Paz para quién

¿Paz para quién? Defensa del territorio y minería en Colombia Estudios de caso desde comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes Barcelona, Junio 2017 Equipo de Investigación Alejandra Durán Castellanos, Núria Morelló Calafell, Moritz Tenthoff, Catalina Caro Galvis, Pablo Martínez Silva, Socorro Corrales Carvajal, Marilyn Machado Mosquera, Lina María González Correa Equipo Editorial Lina María González Correa y Alejandra Durán Castellanos. Con el apoyo de: Fotografía Javier Sulé Ortega, Conchita Guerra Cabrito, UNIPA: Unidad Indígena del Pueblo Awá, Alejandra Durán Castellanos, Lina María González Correa. Diseño y Maquetación Erika de la Espriella. ISBN: 978-84-16553-92-1 Depósito Legal: B 13382-2017 Editorial Descontrol, 2017 C/Constitució 19, recinto Can Batlló Observatorio por la Autonomía y Derechos de los pueblos Indígenas en Colombia Bloque 11, Nave 83-90 08014, La Bordeta-Sants - Barcelona C / Riego 37 Bajos. 080014, Barcelona info@observatorioadip.org Fotografía: Javier Sulé O. - www.observatorioadip.org Agradecimientos El Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia (Observatorio ADPI) quiere expresar su agradecimiento a todas las personas y organizaciones que, desde su caminar, sus saberes y energías, hicieron posible la elaboración de este informe. En primer lugar, agradecer el apoyo brindado por el Ayuntamiento de Barcelona en el marco del proyecto “Teixint Noves solidaritats”. En segundo lugar, este informe no hubiera sido posible sin la solidaridad, la confianza y la sabiduría de todas aquellas personas que forman parte de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y afro descendientes con las que se ha compartido e intercambiado intereses y aspiraciones. Merecen una mención especial el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y su programa económico ambiental; el Cabildo Mayor Yanakona, en particular a todas y cada una de las amables y acogedoras mujeres y hombres del Cabildo de Santa Bárbara; en Nariño, gracias a la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) por abrir sus puertas y enseñar la cruda cotidianidad de la guerra que sigue padeciendo el Pueblo Awá aún en la actualidad. Todas ellas, desde distintos puntos del territorio colombiano y con sus testimonios de vida, son las verdaderas tejedoras de las reivindicaciones y propuestas que se han visto representadas en estas páginas. Fotografía: Javier Sulé O. Así mismo, queremos destacar la labor de las organizaciones radicadas en Colombia y que trabajan en defensa de los derechos humanos desde diferentes ámbitos. Su acompañamiento diario a las comunidades es imprescindible y crucial para visibilizar y reivindicar un modelo de desarrollo distinto para el país, sin violencia de ningún tipo y respetuoso con la autonomía y dignidad de los pueblos. Agradecer especialmente el trabajo de Socorro Corrales, Cofundadora de Comunitar, organización que acompaña la Ruta pacífica de las mujeres; a Moritz Tenthoff y a Catalina Caro, gracias por explicar, escuchar y colaborar 5 en todo lo que ha estado en sus manos; a Pablo Martínez Silva y a Marilyn Machado por su compromiso; a Arturo Escobar y a Claudia Jimena Pai por su apoyo incondicional a lo largo de este trabajo. En Barcelona, agradecer a todas las personas que integran, desde diferentes partes del globo, el equipo del Observatorio ADPI. A Núria Morelló, Martí Surís, Lina González y Alejandra Durán. Sin su determinación y energía sin duda estas líneas no existirían. Adicionalmente, quisiéramos agradecer a Javier Sulé y Conchita Guerra por haber cedido varias imágenes para este texto. También a Fidel Mingorance, uno de los coordinadores de geoactivismo.org y coordinador de geographiando.net por los mapas cedidos para la introducción. Todas ellas, organizaciones y personas que las conforman, desde otro caminar y áreas de conocimiento, han aportado perspectivas de gran interés a un asunto tan complejo como el que se ha intentado abordar en este informe. Sobre todo, gracias a ellas por ayudarnos a comprender y por enseñarnos a ver de otra manera; por humanizar un discurso institucional tan rígido y ciego como el actual, perdido en teorías, tecnicismos, clasificaciones legales y que, desafortunadamente, olvida lo esencial. La defensa del agua y el territorio es, en definitiva, la defensa de la vida plena o del Buen Vivir (Sumak Kawsay) que sólo es posible cuando se conjuga lo humano y lo natural con lo espiritual. Los textos reproducidos en este informe son responsabilidad del Observatorio ADPI y no reflejan necesariamente la posición del Ayuntamiento de Barcelona, como institución de soporte, o de alguna de las organizaciones o instituciones que nos han brindado su apoyo. 6 Índice 12. Introducción Lina María González C y Alejandra Durán C. 58. Capítulo 1 La minería de oro como empresa criminal Moritz Tenthoff. 72. Capítulo 2 La minería en el Cauca: conflictividades, resistencias y desafíos Catalina Caro G. 96. Capítulo 3 La construcción de la autonomía territorial en el municipio de La Vega. La resistencia colectiva e intercultural frente a la minería Alejandra Durán C. 134. Capítulo 4 La amenaza de la minería en el pacífico nariñense y en el Katsa Su. El Pueblo Awá y sus resistencias Núria Morelló C. 178. Capítulo 5 Oro y mercurio en el medio río Caquetá. Sinergias y alianzas estratégicas para la salud y el desarrollo social Pablo Martínez S. 198. Capítulo 6 Cómo afecta el extractivismo en el cuerpo y la vida de las mujeres. Una mirada ecofeminista desde el Cauca Socorro Corrales C. 236. Capítulo 7 Territorios de resistencia, minería, ancestralidad y esperanzas Marilyn Machado M. 258. Conclusiones y recomendaciones Equipo Observatorio. 268. Anexos 1. Presencia de GAPD y guerrillas en territorios donde se encuentran los pueblos indígenas, afrodescendientes o campesinos de este informe (2016). 2. Situación humanitaria del pueblo Awá. Alejandra Durán Lina María González Fotografía: Conchita Guerra C. INTRODUCCIÓN Introducción por: Lina María González y Alejandra Durán Hace tres años el Observatorio ADPI publicó “Sus armas no lograrán extinguir nuestra palabra”, un informe que buscó señalar cuáles eran, en ese momento, los principales riesgos de extinción física o cultural en varios pueblos indígenas en Colombia. Se mostró cómo, incluso en pueblos demográficamente numerosos, existían riesgos gravísimos sobre la vida y la cultura. En aquel informe hablamos de riesgos asociados al conflicto armado; a los proyectos de agroindustria o de extracción de recursos naturales, ya fueran por hidrocarburos, minería o explotación de acuíferos. En esta línea también se identificaron los proyectos multimodales, es decir, proyectos de infraestructura cuya intención se encontraba orientada a la extracción de recursos naturales, tales como la Represa del Río Ranchería en el departamento de la Guajira, la troncal del Libertador en el departamento del Cauca o del Corredor Multimodal Pasto-Mocoa. Finalmente, en el informe de 2013 se mencionaron la infinidad de amenazas de tipo cultural sobre los pueblos indígenas. Como ya lo habían temido varios sectores sociales, los últimos años nos han sorprendido con una oleada de asesinatos a líderes y lideresas sociales en Colombia, varios de ellos indígenas, en pleno proceso de negociación de paz con la guerrilla de las Farc. Las amenazas sobre la vida también fueron una constante. La mayoría de los casos se presentaron sobre personas vinculadas directamente con la defensa de sus territorios y en contra de la extracción de recursos. Recientemente, la Alta Consejería para los Derechos Humanos en Colombia de Naciones Unidas sacó su informe anual de seguimiento sobre el país. Destacó como una de las amenazas más graves a la consecución de la paz en Colombia la persecución, las amenazas 14 y la violencia de género que están padeciendo líderes y lideresas sociales. Según Naciones Unidas, en 2016 fueron asesinadas, en el marco del conflicto, 127 personas. El movimiento político Marcha Patriótica perdió a 64 de sus integrantes. Las restantes 63 víctimas fueron líderes sociales, seis de ellos indígenas. La mayoría de los crímenes sucedieron en regiones donde la guerrilla de las Farc se está retirando o donde predominaban los cultivos ilícitos y la minería ilegal (OACNUDH, 2016: 10). 1. Desafíos de la paz territorial: la minería como principal amenaza La situación está demostrando que el verdadero reto para la consolidación de una Colombia en paz se encuentra en los territorios, no tanto en las ciudades capitales. Y, en el mismo sentido, la conflictividad y violencia actuales y futuras se encuentran atravesadas por la extracción de recursos. De hecho, se corresponden con la forma como el Es tado se ha relacionado con los territorios alejados de los centros de poder. La actual configuración de la violencia parece mostrar que el abandono estatal por las necesidades de la población ha sido un permanente histórico. En esa medida, también lo ha sido la dificultad de ejercer un verdadero control democrático contra la corrupción y el clientelismo armado o criminal. Por ejemplo, el 2016 sacó a la luz cifras escandalosas sobre la muerte de un número indeterminado de niñas y niños del pueblo Wayúu, ubicado en el extremo norte de Colombia, en pleno desierto de la Guajira. Los Wayúu son el pueblo demográficamente más numeroso del país. En el departamento donde se ubican representan el 44% del total de la población1. Su alta demografía comparada con otros pueblos indígenas en Colombia se explica, en parte, por habitar una zona desértica que había sido de escaso interés para los sucesivos gobiernos colombianos. Paradójicamente, ese escaso interés llevó a que 1 El pueblo Wayúu es binacional –Colombia y Venezuela– y su población del lado colombiano, en el Departamento de la Guajira, llega casi a los 280 mil habitantes. 15 en 2016 se confirmaran las muertes de 75 indígenas por malnutrición donde la mayoría de los casos fueron niños2. El pueblo Wayúu, al encontrarse en una zona desértica, fue considerado en un ámbito geográfico de poco interés para el estado colombiano desde su creación. Los indígenas, sabios conocedores de su entorno, lograron coexistir en el desierto, entenderlo y crecer con él. A pesar de ser una zona desértica, por la cercanía con la Sierra Nevada de Santa Marta y sus múltiples fuentes de agua, los Wayúu se han surtido de los acuíferos subterráneos y de varios arroyos que hacen parte de los brazos hídricos del río Ranchería. Para el Estado colombiano, el desierto de la Guajira comenzó a existir en razón de la explotación de sus recursos naturales, en particular del mineral del Carbón. En 1977 se iniciaron los procesos de exploración y la gran explotación de la mina se consolidó desde 1985. Hoy en día, esta mina del Carbón –denominada el Cerrejón– es una de las más grandes del mundo a cielo abierto y ocupa un territorio de 69 mil hectáreas: territorio ancestral del pueblo Wayúu. Le han bastado a este monstruo del carbón 30 años para devorar los recursos hídricos de la región y producir la sequía que ha terminado en hambruna. Ésta, sumada a la corrupción y cooptación de los recursos públicos por políticos locales vinculados a grupos armados y a la omisión y ceguera estatal, derivó en la muerte reciente de un altísimo e indeterminado número de indígenas Wayúu. Allí, en ese territorio alguna vez olvidado, la escasa intervención del Estado ha sido nefasta y se ha expresado otorgando la concesión para la explotación minera que ahora tienen tres grandes multinacionales3. La inadecuada intervención del Estado no implicó un mejoramiento en las condiciones de vida del pueblo Wayúu, al contrario. La intervención del Estado implicó muerte y amenaza territorial. Los grandes peligros que mencionamos en el informe de 2013 siguen vigentes, aun cuando el conflicto armado con las Farc está en camino a 2 Estos datos son un subregistro de la magnitud de las muertes presentadas ya que los indígenas de territorios alejados no han reportado todos los casos dados. 3 El complejo Cerrejón está integrado por las multinacionales BHP Billiton (de Australia), Glencore (de Suiza) y Anglo American (de Sudáfrica). Esta última se encuentra en proceso de vender sus acciones. 16 su fin. No obstante, son muchos los actores armados que permanecen en los territorios y que están posicionándose en aquellos espacios que quedarán vacíos tras la desmovilización de las Farc. La disputa territorial está demostrando, nuevamente, que la violencia se ensaña contra las defensoras y defensores de los territorios. Personas que llevan años pidiendo por la paz y que realmente anhelan una tregua para sus vidas. El que este informe se enfoque en las afectaciones del neoextractivismo minero es una manera de visibilizar que la paz territorial no llegará si la política de la llamada “locomotora minera” no cesa. Consideramos una falacia el discurso estatal que argumenta que, de las regalías producidas por la actividad minera, se podrá financiar el postconflicto con la guerrilla de las Farc en el país. Y es una falacia porque un porcentaje muy alto de la minería en el país se produce de manera ilegal y/o criminal, con lo cual a duras penas produce ingresos para el Estado. Además, como se señala en el artículo de Tenthoff en este informe, el criterio de ilegalidad asignado por el gobierno colombiano confunde actividades abiertamente criminales de la minería con prácticas no formales artesanales o ancestrales históricas que, por su vocación, no deben entrar en la formalización que se les pretende dar. En segundo lugar, también es una falacia porque el impuesto por extracción de recursos minerales en Colombia es de los más bajos la región latinoamericana. Es decir, no se compensan los daños ambientales y territoriales externalizados por la explotación minera con los ingresos percibidos por el Estado. Mucho menos se compensa la violencia que está generando. Como lo menciona el investigador Luis Jorge Garay en uno de sus estudios para la Contraloría: “La generación de recursos para el Estado dista mucho de ser aceptable por los beneficios tributarios generalizados a las empresas mineras a través de la denominada estrategia de seguridad inversionista, generando innumerables mecanismos para reducir el pago de las tasas de impuestos nominales fijadas por la Ley. Las tasas fijas de regalías, que no son progresivas ni reflejan el comportamiento de los precios –como sí está reglado en la industria de hidrocarburos–, castigan los ingresos del Sistema 17 General de Regalías que se transfieren a los territorios. El desbalance integral se profundiza aún mucho más cuando se toman en consideración la gravedad y perdurabilidad de los múltiples y diversos impactos en los sistemas ambiental, social, cultural, territorial y de salud pública asociados con la explotación minera en el país” (Garay, 2014b: 35). Y, claramente, la actividad minera no compensa la sostenibilidad de la vida en los territorios ni la soberanía alimentaria, es decir, no está mejorando las condiciones de vida de las poblaciones. De hecho, el área de vocación agrícola está reduciéndose cada vez más en el territorio colombiano, en beneficio de la asignación de tierras para la minería. En 2016, desde las campañas en contra de la minería se ha denunciado que se han concedido 5 millones de hectáreas, a través de 12 mil títulos, para explotación minera. Otros 25 millones de hectáreas estarían en solicitud. Esto contrasta los 4,9 millones de tierras asignados a labores agrícolas. Simultáneamente, en otros estudios del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), se ha destacado que la minería y la ganadería han desplazado la vocación agrícola de la mayoría de los suelos en el país, generando una transformación desde finales de los años noventa. En su momento, cerca de 50 millones de hectáreas tenían proyección de ser cultivables. Las implicaciones sobre la utilización de los suelos en otro tipo de actividades diferentes a su vocación ha generado afectaciones a la productividad de la tierra, contaminación y desequilibrio ecosistémico4. Además, no ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de la población y a la redistribución de los ingresos. Un estudio realizado para Oxfam en 2013, demostró que la actividad agrícola, especialmente la realizada por pequeños productores, era una de las que más lograba mejorar las condiciones de vida rurales si contaba con el apoyo y el incentivo estatal necesarios. Se demostró que “la eficiencia económica en el sector agrícola no depende de la 4 Ver: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/uso-de-suelos-colombianos-no-corresponde-con-su-vocacion.html 18 escala de producción y ofrece evidencias sobre la capacidad de los pequeños productores de incorporar cambios técnicos en la producción y de enfrentar coyunturas adversas (...) demostrando así su capacidad de resiliencia”. Esta característica está íntimamente ligada a acceso al mercado y a condiciones tecnológicas y no aplica en los casos de “pequeños productores con tierra insuficiente, aislados e incomunicados. Concluyendo así, que la eficiencia económica y por ende la generación de ingresos, no depende solamente del acceso a la tierra sino de una justa y equitativa distribución de los recursos productivos y de condiciones favorables del entorno”. (Garay, et al, 2013: ix-x). En este sentido, la consolidación de procesos de paz en los territorios está relacionada con la posibilidad de las poblaciones a tener la capacidad de cubrir las necesidades materiales de su existencia de manera digna. Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, presentado un coeficiente de Gini de 53,5, y en donde la pobreza multidimensional es 2,3 veces más elevada en el medio rural que en zonas urbanas (Programa Mundial de Alimentos, 2017: 10). En los departamentos en los que se centrará el presente informe, tales como el Cauca, Nariño, Chocó o la Guajira, existe un alto porcentaje de inseguridad alimentaria, principalmente en zonas con elevada presencia de poblaciones étnicas, siendo la minería uno de los factores clave en el empeoramiento de la misma (Ibid: 4). Uno de los principios que sustentan las políticas de desarrollo rural es la necesidad de fomentar un enfoque territorial participativo, que reconozca la ruralidad diferenciada, las ventajas de la asociatividad así como a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo. Este principio cardinal, con importantes efectos beneficiosos para el campo, sería de gran ayuda para equilibrar los intereses minero energéticos que existen en el país con el urgente y necesario impulso al medio rural que exigen los territorios. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha establecido recientemente una serie de estrategias a fin de transformar el campo colombiano. Algunas de ellas aluden a la mejora del ordenamiento y 19 desarrollo territorial; al cierre de las brechas sociales y a un enfoque de derechos e inclusión productiva. sus necesidades. Además, la investigación se ha nutrido, también, de los estudios elaborados por múltiples autores expertos en la temática. Lo cierto es que este abanico de principios y estrategias deben conjugarse en un contexto internacional, donde la responsabilidad compartida entre actores privados, sociedad civil y Estados, toma cada vez más importancia. Uno de estos espacios es la agenda mundial de desarrollo sostenible. Se trata de un horizonte a alcanzar para el año 2030, a partir del cual los diferentes actores implicados, entre ellos y especialmente el Estado colombiano, deben implementar todas las medidas que estén a su alcance para la consecución de los 17 objetivos que en total fueron suscritos en el año 2015. Si bien las políticas minero energéticas presentan repercusiones en la mayoría de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre todos ellos destaca el ODS 16. Esta meta, a la que se debería llegar durante los próximos 5 años, llama a los Estados que la suscribieron –entre ellos Colombia— a la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. A raíz de este proceso y dirigiéndose a los estudios de caso -departamentos de Caqueta, Cauca y Nariño- se elaboró una matriz inicial con las tipologías de minería. Esta matriz contenía aquellas categorías genéricas, sustentando su elaboración en el material de contexto consultado. Así, inicialmente la matriz se estructuró con base en los tres tipos de minería genéricos: minería a gran escala, minería ilegal a mediana y pequeña escala y, finalmente, minería de subsistencia (artesanal, ancestral y tradicional). Cada una de estas categorías se abordó con base en los siguientes parámetros: 1. Planificación y ordenamiento territorial existente; 2. Participación ciudadana en los instrumentos de planificación; 3. Presencia militar en el territorio; 4. Repercusiones medioambientales y cosmogónicas; 5. Procesos de resistencia locales; 6. Propuestas de organizaciones sociales existentes (ver matriz al final de esta introducción). 2. Objetivo, proceso y metodología de investigación El objetivo de este informe de investigación ha sido visibilizar las afectaciones específicas que la minería está teniendo en territorios indígenas, afrodescendientes e interétnicos. A partir de las denuncias realizadas por las organizaciones sobre la presión armada, medioambiental, sobre la soberanía alimentaria y sus propias vidas, hemos querido visibilizar la gravedad de los efectos de una política minera que está desbordando a Colombia. Los textos que se encontrarán aquí buscan ser insumos para las personas que están viendo sus vidas afectadas por la minería. Por este motivo, el trabajo de campo realizado y los escritos finales han contado con el consentimiento y aprobación de las comunidades entrevistadas. Esta ha sido una investigación con un ingrediente fundamental de participación comunitaria y ha habido un interés explícito en que la información se construya desde los pueblos implicados, ya que son quienes mejor conocen su realidad y los llamados a proponer cómo transformarla desde 20 Con base en dicha matriz de categorías de minería y efectos territoriales, se elaboró un cuestionario estructurado que fue la base de las entrevistas individuales y grupos focales del trabajo de campo. Las entrevistas no mantuvieron una estructura cerrada, sino que fueron permitiendo la retroalimentación de las comunidades según sus realidades. Siguiendo algunas de las sugerencias sobre las consecuencias del neoextractivismo en los territorios étnicos, presentes en los trabajos de Astrid Ulloa (2014), esta investigación quiso abordar la idea de territorialidad y relación con la naturaleza de manera más profunda, más detallada en las afectaciones cotidianas de las comunidades y en sus prácticas culturales, para poder dimensionar las diferencias sociológicas de los efectos de la minería. En ese sentido, se incorporaron en el análisis varios de los criterios de la propuesta de Ulloa al respecto de: “a) La forma en que los territorios y las naturalezas de los pueblos indígenas son apropiados de manera discursiva, simbólica o de hecho; b) La superposición de territorialidades en diversas escalas, en 21 lugares específicos. El análisis de los diversos actores que entran en juego y que tienen diferencias en cuanto al acceso y reconocimiento de los derechos legales; c) Las continuidades o el desplazamiento de sus roles a otros actores que interactúan en un mismo territorio y d) El rol del Estado en los territorios indígenas” (Ibid: 430). Asimismo, también se ha añadido la visibilización de la lucha de los actores sociales en el territorio, con el fin de evidenciar que las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, en espacios interétnicos o no, es permanente y los pueblos no están siendo sujetos pasivos ante las afectaciones que están viviendo. En algunos casos estas resistencias han sido exclusivas en su condición étnica. En otros casos se han dado desde la interculturalidad en la que conviven los pueblos en los territorios. 3. Conflictividad Estado - territorialidad indígena o afrodescendiente La conflictividad entre el Estado y la territorialidad indígena y afrodescendiente es un permanente en Colombia. El eje de esta discusión ya fue planteado en el informe pasado del Observatorio ADPI haciendo énfasis en los aspectos de la jurisdicción del control territorial que llevaba a los indígenas a exigir sus territorios libres de presencia de la Fuerza Pública. También se destacaron la conflictividad en el ámbito territorial sobre a) la justicia indígena y la jurisdicción nacional; b) los sistemas de educación propia y las obligaciones nacionales; c) el reconocimiento de los principios de salud indígena y la compaginación con el sistema de salud nacional; d) el solapamiento jurisdiccional de resguardos indígenas con Parques Naturales Nacionales y e) la determinación de la vocación económica de los territorios indígenas5. En este último asunto existe una diferencia muy importante sobre la concepción de “desarrollo” que propone el Estado colombiano contrastada con los principios del Buen Vivir de los pueblos indígenas. 5 El texto completo se puede encontrar online en el siguiente enlace: https://es.scribd.com/ doc/234084249/Sus-Armas-No-Lograran-Extinguir-Nuestra-Palabra#scribd 22 3.1 Jurisdicción propia - Jurisdicción nacional En diversas ocasiones, funcionarios gubernamentales han planteado que las propuestas y exigencias de los indígenas son opuestas al desarrollo, son temerosas del progreso económico y retardatarias de la modernización del país. Lo que se observa en la realidad es una diferencia abismal en el entendimiento entre dos concepciones de la vida, que se trasladan al ámbito de las decisiones políticas y territoriales, cuando el Estado considera válido sobreponer su jurisdicción a la que le ha reconocido constitucionalmente desde 1991 a los pueblos indígenas o afrodescendientes. Esta permanente conflictividad sobre quién toma las decisiones en los territorios indígenas y afrodescendientes enmarca la situación de la minería. El Estado ha querido mantener el control de los recursos naturales en los resguardos indígenas y en los consejos comunitarios afro con el argumento de que la propiedad del subsuelo es de la nación. Para el caso de la minería, ha planteado las Zonas Mineras Indígenas (ver mapa 1) o Zonas Mineras de Comunidades Negras. Las define como “zonas mineras en las cuales la exploración y explotación del suelo y subsuelo mineros deberán ajustarse a las disposiciones especiales del Capítulo XIV del Código de Minas sobre protección y participación de las comunidades y grupos indígenas asentados en dichos territorios. Establecer zonas mineras especiales, con extensión y linderos, dentro de los terrenos baldíos ribereños, adjudicados por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria como propiedad colectiva de una comunidad negra, a solicitud de ésta. Dentro de estas zonas, la autoridad otorgará concesión como titular a la aludida comunidad, y no a sus integrantes individualmente considerados”6. Es clave mencionar que esta determinación de zona de interés estratégico para la minería no había sido previamente consultada con las comunidades allí establecidas. Hasta la reciente sentencia 035 de 2016, según la cual la potestad para reglamentar el uso del suelo es ahora de los municipios, el orden 6 Disponible en: http://siminero.minminas.gov.co/siminero/documentacion/category/zona-minera-de-comunidades-negras-e-indigenas/ 23 nacional era quien decidía la explotación de minerales. De hecho, las declaraciones de la Agencia Nacional Minera hacían énfasis en que la propiedad del Estado era superior a la de otras entidades públicas, particulares o de comunidades o grupos. La declaración de zonas mineras en territorios étnicos, en la práctica, les da la prioridad de explotación a indígenas o afrodescendientes si ya se ha determinado que hacen presencia. Pero también se les conmina a realizar esta actividad, presionando que así sea. En primer lugar, porque esta prelación tiene un ingrediente de prescripción, es decir, si no se hace uso a ese derecho éste cesa y se permite el acceso a un tercero, no indígena o no afrodescendiente, para que aplique a la licitación y al derecho de explotación. Lo que han hecho las comunidades para proteger sus territorios, entonces, es adscribir la prelación con un segundo aspecto de presión: la actividad minera paga un impuesto denominado canon superficiario. Los resguardos indígenas o los consejos comunitarios, por ejemplo, están exentos del pago de impuestos de superficie. Y con la declaración de zonas mineras en su área, se les presiona a hacer un pago del canon superficiario cuyo valor es muy alto para los Cabildos y sus comunidades. Si el canon superficiario no se paga, da a lugar a la caducidad del derecho de explotación y a la asignación de ésta a un tercero. En resumen, se está presionando a las comunidades para ejercer la minería. Ahora bien, esto sucede en algunos casos cuando es muy evidente la presencia étnica en la zona de explotación minera. Pero, al haber solapamientos territoriales, es claro que el Estado busca hacer valer su fuerza y presencia frente a las comunidades y la Consulta Previa no sólo es un paso estorboso, sino que se incumple permanentemente o se practica sin cumplir con los requisitos de plena libertad o información completa. 3.2 Presencia de grupos armados en territorios estudiados y presencia de cultivos de hoja de coca Mapa 1. Varios de los municipios que se referencian en este informe se encuentran bajo la acción de Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD), que son Territorios indígenas y minería. Fuente: geoactivismo.org (2015) 24 25 las nuevas formas del paramilitarismo. Desde el Estado se les ha venido llamando Bandas Criminales - BaCrim para despolitizar su accionar en los territorios y para hacer referencia exclusivamente a su dedicación a actividades ilícitas, es decir, a la explotación de cultivos ilícitos o a la minería criminal. Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica se acaba de publicar un informe interesante sobre las formas que han asumido estos grupos armados, controvirtiendo el señalarlos solo como criminalidad común (CNMH, 2016: 12). En el Cauca, por ejemplo, la tipología de amenazas permanentes que realizan a las defensoras y defensores de los territorios demuestran un mensaje de control político, racista, de derecha y que reproduce el discurso de que los pueblos que se oponen a las actividades mineras son antidesarrollistas. Sobre este último punto, hay una coincidencia con declaraciones estatales que acusan, especialmente a los indígenas, de retrasar el desarrollo colectivo de la nación. Cuando las amenazas de los grupos paramilitares se han producido, salvo el caso de la Defensoría del Pueblo, se ha extrañado una declaración por parte del Estado en la que éste se desmarque de dicha coincidencia discursiva y se rechacen con contundencia las intimidaciones de estos grupos. Los defensores de territorios descritos en este informe, donde hay presencia armada, han sido amenazados permanentemente. Porque existe una coincidencia entre la presencia del paramilitarismo y las guerrillas con la existencia de cultivos ilícitos o minería criminal, debido a que son actividades desde las que se financian. En el anexo 1, que se encuentra al final del libro, se detalla la lista de la presencia de GAPD y guerrillas en los territorios. El caso Awá es, sin lugar a dudas, el más preocupante: en su territorio y, concretamente en el municipio de Tumaco, confluye la presencia de siete grupos armados diferentes en el año 2016. Uno de estos grupos armados es la guerrilla de las Farc, la cual se encuentra inactiva actualmente. No es coincidencia esta presencia armada con que sea Tumaco el municipio del país donde hay una mayor extensión de cultivos de hoja de coca (ver punto 6 del anexo 2 al final de este libro). Según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - SIMCI (2016), en 2015 entre los municipios de Tumaco, Barbacoas y Olaya Herrera, los tres en Nariño, se concentraba el 22,5% de los cultivos de hoja de coca en el país (ver mapa 2, con información SIMCI 2014). 26 Mapa 2. Presencia de cultivos ilícitos en territoios indígenas. Fuente: Fidel Mingorance. https://geographiando.net/ 27 Abordar este tema implica una complejidad que no suele ser entendida por los organismos gubernamentales. Por una parte, la presencia de cultivos en territorios indígenas evidencia la invasión de colonos en los resguardos para promover esta actividad. Esa invasión es espontánea, cuando son colonos sin tierra que buscan nuevas formas de subsistencia, o dirigida, cuando son colonos presionados o invitados por mafias que se toman los territorios indígenas. Por otra parte, en varios resguardos, algunos indígenas se han sumado a la siembra de cultivos de hoja de coca por fuera de su consumo ritual, para vender y garantizar un mínimo de excedentes para su sustento material, cuando las circunstancias de comercialización de productos agrícolas son deficientes y carecen de políticas públicas de apoyo. 3.3 Minería y bienestar social Como se ha visto, las repercusiones que presenta la actividad minera van desde el aumento de la conflictividad social hasta graves daños en la salud de las personas y del medio ambiente. Uno de los principales y más preocupantes efectos de la puesta en práctica de proyectos mineros extractivos, especialmente en ecosistemas frágiles y estratégicos, es el uso del mercurio. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en uno de sus documentos de trabajo (2009) relativos al uso del mercurio en diferentes actividades, llama atención a los Estados sobre la enorme cantidad de efectos adversos del mercurio en la salud humana y medio ambiente (PNUD, 2009: 3). En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a esta sustancia química tóxica como “uno de los diez grupos de productos químicos con mayores repercusiones en la salud pública”7, afectando principalmente la salud y bienestar de las mujeres embarazadas y los niños. Está comprobado que la exposición al 7 Ver: Departamento de Seguridad Pública y Medio Ambiente. OMS. (2011) Preguntas frecuentes: el mercurio y la salud. Disponible en: http://www.who.int/phe/chemicals/faq_mercury_health/es/ 28 mercurio, aunque sea en leves cantidades, puede causar graves enfermedades para el sistema inmunitario y nervioso, para la piel, los ojos o los pulmones. Un ejemplo sobre este asunto se encuentra en el artículo de Pablo Martínez en este libro, el cual aborda esta problemática para el caso de las poblaciones indígenas del Caquetá y Amazonas colombianos. La preocupación que existe sobre este tema en esferas internacionales viene manifestándose desde hace no pocos años. Durante la evaluación mundial sobre el mercurio8 del año 2002 realizada por el PNUMA se advertía de los graves problemas que a nivel mundial planteaba el mercurio. Desde entonces ya se indicaba que una de las principales fuentes de exposición a esta sustancia era el desarrollo de la actividad minera de oro y plata a pequeña escala, mediante el proceso de amalgamación, extendiendo sus efectos incluso después del cierre de la mina (PNUMA, 2002: 10 y 139). Así, con independencia de las liberaciones de mercurio que se generan de manera natural9, lo cierto es que la mayor parte de liberación de esta sustancia en la atmósfera a través de fuentes antropógenas, esto es, la propia actividad humana. La proporción de liberación antropógena de esta sustancia depende de muchos factores tales como el tipo de fuente del cual se emite, el aire y características del propio ecosistema donde se libera. Por ejemplo, la existencia de un río en las proximidades de la mina, favorece el traslado de este elemento a zonas alejadas de la fuente de emisión. Ahora bien, la conocida locomotora minera impulsada en los últimos gobiernos y especialmente ahora con los conocidos procesos de formalización, no ha hecho más que aumentar la minería que usa mercurio, esto es, la minería de oro y plata a pequeña escala -siendo un elevado porcentaje minería ilegal- y, como no, los grandes proyectos de extracción que se encuentran en fase de exploración o explotación. Pese a los esfuerzos gubernamentales en reducir el uso de esta sustancia -mediante la conocida ley 1658/2013- y, en particular, respecto de las extracciones mineras, lo cierto es que el control del uso del mercurio 8 Departamento de Seguridad Pública y Medio Ambiente. OMS. (2011). Disponible en: http://www.who.int/phe/chemicals/faq_mercury_health/es/ 9 Por ejemplo, mediante la actividad volcánica o la erosión de rocas. 29 es uno de los mayores retos para el país. Los actores armados, que siguen estando en las zonas de interés minero extractivo, no desistirán tan fácilmente de la minería ilegal y criminal como fuente de financiación. Tampoco lo hará la minería foránea, relacionada con redes criminales y a la que le resulta mucho más rentable el uso de esta sustancia que entrar a formar parte del ciclo minero. Esto implicaría la formalización de la actividad y, por lo tanto, la identificación de quienes la desarrollan y el cumplimiento de una cantidad de requisitos técnicos y ambientales. En 2014, Colombia era el segundo país del mundo, después de China, donde más se consumía mercurio para actividades mineras. La contaminación del agua, a causa de este químico, alcanzó ese año a 17 departamentos. En 2017 ya son 21 los departamentos afectados por la contaminación de mercurio. Cinco grandes ríos en el país están seriamente afectados: El Sambingo, el Ranchería, el Caquetá, el Muña y el San Jorge10. Pese a los datos y advertencias emitidos hace años desde instancias nacionales e internacionales, el Estado colombiano sigue reconociendo y defendiendo el aumento de la participación de la minería en la economía regional, justificando los impactos positivos de esta actividad en las comunidades indígenas y afro descendientes y basándose en la mejora de la economía, representada en el aporte de esta actividad al aumento del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Así, se usan datos macroeconómicos para justificar un supuesto efecto positivo de la actividad minera en las economías regionales y locales y, lo que es aún más grave, se identifica erróneamente el bienestar de las comunidades con un crecimiento económico que, en la mayoría de casos, es ajeno a los usos y costumbres de los pueblos. Incluso, la evolución de la participación de las actividades mineras en el PIB ha ido decreciendo. Durante los primeros años de la política de la locomotora minera hubo un aumento del PIB asociado a esta 10 En el reporte hecho por la Fiscalía General se responsabiliza a la minería ilegal. No obstante, está claro que la minería formal a gran escala también está generando terribles impactos ambientales en las aguas de los ríos del país. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15675184 30 actividad, pero poco a poco ha ido disminuyendo drásticamente, como se puede evidenciar en la tabla 1 a continuación: Año Variación Porcentual 2010 11.1% 2011 14.4% 2012 5.6% 2013 4.9% 2014 -0.2% 2015 0.6% 2016 -6.5% Tabla 1. Comportamiento de la rama de actividad económica de “minas y canteras” en el global del PIB colombiano entre 2011 y 2016. Datos en variación porcentual anual. Fuente: elaboración propia con base en Informes anuales del DANE (2011-2017) El argumento conforme la minería trae prosperidad a las comunidades que la desarrollan ha sido rebatido por el informe de 2013 de la Contraloría General de la República. En dicho documento, se demostró cómo los municipios mineros -a excepción de los municipios del departamento de Antioquia- muestran un comportamiento más deficiente en los indicadores integrales de desempeño municipal que otros municipios donde no se practica la minería. Incluso ese desempeño es más bajo que en aquellos municipios donde hay producción cocalera: “Que los niveles de desempeño municipal dentro de los cuales ocupa un papel determinante la institucionalidad pública, así como las tasas de deforestación, sean significativamente menos malos para el caso de los municipios cocaleros que en los que se ha venido realizando la extracción de minerales a gran escala durante 2 o 3 décadas, es en extremo preocupante. Esto permite afirmar, sin duda alguna, que los municipios donde se 31 concentra la explotación minera tienen una institucionalidad (es decir, unas reglas de juego) mucho peores no sólo que la que rige en aquellos no mineros con mayor desarrollo relativo, sino también que la que se observa donde se concentra una de las actividades más nocivas para el desarrollo: los cultivos de uso ilícito.” (Rudas, E y J.E. Espitia: República, 2013: 69). El argumento del Estado en defensa de la locomotora minero energética y su imposición territorial, usando diferentes estrategias, se resume claramente en la siguiente frase, expresada en el documento guía Política Minera después de Colombia como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la actividad minera: “Actualmente, hay desinformación en las comunidades cuando se expone la idea errónea de que la minería en general es nociva para el ambiente, la economía y la sociedad, lo cual dificulta la implementación y puesta en marcha de los proyectos mineros.” (Ministerio de Minas y Energía, 2016: 16). Estas afirmaciones que catalogan a las comunidades de tener poca información sobre el tema y la falta de claridad en los parámetros jurídicos va muy ligada a las estadísticas internacionales de interés inversionista en materia minero energética. En el marco de los estudios realizados por el Instituto Fraser, el gobierno colombiano ha llegado a conclusiones poco precisas sobre el potencial minero del país. Ha utilizado estos estudios a fin de argumentar que Colombia ha mantenido, e incluso aumentado, su atractivo respecto de la inversión minera de capitales extranjeros. Lo cierto es que estas afirmaciones no son del todo ciertas. De acuerdo con los datos expuestos por este instituto en su más reciente estudio, “Survey of Mining and Exploration Companies”, se señala que para el año 2016 Colombia fue uno de los países de Latinoamérica y el Caribe con más atractivo en materia minera para los inversores: de un índice donde 100 es el máximo posible, Colombia obtuvo una puntuación relativamente elevada (59,52), aunque cabe señalar, con gran diferencia respecto de países como Perú (73,47), Chile (69,66) o México (67,06). Además, si se compara el claro potencial geológico que presenta el país versus la disminución progresiva del atractivo que están teniendo 32 las políticas mineras internas implantadas en Colombia para los inversores -para el año 2012, Colombia obtuvo un puntaje de 60.19, pasando a 45.68 para el año 2016- se puede concluir que, en sentido opuesto a lo dicho por el gobierno, el índice relativo a las percepciones de las políticas mineras en Colombia por parte de los inversores ha disminuido en gran medida en los años recientes. El 2016, en especial, dio lugar a tres sentencias claves de la Corte Constitucional para la defensa de los territorios y poblaciones: las sentencias C-2732016, C-035-2016 y C-389-2016. Los parámetros en los que se sustenta la Política Nacional Minera son sólo un ejemplo de cómo el Estado colombiano está vulnerando el imperativo constitucional del art. 79 CC, dirigido a garantizar que todas las personas gocen de un ambiente sano y que participen en las decisiones que las afecten. Siendo un mandato constitucional, no se está protegiendo la diversidad e integridad del medio ambiente sino que, por el contrario, se está priorizando sobre éste a los intereses privados o incluso económicos de algunas empresas, dando por hecho que la oposición de las comunidades se basa en la ignorancia y no en la defensa consciente de los espacios de vida. Así, mientras las autoridades dedican sus esfuerzos políticos y militares contra la minería ilegal, paralelamente ofrecen incentivos para formalizar la actividad minera de aquellas personas que se encuentren en el marco de la minería ilegal, en ocasiones disfrazada de la llamada minería informal, esto es, aquella que tiene vocación de formalizarse. El conjunto de estas dos medidas es ciertamente preocupante. La inclusión en el circuito minero de este tipo de minería lo único que logrará es ampliar el sector minero a nivel nacional, principalmente en zonas de interés minero-extractivo, que coinciden con áreas de gran riqueza ambiental. Así es como el Estado ya no sólo se centra en potenciar la gran minería sino también en incluir en los circuitos de ésta a la pequeña y mediana minería. Estas medidas no reducirán las repercusiones sociales y ecológicas ni modificarán el modelo económico que, sin lugar a dudas, implica el desarrollo de esta actividad extractiva en las comunidades. Más allá de los impactos ambientales e incluso de 33 su justificación, como por ejemplo que una minería realizada bajo estrictos estándares técnicos generará un “menor” impacto ambiental, las comunidades han dicho claramente que no quieren minería en sus territorios ancestrales. Los pueblos indígenas mediante la movilización, encuentros e incluso en sus propios Planes de Salvaguarda, se han pronunciado y han mandatado un contundente NO frente a la minería, sea el tipo que sea. Las comunidades afrodescendientes organizadas se oponen también a la gran minería depredadora y abogan por las prácticas y formas históricas artesanales. Por ello, sobre la base de un necesario diálogo real y respetuoso entre las partes, el gobierno colombiano debería tomar en serio las determinaciones de un sector nada desdeñable de la población colombiana, que además tiene reconocido un estatus jurídico especial de protección constitucional. De la misma manera, se debería ponderar conscientemente los -múltiples- derechos e intereses en juego, visualizando realmente otras alternativas existentes, que no necesariamente pasan por la inclusión y casi imposición de la minería y su aceptación en los territorios rurales. 3.4 Política minera y de extracción de recursos naturales versus incentivos a las actividades agrícolas El desarrollo de la locomotora minero energética de los recientes gobiernos se enmarca en un fuerte proceso de reestructuración del sector minero a partir del año 2010. En este nuevo organigrama destaca la creación de la Agencia Nacional de Minería (ANM) como nueva autoridad minera, encargada de ejecutar la política minera del país y la responsable de los procesos de titulación de áreas mineras, así como de la administración del Catastro minero. Las prioridades del sector minero se han mantenido durante a lo largo de este proceso de reajuste. Ahora bien, destaca un elemento, antes casi inexistente en la política minero-energética, y que actualmente forma parte de las prioridades de este sector: la creación de la Dirección de Formalización Minera como ente dependiente del Viceministerio 34 de Minas. Pero no fue hasta un año después de la creación de esta Dirección cuando el gobierno justificó, en el año 2014, la formulación de una política exclusiva en materia de formalización minera -y la creación de la mencionada Dirección- en el incremento del interés inversionista que en materia minera suscita Colombia, así como en el crecimiento del sector minero (Ministerio de Minas y Energía, 2014: 32). Desde entonces se han publicado una serie de decretos con el fin de llamar a la formalización de los mineros que estén realizando la actividad sin algún o ningún requisito legal. Como hoja de ruta de estos procesos destacan dos documentos: por un lado, el decreto 480, de 6 de marzo de 2014, por el cual se impulsa la formalización minera sin título y, por otro, la Política Nacional para la Formalización minera11, publicada el mismo año. A nivel regional y desde el año 2015, la ANM está promoviendo las llamadas “juntas para la formalización” y los ciclos “hablando de minería”, siendo estos espacios donde participan los alcaldes de las regiones, las gobernaciones de los departamentos y la propia ANM. Las organizaciones sociales y las comunidades no tienen ni voz ni voto en estas reuniones y las caracterizaciones mineras que se realizan se centran únicamente en eso: la caracterización y evaluación del territorio para efectos de la minería. Así, sin contar realmente con el conocimiento de las propias comunidades que habitan las zonas, las caracterizaciones mineras han sido uno de los grandes disgustos y una de las grandes demandas por parte de las organizaciones sociales. Se exige por parte de las y los implicados de las áreas que han sido seleccionadas, poder realizar una caracterización propia, partiendo del conocimiento que, ellas mejor que nadie, tienen del uso e importancia del suelo, las fuentes hídricas, la flora y la fauna existentes. Además, cuestionan fuertemente que estas caracterizaciones estén únicamente destinadas a establecer la capacidad del territorio para la realización de actividades extractivas, 11 Ministerio de Minas y Energía. Política Nacional para la Formalización de la Minería en Colombia. Disponible en: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/581708/DocumentoPoliticaVersionFinal.pdf/9fd087db-7849-4728-92ff-6e426acccf9c 35 dejando de lado las riquezas ambientales, socioeconómicas e incluso geográficas que podrían verse afectadas. una repercusión “muy importante para la economía del país” (MNM, 2016:10). Por otro lado, después de años de incertidumbre en la denominación oficial de los tipos de minería, el gobierno colombiano, mediante el Plan Nacional de Desarrollo (PND) finalmente la clasificó, dividiéndola con base en dos parámetros: según la producción o según el tamaño (art. 21 PND). Es decir, dividiéndola según la escala. En este sentido, la Política Nacional Minera diferencia entre minería de subsistencia y minería de pequeña, mediana y gran minería. En definitiva, esta clasificación obvia algunas situaciones importantes que están sucediendo en muchos territorios indígenas y afrodescendiente y que, ciertamente, están afectando sobremanera en muchos aspectos a las comunidades. Llama la atención que en este documento no se mencione prácticamente a la minería criminal. Las pocas veces que es mencionada, se le identifica con la minería ilegal, sin llegar a ahondar un poco más en cuál puede ser la relación entre estos dos tipos de minería o si son o no equivalentes. Así, la minería de subsistencia se define como aquella que “no requiere título minero para su ejecución y que es desarrollada por personas naturales que dedican su fuerza de trabajo a la extracción a cielo abierto de metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas (...) utilizando herramientas manuales” (PNM, 2016: 59). La minería formal se define actividades con unidades productivas que trabajan, o bien con un título minero vigente o bajo el amparo del mismo12, que han obtenido un instrumento ambiental y que cumplen con todos los parámetros establecidos por la ley para desarrollar la actividad minera. Por su parte, el documento centra su atención en dos tipos de minerías: por un lado, aquella realizada a pequeña escala, considerada como la más numerosa y con más deficiencias y, sin embargo, a ojos del Ministerio de Minas, aquella que presenta la mayor capacidad para generar empleo. Por otro lado, la minería denominada como “ilícita” es vista como aquella que más efectos negativos comporta, entre otras razones y principalmente porque confunde la minería legal con la ilegal. Lo cierto es que la minería a mediana y gran escala quedan relegadas a un segundo plano del análisis, consideradas como aquellas que presentan muy buenos estándares técnicos, ambientales y sociales y, para el caso de la gran minería, con 12 Esta segunda opción integraría la preocupante figura de los subcontratos de formalización con empresas ya presentes en la zona. 36 Las diferentes denominaciones dadas para cada tipo de minería ha sido y es un foco de tensión entre las comunidades y el Estado, sobre todo debido a las repercusiones prácticas que esta clasificación jurídica pueda tener en los territorios. Uno de los debates consiste en la identificación de minería informal en las zonas de interés minero-extractivo. Algunas comunidades -el caso del conjunto de comunidades y organizaciones en defensa del macizo colombiano, por ejemplo- consideran que el concepto de informalidad y el tratamiento jurídico que se le está dando al tema, está abriendo la puerta a la expansión de la minería en las comunidades. Incluso se está facilitando que aquellas personas que ejercen una actividad minera ilegal, y que normalmente son personas foráneas, puedan constituirse de manera legal en el territorio, a partir del acuerdo con algún propietario de la zona y sin el consentimiento del conjunto de personas que realmente habitan allí. En este sentido, las comunidades, organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas insisten y tienen claro que su aceptación a la minería no depende de la calidad de los estándares técnicos sino de las fuertes transformaciones ambientales y sociales que conlleva, ineludiblemente, el ejercicio de esta actividad. Es decir, con independencia de que pueda llegar a darse una minería “bien hecha” o lo que es lo mismo, una minería formalizada y bajo unos estándares técnicos y ambientales, esta circunstancia no eliminará las 37 transformaciones territoriales, sociales y, sobre todo cosmogónicas, que los Pueblos vivirán. Otro elemento relevante a tener en cuenta, y que de hecho enfatiza la Política Nacional Minera, es la necesidad articular la autoridad minera con la autoridad ambiental, la importancia de la infraestructura y de la intermodalidad. En sentido similar a la clasificación antes descrita, esa articulación parece perfecta para una descripción teórica pero muy difícil de plasmar en la realidad práctica de los territorios -sobre todo en cuanto a la distinción entre minería formal e informal. Así es como existe, a nivel ambiental y territorial, una falta de coordinación entre los instrumentos de planificación territorial y ambiental. El ordenamiento ambiental en Colombia se realiza bajo un enfoque de Cuenca Hidrográfica, por lo que los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) son instrumentos cruciales para el uso coordinado del suelo, el agua, la flora y la fauna (Decreto 1640 de 2012) del territorio nacional. Los POMCA son formulados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible (art. 215 Ley 1450 de 2011) quienes también, como autoridad ambiental, se encargan de expedir las licencias ambientales en los casos que no corresponda a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Si las autorizaciones ambientales expedidas por las Autoridades ambientales deben aprobarse con base en los mencionados Planes de Manejo, desgraciadamente los POMCA no están articulados con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios (Política Nacional Minera, 2016: 14). Esta desarticulación llama la atención, preocupa y muy probablemente está relacionada con la sobre utilización de las áreas agrícolas mencionadas anteriormente, esto es, con la mala gestión de las mismas. Más aún, el Estado lleva décadas planificando de un modo deficiente, no controlando un importante y básico factor de deterioro ambiental como es el uso del suelo y de los recursos hídricos. Pese a la superioridad jerárquica de los POMCA y la consideración de éstos como determinante ambiental en la elaboración y adopción de los POT (art. 23 Decreto 1640 de 2012) la falta de coordinación entre los dos instrumentos es una circunstancia más que ha comportado una desprotección no sólo de la flora y de la fauna de los territorios sino también de 38 la gestión y la cosmovisión que desarrollan los pueblos indígenas y afro descendientes en las zonas donde están presentes. 