vez se aplique la medida de aseguramiento.

El objeto de este trabajo consiste en plantear —a modo de hipótesis y de manera esquemática— ciertas diferencias sustanciales entre el concepto de verdad que opera como principio político del procedimiento penal, y el concepto de verdad propuesto por FERRAJOLI, que pretende operar como garantía de libertad de la persona perseguida penalmente.

En razón a nuestra consulta al máximo órgano de gobierno del Ministerio Público respecto a la existencia o no, de marco normativo vigente para el cobro por la entrega digital de copias escaneadas de las carpeta fiscales, al respecto, dicha entidad ha señalado que "(...) no se han encontrado documentos normativos internos vigentes en los que se establezcan costos en la entrega digital de copias escaneadas de las carteras fiscales (a nivel nacional)".

El trabajo pretende plantear qué cuestiones vinculadas a las garantías procesales se deben observar al permitir el uso de la videoconferencia en el ámbito del proceso penal. Para ello se analiza la experiencia y la normativa chilena previa y posterior a la pandemia, la doctrina procesal y la jurisprudencia chilena al respecto.

¿Podemos acceder a la justicia venezolana desde el extranjero?

¡Si! absolutamente, la ley permite acceder o participar desde el extranjero en el proceso penal. El presente ensayo, tiene como finalidad desmitificar los límites impuestos al acceso o participación en la justicia en Venezuela.

Un estudio sobre el control  y aplicación del "control de convencionalidad" en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y  su internalización en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.  El caso de los Habeas Corpus Colectivos en la Provincia de Buenos Aires.

En el presente artículo, el autor sostiene la
importancia de la vinculación ineludible
entre los hechos y el derecho en el desarrollo
de un proceso penal, la cual se ve perjudicada
debido al diseño institucional que impide
o dificulta extraordinariamente la revisión,
en sede de recursos, de la decisión sobre los
hechos adoptada en la primera instancia,
complicándose aún más en sede casatoria.

Artigo de minha autoria publicado na obra "Garantismo e Processo Penal". Resumo: A legislação processual penal deve estabelecer critérios jurídicos que viabilizem o desenvolvimento da função epistêmica da prova. A racionalidade da atividade probatória depende da existência de instrumentos legais que permitam a compreensão, o controle e a crítica na fixação judicial dos fatos. Propõe-se a analisar se o Código de Processo Penal brasileiro oferece um contexto jurídico favorável para a adoção de critérios epistemológicos na valoração probatória. A partir da premissa de que a verdade é uma referência heurística da prova, foram destacadas as matrizes da legislação processual penal de 1941 que ainda influenciam na conformação epistemológica do processo penal brasileiro.  O estudo identificou os dispositivos legais que regulamentam a atividade probatória em geral e concentrou a sua análise no artigo 155 do código, que prevê o sistema da livre valoração. A pesquisa demonstrou que o Código de Processo Penal propicia a valoração racional da prova e que as regras constitucionais são determinantes para o seu aperfeiçoamento epistêmico. Concluiu que a racionalidade epistêmica da prova penal faz parte dos objetivos prioritários do devido processo legal.

Aquí se analiza la etapa de investigación del proceso penal antes de que las diligencias investigativas sean puestas en conocimiento del imputado y sometidos al control jurisdiccional del juez de garantía, comenzando desde las diversas denominaciones que se le entregan, pasando por sus principales características, y terminando con los principales problemas de inconstitucionalidad que en dicha etapa se pueden encontrar.

Ante la promulgación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (LOSPI) y la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), ambas publicadas en junio de 2012, surge la interrogante: ¿La investigación penal debe ser entendida como parte del servicio de policía o como una fase del proceso penal? En el presente trabajo se hace una reflexión crítica sobre la misma.