Educación legal

Los abogados y abogadas, en tanto agentes jurídicos, desempeñan un rol central en el funcionamiento de cualquier sociedad, puesto que, como actores del discurso del derecho, cumplen su función de igualadores retóricos y traductores del lenguaje jurídico. En ese contexto, la formación de los operadores jurídicos adquiere una relevancia superlativa para un país, lo cual ha quedado reflejado en su inclusión, en 2016, dentro de las profesiones controladas por el Estado. Sin perjuicio de ello, las prácticas de enseñanza y aprendizaje del derecho, al menos en Argentina, son las mismas hace más de un siglo, lo cual ha generado la existencia de áreas de la práctica profesional cuyas competencias no logran ser construidas suficientemente en las universidades, con su consecuente déficit en el posterior ejercicio profesional, sobre todo en los primeros años. Ello ha quedado de manifiesto con las "Áreas de Vacancia de la Abogacía" declaradas por el Min. de Justicia, que son "destrezas y habilidades de los abogados que no son cubiertas en los planes de estudio de las facultades de Derecho, pero que son requeridas en la práctica de los operadores judiciales".

Es común oír la idea de que existen muchas maneras de ejercer el derecho, o que esta carrera "sirve para todo". Más allá de esto, conocer para qué sirve el derecho, o de qué maneras se puede usar es un proceso personal, relacionado con las maneras de ejercicio que se le han presentado a cada individuo y la manera en la cual estas se le han descrito. En pocas palabras, las maneras de ejercer se van conociendo poco a poco dependiendo de lo que quien estudie derecho vea en su contexto personal, ya sea por lo que ha vivido de primera mano en su práctica (Weresh, 2009) o porque lo ha visto en ficciones o noticias sobre el derecho (Nielken, 1996; Halton y McCann, 2004). También se conocen a través del contexto familiar cuando en su familia alguien estudió derecho, trabaja en algún área relacionada o se han visto en procesos legales (López Cuéllar, 2016). Por supuesto las opciones de ejercicio también se aprenden de lo que se presenta en el programa de estudios y de lo que muestra el grupo de docentes, quienes presentarán algunos posibles escenarios de ejercicio a través de su ejemplo laboral y del contenido de sus clases (Weresh, 2009) los cuales siempre serán limitados-como es obvio-a las materias obligatorias o electivas del programa y a lo que muestre el programa de cada Universidad y el equipo docente que lo acompaña (Pérez Peredomo, 2004) Considerando esta idea como cierta, la clase Perfiles de abogados-y actualmente la última sección de la clase de Sociología jurídica-pretenden explorar los panoramas del ejercicio, incluso los casos en los que se decide alejarse del ejercicio del derecho. Esta exploración del panorama la intentamos, principalmente, a través de experiencias vividas gracias a la presencia de invitados recibidos en clase o a la visita de sus oficinas. Esperamos con esto dar a conocer diferentes formas de ejercicio, ya fuera para encontrar la más interesante para los estudiantes o, en varias ocasiones, para encontrar una manera de ejercer que mitigue la crisis de los estudiantes que no encontraban afinidad con ninguna de las formas de ejercer que ya conocían (Cassidy, 2012)

En este capítulo se indaga sobre los posibles lugares (y miradas) de la “violencia de género” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en lo que respecta a las situaciones de violencia que pueden padecer los/as estudiantes, los/as docentes y el personal administrativo de la facultad. Además, se analizan las distintas acciones que se han tomado desde la institución para dar respuestas a esas situaciones de violencia. Se busca, principalmente, identificar la insuficiencia de entender a las violencias como hechos individuales, postulando un cambio de mirada e identificando respuestas institucionales que podrían brindar un enfoque más estructural. El análisis de estas respuestas permitirá sostener que el enfoque de la(s) violencia(s) hacia las mujeres dentro del ámbito de la facultad está cambiando, aun cuando queda un largo camino por recorrer.

Resumen: En este artículo analizaremos algunas de las experiencias de especialización de la justicia que se han llevado a cabo en la provincia de Buenos Aires: la creación de juzgados especializados en el fuero de familia, la creación de unidades y secretarias especializadas en el fuero penal y la propuesta de creación de un cuerpo de abogadxs para la tramitación de causas en el fuero penal y familiar por violencia de género.