3.5 Introducción jerarquía derechos en general y luego en materia minera. Como se ha visto y como se verá a lo largo de este informe, uno de los principales ejes del discurso político actual en torno a la defensa de la minería, es que se trata de un sector de utilidad pública e interés social en todas sus ramas y fases. No obstante, la utilidad pública de esta actividad debe conciliarse, sin lugar a dudas, con dos principios adoptados por el Estado colombiano y que tienen un importante reconocimiento constitucional: en primer lugar, el modelo de desarrollo sostenible (art. 80 CC) y, en segundo lugar, la autonomía municipal (art. 311 CC). Respecto del primero, es importante recordar que el Estado colombiano asumió este modelo de desarrollo a fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar social de las personas y, en la misma medida, respetar el medio ambiente. En efecto, -en su momento ya lo estableció y los sigue recordando la Corte Constitucional- de manera consciente y representando un importante cambio a nivel constitucional, la constituyente de 1991 instauró lo que comúnmente se ha denominado la “Constitución ecológica”, reconociendo al medio ambiente como un bien jurídico constitucional que contiene una triple dimensión: como principio que irradia todo el orden jurídico; como un derecho subjetivo de todas las personas a gozar de un ambiente sano (art. 79 CC) y, finalmente, como un conjunto de obligaciones impuestas no sólo a los particulares sino también y especialmente al Estado (art. 8 CC y Sentencia Corte Constitucional C-595/10). Nada más lejos de la realidad: la preponderancia del derecho a un medio ambiente sano en los diferentes espacios de regulación, viene dada por su especial naturaleza jurídica -como derecho individual pero también como derecho colectivo- y por la aplicación de la teoría 39 jurisprudencial de la conexidad. Así, en su dimensión de derecho subjetivo, el derecho a un medio ambiente sano ha sido definido como un derecho fundamental por conexidad, esto es, un derecho que puede ser amparado mediante acción de tutela cuando de su vulneración se desprenda la amenaza o lesión de un derecho fundamental, como por ejemplo la vida o la salud de las personas (Sentencias T-415 de 1992; T-095 de 2016). del suelo en el ámbito territorial municipal (art. 313.7 CC) pues la extracción de recursos afecta especialmente esta última circunstancia. Así, no es novedosa la necesidad de armonizar las competencias estatales con las territoriales -municipales y locales- a partir de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad y bajo el paraguas de la protección del medio ambiente como bien jurídico constitucional. En palabras de la Corte, la teoría de la conexidad implica “que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo” (SU- 1116 de 2001). Años antes, en el principio 1 de la paradigmática Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente humano de 1972 se indicaba que: “el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y adecuadas condiciones de vida, en un medio ambiente de una calidad que permita una vida de dignidad y bienestar”. Pues bien, como se verá a continuación, a la luz de las diarias y reales circunstancias en las que se encuentran los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes que habitan algunas áreas nacionales de potencial minero-extractivo, es fácilmente intuible que la tan defendida utilidad pública de la minería no ha aportado ni dignidad, ni mucho menos bienestar a los territorios y a las personas que los habitan. Así, cabría preguntarse qué entiende el gobierno colombiano -y qué entiende la ciudadanía- por desarrollo y, sobre todo, cuál es su grado de sostenibilidad, pues parece más bien equiparado a un crecimiento económico que, paralelamente, está generando enormes costos ambientales y conflictos sociales. Teniendo en cuenta este importante marco jurídico que sin duda alguna vincula al Estado colombiano, resulta preocupante el discurso oficial que se viene adoptando hace años, en donde se declara que fácilmente puede y debe existir una “minería bien hecha”. No es raro que irresponsablemente se defienda a la industria minera como una oportunidad para la construcción de paz, señalando y desprestigiando expresamente a aquellos que adoptan una postura crítica con la industria minero-extractiva como sensacionalistas o populistas, vacíos de contenido, y nulos en el cuestionamiento de la realidad (El tiempo, Alejandro Riveros, mayo 201713). El segundo elemento con el que debe conciliarse la denominada utilidad pública de la minería y que se ha encargado de recordar la honorable Corte Constitucional (ST C-035 de 2016 que protege páramos y autonomía territorial) es el hecho de que el Estado, aún siendo propietario de los recursos del subsuelo (art. 332 CC), no puede vaciar de contenido la autonomía municipal (art. 287, 288 CC), menos aún cuando se trata de la reglamentación de los usos 40 Frente a estas estrategias, impulsadas por una parte del sector público y del sector privado, lo cierto es que existen no pocos argumentos que avalan la firme postura adoptada por la gran mayoría de comunidades frente a la locomotora minero-energética. Estas razones fueron claramente expuestas el pasado 20 de junio de 2016, mediante una carta pública firmada por un conjunto de organizaciones sociales, abogados y juristas expertos en la materia. En ella, se resume el análisis jurídico que en tiempos recientes ha desarrollado profusamente la Corte Constitucional en aras de ponderar los intereses divergentes y derechos en juego que, sin duda alguna, existen respecto de las industrias extractivas y todo aquello que gira en torno a ellas. “(...) el accionar de los recientes gobiernos ha favorecido la actividad extractiva sin atender debidamente los derechos de los pueblos y comunidades, y las competencias de las 13 http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/alejandro-riveros-gonzalez/el-enemigo-es-la-mineria-mal-hecha-alejandro-riveros-gonzalez-84722 41 autoridades territoriales, lo que ha llevado a que la Corte Constitucional le ponga un freno a dichas irregularidades, reafirmando la necesidad de una revisión estructural del modelo minero con base en el respeto de los deberes previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales (...) se ve con claridad el quebrantamiento evidente de la Constitución por parte de decisiones económicas amparadas en supuestos motivos de utilidad pública, en cuanto que no puede obviarse que derechos tales como la vida o la salud, la participación, la diversidad cultural y biológica del país, la conservación ambiental, también son de interés general, razón por la cual su prevalencia es evidente”. Esta declaración también señala duramente al Estado colombiano y a los organismos ambientales como facilitadores de los intereses mineros, refiriéndose a la autoridad ambiental como “una oficina funcional al Ministerio de Minas y Energía”. El documento finaliza su análisis recordando los principios de diligencia que rigen para las empresas, aclarando que no se debe confundir la utilidad pública que tiene el sector con las expectativas contractuales existentes por parte de las personas jurídicas: “Tampoco pueden confundir (...) sus expectativas de derechos contractuales, con la utilidad pública de su sector, ni olvidar que dicha utilidad se encuentra condicionada a garantizar el bienestar de todas y de todos, en especial el de quienes se ven directamente afectados por las actividades mineras (...) recordamos [que los empresarios] han aceptado una serie de deberes en cabeza de sus empresas, establecidos en el marco de los Principios internacionales sobre empresas y derechos humanos y otros estándares internacionales (...) también es importante recalcarles que el Marco de Proteger, respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos, también aceptado por su sector, establece que además del cumplimiento de las leyes nacionales, las empresas tienen la obligación básica de respetar los derechos humanos”. 42 3.6 Últimas sentencias de la Corte Constitucional colombiana sobre minería y pueblos indígenas. No sólo organizaciones sociales, comunidades y expertos académicos han llamado la atención sobre la regulación y el funcionamiento de la industria minero extractiva en Colombia. Afortunadamente la Corte Constitucional, como intérprete de la adecuación constitucional de las normas emitidas por el Estado, ha cristalizado los principios constitucionales aplicables al contexto jurídico y político de estos últimos años. Especialmente, ha tenido un papel muy importante en cuanto a la interpretación de las normas referentes a la minería y su afectación en los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas y comunidades étnicas. El caso de El Cerrejón no ha sido ajeno a la atención de la Honorable Corte. Mediante la Sentencia T-704/16 de diciembre de 2016, se ordenó no sólo la suspensión del plan de manejo ambiental obtenido por la empresa El Cerrejón para la ampliación del proyecto “Puerto Bolívar”, sino también la realización de la Consulta Previa a las comunidades. Todo ello con relación a un megaproyecto minero que ya lleva más de 30 años en la zona y que ha causado una gran cantidad de daños, vistos en páginas anteriores, algunos de los cuales vale la pena recordar: graves problemas de salud, sequía y deterioro de las formas sociales. Se trata de un caso “desproporcionado” según el parecer de la Corte. Sin embargo, sus efectos se asemejan a situaciones que se dan o que potencialmente pueden llegar a darse en otras zonas del territorio nacional y que, de replicarse, podrían llegar a representar magnitudes similares de este megaproyecto. El análisis que realiza la Corte recuerda la importancia que tiene el derecho a la Consulta Previa para las comunidades étnicas. Este derecho, reconocido como fundamental, otorga un amplio margen de protección y, sin embargo, ha sido prácticamente obviado por el Estado. Sin ser considerado como un derecho de veto por parte de los Pueblos Indígenas -como tampoco una imposición de medidas que afecten directamente al Pueblo Indígena- lo cierto es que el derecho a la Consulta previa conlleva un complejo pero necesario procedimiento. Así, su ámbito de aplicación material es suficientemente amplio y, 43 por lo tanto, extensible y susceptible de aplicarse a cualquier medida que pueda afectar directamente al Pueblo Indígena y no únicamente limitándose a aquella (medida) que comprenda el ámbito territorial14 esto es, resguardo indígena (Sentencia SU 383 de 2003; Sentencia T-009 de 2013). Pese a no existir una lista taxativa de supuestos en los que procede la Consulta Previa, mediante esta reciente sentencia, la Corte consolida las directrices mínimas que el Estado debe tener en cuenta al respecto (Corte Constitucional, 2016b, FJ 39): 1. Verificar si la medida hace parte de los eventos concretos de afectación directa del Convenio 169 de la OIT. 2. Analizar si la medida comporta algún tipo de riesgo de afectación directa para la comunidad o bien si afecta a sus intereses, con independencia de que éstos cuenten o no con un reconocimiento formal del Estado. En la resolución del caso Cerrejón, la Corte resume la esencia de este derecho: “(...) esta misma Corporación ha señalado que a pesar de que la consulta no es un derecho al veto, tampoco las medidas a implementar, son un un derecho a la imposición en cabeza del Gobierno o Congreso o cualquiera que sea el sector (...) el propósito de la consulta no es otro que el de llegar a consensos en los que la opinión de las comunidades tenga incidencia en las medidas que se adelantarán y que les afecten directamente.” (Ibid: FJ. 2.30). Meses antes, mediante la Sentencia C-389/16 de 27 de julio de 2016 la Corte había analizado algunos preceptos del Código de Minas (Ley 685 de 2001) relativos a las normas reguladoras de las concesiones mineras. Entre ellos los artículos 122, 124 y 128, sobre 14 “No sólo las áreas tituladas, habitadas y explotadas por una comunidad –por ejemplo bajo la figura del resguardo-, sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales y económicas, de manera que se facilite el fortalecimiento de la relación espiritual y material de estos pueblos con la tierra y se contribuya a la preservación de las costumbres pasadas y su transmisión a las generaciones futuras (FJ 81, Sentencia T-247/15)”. 44 las figuras de las Zonas Mineras Indígenas y al derecho de prelación de los pueblos indígenas que ya ha sido mencionado. Merece la pena indicar lo establecido entonces, pues se plantearon dudas de constitucionalidad de ciertos artículos del Código que, finalmente, la Corte acabó declarando exequibles -acordes con la Constitución- aunque condicionados al respeto del art. 330 de la CP. Es decir, a “la facultad de los pueblos para actuar como autoridades ambientales”. Así, se recordó el adecuado uso que debe hacerse del principio de integración respecto de los derechos de los Pueblos Indígenas y en relación con las normas emitidas por el Estado: “La Corte Constitucional ya ha advertido que todas las normas relacionadas con zonas mineras de los pueblos indígenas deben ser integradas, en términos normativos, con los mandatos constitucionales que defienden los derechos de los pueblos indígenas, normas de jerarquía constitucional y directamente aplicables en todos los asuntos que involucren sus intereses”. (Corte Constitucional, 2016c). Es especialmente remarcable la conclusión jurídica a la que llega la Corte en cuanto al papel que juega el derecho a la Consulta Previa frente al derecho de prelación de las comunidades (art. 124) al encontrarse en zonas mineras indígenas. Así, se establece la manera en que deben entenderse los artículos declarados exequibles: “(...) los artículos 124 y 133 (...) en el ámbito de la entrega de títulos mineros, resultan inconstitucionales si se interpreta que, una vez agotada la oportunidad, las comunidades se ven privadas de la posibilidad de tomar decisiones en torno al territorio colectivo, en el ámbito de la minería.” (Ibid). La Corte concluye que los mencionados artículos son aplicables y no pueden limitar el derecho a la Consulta Previa y al consentimiento libre, previo e informado que se daría, por ejemplo, en caso de amenaza de extinción física y cultural del Pueblo Indígena. También merece atención el voto particular emitido por el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. Vargas Silva considera que el condicionamiento 45 de dicha exequibilidad puede acarrear problemas si no existe una norma que formalmente indique la relación que procede entre el derecho de prelación y el derecho a la Consulta P revia en estos casos. Así, manifiesta que el hecho de que el derecho a la consulta previa no se incluya en la regulación del Código de Minas debería hacer que las norma se considerara inconstitucional: “(…) el condicionamiento planteado…es problemático en tanto pretende extender sin sustento suficiente la interpretación de las normas demandadas, incorporándole un contenido que en realidad no tienen. En contrario, lo que se demuestra es que la omisión del legislador configura un déficit de protección en contra de las comunidades étnicas, consistente en que si bien se establece una regulación que permite la explotación minera en los territorios indígenas y afrodescendientes, se omite regular un aspecto constitucionalmente obligatorio para que dicha modalidad de usos de los recursos naturales se muestre constitucional, como es prever los instrumentos para la eficacia del derecho a la consulta previa.” (Ibid). Sin duda alguna, esta introducción es pertinente y es sólo un esbozo de los principales problemas a la hora de evaluar la política de la “locomotora minera”, promovida por el actual gobierno colombiano. Al discutir sobre la jerarquía de los derechos de las personas en detrimento de los derechos de las empresas nacionales y multinacionales de extracción de recursos, no se observa que se esté cumpliendo el principio de la prevalencia del bienestar general por encima del interés de las empresas. Como bien lo señala Luis Jorge Garay, en un informe publicado por la Contraloría General de la Nación, “además del grave impacto que estas actividades (exploración y explotación minera) generan al agua, al suelo, al aire y al paisaje, no son objeto de un control riguroso por parte de las entidades mineras, ambientales y territoriales, a lo que se suma que por ser consideradas de utilidad pública por el artículo 13 del Código de Minas -Ley 685 de 2001-, están ocasionando una serie de conflictos sociales en muchas regiones del país, por cuanto 46 diversas entidades estatales están privilegiando dichas actividades sobre los derechos fundamentales de las comunidades y, por tanto, desconociendo la jerarquía de derechos previsto en el ordenamiento jurídico” (Garay, 2013:24). Las páginas que siguen dan testimonio de distintos casos, en distintos lugares del territorio nacional, con distintas comunidades y puntos de vista. Esta amalgama de espacios se reúnen en la discusión y planteamiento jurídico-político y sobre todo social que se acaba de ver. La promoción de la extracción de recursos naturales no renovables por parte de los últimos gobiernos no es una novedad para Colombia ni tampoco en la mayoría de países latinoamericanos. La sustracción masiva de recursos naturales es vista como un negocio muy lucrativo, ya no sólo para el gran capital sino también para las redes criminales que desgraciadamente siguen teniendo presencia en diferentes zonas del país. En medio, se encuentran las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Familias enteras se encuentran al margen del bienestar e intereses nacionales provenientes de la capital y paralelamente justo en la mira de la codicia de diferentes actores legales e ilegales. Por su parte, el marco normativo existente, no favorece sino que, al contrario, sigue siendo fuente generadora de incertidumbre para las personas y de estímulo para la economía capitalista. No importa quiénes estén asentados en las zonas de extracción, qué conflictos existan o puedan emerger, lo cierto es que los países están legislando en contra de las comunidades para garantizar el estímulo a una economía capitalista que necesita involucrar todas las esquinas del orbe. Esto no quiere decir que en el pasado no se haya ejercido la minería. La novedad es el volumen de extracción en un tiempo tan corto. 47 Organización del texto El presente libro se encuentra estructurado de la siguiente manera. Además de esta introducción que enmarca la metodología y principales reflexiones con las comunidades y los trabajos teóricos e investigaciones al respecto de la minería, se han querido trabajar tres ejes temáticos. Por una parte, en el capítulo 1 de Moritz Tenthoff, se hace una reflexión general acerca de la ruta de la minería, desde los resguardos o territorios donde se extraen la materia prima, hasta los mercados o bancos internacionales que transan el oro. También se pueden encontrar varias reflexiones sobre la legislación minera, la relación de esta actividad con la militarización de los territorios o la criminalidad asociada a determinadas formas de minería. El capítulo 2 a cargo de Catalina Caro, da cuenta de la situación general del Cauca, de las formas de minería presentadas, los conflictos, retos y resistencias que se presentan. Hay un enfoque específico en este capítulo sobre la situación del norte del departamento y se especifican aspectos comunes a la situación pluriétnica. Los capítulos 3, 4 y 5 son estudios de caso en territorios indígenas o pluriétnicos. En el capítulo 3, Alejandra Durán presenta la amenaza de la minería en el resguardo de Santa Bárbara, territorio Yanakona, y las luchas de comunidades indígenas y campesinas. También en su capítulo se encuentran mapas muy útiles de las solicitudes mineras en la zona, de las cuales las comunidades a duras penas tenían información. el Observatorio Adpi lleva haciendo desde hace cinco años y que complementa el accionar de la Veeduría Internacional del Pueblo Awá. Como se verá, la información proviene de fuentes diversas, pero especialmente ha sido facilitada por la organización Awá - Unipa, ubicada en la ciudad de Pasto - Colombia. El capítulo 5 ilustra la dramática realidad que está viviendo el pueblo indígena Murui Muinane, presente en los departamentos de Putumayo y del Amazonas, a causa de la contaminación por mercurio del río Caquetá. El autor, Pablo Martínez, presenta un panorama de la situación y está acompañando a las comunidades indígenas que se encuentran gravemente afectadas por la contaminación de mercurio. Finalmente, los capítulos 6 y 7 ilustran dos alentadores ejercicios de resistencia por la defensa de los territorios, aunque preocupantes a la vez, por la tipología de afectaciones que se señalan. En el capítulo 6, Socorro Corrales explica la resistencia de las mujeres por la defensa de los territorios del macizo colombiano. Es una experiencia pluriétnica con una concepción por la defensa de la vida con perspectiva de género. También se evidencian en su texto, además de las especificidades de las alteraciones de la minería sobre las mujeres, los mecanismos de resistencia diferenciales y la exigencia de la inclusión, a largo plazo y de manera sostenible, de la participación de las mujeres en la toma de decisiones territoriales y en los acuerdos de paz que el gobierno colombiano adelanta con los grupos guerrilleros. En el capítulo 7, Marilyn Machado, hace una explicación de la resistencia de las mujeres afrodescendientes frente a la minería y por la protección de los territorios. El proceso que describe sucede en el norte del Cauca, específicamente en el Consejo comunitario de La Toma. El capítulo 4 da cuenta de la situación del pueblo Awá. En un marco ampliado, Núria Morelló, relaciona la situación de la minería ilegal con la violencia producida, con la presencia de cultivos ilícitos y, en general, con la manera cómo se afecta la cosmovisión Awá a causa de la actividad extractiva. Este capítulo se acompaña, al final del libro, de un Anexo muy detallado sobre la situación humanitaria del pueblo Awá en sus territorios. Dicho Anexo hace parte de un seguimiento que 48 49 Matríz de Categorías de Minería y Afectaciones 1. Planificación y ordenamiento territorial existente 2. Participación ciudadana en instrumentos planificación 3. Presencia militar en territorio 4. Repercusiones medioambientales y cosmogónicas Minería formal a gran escala Minería ilegal a Minería de subsistencia: mediana/pequeña escala artesanal/ ancestral/tradicional 1. Ordenamiento ambiental (POMCA) 2. Ordenamiento territorial (POT) 3. Licencias y permisos ambientales. Periodo aproximado: 2010 a 2016 . 4. Empresas con títulos mineros adjudicados. 5. Conflicto por la tierra y revalorización a causa de la minería y resistencia a titulaciones con derechos especiales. 6. Conflicto en las Zonas Mineras Indígenas por presión sobre la tierra. 1. Sin planificación ambiental ni territorial. 2. No existe correlación legislativa de la minería criminal - Exploración/explotación ilícita de yacimientos - Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales - Explotación en áreas prohibidas ipso iure. 3. Redes ilegales de control minero que generan mecanismos descontrol de las dinámicas locales. 1. Incipiente planificación. 2. No existe categoría correlativa en la ley que se refiera a la minería ancestral - Planificación propia. - Mención en los Planes de Vida y Planes de Salvaguarda. 3. Repensar lo público, lo privado, lo individual y lo colectivo en la minería. 4. Control local. 5. ¿Artesanal es equivalente a tradicional y ancestral? ¿Tiene carácter ocasional? 1. Leyes y reglamentos inconsultos. Presión jurídica a gobiernos municipales. 2. Participación y movilización ciudadana: campesina, indígena y afro descendiente. En ocasiones intercultural. - Consulta popular y Consulta Previa 3. Acceso, uso, control y toma de decisiones del entorno 4. Autodeterminación ambiental. 1. ¿Vocación de formalización?: nuevas leyes y política estatal. A consultarlo con las propias organizaciones y comunidades implicadas 1. Guerrilla: circuitos de control - Apropiaciones territoriales de facto. 2. Paramilitares - Apropiaciones territoriales de facto. 3. Ejército y rol del Estado - Bases militares - Casos de complacencia/negligencia 4. Seguridad Privada de las empresas - Apropiaciones territoriales de facto. 5. Redes ilegales y/o criminales de control minero: mapa de presencia armada (INDEPAZ), violencia y minería. Correspondencia de los asesinatos con la presencia de minería). 1. Guerrilla: circuitos de control - Apropiaciones territoriales de facto. 2. Paramilitares - Apropiaciones territoriales de facto. 3. Ejército y rol del Estado - Bases militares - Casos de complacencia/negligencia. 4. Seguridad Privada de las empresas. - Apropiaciones territoriales de facto. 5. Redes ilegales y/o criminales de control minero: mapa de presencia armada (INDEPAZ), violencia y minería. Correspondencia de los asesinatos con la presencia de minería). 1. Guerrilla: circuitos de control. - Apropiaciones territoriales de facto. 2. Paramilitares - Apropiaciones territoriales de facto. 3. Ejército y rol del Estado - Bases militares - Casos de complacencia/negligencia. 4. Seguridad Privada de las empresas. - Apropiaciones territoriales de facto. 5. Redes ilegales y/o criminales de control minero: mapa de presencia armada (INDEPAZ), violencia y minería. Correspondencia de los asesinatos con la presencia de minería). 1. Tipo de contaminación. Pasivos ambientales: - Pérdida de biodiversidad y degradación forestal. - Transformación del paisaje - Represamiento de ríos y cambios estructurales en los regímenes hidrológicos 2. Transformación social - Destrucción/transformación de los modos de vida de Pueblos Indígenas y 1. Tipo de contaminación. Pasivos ambientales: - Pérdida de biodiversidad y degradación forestal. - Transformación del paisaje - Represamiento de ríos y cambios estructurales en los regímenes hidrológicos 2. Transformación social - Destrucción/transformación de los A consultarlo con las propias organizaciones y comunidades implicadas. 4. Repercusiones medioambientales y cosmogónicas Matríz de Categorías de Minería y Afectaciones 5. Procesos de resistencia locales 6. Propuestas de organizaciones sociales locales existentes15 15 comunidades - Desplazamiento y desarraigo - Conversión de economías locales/ coexistencia de economías diversas - Transformación de relaciones y conceptos de los pueblos indígenas con lugares específicos (sagrados) - ¿Confrontaciones entre pueblos indígenas y comunidades locales? - Disolución y/o fragmentación de procesos sociales: coaptación líderes, confrontación. - Fragmentación de dinámicas sociales de toma de decisiones. 3. Transformación territorial: - Nuevos usos de la tierra: ampliación fronteras internas y externas - Toma de decisiones sobre el entorno: agua y soberanía alimentaria - Superposición de territorialidades o presencia de nuevos procesos poblacionales de facto - Ordenamiento territorial que repiensa las relaciones interculturales. 4. Articulación diferentes formas de conocimiento (gobierno, organizaciones sociales, Ong’s, corporaciones) asociado a la minería. Desconocimiento de otros conocimientos locales o ancestrales. modos de vida de Pueblos Indígenas y comunidades - Desplazamiento y desarraigo (ya sea por amenazas o por XX) - Conversión de economías locales/ coexistencia de economías diversas - Transformación de relaciones y conceptos de los pueblos indígenas con lugares específicos (sagrados) - ¿Confrontaciones entre pueblos indígenas y comunidades locales? Minería formal a gran escala Minería ilegal a mediana/pequeña escala Minería de subsistencia: artesanal/ancestral/tradicional 1. Organizaciones indígenas, campesinas y afro descendientes - Acciones sociales a favor y en contra de procesos mineros 2. Ejercicios colectivos de todas las organizaciones. 1. Organizaciones indígenas, campesinas y afro descendientes - Acciones sociales a favor y en contra de procesos mineros 2. Ejercicios colectivos de todas las organizaciones. 1. Organizaciones indígenas, campesinas y afro descendientes - Acciones sociales a favor y en contra de procesos mineros 2. Ejercicios colectivos de todas las organizaciones. 1. Participación y acceso a las regalías - Pueblos indígenas: conflicto entre cosmogonía. valoración simbólica vs valoración económica. - Campesinos: régimen jurídico distinto 2. Acciones sociales a favor y en contra de la minería. - Medios de defensa del territorio - Proyectos a pequeña escala. A consultarlo con las propias organizaciones y comunidades implicadas. A consultarlo con las propias organizaciones y comunidades implicadas. Recogería los 5 elementos anteriores en las demandas. Se indican las principales, sin perjuicio de la gran cantidad de elementos. Bibliografía Centro Nacional de Memoria Histórica (2016) Análisis de las dinámicas territoriales y temporales de los Grupos Armados Posdesmovilización: retos para el posconflicto. Bogotá, CNMH Departamento de Seguridad Pública y Medio Ambiente. OMS. (2011) Preguntas frecuentes: el mercurio y la salud. Disponible en: http://www.who. int/phe/chemicals/faq_mercury_health/es/ Departamento Nacional de Planeación – DNP (2015) El campo colombiano. Un camino hacia el bienestar y la paz. Misión para la transformación del campo. Bogotá, DNP Fraser Institute Annual (2016) Survey of Mining Companies 2016. Disponible en: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2016.pdf Garay, L. J, et al (2014a) Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Tomo II. Bogotá, Contraloría General de la República Garay, L. J, et al (2014b) Minería en Colombia. Daños ecológicos y socio-económicos y consideraciones sobre un modelo minero alternativo. Tomo III. Bogotá, Contraloría General de la República Garay, L. J, et al (2013). Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia. Problemáticas y retos actuales. Bogotá, Oxfam. Ministerio de Minas y Energía (2014) Política Nacional para la formalización de la minería en Colombia. Bogotá, MMyE Ministerio de Minas y Energía (2016) Política Minera de Colombia. Bases para la minería del futuro. Bogotá, MMyE Observatorio por la Autonomía y Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia –Adpi (2014). Sus armas no lograrán extinguir nuestra palabra. Informe de riesgos de extinción en 6 Pueblos Indígenas de Colombia. Barcelona, Cevagraf 54 OACNUDH (2017) Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2016. Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=20&cat=11 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA. (2009) “Información que podría ser de utilidad para la labor del comité intergubernamental de negociación para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial sobre el mercurio”. Grupo de Trabajo especial de composición abierta encargado de los preparativos de la reunión del comité intergubernamental de negociación sobre el mercurio. Bankok, 19 a 23 de octubre de 2009. Tema 4 c) del programa provisional. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA (2002). Evaluación mundial sobre el mercurio. Ginebra, Suiza. Diciembre de 2002. Programa Mundial de Alimentos (2017) Plan estratégico para Colombia 2017 - 2021. Roma Pronunciamiento social sobre los argumentos esbozados por representantes del sector minero en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. “Los fallos de la corte denotan los problemas constitucionales de la minería en Colombia, no un sesgo ideológico”. Colombia, 20 de Junio de 2016. Rudas, E. y J.E. Espitia (2013) “La paradoja de la minería y el desarrollo. Análisis departamental y municipal para el caso de Colombia”. En: Garay, et al. Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Tomo II. Bogotá, Contraloría General de la República SIMCI (2016) Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015. Bogotá, UNODC Ulloa, A. (2015) “Geopolíticas del desarrollo y la confrontación extractivista minera: elementos para el análisis en territorios indígenas en América Latina”. En: Göbel B y Astrid U. eds. Extractivismo minero en Colombia y América Latina. 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(…) No hay un municipio de Colombia donde no tengamos minería.” - Viceministro de Minas, César Díaz Guerrero (El Espectador, 2014) “Deje de joder con esa cosa de la minería, eso es riesgoso y se va a hacer matar” - llamada recibida por la lideresa social Adelinda Goméz un mes antes de su asesinato en 2013 en Almaguer, Cauca En Colombia defender la tierra, el agua o el territorio es una actividad peligrosa. Según el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colomb ia, entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre de 2016, ocurrieron 389 ataques contra defensores de derechos humanos, incluyendo 59 homicidios y tres desapariciones forzadas. La mayoría de estas agresiones (73%) ocurrieron en zonas rurales, muchas veces en contextos de actividades extractivas, entre esas la explotación de oro. La minería de oro en Colombia es una industria extractiva en la que confluyen cientos de miles de personas que están involucrados en uno o varios de los eslabones de esta cadena productiva. El 60 camino que se recorre desde la venta de los insumos para hacer la minería, a la producción, comercialización, exportación, fundición o transformación, implica un viaje que empieza con la producción de mercurio en los laboratorios químicos de Holanda y Alemania; pasa por las montañas y ríos de áreas remotas del departamento del Cauca, Chocó, Bolívar o Nariño; y termina en lingotes almacenados en los bancos centrales de Europa, Estados Unidos, China y la India. Una certificación de denominación de origen o una trazabilidad del origen del oro de los lingotes en los bancos centrales extranjeros pocas veces existe. Según la Asociación Colombiana de Minería, el 82% de la producción de oro en 2016 en Colombia fue producida de forma ilegal, esto es sin los títulos y licencias necesarias, sin pagar sus impuestos y sin tener claridad sobre su procedencia (Portafolio, 2016). Este 82% de la producción de oro, que el gobierno colombiano ha denominado como ilegal, representa practicas tan distintas como la minería artesanal hecha por comunidades, la explotación en socavón por pequeños mineros o la utilización de retroexcavadoras sobre los ríos por estructuras criminales. ¿De cuál minería estamos hablando? Minería ancestral o tradicional. Pequeña minería, mediana o grande. La minería ilegal, la criminal y la legalización de la misma. En medio de tantos términos que refieren a una sola actividad, se ve reflejada la maraña jurídica que se ha creado alrededor de la explotación de minerales en Colombia. También refleja un conflicto entre la minería hecha por comunidades, grandes empresas y estructuras criminales donde el Estado tiene la última palabra sobre quién puede desarrollar qué tipo de minería y en qué territorio. El gobierno del actual presidente colombiano Juan Manuel Santos declaró, en 2010, a la minería como una de las principales locomotoras de la economía nacional. El camino para la llegada de las empresas multinacionales, sin embargo, ya había sido despejado 61 previamente durante los dos periodos de gobierno del expresidente Álvaro Uribe. La transformación del marco jurídico, la privatización de las empresas estatales vinculadas a la minería y el incremento de las concesiones en todo el país, habían creado el clima perfecto para la llegada de empresas mineras de todo el mundo, mientras que criminalizaban las practicas mineras de las comunidades y pequeños mineros. Se abrieron nuevas zonas de exploración y, zonas mineras que habían estado cerradas desde hace décadas, volvieron a llamar el interés de las grandes empresas. En los ocho años que gobernó Uribe la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones. Las empresas de origen canadiense, sudafricano y estadounidense llegaron a las zonas donde existía minería hecha por las mismas comunidades, como es el caso del Chocó, del Norte del Cauca, sobre los ríos del Cauca y Nariño, del Sur de Bolívar y del Nordeste Antioqueño. En otras zonas donde las empresas pudieron hacer su exploración, los títulos otorgados se sobreponían con territorios de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que vivían de la agricultura o se encontraban ecosistemas de vital importancia como los páramos, protegidos por la Ley Colombiana. En todos los casos los derechos de las empresas mineras prevalecían, según el gobierno nacional, por encima de los derechos de las comunidades. Ajustar el marco jurídico Para poder entrar a los territorios las empresas y el Estado colombiano optaron por una serie de estrategias jurídicas. El Estado, a través del código minero de 2001, se constituyó en el dueño del subsuelo y la minería se convirtió en una actividad de interés público, lo que sobrepuso la actividad minera por encima de derechos de propiedad privada y de las zonas de interés ambiental. Después de la reforma al código minero en 2010, y su posterior derogación en 2011, el gobierno nacional buscó fortalecer su capacidad de imponer la minería en los territorios, monopolizando el ordenamiento territorial a lo largo y ancho del país. Sin embargo, la Corte Constitucional en una 62 serie de fallos entre 2014 y 2016, terminó de devolver esta facultad a las entidades locales. Por otro lado, el gobierno nacional ha buscado ajustar el marco jurídico para ilegalizar muchas de las practicas ancestrales de las comunidades y forzarlas a aliarse con empresas nacionales y multinacionales para la extracción y comercialización del oro. En esa lógica, en 2014 el gobierno colombiano propuso la formalización de la minería ilegal con un doble propósito. Por un lado, para imponer unos criterios laborales y ambientales frente a la minería que son muy difíciles de cumplir por parte de las comunidades y pequeños mineros, obligándoles en muchas situaciones a trabajar en conjunto con las empresas que habían llegado a sus territorios. Por otro lado, permitiendo que se legalicen puntos de explotación en donde operan estructuras criminales dedicadas a la minería ilegal, en una lógica que no resuelve las raíces del problema y solo legaliza prácticas ilegales. La militarización del territorio como estrategia de imposición de la minería Para proteger e imponer la locomotora minera, la estrategia jurídica ha estado acompañada con la militarización del territorio. La Fuerza Pública en Colombia ha jugado un papel clave en los proyectos de reordenamiento y reestructuración del país para la acumulación de riquezas. Durante los dos gobiernos sucesivos de Uribe, la política de Seguridad Democrática orientaba el accionar de la Fuerza Pública, permitiendo a través de la fuerza militar, hacer “una política de reordenamiento territorial que favorece la inversión económica privada a gran escala.” (Comisión Colombiana de Juristas, 2009). El auge de las actividades extractivistas minero-energéticas en Colombia de los últimos años ha venido acompañada de una fuerte militarización de las zonas donde el sector minero-energético opera. El gobierno colombiano ha creado, a lo largo de los últimos años, los denominados Batallones Energéticos, Mineros y Viales. Su crecimiento ha acompañado la política de atraer la inversión extranjera de las 63 empresas multinacionales del sector para la implementación de la política neoliberal extractivista: la denominada “locomotora minero-energética”. Si a inicios de 2011 eran 11, en 2014 ya son 21 los batallones minero-energéticos. (Gisbert, T. y Pinto, M., 2014). Los Batallones Minero-Energéticos hoy en día están conformados por un estimado de 80.000 efectivos, representando casi un 30% de las fuerzas armadas. El Senador Iván Cepeda Castro denunció, en 2014, que el Ministerio de Defensa “suscribió 103 contratos entre enero de 2010 y octubre de 2013, por un monto total de 45.729’809.600, para que el Ejército le brinde protección especial a las empresas mineras más grandes que explotan los recursos del país”. (El Espectador, 2014). las comunidades, ejerciendo múltiples resistencias frente a la minería, le han dado a las empresas y al gobierno, es que en regiones donde no existen prácticas de minería ha sido más difícil que entren empresas multinacionales que se dedican a esta actividad extractiva. Promover la minería, a partir de la inacción del Estado, se convirtió entonces en una estrategia para que ésta pudiera entrar a los territorios. La minería criminal no sólo permitió que estructuras criminales podían invertir sus dineros del narcotráfico y amasar enormes fortunas. También le sirvió al Estado colombiano y a las empresas multinacionales en la medida en que lograba destruir la producción agrícola y, por lo tanto, generar dependencia económica para crear aceptación social de la minería en las comunidades. La convivencia entre la estrategia paramilitar y la Fuerza Pública en Colombia, tiene una larga historia y sigue existiendo hasta el día de hoy. En El Bagre, Antioquía, la Asociación de Hermandades Agroecólgicas y Mineras (Aheramigua) ha denunciado, desde 2014, la convivencia entre paramilitares y el batallón energético y vial No 5. Varias empresas que han tenido que proteger los batallones minero-energéticos han sido vinculadas a investigaciones judiciales por sus nexos con estructuras paramilitares y violaciones a defensores de derechos humanos1. El libre accionar de estructuras paramilitares en zonas de actividad minera y petrolera, en donde existe presencia de los batallones minero-energéticos, demuestra la confluencia de intereses entre ambas. Aunque el Estado se ha querido presentar como víctima de la minería criminal, fueron las mismas empresas mineras y el Estado colombiano quienes permitieron y promovieron la incursión de la minería criminal en los territorios y las comunidades. Durante años alcaldes, funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales, concejales y miembros de la Fuerza Pública a lo largo de país, dejaron pasar lasmiles de retroexcavadoras y cientos de toneladas de mercurio sin actuar. Según la Contraloría General de la Nación, la Policía Nacional reportó en 2016 un número elevado de operativos y retenes en contra de la minería criminal. Cuando las cifras son el indicador que tiene que medir una política se inflan los números. Así fue en la lucha contra-insurgente que terminó en miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles para mostrar el supuesto éxito de la Seguridad Democrática. La minería criminal como puerta de entrada para la minería multinacional El Congreso de la República, sabiendo de la magnitud del problema, no legisló para ofrecer soluciones reales a los problemas económicos que se constituían en la raíz del problema en muchas de las comunidades rurales. En otros casos, los mismos funcionarios públicos e integrantes de la Fuerza Pública se aliaron con estructuras criminales para sacar y legalizar oro de la minería ilegal2. Las empresas A pesar de la combinación de estrategias jurídicas y militares por parte del Estado colombiano, las comunidades alcanzaron frenar la explotación de minería en muchos territorios. Una de las lecciones que 1 Los paramilitares John Jairo Esquivel Cuadrado, Alcides Manuel Mattos Tabares, Jesús Albeiro Guisao Arias, Oscar José Ospino Pacheco y Oscar David Pérez Bertel declararon cada uno en versión libre que la minera multinacional Drummond Company Inc. realizaba aportes a su estructura criminal a cambio de seguridad y en la compra de tierras para la expansión de la explotación carbonífera. (PAX, 2016). 64 2 En el municipio de Barranco de Loba, en el Sur de Bolívar, la comunidad denunció en junio de 2016 que el alcalde del municipio se había aliado con un paramilitar para apropiarse de las minas que los mineros artesanales de la comunidad estaban explotando. (El Espectador, 2016). 65 multinacionales se aliaron con estructuras criminales o terminaron, por omisión, justificando la minería criminal que se estaba desarrollando en sus títulos mineros. El ex-vicepresidente de la Continental Gold, Eduardo Otoya Rojas, es investigado por la Fiscalía por posibles nexos con el Clan Úsuga y la Oficina de Envigado. (El Espectador, 2017) A pesar de haber interpuesto decenas de amparos administrativos en contra de mineros informales para poderles desalojar de sus títulos, no se conoce el primer caso en donde las empresas multinacionales hayan adelantado una acción jurídica en contra de la minería criminal para hacer prevalecer sus derechos de explotación. Han preferido no hacer nada y esperar. La violencia, la prostitución, la drogadicción y la afectación ambiental que han venido en un solo paquete con la minería criminal son la excusa perfecta para, posteriormente, presentar a las grandes empresas mineras como una solución a un problema que antes no existía. Hay dos caras de los mafiosos hoy: una tradicional y una moderna. La tradicional es la mafia que practica ese ejercicio de la violencia y la intimidación y reproduce valores arcaicos para crear identidad y pertenencia de sus hombres a la organización. La otra es la del mafioso que se relaciona con la globalización capitalista, y que es un mánager criminal que viaja por el mundo blanqueando el dinero de las actividades mafiosas en la economía legal. Hoy una mafia es un holding financiero y el mafioso ya no es como el Padrino. (Declaraciones de Fransisco Gorgione, presidente de la comisión anti-mafia entre 20062008 en Italia. El Tiempo, 2011). Las grandes cantidades de oro que han sido extraídas por estructuras criminales necesitan ser ingresadas a las economías legales para luego exportarlas. Las dos principales modalidades para la legalización de la minería criminal necesitan de empresas comercializadoras, la mayoría de ellas ubicadas en Cali y Medellín. En este momento, la Fiscalía está investigando alrededor de diez comercializadoras por su relación con la minería criminal y el lavado de activos. Para la legalización del oro la estructura criminal crea una alianza con una empresa o persona natural que tiene un título minero vigente, para 66 presentar su producción ilegal de oro como parte de la producción legal. Éste luego es vendido a la empresa comercializadora. Otra modalidad es cuando el comercializador que recibe el oro genera falsos certificados de origen. La comercializadora Giraldo y Duque, que opera desde la Zona Franca del Pacifico y S & JIL SAS de Medellín, presentó a personas que nada tenían que ver con la actividad minera o que incluso ya estaban muertos como productores de oro. Luego de haber insertado el oro a la economía legal, éste sigue su trayecto para terminar en las empresas internacionales de producción de lingotes. Estas, a pesar de haber comprado a comercializadoras que están siendo investigadas por su relación con la minería criminal, lavado de activos o violaciones a los derechos humanos, casi todas hacen parte de la London Bullion Market Association (LBMA). Esta asociación, conformada por 75 miembros y 64 asociados de 21 países, certifica que los miembros y asociados no contribuyen a conflictos armados ni a violaciones de derechos humanos. Varias de las empresas de producción de lingotes tienen, además de la certificación del LBMA, su propio código de conducta en donde afirman no beneficiarse de violaciones de derechos humanos, ni crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Por ser el principal proveedor de lingotes para los bancos centrales, la comercialización, a través de empresas que forman parte de la LBMA, implica que la producción criminal de oro del Cauca colombiano termina directamente en varios de los principales bancos del mundo, entre estas HSBC, Deutsche Bank y JP Morgan. Minería criminal y Estado mafioso La política de liberalización del sector minero en Colombia coincidió con un fuerte incremento del precio de oro por la crisis financiera en Europa y Estados Unidos. Tal como lo señala el presidente, entre 2006 y 2008, de la comisión italiana anti-mafia Francesco Forgione, “en periodos de crisis los narcos son los únicos que tienen liquidez financiera y eso se puede transformar en control de la economía.” (El Tiempo, 2011). Ante el incremento en la demanda mundial de oro, la 67 voluntad de sectores criminales para invertir en el negocio de la minería y la imposibilidad para las empresas transnacionales de sacarla por los múltiples obstáculos jurídicos y por las resistencias populares de las comunidades, se formó una alianza criminal entre redes criminales, instituciones del Estado y el sector privado con el objetivo de seguir supliendo las necesidades de una demanda mundial. La estrategia paramilitar, como extensión de intereses políticos regionales y nacionales, tiene una larga trayectoria en Colombia como instrumento para “imponer un nuevo orden social, cultural, político y económico mediante la acumulación de tierra y de recursos naturales.” (Salinas Y. y Zarama J., 2012). A pesar de que el Estado colombiano ha querido mostrarse como víctima argumentando que fueron las instituciones del Estado las que fueron tomadas por estructuras criminales, ha sido el propio Estado el que ha instrumentalizado las estructuras criminales para la reconfiguración económica, política y militar del país. En este sentido, la economía de la minería no es la excepción. El 17% de la minería que tiene trazabilidad en el país y para el gobierno se constituye en minería legal, también está entrelazada con estructuras criminales. 68 Bibliografía Comisión Colombiana De Juristas (2009) “Informe de seguimiento a la aplicación de las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas (2005-2008)” El Espectador (2014) “Cuestionan seguridad estatal a Drummond y otras transnacionales” 8 enero de 2014. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/ politica/cuestionan-seguridad-estatal-drummond-y-otras-transnaci-articulo-467521 El Espectador (2014) “El sector llamado a ser el gran jugador en el posconflicto es la minería” 18 de septiembre de 2014. Disponible en: http:// www.elespectador.com/noticias/economia/el-sector-llamado-ser-el-gran-jugador-el-posconflicto-m-articulo-517484 El Espectador (2016) “Alcalde de Barranco de Loba, Bolívar estaría tras el oro de su municipio” 8 de junio de 2016. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-alcalde-de-barranco-de-loba-estaria-tras-el-orode-s-articulo-636676-0 El Espectador (2017) “Ofensiva de la Fiscalía contra la minería ilegal de oro” 22 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/ofensiva-de-la-fiscalia-contra-la-mineria-ilegal-de-oro-articulo-685872 El Tiempo (2011) “Hay mafiosos italianos viviendo en Colombia: Francesco Forgione” 11 de julio de 2011. Disponible en: http://www.eltiempo.com/ archivo/documento/CMS-9875944 Gisbert, T. y Pinto, M., (2014) “Colombia: Militarización al servicio del extractivismo” en War Profiles News. No. 41 Moor, M. y J. Van de Sandt (2014) El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la Zona Minera del César, Colombia. Países Bajos, PAX. Portafolio (2016) “Así ‘lavan’ el oro de la minería ilegal en el país” 10 de junio de 2016. