Acciones afirmativas

El 03/08/2020 la Inspección General de Justicia (IGJ) dictó la Resolución General N° 34/2020, luego modificada por su similar N° 35/2020.  En lo sustancial, estos actos administrativos de alcance general establecieron una medida de acción positiva a favor de las mujeres en los términos del art. 75 inc. 23 de la CN, consistente en la imposición de un deber de respetar la paridad de género en la integración de los órganos de administración y fiscalización de sociedades, fundaciones, asociaciones y simples asociaciones.

Ambas Resoluciones fueron apeladas por diversas empresas. Luego del rechazo en sede administrativa, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (en adelante “la Sala C”) decidió primero hacer lugar a la queja y luego a la apelación. Como consecuencia de ello, en la parte dispositiva de esta última sentencia resolvió “dejar sin efecto las resoluciones apeladas”. 

El objetivo de este trabajo no es analizar la cuestión de fondo allí debatida ni los fundamentos desarrollados por el tribunal para motivar su decisión.  Nos interesa, en cambio, abordar dos aspectos procesales del caso que involucran, además, cuestiones de debido proceso, participación ciudadana y relaciones de poder entre distintos fueros del Poder Judicial y entre distintos Poderes del Estado.

El primero de ellos es el problema que supone la tramitación individual del caso cuando su objeto involucra un análisis de validez y/o constitucionalidad de políticas públicas, presentado ante el Poder Judicial en el marco de una pretensión de carácter indivisible (cuya decisión favorable a las apelantes generó, en este caso puntual, una situación de indefensión del grupo de personas al cual se dirige la medida de acción positiva tomada en la Resolución IGJ N° 34/2020).

El segundo aspecto que analizaremos es la particular situación en que se encuentra el caso debido a múltiples conflictos de competencia que han ido surgiendo a lo largo de su trámite. Conflictos que involucran deslindes de poder entre fueros del Poder Judicial y entre este departamento de Estado y la Administración Pública.

A modo de cierre, sostendremos que, como consecuencia de tales conflictos de competencia, la tramitación del caso por vía del proceso colectivo es todavía una alternativa vigente. Una alternativa sobre la cual consideramos sería necesario avanzar, ya que permitiría garantizar una discusión pública, abierta y participativa sobre la medida de acción positiva implementada por la IGJ en los actos impugnados.

La presente tesis se enmarca en la interpretación jurídica de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, en específico, en la forma de identificar cómo es posible implementar una protección cautelar efectiva en México. La vulnerabilidad es un concepto multifacético utilizado por diversas disciplinas sociales desde la segunda mitad del siglo XX. Tal condición, vista desde una noción general, es toda aquélla en la que una persona o colectivo es incapaz de reducir, inhibir o superar un riesgo susceptible de causar un daño. Cada vulnerabilidad es distinta en relación con el sujeto, los factores, el tiempo, la severidad, entre otros aspectos; y el hecho que existan determinados grupos considerados en situación de vulnerabilidad no da pauta para que la atención sea uniforme, por el contrario, se debe atender como una cuestión particular con riesgos y capacidades específicas de cada sujeto. Una de las finalidades del presente trabajo es señalar la necesidad de generar un marco conceptual jurídico para atender las condiciones de vulnerabilidad, partiendo de analizar el perfil de las personas. La aplicabilidad del marco conceptual se enfoca en la figura jurídica de “Medidas Cautelares”. Más allá de su visión procesal, las medidas cautelares se han transformado en una figura primordial que posee dos variantes de protección de derechos: cautelar y tutelar, que reconoce la gravedad, urgencia y posibilidad de daño irreparable de presuntos hechos violatorios, por lo que se aborda como una herramienta adecuada y efectiva para situaciones de riesgo. El objetivo de la presente tesis consiste en armonizar, primero, el modelo de gestión de riesgo con la protección jurídica de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y, segunda, de ésta última con las medidas cautelares. La tesis se integra de cuatro capítulos. En el primero se aborda el concepto de vulnerabilidad y las características en que se presenta. El segundo analiza modelos de protección transdisciplinarios y jurídicos para atender tal condición, así como el estudio del reconocimiento de la vulnerabilidad en el Sistema Jurídico Mexicano. El siguiente capítulo expone la figura jurídica de medidas cautelares y sus características. Por último, el capítulo cuarto presenta la compatibilidad de un modelo jurídico para abordar la vulnerabilidad en las medidas cautelares de protección.