El Primer Seminario Internacional La enseñanza-aprendizaje del Derecho de cara al futuro, organizado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), devuelve a la palestra el debate sobre la educación legal en el Perú y Latinoamérica. Debate paradójicamente pendiente en nuestro país, pues, a pesar de sus esporádicas apariciones en discusiones políticas, periodísticas y judiciales, su reflexión académica es más extraña y, muchas veces, ajena al interés público.
El Seminario recupera este aspecto en un contexto en el que su atención es particularmente urgente y relevante: la implementación de una nueva Ley Universitaria peruana, en el marco de una crisis de la calidad educativa universitaria a nivel nacional; y la implementación de un nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Derecho de la PUCP. Estas circunstancias son el escenario para la discusión sobre temas que transcurren entre la enseñanza de la ética en el Derecho y la elección de un método de enseñanza legal. Siempre desde una perspectiva comparada y orientada a estrechar el vínculo, frágil en ocasiones, entre el Derecho y la realidad.
Así, luego de casi medio siglo desde el último proceso de reforma de la enseñanza y aprendizaje del Derecho en la PUCP, un nuevo y necesario ciclo se abre, y con él, la discusión académica sobre su desarrollo y sus retos.

Resumen: Las prácticas pedagógicas dominantes en las carreras de derecho en Chile han demostrado tener un rendimiento limitado. En paralelo y desde el año 2000, han surgido en Chile organizaciones que ofrecen servicios de preparación académica para el examen de licenciatura, denominadas oficinas de interrogadores. Este ensayo interpreta el surgimiento de las oficinas de interrogadores como un fenómeno que revela las falencias de la educación legal que se imparte en las universidades, entre ellas, la preeminencia de prácticas educativas anticuadas, la expansión de la matrícula universitaria sin la correlativa adaptación institucional y la existencia de una cultura jurídica adversarial. La educación legal que se imparte en las universidades requiere un nuevo modelo formativo que permita tanto una titulación oportuna como el favorecimiento de la diversidad en el aula.

¿Existe, en México, una oferta editorial adecuada para la enseñanza del derecho constitucional? Para responder a esta pregunta se parte de una premisa sencilla, pero nada trivial: la enseñanza del derecho constitucional —y, en consecuencia, su correspondiente oferta editorial— tiene que ser acorde con las características de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso, esta cuestión no puede ser respondida si antes no se aborda una previa: ¿cuáles son los principales rasgos de la Constitución mexicana? En el presente trabajo se presenta un análisis, comparado y empírico, sobre algunas de las principales características del texto constitucional, y se enfatizan sus implicaciones para la enseñanza del derecho constitucional en México. En adición a ello, se ofrece un primer panorama sobre el tipo, alcance y limitaciones de la oferta editorial en la materia.

Se argumenta que la enseñanza del derecho constitucional mexicano idealmente debería hacerse cargo de que la Constitución mexicana es por demás extensa, se encuentra sujeta a un permanente proceso de cambio y, además, presenta importantes problemas interpretativos, tanto por su densidad normativa como por su falta de coherencia y claridad. Sin embargo, un primer análisis de la oferta editorial sugiere que ésta no necesaria- mente responde a dichas necesidades. Los libros de derecho constitucional que pueden encontrarse en el mercado suelen ser textos desactualizados, que no siguen el paso a las constantes reformas constitucionales; que presentan versiones parciales de la Constitución mexicana; y que no brindan las herramientas necesarias para hacer frente a los retos interpretativos del ordenamiento mexicano. Se muestra, en suma, que parece existir una desconexión entre necesidades pedagógicas y oferta editorial.

En la actualidad la educación legal pasa por una crisis que advierte la necesidad de realizar
cambios estructurales al interior de las Facultades de derecho. En el siguiente artículo se
presenta un diagnóstico general del tema a nivel legal y social, que permite fundamentar una
alternativa propositiva para abordar la educación legal como lo es la aprehensión por parte de
las universidades de un contenido político, en el caso en particular la educación popular.