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/gobierno/lavan-oro-mineria-ilegal-pais-497191 Salinas Y. y J. Zarama (2012) Justicia y Paz: Tierras y Territorios en las Versiones de los Paramilitares Colombia. Bogotá, CNMH. 70 LA MINERÍA EN EL CAUCA: CONFLICTIVIDADES, RESISTENCIAS Y DESAFÍOS Capítulo 2 Catalina Caro Galvis Fotografía: Javier Sulé O. 72 73 La minería en el Cauca: conflictividades, resistencias y desafíos Mining in Cauca province: conflict, resistance and challenges por: Catalina Caro Galvis / catakaroun@gmail.com Introducción El departamento del Cauca ubicado al sur occidente de Colombia fue durante la colonia una zona caracterizada por sus yacimientos de oro, asociados a la cuenca del gran río Cauca que nace en su extremo sur. Esta zona, que en tiempos coloniales perteneció a la gobernación de Popayán, se caracterizó por ser uno de los enclaves mineros granadinos y una de las mayores receptoras de población esclava. Durante los primeros siglos de colonización en América, la extracción de metales preciosos fue el motor de la economía y centenares de indígenas esclavizados y sometidos se convirtieron en la mano de obra para la extracción, especialmente el oro. Para el caso de la gobernación de Popayán, luego de las expediciones de reconocimiento hechas hasta 1536, en donde se ubicaron varios yacimientos, la actividad extractiva del oro se formalizó y se constituyó en la primera actividad productiva (Díaz, 1998). La minería, compatible con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, cumplió un papel fundamental en los procesos de poblamiento en la Nueva Granada, constituyendo asentamientos o asientos mineros que tenían un carácter de enclave en donde los mismos mineros talaban bosque y cultivaban (Duarte, 2012: 4). Esta característica fue de vital importancia para la zona norte de la antigua gobernación ya que, a través de los asientos de minas, se formaron los gérmenes de lo que posteriormente serían las actuales ciudades. La industria minera desde la década de los 90s del siglo XX ha sufrido una significativa expansión en los países sur americanos y centro 74 americanos. Este nuevo ciclo extractivo ha transformado a América Latina y reencontrado nuevamente proyectos territoriales diversos, varias geografías que entran en disputa por la gobernanza de los recursos y del modelo de producción que defienden (Bebbington, 2007). En Colombia, esta expansión no ha sido menor y las respuestas que ha generado impactan de manera contundente la forma en cómo se produce el espacio, los lugares y el territorio desde la percepción y la acción de los distintos actores que están involucrados. En este sentido, las comunidades indígenas y campesinas, que han sido fundamentalmente las más afectadas por los emprendimientos mineros a gran y mediana escala, han transformado sus maneras de relacionarse con su territorio, con los bienes de la naturaleza y con el Estado; quién de diversas maneras ha promovido un modelo económico extractivo orientado a la reprimarización de la economía (Fierro, 2012) y a la apropiación de los bienes del subsuelo como principal motor de desarrollo nacional. Precisamente, esta incorporación del subsuelo en los proyectos territoriales y de desarrollo en Colombia ha afectado directamente a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes quienes son los poseedores y propietarios comunitarios de varios territorios que son codiciados por su potencial minero tanto por la industria a gran escala como por las cuadrillas mineras que hacen explotaciones a mediana escala. Situación minera del departamento del Cauca Durante los últimos 7 años el incremento de las actividades mineras de diversa naturaleza en el departamento del Cauca ha significado grandes cambios y trasformaciones, no sólo a las maneras en que las comunidades entienden y se relacionan con el territorio sino también en los paisajes hídricos (Budds, 2012) y agrarios del departamento que han sido el escenario del crecimiento de esta actividad. La minería en departamento del Cauca, como ya se ha dicho, es una actividad que ha sido constitutiva de la historia territorial, no sólo por sus orígenes coloniales, sino también porque algunas comunidades como las afrocaucanas asentadas en municipios como Santander de 75 Quilichao, Buenos Aires y Suarez ha realizado minería artesanal y esta actividad ha estado relacionada directamentamente con sus arraigo territorial y ancestral. Para el caso indígena, la minería ha sido una actividad complementaria a la agricultura y que se ha realizado con poca frecuencia. En este sentido, la minería realizada por estas comunidades no estaba en clave extractiva, es decir, no era intensiva, depredadora y productora de conflictos ambientales. Después de lo que se llamó “la piñata minera” ocurrida en Colombia a principios de los 2000, varias regiones se volvieron a configurar como enclaves mineros encadenados al capital trasnacional que, por medio de inversión extranjera, llevarían la minería a gran escala a ser el primer renglón de la economía colombiana. Este cambio geopolítico y económico, que implicaba no sólo una adecuación jurídica y política de las prioridades gubernamentales sino también una trasformación local en el sentido de Escobar (2000) –es decir, en todas las dimensiones del territorio–, fue el proyecto gubernamental que orquestaron los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos por medio de políticas mineras producidas desde Bogotá, al servicio del capital trasnacional y de espaldas a las realidades regionales en el país. correspondientes al 8,52% del territorio caucano, así como 416 solicitudes y autorizaciones temporales. Entre el año 2013 y el tercer trimestre de 2016 la participación del Cauca en la producción de oro del país fue de 7,71%; de plata respecto al país fue de 1,07%; de platino del país fue de 0,8%; de carbón del país fue de 0,03% y de materiales de construcción del país fue de 1,07% (ANM, 2017). Estas cifras nos muestran un amplio abanico de extracción, el cuál sin duda se convierte en un atractivo escenario para el capital trasnacional que, como en otros lugares del país, pretende ampliar su operación y la frontera extractiva con el fin de resarcir la caída de precios que durante los últimos 4 años ha golpeado las finanzas de este sector. El Cauca, por su tradición minera de antaño y por su potencialidad en minerales como el oro, el carbón y materiales de construcción, no se escapó de este terrible destino y durante los primeros años de esta “bonanza” se otorgaron 241 títulos entre particulares y empresas multinacionales como Anglo Gold Ashanti, Votoratim Metais, Anglo American, Cerro matoso S.A., entre otras (Duarte, 2015). Además de estas concesiones, también se contaban en ese momento, con casi 610 solicitudes para títulos mineros. No obstante, para hablar de minería en el Cauca, es necesario tener en perspectiva que en este departamento, así como en otros, conviven y se superponen varios tipos de minería y que entender los procesos de transformación que esta actividad ha producido también pasa por analizar la complejidad de cada una de estas modalidades. Para los primeros años del Boom minero, los datos entregados acerca de concesiones y títulos eran la forma más ortodoxa de dimensionar la magnitud de esta actividad y su afectación a los territorios. Sin embargo, luego de casi 15 años de arreciamiento del extractivismo y de resistencias locales, la minería ha tomado nuevas caras que son necesarias de caracterizar, ya que la amenaza del capital trasnacional y de los emprendimientos mineros de gran escala ya no es la única. Las oleadas de cuadrillas mineras que se instalan en el territorio y que sin un título minero legal empiezan a realizar minería con retroexcavadoras y motobombas en las riberas de los ríos, y en otros casos utilizando dinamita y taladros para minería subterránea, se ha convertido durante los últimos cinco años en una de las mayores productoras de conflictos ambientales en el departamento. Desde 2012 a la actualidad, el panorama de titulación y de solicitudes ha cambiado levemente, contando además con la eliminación de figuras como las áreas estratégicas mineras que también estaban proyectadas en el departamento. En la actualidad y según los datos presentados por la Agencia Nacional Minera -ANM- (2017), existen 225 títulos mineros vigentes que representan un área de 260.951,05ha, Desde la perspectiva de las comunidades mineras y no mineras del departamento, se han caracterizado los tipos de minería que se realizan y además las apuestas político-organizativas que las distintas expresiones indígenas, campesinas y afrocaucanas tienen frente a esta actividad, esta caracterización ha sido útil para complejizar la lectura del fenómeno minero y las distintas posiciones que se tiene al respecto. 76 77 Tipo de Minería ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace? Sustancias para la separación del oro ¿Quiénes lo hacen? Es intermitente en algunas zonas de los cauces de los ríos y es complementaria a otras actividades de sustento familiar como la agricultura y la ganadería. Se practica utilizando Batea, barra, cacho y almocafre. No se utilizan químicos. El oro se separa por métodos tradicionales como el uso de saliva, escoba, limón e imanes. Mineros artesanales o grupos familiares. Mazamorreo Este tipo de minería es conocida como minería de aluvión y se realiza en las riberas de los ríos. Socavón Artesanal En pendientes de cerros y en grutas de la parte plana. Usando pica y pala se construyen grutas que siguen las vetas. Se realiza como actividad complementaria. Se utilizan molinos para triturar el material y laberintos con tapetes para separar el oro. Grupos familiares. Hombres de forma permanente y mujeres temporalmente. Se usa Tolba, lavados, retroexcavadoras, motobombas, dinamita, volquetas y molinos para la trituración del material. Tiene una intención de lucro para particulares dueños del entable. Se utiliza mercurio y cianuro para facilitar la amalgamación del oro. Socavón en montaña mecanizado En pendientes de cerros y en grutas de la parte plana. Se realiza en predios propios o en predios arrendados de las comunidades. Cuadrillas mineras de personas externas a las comunidades y muchas veces personas de las comunidades con fines de lucro. ¿Cómo se hace? Sustancias para la separación del oro ¿Quiénes lo hacen? Tipo de Minería ¿Dónde se hace? Gran minería aurífera mecanizada En planicies y lechos de ríos. Retroexcavadoras, motobombas, dragas y dragones. Se utilizan mercurio y cianuro para la amalgamación. Tabla 1. Tipología de la minería en el Cauca. Fuente: Construcción colectiva. Taller Mesa Interétnica e Intercultural del Cauca. Mayo 2014 Cuadrillas mineras o dueños particulares con músculo económico, con gran cantidad de maquinaria y fines de lucro. También están involucrados grupos armados y mafias mineras. Como se ilustra en la tabla 1, existen varias modalidades de minería que, en medio de las adecuaciones territoriales que el modelo económico extractivista ha dictado, aún perviven. Muchas de ellas se constituyen en una talanquera para el avance la minería trasnacional, otras en cambio se han constituido como una puerta de entrada para que emprendimientos mineros de mayor envergadura sean contemplados y promovidos por los gobiernos locales y regionales, como respuesta a los impactos ambientales que estas formas de minería producen. En general, la superposición y disputa entre estos distintos tipos de minería, que a su vez son propuestas y ejercicios de producción territorial, se han constituido hoy en uno de los principales motores de los conflictos ambientales por minería en el Cauca. En la mayoría de los casos, la minería metálica, sobre todo de oro, se han constituido como la explotación mayoritaria y de mayor conflictividad, otros tipos de explotación como la minería de materiales de construcción, bauxita, calizas, mármoles y azufre, han generado conflictos entre comunidades y empresas o particulares, pero estos han sido de menor intensidad. Analizaremos tres grandes frentes de conflictividad que ha producido la minería en el departamento del Cauca, mostrando cómo los ordenamientos territoriales y sociales impuestos por la minería trasnacional y la minería sin título en cualquiera de sus acepciones, han significado una trasformación sustancial en las maneras en que las comunidades caucanas se relacionan con el paisaje, el agua, los minerales, en general con su territorio. En estos escenarios de conflictividad, las resistencias han sido disímiles y muchas veces han significado acuerdos interétnicos e interculturales, así como disputas interculturales e intraculturales. A diferencia de otros conflictos por minería en otros lugares de Colombia en donde las estrategias de los actores son claramente visibles y en donde las empresas han jugado un papel preponderante; la fluidez y la versatilidad del accionar minero en el Cauca hace que sus efectos ambientales, sociales y políticos resuenen de manera diversa. No sólo porque en el departamento la minería no se encarna 80 solamente en grandes empresas foráneas que llegan al territorio, sino porque se ha incrustado en los intersticios de los pueblos indígenas, afrocaucanos y campesinos, logrando fracturar, en algunos casos, los fuertes tejidos organizativos construidos por años entre estos procesos sociales; trasformando formas de relacionamiento con los elementos de la naturaleza y poniendo en riesgo, e inclusive destruyendo, la integralidad de ecosistemas de gran importancia para la pervivencia de las comunidades. Esta situación no sólo ha estado relacionada con la actuación de los sectores mineros en los territorios, sino con el propio quehacer de la minería aurífera contemporánea. Como es señalado por Gómez y Eschenhagen la minería aurífera hoy necesita la utilización de técnicas y formas de extracción más agresivas ambientalmente, dado que “casi todos los grandes depósitos de minerales metálicos presentan el mineral diseminado. Lo que significa que en grandes áreas se encuentran cantidades extraíbles de mineral diseminado en concentraciones bajas.” (Gómez y Eschenhagen, 2014: 390). Esta condición, significa mayor mecanización y además la incorporación intensiva de sustancias químicas de alta toxicidad y grandes cantidades de agua y energía. Justamente, la minería metálica consume grandes cantidades de agua, no sólo en la operación sino también en los procesos posteriores. Esto genera varios momentos de apropiación y privatización del agua, que se realiza por varias modalidades: por control de la fuente, por contaminación y por desvío de cauces. A continuación veremos entonces tres rostros de las conflictividades mineras del depar tamento del Cauca, advirtiendo que esta foto que describiremos es altamente cambiante y se cruza también por problemáticas estructurales del departamento asociadas con los sistemas, formas y conflictos por la propiedad de la tierra, con los largos años de conflicto armado y con la afectación de otros tipos de extractivismo como el monocultivo de caña, que ha generado desplazamientos forzados, despojos y acorralamientos productivos a muchas comunidades, especialmente en el norte del departamento. 81 La amenaza de la minería trasnacional El Cauca no ha escapado a la voracidad del capital trasnacional y, como dijimos más arriba, las solicitudes y la titulación que tiene el departamento desde los tiempos del Boom Minero se ha caracterizado principalmente por la minería metálica de oro y por las aspiraciones de empresas multinacionales como Anglo Gold Ashanti, Continental Gold, entre otras. Como es analizado por Duarte (2015) las concesiones mineras otorgadas y las expectativas de nuevas se han concentrado en la parte norte y en el extremo sur del departamento. Para el caso del norte, estas solicitudes y títulos, en algunos casos, se sobreponen a territorios de comunidades afrocaucanas o territorios ancestrales de comunidades indígenas. Esta sobreposición ha generado una reacción vehemente de estas comunidades quienes, argumentando sus derechos territoriales y acudiendo a su autoridad territorial- ambiental, han rechazado la entrada de la minería trasnacional a sus territorios. intentos de entrada en los territorios indígenas han sido permanentes. No obstante, las comunidades han resistido y han legislado autónomamente para evitar estas amenazas. “…Entonces resulta que a nivel del resguardo desde que se conformó la zona minera, comenzaron a venir varias empresas por ejemplo esta la Anglo, luego entró la Cosigo Resources que es una empresa Colombo Canadiense, a la que sacamos. Primero sacamos a la Hiliski… Luego entró la Anglo, quien fue muy inteligente en su manejo porque, igual que ellos, no pidieron permiso porque el modo de operar ellos es que nunca andan por la carretera, ellos le andan es por el agua por pura rivera de los ríos…” Entrevista líder indígena Norte del Cauca, 2014. Específicamente el sector indígena asociado en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), por medio de sus autoridades y de sus mecanismos asamblearios, ha rechazado tajantemente la gran minería trasnacional. Tanto en los lineamientos de política minera indígena del año 2010, cómo en los encuentros regionales en donde se ha discutido el tema minero y en las asambleas regionales y zonales, las autoridades, comuneras y comuneros indígenas han determinado que cualquier tipo de ofrecimiento o entrada de empresas multinacionales a los territorios indígenas será frenada, por medio del control territorial. Así mismo, en las mesas de concertación con el gobierno nacional se han cuestionado los procedimientos por los cuáles fueron entregados los títulos a particulares y multinacionales y aceptado las solicitudes mineras. Previo a estos procedimientos se debió llevar acabo la consulta previa con estas comunidades, pero ésta se pasó por alto violando todas las disposiciones constitucionales que deben garantizar los derechos territoriales y de autodeterminación de las comunidades étnicas en el país. En el caso de las comunidades afrocaucanas y campesinas, la decisión frente a las multinacionales es la misma. Dentro de las formas tradicionales y ancestrales de habitar el territorio, las comunidades afrocaucanas han defendido el ejercicio de la minería artesanal – ancestral como una actividad crucial para su arraigo y su sobrevivencia. Sus territorios al igual que los territorios indígenas fueron concesionados sin su consentimiento y las empresas y particulares han querido hacer explotaciones de gran escala, desconociendo su presencia y sus derechos territoriales. Frente a esta situación comunidades que hacen parte de consejos comunitarios como el de la Toma, han adelantado fuertes procesos de movilización y exigibilidad jurídica que han contenido el avance trasnacional sobre sus territorios y además han protegido la práctica de la minería ancestral como un patrimonio de su pueblo1. No obstante, esta lucha que ha instado al gobierno para detener el otorgamiento de títulos en los territorios afrocaucanos y que en el caso de la Toma se derivó en una sentencia de la Corte Constitucional, ha tenido pocos efectos ya que los títulos no han sido derogados y, por otra parte, la implementación de los acuerdos y disposiciones de la Corte ha sido casi nula. Aunque en el momento no se registran minas en etapa de explotación en los títulos otorgados a estas multinacionales, los ofrecimientos y los 1 Nota de la editora: Ver en el capítulo 7 de este informe el texto de Marilyn Machado al respecto. 82 83 organizativa y los conocimientos han permitido frenar el avance de la frontera extractiva de oro a gran escala en el departamento. Así mismo, los espacios de diálogo interétnico e intercultural han permitido que las diversas organizaciones del Cauca se unan para proteger el agua como centro de la lucha contra la minería. Esto, sin duda, es una ganancia ya que ha permitido superar otros desencuentros entre procesos y ha propiciado el diálogo y la construcción de consensos frene a la amenaza minera trasnacional. “…Que siga la pala, la batea y almocafre, eso es lo de nosotros acá…” Imagen 1. Resguardo indígena en el norte del Cauca. Créditos: Javier Sulé O. Los campesinos al sur del departamento, específicamente del Macizo, además de la movilización constante y la denuncia frente a las afectaciones que la minería de oro produce, han avanzado en ejercicios de reconocimiento territorial y de investigación que han permitido profundizar el conocimiento de toda la población acerca de las afectaciones de la minería a los bienes comunes. Las organizaciones campesinas han identificado cómo el modelo extractivo transnacional amenaza la riqueza hídrica de esta zona, en donde nacen tres de los más grandes ríos de Colombia. Y a través del Comité de Integración del Macizo (CIMA) se han impulsado luchas territoriales por el agua, que han permitido fortalecer las sinergias y aumentar la presión a las autoridades locales para garantizar un ordenamiento territorial con el agua y para el agua. Todo ello, en búsqueda de mantener las vocaciones tradicionales de los suelos del macizo y consolidar sistemas agroalimentarios autónomos y sustentables. Como vemos, en esta primera arena de la conflictividad asociada a las luchas contra la minería trasnacional, el arraigo, la capacidad 84 Con la promoción de la minería a gran escala como modelo económico en los últimos gobiernos y la creación de políticas públicas promineras como la “locomotora minera”, no sólo las empresas trasnacionales ambicionaron los territorios colombianos para la explotación. Los altos precios de los minerales en los mercados internacionales entre 2009 y 2012, movieron a sectores informales al negocio de la minería, produciendo un fenómeno que ha afectado fuertemente las dinámicas económicas, ambientales y sociales en los territorios. La mal llamada por los gobiernos de turno “minería ilegal o criminal” se ha tomado los territorios de departamentos del Choco, Antioquia, Valle del Cauca y, por su puesto, del Cauca, en donde los enclaves informales se extienden por toda la geografía y por gran parte de las riberas de los ríos más importantes. La minería informal, es decir sin título minero otorgado por las autoridades mineras nacionales, ha tomado varias formas, que como vimos en el cuadro de tipología, puede realizarse por explotación a cielo abierto en las riberas de los ríos o por minería de filón. En sus dos acepciones, esta minería ha significado la introducción de maquinaria pesada como retroexcavadoras y motobombas para la explotación y, además, el uso de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro para la separación del oro. La minería de los paisas o retreros, desde su llegada al territorio caucano se ha disputado los mismos “lugares” en donde las comunidades 85 indígenas, campesinas y afrocaucanas tenían sus minas artesanales, sus territorios sagrados, sus fincas agroalimentarias y sus ríos. Esta sobreposición de aspiraciones territoriales y económicas ha producido por supuesto fuertes conflictos alrededor no sólo del aprovechamiento de los minerales, sino también de la ocupación territorial, ya que la llegada de estos “paisas”2 ha causado algunos desplazamientos y ha traído nuevas dinámicas a la vida cotidiana de las comunidades como otros consumos, otras formas de diversión y, además, un conflicto estructural por el acceso, aprovechamiento y cuidado del agua. Es importante también anotar, que las actividades mineras informales y específicamente la actividad de estos retreros ha estado sostenida por varios relacionamientos de distintas escalas. En la escala micro local, la minería de retroexcavadora y de dinamita, ha establecido acuerdos y muchas veces asociaciones con los mineros tradicionales de algunos de los enclaves mineros instalados en las zonas. Este tipo de relacionamiento no ha sido voluntario, sino que responde a los copamientos económicos, paramilitares y sociales que la minería informal impone en los territorios. Con esto nos referimos a que las comunidades muchas veces se ven avocadas a encadenar sus prácticas mineras tradicionales con el trabajo de la maquinaria ilegal: uno porque están en el mismo lugar de extracción; dos porque las maquinaria facilita la remoción de la tierra, lo que disminuye el trabajo en el quehacer minero; tres porque los retreros no llegan solos y utilizan formas de seguridad privada que atemorizan a las comunidades y las obligan a prestarles servicios de distintas naturaleza y cuatro porque las condiciones estructurales de los territorios rurales en Colombia son precarias y se ve en esta actividad una manera de superar el hambre, lograr el acceso a la tierra y a mejores oportunidades. En las escalas municipales y regionales existe, en primer lugar, una institucionalidad ambiental muy laxa que no controla el territorio y 2 Nota de la editora. En el artículo de Marilyn Machado hay una referencia al término “paisa” para explicar que se refiere a foráneos a la región, algunos de los cuales provienen del departamento de Antioquia, pero no siempre es así. 86 que no cumple con sus funciones de veeduría y conservación. Por otro lado, las autoridades encargadas de controlar y evitar que estos mineros informales se instalen con sus retroexcavadoras en el territorio son muchas veces cooptadas por este sector y por medio de la corrupción conceden la entrada, la instalación y el libre tránsito hacia estos entables. Finalmente, las autoridades nacionales han construido un discurso equivocado, y de espaldas al país, en donde culpan a la minería informal de los problemas sociales, económicos y ambientales de la minería de oro. Muchas veces desde las instancias nacionales se desconocen las dinámicas locales de los territorios y se criminaliza a todos los emprendimientos mineros, mezclando la minería tradicional-ancestral con esta minería de mayor escala, sin título y mecanizada. Este discurso, funcional para la industria minera a gran escala “legal”, se ha convertido en la punta de lanza para impulsar la entrada de proyectos multinacionales de minería a los territorios que, aunque cumplen con estándares ambientales, no significan ningún beneficio para las comunidades ni para los territorios. Para el Cauca se han presentado dos casos paradigmáticos que ilustran la afectación que la minería informal tiene sobre las comunidades, el paisaje y el agua. En el año 2014, en la vereda San Antonio del municipio de Santander de Quilichao, ocurrió en uno de los entables mineros informales llamado “agua limpia” una tragedia que sepultó a 14 mineros. Este hecho tuvo un revuelo regional y nacional que desenmascaró la aguda situación del Cauca respecto a la minería de retroexcavadoras. En los municipios de Buenos Aires, Suarez y Santander de Quilichao se han instalado varios entables informales que están afectando principalmente las cuencas de los ríos Cauca, Quinamayó, Mandivá, Palo, Mondomo, entre otras. Así mismo, el segundo caso que despertó las alarmas, pero sobre todo develó cómo el agua ha sido la principal víctima de la minería, fue el caso del río Sambingo. Los noticieros y periódicos hablaron del primer río asesinado por la minería ilegal y tal afirmación 87 ilustra literalmente lo que sucedió. El río Sambingo se ubica en el sur del departamento del Cauca entre los municipios de Mercaderes, Bolívar y Almaguer en donde la minería informal también se ha instalado destruyendo las fuentes de agua y transformando la vocación agraria de esta zona del departamento. En este caso, el agua de este río sufrió una contaminación desmesurada, así como alteraciones de su cauce y sedimentación en sus riberas por la actividad minera. Como este, otros ríos del departamento están en peligro por la minería, lo que significa una violación directa a los derechos de las comunidades caucanas al acceso y aprovechamiento del agua. El agua es un elemento con una conexidad directa con la vida material y simbólica de las comunidades y la minería, en todas sus modalidades, ha ejercido formas de apropiación y privatización del agua. Precisamente esta relación de apropiación, que puede ser agenciada por una persona, un sector o una clase social, se efectúa como un proceso de acumulación no sólo de un bien natural sino también de un poder (Isch, 2010). En estos casos, la minería de oro informal ha apropiado las fuentes hídricas y ha desarrollado actividades que han privado a otras y otros del acceso de agua de buena calidad para el consumo, para el riego de sus cultivos y para su disfrute. Cuando la minería extingue un río como el Sambingo, se están también eliminando las prácticas sociales y culturales de las y los campesinos con el agua, se elimina la memoria territorial y ambiental de este paisaje y se causan transformaciones irreparables a la relación entre las personas, las comunidades y el agua. Sin duda, la minería de retroexcavadoras y de socavón informal, es uno de los escenarios más complicados de la conflictividad minera en el Cauca, ya que sus encadenamientos económicos y de poder han producido situaciones de criminalización y persecución a las y los líderes que luchan por la defensa del agua y el territorio. Por su “clandestinidad”, esta actividad fluye entre la corrupción de autoridades, el paramilitarismo y los intereses de algunos sectores de las comunidades. Lo que 88 resulta claro, es que sus implicaciones son tremendamente agresivas con el ambiente, generan nuevas configuraciones territoriales asociadas a la extracción y trasforman los modos de vida y relacionamientos de las comunidades. Frente a ella, las comunidades afrocaucanas han manifestado que es necesario defender la minería tradicional-ancestral y exigir a las autoridades estatales celeridad en el desalojo de estas maquinarias y en el desmantelamiento de las mafias asociadas con este tipo de minería. La minería informal en los territorios indígenas: ¿indígenas mineros? Precisamente estas trasformaciones producidas por la minería informal, han resonado de manera preocupante en algunos territorios indígenas del departamento del Cauca. En el norte, pese a que las comunidades indígenas tienen figuras de prelación de extracción como las zonas mineras indígenas (ZMI), la minería informal de socavón se ha instalado entre las comunidades, convirtiéndose en un motor de conflictividad intracultural. Nuevos sectores de indígenas mineros y socavones que están causando graves impactos al paisaje de los resguardos se configuran como otro campo de disputa. La ZMI de Canoas – Delicias, que tiene jurisdicción en los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, en donde desde tiempos ancestrales las comunidades han trabajado la minería artesanal de oro. El pueblo Nasa, luego del intenso proceso de extracción minera sucedido en la colonia y parte de la época republicana, abandonó la práctica minera y sólo hasta hace unos 20 años aproximadamente, debido a la incursión de empresas multinacionales en búsqueda de yacimientos para la extracción, algunas comunidades han reactivado su interés minero. Este es el caso de la comunidad indígena de Delicias, que se encuentra ubicada al Sur del municipio de Buenos Aires con aproximadamente 1.145,4625 has de resguardo legalmente constituido (Estudio socioeconómico de Delicias, 2002). Esta zona cuenta con depósitos auríferos localizados en los 89 alrededores del cerro Teta o Catalina, que es un sitio sagrado para el pueblo indígena Nasa y en donde se concentra la mayoría de la extracción minera de la zona. En la misma ZMI Delicias – Canoas, encontramos el resguardo indígena de Canoas que se encuentra ubicado en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao con aproximadamente 931 has de resguardo y 23 veredas. Esta zona, al igual que Delicias, tiene una tradición minera colonial que dinamizó durante un largo periodo la economía local y trajo un gran número de población esclava para la explotación de las minas. De hecho, muchos de los indígenas que hacen parte del resguardo de Canoas son venideros de Jambaló y Toribio, así como la población afrodescendiente que se asentó tanto en las veredas del ahora resguardo, como en la cabecera municipal de Santander de Quilichao. Encontramos precisamente, rastros de los poblados coloniales dispuestos para la actividad minera reflejados en las capillas doctrineras de la vereda de Dominguillo, la Vetica y Vilachí (Collazos, 2011). Esta tradición minera, desarrollada en conjunto por las comunidades indígenas y afrodescendientes con los años se fue desestimulando y otras actividades agrícolas y comerciales caracterizaron la economía de la zona. No obstante, hacia el año 2008, con la arremetida de la Anglo Gold Ashanti sobre todo el territorio caucano, y en este caso con 12 solicitudes sobre el resguardo de Canoas, el tema minero volvió a ser parte de la agenda política y económica del cabildo. Después de varias negociaciones, la multinacional Anglo Gold que estaba codiciando las reservas ubicadas en el cerro Munchique, también un sitio sagrado para el pueblo nasa, fue expulsada y las autoridades indígenas insistieron en un rechazo tajante a la gran minería en sus territorios. Sin embargo, el cabildo presionado por la alcaldía y el ministerio de minas tuvo que hacer valer su derecho de prelación adquiriendo títulos con el fin de adelantarse a las solicitudes de las grandes multinacionales. Esto además de acarrear altos costos frente al canon superficial, dejó abierta la posibilidad para exploración, 90 siendo este hecho el germen de las dificultades que actualmente se presentan3. A propósito de los títulos adquiridos durante los años 2009 y 2010, comuneros y comuneras de varias veredas, principalmente de la vereda el Cóndor, avivaron la intención de practicar minería en algunos socavones abandonados en la parte alta del cerro Munchique. Pese a las discusiones y discrepancias presentadas en varios encuentros con el cabildo, los comuneros mineros empezaron a realizar minería afectando a la comunidad y contaminando fuentes hídricas que surten los acueductos veredales. Esta situación puso alerta al Cabildo y se intentó hacer algunos acuerdos. No obstante, las y los mineros incumplieron y el cabildo y la guardia indígena, en su ejercicio de autonomía y control territorial, han realizado repetidas acciones de control territorial, subiendo al cerro, decomisando herramientas y cerrando socavones. No obstante, la expectativa de las nuevas familias mineras movidas por las ventajas y rentabilidad de esta actividad creció y la exploración de los socavones en el cerro continuó. Este auge de la pequeña minería en el resguardo hecha por comuneros y comuneras, sin permiso ambiental y sin aval del cabildo, ha causado fracturas y conflictos entre comuneros y comuneras que defienden la actividad minera y otros que han alertado de sus efectos en el agua. En Canoas, las autoridades del cabildo durante varios años han fortalecido el control territorial y los reglamentos ambientales propios con el fin de controlar esta actividad. No obst ante, los sectores mineros del resguardo han sido resistentes y han migrado a otros territorios vecinos como el resguardo indígena de Munchique, incentivando la minería y acercando a más indígenas a la actividad. Como cualquier economía de enclave, la minería en los resguardos ha transformado la circulación del dinero y del valor, trayendo a las comunidades grandes cantidades de dinero que modifican las concepciones acerca de sus necesidades y del consumo. En Canoas, la población joven que está vinculada con la minería no sólo ha 3 Nota de la editora: Ver al respeto la discusión en el apartado 3.1 de la Introducción. 91 aumentado sus consumos suntuarios, reflejados en la ingesta de alcohol, drogas, compra de motos, etc.; sino que el dinero está transformando la misma concepción indígena de la tierra y de los elementos de la naturaleza. Mientras que para los mayores y los médicos tradicionales el cerro Munchique es un lugar que debe cuidarse y preservarse por su importancia en la cosmovisión nasa, para las nuevas generaciones el cerro es la despensa del dinero. espacios de vida por parte del gobierno, de las empresas y de los particulares durante toda la historia. Sin duda, existe un reto intercultural que es el ordenamiento ambiental autónomo de los territorios caucanos, que desde siempre han tenido una importante vocación forestal y que, pese a toda su historia de violencia y extractivismo, resguardan un invaluable patrimonio cultural y ambiental de nuestro país. Pese a estos cambios y a la conformación de un sector minero con peso político dentro de los cabildos, se han emprendido varios procesos de concientización, ordenamiento ambiental de los territorios y diálogo que permitan contrarestar “la fiebre minera indígena” y construir desde lo comunitario otras alternativas que logren decantar los planes de vida indígena en alternativas de subsistencia sustentables y que ofrezcan sobre todo a la población juvenil incentivos para continuar en el territorio y defenderlo. A modo de conclusión Sin duda, la minería en cualquiera de sus modalidades ha producido un cambio territorial en el Cauca y en las comunidades que lo habitan. Esta problemática se ha convertido en un lubricante para otros conflictos de gran calado en el departamento como el tema la propiedad de la tierra, los cultivos de uso ilícito, el conflicto armado y otras amenazas extractivas. Dado que en este caso la minería ha adoptado varias formas, la lucha frente a los impactos ambientales y sociales de esta actividad se ha venido trasformando. Las alianzas interétnicas e interculturales han sido fundamentales para detener la entrada de la minería trasnacional y también el crecimiento de la minería de retroexcavadoras. Además, en la diferencia también se ha establecido el agua como el eje de lucha contra la minería y esto ha permitido avanzar en estrategias regionales para su defensa. La condescendencia estatal con el sector minero ha sido inmensa, pero las comunidades desde el corazón de la tierra siguen defendiendo el territorio, que debe perdurar más allá de la mercantilización de sus 92 93 Bibliografía Budds J. y L. Hinojosa (2012) “Las industrias extractivas y los paisajes hídricos en transición en los países andinos: análisis de la gobernanza de recursos y formación de territorios en Perú” En: Boelens, R., et all eds Agua, injusticia y conflictos. Boelens, Rutgerd; Isch,. Agua, Injusticia y Conflictos. Lima, CBC. Escobar, Arturo. (2000) “El lugar de la Naturaleza y la Naturaleza del Lugar: ¿globalización o postdesarrollo? En: Edgardo Lander (compilador). La colonialidad del saber: eurocentrismos y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires, CLACSO. Goméz, I. y M. Eschenhagen. (2014) “Conflictos socioambientales de la minería del oro y el rol del modelo económico dominante en América Latina”. En: Göbel B y Astrid U. eds. Extractivismo minero en Colombia y América Latina. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Prensa Consultada http://lasillavacia.com/historia/asi-se-cruzan-los-indigenas-los-afros-y-lamineria-48023 http://lasillavacia.com/historia/las-minas-del-cauca-34959 http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/14-detenidos-acusados-de-secar-el-rio-sambingo-en-cauca/34860 http://www.alterinfos.org/spip.php?article4648 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16508658 http://www.elpais.com.co/multimedia/fotos/en-fotos-vea-como-se-extiendela-mineria-ilegal-en-el-norte-del-cauca.html 94 Capítulo 3 Alejandra Durán Castellanos LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA La resistencia colectiva e intercultural frente a la minería Fotografía: Lina María González C. La construcción de la autonomía territorial en el municipio de La Vega: la resistencia colectiva e intercultural frente a la minería The construction of territorial autonomy in the municipality of La Vega: collective and intercultural resistance to mining por: Alejandra Durán / alejandraducast@gmail.com 1. Contexto socio ambiental del Pueblo indígena Yanakona en el municipio de La vega. El Cabildo de Santa Bárbara. El Pueblo indígena Yanakona, después del pueblo Nasa, constituye el segundo Pueblo Indígena más numeroso del Cauca. Debido a las presiones externas que en ocasiones alejaron y desterritorializaron al pueblo indígena Yanakona, la identidad es fuertemente expresada por las familias y personas organizadas en cabildos, unidades básicas de gobierno indígena estructuradas en torno al Cabildo Mayor del pueblo Yanakona (Cabildo Mayor Yanakona, 2014: 27). El Cabildo Mayor es la autoridad tradicional así como la estructura social, política y organizativa de las 31 comunidades que forman el Pueblo Yanakona. Su principal función es la aplicación y defensa del Plan de Vida así como del Plan de Salvaguarda y, por lo tanto, asegurar el mantenimiento de la identidad física y cultural de este pueblo indígena. Estas estructuras políticas se integran e interrelacionan en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que constituye el proceso organizativo indígena más importante del Cauca, una de cuyas principales reivindicaciones es la defensa de la autonomía y protección de los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Si bien en el municipio de La Vega figuran como resguardos coloniales el resguardo de Guachicono y el de Pancitará (Cabildo Mayor 98 Yanakona, 2001: 8), Santa Bárbara es una comunidad originaria que formaba parte de un resguardo ancestral que históricamente perdió el título constitutivo y que actualmente se encuentra en proceso de constitución. Por su parte, Paraíso y Nueva Argelia constituyen comunidades rurales, establecidas a raíz del desplazamiento de la población proveniente de los resguardos ancestrales. Todas tienen como fin el fortalecimiento político y organizativo del pueblo indígena Yanakona. El proceso de recuperación de la identidad de la comunidad de Santa Bárbara se remonta al año 1994, dos años después de la constitución del Cabildo Mayor del pueblo Yanakona. Considerado entonces como territorio rural, el resguardo de Santa Bárbara fue uno de los primeros resguardos ancestrales existentes en el territorio (Ibid: 5). De hecho, la construcción de la iglesia data de aproximadamente hace 400 años y es contemporánea al resguardo de Pancitará, desde donde cuentan que los habitantes cargaban las piedras a fin de erigir la edificación. En este sentido, el nombre fundacional del cabildo proviene de la patrona Santa Bárbara que, según se narra, apareció remanecida1 en una piedra hacia el año 1700. Así, en palabras del Gobernador del Cabildo “primero nos dogmatizaron para podernos doblegar y someter a los intereses que ellos tenían”. No obstante, no fue hasta inicios del siglo XX cuando el resguardo Santa Bárbara se disolvió y los habitantes de la zona fueron constreñidos a adoptar las formas religiosas y las dinámicas provenientes del gobierno central. Por conocimiento de la comunidad, en la época de la República, se produjeron mayores cambios identitarios pues, pese a seguir trabajando de forma mancomunada, “la imposición política fue aún más fuerte que la propia colonización” (Entrevista 2). Pese a las imposiciones establecidas, durante el año 1994 un grupo de habitantes de la comunidad empezaron a indagar sobre su identidad, reconociendo sus rasgos, apellidos y formas en otros hermanos indígenas. Se comenzaron a convocar reuniones con los resguardos 1 Las vírgenes remanecidas son las patronas de las comunidades Yanakona donde éstas han aparecido. Porello, representan la guía espiritual de este pueblo indígena y se relacionan específicamente con el agua. (Observatorio ADPI, 2014: 177 y 179). 99 ancestrales ya constituidos, donde fueron fundamentales los saberes de los mayores para recordar los orígenes del proceso, así como el apoyo de resguardos como el de Pancitará. Finalmente, en el año 1998 los habitantes tomaron la decisión de organizarse como territorio y comunidad indígena, solicitando al Cabildo Mayor Yanakona el reconocimiento e iniciando, desde ese momento, un proceso de fortalecimiento identitario más profundo, analizando la cultura y las formas propias internas. De esta manera, la recuperación identitaria empezó siendo un proceso asambleario, trabajando primero como junta de acción comunal durante los años 2000 y 2001 y luego como Cabildo Yanakona reconocido por las autoridades del Cabildo Mayor el 2 de noviembre del año 20022. A partir de ese momento, se potenció el trabajo mancomunado de los 120 núcleos familiares. De esta manera, 400 mujeres, niños, jóvenes y mayores – la mitad de lo que en su momento fue el Cabildo – trabajaron impulsando el proceso organizativo del mismo. Para el fortalecimiento identitario de la comunidad, se ha seguido trabajando y dando aplicabilidad al Plan de Vida Yanakona, también como proceso de resistencia que implica proteger lo común y colectivo a partir de la Ley de origen. Así, desde la comunidad se le da importancia a la escucha de los mayores, quienes estuvieron al inicio del proceso pues [ellos] “conocen, lo que falta es el ejercicio del uso de las plantas. Ahora nos hemos vuelto dependientes, nos ha venido transformando la forma de pensar. Falta capacitación.” (Entrevista 1). La comunidad también ha impulsado actividades en torno a la recuperación del idioma propio, el Runashimi, creando el año 2012 el centro educativo “Yachay Churikuna” (hijos de la sabiduría) siendo éste un eje vertebral para fortalecer la cosmogonía de la comunidad desde los más pequeños y orientar su caminar. Así mismo se ha propuesto y se está trabajando en que vaya un profesor (Yachachí) para enseñar también a los adultos que están olvidando el idioma pues este elemento es una de las bases fundamentales de la conservación del pueblo indígena como comunidad milenaria3. “Este pueblo tiene años, aquí en esta comunidad se educó gente que ahora vive en La playa, el Ventiadero, Santa Rita... todos estudiaron aquí.” (Entrevista 2). Paralelamente al reconocimiento por parte del Cabildo Mayor Yanakona, también se está dando un proceso con el gobierno nacional, en donde el Ministerio del Interior les reconoció como comunidad indígena mediante Resolución 0044 de 27 de abril de 2012 a fin poder llevar a cabo procesos de consulta previa. Por otro lado, a fin de constituirse como resguardo, se llevó a cabo un estudio socioeconómico en donde uno de los temas claves y prioritarios fue, y sigue siendo, la legalización de los territorios y predios mediante figuras jurídicas como la prescripción de dominio. Este punto es crucial para la comunidad, pues sería un primer paso para potenciar la economía propia con nuevas tierras y cultivos propios4. Imagen 1. Centro educativo “Yachay Churikuna”, Santa Bárbara, La Vega. Agosto 2016. Créditos: Alejandra Durán C. 2 Es por este motivo que en el Plan de Vida Yanakona de 2001 no se incluye al cabildo de Santa Bárbara como resguardo colonial. 3 De hecho este es uno de los elementos resaltados por la jurisprudencia constitucional en sentencias como la T-513 de 2012, T-993 de 2012, T-849 de 2014 o la T-704 de 2016. 100 4 Las comunidades manifiestan su convencimiento en que, al potenciar los cultivos propios y, por lo tanto, la economía local, se favorecerá la cohesión no sólo de cada comunidad, sino también los lazos existentes con otros procesos. 101 1.1 La estrella fluvial del Macizo Colombiano Ubicado al sur oriente del departamento del Cauca, el municipio de la Vega forma parte de los 54 municipios que integran el Macizo colombiano, una eco región estratégica de aproximadamente 3’368.237 ha, reconocida como reserva de la biósfera y considerada como una de las fuentes hídricas más importantes del país. Así es como el municipio de La Vega, ubicado en el corazón del macizo montañoso y en el llamado Cinturón Andino, constituye parte de una de las estrellas fluviales de Colombia (IDEAM, 2015: 175) donde nacen los cuatro ríos más importantes de Colombia: Magdalena, Cauca, Caquetá y Guachicono, afluente del río Patía. Estos ríos constituyen el 70% del recurso hídrico total de Colombia, encontrándose también un gran número de lagunas, ríos, quebradas y nacimientos de agua. Una parte del municipio se integra en el complejo de páramos del macizo colombiano, concretamente a través del páramo de Sotará que presenta una extensión de 53.664,2 ha. Esto implica que en La Vega se encuentren territorios que constituyen, en zonas altas, el ecosistema de páramos como también el bosque andino. Este último es un ecosistema terrestre predominante en la zona que crece junto con los agro sistemas que, en general, han sido formados por la actividad agrícola de las comunidades (Ibid: 164). Debido a la gran riqueza hidrológica que caracteriza a Colombia, el ordenamiento ambiental del país se realiza bajo un enfoque de Cuenca Hidrográfica5. Por su parte, el cabildo de Santa Bárbara forma parte de la gran cuenca del río Patía que, como su nombre lo indica, “corresponde al área de captación del río Patía” (CRC, 2010: 20) y que, con una extensión de 533.422 has, representa el 17,1% del área del departamento del Cauca (CRC, 2012: 37). Esta gran cuenca integra a su vez 16 subcuencas, entre ellas la de Pancitará, Sambingo - Hato Viejo y la del Guachicono. Así, el río Pancitará, muy próximo a la comunidad, se une con el río Putis, formando el río Samangoy que, a través de la desembocadura del río Guachicono, va a parar el gran río Patía. A nivel geográfico, el Cabildo Indígena Yanakona de Santa Bárbara se encuentra a 111 Km de Popayán. Fue constituido hace 15 años como autoridad territorial y se definió formalmente como un territorio rural, conformado por 120 núcleos familiares y 3 veredas que abarcan aproximadamente 400 hectáreas: la cabecera corregimental (Santa Bárbara), la vereda Piedra Negra y la vereda El Guayabo. La comunidad de Santa Bárbara, en actual proceso de constitución formal como resguardo ancestral, tiene un radio de acción enmarcado por el río Pancitará, el río más importante del municipio, la quebrada los Ingenios y otras microcuencas de gran importancia para el abastecimiento de agua potable como son la quebrada las Minas, quebrada Flautillar y la Ciénaga, las cuales además constituyen sitios sagrados para la comunidad. El municipio de La Vega no está exento de dos graves amenazas estrechamente relacionadas: por un lado, el preocupante proceso de Imagen 2. Vistas desde el resguardo de Santa Bárbara, La Vega. Agosto 2016. Créditos: Alejandra Durán C. 102 5 Es decir, el área que comprende las aguas superficiales y subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural, con uno o varios cauces naturales, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (art. 3 Decreto 1640 de 2012). Se considera una unidad adecuada para la planificación ambiental territorial debido a que sus límites fisiográficos se mantienen en un tiempo mayor a otras unidades de análisis. 103 degradación ambiental, ya advertido y manifestado en su momento y desde hace años por Corporaciones y Parques Nacionales Naturales (Revista Semana, 2004) y por la propia Ministra de Medio Ambiente de entonces, el cual tiene su origen en la fuerte presión ejercida sobre los recursos naturales existentes, principalmente a causa de los cultivos de uso ilícito y de las actividades mineras. Por otro lado, sigue existiendo en el territorio una histórica precariedad estructural si se comparan los datos de pobreza extrema desde 2002 y 2016 pues, si bien los últimos datos indican que ésta ha disminuido, el Cauca sigue siendo uno de los departamentos con el porcentaje más elevado de extrema pobreza de Colombia (PNUD, 2016). De hecho, si se analiza desde la perspectiva de la pobreza multidimensional6, el municipio de la Vega presenta un porcentaje superior al 90% (Duarte, 2015: 150). Frente a esta situación, destacan las relaciones de hermanamiento entre la población campesina e indígena quienes, caminando el territorio y cuidando los espacios comunes de vida, han ido de alguna manera compensando estas carencias, fraguando alianzas en protección de los recursos naturales y de las costumbres propias a lo largo de estos años. 1.2 Presencia de grupos armados en el Macizo Colombiano El interés geoestratégico que presenta la zona no sólo por su biodiversidad y riqueza mineralógica e hídrica sino también por ser un importante corredor estratégico, ha propiciado la presencia de una amplia variedad de actores armados en la zona, en disputa por el control territorial. Esto ha perjudicado gravemente la seguridad de la población y a las dinámicas vitales del pueblo Yanakona y de las comunidades que se encuentran en los municipios del Macizo. La comunidad de Santa Bárbara manifiesta la presencia de las fuerzas del ejército nacional, concretamente del Batallón de Alta Montaña No.4 6 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la define como aquella pobreza que refleja la prevalencia e intensidad de las carencias multidimensionales en diferentes ámbitos tales como la salud, la educación y el nivel de vida. 104 Benjamín Herrera (Observatorio del Programa Presidencial, 2010: 6 y 17) ubicado en el páramo de las Papas, municipio de San Sebastián. Desde allí se despliegan unidades móviles en todo el territorio, incluido el municipio La Vega. No obstante, la presencia militar no ha sido obstáculo para que la dinamita y los materiales dirigidos a la extracción minera ilegal se sigan transportando. Así, la comunidad declara que “El Recreo era un punto estable cuando había minería ilegal porque ahí se explotaba dinamita a cada rato, se oía mucho (de 10 a 15 denotaciones diarias) y no hacían nada.” En los últimos años existieron en la zona estructuras del frente 8 de las Farc. La comunidad tiene conocimiento que algunos militantes de esta guerrilla, en actual proceso de desmovilización, están pasando a integrar las filas del Ejército de Liberación Nacional (Eln), reactivándose también las estructuras del Ejército Popular de Liberación (Epl). En este sentido, actualmente se destaca la presencia de los frentes “Manuel Vásquez Castaño” (FMVC) y Camilo Cienfuegos del Ejército de Liberación Nacional (Eln) (Ver anexo 1 al final de este informe) En cuanto a la presencia de los Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD), la comunidad tiene conocimiento de presencia de las Águilas Negras y de Los Rastrojos y, en general, existe la sensación del afianzamiento de los mismos. Los datos de Indepaz indican que, a raíz de la presencia paramilitar, personas relacionadas a los movimientos campesinos e indígenas han sido objeto de atentados, en especial en el departamento del Cauca. Durante el año 2016, de un total 27 homicidios conocidos perpetrados por paramilitares, cinco sucedieron en este departamento, siendo la cifra más elevada a nivel nacional después del departamento de Antioquia. Ahora bien, esta cifra aumentaría pues, sólo durante el mes de agosto de 2016, fueron asesinados tres integrantes del Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA - en el municipio de Almaguer. Entre ellos uno de sus fundadores, quien ya había recibido varias amenazas contra su vida durante los últimos meses. El CIMA ha acompañado al movimiento indígena del macizo, formando parte de la Minga de la Resistencia Social y Comunitaria junto con otras organizaciones 105 como el Comité Prodefensa del Río Marmato (CPRM) y el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC). La comunidad de Santa Bárbara ha manifestado haber recibido amenazas telefónicas dirigidas a algunos de sus habitantes, así como panfletos en donde se identifican a estos actores armados, quienes han ido circulando por la zona y al parecer están directamente relacionados con la movilización en contra de las actividades mineras y en defensa de los recursos en el territorio. También denuncian casos de intimidación, sobre todo en la zona de El Recreo, por parte de grupos de personas armadas que indagan los nombres de quienes acuden a las reuniones informativas sobre el tema minero. Por otro lado, el 11 de junio de 2012 un menor de edad halló 83 proyectiles de arma de largo alcance al interior de la escuela Santa Bárbara. La comunidad puso en conocimiento de las autoridades policiales este grave hecho, pero no fue hasta el año 2015 cuando finalmente se recogió la declaración del Gobernador del Cabildo, sin haberse realizado diligencias adicionales hasta la fecha. La comunidad sospecha que los autores podrían haber sido los grupos paramilitares, pues durante esos días estaban realizando retenes. Sucesos parecidos se dieron en horas de la tarde el 21 de agosto de 2014, denunciando la comunidad ante la personería municipal de La Vega la presencia oculta del Ejército Naciona l en las proximidades del Cabildo y en las huertas de algunos de los comuneros, así como disparos a una camioneta que pasaba por la zona sin tener en cuenta que algunas personas se encontraban transitando en ese momento y que la situación generó pánico entre los habitantes. Así mismo, a causa de su actividad como autoridad tradicional en defensa del territorio, el gobernador del Cabildo fue víctima de un atentado contra su vida el 24 de marzo de 2011, recibiendo tres impactos de arma de fuego. Las amenazas en su contra continuaron en los años 2012, 2013 y 2014. Habiendo denunciado estos hechos ante la policía municipal de La Vega, ante la Fiscalía y ante la personería municipal de La Vega, después de 5 años la Unidad Nacional de Protección (UNP) le aprobó un esquema de seguridad 106 que, sin embargo, nunca se hizo efectivo. Pese a ser considerada una zona roja, al gobernador sólo se le han hecho entrega, durante el 2016, de algunos implementos. Además, se ha obviado la política diferencial de protección para pueblos indígenas, así como la solicitud de que sea la guardia indígena quien maneje el protocolo de seguridad. Del mismo modo, el gobernador del Cabildo indígena de Nueva Argelia, Edgar Chicangana, fue retenido por actores armados, quienes lo amenazaron obligándole a renunciar a su cargo como autoridad indígena. Así, pese a la preocupante situación de seguridad, lo cierto es que las denuncias puestas en conocimiento ante las autoridades competentes por la comunidad en su conjunto así como por las personas directamente afectadas no han tenido respuesta hasta la fecha. 2. Actividad extractiva en el departamento del Cauca y en el municipio de La vega Las industrias extractivas se han convertido en una de las formas de despojo más agresivas hacia los pueblos indígenas y las comunidades que habitan los territorios de interés estratégico. Se trata de un despojo aún más atroz, pues presiona a las comunidades rurales en la dicotomía entre la obtención fácil y rápida de ingresos económicos o la preservación de la ancestralidad y la economía familiar y parcelaria. Así, el mayor riesgo es que la minería –sea artesanal, ilegal o gran minería– se esté convirtiendo en una vía rentable y casi forzada para suplir las carencias estructurales difíciles de superar mediante las formas agropecuarias o de intercambio en las comunidades rurales. Aunque uno de los objetivos de la Política Nacional Minera para el año 2025 es que Colombia cuente con un sector minero legítimo, en la actualidad, en los años recientes y venideros y sólo analizando el sector minero formalizado, salta a la vista la fuerte y desorbitada presencia de la minería en el territorio. Ya para 2012 la actividad minera se encontraba cerca a Parques y Reservas naturales así como a zonas de 107 páramos y, en el Cauca, representaba un 43,67% del territorio total del departamento, con total de 250 títulos y 696 solicitudes. Los datos del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO) señalan que, para el año 2016, el Cauca fue el quinto departamento con más producción de oro del país (SIMCO, 2016) con un volumen de 3.742,81 kg de oro. Por su parte, el municipio de La Vega, pese a tener en cuenta información disponible relativa a tan sólo 2 meses del total del año 2016, es también el quinto municipio con más producción de oro anual, con un volumen de 38.437,86 gramos. Así mismo, respecto a la caracterización minera del departamento del Cauca (Agencia Nacional de Minería, 2017: 1), para el año 2017 existen 188 procesos de titulación de oro y metales preciosos, además de 148 solicitudes y autorizaciones temporales. La cifra de las regalías provenientes de metales preciosos no es nada desdeñable: un 98,4% de regalías en el Cauca ingresan por el oro en comparación con el 1,2% del carbón y el 0.4 % de otros minerales. 