Ciudades y riesgos en América Latina. Reflexiones a partir del caso chileno y mexicano. Melina A. Tobías Doctora en Ciencias Sociales y Geografía. Universidad de Buenos Aires y Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. Argentina. E-mail: melina.tobias@gmail.com En los últimos años desde diversas disciplinas de las ciencias sociales se ha señalado la necesidad de revisar la forma en la que concebimos la relación sociedad-naturaleza, remarcando que no es posible interpretar de manera disociada las relaciones sociales, por un lado, y la naturaleza, por el otro. Más bien, es posible advertir, como lo hace Latour (2007), que ambos elementos se codeterminan en una relación híbrida –que no es ni social ni natural-, conformando así una suerte de segunda naturaleza (Lefebvre, 1991). Esto es así especialmente en el caso de los centros urbanos, donde las transformaciones sociales sobre lo “natural” dan origen a una forma nueva y distinta de naturaleza, que podríamos definir como una naturaleza urbana (Heynnen, Kaika y Swyngedouw; 2005). Esta, a su vez, conlleva la aparición de nuevos riesgos e incertidumbres. Como advierte la geografía marxista y la ecología política urbana, estos nuevos riesgos e incertidumbres no se distribuyen de manera homogénea ni equitativa dentro del conjunto social, dando lugar a la existencia de ganadores y perdedores definidos en función de lo que Harvey (2006) define como geometrías de poder, asociadas a las formas que asuman las relaciones de fuerza entre los distintos grupos sociales. Precisamente son estas ideas las que, desde posiciones diversas, se proponen abordar los trabajos de Ugalde “Instalaciones peligrosas y ciudad” y de MuñózSalazar, Gascón-Martín y de Armas-Pedraza “El riesgo socio-ambiental en los procesos de urbanización de América Latina. El caso de Vista al Mar, un campamento emplazado en los cerros de Valparaíso” en el dossier N 7 “La cuestión ambiental en las metrópolis latinoamericanas”. El texto de Ugalde se centra, desde una perspectiva cualitativa e histórica basada en el análisis de normativa, en identificar y analizar las reglas jurídicas que a lo largo del tiempo han enmarcado el hecho de la proximidad entre poblaciones e industrias molestas o peligrosas para el caso de México, buscando con ello estudiar el modo en que la cuestión del riesgo asociado a este tipo de instalaciones se ha convertido a lo largo del tiempo en un tema de intervención pública. Para ello el trabajo recorre primero algunos de los principales accidentes ocurridos en México producto de la cercanía de industrias peligrosa a poblaciones, dando cuenta con Tobías, Quid 16 N°8 –Dic.2017-May.2018 (52-55) 52 ello de lo frecuente y relevante de la temática. Para luego, en los siguientes apartados, analizar cómo, a partir de la década del 30’ y 40’ comienza a mencionarse dentro del marco jurídico nacional la cuestión de la proximidad entre industrias y poblaciones, primero ligado al ámbito laboral, luego al de salud y más recientemente al campo de la protección ambiental. Por su parte, el artículo de Muñoz- Salazar et al. se propone analizar, desde un enfoque centrado en la producción social del riesgo y la vulnerabilidad, los efectos que han tenido los procesos de urbanización en Chile durante las últimas décadas, dando lugar a la creación y el crecimiento de los asentamientos informales. Concretamente, los autores se centran en estudiar los procesos de territorialización -entendidos como procesos de identificación, definición y producción de un espacio como territorio- que tienen lugar en el campamento Vista al Mar del cerro Playa Ancha, uno de los tantos asentamientos informales de Valparaíso. Indagando allí el modo en que los pobladores locales seleccionan los riesgos socio-ambientales que afrontan en su vida cotidiana, y los significados que a ellos les atribuyen, así como las estrategias que adoptan para prevenir las catástrofes. Si bien, a simple vista, los temas abordados en cada uno de los trabajos son distintos, es posible identificar algunos interrogantes o dimensiones comunes que permiten crear un diálogo entre ambos. En primer lugar, y retomando la noción de naturaleza urbana que mencionamos al principio, es posible advertir que ambos trabajos se encuentran atravesados por los efectos que los procesos de urbanización tienen sobre los riesgos socio-ambientales. En este sentido, una de las preguntas de fondo que se encuentra implícita en ambos trabajos es ¿cuáles son los riesgos que conforman los procesos de urbanización a lo largo del tiempo y de qué modo éstos son reconocidos tanto por los organismos gubernamentales, como por la propia población afectada? En este punto los dos artículos –sea desde el estudio de los marcos jurídicos urbanísticos y ambientales en México, o bien desde la propia voz de los vecinos de asentamientos informales en Chile- permiten ahondar en el modo en que la definición de los riesgos en una sociedad determinada, tal como lo advierte la literatura sobre riesgos y desastres, responde más bien a ideas de moral y justicia que van mutando a lo largo del tiempo, y no a criterios racionales que se definen de una vez y para siempre (Douglas y Wildavsky, 1982). En el texto de Ugalde, centrado en el estudio de las normas, esto se evidencia al demostrar, a través de una suerte de genealogía, que en la década del ’30 el reconocimiento de la peligrosidad de la exposición y cercanía de industrias peligrosas a la población era poco atendido y que fue recién al inicio de los ’40 que el enfoque de las normas cambió, priorizando aspectos relacionados a la salud de las poblaciones (no sólo al trabajador dentro de la fábrica) lo que permitió la incorporación de ciertas medidas para prevenir los daños. A su vez, al presentar las normas de protección ambiental vigentes en la ciudad de México, el autor identifica cómo han aparecido nuevos mecanismos de consulta