En este trabajo presentaré a manera de hipótesis algunos de los problemas que surgen en las relaciones entre el derecho, como disciplina del conocimiento, y las ciencias sociales. A tal fin haré una aproximación lingüística a la cuestión siguiendo, para ello, los trabajos de Elizabeth Mertz sobre la educación legal en los Estados Unidos y sus reflexiones teóricas sobre el rol que tienen en ésta las ciencias sociales. El trabajo se dividirá en dos secciones. En la primera, presentaré algunas ideas centrales sobre cuestiones referidas a los estudios del lenguaje en uso y sobre los problemas de “traducción” de las ciencias sociales para emplear sus hallazgos y teorías en el campo del derecho. Asimismo, presentaré los resultados de la mencionada autora respecto de la enseñanza del derecho y rol que ocupan las ciencias sociales en ésta. En la segunda parte me abocaré a consideraciones sobre la perspectiva de la dogmática y la diferencia que supone respecto de las ciencias sociales para, finalmente, explorar los desafíos de desarrollar una enseñanza del derecho que no dependa exclusivamente de la práctica pero que, a la vez, sea relevante para ella. Se trata de presentar argumentos para explorar en el futuro un modelo de educación jurídica en la que las ciencias sociales no ocupen un lugar ornamental ni sean mero instrumento de los fines derivados de la práctica.

La preocupación de las feministas por ser críticas de sus ámbitos de
estudio ha dado lugar a la creación de espacios donde se cruzan las
críticas sobre los contenidos dominantes de los cursos y la presencia de
las mujeres tanto en la producción académica, como en la perspectiva
de género adoptada en la enseñanza del derecho. Esta necesidad por
entender y problematizar las vidas de las mujeres ha llevado a que las
feministas se pregunten sobre los cánones establecidos en el derecho
y sobre la noción de neutralidad que parece conducir la discusión al
respecto y su aparente objetividad. La necesidad de abrir este tipo de
discusiones requiere habilitar espacios alternativos de discusión. Es allí
donde los círculos de lectura, como el Ciclo de Lecturas, se presentan
como herramientas para nutrir la formación académica en los debates
actuales y tradicionales sobre el feminismo. Estas apuestas por espacios
alternativos hacen parte de la historia de las mujeres y sus luchas,
fortalecen la sororidad y generan preguntas en torno a la necesidad
de cambios que muevan la agenda de las mujeres del margen hacia el
centro de las discusiones universitarias

La Provincia de Buenos Aires, y en especial el Conurbano Bonaerense, es una jurisdicción del país con elevado índice de pobreza.2 En térmi- nos habitacionales, existen infinidad de barrios, asentamientos y per- sonas en situación de calle que han crecido de la mano de la pobreza y de la desocupación. Estos son una clara muestra de la problemática de vivienda que existe en la provincia, pese a que la manda constitucional resulta definitiva. Sin embargo, el litigio por el acceso a la vivienda en la provincia de Buenos Aires es escaso, en particular si se toman en consideración las sentencias recaídas en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA). Esto puede deberse a diversas causas (Abramovich, Arenaza, Cravi- no y Fava, 2003), como por ejemplo, la falta de sistematización de la información sobre los litigios que se dan en las instancias inferiores,4 la escasez de información estadística sobre la problemática de falta de acceso a la vivienda, lo que impide la adopción de políticas públi- cas acordes y deja como única posibilidad la litigiosidad individual y no estructural.5 Otra posibilidad es que realmente los litigios en la materia sean escasos, quizás porque el déficit en el acceso a la vivienda sea un problema que no se judicializa, por varias razones: a) falta el empoderamiento de la ciudadanía –que las personas no conozcan sus derechos y alcances–, a lo que se suma el hecho de que no existan organismos idóneos para colaborar con los mismos,6 b) los abogados/as no asumen esas causas y en los pocos casos en que esto sucede, c) los jueces y juezas resuelven el caso sin mirar el problema estructural, sino como meros casos puntuales (Puga, 2013). Sobre estos dos últimos puntos quiero detenerme en este trabajo, a fin de mostrar la necesidad de robustecer la formación en derechos huma- nos, y en especial sobre derecho a la vivienda, en las carreras de De- recho, como herramienta que posibilita reforzar el litigio y la forma de resolver los reclamos judiciales relativos a la violación de dicho derecho específico.7 La forma en que se enseñe “derechos humanos” a los/las estudiantes influirá definitivamente en su actuación profesio- nal, cualquiera sea la rama de aplicación adoptada.