2.1 La presencia minera en el municipio de La Vega Hablar de minería y sobre todo de minería de oro implica atender, antes que nada, al altísimo nivel de ilegalidad en la producción del mismo. Datos del catastro minero a fecha enero 2017, indican que existe en el departamento 225 títulos mineros vigentes (Ibid: 1), de los cuales 28 se encuentran en etapa de exploración, 13 en construcción y montaje y 184 en explotación. En este contexto, también se debe tener en cuenta que en algunos de los municipios del sur del Cauca como La Vega, Almaguer, La Sierra y Bolívar se concentra un fuerte tejido social, no sólo campesino mediante procesos como el CIMA, el Proceso Campesino y Popular de la Vega (PCPV), y el PUPSOC, sino también a partir de la fuerza política de los pueblos indígenas (Duarte, 2015: 55). Una de las grandes demandas y exigencias de las comunidades respecto del tema minero energético es que, de la mano de la caracterización del tipo de minería, también se tengan en cuenta principalmente las 108 transformaciones que subyacen en cada una, entendiendo, conociendo y caracterizando los elementos socio ambientales del territorio en su conjunto. Una caracterización que dichas comunidades, mejor que nadie, pueden hacer mediante sus propios saberes. A. La mega minería: dudosa legalidad y legitimidad En estos últimos años, la gran minería no ha sido ajena a los habitantes del municipio de La Vega, La Sierra o Almaguer, donde la presencia de intereses extractivos ha sido latente. Datos del catastro minero colombiano indican que en La Vega existen un total de 5 títulos vigentes y 2 solicitudes de licencia de exploración a empresas como Anglo Gold Ashanti, Continental Gold Limited Sucursal Colombia, Negocios Mineros S.A. o Carbones de los Andes S.A. En el caso del cabildo de Santa Bárbara, su proximidad a la vereda (Sector) La Playa, y a quebradas como La Plata, llevó a que en su momento la multinacional Continental Gold propiciara acercamientos con la comunidad, debido a su interés en la extracción de oro a partir del proyecto exploratorio “Dominical” que abarca 26.000 ha. A partir de documentos oficiales y declaraciones de la propia comunidad consta que el día 27 de enero de 2012, mediante el oficio 12-0087-DCP-0201, la multinacional con la intermediación del Ministerio de Interior –Dirección Consulta Previa– convocó una reunión de Consulta Previa en etapa de Pre consulta en relación al “Programa exploratorio Dominical” que llevaba a cabo. En los documentos obrantes se informa que Continental Gold ya tenía previsto realizar el proyecto y que en nombre de la empresa únicamente acude la gerente de sostenibilidad de la misma. Llegada la fecha prevista para la reunión y durante la misma la comunidad tuvo el acompañamiento del PCPV y, una vez informados y oída la propuesta de la empresa, se decidió de manera asamblearia su rechazo al proyecto exploratorio Dominical. Ante la insistencia de la empresa la comunidad manifestó su malestar no sólo porque no se convocó a las 7 Esto es, la presencia de las autoridades de cada una de las 31 comunidades que forman parte del Pueblo Yanakona. 109 autoridades tradicionales7 que acompañaban en el proceso a la comunidad, sino también porque no asistieron las autoridades municipales y, finalmente, debido a sus discrepancias en cuanto a lo que se entiende por territorio y desarrollo territorial. Frente a esta situación, una de las personas presentes y en nombre de la empresa manifestó que si no querían por las buenas les tocaría por las malas. Lo cierto es que en la actualidad el proyecto Dominical no figura en la página web de la mencionada empresa, pero en cambio sí consta en datos del catastro minero. Se sabe que a finales del año 2015 nuevamente una persona en nombre de la empresa acudió a la comunidad, manifestando que Continental Gold seguía interesada en retomar el proceso de Pre Consulta. No obstante, como se aprecia en los mapas 1 y 2, existen actualmente dos títulos mineros vigentes en fase exploratoria a partir de dos contratos de concesión: el primero, el HI1-15401 (ver mapa 1) a nombre de Negocios Mineros S.A y de la Anglo Gold Ashanti S.A y, el segundo, el HI1-15451 (ver mapa 2) a nombre de éstas dos últimas empresas y de Continental Gold Limited Sucursal Colombia. El área de las dos concesiones se encuentra en la confluencia de la quebrada de Valles Hondo con la quebrada La Plata. El área de estos dos proyectos, que abarcan principalmente el municipio de La Vega pero también Almaguer y Sucre, se superponen con la zona de páramo de Sotará, por lo que recientemente han sido interpelados por la ANM a fin de obtener la licencia ambiental, algo que ninguno de los dos proyectos dispone. Además de la necesaria reivindicación de derechos de las comunidades como moradores de estos territorios, otro gran reto es el fortalecimiento continuo y permanente de la fuerza colectiva frente a las propuestas, muchas veces tentadoras, que ofrecen estas empresas. Especialmente, cuando las condiciones materiales de vida son precarias y los umbrales de pobreza relativa son tan altos, como se explicó anteriormente. El testimonio de una de las mujeres de la comunidad de Santa Bárbara lo ejemplifica: “Cuando llegó la Continental algunas personas de la comunidad querían participar por los beneficios económicos ofrecidos, porque la empresa pagaba mucho más que lo que se ganaban en un jornal. Les pagaban cien mil pesos por día, cuando por jornal ganaban nueve mil pesos al día”. Por otro lado, otra empresa, esta vez colombiana, también está llevando a cabo trabajos exploratorios en la zona. Se trata de Carbones de los Andes S.A (Carboandes), que tiene el proyecto de La Custodia, ubicado entre los municipios de La Sierra y de la Vega –en la vereda Hueco Hondo, corregimiento de Santa Juana para el caso de este último– (ver mapa 3). Este proyecto se enmarca en el contrato de Mapas 1 y 2. Mapa 3. Títulos mineros HI1-15401 y HI1-15451 en el municipio de La Vega. Título minero HI1-15451 en el municipio de La Vega. Fuente: Catastro minero colombiano. Fuente: Catastro minero colombiano. 110 111 concesión con expediente nº HGI-08106X (ANM, 2016) que otorga derechos de exploración a la empresa en un área de 3.625 ha y cuya etapa de exploración ha sido recientemente prorrogada hasta el 22 de noviembre de 2017, por lo que una vez vencido el término se daría inicio a la etapa de construcción y montaje. La comunidad de Santa Bárbara manifiesta su preocupación frente al proyecto de esta empresa, defensora de una “minería sostenible” y que opera en la zona desde el año 2006, pues afectaría a la zona alta del río y, por lo tanto, los recursos hídricos que proveen a la comunidad. Frente a este panorama, la gran minería podría clasificarse como ilegítima8. Pese a contar con los requisitos legalmente establecidos, se está intentando imponer en una zona de gran riqueza natural y en donde se encuentran principalmente comunidades indígenas y campesinas que llevan muchos años trabajando en la autonomía territorial, conservando y respetando los espacios naturales o espacios de vida como base de su identidad cultural y claramente en oposición a estos proyectos. Vistos estos datos, resulta cuanto menos alarmante que en el foro “Mujeres derechos y territorio: impacto diferenciado de la minería en la vida de las mujeres”, celebrado en agosto de 2016 en Popayán, la directora de Formalización minera del Ministerio de Minas negara que existiese gran minería en el Cauca, recordando que el (único) objetivo del gobierno en este punto es eliminar la minería ilegal, pero no la minería “bien hecha” o legal que, a su parecer, forma parte del desarrollo de las regiones. Es así como las transformaciones que la gran minería genera implican impactos sociales, ambientales, socioculturales e incluso cosmogónicos. Aunque nuevamente la política Nacional minera de 2016 se empeña en señalar que la minería tiene impactos positivos en las comunidades, lo cierto es que no sólo la minería ilegal, sino también la gran minería, influyen en la manera como es percibida la minería 8 En opinión de las comunidades, no se puede dar por hecho que, por la mera tenencia de un título minero, un proyecto extractivo no presente deficiencias ambientales. 9 ANM. Radicado nº 20159050012881. 112 artesanal o tradicional (Duarte, 2015: 173) generando, por ejemplo, casos de solicitudes de legalización de minería tradicional9–como sucede en el caso del proyecto La Custodia–. O aumentando los casos de la formalización minera en las zonas de interés extractivo, los cuales dividen a las comunidades al ser una alternativa de ingresos económicos para algunas personas que se dedican a esta actividad. Estos proyectos no sólo imponen una economía que gira prácticamente entorno a la actividad minera, sino también vienen acompañados de una idiosincrasia e incluso una cultura que comporta el abandono de las formas propias, por ejemplo del desarrollo de la agricultura propia o del cultivo de semillas. Así, en palabras de una mujer indígena integrante del programa mujer y familia del CRIC “se está promoviendo un desarrollo criminal. Queremos trabajo digno y para la dignidad pero la minería no lo trae” (foro “Mujeres derechos y territorio: impacto diferenciado de la minería en la vida de las mujeres”, 2016) Parece claro que la dimensión de los proyectos mencionados generará un enorme impacto ambiental, no sólo sobre el área de extracción sino también en zonas colindantes, incluyendo a la comunidad de Santa Bárbara. Además, como se habrá podido notar, estos proyectos no han llevado a cabo procesos de consulta previa10 cuando la misma ha debido realizarse con anterioridad al otorgamiento del título minero y no dentro del trámite de licencia ambiental (Fierro, 2011: 175) pues se trata de un derecho –la consulta previa– que se extiende no sólo a la fase de explotación, sino también a las labores exploratorias que se estén realizando. Por otro lado, el hecho de que la comunidad de Santa Bárbara aún no esté formalmente constituida como resguardo no es óbice para que sea exigible el derecho a la Consulta Previa: la Corte Constitucional colombiana ha dejado claro que “este derecho no solo debe predicarse, sobre las comunidades cuyos resguardos ya se encuentran reconocidos, sino sobre todos aquellos territorios que tradicionalmente han ocupado los grupos presentes en el municipio y que constituyen “el ámbito tradicional de sus actividades culturales y económicas.” (Corte Constitucional, 2015: 20). 10 Pese a no existir una lista cerrada de supuestos en que procede la consulta previa, lo cierto es que deben darse dos condiciones fundamentales: que el proyecto a un pueblo indígena o tribal y que esta afectación sea directa (Corte Constitucional, 2015: 2) 113 B. La minería ilegal y extracción criminal Además de los megaproyectos ya adjudicados y que se encuentran en desarrollo, los municipios del Macizo están siendo afectados por la minería ilegal a pequeña y mediana escala, esto es, una minería mecanizada que no cumple con ningún requisito normativo (GDIAM, 2015: 20) y que se identifica con el tipo de minería realizada en su mayoría por personas foráneas a la comunidad. Desde el año 2014 la comunidad de Santa Bárbara, junto con organizaciones en defensa del Macizo, han denunciado la minería subterránea que estaría afectando, entre otras, a las fuentes hídricas ubicadas en la vereda el Ventiadero (Corregimiento de Santa Bárbara) o el deterioro de la quebrada las Minas que abastece de agua potable a aproximadamente 500 familias a través de la red de distribución comunitaria11. La comunidad testimonia que este tipo de minería se está realizando a partir de la construcción de túneles de gran profundidad (hasta 15 metros) a partir del uso de explosivos como la dinamita. Recientemente, sólo en el municipio de La Vega se ha alertado de la reactivación de aproximadamente 28 focos de explotación minera ilegal, entre ellos: la vereda el Recreo (corregimiento Altamira); la vereda el Cairo (corregimiento de Santa Bárbara); las veredas el Bamboleo y San Vicente (corregimiento de Albania); la vereda la Pampa (corregimiento Arbela) y la explotación sobre el río Samangoy en la vereda Hueco Hondo (corregimiento Santa Juana). Ésta última explotación ilegal coincide con el proyecto exploratorio “La Custodia” de la empresa minera Carboandes, indicado en líneas anteriores. Algunas de estas explotaciones se ubican en antiguas minas coloniales y todas ellas han sido cooptadas por personas foráneas que en su mayoría provienen de los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia. Se trata de actividades que, si bien algunas de ellas no se encuentran en el radio de acción del Cabildo12, están provocando daños 11 Las comunidades no aceptan el concepto de “acueducto”, pues para ellas representa la privatización del recurso hídrico mediante la concepción de éste como servicio y no como derecho fundamental. 114 y variaciones en los recursos hídricos y en la provisión de agua de la comunidad. En vista de la inacción de las instituciones oficiales competentes, el año 2014 la comunidad de Santa Bárbara mandató, mediante asamblea general, impulsar la movilización Campesina, Étnica y Popular en defensa del agua y el territorio. Junto con los cabildos Paraíso, Nueva Argelia y el PCPV, inspeccionaron la zona afectada y entablaron diálogo con los mineros que se encontraban allí, quienes manifestaron ser originarios del departamento del Chocó, y con la persona que manifestó ser propietario del predio donde se estaban llevando a cabo las labores. Esta fuerte movilización colectiva y acción de control territorial facilitó el acercamiento e interés del gobierno municipal que, finalmente, demolió la tolva13 en el año 2015. Ahora bien, pese a estas acciones, los mineros continuaron en la zona, lo cual llevó nuevamente a denunciar estos hechos ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), quien meses después realizó una visita de verificación de impactos ambientales. No obstante lo anterior, ni la CRC ni las demás instituciones interpeladas como la Alcaldía Municipal de La Vega y la Defensoría del Pueblo tomaron medidas al respecto, por lo cual la comunidad resolvió desmantelar, el pasado 22 de julio de 2016, la explotación minera ubicada en la vereda el Recreo. Lo hizo mediante la quema de aparatos y la destrucción del material ya que sus dimensiones habían aumentado y los daños socio ambientales continuaban. Paralelamente, los habitantes y las autoridades de Santa Bárbara así como las organizaciones en defensa del macizo han manifestado en 12 Es preciso recordar que mediante sentencias como T-379 de 2014 la Corte Constitucional indica que, con base en el Convenio 169 de la OIT, el concepto de tierra abarca todo el territorio que utiliza el pueblo indígena, comprendiendo bosques. ríos, montañas y mares, y tanto su superficie como suelo. Continúa el Manual de aplicación del mencionado convenio “La tierra tiene importancia fundamental para la cultura y la vida de muchos de estos pueblos. Es la base de su subsistencia económica, de su bienestar espiritual y de su identidad cultural. Por tales motivos, la pérdida de tierras ancestrales amenaza su supervivencia misma en cuanto comunidad y como pueblo.” 13 Se entiende por tolva la infraestructura construida en concreto, con cables acerados estilo línea teleférico que se instala desde el punto de extracción de la mina hasta el punto de recepción de la misma. A través de la tolva se traslada el material extraído de la mina. 115 diversas ocasiones a los organismos competentes su preocupación por la contaminación de las siguientes fuentes hídricas: el Tambo (vereda el Recreo,); los Ingenios (vereda el Cairo); río Pancitará (vereda Santa Juana,) y, finalmente, la quebrada las Minas, fuente hídrica que abarca diferentes zonas del municipio y que provee de agua potable a la comunidad. Así mismo, han solicitado definir acciones de protección integral de los acuíferos El Guambial, Cerro Negro o la ya mencionada fuente ubicada en la vereda el Ventiadero. Del mismo modo que sucede con la gran minería, la desarticulación de este tipo de actividades ha fortalecido los lazos de hermanamiento entre la comunidad y los movimientos campesinos pese a que el ejercicio de estas acciones reivindicativas impliquen también un alto riesgo para la seguridad y vida de quienes llevan la voz de sus comunidades y colectivos. Imagen 3. Destrucción de mina en El Recreo, Santa Bárbara, La Vega. 2016. Fuente: Comunidades en defensa del Macizo colombiano. 116 C. Minería tradicional y la minería de subsistencia Como sucede en otros casos, y pese a las confusas definiciones establecidas por parte de la institucionalidad, algunos habitantes de la comunidad de Santa Bárbara no llevan a cabo una minería informal ni ilegal. Más bien se trata de una actividad a caballo entre la minería ancestral y artesanal, por lo tanto, de subsistencia. Es necesario conocer las razones sociales que en la actualidad han llevado a algunas personas de la comunidad a ejercer ocasionalmente un tipo de minería, consistente en el lavado manual de arena mediante bateas para obtención de oro, esto es, el barequeo (Cabildo Mayor Yanakona, 2001: 63; Ministerio de Minas y Energía, 2012: 7). Ahora bien, es importante señalar que anteriormente la comunidad realizaba la explotación de minas pero sólo de arena y grava (Cabildo Mayor Yanakona, 2001: 63) con lo que para el caso de la comunidad de Santa Bárbara la extracción de oro no ha estado relacionada a un elemento ancestral, sino más bien a una necesidad económica para compensar las carencias presentes en las otras actividades que desarrollan. Así, se trata de un tipo de minería de subsistencia, no mecanizada y de carácter ocasional, con elementos de la minería ancestral y artesanal y, por lo tanto, amparada por la ley con lo cual no es necesaria la formalización o fiscalización, a diferencia de aquella considerada como informal o ilegal. De formalizarse, dejaría de ser ancestral y de subsistencia y pasaría a integrarse como minería a pequeña escala en el circuito minero. Hasta hace poco no existía una categoría correlativa en la ley que hiciera referencia a la minería ancestral o de subsistencia pero con el reciente Decreto 1666 de 21 de octubre de 2016 se establece que es aquella dirigida a la extracción y recolección a cielo abierto de arenas, gravas de río, metales y piedras preciosas, por medios y herramientas manuales, sin el uso de equipos mecanizados o maquinaria para su arranque. Este mismo año el Ministerio de Minas y Energía mediante resolución deberá indicar el volumen máximo de producción mensual de oro para este tipo de minería, por lo que aquella cantidad que exceda a la permitida en principio 117 pasaría a formar parte de la denominada minería a pequeña escala y, por lo tanto, de necesaria formalización. Así, si bien tanto la minería informal como la de subsistencia generalmente se llevan acabo a pequeña escala, la denominada de subsistencia no es, ni puede ser de ningún modo, equiparable a la minería informal, así como tampoco a la minería ilegal pues estas dos últimas usan instrumentos que mecanizan la extracción minera y que, aunque sea a escala reducida, conlleva fuertes daños al medio ambiente. La Corte Constitucional también lo ha entendido así y en recientes sentencias como la T-530/16 (F.J. 53) ha recordado que las medidas legislativas y administrativas deben proteger –en caso de existir– la minería de subsistencia, tradicional de comunidades campesinas y ancestral de pueblos indígenas y comunidades negras. En caso de darse efectivamente, la minería de subsistencia no requeriría título minero ni por lo tanto un proceso de formalización. El gran problema es la falta de consenso en la denominación de los tipos de minería y, por tanto, de su regulación, así como la confusión de las propias instituciones competentes en algunos documentos oficiales pues, por un lado, en la en la propia la Política Minera Nacional se indica que la minería de subsistencia no requiere título minero para su ejecución (Ministerio de Minas y Energía, 2016: 59) y, por otro lado, en algunos documentos de trabajo oficiales, la ejecución de la minería como economía de subsistencia es vista como uno de los obstáculos para la formalización minera debido a los bajos excedentes que genera (Ministerio de Minas y Energía, 2014: 72; GDIAM, 2015: 23). El conocimiento y reflexiones de la comunidad de Santa Bárbara indican que se trataría de una minería de subsistencia que no se identifica propiamente con una práctica ancestral de la comunidad y cuyo origen estaría en las carencias socio productivas explicadas anteriormente. Los dos principales riesgos de esta actividad son, por un lado, la generación de conflictos en el seno de la comunidad y, por otro, el efecto llamada frente a mineros foráneos a fin de 118 ejercer minería, esta vez informal e ilegal y por lo tanto mecanizada. En este sentido, incluso las personas de la comunidad que llevan a cabo estas prácticas consideran que este tipo de minería debería compensarse o reducirse de la mano de otras iniciativas productivas y agropecuarias adecuadas. D. La formalización y la “minería bien hecha” de la Agencia Nacional de Minería (ANM) Como se acaba de ver, uno de los mayores retos para la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades rurales es la dicotomía generada entre minería informal y minería de subsistencia. Una de las líneas estratégicas de la Política nacional para la Formalización de la minería en Colombia es que toda actividad extractiva, sea del tipo que sea, se realice bajo una figura legal establecida en la normativa minera, por lo que otro elemento que ciertamente tendrá efectos en los territorios afectados por actividades mineras es la formalización de aquellas realizadas a pequeña y mediana escala. Así, de las tres vías para proceder a la formalización de los pequeños mineros destaca la legalización, esto es, la solicitud de un título minero o el trabajo bajo el amparo del mismo, con un acompañamiento por parte de la institucionalidad. Mediante el Decreto 480 de 2014 de 5 de marzo de 2014 “Por el cual se reglamenta las condiciones y requisitos para la celebración y ejecución de los subcontratos de formalización minera” los subcontratos de formalización14 se integrarían en la segunda modalidad de formalización, pues permiten a aquellos que ejerzan la actividad minera (sin título) dentro de un área ya ocupada por un título minero, formalizar un contrato con el titular del mismo. Otras figuras, establecidas mediante la Ley 1753 de 2015 del 9 de junio de 2015 “Por la cual se expide el plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”, son las áreas de reserva para el desarrollo minero-energético y las áreas libres para proyectos específicos de formalización (Art. 20) que el Estado puede constituir siempre y cuando se trate de zonas 14 Referidos por primera vez en la Ley 1658 de 2013 del 15 de julio de 2013 (art. 11) como incentivos para formalización actividad minera. 119 libres y no protegidas. Para el caso de La Vega, el catastro minero señala una zona bastante extensa reservada para el Estado. Aunque aún no se tiene constancia que sea para tal fin, lo cierto es que el solapamiento del área con títulos mineros ya concedidos hace pensar que esa sea la intención. Pese a que esta regulación no incluye la minería de subsistencia, se trata de un claro propósito de ampliación del circuito minero que puede llegar a tener efectos devastadores en zonas con gran potencial minero energético y donde se encuentren comunidades étnicas o campesinas, pues con este mecanismo sucedería algo parecido a lo ya comentado respecto de la minería ilegal: el efecto llamada a otro tipo de minería a partir del fomento y capacitación –en este caso de la minería a pequeña escala– en aras de formalizar actividades que, como en el caso de Santa Bárbara, no son primordiales para la comunidad ni forman parte de su cosmovisión, sino que se ejercen de forma eventual, sean estas formas ancestrales o no. Casos como estos se replican en otras zonas de potencial minero y el gobierno es consciente de ello pues uno de los ejes problemáticos identificados por el Ministerio de Minas es, precisamente, la falta de normas especiales para las comunidades étnicas. 2.2 Otras transformaciones socio ambientales generadas por la minería La mayoría de la población del macizo, y en este sentido también la comunidad de Santa Bárbara, tiene una vocación de trabajo agrícola, además del sustento que les proporciona el jornal. Es así como la riqueza ambiental del municipio de La Vega y, concretamente, de Santa Bárbara también se refleja en la riqueza de cultivos que hasta ahora se daban. El uso del suelo ha estado destinado a tres actividades principales: conservación, uso forestal y uso agroforestal (Duarte, 2015: 145). Según los habitantes del Cabildo, los cultivos son los propios de una zona de clima templado, dándose arracacha, yuca, maíz, fríjol, cebolla, repollo y café, 120 así como una gran variedad de árboles frutales como la papaya, el mango o el banano. Si bien el frijol y el maíz constituyen parte importante de la dieta de la comunidad, denuncian que hace tres años no pueden cultivar ninguno de los dos y, en el caso de que se consiga sembrar y obtener el alimento, la comercialización de éste es mucho más complicada. La producción ha mermado drásticamente debido la reducción de fertilidad de la tierra que, testimonia la comunidad, se debe principalmente a dos factores: por un lado, el uso de fertilizantes químicos y, por otro, la filtración de agua contaminada a la tierra que llega a los cultivos. Los habitantes de la comunidad intuyen que la contaminación del agua proviene del uso de dinamita que se usa para explotar la mina, ya que en zonas aledañas se ha evidenciado destrucción de flora y fauna. Incluso lamentan la pérdida de muchas semillas de maíz propias debido a la dificultad que tienen para cultivarlas y cuidarlas. El manejo de las chagras como modo propio de producción agrícola que combina cultivos o el trueque de alimentos o la mano de obra cambiada (o cambio de mano) forman parte de la cosmovisión de la comunidad y constituyen una práctica económica propia, social y cultural que define el trabajo en minga (Cabildo Mayor Yanakona, 2014: 120). Ahora bien, debido a las mencionadas dificultades y a fin de mantener sus necesidades básicas, mujeres y hombres se han visto obligados a emigrar a otros departamentos, permaneciendo largas temporadas trabajando como jornaleros en grandes extensiones de fincas o realizando trabajos domésticos en otros hogares. A ello se añade la migración a las ciudades, por mucho más tiempo, de la población más joven de la comunidad, siendo uno de los retos identificados también a nivel regional por parte del CRIC (CRIC. Autoridad Territorial Económico Ambiental, 2016: 19). Como se ha podido ver, los potenciales efectos ambientales y socioculturales de los diferentes tipos de minería en el territorio son vastos. Como bien saben las comunidades, “la minería sin agua no es minería” (Entrevista 1) por lo que la contaminación de los recursos hídricos implica esfuerzos añadidos para cultivar y obtener el producto, algo que no se daba antes y que estaría desincentivando 121 a la comunidad a trabajar la tierra. La comunidad también está preocupada por lo que consideran una privatización de los recursos hídricos por parte del gobierno municipal pues, hasta el momento, se hacía uso y cuidado colectivo de las fuentes de agua o “ojos de agua”, es decir, pequeños arroyos, sin necesidad de contraprestación económica alguna. No obstante, la nueva normativa les exige inscribir estas fuentes y pagar un canon sobre la misma. Paralelamente a esta situación, alarman de la fuerte degradación de la quebrada Los Ingenios o la contaminación por mercurio del río Pancitará, que está perdiendo la biodiversidad de sus vegas y que, en algunos tramos, los animales ya no pueden aproximarse a tomar agua debido a la presencia de despeñaderos, a causa de la actividad minera en la zona. Entre los ríos que conforman la Gran Cuenca del río Patía se encuentran también los ríos Esmita, Guachicono, Sánchez y Sambingo. El caso de este último es ciertamente alarmante, pues las denuncias que la comunidad de Mercaderes hizo durante tanto tiempo (Organizaciones de Mujeres del Cauca, 2016) sobre el grave estado del mismo, no sirvieron para evitar la degradación y desaparición de los bosques naturales de esta subcuenca y del propio río. La propia CRC reconoce el proceso de degradación en el que se encuentra la gran Cuenca del río Patía, por contaminación de mercurio, cianuro o arsénico, destrucción de riveras de bosque natural o cambio de curso de algunos afluentes. Se reconoció también una alta tasa de deforestación –700 ha/año– (CRC, 2012: 39) que, de seguir así, podría conllevar –y en efecto está llevando– a la desaparición de los bosques naturales de las cuencas en menos de 20 años, identificando también que entre las causas de desertización se encontraban los propios conflictos por el uso del suelo. Así, las condiciones vitales y socioculturales de esta comunidad, así como de los habitantes del Macizo, se ven seriamente comprometidas, pues se está afectando progresivamente al sistema económico-productivo que subyace en el mantenimiento de su soberanía alimentaria e hídrica, presentando dificultades incluso para acceder a la compra de mercado de alimentación en lugares cercanos. 122 3. Acciones y propuestas de la comunidad 3.1 Los procesos de control y defensa territorial a partir de la autonomía indígena y campesina en el municipio de La Vega En estos últimos años, los Cabildos indígenas de Santa Bárbara y Paraíso han realizado diversas acciones conjuntas de control territorial (Comunicado 01) junto con las organizaciones campesinas – principalmente con el Proceso Campesino y Popular del Municipio de la Vega (PCPV) – en defensa de la autonomía del territorio y la protección de los recursos hídricos. Durante el mes de marzo de 2015, y en el marco de la “Sexta marcha por la vida y por el agua”, desarrollaron una acción de control territorial, expulsando dragas mineras que se encontraban en el río Pancitará, corregimiento de Altamira, previo uso del diálogo con los sujetos que se encontraban trabajando en las vegas del río. La última acción de hecho fue el pasado año 2016 mediante la demolición de la tolva minera ubicada en la vereda El Recreo y que afectaba al acuífero el Guambial. Destacan acciones como la del pasado 12 de febrero de 2017, en donde se desarrolló la “8ª Marcha por la vida y por el agua, defendiendo el macizo colombiano y la cuenca alta del río Patía” (ACPA Cauca, 2017) en oposición no sólo a los megaproyectos mineros implantados como Dominical –se conoce que la empresa sigue trabajando en la recogida de muestras para definir la rentabilidad de la operación–, sino también a la legalización de las Unidades de Producción Minera (UPM) que se está intentando impulsar desde el gobierno a fin de formalizar la minería que llevan a cabo principalmente foráneos en el territorio. Allí participaron las comunidades de Santa Bárbara, Paraíso, Nueva Argelia, Santa Rita, entre otras tantas, movilizándose desde la Dorada y Santa Bárbara y llegando hasta El Ventiadero, lugar donde se encuentra actualmente una explotación minera subterránea ilegal que, con más de diez túneles, está afectando al acueducto comunitario del Cabildo de Santa Bárbara (Entrevista 2; Casa del Cauca, 2014). Así mismo, frente a la amenaza latente que constituyen las actividades extractivas para su fortalecimiento cultural y en aras de continuar en 123 el fortalecimiento comunitario en defensa del agua y de la vida, por parte del PCPV se convocó a todas las organizaciones populares del Macizo a fin reflexionar y aunar una estrategia conjunta a seguir en el 8º encuentro “Pueblos y Semillas”. Son apenas unos pocos ejemplos de la fuerte movilización interétnica e intercultural que ha resultado ser crucial en el Macizo Colombiano y en La Vega en particular. Por ello resulta ciertamente irresponsable que, en documentos oficiales, se señale que la conflictividad social en el tema minero proviene de la mala reputación o aversión a este tipo de actividades, las cuales son una consecuencia de la desinformación presente en las comunidades quienes exponen la idea errónea de los efectos nocivos que tiene la minería para el medio ambiente, la economía y la sociedad, dificultando así la implementación de proyectos mineros (Ministerio de Minas y Energía, 2016: 16). El mismo argumento es asumido a nivel regional, centrándose esta vez en los efectos nocivos de la minería a pequeña y mediana escala, sin hacer referencia alguna a la gran minería (CRC, 2012: 11). Lo cierto es que tal y como se reconoce en el propio Plan de Acción CRC 2016 – 2019 “Cauca, territorio ambiental para La Paz” existe una débil gestión de la planificación ambiental territorial (CRC, 2016) y lo más grave es que realmente no se tiene en cuenta ni se toman enserio las preocupaciones y propuestas que las comunidades del Macizo llevan años difundiendo. 3.2 Las propuestas generadas desde los procesos en defensa del agua y de la vida En el amplio mapa de actores implicados en los procesos del cuidado y defensa del Macizo como espacio de vida, existen no pocas propuestas frente a la presión minero-energética en el Macizo. Las iniciativas de la comunidad de Santa Bárbara van en línea con las demandas del Cabildo mayor Yanakona, pues se dirigen a la construcción del Pilar ambiental, concretado en el manejo ambiental del territorio de acuerdo a sus usos y costumbres (PDY, 2002: 74). De este modo, la propuesta principal de la comunidad consiste 124 fundamentalmente en la recuperación del equilibrio territorial, cultural y espiritual. El fortalecimiento y la recuperación de las formas propias como pueblo indígena Yanakona, esto es, el impulso de la lengua propia a partir de la escuela Yachay Churikuna, el desarrollo de iniciativas productivas basadas en la diversidad de cultivos que la tierra puede ofrecer, las medidas de recuperación y de saneamiento del suelo y de la fuentes hídricas contaminadas y, finalmente, la posibilidad de constituirse como resguardo ancestral a fin de acceder a nuevas áreas de territorio colindante con el área del cabildo y poder sincronizar con los sitios sagrados. Lo cierto es que estas iniciativas son acordes con el Sistema de gestión ambiental Yanakona (SIGTAY) un instrumento jurídico-político de construcción comunitaria orientado en cuatro componentes, a saber: 1. Yachay Runa Yanakuna Marka o saber ancestral, territorio y sitios sagrados; 2. Wilka Apu Kuna, esto es, territorio, montañas, páramos, biodiversidad y calentamiento global en el Macizo Andino Amazónico colombiano; 3. Wilka Yaku o agua sagrada y energías alternativas; 4. Kapak Ñan Marka o territorios vulnerables, zonas de riesgo, vías y caminos ancestrales (Cabildo Mayor Yanakona, 2014: 111). A su vez, estas medidas se enmarcan en algunos elementos esenciales de la plataforma de lucha del CRIC que, desde el año 2013 y en ocasión del XIV Congreso del CRIC en el resguardo indígena Kokonuko, impulsó el mandato dirigido al rechazo de la minería llevada a cabo por particulares o multinacionales en territorios. En el entendido de que la verdadera autonomía de los pueblos indígenas se lleva a cabo en el ejercicio territorial, el CRIC recientemente ha estado desarrollando una interesante iniciativa que, bajo los principios de unidad, tierra y cultura, impulsa la figura de la Autoridad Territorial económico ambiental. No sólo los resguardos formalmente constituidos y los saberes y quehaceres de las comunidades sino también las fuentes, montañas, ríos y en definitiva el territorio físico y espiritual son considerados como espacios de vida “son un todo, no delimitado, no separado, son la fuente de sustento, es el espacio material y espiritual, de arriba, de abajo y del medio, es nuestra casa 125 grande, es la base de nuestra pervivencia.” (Autoridad Económico Ambiental, CRIC, 2016: 4). Frente a la presión minera en los territorios el CRIC propone, entre otras medidas, la sustitución de la actividad minera por actividades eco turísticas, el fomento de las cadenas productivas locales y propias –un ejemplo sería la Central Cooperativa Indígena del Cauca (CENCOIC)– la diversidad productiva y, en definitiva, proyectos locales sostenibles y en armonía con la madre naturaleza. Con el objetivo de recuperar y restaurar los espacios de vida afectados, se propone el impulso de acciones conjuntas de manejo ambiental mediante, por ejemplo, la delimitación de la frontera agrícola o el uso de técnicas como la bioingeniería. En definitiva, es necesaria una ampliación territorial de la mano de alternativas productivas que claramente no concilian con las actividades mineras que se están potenciando por parte de las instituciones colombianas. “sólo cuando los territorios estén armonizados y equilibrados, en calma (...) sólo cuando nosotras las comunidades estemos tranquilas y podamos desarrollar nuestras actividades de sostenimiento en cada uno de nuestros hogares, sólo a partir de ahí se podrá hablar de Paz”. Ahora bien, para trazar estos objetivos es imprescindible reconocer a las pueblos Indígenas como autoridades territoriales y económico-ambientales que, de manera mancomunada con las comunidades campesinas y afrodescendientes, llevan todos estos años caminando el territorio. Ahí subyace la importancia del proceso conjunto al que se ha hecho referencia a lo largo de estas páginas y que se enmarca en el Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega (PCPV). Los encuentros anuales “Pueblos y Semillas” y la convivencia popular del agua, cuenca del río Patía, donde se valora la situación del territorio, así como las estrategias de cooperación y movilización abiertas a comunidades afro descendientes, campesinos, indígenas y sector estudiantil, popular y social. Como se ha visto, existe en el Macizo una confluencia de espacios de gran riqueza no sólo natural sino también social, espacios que en efecto alimentan la resistencia colectiva frente a tantas violencias estructurales, amenazas y persecuciones de las que son objeto las comunidades. Pese al silencio institucional, se siguen generando nuevas sinergias interétnicas y comunitarias, todas ellas con un horizonte claro y que anuncia con fuerza el gobernador del Cabildo Santa Bárbara: 126 127 Bibliografía Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC (2012). Plan de Acción 20122015. Octubre de 2012. 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Sentencia T-993 de 2012. Noviembre de 2012, Bogotá. Corte Constitucional de Colombia (2014a). Sentencia T-379/14. Junio de 2014, Bogotá. Corte Constitucional de Colombia (2014b). Sentencia T-849/14. Noviembre de 2014, Bogotá. Corte Constitucional de Colombia (2015). Sentencia T-427/15. Abril de 2015, Bogotá. Corte Constitucional de Colombia (2016a). Sentencia T-530/16. Septiembre de 2016, Bogotá. Corte Constitucional de Colombia (2016b). Sentencia T-704/16. Diciembre de 2016, Bogotá. 132 Capítulo 4 Núria Morelló Calafell LA AMENAZA DE LA MINERÍA EN EL PACÍFICO NARIÑENSE Y EN EL KATSA SU El Pueblo Awá y sus resistencias Fotografía: Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA. La amenaza de la minería en el pacífico nariñense y en el Katsa Su. El Pueblo Awá y sus resistencias The threat of mining in the nariño pacific area and in Katsa Su. The Awá people and their resistance por: Núria Morelló Calafell / nuriamorello@gmail.com 1. Introducción Katsa Su es el nombre en awapit del territorio ancestral donde habita el pueblo Awá. Éste se ubica de un modo binacional, entre Colombia y Ecuador. Desde hace tan sólo unos años, el pueblo awá de Brasil se incluyó dentro del mismo tronco familiar común, al analizarse una gran variedad de similitudes lingüísticas a pesar de la distancia que los separa a nivel territorial. Pero no sólo se comparte un origen común, el hecho de habitar en las selvas tropicales con mayor biodiversidad del planeta, ha puesto al territorio ancestral de este pueblo indígena en el punto de mira de intereses económicos transnacionales, megaproyectos, extractivismo minero y de hidrocarburos, así como proyectos agroindustriales a gran escala como la producción de palma de aceite. Además, en la parte colombiana, el pueblo awá habita los departamentos de Putumayo y Nariño, zonas clave en la actividad de la economía de la cocaína. Este contexto ha convertido parte del Katsa Su en un espacio de lucha encarnizada por el control territorial de los recursos que dan sus espacios de vida, así como de las rutas estratégicas que se disputan entre actores armados legales como el Ejército colombiano, guerrillas, grupos paramilitares y los cárteles del narcotráfico. De este modo, las lógicas coloniales de despojo actúan tanto en Brasil como en Colombia. Este hecho se evidenció cuando, en un llamado 136 a una misión de solidaridad que hizo el pueblo Awá en Brasil ante la penetración de empresas trasnacionales madereras en su territorio, los y las awá de la parte pacífica pudieron comprobar que compartían un mismo origen lingüístico y una problemática común que amenaza su persistencia como pueblo. El pueblo Awá posee una cosmovisión de una gran complejidad enraizada en el sistema ecológico de la selva tropical húmeda, hecho que hace que se definan como gente de la montaña y la selva, y cuidadores de la naturaleza: “Los Awá somos hijos de la montaña; nuestros padres son dos barbachas, una blanca y una negra que se encontraban en un árbol ubicado en la cabecera y a la orilla del río chatanalpí, somos de la unión de las dos barbachas, de allí el nombre de Inkal Awá que traduce gente de la montaña o selva, y nuestra misión es cuidar la naturaleza.” (Plan de Vida Awá, 2012). En Colombia y Ecuador, zona donde se ubicaba el antiguo “reino zambo” compuesto por indígenas y afrodescendientes durante la colonización española, el pueblo Awá pasó prácticamente desapercibido para el Estado hasta finales de los años 80 del pasado siglo, momento en que su territorio aún no estaba en el foco de los intereses económicos y políticos. Ha sido en el transcurso de las últimas 3 décadas en que este pueblo se ha visto inmerso en un espiral fulminante de violencia y despojo que ha perturbado el equilibrio del Katsa Su. El trabajo que aquí se presenta tiene como precedente el informe realizado por parte de los miembros del Observatorio ADPI y titulado Sus armas no lograrán extinguir nuestra palabra. Informe de riesgos de extinción en 6 Pueblos Indígenas de Colombia. En éste, José Aristizábal (2014) hizo una primera investigación con el pueblo Awá y expuso los principales riesgos de extinción física y cultural, contextualizando regionalmente su situación en un territorio estratégico en disputa y con una institucionalidad muy precaria en manos de intereses privados. En este estudio preliminar se planteó como factor principal de riesgo de extinción la presencia e intervención de todos los actores armados del conflicto. También, 137 se indicó que la economía de la cocaína, la política antidrogas, los megaproyectos para infraestructuras –como el corredor Multimodal Tumaco (Colombia)-Belem do Para (Brasil), conocido como eje amazonas – la minería y los hidrocarburos y la explotación agroindustrial para combustibles, son actividades que constituyen la impronta de la penetración capitalista y la fase de despojo actual, así como sus lógicas agresivas de acumulación por desposesión. En este informe se hará especial hincapié en una actividad en concreto: la extractiva minera, que amenaza y constituye un factor más de desestabilización, conflictividad social y violencia en el territorio awá. Para ello se han utilizado varias fuentes de información. Por un lado, se han aplicado métodos cualitativos de recolección de datos y se han realizado cuatro entrevistas en profundidad con miembros del pueblo awá y de la UNIPA (Unidad Indígena del Pueblo Awá). Durante la visita a terreno en 2016 se tuvo la oportunidad de entrevistar al Consejero Mayor de la UNIPA, al actual consejero de Educación y mayor indígena, al presidente de la UNIPA y al asesor sobre afectaciones ambientales de la misma organización. También, se ha utilizado información brindada por la Consejería de Mujer y Familia de la UNIPA, en su visita a Barcelona durante el mes de julio de 2016. Para complementar sus testimonios, se han utilizado fuentes como documentos generados por el pueblo Awá y sus organizaciones, tales como la Actualización del Plan de Salvaguarda étnica Awá (2012), los comunicados de la UNIPA, sus bases de datos internas o el Plan de Vida del pueblo awá, así como también publicaciones de los medios de comunicación locales. En el texto que sigue se expondrán, en primer lugar, las principales características del pueblo awá, su organización, demografía y su cosmovisión, todas ellas relacionadas en el contexto socieconómico reciente. En un tercer punto, se expondrá la situación actual amparada en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, que define a este pueblo indígena como el que posee más riesgo de desaparición física y cultural de Colombia. Dicho riesgo se relacionará con las principales vulneraciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado documentadas hasta la fecha actual (mayo de 2017). En tercer lugar, 138 y como cuarto aparatado, se ahondará en la actividad minera y sus afectaciones en dos casos concretos: el del resguardo Hojal la Turbia y el del resguardo Gran Rosario (ambos casos en el departamento de Nariño en Colombia). Se va a mostrar como la actividad minera tiene un carácter ilegal e informal, no existen concesiones, ni titulaciones, y presenta vínculos con grupos armados ilegales y criminales. También, se verá cómo esta actividad se yuxtapone a distintas afectaciones territoriales y de contaminación vinculadas a actividades ilegales, como el cultivo y procesamiento de la coca y los derramamientos de crudo que se asocian a ésta. Esta yuxtaposición también se presenta en actividades legales como la explotación petrolífera y las fumigaciones con glifosato para la erradicación de los cultivos de coca. En un quinto apartado se van a indicar las afectaciones a los modos de vida en los resguardos awá. Finalmente, se expondrán las principales respuestas de resistencia del pueblo Awá en su oposición a la explotación minera de sus territorios. 2. El pueblo Awá y sus organizaciones en el contexto económico reciente En Colombia, el pueblo Awá se encuentra en el departamento de Nariño, concretamente en los municipios de Tumaco, Ricaurte, Samaniego, Barbacoas y Roberto Payán, y en el departamento de Putumayo, en los municipios de Orito, Puerto Caicedo, Villagarzón y San Miguel. En Ecuador se ubica en la zona norte en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura (ver mapa 1). A nivel administrativo, organizativo y territorial, desde 1983 se ha trabajado colectivamente en el proyecto de la “Gran familia Awá”, la cual se organiza mediante cuatro organizaciones de segundo nivel: 1. CAMAWARI (Cabildo Mayor Awá de Ricaurte). Ubicado en un territorio que comprende unas 107.000 hectáreas de selva húmeda tropical con una población de 10.500 habitantes repartida en 11 resguardos. Ésta constituye el 80% la población y el 90 % del territorio del municipio de Ricaurte. 139 Mapa 1. Mapa 2. Territorio awá en Nariño y Putumayo (Colombia y Ecuador). Resguardos y municipios administrados por la UNIPA, con señalización en los puntos de extracción minera. Fuente: ONIC, UNIPA, CAMAWARI, ACIPAP, FCAE. 2. ACIPAP (Asociación de Cabildos indígenas del Pueblo Awá del Putumayo). Tiene reconocidos 17 resguardos y cinco en proceso de titulación. Se encuentra en los municipios de Villagarzón, Orito, San Miguel, Puerto Caicedo y San Francisco, y alberga una población de unos 4.000 habitantes. 3. UNIPA (Unidad Indígena del Pueblo Awá). Radicada en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Samaniego y Roberto Payán en el departamento de Nariño, en el pie de monte costero de la región pacífica. Este territorio lo integran unos 20.700 indígenas, asentados en 25 resguardos legalmente constituidos y 5 en proceso de constitución, con una extensión de 210.000 hectáreas. Concretamente, 140 Fuente: UNIPA. los dos casos de minería ilegal que se van a describir en este capítulo pertenecen a los resguardos Hojal la Turbia y Gran Rosario gestionados por esta organización (ver mapa 2). 4. FECAE (Federación Awá del Ecuador). Según la Actualización del Plan de Salvaguarda étnica Awá (2012) ésta posee una superficie de 116.919 hectáreas de bosque tropical que representan la extensión más grande que queda en la costa ccuatoriana, aparte de la reserva rcológica Cotacachi-Cayapas y que forma parte del sistema de áreas protegidas del Ecuador. Sin embargo, en este país se da el menor número de población awá, 3051 personas que viven en 21 comunidades, organizadas desde 1985 en torno a la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE), que a su vez está afiliada a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). 141 Siguiendo la Actualización del Plan de Salvaguarda étnica del pueblo Awá (2012, 60-65), elaborado por miembros de las tres organizaciones awá colombianas y revisado en 2012, las personas awá entienden y viven el territorio como un todo: de las negociaciones entre estos seres y del respeto de las normas que rigen la montaña depende la reproducción de la vida de los Awá, incluyendo al Inkal-Awá.” (Actualización del Plan de Salvaguarda étnica del pueblo Awá, 2012: 61). “El territorio lo entendemos como todo lo de la tierra, que es más que todo los límites. La tierra es lo palpable, lo que se puede ver, coger, sembrar, donde hacemos casa, echamos semilla, eso es la tierra. El territorio es un todo, el conjunto de tierra que incluye bosque, río, quebrada, personas, todo.” (Gabriel Bisbicús, 1995, Actualización del Plan de Salvaguarda étnica del Pueblo Awá, 2012: 60). Las negociaciones descritas en la anterior cita tienen lugar en un territorio definido como cosmos-ambiente que se divide en cuatro mundos: Para los y las awá, esta comprensión del territorio refleja una cosmovisión basada en una concepción integral del mundo, que se diferencia claramente de la concepción occidental de mercado que convierte en mercancías, bienes y propiedades privadas a la naturaleza y sus espacios de vida. De esto modo, el pensamiento awá no incluye las nociones de propiedad privada o de recursos naturales, ya que considera que todos los seres y las partes de la naturaleza están constituidos en la misma esencia y pertenecen a todos. En este sentido, se cuestionan y rechazan las relaciones de dominio sujeto (humanos)/ objeto (naturaleza), ya que las relaciones sociales no son exclusivas únicamente en las relaciones humanas: “La presencia en el territorio de habitantes humanos, animales y plantas así como de espíritus que nos protegen mediante normas y castigos, pone las condiciones a los humanos para decidir sobre la explotación de lo que los occidentales o mestizos llaman “recursos” (…) El manejo ambiental Awá es el resultado de relaciones tensas y complejas con diferentes seres de la naturaleza, con quienes mediante la negociación constante y el respeto por las normas que regulan el uso material y simbólico de la naturaleza, se construye la convivencia equilibrada de todos ellos. La noción del ser humano como único ser responsable de la toma de decisiones sobre el futuro de la naturaleza es ajena a la lógica cultural Awá. El territorio es, por lo tanto, un espacio físico y simbólico en el que diferentes seres conviven y comparten espacios comunes, entrando algunas veces en situaciones de conflicto. Del éxito 142 1. El Maza Su = Ishkum Awa (mundo abajo, gente que come humo). 2. El Pas Su = Awaruzpa (mundo donde vivimos). 3. El Kutña Su = irittuspa. (mundo de los muertos). 4. El Ampara Su = Katsamika (mundo de los dioses). “En este análisis está el mundo de arriba, el cuarto mundo, digamos que es como el firmamento, está el creador, pero también los satélites. Debajo de este hay otro mundo, el tercer mundo, donde están las aves, también dicen que los espíritus. Después el segundo mundo que es donde nosotros estamos, Y después el de abajo, que es el suelo, donde está lo de abajo. Para ellos todo es vida. De los bosques, pues hay su dueño. Ahora los dueños de estos lugares se han vuelto enemigos de los awá, antes eran amigos. Este es el acunda. También están los sitios sagrados. En las peñas y donde hay cascadas son sitos de curación. Este sistema de control tradicional que antes se daba, se daba muy bien, hoy día muchos ya ni saben, ni conocen siquiera los lugares” (Asesor sobre afectaciones ambientales de la UNIPA, 2016, Nariño, Colombia). Para los y las awá esta concepción se define como una apuesta política de raíz ecologista, que persigue el objetivo de vivir en el territorio y mejorar la vida desde “lo propio”, ante las amenazas del despojo capitalista. Como ya se ha indicado con anterioridad, éste se inicia a en los años 80 con la llegada de los primeros cultivos de uso ilícito y se agudiza en los años 90, ante el inicio de una profunda crisis en el sector agrícola. Dicha crisis se inicia como consecuencia de la liberalización comercial, 143 el fomento del contrabando y los inicios de la inseguridad y la violencia1. A partir de ese momento, varios autores señalan cómo la región se configuró en un complejo escenario que expresaba múltiples intereses y dinámicas de dominio, convirtiéndose en uno de los espacios más conflictivos de la historia reciente de Colombia. Por ejemplo, Vargas Meza (2003: 125-159) cita la penetración del cartel de Cali en la región, de los grupos insurgentes y de los paramilitares por la disputa de las rutas de salida de la cocaína al Pacífico. Junto con la dinámica de guerra y de penetración de distintos actores y sus intereses, paralelamente se desarrolló el despojo y la acumulación de tierras, enfocadas hacia el monocultivo de la palma aceitera. De este modo, en la región del Pacífico se ha vivido una crisis cultural que lleva a asumir por la fuerza una nueva escala de valores, en base a la inserción hacia un capitalismo gansteril, y la vinculación entre capital legal e ilegal. La presencia de todos los actores armados ha supuesto una afectación letal a los derechos humanos de las poblaciones de la zona y, en el caso que nos interesa, del pueblo Awá. Según Aristizábal (2014: 57-59) los actores armados con presencia en el Katsa Su son los siguientes: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Frentes 2 y 29, Columna Mariscal Sucre y Daniel Aldana; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Frente Comuneros del Sur y las columnas Mártires de Barbacoas y Héroes de Sindagua; los Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD)2 y, finalmente, la fuerza pública, que ejerce una presencia permanente en el territorio a través de la Brigada XXIX del Ejército Nacional. El Ejército ha realizado numerosas ofensivas contrainsurgentes y antidrogas en el territorio y en general operaciones militares que han conllevado en varias ocasiones bombardeos por parte de la Fuerza Aérea. Con la implementación del Plan Colombia y la militarización en los años 2007, el territorio se convirtió en un terreno de enfrentamientos con graves consecuencias para la población civil. Ya sea por ser utilizadas 1 Según Vargas Meza (2003, 125-128) en relación a todo el departamento de Nariño, se han desarrollado tres grandes momentos en la presencia de cultivos ilícitos. El primero, a comienzos de los años 80, en el norte del departamento y muy focalizado a consumo local; el segundo se relaciona con los cultivos de amapola, los cuales de 1992 a 1995 registraron el mayor incremento (1.312 ha en 1994) y que descendieron posteriormente para volver a repuntar en 2002. El tercero se relaciona con el auge de los cultivos de coca en Nariño, situados en la llanura del Pacífico, a fínales de los años 90 y que supusieron la instalación del narcotráfico y el cambio en el mapa del conflicto armado en esta región del país. 144 como escudos humanos, o como informantes, lo cierto es que los y las awá han sido víctimas de un intenso control territorial efectuado por los actores armados, así como de las extorsiones, el reclutamiento forzado, la violencia sexual o el uso de las Minas Antipersonal (MAP) que se han implantado en el Katsa Su como arma de guerra. 