pública para la definición de los riesgos, donde se hace partícipe a la población sobre el nivel de tolerancia a la contaminación que está dispuesta a aceptar. Comentario Dossier. Ciudades y riesgos en América Latina… 53 Por su parte, en el caso del trabajo de Muñóz-Salazar et al., también es posible identificar reflexiones en esta línea, al advertir el modo en que los habitantes residentes del campamento Vista al Mar han llevado adelante un proceso de construcción social del riesgo, reconociendo y otorgando significados a los riesgos socio-ambientales que enfrentan al ser parte de la ciudad informal, como la inaccesibilidad a los servicios de emergencia, las dificultades con el acceso a la red de transporte urbano, las carencia de servicios básicos como la electricidad, el agua potable y saneamiento y la recolección de residuos. En segundo lugar, y aludiendo ahora a la noción de geometrías de poder que se mencionó en un principio, otro elemento presente en ambos trabajos es el reconocimiento de que los riesgos socio-ambientales no son distribuidos de manera homogénea en el conjunto social, sino que son los sectores más vulnerables quienes más se exponen. Esta idea no es necesariamente novedosa, sino que se remite al propio enfoque de la justicia ambiental, que sostiene la estrecha relación entre la desigualdad ambiental y desigualdad social. En pocas palabras: la distribución inequitativa de los riesgos socio-ambientales se encuentra directamente asociada a la distribución inequitativa de los recursos económicos, de los servicios urbanos y del propio espacio urbano. El trabajo de Ugalde se inscribe dentro de esta perspectiva al preguntarse por el modo en que la localización de las instalaciones molestas y peligrosas incide en el incremento de las desigualdades socio-espaciales existentes en las grandes ciudades. En este sentido, el autor advierte que, para poder revertir la inequidad existente en la distribución de los riesgos, es necesario que el Estado reconozca las situaciones particulares de cada grupo y formule políticas adecuadas para cada realidad. No obstante, la experiencia del caso mexicano permite entrever, en palabras del propio autor, que “la intervención gubernamental no siempre considera los efectos posibles de medidas similares ante poblaciones en situación de disparidades sociales significativas” (p.8). De este modo, Ugalde concluye que hasta el momento las medidas emprendidas por la administración (particularmente en la ciudad de México) han llevado a reproducir las inequidades, atribuyendo más costos y exposición a riesgos a los sectores más desprotegidos. Esta misma idea se encuentra presente en el artículo de Muñoz- Salazar et al., quienes resaltan la relación directa que existe entre las inequidades ambientales y las socio-económicas, a través del acceso diferencial a los lugares, servicios y bienes urbanos. Esa situación lleva, a su vez, a una mayor vulnerabilidad por parte de los sectores más desprotegidos, quienes se ven más expuestos a los desastres socio-naturales. Para los autores, estas inequidades, se deben principalmente a tres cuestiones: los efectos desiguales de las políticas sociales en los hogares, los impactos que los distintos estilos de vida tienen en el medio ambiente y el acceso desigual a los procesos de toma de decisión. La conjunción de estos elementos otorga una determinada vulnerabilidad urbana, entendida como la capacidad de los distintos grupos sociales para hacer frente a los riesgos ambientales y urbanos (p. 8). En el caso concreto que se proponen estudiar los autores, los habitantes del campamento Vista al Mar expresa un alto nivel de vulnerabilidad, principalmente debido a la falta de organización de los vecinos, que naturaliza los riesgos a los que Tobías, Quid 16 N°8 –Dic.2017-May.2018 (52-55) 54 se exponen e impide la articulación de reclamos. Las causas de esta situación pueden rastrearse, siguiendo el argumento del texto, a través de las prácticas inauguradas décadas atrás por la dictadura militar, que han llevado a la fragmentación social y la segregación urbana. A pesar de las temáticas diversas, ambos trabajos concluyen con una misma idea: la necesidad de incorporar mecanismos verdaderamente participativos dentro de los procesos de urbanización, que permitan reconocer las realidades sociales de los distintos grupos y la importancia de crear medidas y políticas adaptadas a dichas realidades, para poder así revertir los patrones de inequidad ambiental y sociales en la distribución de los riesgos urbanos. A modo de cierre, es importante destacar el mérito que tienen ambos trabajos para problematizar y desnaturalizar la producción de riesgos en ámbitos urbanos, invitando a analizarlos desde distintas formas y fuentes -sea a través del derecho como hace Ugalde a través del análisis de fuentes secundarias de normativa; o bien como lo hacen Muñoz Salazar et al. abordando la propia perspectiva de los pobladores de hábitat informales a través de entrevistas en profundidad y observaciones-. Más allá de los hallazgos que ofrecen cada uno, las distintas miradas y formas de aproximarse al tema ofrecen un abanico interesante de opciones para abordar la problemática de los riesgos urbanos. Bibliografía DOUGLAS, M. y WILDAVSKY, A. (1982) Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers; Berkeley; University of California Press.} HARVEY D. (1996) Justice, Nature and the Geography of Difference. Oxford: Blackwell Publishers. HEYNEN, N., KAIKA, M. y SWYNGEDOUW, E. (2005) "Urban political ecology" En Heynen, N.; Kaika, M. and Swyngedouw, E. In the Nature of Cities - The Politics of Urban Metabolism. (Pp. 1-19). London: Routledge. LATOUR, B. (2007) Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica. Buenos Aires: Siglo XXI. LEFEVBRE, H. (1991) The production of space. Blackwell, Oxford. Comentario Dossier. Ciudades y riesgos en América Latina… 55