Este texto  documenta las tendencias de la regulación de la diversidad en el continente, así como los reclamos de reconocimiento de las comunidades afro e indígenas que han tenido lugar desde los años noventa, cuando surgió el “constitucionalismo multicultural”.

Este “constitucionalismo multicultural” se  ha traducido en normas y prácticas muy diversas –incluso contradictorias– dentro y entre diferentes países. En muchos contextos nacionales, el reconocimiento de la diversidad no ha ido de la mano de la redistribución de recursos y poder político.

Este libro de Dejusticia presenta un marco analítico y un panorama empírico de la realidad de los derechos indígenas y afrodescendientes a lo largo de la región. Para esto, rastrea las tendencias, avances y tensiones de la regulación de la diversidad cultural y la justicia étnico-racial a través del análisis de cuatro temas: el derecho a la consulta previa, las leyes penales contra el racismo, el reconocimiento de derechos territoriales y la implementación de programas de acciones afirmativas en la educación superior.

En el libro pueden encontrar también algunos de los casos emblemáticos como la implementación del derecho a la consulta previa en Perú, la situación del pueblo Sarayaku en Ecuador, y la regulación de la consulta en  Chile.

En este documento se aborda la situación actual de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas en México. El texto se divide en tres apartados. En el primero se analiza el entramado constitucional y los tratados internacionales en la materia; en el segundo, se aborda la situación socio-económica de la población indígena, y de las mujeres en particular; en el tercero se profundiza en la representación política de las mujeres indígenas y los obstáculos que persisten para quienes deciden participar en la vida pública de sus comunidades.

En el proceso electoral federal 2017-2018, el INE implementó la primera acción afirmativa para candidaturas de personas indígenas a diputaciones federales. El presente documento analiza la efectividad de la cuota así como los retos que tuvo la autoridad electoral para la implementación de la misma.

El ICETEX y la ONIC han establecido varias alianzas con diversas Universidades para facilitar el acceso de jovenes indígenas a la educación universidades. Estos convenios interinstitucionales constituyen una oportunidad excepcional para contribuir a la inclusión de la diversidad cultural en los procesos de educación superior. De hecho, podrían construirse como un referente nacional e internacional para la construcción de Universidades más diversas.

Sin embargo, por falta de coordinación entre las diferentes instituciones involucradas y por cierta ineficiencia en los procesos administrativos, este tipo de alianzas han podido generar también frustración y sufrimiento para algunos estudiantes, sus familias y sus comunidades. En este sentido, nuestra intención – con este informe – es velar por los intereses de los estudiantes indígenas y asegurar que sus derechos a la educación sean respetados. Quisiéramos también señalar una serie de buenas prácticas, que podrían ser fortalecidas, replicadas o generalizadas.

El trabajo está dividido en dos partes: la primera desarrolla el impacto de las medidas afirmativas de género en el registro de candidaturas en el PEF 2017-2018 en México y la segunda, el impacto de las medidas afirmativas de personas indígenas en el mismo proceso.
Finalmente se abordan los retos planteados por el nuevo escenario de representación, y concluye con una serie de propuestas para considerar en el marco del próximo proceso electoral.

Esta investigación tiene como objetivo principal, generar información que permita conocer cuál es el impacto de la política pública “Estrategia 30-100”, implementada para erradicar la violencia de las mujeres en el transporte público de la Ciudad de México, en los usuarios y usuarias del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Poniendo énfasis en la percepción de la seguridad y  en el impacto subjetivo que instrumentos de “acción afirmativa” como la separación de vagones, han tenido en las relaciones de género.

El Artículo es un análisis del impacto del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, aprobado por el Gobierno mediante Decreto 60 de 2009,  un instrumento de política pública para la garantía de derechos mediante acciones concretas de inclusión y acciones afirmativas a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubias.

Las mujeres en México se han enfrentado a una serie de obstáculos y dificultades para incorporarse a los espacios de toma de decisiones, lo cual se evidenció en el proceso electoral 2017–2018 en donde la violencia política por razones de género visibilizó los entramados de un sistema político que atenta contra los derechos de las mujeres y de las diversidades sexo-genéricas. En este artículo retomamos el caso de las candidaturas trans o muxes, así como las renuncias masivas de mujeres de las llamadas “manuelitas”. Ambos casos nos permiten reflexionar sobre los retos y retrocesos en el avance sustantivo de las mujeres.