3. El Auto 004 de 2009 y la vulneración de derechos humanos en el pueblo Awá Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han considerado al pueblo Awá como víctima de un lento exterminio en Colombia. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Auto 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional de Colombia. Este Auto alerta que el pueblo Awá es uno de los pueblos indígenas colombianos que atraviesa por una crisis humanitaria de proporciones desmesuradas y sin precedentes en los y que les pone en un claro riesgo de exterminio (Aristizábal, 2014: 66). Mediante este Auto, la Sala Especial del alto tribunal define al pueblo Awá como sujeto especial de protección y lanza tres órdenes específicas: 1. Establecer un programa de garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas. 2. Configurar planes de Salvaguarda étnica para el pueblo Awá. 3. Adoptar determinaciones encaminadas a evitar la impunidad. Esta última orden se dirige especialmente a la Fiscalía General de la Nación. En múltiples ocasiones el pueblo Awá ha acordado con el gobierno nacional y los ministerios encargados la concertación de reuniones a fin de desarrollar los mandatos establecidos no sólo en el auto 004 2 Estructuras desmovilizadas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Las Águilas Negras, la Organización Nueva Generación, el Bloque Pacífico y Los Rastrojos. 145 de 2009, sino también en los autos 174 de 2011 (Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia) y el 143 de 2013 emitidos por la Corte Constitucional colombiana. territorio y el fortalecimiento de la Guardia Indígena, sobre todo en el último año, en que se han producido varias agresiones e intentos de homicidio perpetrados por la fuerza pública. De este modo, se creó la Mesa de Concertación del pueblo Awá (MCAWA) que constituye el espacio de encuentro entre el gobierno colombiano y el pueblo Awá, y que fue instalada hace ya siete años en virtud de esta Orden Constitucional. Junto con el Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Awá (PSA), la MCAWA constituye una herramienta fundamental de defensa y negociación con el gobierno colombiano. Sin embargo, la UNIPA e instancias nacionales e internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (2006) o la Veeduría Internacional por el pueblo Awá (a la cual pertenece el Observatorio ADPI) han llamado la atención sobre los incumplimientos de los acuerdos en numerosas ocasiones, la lentitud en sus avances y la ausencia de personal autorizado con capacidad de decisión en las reuniones. Por ejemplo, en relación al Plan de Salvaguarda étnica, en 2011 se debían concertar en Orito (Putumayo) 19 lineamientos políticos y 6 componentes, de los que tan sólo se concertaron un 80%, quedando fuera los temas medioambientales y minero-energéticos. El Auto 174 de 2011, pese a ser un plan que se debía implementar en 6 meses, también permanece estancado desde 2013. En respuesta a esta preocupante situación, el pueblo Awá se ha organizado en asambleas y mingas, con el mandato de seguir a las vías de hecho y protestar ante la falta de voluntad política para implementar los compromisos. Esta frágil, y a la vez tensa, relación entre el pueblo Awá y las instituciones colombianas, pone de manifiesto la gravedad de la situación, sobre todo si se adentra en el alarmante baile de cifras de vulneración de derechos humanos que arrojan los datos de estos últimos años. A continuación, se exponen las principales afectaciones desde el año 2011 y también otras violencias como la machista, asociada al recrudecimiento del conflicto en el interior de las comunidades (para mayor profundización en los procesos de encuentro entre la MCAWA y el A lo largo del año 2016, se ha solicitado de manera reiterada al Ministerio de Interior (a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías), y a las diferentes instancias ministeriales, varias audiencias para abordar la revisión del estado de cumplimiento de los compromisos suscritos. Llama la atención que, desde entonces, se hayan suspendido y reprogramado los encuentros, hecho que ha incrementado la sensación de abandono, desgaste e indignación en las organizaciones awá. La respuesta del gobierno para garantizar la seguridad en el territorio donde habita el pueblo Awá ha sido aumentar la presencia de la Fuerza Pública. Por contra, los y las awá defienden la desmilitarización del 146 Casos Período Cantidad Homicidios 2011-2017 73 casos Ataques, amenazas o presencia de grupos armados 2011-2017 31 casos Desapariciones forzadas 2011-2015 9 casos Minas antipersonales (MAP) 2011-2017 25 casos 10 muertos Impactos por derrame de crudos 2011-2015 6 casos Detenciones arbitrarias 2012-2013 11 personas Desplazamiento y confinamiento forzado 2011-2016 3.637 personas 237 familias Reclutamientos 2014-2015 9 casos Violencia de Género 2013-2016 8 casos Restricciones de la movilidad en territorios ancestrales 2011-2017 4 casos Tabla 1. Vulneración de Derechos Humanos en territorio Awá entre 2011-20173 3 La siguiente tabla ha sido elaborada partiendo del material recompilado en el Anexo 2: Principales vulneraciones a Derechos Humanos del pueblo Awá: hechos presentados entre el 1 de enero de 2011 y abril de 2017, realizado por el Observatorio ADPI partiendo de datos actualizados y proporcionados desde las bases de datos de la UNIPA. Existen algunas entradas en las que los períodos cambian, ya que no hay información disponible. 147 pueblo Awá, así como en los datos que vamos a exponer, se puede consultar el anexo 2 al final de este libro). la propiedad colectiva de los resguardos y la propiedad privada no titulada en zonas de colonización agrícola y cocalera. En relación a la violencia contra las mujeres, desde la Consejería de Mujer y Familia de la UNIPA se apunta al incremento de la violencia machista en las comunidades como efecto de la llegada de los actores armados, de las “gentes foráneas” y de la militarización que ha permeado la vida cotidiana de las personas que habitan el Katsa Su. En su visita a Barcelona, la actual Consejera de Mujer y Familia nos explicaba que “antes de la entrada de los actores armados no se miraba esta violencia dentro de los hogares, la gente estaba tranquila, se escuchaba a los mayores… después se pierde el respeto”. Con la finalidad de intervenir sobre este incremento de las violencias en las comunidades, se están investigando y documentando los casos de maltrato, violencia sobre las mujeres y abusos sexuales, para tratarla con un enfoque diferencial de género. Algunos de los datos que se están recabando, se anticipan en la siguiente tabla: Autores como Garay (2014) y Garay et al. (2014) hablan de la simbiosis dinámica entre los diferentes tipos de minerías. Es decir, la coexistencia en un mismo espacio de la explotación de varios tipos de minería: 1) la tradicional o de barequeo; 2) la de pequeña escala informal, familiar y sin titulaciones; 3) la de empresas legales pequeñas y medianas; 4) la de grandes empresas formales y legales –pero que en algunos casos cometen actos ilegales y criminales- y, finalmente, 5) la minería criminal, impulsada por los grupos armados, con el objetivo de obtener fuentes de financiamiento más rentables que la cocaína. No obstante, para el caso que nos ocupa, se ha documentado una incipiente simbiosis de minerías que se yuxtaponen o complementan con las actividades legales e ilegales anteriores. Violencia Número de casos Maltrato intrafamiliar 321 Maltrato a menores de edad con agresión sexual 127 Tabla 2. Casos de violencia contra las mujeres Awá entre 2011-2017. Fuente: Elaboración propia con base en información facilitada por la Consejería de Mujer y Familia de la UNIPA. 4. La “maldición” de los recursos naturales. Actividades criminales y minería. En un contexto de flagrante vulneración a los derechos humanos, impunidad y extracción legal e ilegal de plusvalías, la actividad minera irrumpe en algunos resguardos del Katsa Su y se encuentra en fase de concesión y primeras exploraciones. Para el caso awá se está documentado cómo la actividad minera se fusiona con canales de extracción criminales, confundiendo sobre las autorías y generando un creciente conflicto entre 148 De este modo, en el territorio awá existe una minería artesanal que practican algunos habitantes de los resguardos indígenas y algunas familias de los Consejos Comunitarios afrodescendientes. A ello hay que añadirle una naciente actividad minera criminal, vinculada a los grupos armados –concretamente a las FARC, el ELN y a los diferentes Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD) presentes en el territorio (ver anexo 1: presencia de GAPD y guerrillas en territorios indígenas, al final de este informe)– y otra ilegal realizada por algunas familias colonas. De este modo, se ha empezado a documentar y denunciar la presencia de maquinaria pesada y explotación de oro ilegal, carente de título minero y licencia ambiental. Por otro lado, las personas entrevistadas informan que se tiene constancia del interés del gobierno en facilitar concesiones mineras, ya que existen solicitudes del gobierno para explorar en varios resguardos y que se están llevando a cabo sin consultar a la comunidad. Así describe un consejero de la UNIPA la entrada de las personas que practican la minería mediante el intento de afianzar vínculos personales en el seno de la comunidad: “¿Cómo entran? Personas amigas de la zona se vuelven amigas de la gente que va llegando. La gente externa no llega sola, sino porque se vuelven amigos de la gente de la zona. Incluso 149 pasa en ocasiones que los indígenas se vuelven amigos de estas gentes, entonces caen en el error. Existe gente que estuvo en la minería, que son gente de la zona, cuando ya se quiso desalojar, ya había gente de la zona que defendía a gente que se volvían dueños de las tierras del resguardo” (Consejero Mayor de la UNIPA, 2016, Nariño, Colombia). Paralelamente, se sospecha de los vínculos de estas personas con los grupos armados, así como se tiene constancia de que en determinados espacios coinciden actividades de narcotráfico, bandas y grupos armados que “con el tema de la minería, están todas allí” (ver anexo 1: ibid): “Toda cosa llega cuando ve que se dan las condiciones económicas, llegan a pedir. Entonces si pregunta en una selva grande dónde está la minería, tiene que ver con alguna amistad con la guerrilla. Es una zona donde está el corredor fronterizo y ha sido golpeado por el conflicto, no se puede desconocer eso. En Llorente, la misma zona ha demostrado un índice de violencia alto y donde operan distintos actores armados ilegales. Entonces se deduce: ¿cómo gente externa puedan ir a las 7montañas y andar en los pueblos, sin ningún problema? (...) pero yo no puedo confirmar y decir “así es” pero sí decimos que tiene que haber algún vínculo.” (Consejero Mayor de la UNIPA, 2016, Nariño, Colombia). 4.1. Caso del resguardo Hojal La Turbia El primer caso a analizar se ubica en el municipio de Tumaco, en el resguardo Hojal La Turbia (comunidad Peña Caraño), donde se ha documentado extracción ilegal de oro y en donde la guardia indígena ha desalojado a las empresas mineras en dos ocasiones, durante los años 2012 y 2015. Según las personas entrevistadas, en 2008 se inician las denuncias por extracción ilegal de oro por parte de la empresa minera “La Esperanza”. Esta explotación minera, propiedad de Didier Cadavid, fue nuevamente desalojada cuatro años después, en julio de 2012 (ver fotografías 1-6). 150 Imagen 1y 2. Actividad minera ilegal, mina la Esperanza, 2012. Comunidad de Peña Caraño. Resguardo Hojal la Turbia, Municipio de Tumaco. Créditos: UNIPA. 151 “Entramos a Peña Caraño, muy cerca de la frontera con Ecuador, con el fin de ejercer autonomía dentro de nuestro territorio y exigir el retiro inmediato de todas las personas, infraestructura y maquinaria relacionada con esta mina (...) En la mina La Esperanza había unas 50 personas que se fueron al río Mayasquer, no sin antes amenazarnos con acabarnos uno por uno” (Vocero de la Guardia Indígena, 2012, citado en el Documento de afectaciones colectivas en el resguardo Hojal la Turbia, Tumaco, 2016). Durante ese mismo mes, la UNIPA alertó que la intervención de la policía, la Fiscalía y la Unidad de Protección se llevó a cabo sin garantizar unas condiciones de seguridad puesto que se limitó a realizar entrevistas a las autoridades, identificándolas en lugares públicos y de forma inadecuada. En el año 2016, la investigación seguía abierta y sin avances contundentes. A finales del año 2016 y en la zona del resguardo se denuncia la agresión a una mujer awá, quien presentaba un agravante de violencia de género, al haber sido abordada de manera violenta por dos hombres encapuchados. Los hombres la retuvieron en contra de su voluntad y durante 10 minutos golpearon fuertemente su cara y cuerpo. Además, la intentaron ahorcar mientras le exigían información sobre los líderes que participaron del desalojo de la mina la Esperanza. La víctima logró escapar y declaró que los agresores manifestaron en reiteradas ocasiones que las cosas que pasaron en el desalojo de la mina no se iban a quedar así. Un año después, en 2013, se documenta otra vez la presencia de minería ilegal en la comunidad de Peña Caraño, en el límite fronterizo con Ecuador, principalmente sobre las vegas del río San Juan y de su afluente el Mallasquer. Dicha información proviene de una misión de verificación de daños medioambientales en el resguardo Hojal la Turbia (Comunidad Peña Caraño) realizada el 2 y 3 de diciembre de 2013. En ésta participaron gobernadores de diversos resguardos de la UNIPA, delegados de la UNIPA, miembros de la Guardia Indígena, una delegada de la Unidad de Restitución de Tierras y un delegado de Corponariño. La misión realizó una ruta por los ríos Mira, San Juan y Mallasquer. En el recorrido se encontraron diez dragas en distintos puntos y grupos de 152 Imagen 3. Guardia Indígena del pueblo Awá preparada para desalojar la mina ilegal “La Esperanza”, julio de 2012. Créditos: UNIPA. personas realizando minería en cuatro áreas distintas del río. Se utilizaba el método de la motobomba (realizar huecos profundos en las orillas de los ríos). Posteriormente, la misión se dirigió hacia la explotación minera desalojada en 2012. Se llevaron a cabo registros fotográficos, grabación de video así como toma de muestras de agua y de material mineral. Se encontraron diversos elementos abandonados que hacían parte de la maquinaria utilizada para mantener la extracción del material como tanques de almacenamiento de combustibles, desechos de alimentos enlatados, las ruinas de algunas casetas donde se hospedaban los mineros y rastros de la carretera por donde ingresaban las retroexcavadoras. En otra parte del río, se encontraron más vestigios como piscinas excavadas con agua. Debido a su mal estado se tomaron muestras para analizar si eran vertidos tóxicos. Seguidamente, la comunidad expresó su oposición a la actividad minera y manifestó que no permitiría el ingreso de minería en el territorio. Sin embargo, para julio de 2015, se verifica la existencia de dos empresas ilegales más (una de ellas llamada “Inversiones Alejandra”), instaladas en el territorio y causantes de graves afectaciones, con uso 153 de maquinaria pesada, e ingreso de retroexcavadoras mediante la vía fluvial del Nulpe Medio. En respuesta, se convoca una minga de resistencia de 150 personas y se realiza una asamblea en el resguardo Hojal la Turbia, entre indígenas, autoridades, empresas mineras y agentes institucionales como la Unidad de Restitución de Tierras y la Defensoría del Pueblo. En ésta se exigió la retirada inmediata de las empresas del territorio y la comunidad se reafirmó en la negativa a conceder permisos para la explotación de los recursos naturales del resguardo, pues consideran que les pertenecen por ley de origen. Además, se advirtió que, de no ser escuchada su solicitud, se efectuaría una recuperación del Katsa Su. Imagen 4. Guardia Indígena del pueblo Awá preparada para desalojar la mina ilegal “La Esperanza”, julio de 2012. Fuente: UNIPA. Para el 7 de octubre de 2015 se anunció públicamente una nueva verificación del territorio: “El pueblo Awá sostuvo que los daños al territorio y especialmente a sus sitios sagrados y zonas para la siembra de productos de 154 pancoger, los ha movido a tomar la decisión de desalojar la minería que actualmente existe en el resguardo Peña Caraño frontera con el Ecuador, donde reposan maquinarias para actividades mineras: “Esta reunión consiste en dejar en conocimiento público que la organización indígena del pueblo UNIPA llevaremos una asamblea para tratar el tema minero y de esa asamblea vamos a decidir su desalojo de inmediato o dar un plazo prudente, ya que como pueblo y basándonos en nuestras leyes rechazamos cualquier tipo de minería que exista en el territorio acudimos a las autoridades para que tengan conocimiento del proceso y poder contar con su apoyo” (Centro de Noticias de la Alcaldía de Tumaco, 30 de julio de 2015) En consecuencia y durante el año 2016, con la intención de realizar un seguimiento del proceso de investigación, las autoridades del pueblo Awá y sus organizaciones mantuvieron varias reuniones institucionales con agentes estatales, locales y del sistema judicial, así como encuentros con organismos observación internacional. Según las personas entrevistadas, en dicha reunión se evidenció que el caso había sido abandonado durante años por la fiscalía encargada, pues no había ningún avance en la investigación del caso. Recientemente, parece existir un creciente interés por parte de la institucionalidad respecto del caso Hojal, ya que se ha manifestado la necesidad de obtener materiales probatorios de un modo oficial, y se está trabajando en efectuar una nueva verificación con asistencia técnica a fin de recabar pruebas de cara a un proceso de judicialización. Así mismo, se está trabajando con la Defensoría del Pueblo para determinar el grado de vulneración de derechos étnicos y territoriales. Paralelamente a ello, la exposición y extrema vulnerabilidad del pueblo Awá ha persistido mediante el goteo incesante de agresiones y asesinatos. A nivel de violación de Derechos Humanos, cabe destacar que en agosto de 2016 se produjeron cuatro homicidios en el territorio awá: tres a personas pertenecientes al resguardo Hojal la Turbia y un cuarto a una persona oriunda del resguardo. Estos casos se suman a la agresión violenta en agosto de 2012 relacionada con 155 el desalojo de la mina la Esperanza, que recibió una chica por parte de encapuchados para sacarle información. A pesar de tener una autoría desconocida, desde el sentir de la comunidad estos casos presentan una correlación con las denuncias a la minería y habían sido señalados por grupos de “limpieza social”. Sus casos se relacionan con el incremento de la violencia, los hostigamientos y asesinatos en contextos de extracción minería y oposición local. Por un lado, en fecha 26 de agosto de 2016 de Camilo Roberto Taicús Bisbicus, líder y profesor del resguardo Hojal la Turbia, que se entendió como un paso más hacia el exterminio del pueblo Awá dirigido hacia personas defensoras del territorio. Por otro lado, el 29 de agosto fueron asesinados los hermanos Luciano y Omar Alberto Pascal García, de 21 y 23 años respectivamente, habitantes del mismo resguardo, con el agravante de que el primero participó en el desalojo de la mina ilegal4. Por otro lado, las informaciones más recientes sobre este conflicto las proporciona un Oficio de la Defensoría del Pueblo, del pasado mes de enero del 2017. Dicho documento alerta de los riesgos y la tensa situación entre el resguardo indígena Awá de Hojal La Turbia y la familia de colonos Caicedo, quien tiene subarrendadas propiedades a personas que practican la minería. El oficio, firmado por la Delegada para los Derechos de la Población Desplazada, muestra los resultados de la visita de la “Comisión Binacional de verificación de la vulneración de los Derechos Humanos asociados a la actividad minera en el territorio del resguardo Hojal la Turbia”. Así, esta misión encuentra varios hallazgos de vulneración de los Derechos Étnicos: 1. Actividad minera en el marco de la ilegalidad, con extracción en varios puntos documentados y propagación hacia distintos ríos del territorio. 2. Conflictos territoriales que elevan el nivel de riesgo en la comunidad. Según el documento, la familia Caicedo son colonos que afirman ser titulares de propiedades que se traslapan con el resguardo y aseguran que la propiedad la heredaron directamente de sus padres. Durante la investigación realizada por la Comisión, la familia aseguró que la herencia se reparte entre 8 hermanos y reclaman 80 ha cada uno, incluidos sus hijos. Además, afirmaron estar en posesión de 480 ha, pero no les mostraron los títulos. Contestaron que no los tenían. Por su lado, el documento indica que la comunidad Awá afirma que las tierras están en el territorio del resguardo y sólo 5 ha se encuentran fuera. Según la comisión “esta situación se pone cada vez más tensa, ya que los colonos sostienen que hasta la muerte defenderán la herencia de sus padres”. Imagen 5. Mina ilegal “La Esperanza”, desalojada por la Guardia indígena del pueblo Awá, julio de 2012. Fuente: UNIPA. 4 Paralelamente, en el mismo mes se produjo el caso de Diego Alfredo Chirá Nastacuas, de 24 años de edad, asesinado en el resguardo La Faldada del municipio de Barbacoas. 156 La situación se agrava de un modo preocupante. El oficio describe que uno de los hermanos Caicedo vendió 100 ha de tierra a Ovidio Mosquera, propietario de dos máquinas y con 19 personas trabajando para él en la minería. Mosquera amenazó que estaba dispuesto a recuperar la zona, ante la evidencia que la Comisión le hizo de estar practicando una actividad ilegal. Por su lado, Fanny Mosquera tiene arrendada una parte de la herencia a actividades mineras. Finalmente, el documento hace 157 referencia a cómo esta última familia se ha organizado entorno a una Junta de Acción Comunal que ejerce gobernabilidad y le disputa el terreno al resguardo. El posicionamiento de la familia recae en que tienen derecho a ejercer la minería y niegan la jurisdicción del cabildo indígena. 3. Ante la consideración de la actividad minera como riesgo y amenaza a la vida y la integridad del pueblo Awá, la comisión solicita a la Defensoría del pueblo a avanzar en medidas de protección individual (existen 7 personas amenazadas) y colectiva, e intervenir ante la crisis alimentaria por impactos de la minería. Esta se deriva de la no realización de las actividades normales y del confinamiento en los hogares por miedo ante la presencia de maquinaria, que se agrava con las fumigaciones a los cultivos de coca. 4. Se demanda la intervención de las instituciones responsables para mediar en la disputa territorial e interétnica con carácter urgente. Este caso descrito guarda relación con otro conflicto relacionado con la restitución de tierras vinculada al conflicto armado y sin claridad en las titulaciones. Según las personas entrevistadas, se han concedido títulos a terceros sin georreferenciación. Mediante éstos se pretende acceder a títulos mineros en los resguardos. Ejemplo de ello es el caso del Señor Didier Cadavid, que en un primer momento estuvo vinculado al resguardo, y que era el propietario de la Mina la Esperanza, desalojada en 2012. Finalmente, es importante destacar algunos aspectos fundamentales para comprender la complejidad del caso, su gravedad y los actores que están involucrados: 1. La necesidad de una investigación oficial exhaustiva. Según la Defensoría del Pueblo las autoridades locales competentes tienen la potestad de frenar la actividad minera ilegal mediante el artículo 306 del Código de Minas. 2. El alcance binacional de la explotación minera, con múltiples intereses tanto en Ecuador como en Colombia. Según la UNIPA, desde 158 2013 se explotó 24 horas al día y cuando llegaba la guardia indígena las máquinas se escondían en el Ecuador. 3. Según los líderes de la UNIPA existe una relación con los actores armados ilegales y la implantación de las minas en Peña Caraño. 4. Ante la escasa efectividad de las denuncias formales, la jurisdicción indígena toma mediadas de desalojo. 5. Riesgo de confrontación interétnica. A pesar de que desde algunos Consejos Comunitarios existe una firme oposición a la minería, algunos líderes Awá apuntan como en el interior de otros se ha dado el permiso para que pasen las máquinas por sus predios. Además, las personas entrevistadas nos indican como desde Corponariño se afirma que existen peticiones para la explotación de materiales de construcción en predios del vecino Consejo Comunitario Chiringuito Alto Mira y Frontera. Además, el caso de la familia Caicedo, agrava esta situación. 6. Conflictos por la propiedad de la tierra y la titulación de predios. Se dan dos casos de titulaciones individuales de tierras poco claras y sin documentos que acrediten compra-venda u otorgación de títulos. Éstas se vinculan a la actividad minera y entran en conflicto con la propiedad colectiva del resguardo. 4.2. Caso Gran Rosario El siguiente caso se sitúa en el resguardo vecino de Gran Rosario donde, desde 2012, las organizaciones Awá vienen denunciando exploraciones mineras y entrada de maquinaria pesada por su territorio. Estas intrusiones, efectuadas sin la consulta ni el consentimiento de la comunidad y las autoridades del resguardo, se yuxtaponen a varias afectaciones por la explotación y transporte de hidrocarburos. Concretamente, el derramamiento de crudo por atentados por parte de grupos armados, así como fumigaciones aéreas con glifosato hacia cultivos ilícitos en la zona, o el desmantelamiento de infraestructuras de producción de pasta base de cocaína por parte de la Fuerza Pública. 159 En conjunto, el mapa de pasivos medioambientales, contaminación del territorio y destrucción de la biodiversidad, ya de por sí críticos, se agrava con la actividad minera y pone en alerta al pueblo Awá. Los primeros hechos se remontan al 5 junio de 2012 cuando, según un comunicado de la UNIPA que data del 25 de junio del mismo año, durante el II Congreso del Awá, dos retroexcavadoras ingresaron en el resguardo de Gran Rosario en dirección al municipio de Roberto Payá n. Según el mismo comunicado, unas semanas más tarde, tuvo lugar una reunión entre las autoridades del resguardo y los operadores de las excavadoras. Durante la misma se les comunicó que no se les autorizaba a ingresar en el resguardo. En respuesta los operadores argumentaron que contaban con una autorización de las alcaldías de Tumaco y Roberto Payán. Sin embargo, unos días más tarde, estas afirmaciones se pusieron en tela de juicio cuando el mismo alcalde de Tumaco negaba la existencia de dichas autorizaciones. El día 22 de junio se notificó al gobernador del Gran Rosario que: “me permito informar que la actual administración no ha concedido ni piensa conceder permiso a personas particulares para el ingreso de maquinaria para la apertura de vías o explotación minera en los territorios colectivos y resguardos Indígenas”. Por consiguiente, la Guardia Indígena procedió a suspender los trabajos de las máquinas y las sacó del territorio. Según el gobernador de ese momento, el paso por su territorio tiene que ver con que se les permitió la entrada en los territorios vecinos de los Consejos Comunitarios: “No hubo consulta, ni el responsable. Para entrar a los Consejos Comunitarios les faltaban 3 Km, en los resguardos ya habían entrado (…) Para pasar por los resguardos necesitan la autorización de la comunidad. Se debía hacer de buena fe. Pero como lo habían hecho de mala fe, nosotros les dimos plazo de 2 horas, para que pudieran desalojar. Que se regresaran de allí, que los íbamos a decomisar y a destruir. Les planteamos esto. Entraron dos retroexcavadoras. Nos pusimos muy serios con la comunidad y decidimos… parar. Les planteamos esto: que lo íbamos a destruir” (Ex Gobernador del resguardo Gran Rosario y Consejero Binacional de la UNIPA, 2016, Nariño, Colombia). 160 Imagen 6 y 7. Huellas de la entrada de maquinaria pesada en el territorio awá. Resguardo Gran Rosario. Fuente: UNIPA. 161 Seguidamente, y en relación directa a esta acción, el 13 de septiembre de 2012 el gobernador del resguardo, recibe amenazas de muerte por su papel activo en la denuncia y oposición a la minería ilegal. En relación a otras agresiones perpetuadas en el resguardo, la situación se agrava cuando en febrero de 2016, dos hermanas Awá fueron víctimas de disparos por parte de la Policía Nacional cuando viajaban en automóvil, hiriéndolas a ambas. A pesar de que no se puede relacionar directamente esta agresión con la oposición a la minería, ni se ha determinado las causas de la agresión, este hecho se suma a la lista de agresiones y asesinatos que recibe el pueblo Awá en esta zona como consecuencia de que allí operan actores armados como las FARC y el ELN, y hasta el momento se han efectuado operativos y combates tanto de la Fuerza Pública, como de los grupos armados. No obstante, este hecho se debe poner en relación a otra problemática que enfrentan los Awá en el territorio: los derramamientos de crudo y las fumigaciones a los cultivos de uso ilícito. Las personas entrevistadas consideran que se trata de afectaciones emblemáticas de destrucción del territorio que preceden a la amenaza medioambiental del extractivismo minero y que empiezan a coexistir. La presencia de la empresa nacional Ecopetrol y el paso del Oleoducto Transandino (OTA) por el Katsa Su data de los años 90 y se perpetúa hasta la actualidad, con la posibilidad de nuevas extracciones en pozos detectados en el territorio, por ejemplo, en Alto Palay y Campoalegre. Imagen 8 y 9. Contaminación medioambiental por derramamiento de crudo en territorio awá. Resguardo Gran Rosario. Fuente: UNIPA. 162 Asimismo, cabe destacar que la construcción del oleoducto se realizó sin ninguna consulta a las comunidades, ni indígenas, ni campesinas, ni afrodescendientes. Desde el 2003, la presencia de esta empresa en el territorio es la que más afectaciones ha dejado, ya sea por derramamientos provocados para robar crudo o por intervenciones del Ejército para desmantelar refinerías clandestinas. Por ejemplo, la intervención del 18 de febrero del 2013, dejó graves consecuencias medio ambientales ya que contaminó considerablemente quebradas y ríos, así como la flora, la fauna, y bienes de los miembros del pueblo Awá afectados por la presencia de estas instalaciones ilegales en sus 163 territorios. En relación a los derramamientos, la inseguridad debido a señalamientos y las agresiones a la población, se apunta: “Lo que se ha mirado en la comunidad es que han llegado terceros y han comenzado a hacer hurto. La realidad del problema es de los mismos de Ecopetrol, se forman y saben cómo romper este tubo. Pero, en última, terminan juzgando a las comunidades indígenas, y la policía señala arbitrariamente o deteniendo a la comunidad. Lo detiene como sospechoso de hurto de hidrocarburo y lo van imputando para que se haga cargo responsable, para ellos hacer rendir informe, de que ellos sí que están prestando servicio por el tubo de Ecopetrol. Por otro lado, el caos es el control territorial. Y con todo, ha sido con Las FARC, el ELN, y detrás de ellos hay minería y narcotráfico. Y esto a mí me ha afectado en 3 ocasiones que me han hecho atentado. Y he vivido sin ninguna protección y ninguna garantía del gobierno y las instituciones. He permanecido con la parte quizás de la naturaleza, que me ha tenido la vida. Me ha mantenido muy fuerte. Aquí que nadie nos vendría a ayudar… si queremos tener territorio, fortalecido, con trabajo en harmonía y equidad, eso nos queda…” (Ex Gobernador del resguardo Gran Rosario y Consejero Binacional de la UNIPA, 2016, Nariño, Colombia). 5. Trasformaciones territoriales y afectación a los modos de vida y la integralidad con la naturaleza A continuación, se expondrán las principales afectaciones documentadas a nivel territorial. Éstas se dividen en impactos medioambientales e impactos sociales, culturales y espirituales. En relación a ello, se considera pertinente indicar que la impronta que dejan las exploraciones mineras en el Kats a Su se suma a los daños medioambientales generados por la extracción de otros recursos y las fumigaciones con glifosato, y aceleran los cambios en los modos de vida del pueblo Awá que han estado profundamente conectados al medio ecológico durante años. 164 5.1. Impactos ambientales El primer cambio asociado a la penetración de la minería es la pérdida de fertilidad de los suelos. En la misión de verificación que se llevó a cabo en diciembre de 2013 en el resguardo Hojal la Turbia, se indicó cómo la pérdida de vegetación primaria y la remoción de la tierra imposibilitan el establecimiento de cultivos, ya que la tierra pierde su fertilidad. De este modo, se ha perdido espacio para los sembrados de pancoger. El mayor y Consejero de Educación de la UNIPA, señala que la minería también afecta a la cacería y a la pesca, actividades económicas y de subsistencia características del pueblo Awá: “Estas son una de las cosas que están gravemente afectando, no sólo por la presencia de explotar y dañar. A parte de acabar con estas tierras donde hacemos parte de la cacería y de la pesca. Es en donde más se produce para sembrar la yuca, el plátano, el chiuro, sembrar maíz, chirma, que es una papa de monte, guayabas… Lo que llamamos a la orilla del río son tajos. Es una parte de tierra de productiva, que es donde echamos todo para sembrar. Y lo que la minería trae es acabar con estas tierras productivas, más que estas tierras vale el oro. Pero después ¿Qué? ¿Qué sembramos? ¿Dónde sembramos? Ya lo que quedó es destrucción...” (Mayor y Consejero de Educación de la UNIPA, agosto de 2016, Nariño). Por otro lado, según las personas entrevistadas, existen otros impactos ambientales emblemáticos debido a su capacidad destructiva. El primero es la contaminación por derramamientos de crudo. El derrame de crudo ha afectado a varios ríos, entre los cuales se encuentran el río Inda, el río Pulgande y el río Rosario, los cuales son más contaminados. El asesor medioambiental de la UNIPA, explica cómo se dan estos derramamientos: el cultivo de coca es un elemento financiador de la guerra y este hecho conlleva a que se requiera combustible refinado como producto en el proceso de fabricación de pasta base de cocaína. El mecanismo es simple: se perfora el oleoducto, se mide la distancia hasta los laboratorios y se instalan tuberías para transportar el petróleo en crudo. Gran parte de los accidentes y de los desastres 165 ecológicos tienen lugar al quebrarse estos procedimientos, hecho que ha conllevado la contaminación en casi todos los resguardos (existen grandes afectaciones en Inda Guacaray e Inda Sabaleta). Otra causa de los derrames han sido los atentados directos al oleoducto. La gran problemática de este tipo de desastre ecológico ha sido la atribución de responsabilidades. Las personas entrevistadas señalan la insurgencia y otros grupos armados como autores de la manipulación del oleoducto. Sin embargo, la empresa Ecopetrol, elude toda responsabilidad y aumenta la presión del oleoducto para disuadir las perforaciones, hecho que agrava la situación. Desde las autoridades Awá se les hace responsables de los derramamientos e indican que en los planes de manejo del oleoducto a las organizaciones indígenas no se las contempla como población a consultar, a pesar de ser las más damnificadas. Finalmente, las intervenciones del Ejército contra los laboratorios clandestinos también generan graves consecuencias medioambientales al quemarlos y derramar los productos químicos e inflamables que allí se encuentran: “Las comunidades indígenas le hemos dicho a Ecopetrol que controle, que atiendan esos daños que se hacen. Porqué los daños no son solamente al río, se acaba todo lo que vive en ese río y eso es una gran preocupación. Ecopetrol ha dicho que no es culpable, sino que es la gente que contamina y que económicamente no tienen dinero para hacer un plan de manejo para limpiar. Se han hecho reuniones, pero continúa con esa contaminación y eso es complicado de llevar. El tema de contaminación también recae en Corponariño, pero tampoco ha hecho nada esta institución para remediar estas condiciones” (Consejero Mayor de la UNIPA, 2016, Nariño, Colombia). Finalmente, la otra gran afectación medioambiental recae en las fumigaciones aéreas con glifosato y en las manuales de tipo “mata por mata”. Según el asesor sobre afectaciones ambientales de la UNIPA, se han producido impactos negativos sobre la salud de sus habitantes tales como abortos, diarreas intestinales por la contaminación del agua, infecciones y alergias, siendo los derrames y las fumigaciones los de mayor gravedad junto con las consecuencias de la minería. 166 5.2. Cambio en los modos de vida e impactos sociales, culturales y espirituales En el plano social y cultural los efectos de la minería también se superponen a los cambios acaecidos durante más de 20 años de conflicto armado, penetración de la economía de mercado en su faceta más agresiva, extracción de recursos naturales y megaproyectos. Volviendo a la misión de verificación sobre el impacto de la minería en Hojal la Turbia de 2013, durante una de las visitas se realizó un acto público en el que la población Awá y las autoridades relataron su sentir al resto del equipo investigador. El gobernador preguntó en awapit cómo se vivía antes la llegada de la explotación minera y cuáles fueron las afectaciones durante el proceso de extracción. Varias personas indicaron que antes de la llegada de la minería había más unidad y se vivía de un modo más comunitario. Por ejemplo, practicando mingas en los momentos de la siembra y recolección de los productos de pancoger. Expusieron que se vivía de la pesca en el rio San Juan, de sembrar cultivos para autoconsumo y eventualmente de la minería artesanal de batea en el río. Desde su sentir, la introducción de la actividad minería vino acompañada del ingreso de personas extrañas a la comunidad, de amenazas para apropiarse de los terrenos, e incluso de algunos asesinatos que generaron inseguridad y desintegración del tejido social. Se inicia así lo que algunos entrevistados definen como despojo cultural y vulneración de la integridad física y cultural del pueblo Awá, iniciados con la penetración de la economía de la cocaína y que se reafirman con la minería y los intentos de su implantación en los dos estudios de caso: un proceso incipiente de pérdida de la identidad cultural, interrelacionado con el cambio en los hábitos alimenticios (al imposibilitarse las labores de pesca y siembra), el debilitamiento de la economía propia, la desnutrición en gran parte de la población infantil, la afectación a la salud de la población Awá y el debilitamiento del proceso político-organizativo del resguardo. Finalmente, otras afectaciones que indicaron durante la verificación son de tipo psicológico, cultural y espiritual como la profanación de 167 sitios sagrados; entre ellos el cementerio de la comunidad y demás lugares donde habitan los espíritus del territorio. Así describe el asesor sobre afectaciones ambientales de la UNIPA el proceso el despojo cultural que sufre el pueblo Awá. Éste varía según la zona, el nivel de intensidad del conflicto y de dinamismo en las actividades económicas legales o ilegales: “En Tumaco existen procesos que les generan ingresos. Están inmersos en el consumismo y la economía de mercado. Ya ha cambiado la cultura, ya que algunos jóvenes han vivido el crecimiento de la economía de la coca. En los resguardos tradicionales existe la visión filosófica indígena. Los 4 mundos, donde todo el quehacer está relacionado con la estructura mítica, las historias, las tradiciones, hablan en awapit. Todo su quehacer está relacionado con la cosmovisión. En la parte baja ya se ha terminado. Se debe a este proceso de cultivo. Con la necesidad de financiar el conflicto se ha persuadido a los individuos y existe una dinámica que ha llevado al exterminio de la cultura awá. Cuando hay recursos, a los niños la educación los ha concentrado en un lado, lejos del ciclo vital. Antes iban a la selva, estaban con la abuela,… después los escolarizan, los enclaustran en la primaria y cuando llega al bachillerato los padres dicen: -“Tiene que seguir”, y los mandan a la vía. Y ya viene otro proceso de sacarlo, y aquí aprenden todo este proceso, de salir, la chicas… y a mitad de curso ya se meten en los cultivos ilícitos. En toda la vía. Y este es un problema grave. En el Gran Sábalo se ha logrado mantener lo tradicional, por las distancias, existe otra visión. Pero poco a poco se va permeando” (Asesor sobre afectaciones ambientales de la UNIPA, 2016, Nariño, Colombia). En definitiva, se trata del cambio en la concepción de la vida y de la ruptura de otros esquemas culturales con la penetración de las relaciones de mercado: “Para nosotros, los pueblos indígenas, dentro de nuestra cosmovisión, el territorio es un todo. Y en esta forma de ir afectando con 168 excavaciones, con presencia en estos sitios sagrados, donde también además está el cambiar de mentalidad, el pensamiento de la vida normal de un awá… a decir: “explote, venda, hagamos alianzas”, pues afecta de manera grave a nuestra manera de ver el mundo. Es decir: somos awá. Un-uwá, que es selva, hijos de la selva… como personas íntegras que vivimos en armonía y equilibrio. Y hay lugares donde viven los espíritus… O sea, para nosotros en el agua, en el río, hay gente, pi-awá, que son gente del río. Y en la selva, son awantans enga la guagía… pero se está generando un desequilibrio, que está acabando esta visión de nuestro mundo. Digamos: la percepción propia de nuestra cultura se debilita. Y aparte de eso, trae simplemente algo irreparable en el territorio. Donde hasta el momento sabemos que para nosotros el territorio… Por ejemplo, decimos que en cada temblor, o en cada terremoto, la tierra está viva, que se mueve, y camina. Tiene su explicación, de que hay allí un respeto. En este sentido, todo proyecto que no sea de beneficio comunitario, sino más bien de particulares, pues es otra consecuencia grave que afecta al territorio” (Mayor y Consejero de Educación de la UNIPA, agosto de 2016, Nariño). 6. Actos de resistencia y ejercicio de autonomía en el marco de la jurisdicción indígena Con la intención de concluir la investigación sobre las afectaciones de la minería en el Katsa Su del pueblo Awá, se van a indicar las principales acciones de resistencia a la actividad minera, el posicionamiento oficial y público que emerge del tejido organizativo y político Awá, así como algunas iniciativas surgidas en el seno de las comunidades, que apuestan por la reproducción de la vida y del territorio desde el mantenimiento y el rescate de “lo propio”. Como ya se ha mostrado en los dos estudios de caso, el pueblo Awá y las organizaciones que lo representan han tomado parte activa en oponerse a estas primeras explotaciones mineras y a las incursiones de maquinaria. El caso de la comunidad Peña Caraño en el resguardo 169 Hojal la Turbia, que ha vivido dos desalojos (2012 y 2015), el del resguardo Gran Rosario en 2012, son actos de resistencia realizados en el ejercicio de la autonomía en los territorios y los intentos de la aplicación de la jurisdicción propia a través de la Guardia Indígena. La siguiente referencia describe el procedimiento del desalojo en Peña Caraño: “En primer lugar, fue siempre en aras de dialogar. El diálogo siempre debe ser lo primero. Se les dijo: -“Necesitamos que ustedes se vayan porque esto es un territorio colectivo”. Incluso en ese entonces se hicieron dos compromisos. En 2011 ellos dijeron: -“Ok”, que en un mes se iban. Ahora bien, pasaron meses y no se fueron. Tomaron casi un año ahí. Como no se obedece ni se respeta, la Guardia Indígena tomó su postura, aplicando el derecho propio que nos da acogida. Sacaron comunicados, reunieron y lo exigieron en el marco de las mesas, exigieron que se verificara por parte del gobierno, pero el gobierno no acudió. Los mineros tampoco obedecieron en irse, entonces tuvieron que buscar la manera de sacarlos. Pero siempre intentando que sea de la forma más pacífica posible, nada de agredir, sino haciendo entender que el territorio se tiene que respetar” (Consejero Mayor de la UNIPA, 2016, Nariño, Colombia). Otros ejercicios de defensa del territorio recaen en el hecho de investigar lo ocurrido de cara a iniciar una judicialización por vulneración de los derechos étnicos y territoriales, así como por delitos medioambientales. Los intentos de fortalecer y aplicar los principios del Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo indígena Awá, conllevan la defensa del territorio y, por ende, la oposición a la minería. Como ya se ha indicado al principio del texto, este plan es una hoja de ruta y la principal herramienta de la que dispone el pueblo Awá para defender sus derechos colectivos, así como para garantizar su pervivencia física, cultural y espiritual ante los embates del conflicto armado, la implementación de megaproyectos y las amenazas de desaparición física y cultural. En 170 sus lineamientos políticos el objetivo prioritario es la defensa de la vida garantizando el territorio, la territorialidad, la identidad, así como la conservación, uso y protección armónica del cosmos-ambiente, así como favorecer la defensa de sus derechos fundamentales. Para ello se exigen 3 puntos clave: 1. El respeto a la condición de autoridad legítima para la defensa plena de la vida en el territorio y garantizar, a través de la normatividad especial, el pluralismo jurídico, el ordenamiento ambiental y el fortalecimiento organizativo. 2. El reconocimiento por parte del gobierno nacional y entidades estatales del papel de los médicos tradicionales, los curanderos y los mayores consejeros como autoridades protectoras del Katsa Su. 3. La adopción de instrumentos de autogobierno y el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, libre, informada, con consentimiento y de buena fe. Por este motivo y en relación a las industrias extractivas, el plan de Salvaguarda étnica del pueblo Awá (2012, 207) exige cuatro puntos clave. Precisamente, cabe destacar que éstos constituyen uno de los puntos conflictivos en los espacios de diálogo con el gobierno. En relación a las industrias extractivas no se alcanzó acuerdo con el gobierno en la Mesa de Concertación con el Pueblo Awá (MCAWA), puesto que se demandaba la revocación de las licencias y concesiones mineras en el territorio y la reorientación de la política de intervención territorial del gobierno: 1. En el territorio Inkal Awá no se permiten las licencias y concesiones mineras. Se declaran inconsultos e ilegales los procesos de licencia para la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, minerales y recursos renovables otorgados o en proceso de adjudicación. 2. Se exige la revocación de las licencias y el retiro inmediato de las empresas extractoras del territorio, debido al incumplimiento de lo estipulado en la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 171 de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT ratificado por la Ley 21 de 1991, la Sentencia T - 129 de Marzo 3 de 2011 y el Decreto-Ley 4633 del año 2011. 3. Se propone la re-orientación de las políticas de intervención territorial que conllevan consecuencias negativas, derivadas de la exploración y explotación minera, de hidrocarburos, el aprovechamiento forestal, servicios ambientales y de la biodiversidad. 4. Se demanda prevenir, restaurar, compensar y garantizar la no repetición de los impactos y efectos nocivos generados por la implementación de megaproyectos de infraestructura, viales, energéticos y de comunicaciones en el territorio Inkal Awá, aplicando las medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales contenidos en la ley. Así mismo, la demanda de este reconocimiento de la organización propia Awá como autoridad ambiental y territorial se produce paralelamente a la realización de procesos internos para fortalecer a las poblaciones Awá y su descendencia: “Ha sido muy interno de la comunidad. Hemos hecho una minga, equipos de trabajo. Nos ha permitido afianzar con toda la comunidad, y lo hemos mantenido. Mantener de nuestra cultura, nuestra costumbre y nuestra vivencia. Y así nos hemos ganado espacio en las entidades y en nuestro ámbito territorial. Nos ha permitido sostener nuestros 4 ejes centrales, son los elementos y nuestra herramienta para ponernos en defensa para toda la familia” (Ex Gobernador del resguardo Gran Rosario y Consejero Binacional de la UNIPA, 2016, Nariño, Colombia). El mismo entrevistado destaca que la postura se basa en ser indígena. Es decir, ser Inkal Awá (gente de la selva), pero con la responsabilidad de mantener la parte territorial y ejercer la autonomía, para mantener la cultura propia. Considera que, si no se interviene, no se hacen valer los principios de lucha de las organizaciones indígenas –en este caso la UNIPA. Por este motivo, no se puede permitir la entrada de la minería 172 que es “llegada de otra gente y a la fuerza, con amenaza. Sus intereses traen muertes, amenaza e invasiones”. En relación a ello, se han llevado a cabo propuestas de los mayores de ir al territorio y explicar a los jóvenes: “Mucha gente de la comunidad ya no cree, se explica a los jóvenes, para reafirmar la identidad y fortalecimos la parte organizacional, reafirmamos el ser Awá y la UNIPA como organización. Este parte de que hay que defender lo propio y que la cultura es clave a nivel político. Y lo ecológico parte y se parte de estos 4 mundos. Lo que se hace es analizar. Ya que todo está relacionado. El suelo con el segundo, en la contaminación del aire afecta al tercero, inclusive se habla del cuarto como afecta, por los satélites. Y es bueno, ¿cómo lo vamos a corregir? Y la parte espiritual habla de armonizar” (Asesor sobre afectaciones ambientales de la UNIPA, 2016, Nariño, Colombia). Si bien no se trata de respuestas directas ante la minería, en una línea similar se han producido iniciativas por parte de las mujeres que parten de esta concepción integral con el territorio. Desde la Consejería de Mujer y Familia de la UNIPA, la misma consejera informa de la realización de proyectos iniciados por mujeres. Un ejemplo de ello se da en el resguardo el Gran Sábalo, donde se impulsó el proyecto de “Mujeres mensajeras de vida” -inkaltas awá ashampa kamakpas-, por parte de mujeres hablantes de awapít, con la idea de recuperar la lengua. Ante la violencia extrema y las masacres contra la población civil, la presencia de todos los actores armados conllevó muchos cambios a nivel relacional y en los modos de vida. Uno de ellos ha sido el incremento de la violencia machista fuera y dentro de las familias, también la pérdida de la lengua propia, por miedo, por vergüenza y por aculturación, en los contextos con más presencia de la economía de la cocaína y de la economía de mercado. Según la consejera, fue un proceso lento de trabajar el “reconocerse como mujer y ser una misma”. La idea del proyecto “Mensajeras de vida” es el retorno al modo de vida y cosmovisiones anteriores, mediante una estrategia de comunicación 173 artística y audiovisual y el trabajo interno de visibilización y promoción del rol de la mujer Awá. En el Katsa Su, se parte del rol de la mujer como transmisora de vida y de conocimiento. Son las gestoras de “lo propio”, con lo cual preservan la identidad cultural: transmiten la historia originaria y la concepción de la realidad basada en los cuatro mundos. En relación a la reproducción de la vida, gestionan los rituales de los ciclos vitales (por ejemplo, el de devolver las placentas a la tierra después de los partos). También, realizan la conexión oral y transmiten el conocimiento de las plantas y sus propiedades curativas, trabajo que siempre han hecho “las mayoras” quienes poseen los conocimientos médicos con las plantas. En relación a las mayoras, se está priorizando reconocer su historia y se hace hincapié en la parte espiritual de las plantas y la importancia de las prácticas chamánicas. La importancia de este proyecto recae en poder recuperar las relaciones sociales y espirituales truncadas por el conflicto y el despojo no sólo económico, sino también cultural. La recuperación de la lengua awapit constituye, en sí misma, un acto de resistencia que conecta el estar, vivir e interaccionar en el territorio y el en cosmos-ambiente, con la reproducción de la vida y las acciones de resistencia activa. En definitiva, como fruto de esta investigación, se ha proporcionado una primera radiografía de la actividad minera en el territorio Awá así como del posicionamiento que emerge desde sus organizaciones. Se ha mostrado cómo la actividad se encuentra en una fase incipiente de exploración y explotación basada en la ilegalidad, por un lado, por parte de pequeñas empresas familiares sin titulaciones y, por otro, bajo la sospecha de vínculos con los grupos armados (guerrilleros y paramilitares) que actúan en el seno de canales de extracción criminales. También se ha explicado cómo el Katsa Su está en el punto de mira de los intereses extractivistas y se tiene constancia de solicitudes de exploración minera. Éstas amenazan con solaparse y complementarse con las actividades de extracción de hidrocarburos, agroindustria, megaproyectos y producción y comercialización de cocaína. También, se ha apuntado en cómo la irrupción de la minería del oro es 174 concomitante al surgimiento de casos de violación de Derechos Humanos relacionados con ésta. Prueba de ello se encuentran en algunos casos de señalamientos, hostigamientos, amenazas, agresiones, violencia de género y homicidios perpetuados contra la población vinculada a la movilización colectiva. En definitiva, se han expuesto las experiencias de lucha y defensa territorial de un pueblo atrapado en una tupida telaraña de intereses económicos y que intenta ejercer jurisdicción, autonomía e intervención en un laberinto político y militar donde operan los agentes locales, nacionales e internacionales que deberían construir y garantizar el proceso de paz. Por esto el Katsa Su debe ser foco de atención de nuestras miradas. En el momento en que se realizaba la investigación existía un horizonte en donde, aunque visto desde una cierta incredulidad, la paz parecía posible. A día de hoy, quedan muy lejos las garantías, sobre todo para los pueblos y comunidades que habitan en la encrucijada de un capitalismo gansteril depredador y unos grupos armados funcionales a éste. Ante el cambio de arena política y la retirada de uno de los actores armados, ¿cómo se configura el escenario político local? ¿Está el proceso de paz libre de conflicto? ¿Qué garantías tiene el pueblo Awá? En plena construcción de paz, es alarmante cómo la minería está asociada, más que nunca, a la continuidad de la violencia y de la criminalidad, lo cual da una vuelta de tuerca a la vulnerabilidad de las personas que defienden la vida, para oponerse a unos planes de muerte. 