DIALOGOS JUEZ: Buenas dias, soy el Dr. José Rojas juez de la unidad judicial civil del cantón Machala. El objeto de la diligencia de la reinstauración de la audiencia de juicio, convocada dentro del juicio número 09319-2019-06969, que es por el procedimiento ordinario por NULIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO que sigue KLARK MAX TORRES PRADO en contra de LUISA MADELEINE ROMERO CASTILLO. Señorita secretaria constate si se encuentran presentes las partes procesales y si se encuentran asistida por sus defensores técnicos. SECRETARIA: Si señor juez, señor juez a la restauración de esta audiencia de Juicio Ordinario han comparecido el actor KLARK MAX TORRES PRADO con sus defensores técnicos; la Abg. Guarnizo Yolanda y el Abg. Israel Holguín y; el demandado, la señora LUISA MADELEINE ROMERO CASTILLO con sus defensores técnicos; el Abg. Farez Bryan y la Abg. María Isabel Verdesoto, las partes han sido legalmente notificadas para la reinstalación de esta audiencia señalada para el día de hoy 7 de agosto del 2019 a las 8 horas. Han sido legalmente notificadas en los casilleros judiciales. JUEZ: Constatada la presencia de la parte actora quien comparece por sus propios derechos y la demandada quien asiste con sus defensores técnicos y al encontrarnos en el día y hora señalada para la presente audiencia, declaro instalada la audiencia. De conformidad a lo dispuesto en el art. 83 y 84 del COGEP se les recuerda a las partes la obligación que tienen de guardar silencio, está prohibido asumir actitudes intimidatorias o provocadoras dentro de la sala, está prohibido grabar la audiencia y se les pide por favor que apaguen los celulares para evitar interrupciones. Conforme lo estipulado en el Artículo 82 que versa sobre la suspensión de las audiencias, y con respecto a lo indicado en el numeral 2 "Cuando por caso fortuito o fuerza mayor que afecte al desarrollo de la diligencia la o el juzgador deba suspender una audiencia, determinará el término para su reanudación, que no podrá ser mayor a diez días. Al reanudarla, efectuará un breve resumen de los actos realizados hasta ese momento." En irrestricto apego a lo normado debo señalar que La audiencia de juicio se instaló el 30 de julio del 2019, en dicha audiencia las partes expusieron sus alegatos inicial, la parte actora practico las pruebas que le fueron admitidas, y se tomó la declaración de los testigos que había señalado previamente. La parte demandada no realizo la práctica de las pruebas debido a que este juzgador suspendió la audiencia y dispuso convocarla para una nueva fecha la cual es el 7 de agosto del 2019 a las 8 horas la reinstalación de la audiencia. Por lo cual, habiéndose constatado la presencia del demandado en cuestión continuamos con la sustanciación de la audiencia de juicio y dispongo la práctica de las mismas. Juez: Ahora doy paso a la parte demandada. Por favor tenga la bondad de practicar su prueba en el orden previamente señalado para la misma. Parte Demandada:…………. Juez: Parte actora tienen alguna observación que señalar a lo indicado por la parte demandada.

Este artículo demuestra cómo los exámenes de Estado de calidad de la educación superior (en adelante ECAES) y los procesos de acreditación
han logrado limitar de manera efectiva el proyecto de una enseñanza alternativa del Derecho en la Universidad de los Andes. Al enfocarse en el estudio de las reformas al currículo realizadas entre los años 1997 y 2005 el artículo argumenta que estos mecanismos han logrado que las respuestas a las preguntas qué es el Derecho, cómo se debe enseñar
y qué es ser un buen abogado, no dependan de la orientación de cada Facultad en particular, sino que encuentren como única respuesta
aquella otorgada por la visión práctica y tradicional del Derecho que tiene la mayoría de profesionales de la disciplina. De esta forma, estos procesos logran limitar de manera efectiva pero sutil el derecho a la autonomía universitaria consagrado en la Constitución Política, truncando cualquier desviación de la visión tradicional y hegemónica que ha caracterizado la
enseñanza de esta ciencia.