RESUMO A Constituição Federal de 1988 trouxe dispositivos de grande importância para o fim da tradicional discriminação sofrida pelas mulheres, ao prever expressamente o direito à igualdade e assegurar-lhes a titularidade da plena cidadania, deflagrando, desse modo, uma verdadeira revolução no que tange à inserção feminina nos espaços sociais. Entretanto, essa revolução não é observada quando analisamos os espaços formais de atuação política, a saber, Executivo, Legislativo e Judiciário, ocupados, na sua imensa maioria, por homens. Esse fenômeno, percebido mundialmente, levanta a discussão sobre os motivos da pouca participação política das mulheres nos espaços formais de poder, o que tem levado alguns países, dentre eles o Brasil, a adotar ações afirmativas como mecanismos de efetivação do princípio da igualdade material entre homens e mulheres, fomentando o pleno exercício da cidadania feminina, em especial no que tange ao Poder Legislativo. Assim, foi introduzida, no ordenamento brasileiro, a Lei 9.504/97, que dispôs acerca de percentuais mínimos de participação para candidatos do sexo masculino e feminino. Trata-se de um mecanismo legal que estabeleceu, de forma indireta, cotas para as mulheres, uma vez que determinou a reserva de no mínimo 30% e no máximo 70% para as candidaturas de cada sexo. Contudo, os resultados não têm sido nada alentadores. Nesse contexto, o presente estudo visa a analisar algumas experiências de adoção de ações afirmativas no direito comparado para a implementação da participação política das mulheres, no intuito de que possam auxiliar no aperfeiçoamento de nosso próprio sistema. Palavras-chave Direitos das mulheres. Princípio da Igualdade. Participação política. Ações afirmativas. RESUMEN La Constitución Federal de 1988 trajo dispositivos de gran importancia para el fin de la

Resumen: El Tribunal Constitucional del Peru en la sentencia Exp. n.° 04104-2013-PC ha resuelto un proceso de cumplimiento a favor de que se implemente la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad en la Region Junin. A propósito de este caso, que involucra la concreción del derecho a la igualdad y no discriminación en la forma de condiciones institucionales para su ejercicio por parte de personas con discapacidad, el Tribunal Constitucional ha desarrollado otras manifestaciones relativas a este derecho fundamental. En el presente articulo se comentan algunas de estas manifestaciones como son las acciones afirmativas y el diseño universal. Se pone especial énfasis en el concepto de ajuste razonable, los modelos presentes en el Derecho comparado para su formulación y la opción de ajuste razonable que ha asumido el Tribunal Constitucional en este caso. Palabras Clave: Discapacidad, derecho a la igualdad y no discriminacion, ajustes razonables, diserio universal, acciones afirmativas Abstract: The Constitutional Court of Peru in ruling Exp. n.° 04104-2013-PC / TC has resolved a compliance process in favor of implementing the Regional Office of Attention to Persons with Disabilities in the Junin Region. Regarding this case, which involves the realization of the right to equality and non-discrimination in the form of institutional

Open Insight, CISAV, México, Volumen VII, Número12, México, Julio – Diciembre, 2016.

Resumen En este artículo, me propongo delinear el contexto en el que ocurre la acción afirmativa de acuerdo con Thomas Nagel, como un complemento a la propuesta rawlsiana. El vaivén entre la teoría y la práctica obliga a definir un concepto para engarzar tales ámbitos. Con este propósito, propongo la noción aristotélica de epieikeia, porque cumple los requisitos necesarios para esclarecer el tránsito entre el escenario ideal y el no-ideal y, al mismo tiempo, salvaguarda la idea de la justicia y su marco epistémico.

Abstract This paper outlines the context wherein Thomas Nagel's affirmative action actually takes places as a Rawlsian theory complement. The pendulum effect between theory and pragmatic application calls for a concept capable of linking both realms. The Aristotelian notion of epieikeia, I submit, fulfils the necessary requirements to clear up the transit between –the ideal and the no-ideal while– protecting the idea of justice and its epistemological framework.