175 Bibliografía Organizaciones del Pueblo awá, UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP, (2012) Actualización del Plan de Salvaguarda étnica del pueblo Awá, Putumayo, Colombia, [en línea] disponible en: http://observatorioetnicocecoin.org.co/ cecoin/files/P_S%20Aw%C3%A1.pdf [Accesado el 08/05/2017]. Aristizábal, J., (2014) “El pueblo Awá”, en Observatorio ADPI (2014), Sus armas no lograrán extinguir nuestra palabra. Informe de riesgos de extinción en 6 Pueblos Indígenas de Colombia, Barcelona, Observatorio ADPI (autoedición). 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Sinergias y alianzas estratégicas para la salud y el desarrollo social Gold and mercury in middle Caquetá River por: Pablo Andrés Martínez Silva / pmartinez@sinergiasong.org I una pequeña isla que se ubica justo al frente de ésta, donde abundan una variedad de monos selváticos, y pareció que, exceptuando por los ruidos de estos, el silencio continuaría. Sin embargo, al desembarcar, nos tomó por sorpresa la música de lo que suelen conocerse como “corridos prohibidos”, una variación de la música norteña de ascendencia mexicana que se usa para narrar historias de ilegalidad y violencia, las cuales suelen encerrar las incertidumbres éticas y morales de estos contextos. La música, retumbando en medio del asentamiento inmóvil, con el ruido de fondo de la planta generadora de combustible, salía de la primera casa, que a su vez tenía un letrero que la identificaba como tienda, donde se podían ver elementos básicos para la vida amazónica: velas, pilas, sal, arroz, etc. Llevábamos días en que el silencio prolongaba nuestra estancia en los asentamientos del medio río Caquetá. Desde la embarcación, vimos a la distancia la comunidad de Los Monos, la cual toma su nombre de El responsable de la tienda y de la música era un joven Murui-Muinai por los 20 años, de camiseta y pantalón acabado por el uso. Al vernos, atinó a saludarnos y ofrecer lo que tenía a la vista. Le solicité unas velas, un par de encendedores y algunas pilas para la linterna. Luego de la Imagen 1. Imagen 2. Entrada a la comunidad de Los Monos. El río Caquetá a la entrada al Canal de Angosturas. Créditos: Pablo A. Martínez S. Créditos: Pablo A. Martínez S. 180 181 breve transacción, dijo: “También tengo cerveza. No esta fría, fría, pero esta buena”. Agradecí la oferta, y le afirmé que de pronto un poco más tarde vendría y compraría alguna, pero antes debía hacer otras cosas. Estábamos expuestos al calor y humedad propios de la selva ecuatorial. Seguíavanzando por el asentamiento con la intención de poder hablar con la autoridad, contarle el interés de nuestra visita y, de ser posible, encontrar una manera de reunirnos con todos los habitantes de Los Monos. Al paso me salió una señora ya mayor, y procedí con las habituales pautas de formalidad que estas visitas requieren. Pronto llegamos a la pregunta por la situación del asentamiento, las novedades y hechos inesperados de los últimos días. “En general, hemos estado bien”, dijo, “lo único raro es que regreso este joven que trabaja en la minería. Ya lleva unos días bebiendo y con esa música a todo volumen. Y nadie le puede decir nada, porque es el que trae dinero”, concluyó. II El medio río Caquetá es el territorio localizado en ambos márgenes de un largo trayecto fluvial delimitado entre las Bocas del río Caguán y el casco urbano del corregimiento departamental de La Pederera1, departamento de Amazonas, muy cerca de la frontera colombo-brasilera. Este río funciona como principal vía de comunicación de una extensa región amazónica, delimitando en distintos momentos el departamento del Caquetá de Putumayo y Amazonas, respectivamente. Algunos cientos de metros abajo del Canal de Araracuara, el río pasa de lleno al departamento de Amazonas, en el corregimiento departamental de Puerto Santander. A estas formas de ordenamiento territorial se sobreponen, en primer lugar, algunos municipios –Solano en el caso del Caquetá, Puerto Leguizamo en 1 La figura territorial de “corregimiento departamental” es una figura irregular en la legislación colombiana. Su existencia se ha dado en virtud de mantener cierto tipo de ordenamiento anterior a la Constitución Política de Colombia de 1991. 182 el de Putumayo–; variedad de resguardos indígenas –el Predio Putumayo, Mirití-Paraná, Puerto Zábalo Los Monos, Monochoa, Nonuya de Villazul, entre otros –; y territorios denominados “baldíos”, pero con ocupación de cientos de colonos desde hace décadas. A lo anterior, se suma la existencia de Parques Nacionales Naturales, los cuales se sobreponen o delimitan territorios de resguardo. Este complejo entramado político-administrativo, que genera profundos problemas de gobernanza que son reforzados por la dispersión geográfica y dificultades de comunicación, es el resultado de las formas como el Estado colombiano asumió desde su creación hasta años recientes su relación con la Amazonía. De ser un territorio agreste, habitado por “salvajes” (Serje de la Ossa, 2005), es introducido en el imaginario nacional a partir de las primeras bonanzas extractivas –caucho y pieles– (Gómez López y Dominguez, 1990 y 1994), y los procesos de evangelización encomendados a la iglesia católica a partir del Concordato establecido entre Colombia y la Santa Sede en 1887 (Gómez López, 2010). Posteriormente, volverá a ocupar una primera plana con el desarrollo del conflicto armado Colombo-Peruano entre 1932 y 1933 (Gómez López, Lesmes, Rocha, 1995) y la creación, algunos años después, de la Colonia Penal de Araracuara (Useche Losada, 1994 y 1998). Finalmente, se integrará como una parte importante de la geografía del conflicto armado y del narcotráfico de las últimas décadas del siglo XX, estigma que poco a poco cede en este nuevo siglo (Tobón, 2008). La población mayoritaria del medio río Caquetá la constituyen indígenas conocidos como “Gente de Centro”, los cuales se reconocen como parte de los pueblos Murui-Muinai, Muinane, Andoque, Nonuya, Bora, Miraña, Okaína y Resígaro. A esta población se suma un porcentaje menor de mestizos procedentes de otras regiones del país, quienes han llegado o son descendientes de aquellos que llegaron en los procesos históricos antes mencionados. A diferencia de los indígenas, que ocupan el territorio en asentamientos en los márgenes fluviales, los mestizos se ubican en los cascos urbanos de los corregimientos departamentales de Puerto Santander y La Pedrera, donde viven principalmente del comercio, de cargos institucionales o de la Fuerza Pública. Por la parte alta del río, en los márgenes del río Caquetá y 183 el Caguán se asientan algunos colonos, quienes vienen organizando asentamientos a la forma de caseríos. Algunos de los pueblos indígenas ocupan el mismo territorio de sus antepasados, el territorio ancestral, mientras que otros han llegado a la región. Entre los pueblos que han llegado, se encuentran los Murui-Muinai y Muinane, habitualmente denominados “Uitotos” o “Witotos”, los cuales llegaron a la región huyendo de la Casa Arana, durante la primera bonanza del caucho. Ésta se había asentado en las riveras del Igara Paraná, especialmente en el lugar hoy conocido como La Chorrera, que es reconocido por estos dos pueblos como el lugar de sus antepasados (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). Con la Constitución Política de Colombia en 1991, surgen en el territorio expectativas por parte de los pueblos indígenas de administrar el territorio de forma autónoma. Desafortunadamente, a dicha expectativa se contrapone la fragilidad de las entidades territoriales constituidas jurídicamente, las cuales surgen con escasos recursos para garantizar los procesos necesarios para hacer un ejercicio adecuado de dicha autonomía (Andrade León, 2014). Este escenario, sumado al estigma ya señalado de las últimas décadas del siglo XX, ha hecho que la región se encuentre en un alto grado de abandono, lo cual constituye el telón de fondo de la explotación de oro. modelo de conocimiento, suele ser regulado a través de una serie de pautas que garantizan la estabilidad de la reciprocidad y, por ende, el “estar bien”. Entre dichas pautas se encuentra el reconocimiento de tiempos y espacios de la selva más adecuados para su uso, las acciones rituales, los procesos de formación y socialización del individuo como miembro de una familia, una comunidad y un pueblo (Quiroga Sanabria, 2009). Este conocimiento persiste gracias al trabajo oral que hacen hombres y mujeres mayores, algunos de los cuales son considerados en la categoría de sabedores. Circula en todas las actividades cotidianas, pero en el caso de los hombres toma un lugar especial en las noches en las “malocas” o “mambeaderos”. En estos escenarios, la palabra se acompaña del consumo de coca y ambil, lo que la hace poseedora del valor de verdad. La “palabra de coca y tabaco” es el conocimiento de la “Gente de Centro”, y en ella se encuentra el origen de las cosas y los fundamentos para lograr una vida exitosa en la selva (Candre y Echeverri, 1993). III El modelo de conocimiento de los pueblos indígenas de la región amazónica, que presenta algunas variaciones entre ellos, suele ser denominado “ecológico” (Reichel-Dolmatoff, 1997)2. En éste se parte de la comprensión del ser humano como una parte del universo que establece relaciones, basadas principalmente en la reciprocidad, con el entorno visible o invisible. El aspecto relacional de este Imagen 3. 2 Si bien aún persiste en la comprensión de estos modelos de conocimiento la noción ecológica, en los años recientes han surgido importantes críticas orientadas a la especificidad de lo que consiste dicha noción. 184 Maloca o “mambeadero” del medio río Caquetá. Créditos: Pablo A. Martínez S. 185 El oro aparece en esta “palabra de coca y tabaco” de los pueblos indígenas del medio río Caquetá. En ella se reconoce la existencia del metal en el origen de los tiempos, siendo un rezago del sol y la luna, que constituyen dos variedades del metal reconocidos por la población, el cual se ha quedado como parte constitutiva del territorio, lo que la hace poseedora de múltiples relaciones con los otros seres, visibles e invisibles, del entorno selvático (Fundación Tropenbos 2012). Estas relaciones son las que se ven alteradas cuando se produce la remoción o extracción del oro y, por ende, se produce una pérdida del atributo de reciprocidad, lo que obliga a prepararse para un deterioro general del medio en sus diferentes niveles. Al ser rezago de sol y luna, fundamentales en la definición de los tiempos y espacios selváticos, la remoción y extracción del oro va a producir cambios de índole general que van a poner en riesgo la subsistencia. Al ser un rezago inmerso en el territorio, éste se encontrará incompleto, por lo cual las relaciones entre seres visibles e invisibles se deteriorarán, generando mayores problemas. El efecto en los seres humanos será una prolongación de lo anterior, haciendo daño a individuos, familias y comunidades. Es por ello que, desde el conocimiento tradicional, la extracción de oro pone en riesgo la pervivencia de los pueblos. ¿Qué hacer en un contexto de enorme fragilidad, con una expectativa de autonomía, y un reconocimiento de los problemas posibles desde lo tradicional, ante la obsesión del oro? IV Las primeras “balsas” mineras llegaron a mediados de la década de los noventas. El contexto de transición jurídico-administrativo posterior al cambio constitucional, a la par de la presencia de los actores del conflicto armado y del narcotráfico, favorecieron que éstas ingresaran sin ningún control (Tobón, 2008; Resguardo Puerto Zábalo Los Monos, 2017). La obsesión por el oro en el territorio amazónico viene de los tiempos de la Conquista. La leyenda de El Dorado, una utopía construida edificada 186 con este metal, fue desplazándose progresivamente de los territorios del istmo de Panamá hacía los Andes, y de allí hacia las llanuras de la Orinoquía y la selva de la Amazonía. Francisco de Orellana, Pedro de Ursúa, Lope de Aguirre, Pedro Malaver de Silva, entre muchos otros, sucumbieron en la búsqueda de esta utopía y de otras hermanadas, como “El País de la Canela”. Ya en décadas recientes, la Amazonía colombiana tuvo su auge de explotación minera en el actual municipio de Taraira, departamento del Vaupés. Allí, en 1986, un indígena de apellido Valencia la ubica en una formación rocosa, que luego recibirá el nombre de Cerro Rojo, de la cual se desprenden pepas de oro. La noticia se extenderá, primero, en la región, y luego a nivel nacional, llevando a una oleada migratoria de buscadores de fortuna. La producción será de tal magnitud que Taraira se convertirá en el asentamiento selvático más habitado en este período, y se llegó a rumorear que el Banco de la República, banco central de Colombia, alcanzó a planear una sucursal en este lugar (Defensoría del Pueblo, s.f.). La sobrexplotación de Cerro Rojo se acabó como yacimiento a cielo abierto, reconociéndose que para seguir con la extracción se requería de tecnología imposible de adquirir para los colonos ya asentados. Inicia así la decadencia de Taraira y una larga discusión que ha continuado hasta el día de hoy en los denominados “Títulos Mineros”. Los colonos buscaron nuevos horizontes en la recolección de hoja de coca y su transformación en cocaína, que se incrementó exponencialmente en la década de los noventas, o buscaron nuevas alternativas de minería basadas en el “bateo” o su expresión más elaborada: las “balsas”. Entre las personas que aprendieron las dinámicas de la minería en Taraira, además de colonos, se encontrarán algunos indígenas de diferentes pueblos. Estos serán los encargados de transmitir este nuevo discurso a los más jóvenes, que ante las posibilidades restringidas del nuevo contexto jurídico-administrativo, verán en la minería una alternativa de existencia. Lo anterior ha implicado alejarse progresivamente del conocimiento tradicional, de los mayores y sabedores, y acercarse 187 más a la obsesión del oro. Se ha abierto así una profunda brecha entre comunidades y pueblos, que ha venido de la mano con problemas de índole familiar y social. V Las “balsas” con las que me encuentro por el río Caquetá, las mismas donde labora el joven Murui-Muinai que recientemente me ha ofrecido una cerveza, tienen como base la ingeniería local. Dos canoas de madera se cierran, convirtiéndose en sendos flotadores. Sobre estos se hará una plataforma lo suficientemente amplia para ubicar la maquinaría necesaria para el proceso de extracción, y algunas otras cosas necesarias: una pequeña cocineta, una bodega de combustible y un lugar donde colocar la hamaca. A esta plataforma se le colocan unos parales que sostendrán el techo, lo cual hace que las “balsas”, a la distancia, parezcan casas flotantes. Éstas se anclan en partes torrentosas del río, con la intención de obtener volúmenes importantes de agua que serán filtrados hasta obtener los residuos. A dichos residuos se les agregará el mercurio, un metal líquido con alta afinidad por el oro, el cual se ligará a este, obteniendo una amalgama oro-mercurio, que después será separada bien sea por evaporación o por uso de otro producto con el cual tenga mayor afinidad. El mercurio residual, el fijado inicialmente y después separado, será arrojado a las aguas del río donde decantará al fondo, siendo consumido por diferentes especies de peces, especialmente los siruliformes o nicuros, popularmente conocidos como “bagres”. para caminar, problemas cognitivos-, en el caso del hígado problemas propios del metabolismo, y en el caso de los riñones, insuficiencia renal. La otra forma de toxicidad en humanos es por consumo de especies animales o vegetales, que hayan almacenado mercurio en su interior. Los pescados, por ser los más expuestos, ocupan un primer lugar de riesgo, y de entre estos, el señalado “bagre”. Cuando se consume, pasa directamente al hígado, y de ahí a la sangre, a través de la cual puede llegar a los otros órganos. Imagen 4. Niños y niñas Murui-Muinai. Créditos: Pablo A. Martínez S. El mercurio es altamente tóxico. Durante el proceso de separación de la amalgama mediante evaporación, puede despedir vapores que rápidamente irritan las vías respiratorias, generan inflamación en los pulmones, llegando incluso a provocar edema. Por esta misma vía pasa al torrente sanguíneo, donde puede llegar a el cerebro, el hígado y los riñones, donde se depositará y almacenará causando deterioro propio de cada uno de estos órganos. En el caso del cerebro, los signos y síntomas serán principalmente neurológicos –somnolencia, dificultad 188 Si bien la intoxicación por mercurio afecta por igual a todos los seres humanos, son las mujeres en embarazo y los niños/as los que más suelen preocupar. En el caso de las primeras, el mercurio puede pasar al feto en proceso de crecimiento y desarrollo, produciendo daños estructurales neurológicos irreversibles, llevando a una situación de capacidad diferenciada permanente. En niños/as, por otro lado, se pueden producir alteraciones que lleven a déficit cognitivo, y por esta 189 vía, un bajo desempeño de las capacidades necesarias para una vida autónoma e independiente. En la vida cotidiana de los pueblos indígenas del medio río Caquetá, la pesca ocupa un papel central en la subsistencia: es un río amplio, torrentoso y, con muchas especies. Entre estas, destaca el “bagre”, que posee bastante carne de buen sabor, lo que permite la alimentación de familias y comunidades. Además, su pesca es bastante fácil, comparada con otras especies. Estoy en la comunidad de Los Monos. La señora, dueña de la casa donde nos hospedamos, me alcanza un plato de comida: un delicioso caldo de “bagre” con ají. Me lo como completo. VI En los últimos años las organizaciones indígenas, con el apoyo de algunas gubernamentales y no gubernamentales, vienen ejerciendo un intenso cabildeo para visibilizar el problema de la minería en del medio río Caquetá. Como resultado de ello, en el año 2014 se realizó el primer estudio de campo en el territorio comprendido entre Puerto Santander y La Pedrera. Los resultados han pasado por diferentes procesos de socialización y divulgación, y fueron puestos a disposición de la comunidad científica en 2016 (Olivero-Verbel et al., 2016). Dicho artículo da cifras a lo que más se temía: de doscientas personas en las cuales se tomó muestra de mercurio en cabello, el 94% tenía concentraciones que superaban las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y un 79% incluso duplicaba esta. El pescado, con sus debidas variaciones, se ve como un potencial riesgo en la región. Al final del mismo artículo, se recomienda que las poblaciones del río restrinjan en su dieta de algunos peces, especialmente carnívoros, así como de la lactancia en las mujeres. Solo una acción de Estado que limite la explotación minera, podría garantizar un auténtico cambio en los riesgos encontrados. Los pueblos Bora y Miraña, principales habitantes del territorio del estudio, así como otros del medio río Caquetá, recibieron 190 con perplejidad los resultados y las recomendaciones. Sustraer una parte importante de la dieta, implican profundos cambios no tanto por lo que constituye sino en el manejo de los aspectos relacionales del conocimiento tradicional. Pero también obliga a que la población entre en una lógica desconocida de manejo de tiempos a corto, mediano y largo plazo, que una intoxicación crónica conlleva. Lo anterior se resume en uno de los testimonios recogido por la propuesta transmedia “Una parte por millón” (Mejía López, 2016). En este, un indígena del pueblo Miraña del asentamiento de Puerto Remanso, participante del estudio, visibiliza las incertidumbres de la población en general de reconocer esta situación y tener que tomar decisiones: “Va a ser muy difícil decir dejé de comer. Ya. Lo único que ellos dicen. ¿No? Pues si eso tiene mercurio, y esa es la comida favorita de mi hijo y de mi familia ¿cómo yo voy a dejar de comer? Bueno, si es que vinieron a dar este resultado, pues, ¿para qué vinieron a nosotros a sugestionar? ¿Si? ¿O poner en preocupación? Si no podemos hacer nada, pues vamos a seguir consumiendo a ver hasta dónde es que llegamos” (Mejía López, 2016). Con los resultados del estudio, además, se hace evidente la necesidad de realizar una intervención terapéutica a la totalidad de la población expuesta. El tratamiento de la intoxicación por mercurio, al igual que el de muchas otras intoxicaciones, se realiza a través de un procedimiento llamado “quelación”. Este consiste en la aplicación de otro producto, en este caso un fármaco, con afinidad al mercurio, al cual se fija, facilitando su expulsión por medios naturales. Para hacer el tratamiento se requiere, en primer lugar, tomar muestras de mercurio en sangre, para establecer los niveles. Luego, se inicia la terapia que dura en promedio catorce días, bajo supervisión de alguien capacitado. Se finaliza con una nueva medición de niveles en 191 sangre, y controles periódicos, cada seis meses, vigilando que no haya nuevas exposiciones. Este tratamiento es bastante costoso, y según los datos que se manejan en el territorio, llegarían a ser entre 2500 y 3000 personas expuestas. Hasta el momento el Estado, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sus instituciones y funcionarios, guardan silencio. La Convención de Minamata de la Organización de Naciones Unidas (2013), la cual se orienta a establecer pautas para el adecuado uso del mercurio, hasta ahora inicia su tránsito por el legislativo colombiano. Y mientras tanto, siguen las “balsas” en el río. VII La extracción de oro en el medio río Caquetá se puede comprender, siguiendo el precepto del conocimiento tradicional, como una alteración de las relaciones entre distintos elementos. La primera de estas relaciones, es aquella establecida entre la nación y la región, la cual se haya compuesta de imaginarios de territorios ingobernables habitados por “salvajes”, con presencia de actores armados ilegales y narcotráfico. De otra parte, estos imaginarios tratan de ser controlados mediante un profundo ejercicio de ordenamiento territorial que desconoce dinámicas de gobernanza local, capacidades de producción de recursos propios de inversión, y escasas competencias para el actuar administrativo. Esta combinación de elementos hace que nuevas instituciones informales emerjan en el territorio, y con ello la posibilidad de la minería. Una segunda relación es la que se produce entre los mismos pueblos y comunidades. Las bonanzas extractivas, entre ellas la minera, ha deteriorado el profundo entramado existente entre pueblos del medio río Caquetá y al interior de los asentamientos. Algunos pueblos y comunidades actualmente reflexionan seriamente sobre convertirse o no en “territorios mineros”, con lo cual podrían apalancar otros procesos que exigen recursos: mejoramientos de vivienda, 192 proyectos educativos, atención en salud y formación de líderes para la gobernanza. La tercera relación en crisis es la de los conocimientos. Una profunda transformación está teniendo lugar en los indígenas en torno a su relación con el conocimiento tradicional, la cual se manifiesta en desconocimiento de las formas tradicionales de uso de la selva o de sus pautas de control en las generaciones más jóvenes. Junto a esto, se impone el conocimiento occidental desde las escuelas e internados de la región que, si bien no logra afianzarse, si genera profundas transformaciones en las expectativas de los jóvenes. Expectativas que con la obtención de dinero producto de actividades como las mineras, pueden ser resueltas de forma temporal. Cualquier acción que se quiera tomar para enfrentar la problemática, requiere su integralidad. El Estado de la mano con la gobernanza local, una reflexión como asentamiento y como región, un equilibrio entre conocimiento tradicional y occidental. Solo la acción a todos los niveles, será eficaz. VIII Estoy reunido con las autoridades del Resguardo Puerto Zábalo Los Monos en la maloca de Puerto Berlín. La idea es discutir el trabajo que hemos venido realizando durante los últimos meses. Una de las autoridades ha traído de Puerto Santander una de las cartillas de divulgación del estudio sobre la contaminación por mercurio en el medio río Caquetá. Mientras hablamos, esta cartilla va circulando, siendo leída con detenimiento. Toma la palabra el encargado de liderar la reunión: - “Esto del mercurio es serio. Al mayor de la comunidad de Los Monos lo sacaron el otro día a Florencia , y le tomaron pruebas que salieron muy altas. Estamos intoxicados”, dice. - “Qué podemos hacer?”, pregunta algún otro. 193 Tomo la palabra, hago algunas aclaraciones, explico la situación y las posibilidades. Intento resolver la mayor cantidad de dudas posibles. - “Creo que debemos pasar a las vías legales”, dice un mayor, con su voz clara, desde el rincón de la maloca. 194 Bibliografía Olivero-Verbel J, L Carranza-López, K Caballero-Gallardo, A Ripoll-Arboleda, D Muñoz Sosa (2016). “Human exposure and risk assessment associated with mercury pollution in Caqueta River, Colombian Amazon” en Environ Sci Pollut Res 23: 20761-20771 Andrade León CA (2014). Monáitaga úai – Palabra que se hace amanecer. El cambio en las formas de “gobierno propio” entre la Gente de Centro del medio río Caquetá, Amazonía Colombiana. Memoria presentada como requisito para obtener el grado de Maitre es sciences en Antropología. Montreal, Universidad de Montreal. Organización de Naciones Unidas (2013). Convención de Minamata sobre el Mercurio. Minamata. 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Mejía López, LS (2016). Una parte por millón. [online]. Disponible en: http:// unapartepormillon.com/ Consultado el 16 de febrero de 2017. 196 197 CÓMO AFECTA EL EXRACTIVISMO EL CUERPO Y LA VIDA DE LAS MUJERES Capítulo 6 Socorro Corrales Carvajal Una mirada ecofeminista desde el Cauca, Colombia Fotografía: Javier Sulé O. 198 199 Cómo afecta el extractivismo el cuerpo y la vida de las mujeres: una mirada ecofeminista desde el Cauca, Colombia How Extractivism affects the body and life of women: an ecofeminist outlook from Cauca, Colombia por: Socorro Corrales Carvajal1 / acorrales@comunitar.org.co Resumen Este artículo es una especie de compendio del ideario político de la Corporación de mujeres ecofeministas –COMUNITAR-. Ideario volcado en el Observatorio “Mujer tierra y territorio” que desde 2014 venimos trabajando con el fin de documentar, analizar y visibilizar las dificultades de participación política y de acceso de las mujeres a la tierra. El Observatorio, entre sus tres variables, pone en evidencia los impactos de la minería en el cuerpo y vida de las mujeres. Con los datos y/o testimonios allegados al observatorio buscamos también visibilizar a las mujeres como actoras sociales y políticas, y pretendemos incidir en el debate público para la construcción de la paz territorial con enfoque de género; una paz que transforme la mirada sobre lo que somos, queremos y necesitamos las mujeres para vivir con dignidad. En síntesis, el ideario de Comunitar apunta a la deconstrucción del patriarcado y, desde esta deconstrucción, hacer aportes en la implementación de los Acuerdos de paz pactados entre el gobierno y las FARC-EP. Acuerdos en los que las mujeres estamos comprometidas y activas como gestoras de paz en los territorios físicos y emocionales. Acorde con lo anterior, este artículo emerge, en parte, de los informes del observatorio. Informes que, pese a la poca información estatal y pública, recogen y expresan algunos de los graves efectos de la minería en el cuerpo y vida de las mujeres. Palabras claves: Ecofeminismo, tierra, territorio, cuerpo, vida digna, derechos, extractivismo, minería. Preludio Imagen 1. Movilización de las Mujeres en vía Panamericana. Ruta Pacífica de las Mujeres. Créditos: Archivo Corporación Comunitar 1 Cofundadora de Comunitar, organización punto focal de la Ruta pacífica de las mujeres en el Cauca. Profesora jubilada de la Universidad del Cauca, también fundadora del Grupo de investigación de Educación en género de la misma universidad. 200 “Con la llegada de la minería, hemos visto que aumentan los embarazos no deseados…” Mujer testimoniante En coherencia con uno de los objetivos del Observatorio de Mujer, tierra y territorio por visibilizar y evidenciar los impactos de la minería en el cuerpo y vida de las mujeres, la primera parte de este artículo 201 está dedicado a lo que expresan mujeres rurales sobre su sentipensar, preocupación o visión de cómo la minería afecta no sólo sus cuerpos y sus territorios, sino la convivencia. Y, por supuesto, cómo afecta la paz cotidiana, justa, participativa e incluyente. Es decir, cómo la minería afecta aquella paz con enfoque territorial y de género que esperamos que el postacuerdo posibilite, tal como se pactó en respuesta a la demanda histórica de las organizaciones de mujeres por romper el patriarcado y por exigir que la ruralidad sea atendida por el Estado. Esto en franco reconocimiento a que es en el Campo donde la violencia armada ha dejado los mayores estragos y el mayor número de víctimas. Pero también, en reconocimiento a que las mujeres rurales contribuyen de manera notable en el cuidado de la Biodiversidad y en la producción de alimentos, pese a que el acceso a la tierra les ha sido casi imposible. La segunda parte del artículo muestra cómo un observatorio contribuye a ampliar la mirada y la pertinencia del enfoque territorial y de género. Y la tercera parte está dedicada a ver, de manera más específica, cómo la paz será más imperfecta si las mujeres no cuentan con garantías para su participación en la implementación de los Acuerdos, así como también muestra los desafíos que tienen las organizaciones de mujeres en su participación para persistir en el reconocimiento y valoración de sus aportes a la biodiversidad de Colombia y a la necesidad perentoria de ampliar y cualificar la democracia. Participación, oportunidades y desafíos que están en alto riesgo si en Colombia no se frena la minería, si el extractivismo sigue ensanchando sus tentáculos desarrollistas que expropian y vulneran los territorios físicos y emocionales de los pueblos. Las tres partes del artículo, desde el ecofeminismo agenciado y resignificado por Comunitar, exploran y entretejen las afectaciones del extractivismo en general y de la minería en particular. Dichas afectaciones son manifestaciones palpables de la histórica iniquidad en la que las mujeres rurales han vivido en carne propia las asimetrías sociales de un sistema centralista, patriarcal, discriminatorio, racista, excluyente y depredador. En suma, un Estado ineficiente que debe dar muestras de cambios institucionales profundos que permitan, desde 202 el estado social de derecho consagrado en la Constitución de 1991, entender y atender a las mujeres rurales para alcanzar la Reforma rural integral, que es solo uno de los puntos del Acuerdo “…el Nuevo Acuerdo Final reconoce que el proceso de democratización del acceso a la tierra debe benefi¬ciar de manera preponderante a campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, partiendo de la relevancia que tiene para el campesino la tierra y su relación con ella.”(Bautista, 2017: 15). Pues es la tierra el hábitat natural, cultural, ancestral y espiritual que nos posibilita vivir, si no se expropia, si no se vuelve valor de cambio de negocios fraudulentos o de desmedido enriquecimiento. 1. Graves afectaciones de la minería en el cuerpo y la vida de las mujeres En el recorrido de este artículo y de los informes del Observatorio partimos de reconocer que las mujeres rurales del Cauca han tenido y tienen un vínculo ancestral con la tierra, con los territorios en los que han vivido, pervivido y resistido en su defensa. Este reconocimiento a una lucha ancestral es constitutivo de sentipensares ecofeministas que son los nichos histórico-políticos, teóricos, conceptuales y emocionales de Comunitar. “Sentipensares que revelan la conexión natural-social; individual y colectiva, la razón y la emoción, el reconocimiento y la convivencia en un mundo biodiverso. Relación cosechada de tantas semillas regadas en la historia por mujeres que se atrevieron y atreven a descolocar, a despatriarcalizar las formas de nombrar y recrear el mundo; a subjetivar la historia, la ciencia, la investigación y toda la sociedad en la que lo individual y lo social salen –o debieran salir- del binarismo opositor, estrecho y emprobrecedor de una sola mirada que ha sido endiosada como única explicación y posibilidad humana. En síntesis, mujeres en contra de todas las violencias, no solo las violencias armadas. En contra de discriminaciones y exclusiones que laceran la dignidad, la convivencia, la posibilidad de vivir bien, 203 con tranquilidad y confianza de no ser arrasadas ni en la casa ni en ningún lugar.” (Corrales, 2016: 32). Es desde estos sentipensares ecofeministas que retomamos, valoramos y analizamos algunos datos y, sobre todo, testimonios de mujeres que expresan la magnitud de los problemas causados por la minería. Son evidencias que traslucen las afectaciones cotidianas que enfrentan y que casi nunca cuentan en las estadísticas y acciones oficiales. “El sinnúmero de las afectaciones y daños que han tenido lugar en razón a ejercicios de minería en nuestro departamento, en particular de aquella mega-minería y minería criminal. –Sin número en su doble acepción: Sinnúmero por las cantidades de daños, y sin número por la falta de datos oficiales confiables. Afectaciones que pueden recogerse -agregándolas por aspectos específicos- sin llegar a contemplarlas todas, en: afectaciones sobre el medio ambiente, los sistemas económico-productivos territoriales, político-organizativos, socio-culturales, además de las afectaciones físicas y emocionales a las comunidades relacionadas.” (Ávila y Corrales, 2016: 78). A pesar de las afectaciones mencionadas, las mujeres rurales han logrado pervivir y sobrevivir y han hecho contribuciones para ayudar a cuidar y conservar la Bio–diversidad de la que se sienten y son parte. Es decir, las mujeres reconocemos cada vez más la imbricada relación biología - cultura en la que la Naturaleza no es solo lo ambiental o ecológico. Las mujeres somos parte de la Naturaleza. Somos parte del cuerpo individual y del cuerpo social –familia, comunidad, organizaciones, el Planeta que habitamos y nos habita–. Cuerpos en los que se ha ensañado el patriarcado para perpetuar los estereotipos y dogmas que inferirorizan a las mujeres y estigmatizan todo lo femenino Conciencia que también alude a que las mujeres reconocemos que somos parte de la multiculturalidad entendida como la diversidad de culturas que comparten espacios y tiempos en los que coexistimos y nos resistimos a la depredación, a la barbarie y la ignominia. A partir de esta concienciación sobre la biodiversidad valoramos y visibilizamos las afectaciones sistémicas y estructurales y por ende, las serias 204 e injustas desatenciones estatales que afrontan las mujeres víctimas, debido a la histórica ausencia gubernamental que impide garantizar los Derechos Humanos de las mujeres. De hecho, esta ausencia deviene en una falta de políticas públicas y programas de estímulo a la producción agrícola, a para garantizar la soberanía y autonomía alimentaria. Pero, por otro lado, la desatención estatal es más evidente aun cuando las mujeres se ven obligadas a salir de los territorios, a causa del asedio del conflicto armado o porque no han podido garantizarse formas de vida digna en sus comunidades. Por ejemplo, cuando la minería ilegal y criminal incentiva la profundización de grietas socioeconómicas, culturales, corporales y emocionales; individuales y colectivas. En resumen, esas grietas profundas en la vida rural de las mujeres se producen por carecer de tierra suficiente, o sencillamente no tenerla; o por efectos del desplazamiento forzado, ya sea por causa del conflicto armado y/o por los asedios de la minería ilegal y criminal. “En 2013 y 2014, el número de mujeres desplazadas (25.066) excede al número de hombres (22.473). La diferencia es de 2.593 mujeres más que los hombres. En 2013, la cifra de mujeres víctimas de este delito fue superior, con 1.364 casos al de los hombres, y para 2014, fue superior en 1.229. Si bien en 2014 disminuyó considerablemente el número de personas desplazadas, pasando de 30.904 a 17.056, disminución equivalente a un 55%, el desplazamiento de las mujeres siguió siendo superior al de los hombres. El conflicto armado generó que miles de personas (291.125) en el departamento del Cauca abandonaran sus territorios. De estos territorios abandonados, muchos fueron usufructuados por grupos armados, o incluso negociados con terceros.” (Corrales y Fernández, 2015: 36-37). No sólo nos referimos en este artículo al fenómeno del desplazamiento forzado a causa de la minería, sino que anudamos o entretejemos 12 afectaciones que muestran el preocupante vínculo entre minería, conflicto armado y explotación de recursos en general, con énfasis en cómo afecta el modelo extractivista el cuerpo y la vida de las 205 mujeres. Sobre este vínculo versa la tercera variable del Observatorio y sobre la cual la información de las instituciones es más escasa o casi nula. Vínculo y variable estrechamente asociadas a las otras dos variables que son: 1. Impacto del conflicto armado en el acceso, uso y goce de las mujeres a la tierra. 2. Situación de las mujeres y sus derechos civiles de propiedad, uso, goce y disposición de la tierra. “… la dimensión histórica, cultural y política de las mujeres en sus territorios, en sus cuerpos y en su cotidianidad, está asociada a tener tierra para poder vivir, y a otros flagelos como la minería. Flagelos que van en detrimento de la calidad de vida individual y colectiva.” (Ávila y Corrales, 2016:23). En el Observatorio se trabaja sobre estas tres variables que evidencian la complejidad del problema estructural de la minería que acrecientan la iniquidad histórica en la vida de las mujeres. Es sobre esta iniquidad que las organizaciones de mujeres rurales han centrado su trabajo organizativo al reivindicar y exigir sus derechos a la tierra, a territorios libres de violencias. Derechos que les permitan vivir en sus territorios con dignidad. 1.1 Ambientales “La dimensión minera y de hidrocarburos en el territorio caucano continúa extendiéndose, según actualizaciones de las cifras oficiales a febrero de 2016, con: 228 concesiones mineras que están en buena parte ubicadas en el Norte del departamento, en su mayoría de materiales de arrastre pero también de oro, plata, platino; 412 solicitudes mineras que comprenden la región Occidental Pacífica y Centro del departamento hacia el Norte y Sur; además de 27 áreas estratégicas mineras que abarcarían 408,099 hectáreas en 17 municipios caucanos; 7 explotaciones de hidrocarburos básicamente en la Bota caucana que conectan con bloques desde Putumayo; y 11 solicitudes de hidrocarburos. Estos datos que reflejan la voracidad extractivista, han puesto en gran peligro la gran mayoría de bienes naturales de nuestro departamento, bienes tan vitales como las fuentes hídricas.” (Ávila y Corrales, 2016: 73). “La minería ilegal y hasta criminal, en sus diferentes tipos de excavación y explotación, materializa con creciente fuerza nuevas disputas por la tierra, tenencia y usos del suelo y del subsuelo, convirtiéndose así la minería en otra expresión de la lucha por la tierra y por los territorios del Cauca. Desde esta óptica de expropiación, la tierra es vista no como madre dadora y conservadora de vida, sino como fuente de recursos altamente demandados en el sistema económico contemporáneo global. La minería, entonces, coexiste y complejiza la realidad de un país y departamento golpeados sentidamente por el conflicto armado interno y otros fenómenos de violencia social, haciendo más esquiva la posibilidad de habitar y convivir en paz.” (Ávila y Corrales: 19). A manera de ilustración, el Observatorio ha podido identificar entre las afectaciones más sentidas, las siguientes 12 afectaciones que casusa la minería en el cuerpo y vida de las mujeres y, por ende, en los territorios físicos y emocionales de la Biodiversidad de la que las mujeres somos p(arte). 206 Mapa 1. Distribución minera y de hidrocarburos y ríos en riesgo según CRC. Cauca. Fecha de corte, febrero de 2016. Fuente: Oficina del senador Iván Cepeda. Equipo de Trabajo 207 1.2 Específicamente en las fuentes hídricas “…en grave riesgo las fuentes hídricas no solo del Cauca, sino de todo Colombia. Al respecto, mediante Resolución, la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC- caracterizó recientemente ciertas cuencas que en el departamento están en grave peligro y que comprometen los ríos enunciados en el mapa 1 y, con ellos, la Biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades. Si bien tales ríos serían sólo una proporción de las muchas más fuentes hídricas” (Ávila y Corrales, 2016: 73). En el Cauca la defensa del Agua ha sido uno de los puntos clave en la defensa de los territorios. Por ejemplo, a partir de los daños ocasionados por la minería no formal en el norte del Cauca, las mujeres se han convertido en autoridades ambientales, exigiendo su protección y recuperación. Así lo testimonia una caucana, a propósito de la destrucción que se ha presentado sobre las fuentes hídricas y lo que ha implicado para las mujeres: “Nosotros teníamos unos hilos de agua, cada familia tenía su hilo de agua y se respetaba, nadie se pasaba a un hilo de otra familia. Iba toda la familia a ese hilo y se iba a hacer la merienda, eso iba trascendiendo de generación en generación, ahora con esta cosa de la minería ellos desviaron los ríos y ya los hilos se perdieron. Con la dañada de los hilos de agua ya no se podía ir a hacer nada al río, y, por ende, ya no se podía pescar que también era otra forma de que uno más o menos se sostenía. Ya esas aguas son contaminadas y la tierra va perdiendo fertilidad entonces hay muchas mujeres que se tienen que ir a trabajar a otras ciudades dejando sus hijos con otros y de ahí viene de todo”. (Bautista, 2017: 13 y 14). 1.3 Más riesgos y obstáculos para las mujeres víctimas En el informe del observatorio de 2015, una de las siete recomendaciones que hacíamos para que el gobierno atienda a las víctimas de manera prioritaria y desde el enfoque diferencial era: “Garantizar acompañamiento jurídico a las mujeres en los municipios en los que hay solicitudes de concesión y los que 208 ya les otorgaron títulos mineros, pues las mujeres están en evidentes desventajas para estar informadas y para protegerse jurídicamente, ya que las empresas y multinacionales de minería podrán pagar para conceptos jurídicos que favorezcan sus pretensiones, y las mujeres no para no vender sus tierras. Para evitar a la vez argucias nefastas con las que ilusionan a las mujeres si llega la minería y ellas permiten vender sus predios.” (Corrales y Fernández, 2015:57). Esta recomendación sigue vigente ante la arremetida de la minería y ante la poca respuesta institucional para garantizar territorios libres de minería ilegal y criminal, por garantizar el acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de desplazamiento que quieren retornar a sus comunidades. 1.4 En riesgo, las garantías de retorno a las tierras “…el retorno a las tierras que debieron abandonar ante las amenazas o peligros, las víctimas reiteran que volverían sólo si hay garantías para permanecer y pervivir en los territorios. Sin embargo, por un lado han sido escasos los avances en términos de las tierras restituidas a lo largo del Cauca, posiblemente a causa de que el conflicto armado continúa vigente; por otro lado, a muchos y muchas que fueron desplazados/as una vez, habiendo podido ser retor¬nados a sus tierras o reubicados en otras, la revictimización por un nuevo desplazamiento (incluso una y otra vez más) les ha trastocado sus vidas por fenómenos como la minería.” (Ávila, Corrales, 2016:41). 1.5 En los procesos de restitución de tierras “A manera de hipótesis, se asume que el desarrollo de proyectos extractivos como los de tipo minero y de hidrocarburos ha podido afectar el adelanto de procesos de restitución de tierras a muchas víctimas de desplazamiento y/o despojo forzado que han iniciado un proceso de restitución de tierras. Hipótesis extensible a otras 209 víctimas que no han iniciado su proceso de restitución e incluso a aquellas que aún no han sido registradas como víctimas. En la respuesta de la UGRTD al derecho de petición elevado por el Observatorio…, respecto a las afectaciones que proyectos extractivos bajo sus diferentes figuras han generado sobre personas que adelantan proceso de restitución de tierras en nuestro departamento, la Unidad reporta cifras que confirman la hipótesis planteada, aún con cierta inexactitud y claridad en las categorías reportadas. Es decir, a nuestro juicio, las cifras de la UGRTD muestran que los proyectos minero energéticos de la locomotora estatal, afectan los procesos de restitución de tierras que se pretenden documentar, analizar y visibilizar como parte del Derecho a la información pública como base para la toma de decisiones acordes a las necesidades de la población y, en particular, para las mujeres víctimas.”( Ávila y Corrales, 2016: 75). 1.6 En la soberanía alimentaria de la que las mujeres han sido garantes “Los daños económico-productivos que se vienen reconociendo como producto de la entrada de proyectos mineros suelen ser la pérdida de actividades económicas tradicionales de productos de pancoger garantes de la soberanía alimentaria de las comunidades, dejándolas en una situación de inseguridad e inestabilidad alimentaria y económica en general: en unos casos, a causa de la contaminación de los subsuelos, suelos y también ríos por la que se hace riesgoso cultivar y consumir sus productos; en otros casos por la dedicación de las comunidades a la minería en reemplazo de otras actividades tradicionales en tanto la minería pasa a ser la mayor o única fuente de ingresos; o también en otros casos por la incapacidad de realizar minería artesanalmente como fuente de ingresos adicionales por comunidades ancestrales, en tanto la actividad pasa a ser controlada por agentes externos con el cuidado de armados legales y/o ilegales”. (Ávila y Corrales, 2016: 79). 210 1.7 En la salud en general que repercute en la economía del cuidado “Las afectaciones a la salud se dan mucho pues anteriormente la gente no necesitaba de mercurio ni de cianuro ni de esas cosas para sacar el oro; por eso, hoy los niños están sufriendo muchos problemas respiratorios. Y nosotras, vida como antes, las mujeres negras tenemos un alto nivel para concebir hijos, nosotras somos muy productoras muy dadoras de vida y, ya no.” (Entrevista inédita). 1.8 Político-organizativos “Daños político-organizativos que trasgreden el tejido social -motor de resistencia- de las comunidades «generando divisiones, criminalizando las resistencias, abriendo las puertas a fuertes violaciones contra los derechos humanos» (Bermúdez et al, 2014) suelen ser la proliferación de amenazas y asesinatos selectivos a opositores a la minería con miras al despojo de las tierras de familias o parte de ellas y que se sustentan en el incremento del pie de fuerza, legal y/o ilegal, en los territorios contiguos al desarrollo de proyectos mineros. Con ello, y además con la polarización de las comunidades frente a su apoyo a proyectos mineros, se han generado divisiones y debilitado procesos organizativos territoriales pues a algunos integrantes de la comunidad se les ha buscado para convencerlos y ponerlos a favor del desarrollo de la minería mientras otros se oponen.” (Ávila y Corrales, 2016: 79). 1.9 En salud sexual y reproductiva “Los embarazos adolescentes también se han incrementado a la par que llegan personas de fuera de las comunidades a hacer minería. También se ha incrementado la violencia en los relacionamientos de las personas, también al interior de las familias y contra las mujeres. Con la llegada de la minería, hemos visto 211 que aumentan los embarazos no deseados por las mujeres: unas porque van a trabajar a los burdeles y venden sus cuerpos; otras porque empiezan relaciones sentimentales con mineros y de pronto no se cuidan, no tienen los cuidados que deben de tener y quedan en embarazo y la decisión es esa. O muchas veces los mismos mineros y la gente que está ahí se dan cuenta y les dicen «no, usted tiene que botar ese hijo, yo no voy a tener hijos con usted», porque muchos de ellos tienen su familia, sino que se vienen a trabajar por acá. Después del operativo de acabar con esa minería, se encontró una cantidad de fetos enterrados, unos en seguida de otros.” (Ávila y Corrales, 2016: 82). 1.10 En la credibilidad del estado “La ausencia o ineficacia de las instituciones hace que la política minera que guía hoy a Colombia sea contraria a las comunidades. Por ejemplo, bajo el precepto de formalización de la actividad minera en los diferentes niveles (sobre todo a pequeña escala), las entidades del gobierno darían pie al ejercicio de proyectos mineros de mayor y gran escala que remplazarían o desplazarían a la minería de pequeña escala como es la minería artesanal, y/o con ello, se abre la posibilidad de ingreso a terceros de otras regiones del país que sí puedan desarrollar esa minería de mayor envergadura e incluso con vinculaciones de actores armados al margen de la ley o mafias del narcotráfico; al mismo tiempo, abrirían las puertas indirectamente a la entrada de empresas multinacionales sin el cumplimiento de normas y procedimientos que deben incluir, ante todo, el consentimiento de las comunidades. Empresas que, en vez de contribuir al desarrollo de los pueblos, los arrasan y someten a mayores vulneraciones individuales y colectivas. Vulneraciones que se reconocen y cuestionan en designios tales como las Áreas Estratégicas Mineras y Proyectos de Interés Nacional y Estratégico –PINE-, la Formalización mediante caracterización del convenio interinstitucional suscrito entre la Corporación Regional del Cauca CRC y la Agencia Nacional Minera.” (Ávila y Corrales, 2016: 74). 212 1.11 En la cohesión social y/o daños socioculturales “Los daños socio-culturales sentidos por las comunidades en sus territorios suelen ser la pérdida de su tejido socio-cultural empezando desde los lazos familiares y prácticas tradicionales por la sobreposición de intereses y deseos individuales aprendidos de fuera sobre los del grupo familiar. Subsecuentemente, hay desarticulación de núcleos familiares por el abandono por parte de los padres mientras las madres pasan a asumir el rol de los padres como suministrador en condiciones de mayor vulnerabilidad a la pobreza bajo el madresolterismo y madresolismo; crianza de niños y niñas en muchos casos sin la presencia continua de padres y también de madres (que deben sustituir en trabajos a los padres ya sea en trabajos informales en la minería o de servicios personales); deserción escolar de niños/as y jóvenes por dedicarse a la minería. Con la apertura de establecimientos tales como cantinas y prostíbulos, se ha incrementado la prostitución con mujeres no sólo de fuera sino de las propias comunidades.” (Ávila y Corrales, 2016: 79). 1.12 En las economías rurales y locales “Si bien hoy se reconoce que la minería con sus diferentes métodos y en diferentes grados ha sido nociva para los territorios, es necesario distinguir la minería a gran escala o megaminería y la minería que utiliza maquinaria pesada, distinguirla de aquella minería realizada artesanalmente como fuente de ingresos adicionales por comunidades ancestrales. Con el auge de la minería de oro en razón al alza del precio del mineral, aumentó la llegada de proyectos mineros de grandes empresas, tanto en comunidades con yacimientos explotados artesanalmente como en aquellas donde la minería no se había desarrollado. Pero a los diferentes territorios no sólo han llegado grandes empresas, sino también otros actores como particulares de distintas regiones del país e, incluso, miembros de grupos armados ilegales y otros involucrados al narcotráfico.” (Ávila y Corrales, 2016: 68 y 69). 213 2. El Observatorio reafirma la necesidad del enfoque territorial y de género Es un propósito personal, social y político de los feminismos, de las organizaciones feministas y, en general, de las organizaciones de mujeres, documentar y analizar lo que pasa con los Derechos de las mujeres vulnerados en el marco de las doce afectaciones señaladas. Ello porque buscamos, queremos, necesitamos y abogamos por una vida libre de violencias, discriminaciones; sin prejuicios, machismo y misoginia. Muchas mujeres y nosotras mismas en Comunitar reinterpretamos, retejemos y entretejemos al reconocer, que “El ecofeminismo pone de manifiesto la conexión entre la explotación a la madre tierra y la expropiación del cuerpo y la vida mujeres. Extractivismo perpetuado por todos aquellos que vulneran la integridad y la dignidad de territorios ancestrales, físicos y emocionales”. (Corrales, 2016: 97). Bajo un proceso de mirada atenta, con los sentidos bien abiertos en el reconocimiento histórico y resignificación de diversas corrientes de pensamiento –por ejemplo, el ecofeminismo y las corrientes emanadas de las luchas de las mujeres por los Derechos Humanos y de las que han surgido los estudios de género–, impulsamos el Observatorio de “Mujer, tierra y territorio” en el Cauca, región del sur de Colombia, más rural que urbana. “En su mayoría la población caucana es rural, fenómeno bien distinto al de otros departamentos en los que prima la población urbana. El 60,27% de la población caucana se ubica predominantemente en la zona rural, mientras el restante 39,73% se distribuye en zonas urbanas del departamento.” (Ávila y Corrales, 2016: 14). Ruralidad empobrecida en la que las mujeres hacen cotidianas contribuciones al Buen vivir, sin que sean reconocidas y atendidas como actoras políticas que no solo se resisten al desarrollismo extractivista, sino que generan alternativas de convivencialidad, de construcción de paz desde la casa, desde los territorios que habitan y las habitan. Esta iniquidad en la que viven las mujeres rurales caucanas es parte de la problemática, invisibilización y desatención estatal a nivel mundial. “Actualmente se calcula que existen en el mundo 1.600 millones de mujeres campesinas (más de la cuarta parte de la población), 214 pero sólo el 2% de la tierra es propiedad de ellas y reciben únicamente el 1% de todo el crédito para la agricultura. En América Latina y El Caribe, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la población rural asciende a 121millones de personas, lo que corresponde al 20% del total de la población. De este total, el 48% son mujeres (58 millones), que trabajan hasta 12 horas diarias a cargo de la huerta, de los animales, recolectando y cocinando alimentos, criando a niñxs, cuidando a personas mayores y a enfermxs, entre otras muchas tareas.” (Korol, 2016:9 y 10). En esta iniquidad en la ruralidad sin tierra, parece un milagro que las mujeres proporcionen la mayor cantidad de alimentos en el mundo. Esta no es una situación de la que estén exentas las mujeres del Cauca. En medio de la ruralidad en que viven las mujeres, la voracidad del extractivismo ha causado estragos en la bio-diversidad que implica reconocer a las mujeres negras, campesinas, indígenas, jóvenes y mayoras, con distintas cosmovisiones de mundo que convergen en la defensa de la tierra como patrimonio ancestral. Es decir, en las mujeres rurales que, en resistencia organizada y pacífica, sobreviven en medio de la precariedad y de un sinnúmero de violencias entre las que (no)cuentan las violencias generadas por la minería. “Las mujeres en particular, han sufrido por la minería fuertes impactos sobre su salud. Malformaciones de fetos hacen parte de sus denuncias, entre las primeras y principales afectaciones sobre su salud y la de sus familias. El incremento de embarazos adolescentes y -en otros casos- abortos practicados clandestinamente, además de enfermedades de transmisión sexual que aparecen en las denuncias de las mujeres de manera más recurrente. Han sido las mujeres las mayores afectadas por fenómenos de prostitución. Aunque estas afectaciones han tenido eco en otras partes del país, en el Cauca aún no se cuenta con información estadística clara oficial que visibilice estos estragos de la minería en la salud de las mujeres.” (Ávila y Corrales, 2016: 81). Son formas de violencia de una guerra en la que pareciera no sólo importar la disputa por el poder de las armas, sino por el cuerpo de las 215 mujeres. Para el caso que nos ocupa, las violencias ocasionadas por la minería y por el extractivismo no son registradas y menos atendidas por las entidades del Estado. De esta falta de información y atención adolecen los informes del Observatorio, pues no ha sido posible contar con información pública, confiable y pertinente, no obstante que “…al amparo del derecho a la información pública actualizada elevamos numerosas solicitudes a la mayor parte de entidades oficiales que tienen competencia y obligaciones directas para atender y reparar a las víctimas del conflicto armado, y en particular, a las mujeres víctimas. Ha sido reiterada la dificultad a la hora de acceder oportuna y claramente a la información solicitada.” (Ávila y Corrales, 2016: 11). Por las dificultades en la búsqueda de información oficial actualizada y desagregada sobre las mujeres, nos atrevemos a decir que el Derecho a la información pública también es vulnerado, ya que “La renuencia institucional a la no respuesta a los Derechos de petición viola no solo el derecho fundamental a la información pública oportuna y confiable, sino que viola el bien jurídico consagrado en el mecanismo de los Derechos de petición”. Esta falencia esperamos que sea superada lo más pronto posible en el marco del proceso ya iniciado de la implementación de los Acuerdos de paz, en el que las organizaciones de mujeres nos comprometemos cada día más. Tal falencia en información es síntoma de lo mucho que falta para el pleno reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos y como actoras sociales. Falencia que reafirma la necesidad de incrementar y demandar la obligación estatal de atender a las mujeres en general, y en especial a las mujeres víctimas, que son en su mayoría mujeres rurales. Éstas también trabajan por el reconocimiento del proceso histórico que ha dado lugar a que hablemos y aboguemos por los Derechos de las mujeres como condición de dignidad, de una democracia plural y participativa y de Paz. En suma, que se plantee el Buen vivir como una alternativa al desarrollo que implica descolonizar y despatriarcalizar al Estado, el cuerpo, el alma, las instituciones, las organizaciones, el poder, las relaciones y el diario vivir. Por la defensa de la dignidad de las mujeres, y por supuesto, de los Derechos de las mujeres, en el observatorio y sus documentos, hemos 216 hecho énfasis en la importancia de la Paz como garantía de convivencia, de Buen vivir; como condición social inapelable para que Colombia logre reconstruir el tejido social roto por la guerra. Para que las mujeres de la ruralidad, que han sido la más golpeada por el conflicto armado, puedan vivir en paz, sin temor a seguir siendo ultrajadas, desconocidas o no valoradas en sus apuestas por la defensa de sus territorios, de sus cuerpos y, en general, en la defensa de sus iniciativas de protección a la biodiversidad. Desde esta concepción de paz cotidiana y transformadora, esperamos y trabajamos en esta necesidad de que las mujeres rurales gocen de garantías para participar en las deliberaciones y decisiones que involucran directamente a los territorios en los que viven. Este reconocimiento a la ruralidad afectada por la guerra es parte de entender el enfoque diferencial en su más genuina expresión humana, dimensión territorial y ambiental. Reconocimiento imbricado con la necesidad de participación de las mujeres. Necesidad que se reafirma no solo en los procesos históricos de las organizaciones de las mujeres para que la participación activa y propositiva trascienda la idea errática de que con el Derecho al voto la democracia para las mujeres es completa, definitiva y suficiente. Esta necesidad de participación real para las mujeres, con garantías estatales, con sensibilidad y convencimiento de las comunidades, se reafirma porque en los Acuerdos quedó expresamente pactada en respuesta a las demandas históricas de las mujeres. También, porque se dio una mayor conciencia de las partes pactantes de que la democracia en Colombia es bastante restringida y de que las mujeres seguiremos demandando la paz transformadora, en la que el respeto por el cuerpo y vida de las mujeres sea un indicador de inclusión, diversidad y justicia. Verbigracia, indicador y sinónimo de dignidad. Por lo tanto, el enfoque territorial y de género pactado en los Acuerdos de paz pasa por asumir que la ruralidad, en su vasta biodiversidad, tenga condiciones para la transformación de imaginarios sexistas y, gracias a ello, el campo colombiano recupere o reinstaure la vida digna que tuvo antes de la colonización. Antes de que el capitalismo y el extractivismo, en sus múltiples vertientes, convirtieran la tierra como mera mercancía e invadieran los territorios con su modelo mercantil consumista 217 de expropiación, de empobrecimiento y, en consecuencia, de efectos nefastos para la salud ambiental, personal y comunitaria de los pueblos. vivencial participativa, histórica y política de protección y empoderamiento social.” (Bautista, 2017: 8). “El régimen previo a la conquista, aseguraba la subsistencia. La imposición de la minería, la esclavización de los pueblos conquistados o su sometimiento a servidumbre, rompió con las prácticas agrícolas con las que se aseguraba ese sostenimiento y crecimiento de la población. En ese mismo proceso, se sometió a las mujeres de los pueblos conquistados, a servidumbre, esclavitud, violencia sexual, prohibición y persecución de sus saberes ancestrales (muchos de ellos ligados con la agricultura) y a la subordinación de sus formas de vida, suplantadas por estos modos de opresión.” (Korol, 2016:23). Ha sido y es desde este sentido de paz incluyente, participativa, creativa y justa, que en Comunitar hemos incidido y abogado como parte del Movimiento social de mujeres, por la negociación del conflicto armado desde las voces y propuestas de las mujeres como actoras sociales, como pactantes de paz, como ciudadanas plenas desde acciones pacíficas, organizadas y propositivas. Voces y sentidos femeninos y feministas con los que hemos avanzado en la configuración, defensa y consolidación de los Derechos Humanos como factor de Bien-estar y Buen Vivir, de empoderamiento individual y colectivo, como agentes de transformaciones culturales en las que las diferencias, particularidades y complejidades sean reconocidas como la riqueza sine qua non de la biodiversidad, pluralidad y, por ende, la base de la democracia profunda que requiere un país como Colombia para vivir en paz en armonía con la Naturaleza. En este trasfondo de deconstruir los sometimientos coloniales que perviven sobre las mujeres a través del patriarcado, se condensa el ideario de Comunitar o la cosmovisión política, la forma de entender y transformar el mundo de y con las mujeres. Ideario en el que trabajamos por la Paz con transformación cultural, cotidiana, creativa e incluyente, con tierra y participación para las mujeres, con soberanía alimentaria, con justicia, con coherencia ambiental y ecológica. Esperamos que sea una paz que ayude a transformar las con-ciencias –los sistemas de pensamiento y las formas androcéntricas de hacer ciencia-, en aras de ampliar la democracia y contribuir a erradicar las violencias y las exclusiones contra las mujeres. Por consiguiente, “Para COMUNITAR en general, y en especial para el Observatorio de “mujer, tierra y territorio”, resulta fundamental la concepción y relación históricas que entretejen las mujeres con sus territorios. Relación que atraviesa sus cuerpos y se manifiesta en la particular manera como habitan los ríos y las montañas, como cuidan la chagra, como conocen las plantas, crían los animales y defienden la vida digna con autonomía y responsabilidad. De este entretejido histórico surge la pregunta ¿Qué representa la tierra y el territorio para las mujeres en el Cauca? Es una pregunta que debe ser respondida por las mismas mujeres y que está pendiente por construir desde una narrativa 218 Una paz en coherencia con las diferencias culturales, lingüísticas, de género, étnicas, etarias. Paz con diálogos interculturales, intergeneracionales, con bioaprendizajes diversos en los que primen el respeto y la voluntad de reconciliación. Procesos en los que, por ejemplo, quienes han dejado las armas, mujeres y hombres puedan contribuir con sus conocimientos sobre la riqueza ambiental de enorme alfaguara hídrica como el Cauca, ya que vivieron por años en montes y montañas que hacen parte de la biodiversidad de Colombia. Este solo ejemplo ilustra, a nuestro entender, que la participación, la inclusión, la reconciliación, la convivencia, el reconocimiento y el respeto de las diferencias, de las experiencias, serán necesarias para ampliar la democracia. Para lograr la transformación social, cultural, estructural, para comprender más y mejor la Biodiversidad, para hacer posible el Buen vivir como alternativa al modelo de desarrollo que ha sido bastante extractivista. Para que, de manera conjunta y organizada, mujeres y hombres defendamos los territorios de la minería que ha causado y causará tantos daños, y que será uno de los obstáculos mayúsculos para la restitución de tierras si el gobierno concede licencias a empresas que buscan y explotan minerales en territorios donde los campesinos e indígenas se han desplazados a causa de la guerra. Asimismo, para que las 219 comunidades defiendan las Zonas de reserva forestal de las que el gobierno prevé parte del fondo de tierras. “La sustracción de tierra de las ZRF será una de las principales fuentes de tierra del Fondo [de tierras] contemplado en el Nuevo acuerdo final. Al respecto, surgen al menos dos preocupaciones frente a las cuales el mismo Acuerdo plantea una respuesta, consiste en que será necesario hacer veeduría para que no se concreten los peligros que entraña el que las sustracciones de ZRF sean una fuente privilegiada del fondo: La primera preocupación está relacionada con la sostenibilidad ambiental y con el ensanchamiento recurrente de la frontera agrícola del país; y la segunda preocupación tiene que ver con la calificación de actividades como la minería y los hidrocarburos como de “utilidad pública e interés común” y, en consecuencia, la posibilidad que se abre una vez hecha la sustracción para el desarrollo de estas actividades, las cuales en principio tendrían como principal finalidad el acceso de la tierra a campesinos y campesinas sin tierra o que carecen de ella.” (Bautista, 2017: 26). tiene una deuda histórica con el 52% que somos las mujeres, sino porque somos pactantes de paz, somos artífices del Acuerdo como parte del Movimiento social de mujeres que durante 20 años participamos como sociedad civil en las exigencias de una negociación política del conflicto armado. Porque las mujeres víctimas y mujeres del entorno rural, es decir mujeres afrodescendientes, indígenas y campesinas, están atentas y preparadas a participar en los espacios veredales, comunales, municipales y regionales para debatir, exigir, priorizar y decidir sobre las necesidades de los territorios, en general sobre las necesidades de las mujeres. Así lo reiteramos en el último Informe del Observatorio, publicado en enero de este año 2017. “En consonancia con lo anterior, las organizaciones de mujeres estaremos atentas a exigir el acceso paritario en cantidad y calidad de la tierra, la priorización de la construcción de los PDET en el departamento del Cauca, y a que cada uno de los 11 planes nacionales que se ordenan crear en el Acuerdo final, estén dirigidos a erradicar barreras discriminatorias y a lograr la equidad entre hombres y mujeres. Lo que significa que la implementación del Nuevo Acuerdo debe hacerse desde un enfoque transformador para las vidas de las mujeres. En este sentido, las mujeres dejaremos dejar de ser consideradas ciudadanas de segunda clase, y las violencias que nos afectan, las públicas y las privadas deben cesar a la par que se implementa el Acuerdo y la reconstrucción del tejido social se va logrando. Por lo tanto, confiamos en que medidas como las consagradas en materia de salud sexual y reproductiva, así como las referidas a la educación de calidad y no sexista, serán de vital importancia para que el Acuerdo contribuya a transformar los ima ginarios hegemónicos androcéntricos y antropocéntricos con los que se ha colonizado el cuerpo y el alma de las comunidades, y en especial de las mujeres2” (Bautista, 2017: 53). 3. Sin la participación de las mujeres la paz en Colombia será más imperfecta De lo expuesto hasta aquí, reiteramos que después de más de 50 años de conflicto armado en Colombia, la paz territorial con enfoque de género que se ha pactado entre el gobierno y las FARC-EP demanda interlocución, concertación, diálogo de saberes, reconocimiento y respeto de la Biodiversidad, de la real y efectiva participación de las mujeres en los procesos de planeación de los PDET –Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial- contemplados en los Acuerdos de paz. Literalmente, en los Acuerdos se pactó que “La superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino asegurando que niños, niñas, mujeres y hombres tengan acceso adecuado a servicios y bienes públicos. Esa es la base de una vida digna.” (Bautista, 2017: 23). Al cumplimiento de este pacto estaremos atentas las organizaciones de mujeres, pues no solo porque el Estado 220 Es decir, los Acuerdos de paz, en general, y el enfoque de género, en particular, exigen la participación de las mujeres en la democracia política, ambiental, en la organizativa, local y gubernamental. Así 2 Nota de la editora: resaltado en negrita en este texto. 221 como la participación en el debate público, en la toma de decisiones para pensar y actuar de manera argumentada y consensuada en lo que debe ser priorizado como lo más conveniente para la reconciliación y la convivencia en los territorios. En suma, la efectiva participación de las mujeres implica que las voces, necesidades e iniciativas de las mujeres sean parte estructural para impulsar el buen vivir en los municipios, en el departamento y, de hecho, en todo el país. De facto, en las casas, en las organizaciones, instituciones en todos los lugares en los que vivimos, interactuamos, trabajamos o nos encontremos; en todo lo que encierra el sentipensar ecofeminista que pone de relieve la urdimbre de lo natural con lo cultural, lo político, lo individual y lo colectivo para salvaguardar el Planeta y poder vivir con dignidad. Las organizaciones de mujeres esperamos, confiamos, estaremos atentas a que en la implementación de los Acuerdos las mujeres rurales tengan voz y voto, que sean actoras y gestoras con la legitimidad que les otorga su reconocimiento y empoderamiento desde sus experiencias y liderazgos gestados en sus procesos organizativos para hacer artífices de paz cotidiana, incluyente, justa y creativa. Que la participación, reconocimiento y valoración de las mujeres en sus territorios contribuya a la transformación cultural de prácticas que han lesionado la Naturaleza en general y, de manera dramática, han vulnerado el cuerpo y la vida de las mujeres. En otras palabras, que la participación incluyente, deliberativa, propositiva, justa en la que las mujeres sean oídas y atendidas, dé paso a la transición de otras formas de resolver los conflictos, de analizar las problemáticas que afectan las comunidades y la convivencia, a concertar las prioridades de inversión estatal que hagan posible la vida digna. La vida libre de violencias y exclusiones; que el Buen vivir sea el propósito humano más sobresaliente y creativo, más conveniente y pertinente para la reconstrucción del tejido social roto por el conflicto armado. Retomando el Buen vivir o “Sumak Kawsay” que en su origen de palabras quichua y aymara, significan buen convivir. Concepto o paradigma que feministas comunitarias revisan y analizan, pues reconocen y saben que, en las comunidades indígenas, en las organizaciones sociales y en los grupos que dicen defender la libertad y la autonomía también se auspicia 222 el machismo, se inferioriza a las mujeres, se sufren violencias y son los hombres los que ejercen el poder. Una muestra más de que los feminismos son necesarios para deconstruir esencialismos, fundamentalismos y estereotipos en los que el patriarcado sigue vigente no obstante los logros de las luchas históricas de las mujeres. “Tomo en cuenta documentos, procesos y el análisis del discurso para acercarme a comprender por qué en los últimos tiempos ha cobrado relevancia este paradigma -el buen viviren el accionar organizativo indígena continental, pero también como ha cobrado importancia para otros pueblos en el mundo, otros movimientos incluyendo el feminista en particular.” (Cabnal, s.f.: 8)3. En virtud de lo anterior, entender y atender la participación activa de las mujeres en el proceso del posacuerdo, es permitirnos como principio ético de convivencia, la paz cotidiana, justa, duradera e incluyente. Esta visión de la paz obliga a transformar la histórica iniquidad a la que las mujeres rurales, en especial, han estado sometidas. Transformación que permita que las mujeres rurales sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a la tierra para vivir con dignidad en sus territorios, para luchar por su sobrevivencia, para que no se les colonice más, ni se les expropie su cuerpo, sus bienes, cosmovisiones y prácticas ancestrales. Lucha feminista que ante la enorme devastación colonial y a los fuertes impactos de la guerra que ha padecido Colombia por más de 50 años, las mujeres del campo han hecho posible no solo la vida familiar y comunitaria en la ruralidad, sino que han contribuido de manera significativa al cuidado y defensa de la biodiversidad. En síntesis, las mujeres rurales se han resistido de manera organizada a la barbarie colonial, a la ignominia de las violencias que expropian sus cuerpos y sus vidas, sus proyectos familiares y comunitarios; violencias que les impiden vivir con dignidad. Violencias originadas y exacerbadas no solo en el conflicto armado, sino de manera particular y preocupante por los efectos de la minería ilegal y criminal que se expande en los territorios caucanos con beneplácito gubernamental. En ese orden de ideas, la minería y otros proyectos extractivos no pueden verse de manera aislada ni ajenos al largo conflicto armado 3 Negrita resaltada para este artículo. 223 padecido en Colombia. Al contrario -como lo definió la propia Corte Constitucional mediante la sentencia T025 de 2004- la minería en Colombia es un factor subyacente del conflicto armado interno en sentido amplio y una de las causas del desplazamiento forzado (Bermúdez et al, 2014). Sin lugar a dudas, para las organizaciones étnicas y defensoras del Derecho a la Tierra, la minería ilegal, expansiva y expropiadora ha contribuido y agudizado las injusticias e inequidades de por sí ahondadas en escenarios de guerra (Ávila, Corrales, 2016: 20). Los impactos de la economía extractiva, y en este modelo la minería, han sido tratados, casi siempre, en términos ambientales, económicos, a veces políticos, como si en este entramado sociohumano en el que cunden injusticias, pero también abundan procesos de resistencias a las mismas, pareciera que las mujeres no existiéramos. A pesar de los avances jurídicos y sociales para reconocer los estragos de los proyectos extractivos, casi nunca los impactos de la minería han sido abordados desde lo que significan para la vida de las mujeres. O como decimos en Comunitar, lo que significa la minería en los cuerpos físicos y emocionales de las mujeres. Como muestra de este planteamiento, el bienvenido libro que Dejusticia acaba de publicar, “La paz ambiental”. Libro que hace un exhaustivo análisis y balance de las oportunidades, retos y riesgos de la Política ambiental en el posacuerdo. En tan importante libro no hay una sola mención sobre los aportes, implicancias y necesidades de las mujeres para que la democracia ambiental sea consustancial a la paz territorial, ni siquiera nombra el enfoque de género que el Acuerdo de Paz pactado para la terminación del conflicto se implemente de manera transversal. Nos llama la atención que una publicación tan reciente, y rigurosa en sus planteamientos, no visibilice los aportes, iniciativas, los problemas y retos de las mujeres en la conservación ambiental, que pasen inadvertidos los problemas derivados del modelo extractivista y de la minería en el cuerpo y vida de las mujeres. La alusión al libro publicado constata, a nuestro juicio, una vez más que el conocimiento que tienen las mujeres –campesinas, indígenas, mestizas, las mayoras sobre el cuidado, conservación y defensa de 224 sus territorios, así como de las necesidades más sentidas, siguen invisibles aún en entidades, organizaciones y estudios vitales sobre la Biodiversidad de Colombia. Estudios que deberían ayudar a entender y atender lo que encierra el Acuerdo de paz desde la mirada y necesidades de las mujeres, de lo que demanda la transversalización del enfoque de género para el fortalecimiento institucional, para las dinámicas locales, para dar el giro de una economía extractiva o una economía del conocimiento como muy bien lo argumenta el libro “La paz ambiental”. Economía que se nutre o debe nutrirse de los saberes de las mujeres sobre sus territorios sobre sus cultura, sobre su diario vivir en el que han resistido a veces solas, a veces organizadas, no únicamente a las armas, sino al modelo patriarcal que sigue predominando en el imaginario de Colombia y que en la minería se agudiza por las violencias a la salud en general, a la salud sexual y reproductiva, a la salud mental, y por consiguiente, a la salud familiar, comunitaria y ambiental desde su honda cosmovisión ancestral de cuidado de la Naturaleza en el que las mujeres rurales han jugado un papel central. Ante las barreras que persisten en Colombia para que las mujeres rurales participen en los procesos de toma de decisiones y de dirección de sus territorios, lo que pretende el enfoque de género, que demandamos las organizaciones sociales de mujeres en el Acuerdo pactado entre el gobierno y las FARC-EP, es que se amplíe la participación ciudadana y, en esta ampliación, las lideresas deben estar con garantías, tranquilidad y legitimidad. En este sentido, retomamos e interpelamos con buen criterio la siguiente cita del libro en mención: “Si bien ya existen instancias y mecanismos de participación para la ciudadanía en temas ambientales, su implementación ha sido débil. Por ejemplo, de los 1.923 procesos de licenciamiento ambiental que ha rea¬lizado la ANLA entre 1995 y 2015, tan solo 92 (4,7%) han tenido au¬diencias públicas ambientales, lo cual evidencia un serio déficit de participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. En esa medida, el desafío consiste en fortalecer estos mecanismos o pensar en la creación de nuevas instancias que garanticen de forma 225 efectiva la participación de los ciudadanos.” (Rodríguez et al., 2017: 100). Al tenor de la cita y de lo planteado hasta aquí, uno de los grandes desafíos de los Acuerdos de paz es la participación activa, veedora y propositiva de las mujeres. Esta es una de las conclusiones que señalamos e insistimos en Comunitar, en el Movimiento social de mujeres del que hacemos parte, en el Observatorio y, por ende, en los informes del mismo. Y para el caso que nos ocupa: la minería en el modelo extractivista, la implementación de los Acuerdos debe visibilizar y analizar los efectos de la minería en el cuerpo y la vida de las mujeres. Propósito en el que la información de las instituciones, que son las garantes de los derechos y de la acción pública consagrada en la Constitución, es de suma importancia en la transparencia y rendición de cuentas tan necesarias para la toma de decisiones, pues: “Como hemos venido diciendo e insistiendo en estos ejercicios investigativos del Observatorio, es paradójico que Colombia no tenga bases de datos confiables, pues es un país que se considera pionero en la implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación. Aún más paradójico cuando en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se hace énfasis en la necesidad de contar con una política pública de estrategias de información estadística. Estrategias de información de suma importancia y cada vez más reconocidas como sustento en la toma de decisiones informadas. Es tal la importancia de las estrategias de información que, en 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó y decretó el día 20 de octubre como el Día Mundial de la Estadística. Día a ser observado cada cinco años, como en 2015, bajo el lema de ‘Datos Mejores, Vidas Mejores.” (Corrales y Fernández, 2015). Ante la falta de información actualizada, confiable y desagregada por sexo, pertinente para que el enfoque de género no sea una promesa más de las incumplidas por los gobiernos de Colombia, es perentorio generar el giro: Pasar de la economía extractiva a la economía del conocimiento. Economía que contabilice, refleje y valore las necesidades de las mujeres rurales, pero también que los datos oficiales recojan de 226 manera sistemática y actualizada lo que han hecho y lo que hacen las mujeres rurales para el bien común. Máxime cuando Colombia y el departamento del Cauca, claman por hacer posible la paz con justicia social, con inclusión, por territorios físicos, culturales y emocionales sin violencias: Paz con participación a todos los niveles. En tal sentido, “Es importante recordar que la mayoría de indicadores sobre mujer rural demuestran que las mujeres se encuentran en una peor situación en relación a los hombres rurales. A manera de ejemplo, en materia de participación y con base en datos del Censo Nacional Agropecuario, en el 61.5% del área rural dispersa, los hombres toman las decisiones de producción sobre la tierra, mientras las mujeres lo hacen en el 26% de los casos (en el Cauca se encuentra el 9.6% de las Unidades Productoras Agro¬pecuarios –UPA- que en el país están a cargo sólo de mujeres) y sólo en 12.5% las decisiones se toman de manera conjunta (siendo uno de los departamentos en donde ésta es la situación más frecuente, nuevamente el Cauca, con el 13.5% de las UPAS con este característica a nivel nacional). O en relación al desarrollo de actividades de cuidado no remuneradas en el hogar, las mujeres trabajan 2:12 horas/día más que los hombres -DANE-. Situación que en las zonas rurales es aún más desproporcionada, actividades de cuidado que pueden llegar a 5:51 horas/día (mujeres) y 1.51 (hombres). Actividades de cuidado que resultan más demandantes cuando las familias rurales no tienen acceso a energía, agua o alcantarillado. Por lo tanto, los planes nacionales son sin duda una oportunidad para transformar ese tipo de situaciones.” (Bautista, 2017:47). Un cierre transformador: El NO de Cajamarca a la minería Al concluir este artículo, que no pretende ni logra abarcar todas las afectaciones que causa la minería en el cuerpo y vida de las mujeres, oigo con emoción la noticia de que el No a la minería ha sido rotundo en la Consulta popular de Cajamarca. “…6.165 votos, un 97,92 por ciento de la participación, frente a 76 votos por el sí”. Esperemos que 227 los datos de este ejemplo de defensa de la autonomía y la participación puedan ser desagregados por sexo para, de esta forma, reafirmar que en la defensa de los territorios, en la resistencia social, en los procesos organizativos étnicos, –indígenas, campesinos y afrodescendientes– y en los movimientos estudiantiles no faltan las mujeres como gestoras de cambios estructurales y mentales para cuidar, proteger y exigir los derechos del cuidado de la biodiversidad y de la Economía del cuidado. Es decir, en general, mujeres dispuestas a conocer más y mejor lo que significa la madre tierra como el más sublime derecho de tener donde vivir con dignidad y reciprocidad, donde cultivar y cosechar con responsabilidad, sin desmedro de la producción sana, de mercados justos, de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Todo este entramado eco-sistémico de ser y hacer en el que el agua es el recurso vital de sobrevivencia sin pobreza, y menos, con hambre. El No de Cajamarca, entonces, cobra la fuerza afirmativa de la resistencia al extractivismo, a la expropiación y vulneración de los territorios. Esa fuerza afirmativa y transformadora de la organización y persistencia durante 10 años por exigir la defensa de la Biodiversidad, de la participación ciudadana en aras de proteger los territorios, la autonomía, el liderazgo local, la soberanía alimentaria, la deliberación pública para enaltecer el Estado social de derecho, la determinación de ponderar la necesidad soberana de que el pueblo es el que decide sobre el suelo y el subsuelo. Así lo dice con orgullo y convicción de generar cambios profundos, el líder Robinson Mejía, quien estuvo en la coordinación de la campaña por el No a la minería en el municipio: “La idea es definir de qué manera se ajustarán los resultados de la consulta en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), y si no hay tropiezos, antes de seis meses debe darse un Acuerdo del Concejo Municipal en el cual quede consignado “que, por decisión del pueblo, en Cajamarca no se puede ni se debe ejecutar proyectos mineros4” de cara a cumplir la Constitución. “Cuando los 72 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente firmaron la Constitución que hoy rige a Colombia, estaban firmando uno de los textos más “verdes” que hasta entonces se habían redactado. De acuerdo con análisis hechos por la misma Corte Constitucional, el 10 % de las normas en la Carta Magna están relacionadas con el medio ambiente” (Rubiano, El Espectador: 3/04/2017)5. El inapelable No de Cajamarca sobre la base constitucional, marca el derrotero de comenzar a generar los cambios en la arquitectura del Estado que permitan que la paz sea territorial y con enfoque de género, paz cotidiana, incluyente y transformadora para que la voz de la gente tenga los ecos y vínculos jurídicos. Es un reto fundamental, ya que, de inmediato, el ministro del Medio ambiente quiso poner entredicho el resultado de la consulta popular cuando manifestó: “La consulta popular de Cajarmarca solo fue un sistema para la participación ciudadana, más no una acción que impida la ejecución del proyecto minero.” ¿Qué entenderá o sabrá de participación el señor ministro? Ese “solo fue”, deja mucho que pensar de un funcionario que ostenta el cargo que tiene, pone en calzas prieta al compromiso gubernamental para acatar los principios constitucionales, para defender la Biodiversidad y promover la participación que amplíe y profundice la democracia como insumos insoslayables de paz territorial. El No de Cajamarca es un proceso de resistencia ejemplarizante para Colombia, abre la esperanza por recuperar la voz del pueblo, la capacidad de lucha histórica por defender lo público, lo ancestral. Por no dejarse imponer proyectos lesivos que vulneran los Derechos Humanos y los Derechos de la madre tierra, de la Naturaleza, de los ríos, páramos, bosques y todos los saberes ancestrales milenarios por el bien del Planeta. “El hecho de reconocer poco a poco la validez de otras formas de conocimiento de la realidad obviamente influye en que un movimiento así florezca. Que se reconozcan por ejemplo las El no de Cajamarca a la minería pone al gobierno nacional y a las instituciones que deben velar por la salvaguarda de la Biodiversidad, 4 http://m.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/habla-robinson-mejia-lider-de-la-consulta-en-cajamarca-72160 228 5 Disponible en: http://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/derechos-los-rios-una-idea-notan-loca 229 formas de sanación de culturas ancestrales o afros, abre la puerta. En el pasado queríamos occidentalizarlos, pretendíamos imponer nuestros valores culturales, pero ahora no”, expresa Germán Alberto Villa. Si bien las comunidades indígenas alrededor del mundo han pedido un reconocimiento distinto de la naturaleza desde que la cultura occidental empezó a entrar en contacto con ellos y sus territorios, fue apenas en 2008 cuando se materializaron por primera vez. Ecuador reconoció en el artículo 71 de su nueva constitución que “la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.” (Rubiano, Ibid). El ejemplo de participación, de resistencia y de organización de Cajamarca nos permite insistir en el Ecofemnismo que enarbola la necesidad de recuperar, releer y visibilizar los aportes y experiencias de las mujeres en defensa de la tierra y los territorios; insistir en que es una difícil, pero necesaria, prioritaria, ética y posible tarea. Al respecto, concluye una lideresa frente al proceso de resistencia que vienen adelantando en su comunidad un grupo de mujeres: “Ya es el momento de hablarlo y hacer todo lo posible, no se puede dejar para mañana, porque eso nos está afectado de una manera tan directa de que nos está acabando. No es solo en el Cauca, está sucediendo a nivel nacional, a nivel internacional, o sea que es el momento en que las mujeres nos enfrentemos a esa situación. Y así sea que el trabajo que estemos realizando ahora no se vea reflejado en el momento y, a pesar de que ese reconocimiento de la comunidad hacia las mujeres está bastante débil: nos dicen que nos estamos arriesgando mucho y no estamos consiguiendo nada, que ‘tanto que pelean y no se han visto los resultados rápido’, entonces no se está visibilizando el reconocimiento, antes se está viendo es como un señalamiento. Pero lo que queremos es que nuestras generaciones venideras no pasen por este flagelo, que al menos que se vea en un futuro el 230 resultado de todo lo que estamos haciendo y sacrificando ahora”. Testimonio inédito Los pocos datos, testimonios, acciones y reflexiones que dan origen a este artículo, sustentan –de sustentabilidad- al Ecofeminismo como una de las corrientes de pensamiento que han emergido de la lucha de las mujeres por romper los silencios, las barreras para participar en lo público y por lo público, por romper los círculos de violencias que laceran el alma, los cuerpos, los territorios, la vida misma que habita en la Biodiversidad de la que mujeres y hombres somos p(arte). Por romper los estigmas y los obstáculos para acceder a la tierra, por acceder a la justicia, por resistir a la usurpación de los bienes materiales, espirituales y culturales de los pueblos. Por romper los dogmas de pensamiento androcéntricos y antropocéntricos que colonizan y expropian hasta los sistemas de pensamiento. En este orden de ideas, el Ecofeminismo aboga, por romper, también, los monocultivos de la mente pregonados por la científica india Vandana Shiva; monocultivos que afloran en la forma de actuar de la institucionalidad obcecada, sorda y descalificadora de los saberes populares, ancestrales, diversos, participativos, preguntones, protectores. En suma, saberes y acciones transformadoras que dan lugar a liberar la madre tierra de la voracidad y las violencias. Dan lugar a redes diversas de pensamiento, a descolonizar y despatriarcalizar el mundo, los cuerpos-territorios, el hábitat cósmico que nos convoca a aunar sentipensares y acciones de protección individual y colectiva, a provocar y exigir medidas efectivas para evitar el acabose social que generan la minería ilegal y criminal. A promover y a hacer historia contrahegemónica como en Cajamarca y otros países como el Salvador que: “…acaba de hacer historia al convertirse en el primer país del mundo que prohíbe la minería de metales. El miércoles, el Congreso del país centroamericano se reunió y con 69 votos a favor, de un total de 84, aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. De esa forma, los legisladores declararon a El Salvador como un territorio libre de minería. Al quedar vetada la explotación en el suelo y el subsuelo salvadoreños, 231 como dice el decreto legislativo que dio vida a la ley, quedan cerrados los procesos que estén abiertos para la obtención de licencias mineras.” (El Espectador: 30/03/2017). Es una historia contrahegemónica, no sexista, en la que las mujeres ecofeministas proponemos, incentivamos y aportamos más allá de la sobrevivencia material, aportamos a contemplar, a cuidar la bio-diversidad que significa la vida en pluralidad y la pluralidad de vidas que habitan y nos habitan en el Planeta. Visión ética y cósmica del Universo, del verso variopinto que brota y canta al unísono desde las entrañas de la tierra. 232 Bibliografía Ávila, M. Corrales, S. (2016). Permanencia, pervivencia, defensa de la tierra y los territorios: Situación de las mujeres en el Cauca. Informe Observatorio “Mujeres, tierra y territorio”. Popayán, Comunitar. Bautista, A. (2017) Corazón del desafío para la paz: Tierra, territorios sin violencias y participación para las mujeres. Popayán, Comunitar. Corrales S. y Fernández, P. (2015) Informe de tierra, inédito. Popayán, Comunitar. Corrales, S. (2016) Foto-síntesis. Comunitar, minihistoria de eutopías. Popayán, Comunitar. Korol, C. (2016) Somos tierra, semilla, rebeldía. Mujeres, tierra y territorio en América Latina. Coedición de GRAIN, Acción por la Biodiversidad y América Libre. Rodríguez, C., Rodríguez, D. y Durán H. Crane (2017) La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo. Bogotá, Dejustica. Webgrafía El tiempo, lunes 2 de abril, 2017 ‘La Anglogold debe irse de Cajamarca’, dice líder del No. (http://m.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ habla-robinson-mejia-lider-de-la-consulta-en-cajamarca-72160). El Espectador - The Nature Conservancy - Dejusticia Lunes 3 de abril, 2017 ¿Derechos para los ríos? Una idea no tan loca. (http://blogs.elespectador. com/actualidad/el-rio/derechos-los-rios-una-idea-no-tan-loca). El espectador, martes 3 de abril, 2017 http://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/derechos-los-rios-una-idea-no-tan-loca). El Espectador, marzo 30 de 2017. Es el primer país del mundo en hacerlo. El Salvador hizo historia al prohibir la minería ( http://www.elespectador.com/ noticias/medio-ambiente/el-salvador-hizo-historia-al-prohibir-la-mineria-articulo-687074). 234 Capítulo 7 Marilyn Machado Mosquera TERRITORIOS DE RESISTENCIA, MINERÍA, ANCESTRALIDAD Y ESPERANZAS Fotografía: Javier Sulé O. 236 237 Territorios de resistencia, minería, ancestralidad y esperanzas entre otros, de las Américas, de África y sus descendientes? La esclavización de hombres y mujeres libres de África y sus renacientes es un crimen de lesa humanidad3 que aún no pagan, pero que no prescribe. Territories of resistance, mining, ancestry and hope Desde la lógica del capitalismo siguen en la búsqueda de imponer la sinrazón que acompaña la insaciable ansia de sacarle a la tierra todo lo que posee en sus entrañas, dejando a su paso desolación, hambre y muerte. Y de nuestro lado resistencia, re-existencia. por: Marilyn Machado Mosquera / marivenus@yahoo.com 1. El territorio es la vida, y la vida no se vende. Se ama y se defiende Contexto e Historia La historia de Afrolatinoamérica1 es la historia del despojo y la negación de La Naturaleza: de su riqueza biológica y cultural. Parece una maldición que persigue al pueblo negro. Desde el secuestro violento de nuestros ancestros y ancestras para traernos a este continente, el látigo del esclavizador –cambiando de formas- pretende seguir golpeándonos. La ambición desmedida del hombre blanco2 por el oro en épocas de la conquista y la colonia, configura el primer momento de saqueo de las riquezas de este continente. Una sin razón se aposentó en sus almas, sus mentes y sus cuerpos, y pareciera que aun hoy, más de 500 años después le sigue generando la misma demencia por ese rutilante mineral, haciendo caso omiso a los hechos comprobados de los desastres ambientales, sociales, económicos y culturales que trae consigo el desmedido afán de sacar del seno de la tierra todo lo que ella contiene. ¿Entienden los países “desarrollados” que la riqueza que detentan está cimentada en la sangre, muerte y el dolor de grupos humanos, 1 Ya es tiempo que se reconozca el fundamental aporte de África y sus descendientes en la conformación y consolidación de este continente. 238 Deshumanización y despojo; rebeldía y re-existencia ha sido nuestra historia como pueblo; y desde la barbarie civilizatoria, occidente quieren erigirse como modelo de sociedad (Machado, 2009: 115). Esa historia de violencias nos sigue alcanzando cuando se creía que podíamos vivir tranquilos, sabiéndonos y sintiéndonos Naturaleza junto con los ríos, los árboles, la lluvia, las montañas. La minería de oro es parte de la cultura del pueblo negro en Colombia, en el norte del Cauca lo expresan así líderes comunitarios: Dice Lisifrey Ararat, del consejo comunitario de La Toma: “…mire, la minería aquí en el Cauca y en el Ovejas es parte de lo que somos, es nuestra cultura, nosotros aprendemos a sumar, a restar, a nadar, a vivir… haciendo minería. Desde muy pequeños los abuelos, tías, tíos, papás y mamás nos traen al rio a miniar, a lavar el oro. Allí aprendemos a relacionarnos con los demás, a sentirnos parte de la comunidad, parte del río. Todos los mayores de la comunidad nos enseñan la defensa y el amor por el rio Ovejas que para nosotros es padre y madre, tenemos el ejemplo de resistencia de doña Paulina que, en años pasados, como en los ochenta, creo que en ese tiempo, si, se paró al frente de una retroexcavadora que quería sacar oro del 2 Me refiero a las formas de ser y de imponerse del pensamiento occidental, un pensamiento y lógica que ha demostrado un afán expansionista sin límites y de desprecio por las diversas formas de vida. 3 Artículo 13 (Pág. 11) de la Declaración y Programa de Acción de Durban Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. En: http://www.un.org/es/durbanreview2009/ddpa.shtml 239 Ovejas, y entonces toda la gente de Yolombó fue donde estaba ella y sacaron la retro” Mazamorrero (Buenos Aires y Santander de Quilichao), quien a su vez es coordinador nacional de la guardia cimarrona: Y en esa misma época se dio el desplazamiento y muchos más impactos y violaciones a los derechos de las comunidades de Buenos Aires (que incluía a Suárez como corregimiento) y Morales, con la construcción de la represa de La Salvajina4. Esto expresan dos mayores y una mayora de la comunidad5: “…la minería ancestral nos dio la libertad, y por eso el negro y el oro no se separan, el oro es más que el dinero que se puede ganar cuando se vende, el oro es orgullo de nuestros ancestros, el oro es parte de nuestra vida, por el oro somos lo que somos: hombres y mujeres libres, y por eso es porque luchamos. Estamos defendiendo el patrimonio de los mayores, de los que estamos ahora y de los renacientes” Y continúa más adelante: “Siendo yo del palenque Alto Cauca del PCN7 y con las enseñanzas del hermano Plutarco (q.e.p.d.) y los demás mayores y mayoras del PCN aprendí que hay que defender el territorio, respetando y aplicando los principios que tenemos, siendo el Ser y el espacio para el Ser la base de todo lo que somos como negros, como pueblo negro”. El Cauca era un rio vivo El rio era la mayor vida y con la Salvajina se acabó todo. Con la Salvajina, fue un desastre. El rio era vivo. Había una música suave. De las mismas flores de los árboles, había una loción traían una fragancia bajando por el rio. Era la común unión del rio, nuestras fincas y el territorio y nosotros. El rio nos inspiraba a sentirse parte de él. Había piedras… bosques, animales, el canto de los pájaros. Uno se sentaba en una piedra a mirar ese paisaje. El subía en la batea para lavar el oro, para la pesca, recreación, cultivo. Trabajar en el rio y vender lo producido Era lo máximo que había6” En las palabras del cimarrón Armando Caracas, del Consejo Comunitario Cuenca del Río Cauca y microcuencas de los ríos Teta y 4 La represa Salvajina (río Cauca) está ubicada entre los municipios de Suarez y Morales en el departamento del Cauca. Ha tenido un impacto sobre las comunidades negras, indígenas y campesinas de éstos y otros municipios aguas abajo de la represa, como Buenos Aires en el Cauca, Jamundí en el Valle del Cauca y, en general, los demás que sigue bañando el rio Cauca. 5 Palabras expresadas por la mayora Isabel Valverde y los mayores Daniel Ibarra y Nicanor Gonzáles del consejo comunitario de La Toma en reunión de coordinación institucional del proceso de Consulta previa y consentimiento previo, libre e informado del plan de manejo ambiental de la central hidroeléctrica de Salvajina. 240 Para los paisas8 el oro es solo una mercancía, para el gobierno es un producto que hará crecer la economía. La minería del oro se impone como política económica de Estado como la locomotora del desarrollo que según discursean traerá prosperidad para todos y todas. Pero saben y sabemos que no es así, que la riqueza queda en mano de unos pocos (los de siempre), casi siempre extranjeros, y las consecuencias nefastas se quedan en los territorios, como el deterioro de los ecosistemas, el quebrantamiento de las lógicas de vida comunitaria, y el debilitando la diversidad cultural de este país. El Norte del Departamento de Cauca, está conformado por 13 municipios, con una población mayoritaria de Afrodescendientes (46%) e Indígenas (31%) y en menor proporción mestizos (23%)7. Buenos 6 Tomado de: Cuaderno Agenda 2016-2017. Documento de trabajo con las comunidades en el marco del Proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado de la central hidroeléctrica de la Salvajina. 7 Proceso de Comunidades Negras en Colombia-PCN, organización que durante 25 años venimos haciendo re-existencia desde, con, por y para las comunidades negras en Colombia, en articulación con otros pueblos y movimientos en los ámbitos nacional e internacional. Los líderes y lideresas referidos en este artículo son PCN, al igual que quien escribe este artículo. Ver: www.renacientes.org 8 Así se denominan a las personas mestizas foráneas que llegan a los territorios ancestrales de comunidades negras. 241 Aires es el municipio que tiene la mayor concentración de población afrocolombiana del departamento del Cauca, con 16.564 personas negras que equivale al 68,3%. En el municipio de Suárez viven 11.007 personas negras que representan el 59,5% de sus habitantes (Dane y Universidad del Valle, 2010). Daremos una mirada a la situación de la minería en el norte del Cauca entendiendo esta zona como una región histórico-cultural interétnica e intercultural, con una fuerte y mayoritaria presencia de afrodescendientes. Me referiré a dos consejos comunitarios tomándolos como expresión particular de una realidad que se vive en el norte del Cauca y que manifiestan el poder colectivo del pueblo negro desde su cultura de río, donde la minería ancestral ocupa un lugar importante de su existencia histórica y cotidiana. Contaremos retazos de historias que aportan a historias trenzadas en escenarios más grandes, hablaremos de los procesos de re-existencia de las comunidades negras de los consejos comunitarios de La Toma, ubicado en el municipio de Suárez, y de Cuenca del Río Cauca y microcuencas de los ríos Teta y Mazamorrero, en los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao. La disputa por el territorio en la región tiene una larga historia de despojo a sangre y fuego. Una vez los negros libertos habían establecido sus espacios de vida en un largo periodo, durante la segunda mitad del siglo XIX (Mina, 1975), las élites y gobiernos de aquel entonces desplegaron toda suerte de estrategias desde la formalización de la propiedad de la tierra para generar préstamos soportados en las fincas que luego perderían los negros libertos, hasta el asesinato y persecución de líderes y dueños de pequeñas propiedades, pasando por el asedio y quema e inundación de los cultivos. Todo esto terminó consolidando en la región la concentración de las mejores tierras de la parte plana en manos de las élites mestizas de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. El proceso de concentración de tierras dejó a las comunidades negras, otrora dueñas de esas tierras, convertidas en mano de obra de las haciendas de la agroindustria de la caña de azúcar y viéndose obligadas a terminar arrendando sus parcelas para este monocultivo. Por supuesto, dándose resistencias. Y se ha logrado permanecer en el territorio y mantener sus formas culturales tradicionales. Permanecen en la memoria de la gente esas luchas de antaño, que nutren las luchas de hoy día10. Y aun, en menor medida, las comunidades siguen teniendo la propiedad de algunas de las fincas tradicionales, en medio del imponente desierto verde de la caña de azúcar. Toda la expoliación de la que fueron víctimas las comunidades, limitó el devenir de bienestar y las formas propias de vida de la gente negra nortecaucana. Parte de esta historia de opresión, trampas y resistencias nos la comparte el maestro Sabas Casarán (y otros mayores y mayoras), en un conversatorio que se realizó a propósito Imagen 1. Río Ovejas que baña a los municipios de Suarez y Buenos Aires, donde se encuentran los consejos comunitarios de La Toma y de Cuencia del río Cauca y microcuencas Teta y Mazamoerrero. 242 9 Tomado de: Plan de etnodesarrollo de las comunidades negras del norte del cauca 2015-2035 ACONC. 10 Luchas cantadas del norte del Cauca https://www.youtube.com/watch?v=VXnwQBCidOg 243 de la celebración en el año 1997, de los 100 años del municipio de Puerto Tejada11. Mientras resistían los negros libertos en la zona plana, con unas luchas ganadas, otras perdidas; los intereses expansionistas del capital nacional y extranjero nos recuerdan que no cesan, que no nos dan tregua. La caña de azúcar continúa expandiéndose en la parte plana especialmente y, en la parte alta, en el pie de monte de la cordillera, se quieren establecer las dinámicas de la minería ilegal e inconstitucional. “A mi tierra llego un fulano llevándose todo mi oro a mi tierra llego un fulano llevándose todo mi oro mayor cantidad sus fincas y frentes de trabajo minero, por allá en los años 30, habiendo llegado a la presidencia Enrique Olaya Herrera, llegó la empresa Gold Dreadging Limited fundada en Vancouver Columbia Británica, Canadá; e inició las gestiones de adquisición y legislación del contrato para explorar y explotar los metales en el municipio de Buenos Aires. La compañía Asnazú Company realizó el dragado del río Cauca. No se atreven a decir la gran cantidad de oro que salió de esas minas. Actualmente, y a partir del auge generado por la política de la locomotora minera, prácticamente todo el territorio del norte del Cauca se encuentra amenazado por una gran cantidad de concesiones mineras o por solicitudes para esta actividad. Tal como se evidencia en el mapa 1. vestido de blanco entero y con acento extranjero prometió a cambio de oro dejarme mucho dinero el tipo de quien les hablo nunca más apareció cogió mi metal precioso y todo se lo llevó ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro” - Canción Oro - Choquibtown Mapa 1. En los actuales municipios de Buenos Aires y Suárez, el auge del oro ha tenido varios momentos en la historia reciente del norte del Cauca, cuentan los mayores y mayoras12 que en las tierras donde la gente aún posee en 11 Video subido por Carlos Alberto Velasco Díaz, 28 de febrero de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=MkiUdEGjjI0 244 Títulos y solicitudes mineras en el norte del departamento del Cauca. Fuente: Observatorio de Expansión Minero Energética y Re-existencia. En: http:// www.mineriayresistencia.org/ 12 Conversatorio con mayores y mayoras en Asnazú-Suárez, mayo 23 de 2016. Realizado en el marco del proceso de Consulta previa y consentimiento previo, libre e informado del plan de manejo ambiental de la central hidroeléctrica de Salvajina. 245 Títulos y solicitudes mineras en el norte del Cauca Es claro que el boom de la minería en Colombia responde a intereses y orientaciones de la banca y el comercio internacionales, ante lo cual el gobierno colombiano coresponde con los ajustes necesarios en materia de política pública. Para el caso que nos compete, presentamos las consecuencias de las modificaciones que se introducen en el sector minero con la expedición de la Ley 685 de 2001, como una de las reflexiones que surgen del Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería (Bermúdez et al, 2011:7), y que compartimos a continuación: La expedición de la Ley 685 de 2001, que modifica sustancialmente el papel del Estado colombiano y ofrece condiciones favorables y ventajosas a las empresas mineras internacionales en el país, constituyó un punto de inflexión en esta dirección (Ministerio de Minas y Energía, 2002). Las modificaciones centrales que esta Ley introduce son: - El Estado se limita a regular y fiscalizar el sector minero y a facilitar el desarrollo de la actividad por parte del sector privado. Se elimina la existencia de una empresa minera nacional equivalente a Ecopetrol para el sector de hidrocarburos. - El contrato de concesión se erige en la única forma de contratar con el Estado y se establece que, en forma automática, un empresario minero pueda pasar de la fase de exploración a la explotación de los recursos naturales no renovables, manteniendo la prioridad en la explotación sólo resolviendo el requisito de la licencia ambiental. 