Actualmente la acción de tutela es considerada como
un mecanismo idóneo de exigibilidad de derechos
de la sociedad civil frente al Estado colombiano. Esta
herramienta no solo es el medio por el cual la población
puede defenderse de las constantes vulneraciones
de Derechos Humanos por autoridades públicas
o personas en posiciones de poder, sino también se
manifiesta como un instrumento que reviste de herramientas
a la sociedad civil para que demande al
Estado los derechos que históricamente le han sido
negados o transgredidos, por ejemplo el derecho social
fundamental a la educación, especialmente de
comunidades afrocolombianas sin acceso a la educación
superior.

El presente artículo analiza el impacto de la presencia de las mujeres como diputadas y senadoras en el Congreso Nacional Argentino en relación al tratamiento y votación del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el año 2018, la Ley 27610 en el 2020 y su vinculación con la aplicación de Ley 27412 de “Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política”. Para ello, desde un enfoque de género, se revisa las dinámicas de exclusión de las mujeres en la participación política representativa y el fundamento de las acciones afirmativas (como el cupo y la regla de paridad), para luego exponer su relación con el proceso de ampliación de derechos de las mujeres. Sin desconocer la trascendencia del contexto social y los millares de personas que pugnaron de cuerpo presente en las calles, el proceso de sanción de la ley 27610 constituye una oportunidad única para reflexionar sobre la justificación de las acciones positivas para garantizar la presencia de las m...

This article analyzes the exercise of self-determination and indigenous political representation during the municipal administrations of the Metropolitan Area of Monterrey (AMM), 2018-2021. Using a qualitative approach, semi-structured interviews were applied to representatives of civil society organizations in topics related to indigenous people, and requests were sent for information in order to understand governmental actions in the six municipalities with the largest numbers of indigenous people. In addition, the study identifies institutional discrimination and gaps in implementation with variables that intercede in political representation and the exercise of

Este artículo analiza y explica en qué sentido se incorporó la perspectiva de género en la argumentación de la sentencia SUP-JDC.1080/2013 y sus acumulados, mediante la cual, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró el "concurso solo para mujeres" como una medida constitucionalmente válida.

Reconociendo el enorme mérito de su implementación, en este trabajo se analiza la acción afirmativa indígena establecida para la elección de diputados federales de 2018 como resultado de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se generó en el ámbito federal una acción afirmativa consistente en reservar 13 distritos para que todas las candidaturas fueran de origen indígena, con lo cual se garantizó su representación. Se trata de un paso importante para reivindicar los derechos de la población indígena, que ha constituido un ejemplo y un punto de partida útil para seguir trabajando el tema. Con ello en mente, se analiza el criterio de concentración poblacional utilizado y, con base en gráficas que exponen cifras oficiales, se considera que es necesario modificarlo, debido a que produce un bajo grado de representatividad y puede generar un fenómeno indeseable de segregación y reducir la protección en un ámbito territorial, en vez de atender a la autoadscripción indígena.

Una mirada antropológica a la usurpación de la identidad indígena en las
elecciones de 2018 y 2021 en México.
La construcción de una democracia plural con inclusión de las y los indígenas en condiciones de equidad tiene
grandes retos, pues si bien las acciones afirmativas en materia electoral han registrado un avance relevante,
la distancia entre las normas y su cumplimiento es enorme, por lo que la equidad electoral es todavía una
asignatura pendiente, inicialmente porque existe una resistencia de los partidos políticos y los actores políticos
para pluralizar el poder. El principal problema no se resuelve solamente en términos de técnica jurídica, es decir,
de afinar los mecanismos de implementación y control de las acciones afirmativas, se trata de una situación
compleja que tiene sus raíces en una cultura en donde el racismo frente a la diversidad étnica está vigente
y la corrupción son su principal obstáculo. Esto se expresa con nitidez en los resultados de las contiendas
electorales para elegir Diputados Federales en los Distritos Indígenas para las legislaturas LXIV (2018-2021) y
LXV (2021-2024).
Abstract
The construction of a plural democracy with the inclusion of indigenous people in conditions of equality has great challenges, because although affirmative actions in electoral matters have made significant progress, the distance between the norms and their compliance is enormous. Electoral equity is still a pending issue, initially because there is resistance from political parties and political actors to pluralize power. The main problem is not solved only in terms of legal technique, that is, to fine-tune the mechanisms of implementation and control of affirmative actions, it is a complex situation that has its roots in a culture where racism in the face of diversity Ethnicity is in force and corruption is its main obstacle. This is clearly expressed in the results of the electoral contests to elect Federal Deputies in the Indigenous Districts for the LXIV (2018-2021) and LXV (2021-2024) legislatures.