2. Es más fuerte nuestro amor por la vida que nuestro temor por la muerte Despojo y Resistencia Es claro para las comunidades que la minería en este tiempo viene de la mano de los actores armados. Y en todo el norte del Cauca se ciernen nuevamente la amenaza y los hechos del despojo, que se exacerban por la presencia de grupos paramilitares, por los enfrentamientos entre grupos armados y por el aumento de cultivos de uso ilícito y la llegada de foráneos a los territorios. Se ha disparado la llegada de retroexcavadoras en los ríos del norte del Cauca, con las implicaciones que esto conlleva: la comunidad ha identificado desplazamiento; aumento de la inseguridad, del alcoholismo y la drogadicción; así como la precarización de la vida de las comunidades, ya que el boom de la minería les ha contagiado y puesto en competencia con los foráneos. Se han impuesto lógicas de acumulación desmedida y voraz, haciendo uso de diversos mecanismos que van desde la persuasión o las amenazas indirectas, hasta la violencia abierta con la circulación y posesión de armas de todo calibre. La consecuencia ha sido el dejar de lado, y en algunas ocasiones abandonar, otras actividades productivas como la agricultura, la pesca y la caza. Han aumentado las amenazas de muerte a los líderes y lideresas de las comunidades, y se está poniendo en riesgo la pervivencia de la propia cultura de las comunidades, como lo expresan las mujeres del norte del Cauca: - Flexibiliza el contrato minero, permitiendo su cesión parcial o total y la adición de nuevos minerales al objeto del contrato. “Hoy nuestras vidas están en peligro y las posibilidades de existir como pueblo afrodescendiente es mínima, muchos hombres y mujeres están amenazadas de muerte, nosotras hemos vivido de la minería ancestral, como una actividad que les permitió a nuestros ancestros comprar su libertad y la nuestra. Esta actividad ha estado articulada a la agricultura, a la pesca, a la cacería y a los saberes ancestrales que las mayoras y comadronas han inculcado en nosotras para permanecer como pueblos13” . - Define a la minería como una industria de utilidad pública e interés social, independientemente de su fase y escala y elimina la renta presuntiva. Se sigue configurando la estrategia de vaciamiento de los territorios ancestrales negros de diversas formas, los daños e impactos en los - Define claramente las reglas para la expedición del título minero y elimina la obligación de obtener licencia ambiental en la fase de exploración. 246 247 ecosistemas y la vida de las gentes de la región es el claro apuntalamiento y consolidación del modelo de desarrollo que arrasa y aniquila a los ecosistemas y a los pueblos, en este caso, a los pueblos negros, indígenas y campesinos del norte del Cauca. Muestra extrema de esto es la muerte de mineros y mineras en los últimos años a causa del derrumbe de minas14, los asesinatos de líderes y lideresas y los desplazamientos que están convirtiendo a las gentes de esta región en víctimas del “desarrollo”. Hay toda una trama donde, al parecer, se articulan y ayudan paramilitares, élites, políticos, gobernantes, empresas… capital transnacional… Y, en tiempos de posacuerdos y negociación con las guerrillas, tememos que la situación para nada cambiará. De hecho, creemos que se agudizará, pues se están “despejando” zonas a las que las empresas y el mismo Estado no llegaban por razón del conflicto armado interno. Y, como en los acuerdos con las FARC no se discutió el modelo de desarrollo, queda claro entonces que tendremos más de lo mismo: es decir, más del desarrollo que viene arrinconando, asesinando, masacrando a los pueblos y configurando un verdadero etnocidio y ecocidio. La justificación se encuentra en la triada capitalismo, patriarcado y racismo; con todas las demás derivaciones que de allí se desprenden, por ejemplo, la corrupción. Ojalá esa situación sea una predicción equivocada y no pase mucho tiempo más para que se logre esa anhelada “paz”. Al menos que a las personas no las asesinen por pensar distinto... por ser distintas… por vivir distinto al modelo capitalista y democrático (si, muy democrático) que se impone con el discurso del desarrollo, que se ha impuesto a sangre y fuego! 13 Primer comunicado de la Movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales. Para tener una mayor comprensión de las exigencias de las mujeres, ver la intervención de la compañera Francia Márquez. Ver el comunicado y el video en: http:// mujeresnegrascaminan.com/ 14 Derrumbe de mina en Suárez, el 13 de octubre de 2007. Cifras oficiales: 22 personas fallecidas. En: https://www.youtube.com/watch?v=6XQLLr4Um1E Derrumbe de la mina San Antonio en Santander de Quilichao, el 30 de abril de 2014. Cifras oficiales: 13 personas muertas. En: https:// www.youtube.com/watch?v=euGIPMICBfY; Derrumbe de mina en la vereda San Antonio en Santander de Quilichao, 1 de abril de 2016. Cifras oficiales: 4 personas muertas. En: http://www.elpais. com.co/colombia/cuatro-mineros-muertos-tras-emergencia-en-mina-de-santander-de-quilichao.html 248 En el ámbito de “lo ambiental” la Corte Constitucional ha descrito el racismo ambiental, cuando, a razón de proyectos de desarrollo, se generan afectaciones a pueblos étnicos: La Corte en la sentencia T-969 de 2014, manifestó que el racismo ambiental se caracteriza por tres aspectos: “1. Una comunidad claramente identificable que comparta una identidad étnica o racial minoritaria que haya sido oprimida o marginada del proceso de toma de decisiones. 2. Que dicha comunidad deba soportar una serie de cargas y/o riesgos en materia ambiental que signifiquen un detrimento para sus derechos, bienes, valores, o intereses de relevancia constitucional. 3. Que tales cargas y/o riesgos ambientales resulten desproporcionados en relación con aquellos que deben soportar otros grupos étnicos a los que pertenecen las personas que adoptan las decisiones con respecto de la distribución de tales cargas considerada discriminatoria” (Sentencia T-969-2014, Pág. 53). Este racismo ambiental no es más que una manifestación del racismo estructural que se ha vivido y se vive en el país y que niega el disfrute de los derechos de ser y existir a las comunidades negras. Como manifiesta igualmente la Corte Constitucional en la sentencia T969 de 2014: “…incluso, la discriminación más nociva, o la que tiene un efecto más devastador en el goce efectivo de los derechos, proviene fundamentalmente de la organización y el funcionamiento de las instituciones privadas y públicas…” (Sentencia T-969-2014, Pág. 49). A pesar de estas situaciones, son muchas las formas en que las comunidades han resistido- Y si bien han heredado los problemas del pasado por la lógica del desarrollo, también han heredado orgullosamente la resistencia de las ancestras y los ancestros. La conformación de los consejos comunitarios y, más allá de ello, el reconocimiento y apropiación de los territorios ancestrales como patrimonio dejado por los ancestros y ancestras, el compromiso de dejar ese 249 legado material y el sentido de la re-existencia a los y las renacientes desde la fuerza de sentirse uno-a con el territorio, es la base fundamental de la resistencia y la re-existencia aprendida de los cimarrones y cimarronas. Ese recurrir a la memoria histórica, sabiéndonos hacedores de la misma, y el compromiso de enaltecer las luchas del pasado es lo que fundamentalmente hace que las comunidades del norte del Cauca sigan en la lucha. La espiritualidad vivenciada en el día a día, en las labores cotidianas, en la danza, en la música, en la juga, en cosechar lo que se siembra, en comer nuestra comida, en hermanarse con el río, el reconocer en cada nacimiento la raíz de dónde venimos, es lo que nos hace re-existentes, sentirnos y sabernos pasado, presente y futuro. Saber que somos hijas e hijos del tiempo y de la historia… Experiencias de las comunidades negras, que muestran esas luchas las tenemos en el consejo comunitario de La Toma, Suárez, donde las mujeres de Yolombó15 inspiraron y animaron para que las mujeres del norte del Cauca salieran a caminar desde sus comunidades hasta Bogotá y, así, buscar soluciones a la llegada de retroexcavadoras a los territorios ancestrales. Ellas enaltecen la vida y se rebelan frente a las injusticias y atropellos cuando expresan con contundencia y convicción: “Es más fuerte nuestro amor por la vida que nuestro temor por la muerte”. Haciendo conocer sus preocupaciones y presentando alternativas, se movilizaron desde el 17 de noviembre al 12 de diciembre de 2014, exigiendo respuestas y soluciones que frenaran la presencia de la minería ilegal en los territorios ancestrales. Ese andar lo realizaron acompañadas por la Guardia Cimarrona. Las mujeres, luego de su caminar, y al no encontrar respuestas de parte la institucionalidad estatal, decidieron quedarse en asamblea permanente en las instalaciones del Ministerio de Interior, dispuestas a estar el tiempo necesario para forzar al gobierno colombiano a cumplir con los múltiples compromisos que ha establecido con las comunidades para resolver el problema minero en los territorios. Han sido varios los espacios de concertación con el gobierno donde las organizaciones hemos llegado con propuestas y el gobierno se ha comprometido16. No obstante, no se ha 15 Una de las comunidades (vereda) del consejo comunitario de La Toma. 250 cumplido lo acordado y, entre tanto, la minería ilegal e inconstitucional se está consolidando irrefrenablemente. Es claro para las mujeres negras de los municipios de Suárez, Buenos Aires, Guachené, Caloto, Santander de Quilichao y Puerto Tejada, que trabajan día a día por la defensa de la vida y los territorios: “…A pesar del abandono del Estado, hemos permanecido en resistencia frente a los megaproyectos, que en nombre de su visión de desarrollo y con el discurso de erradicar la pobreza, han venido generando condiciones de despojo, destierro y miseria (…) Hoy nuestras vidas están en peligro y las posibilidades de existir como pueblo afrodescendiente es mínima.”17 Desde la movilización venimos accionando diversas formas de resistencia. Por ejemplo, gracias a múltiples acciones jurídicas se ha logrado el reconocimiento de los territorios ancestrales en una demanda de tutela que se apoyó con la sentencia T1045A de 2010 de la Corte Constitucional. Es esta sentencia, además, se reconoce la violación a los derechos de las comunidades negras en los procesos de adjudicación de títulos sin la aplicación del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Por ello, en los territorios de los consejos comunitarios sólo es permitida la realización de la minería ancestral, frenando a los foráneos hasta tanto no se logre el consentimiento de la comunidad. Además, ya el consejo comunitario había realizado diversas acciones de hecho para frenar una orden judicial que ordenaba el desalojo de los mineros ancestrales. Siguiendo la enseñanza de los mayores y las mayoras, miembros del consejo comunitario desalojaron las retroexcavadoras del lecho del río 16 Algunos escenarios de concertación entre organizaciones de comunidades negras y el gobierno nacional, en relación al tema minero y territorial en el Norte del Cauca: -Reunión con líderes y organizaciones afrodescendientes de Suárez, Buenos Aires y Morales, 17 de diciembre de 2009. -Mesa minera de Suárez, mayo 26 de 2010. -Mesa minera Suárez y Buenos Aires, junio 23 de 2010. – Reunión de la Mesa Territorial Afrocaucana y el gobierno nacional, en el marco de la asamblea permanente en las instalaciones del INCODER en Popayán, noviembre 9 de 2013. –Reunión entre organizaciones de la Mesa Interétnica e Intercultural del norte del Cauca y el gobierno nacional, 7 de mayo de 2014. 17 Comunicado de la Movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales. 251 “Los habitantes del Territorio ancestral Colectivo de Comunidades Negras del consejo comunitario Cuenca del rio Cauca y microcuencas de los ríos Teta y Mazamorrero, nos afirmamos como pueblo afrodescendiente, con pensamiento e identidad propia, con más de cuatrocientos años de tradición, resistencia y presencia en este territorio. Que hemos poseído, conservado, administrado, aprovechado y regulado con base en nuestras prácticas ancestrales, heredadas de generación en generación, al conocimiento de los ciclos lunares que rigen nuestra cotidianidad como grupo étnico, para el aprovechamiento sostenible y eficiente de los recursos, para beneficio y usufructo de presentes y futuras generaciones.”19 Ovejas porque las personas estaban cansadas de esperar que el gobierno cumpliese su obligación como garante de derechos. La lideresa Francia Márquez así lo expresó en su momento: “…han entrado dos retros o una, y ahí mismito hemos puesto en conocimiento de toda la autoridad nacional y local. Claro, se hacen los de la vista gorda y a la semana ya hay 20 retroexcavadoras, y a la semana hay 80, y a la semana ya hay 100… y mientras tanto nosotras, mujeres negras, hombres negros tenemos que ir a enfrentarnos con esa gente, a sacar las retros por las malas, o por las buenas, o como sea. Si, poniendo en riesgo nuestra vida, poniendo en riesgo nuestra permanencia en nuestro territorio…”18 Este mismo tipo de acciones, ante la indiferencia y complicidad del gobierno, también la vienen realizando otros consejos comunitarios en el norte del Cauca. El consejo comunitario Cuenca del rio Cauca y microcuencas de los ríos Teta y Mazamorrero en el ejercicio de autodeterminación y asumiendo su responsabilidad como autoridad en el territorio, ha realizado, en los últimos años, veintidós (22) acciones de expulsión de retroexcavadoras- Algunas de esas acciones (unas seis) las han realizado en coordinación con los indígenas y campesinos. Esta determinación ha conllevado a amenazas de muerte para los líderes, lideresas y la comunidad en general. Aun así, la resistencia al miedo es mayor y se ha establecido, desde su reglamento interno, que no se permitirá la destrucción de los ríos a razón de la minería con retroexcavadoras ni con otras acciones que afecten los ecosistemas. Todas estas acciones se vienen realizando con la guardia cimarrona, que replicando estrategias de los cimarrones y cimarrones en los palenques, contados por los mayores y mayoras, se viene consolidando en los territorios como un mecanismo de auto-protección y defensa del territorio. Son ejercicios de resistencia y coherencia con los planteamientos aprobados en el reglamento interno del Consejo Comunitario, donde se establece que: 3. Dejarle a los y las renacientes la herencia de resistencia que nos dejaron los ancestros y ancestras La parte final de este texto la escribo sentipensando con los pies y el corazón en el territorio, en este territorio que un tiempo vio sufrir y sufrió con nuestros ancestras/os esclavizadas/os y que, tiempo después, los abrazó libres y orgullosas/os. La resistencia y el amor a la vida y a la libertad dieron sus frutos: Nada nos ha sido regalado, NADA. Todo lo hemos ganado resistiendo, re-existiendo, con sudor y sangre; con alegría y decisión. La fuerza de la vida y de la justicia palpitan en todo nuestro ser. En tiempos de injusticias y opresión pierden opresores y oprimidos, pierde la humanidad. Pero aún en esos tiempos ganan los seres libres, las y los que siempre se reconocieron libres a pesar de las cadenas, que conquistaron su libertad, aun con su propia muerte. Libres son sus cuerpos y sus almas que nos acompañan. Tenemos el sueño de dejar a nuestros y nuestras renacientes lo que aprendimos y aprendemos de los mayores y mayoras: la resistencia, la re-existencia, que sólo son posibles en comunidad, en colectivo, siendo pueblo! La resistencia y la re-existencia son parte constitutiva de nuestro ser mujeres negras, de nuestro ser hombres negros, está en nuestro ADN cultural-histórico-territorial. Seguiremos entonces resistiendo el embate de 18 Intervención de Francia Márquez (minuto 3:35…), en reunión con el gobierno nacional en Bogotá en el marco de la Movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y de los territorios ancestrales. Ver en: http://mujeresnegrascaminan.com/ 252 19 Reglamento interno del consejo comunitario aprobado en asamblea general en el año 2013. 253 esta racionalidad occidental. Esa que no quiere dejarnos ser, que quiere que seamos como “los desarrollados”, que veamos la vida con sus ojos, que pensemos con su pensamiento, desde sus sentires. Así como desde hace más de 400 años sabemos que no respetan las demás formas de vida, que no cumplen con su palabra, hoy día sabemos que seguirán irrespetando, aniquilando la vida, queriendo imponer sus formas y sus decisiones. Los espacios de concertación serán para que sepan que aquí estamos y aquí (en nuestros territorios) nos quedamos. Los territorios ancestrales que hemos defendido y seguiremos defendiendo, -seguirán siendo espacio de vida en todas sus expresiones, serán defendidos por nosotros y nosotras, continuando el legado de hombres y mujeres cimarronas. 254 Bibliografía ONU. (2001). Declaración y Programa de Acción de Durban Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. en: http://www.un.org/es/durbanreview2009/ ddpa.shtml Ararat, Y.; Acosta, C. y Moreno, V. (2015). Plan de etnodesarrollo de las comunidades negras del norte del cauca 2015-2035. Santander de Quilichao, ACONC. Proceso de Comunidades Negras en Colombia-PCN. Ver: www.renacientes.org Bermúdez, R.; Rodríguez T. y Roa, T. (2011). Mujer y minería. Ámbitos de análisis e impactos de la minería en la vida de las mujeres. Enfoque de derechos y perspectiva de género. Primera edición. Bogotá, Censat-Agua viva. Agrupación ChocQuibTown. (2010) Canción Oro. [En línea]. 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Disponible en: https://vertov14.files.wordpress.com/2011/01/mateo-mina-libertad-y-esclavitud-en-el-valle-del-cauca.pdf 256 257 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Capítulo 8 Equipo Observatorio ADPI Fotografía: Conchita Guerra C. 258 259 Conclusiones y recomendaciones por: Equipo Observatorio Las siguientes conclusiones y recomendaciones han surgido de la visibilización de los múltiples casos presentados en este informe y llaman la atención sobre los peligros de la actividad minera en relación a la paz social y a la sostenibilidad de la vida en el territorio colombiano. Se hará referencia a cinco aspectos principalmente 1. La minería es una amenaza a la sostenibilidad de la paz en Colombia La actividad minera es una de las principales amenazas al mantenimiento y promoción de procesos de paz estable y duradera. Como ya se ha mencionado a lo largo de varios textos, el Estado considera a la locomotora minera como la garantía de ingresos para pagar la inversión social del posconflicto colombiano. En el reciente congreso nacional de minería, llevado a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias el 12 de mayo de 2017, el presidente de la República Juan Manuel Santos expresó públicamente que el derecho a la Consulta Previa y las concesiones mineras en territorios étnicos están siendo “el dolor de cabeza” del avance de esta actividad en el país. Se interpreta, por ende, que los derechos adquiridos constitucionalmente por los pueblos están siendo un impedimento al progreso del país. No obstante, la minería está implicando el mantenimiento de violencias que componen los riesgos de extinción física y cultural de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de las comunidades campesinas. La 260 actividad minera, sea definida como formal, legal, ilegal, criminal o en el marco de las múltiples clasificaciones en las que se ha incluido, engloba y repercute fuertemente el quehacer diario de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Los desafíos territoriales para la paz y la búsqueda de un verdadero desarrollo para las zonas donde se ubican las comunidades ha comportado también el impulso de apuestas comunes, en donde ha sido positiva y -en algunos casos- casi necesaria la unión de diversos procesos interculturales. Por el momento, se ha tratado fundamentalmente de la unión en resistencia frente a las presiones externas e internas por imponer formas ajenas a las propias. Ahora bien, debido al actual proceso político en el que se encuentra Colombia y las transformaciones sociales que se llevarán a cabo, se está viendo como necesaria la puesta en marcha, con mayor contundencia, de propuestas surgidas desde las comunidades, en pro de la soberanía alimentaria y en el ejercicio de formas democráticas participativas frente a las actividades minero extractivas en particular. Es así como, en un contexto de resistencia frente a distintas formas de violencia en muchos casos arraigadas en intereses económicos, las comunidades le apuestan a proyectos propios, algunos más desarrollados que otros pero con la firme convicción de que esa es la única vía para el logro de una verdadera paz en Colombia. En esta medida, una recomendación fundamental surgida desde los múltiples espacios de participación de las organizaciones sociales, así como desde los estudios de expertos que se han referenciado a lo largo de este texto, es la necesidad histórica y urgente de dinamizar el campo colombiano para que los pequeños productores agrícolas puedan tener ingresos dignos para sus familias. Esta es una situación compleja que implica múltiples aspectos: en primer lugar, una verdadera distribución de la tierra, especialmente en zonas donde la vocación de ésta sea de uso agrícola. En segundo lugar, para garantizar la estabilidad de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas en sus territorios, se hace necesario desarrollar proyectos productivos estables para sus ingresos con líneas de crédito flexibles, subsidios e incentivos para toda la cadena que va desde la producción hasta la 261 distribución. De lo contrario, se estarían generando nuevos incentivos al desplazamiento de las poblaciones y la precarización de la vida en las ciudades. Finalmente, es fundamental que el Estado colombiano dimensione la manera como el incentivo de la minería está forzando a las poblaciones hacia una búsqueda de sustento material no sostenible, a corto plazo y que rompe con la armonía social y de los ecosistemas. 2. Externalidades de las actividades mineras Se ha hecho referencia a lo largo de los artículos sobre la multiplicidad de afectaciones que la actividad minera está produciendo. Éstas se podrían resumir así: a) sobre los ecosistemas asociadas a la contaminación de acuíferos, a la contaminación de las tierras y erosión de las mismas, a la deforestación masiva -que conllevan a tragedias ambientales de proporciones descomunales, muchas de las cuales implican pérdida de vidas humanas-, a la contaminación del aire, entre otras. b) Sobre la fauna y la flora, que son una riqueza a la biodiversidad en sí mismas, y que hacen parte de la cadena alimentaria humana. Por ende, se presentan gravísimas consecuencias sobre la salud de las poblaciones donde se está ejerciendo la minería. c) Sobre las comunidades al propiciar en éstas actividades económicas alejadas de la vocación histórica de su trabajo y de su relación con el territorio. Asimismo, incentivando los conflictos sociales como el rompimiento de lazos comunitarios de solidaridad, el ingreso de multiplicidad de dinámicas humanas como el consumo de alcohol, de drogas, la promoción a la prostitución, el aumento de los embarazos no deseados en territorios de extracción minera, etc. d) Sobre el incremento de la violencia y los asesinatos a las lideresas y líderes sociales porque la actividad minera atrae a los grupos armados que usan dicha actividad como una fuente de recursos y poder territorial. Asimismo, aumentando la presencia de las Fuerzas Armadas en los territorios, lo cual contribuye a la militarización de la vida civil y las relaciones sociales. e) Sobre la base cultural de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. En el caso de las primeras, se presentan graves 262 afectaciones sobre los principios cosmogónicos de los pueblos, generando desarraigo y ruptura de los equilibrios comunitarios. Siendo estas sólo algunas de las múltiples consecuencias de la minería, lo que nos interesa visibilizar aquí es que, además de las afectaciones no materiales, los costos sociales y económicos para los ingresos del Estado son enormes. Como lo mencionaba el artículo de Pablo Martínez, el tratamiento médico de una persona del pueblo Murui Miunane, contaminada con mercurio a causa de la minería, le costaría al Estado colombiano entre 7 y 8 millones de pesos, es decir, unos 3 mil euros. O, por ejemplo, los enormes costos para cubrir las tragedias ambientales derivadas de la deforestación masiva y la erosión -como el caso reciente de la tragedia de Mocoa en el departamento de Putumayo-. Finalmente, hasta el mantenimiento que implica la infraestructura de la Brigada Especial para perseguir la minería ilegal la cual depende del Ejército Nacional. Es así que nos preguntamos, ¿vale la pena invertir tanto dinero y esfuerzos para contrarrestar los efectos nocivos de la actividad minera? ¿Vale la pena la pérdida social, probablemente no contabilizada aún en indemnizaciones monetarias, por la fiebre del oro? Y retornamos sobre la misma reflexión: no hay compensación posible y los argumentos estatales de la sostenibilidad económica colombiana gracias a la locomotora minera no se aguantan. 3. La necesaria conciliación con las comunidades Con lo visto hasta aquí, consideramos fundamental el impulso de un proceso de conciliación claro y responsable entre las instituciones públicas y las comunidades; entre la administración central y la administración territorial, regional y local. Se debe tratar de lograr un equilibrio entre la presencia del Estado central en los territorios y el permanente e ineludible respeto a la autonomía de los municipios, comunidades y pueblos indígenas. Para llevar a cabo esta conciliación se ha discutido en torno a la mejora de algunos instrumentos ya existentes - tales como el derecho 263 a la Consulta Previa y la Consulta Popular- o del impulso ex novo de algunas propuestas. Por un lado, gracias a las recientes sentencias de la Corte Constitucional, los mecanismos de consulta a comunidades étnicas -Consulta Previa- y a la población en general -Consulta Popular- encuentran una sólida base jurídica que los avala. Sin embargo, en la mayoría de casos, queda pendiente que todas las condiciones y requisitos jurídicos se cumplan en la práctica y, por lo tanto, que sean eficaces en su cometido. En lo que concierne a comunidades indígenas, preocupan los casos en que, como sucedió en el Cabildo Santa Bárbara, se haya obviado este derecho fundamental debido a que el pueblo indígena no se constituyó como resguardo. Por mandato constitucional -recordando la Sentencia T-427/15- el Estado debe garantizar que la Consulta se realice incluso en estos casos y en el marco, por ejemplo, de la autorización para realizar labores exploratorias en el territorio. En cuanto a las propuestas, una de ellas es la surgida del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM). Este grupo propone la creación de una Agencia Especializada en el Diálogo Intercultural que con autonomía administrativa y financiera tenga presencia en los territorios y de alguna manera sea el mediador entre las instituciones públicas y las comunidades étnicas. No obstante, como se ha visto a lo largo de estas páginas, existen múltiples complicaciones que subyacen a cada caso específico, en donde siempre se encontrarán particularidades que deberán tenerse en cuenta en el diálogo o incluso en la imposibilidad de entablar el mismo, algo que también es necesario reconocer y valorar como realidad. Esta última cuestión es de gran relevancia pues, en algunos casos, parece que la postura opuesta a cualquier tipo de minería que impulsan algunas organizaciones de base -principalmente indígenas y campesinas- no es vista como una opción. Asimismo, no se estaría considerando la disparidad de conocimientos técnicos con los que se suele enredar a las comunidades a la hora de proponerles la explotación de recursos en los territorios. Aunque es claro que existen y son necesarios principios que guíen esta interacción, en la práctica es complicado definir, con carácter 264 general y de manera unívoca, de qué manera van a participar las comunidades étnicas frente a leyes o proyectos de inversión que les afecten . Por ello, como se intuye en el desarrollo de las seis realidades vistas en este informe, el propio diálogo intercultural debería producirse en el seno de las instituciones ya creadas, mediante la formación responsable o presencia intercultural de, por ejemplo, aquellas personas encargadas de tomar decisiones y de entablar diálogo con las comunidades étnicas. Ahora bien, esta formación y sensibilización dirigida a los operadores resultará insuficiente si las estructuras políticas y administrativas regionales no reconocen y toman en serio la autoridad de las comunidades y de las personas que las representan. En definitiva, si no se logra establecer las bases para un diálogo basado en la paridad y el reconocimiento mútuo, difícilmente se podrá conciliar puntos de vista dispares y, por lo tanto, las reivindicaciones democráticas -movilizaciones masivas, manifestaciones y denuncias públicas- seguirán siendo instrumentos idóneos para hacer oír la voz de los pueblos. Por otro lado, esta conciliación también implica reconocer la criminalidad que representa para muchas comunidades no sólo la minería sin título, sino también la minería formal, ya sea a pequeña, mediana o gran escala. Así, aquella actividad minera que sea considerada como criminal por las comunidades de un territorio debido a sus lazos con grupos que ejercen la persecución y la violencia la convierte -independientemente de la existencia de un título minero concedido- en un actividad ilegal e ilegítima, pues no es aceptada por las personas que habitan efectivamente las zonas de influencia. En este sentido, preocupa sobremanera el camino hacia la formalización minera que se está impulsando desde el gobierno nacional. El reciente decreto de clasificación minera debería dejar que la minería artesanal y ancestral -identificada con la de subsistencia- de aquellas comunidades étnicas que la desarrollan continuara siendo eso: minería artesanal y ancestral. Cabría pensar hasta qué punto es necesario y pertinente regular una actividad desarrollada a pequeña escala y con un sentido cultural que poco tiene que ver con una 265 utilidad económica de grandes proporciones. Caso contrario es el de la minería de subsistencia, desarrollada por algunas personas de la comunidad, que no se relaciona con elementos culturales del territorio y que pretende suplir las carencias económicas existentes. Así pues, surge como necesidad que, en vez de potenciar este último tipo de minería mediante figuras jurídicas como son los subcontratos de formalización minera, el Estado debería apoyar realmente las propuestas productivas que tienen las comunidades, como ya se ha resaltado anteriormente. Esta es una manera de desincentivar aquel tipo de actividad minera -de subsistencia- que busca la obtención de un beneficio económico y que suele tener efectos dañinos para el medio ambiente y, sobre todo, para la memoria y los saberes de las comunidades. 4. La necesaria vigilancia de las comunidades sobre las decisiones que se toman sobre sus territorios Hemos visto hasta aquí que, constitucionalmente, existen mecanismos como la Consulta Previa o la Consulta Popular que deben servir para el propósito de incluir a las comunidades sobre las decisiones que se toman en sus territorios. No obstante, además de que frecuentemente funcionan de manera deficiente, también generan divisiones en los espacios interétnicos. Las poblaciones campesinas también tienen derecho a ser consultadas y a vigilar lo que ocurre en sus espacios de vida y subsistencia. Por este motivo, consideramos importante el poder fortalecer los espacios interétnicos de diálogo y control. Un esquema de veeduría ciudadana interétnica sería una opción alternativa para este fin. Su objetivo también implicaría hacer un seguimiento exhaustivo a los proyectos planeados o ejecutados, teniendo simultáneamente capacidad de vigilancia sobre la corrupción. El diálogo entre estos espacios ciudadanos con otros más institucionales, es el que debería tenerse en cuenta en los Planes de Desarrollo Municipal a nivel local, o en otros planes similares en lo regional o nacional. 266 5. El papel de la comunidad internacional y las organizaciones sociales Teniendo en cuenta el complejo contexto en el que se enmarca la extracción minera y sus irreversibles efectos en las personas y los ecosistemas, la comunidad internacional, ya sea sociedad civil organizada, el mundo académico y las organizaciones no gubernamentales, tenemos tres roles fundamentales. Primero, la responsabilidad de sensibilizar nuestro entorno más cercano -desde sociedad civil hasta instituciones y empresas radicadas en el Norte Global- sobre los efectos reales y permanentes de la minería, así como también del necesario impulso de consumo responsable en la ciudadanía. Las estrategias educativas en los entornos del Norte deben ser fundamentales para propiciar la consciencia de las generaciones por venir sobre los efectos humanos y ecosistémicos del consumo. En esa misma medida, los efectos de la minería no son ajenos a la crisis ecológica mundial. Segundo, debemos empezar a trazar estrategias de seguimiento del encadenamiento productivo que genera la industria minera y de exigibilidad de derechos desde diferentes esferas, jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Está claro que las rutas de la minería están generando lazos desiguales y perjudiciales en el Norte y sur Global, principalmente en cuanto a los vínculos existentes entre los grupos financieros del norte y las vulneraciones de derechos humanos que se producen en el sur. En esa medida, el Norte global tiene una responsabilidad muy importante en la venta de insumos como el mercurio. Finalmente, y no por ello menos importante, desde la comunidad internacional debemos continuar acompañando a las organizaciones y comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en la reivindicación de sus derechos y de su posicionamiento como parte importante en el diálogo o acciones de hecho que se lleven a cabo. 267 1. Presencia de GAPD y guerrillas en territorios donde se encuentran los pueblos indígenas, afrodescendientes o campesinos de este informe 2. Situación humanitaria del pueblo Awá Hechos presentados entre 2011 y 2017 Fotografía: Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA. ANEXOS Anexo1: Presencia de GAPD y guerrillas en territorios donde se encuentran los pueblos indígenas, afrodescendientes o campesinos de este informe (2016)1 Pueblo Indígena o Departamento Consejo Comunitario Pueblo indígena Nasa y Consejo comunitario de la Toma Pueblo Yanakona y comunidades campesinas Municipio Anexo 2. Situación humanitaria del pueblo Awá. Hechos presentados entre 2011 y 2017 Actor Armado Cauca Norte Buenos Aires Santander de Quilichao Suarez Águilas Negras El Clan del Golfo Águilas Negras AUC Cauca La Vega Aguilas Negras y Rastrojos Los siguientes son algunos de los casos más significativos reportados en este período. Aclaramos que se trata de datos y cifras parciales o incompletos debido a la dificultad de completar o reconstruir un reporte más exhaustivo. 1. Homicidios Homicidios AWÁ 2011 - 2017 Clan del Golfo Farc - Eln Ricaurte Farc - Eln Roberto Payán Farc - Eln Samaniego Clan del Golfo Rastrojos - Farc - Eln San Juan de Pasto Clan del Golfo - Farc Clan del Golfo Rastrojos - Águilas Negras Tumaco La Empresa - Nuevo Orden - Farc - Eln Farc – La Constru Orito Farc - La Constru Puerto Caicedo Farc Villa Gazón Barbacoas Nariño Awá Putumayo Caquetá Putumayo Muriu Muinai Amazonas La Constru Solano Puerto Leguizamo Corregimiento la Chorrera Corregimiento Puerto Santander Corregimiento La Pedrera 1 Tabla elaborada a partir del XII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares 2016. Indepaz (2017) 270 Año Según fuentes UNIPA (2) 2011 23 2012 12 2013 17 2014 4 2015 5 2016 6 2017 (primer trimestre) 6 Totales 73 Fuente: Tabla elaborada por Observatorio ADPI. 1. Según el Informe Muertes violentas contra pueblos indígenas en el conflicto armado interno y accesos a la justicia, del Programa Presidencial Indígena del 10/09/2013. 2. Según el documento Proceso de concertación gobierno colombiano y pueblo indígena Awá Unipa, Acipap y resguardo indígena Awá el Sande, puntos 5 y 51, de la UNIPA, finales del 2013. Así mismo, estos datos han sido contrastados con la base de datos Noche y Niebla del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). 271 Entre 2011 y 2017 hemos encontrado los datos de 73 homicidios: 23 en 2011; 12 en 2012 y 17 en 2013; 4 en el 2014 ; 5 en 2015, 6 en 2016 y 5 en el primer trimestre de 2017. El año anterior a éstos, 2010, los homicidios fueron 25. En el Anexo 1 se encuentra el listado de una parte de los casos de 2011 y todos los que se conocen de 2012 y 20131. Se adicionan datos a 2015, 2016 y 2017. 2. Ataques, amenazas o presencia de grupos armados Por su ubicación estratégica en la frontera con Ecuador, por la producción de la cocaína para el mercado internacional, por los intereses de las guerras que se libran en Colombia y por las riquezas naturales que alberga, el territorio del Pueblo Awá es un escenario permanente del conflicto armado. Allí actúan o tienen presencia todos los actores armados: las FARC, el ELN, los Rastrojos y otros paramilitares. El Ejército y la Policía no defienden las vidas ni los derechos del Pueblo Awá y se comportan como un actor armado más, que también amenaza, ataca o agrede a sus comunidades. Los 31 casos que se presentan en la tabla de a continuación son apenas una muestra incompleta de la zozobra y el terror en el que tienen que vivir diariamente los Awá. Fecha 22/03/11 Lugar Actores armados y acciones Resguardo Chinguirito Mira, municipio de Tumaco. Fuerte enfrentamiento entre la Fuerza Pública y las Farc a 100 metros del centro educativo de este resguardo. 16/05/11 Resguardo Ñambí Piedra Verde. El Gobierno Nacional proyecta construir una base militar en territorio de este resguardo. 01/11/11 Resguardo Cuasbil La Faldada, ubicado en el municipio de Barbacoas. Acciones perpetradas por las FARC en el interior de este resguardo provocan un desplazamiento de 29 personas. Fecha Lugar 09-23/12/11 Resguardo de Ñambí Piedra Verde, Municipio de Barbacoas. Acciones perpetuadas por un grupo paramilitar generan terror en las comunidades. 11-17/02/12 Corregimiento de Llorente, Municipio de Tumaco. Miembros de la Policía Nacional y efectivos del Ejército de Colombia acosan e intimidan a líderes y jóvenes Awá. 4 y 8/07/12 Resguardo Tortugaña Telembí, Comunidad Sindawa. Personas que visten prendas negras, encapuchadas y armadas, ingresan y amenazan a la comunidad. 20/09/12 Resguardo Indígena Awá de Chinguirito Mira, ubicado en el municipio de Tumaco. Hombres pertenecientes a la base militar el Gualtal del Ejército Nacional ingresaron y realizaron prácticas militares. 27/09/12 Resguardo Chinguirito Mira, Tumaco. Fuertes combates entre el ejército nacional y grupos insurgentes dentro del resguardo. 16/10/12 Resguardo Indígena Chinguirito Mira, Tumaco. El Ejército Nacional sigue ubicado a sólo 500 metros del centro educativo de la comunidad la Hondita, tres semanas después de un desplazamiento masivo. Resguardo Hojal La Turbia. 02/03/13 Resguardos de Gran Sábalo, Kuambí Yaslambí y Pingullo Sardinero, en la frontera con Ecuador. 24-/03/13 Comunidades de Guadual Sábalo y Quelbí Guadual. Fuertes enfrentamientos por parte del Ejército Nacional y el grupo armado de las FARC. Resguardos de Inda Guacaray y Pulgande Campo Alegre. Amenazas de la banda criminal “Los Rastrojos”. Resguardos indígenas Siloe, Villa Unión, Damasco, cabildo Indígena Awá Alto Sardinas, municipios de Puerto Caicedo y Villa Garzón. Se registran combates que se intensifican el 22/06 cerca al territorio de Playa Larga. Las comunidades quedan confinadas por orden de los grupos armados que restringen su movilidad. La Fuerza Pública instala campamentos en territorios indígenas. Principios 04/13 272 Desconocidos encapuchados agreden física y psicológicamente a una mujer indígena de la comunidad en el momento en que ésta salía de la comunidad. Durante 10 minutos fue golpeada, solicitando información sobre los líderes que participaron del desalojo de la mina ilegal que se encontraba dentro del Resguardo. 25/11/12 1 Salvo que se cite otra fuente, todos los datos de este informe han sido extraídos de estos documentos: Boletines Unipa (2011-2015); Actualización Plan de Salvaguarda, UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP (2012); Informe Audiencia Sala Especial de Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 Corte Constitucional de Colombia Pueblo Awá, (2013) UNIPA, CAMAWARI, ACIPAP y Resguardo Indígena Awá del Sande; Proceso de concertación gobierno colombiano y pueblo indígena Awá Unipa, 2 Acipap y resguardo indígena Awá el Sande, (2013)UNIPA. Incluido un caso reportado de un indígena Awá de CAMAWARI. Actores armados y acciones 08/06/13 273 Constantes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el grupo armado de las FARC. Fecha Lugar 15/06/13 Resguardo El Palmar. 04/07/13 Resguardo La Cristalina II, mpio. San Miguel – La Dorada, Putumayo. Actores armados y acciones 12/05/14 Buenavista Barbacoas. Hombres armados disparan contra dos menores Awá. Estos salieron ilesos. 21/12/14 Hombres armados intimidaron de manera Resguardo Tortugaña Telembí. violenta a dos hermanos indígenas de 15 y 17 años. 19/10/014 Tumaco, Nariño. Policía golpea con la culata de la pistola a un joven Awá, rompiéndole la nariz. Resguardo Chinguirito Mira (Tumaco). Combates entre efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso y guerrilleros de la Columna Móvil Daniel Aldana. Murió un guerrillero y resultaron heridas dos personas civiles, una de ellas una adolescente de 16 años de edad en estado de gestación. 06/015 23/01/16 Actores armados y acciones fiscalía, uno de ellos ingresa en domicilio disparando indiscriminadamente a la vivienda en búsqueda del otro compañero. En el hecho dejan herido de gravedad a un niño de 7 años con un disparo en la cabeza. Posteriormente se aclara que las viviendas donde debían hacer el allanamiento quedan a un kilómetro de distancia. Aparece un panfleto en el que se informa que se efectuará “limpieza en la zona”. 12, 27/05/14 Buenavista Barbacoas. 28/06/15 Lugar Tres agentes de la Policía de Carretera de la estación de Ricaurte ingresan buscando un vehículo. Un joven de la guardia indígena es herido por un disparo. Personal del grupo de los rastrojos buscan a familiares de Wilson Hernando Guanga, asesinado días antes, y al gobernador suplente y a algunos guardias indígenas, igualmente buscan a cuatro menores de edad estudiantes del centro Educativo los Telembies. 29/05/15 Fecha 2501/16 03/02/16 18/02/16 Resguardo Gran Rosario. Resguardo Gran Rosario. Resguardo Gran Rosario. Barbacoas, Resguardo Piedra Detención y tortura por parte de la policía a un joven de 19 años perteneciente al Verde. Resguardo Piedra Verde. Resguardo Ñambi Piedra Verde, Cuasbil la Faldada, y Saundé Guiguay. Se amenaza a varios integrantes de la comunidad, generando temor y riesgo de desplazamiento forzado, Amenazas por parte de las Farc al Gobernador del territorio ancestral Awá Ñambi Piedra Verde se exige la limitación de sus funciones de control territorial frente a población mestiza que ha venido entrando al territorio ancestral de este resguardo, mucha de la cual se ha dedicado a los cultivos ilícitos. Km 80 vía Pasto - Tumaco, corregimiento La Guayacana. Personas pertenecientes a Resguardo Gran Rosario. Miembros activos del cuerpo de investigación de la policía judicial, que se encontraban adelantando procedimientos a dos viviendas que tenían orden de allanamiento por la 274 25/02/16 El Diviso, predio El verde. 275 Frecuentes visitas de personas extrañas al domicilio del abuelo del menor herido, golpeando de manera violenta en la puerta, gritando palabras amenazante y ofensivas en contra de los familiares. Agentes de la policía ingresan a la habitación del niño donde está hospitalizado el menor herido. Sin previa autorización e información a las autoridades indígenas y de sus padres, aprovechando que se encontraba solo y durmiendo, intentaron despertarlo para indagar sobre lo ocurrido, estos hechos buscan re-victimizar a nuestras familias Awá, y violan todos los protocolos establecidos para estos casos. A las 5:30 de la tarde, momento en que dos Hermanas Awá se encontraban regresando a sus hogares, agentes de Policía Nacional disparan sin motivo alguno al carro donde se desplazaban, los impactos de bala propiciados de manera irregular hirieron a Florinda Damaris García García de 24 años y Patricia García de 33 años. La consejera de Mujer y Familia de la UNIPA es víctima de agresiones verbales por parte de hombres armados que se encontraban de civil y que ingresaron violentamente en su domicilio en horas de la madrugada tumbando la puerta del mismo, donde se encontraban tres menores de 8 meses, 13 y 15 años así como también personas mayores. La UNIPA afirma que fue un operativo realizado por la Policía Nacional y el Ejército, pues eran ellos quienes custodiaban a los hombres en el momento en que ingresaron en el domicilio. Fecha 01/05/16 17/05/16 24/04/16 Lugar Corregimiento de Altaquer (Barbacoas). Resguardo Chiringuito Mira (Tumaco). Resguardo Piguambi Palanga. Municipio de Tumaco. Actores armados y acciones Consejero Zonal de la Guardia Indígena de UNIPA es víctima de abuso de autoridad por parte de un miembro de la Policía Nacional. Es agredido verbalmente y se causan daños materiales al vehículo en el que se desplazaba, asignado por la UNP como parte de esquema de seguridad, debido a múltiples amenazas desde hace 2 años. Allanamiento e intimidación. Funcionarios de la Fiscalía y Ejército Nacional ingresan, mediante helicóptero, sin previa orden judicial y de manera ilegal en el resguardo. Una vez en el sitio, ingresan abruptamente en un domicilio sin autorización, amenazando a los presentes (mujeres Awá y dos de 2 y 8 años) hicieron caer una arma de fuego en el interior del domicilio con la intención de señalar a las personas presentes que el arma era suya. Toman fotografía a una persona Awá y le hacen firmar un documento del cual aún no se conoce el contenido. (com 007 2016) Mujer indígena junto a su hija de 1 año de edad es atacada por un desconocido a las 8am mientras se desplazaba desde su casa hasta la IPS indígena ubicada en el centro poblado del corregimiento de Llorente. La mujer fue agredida, golpeada, violada. Su hija menor de edad también es golpeada. 276 3. Desapariciones forzadas En la tabla siguiente se presentan los hechos ocurridos, entre septiembre de 2011 y el 8 de junio de 2015. Fecha Nombre Lugares y circuntancuas 10/11 Tres jóvenes. Son desaparecidos en el río Ñambí. (Boletines 07/12/11 y 03/05/12, sin más datos). 17/03/12 Augusto Marcial Canticús. En el sector de Tangarial, Tumaco (Boletín 21/032012). Mauricio Paí Pascual (22 años) Lisandro Paí Paí (23 años) Juan Miguel Guanga Pascual (19 años) Cuando regresaban del Centro Guadualito - Ecuador fueron retenidos por hombres armados en el sector de Puerto Palma y conducidos río Mira arriba con rumbo desconocido. (Boletín 03/05/2012). 22/04/12 07/09/13 08/06/15 De la comunidad de Tangarial, Resguardo Pulgande Tronqueria municipio de Barbacoas, cuando se dirigía al corregimiento de Pispían (Comunicado 18 de 09/12/2013). Iván Rodriguez Goyes. En el Barrio el Rosario del municipio de Pasto, hombres en una camioneta llegaron a la casa donde vivía desde que fue desplazado del Resguardo Ñambi Piedra verde. Los hombres lo abordaron para indagar por la desaparición de una señora del Remolino, lo amenazaron y obligaron a subir a un vehículo. Hasta el momento se desconoce su paradero. Alfedro Pascal Canticús. 277 4. Minas antipersonales Una buena parte del territorio Awá se halla sembrado de minas antipersonales. Éstas se encuentran en tierras de cultivos, en los caminos, cerca de sus escuelas y poblados e incluso en sus lugares sagrados. Los estallidos y accidentes, los muertos y heridos a causa de estos artefactos son frecuentes. Esta situación, unida a las demás agresiones que reciben, causa situaciones de pánico, terror, desplazamientos, confinamientos, cierre de escuelas y pérdida de sus cosechas. En la tabla siguiente se presentan los casos de 10 muertes, entre ellas, las de tres menores y situaciones de pánico en comunidades. Fecha Muertes y otras afectaciones 24/04/12 Rodolfo Arquímedes Guanga y Héctor queda gravemente herido. Municipio de Ricaurte. 10/08/12 Se activó una mina antipersonal donde perdió la vida el menor de edad José Melandro Pai Pascal estudiante de la institución Educativa. Cerca de la Institución Educativa del Resguardo Indígena Awá de Inda Sabaleta. Entre el 10 y el 14, se produjeron 15 explosiones a sólo 600 metros del Centro Educativo Inda Sabaleta. Silvio Antídio Loza esposo de la señora Aleyda Bisbicús Guanga y padre de 5 menores Awá, murió al caer en el campo minado. Otros dos indígenas gravemente heridos. Cerca del Centro Educativo del Resguardo Inda Sabaleta. Todos los caminos y predios del Resguardo Inda Sabaleta han sido sembrados de minas antipersonas por lo cual se han producido desplazamientos y confinamiento. A raíz de fuertes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las FARC: Desplazamientos de 42 familias - 227 personas, por temor por su propia vida, por posible presencia de campos minados en estas comunidades. En inmediaciones de las comunidades de Guadual Sábalo y Quelbí Guadual. 03/04/13 José Fabricio Delgado Canticús. Vereda Berlín, Barbacoas. Resguardo El Sande. 29/06/13 Robisnson Rubén Díaz Gómez muere al caer en una mina ubicada a 200 metros del centro poblado. 01/0/12 a 01/07/13 En estos dos semestres se reporta pánico constante en las familias de este resguardo por la presencia de MAP, la prohibición del tránsito libre por el territorio y confinamiento. Resguardo de Alto Comboy, municipio del Valle del Guamuez, Putumayo. 24/11/13 Tres indígenas Awá resultaron heridos debido a la detonación de un artefacto explosivo colocado en la vía que de Pasto conduce a Tumaco. Corregimientos de Llorente y la Guayacana. 27/11/13 Fallece en el hospital universitario el Awá YORBAN DAVID BISBICUS GARCÍA, uno de los heridos del incidente del 24 de noviembre de 2013. 15/08/12 Lugar y circunstancias 31/01/11 Padre e hijo, Wilfrido Rodriguez y José Richard Rodriguez. José Richard falleció. Hojal La Turbia (comunidad Peña Caraño). 02/02/11 Rosa Aurelina Guanga, Maria Fernanda Canticús y Fabiola Guanga. Hojal la Turbia (Comunidad Quejuambí la Liza). 20/02/11 Segundo Eduardo Guanga Nastacuas, muerto. Nubia Rodríguez Nastacúas, herida. En el resguardo Tortugaña Telembi (Municipio Barbacoas). Un “hermano indígena Awá” (sin nombre). Los Awá denuncian el incremento de campos minados en su territorio: “en lo que va corrido del año 2011, se han presentado 8 accidentes por Minas Antipersonales. El último caso registrado es el de un compañero Awá que cayó en una mina cerca del resguardo Hojal La Turbia, y falleció. Los actores armados que transitan por la zona no permitieron que se hiciera el levantamiento del cuerpo del hermano indígena Awá y obligaron a que fuera enterrado cerca del lugar donde cayó.” 16/05/11 Las minas han llegado hasta la cabecera del río Naya donde está un sitio sagrado. “Durante el recorrido hemos verificado que la mayor parte del territorio se encuentra sembrado de minas antipersonal.” 13/05/11 Vereda San Antonio, Putumayo. 10/03/12 278 24,26/03/13 279 Corregimientos de Llorente y la Guayacana. Fecha 27/01/14 06/21 10/02/14 Primer semestre 2015 20/02/17 Muertes y otras afectaciones Lugar y circunstancias Resulta gravemente herido el guardia indígena Leonardo Canticús Paí, quien cayó en una mina antipersona causándole lesiones de gravedad en sus extremidades inferiores y superiores. Comunidad de Peña Caraño, resguardo indígena Awá de Hojal la Turbia, municipio de Tumaco. Se denuncia la presencia de MAP. En los resguardos de Inda Sabaleta, Inda Guacaray, Chiringuito Mira, Pulgande campo Alegre. Se detectó un artefacto explosivo sin identificar en una de las vías. El caso se presentó durante los combates entre grupos de la guerrilla y el Ejército Colombiano, que confinaron a más de 50 personas en la zona. Comunidad Planadas, Resguardo Piguambí Palangala, municipio de Barbacoas. Las autoridades denuncian la siembra indiscriminada de minas antipersona y artefactos explosivos realizada por las FARC. Resguardo Chinguirito Mira, comunidad La Nacedera, con afectación de civiles y restricción de la movilidad de 12 familias (45 personas) indígenas. Un menor de 15 años, Armando Guanga Pai. es alcanzado por una mina antipersonal cuando se encontraba realizando labores dentro de su finca, a 10 metros de su casa. Vereda La Aduana - Rio Mira, Municipio de Tumaco. Se denuncia que desde hace más de 10 años estos artefactos han sido dejados en los caminos ancestrales que recorren las comunidades Awá. 5. Impactos por derrame de crudo Desde los años 60, el Territorio Awá es utilizado como espacio para el tránsito del petróleo a través del oleoducto Transandino que conduce el crudo desde los pozos de Orito, Putumayo, hasta el puerto de Tumaco en donde se embarca hacia el extranjero. Este oleoducto ha sido objeto de “rupturas” por accidentes, de “voladuras” por la subversión y en los últimos 5 años se viene extrayendo crudo en algunos de sus tramos de manera ilícita para producir gasolina y usarla en el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Todas estas acciones producen derrames del 280 crudo, a veces acompañados de incendios, que contaminan las aguas de los ríos y quebradas, sus riberas, los suelos, el aire, la biodiversidad y por lo tanto, los seres vivos, incluidos los Awá, sus alimentos y su salud, lo cual configura una emergencia ambiental de grandes proporciones. Fecha Lugar 12/11/11 Derrame de crudo en el resguardo indígena de Saundé Guiguay, en los municipios de Barbacoas y Roberto Payán, Estos derrames han venido sucediendo desde el año 2006 a lo largo del oleoducto transandino especialmente en el tramo entre las poblaciones de Altaquer y Llorente, afectando los resguardos de: Gran Sábalo, Saundé Guiguay, Pianulpi Palangala, Inda Guacaray e Inda sabaleta, Pulgande Campo Alegre, Chimbagal y Guelmambi el Bombo. (P. de S.) 01/03/12 Predio El Verde, resguardo del Gran Sábalo. 30/10/12 En los resguardos de Inda Guacaray e Inda Sabaleta se presenta otro gran derrame afectando a la comunidad y su territorio. 23/10/13 En el corregimiento La Guayacana kilómetro 88 de la vía a Tumaco. 08/06/15 Las Farc voló un tramo del oleoducto transandino a la altura de los ríos Caunapí y Rosario, los cuales abastecen al río Mira. 21/06/15 Las Farc vuela un tramo del oleoducto Trasandino a la altura de la quebrada Pianulpí, que abastece al Güisa. Generó el derrame de 410.000 galones de petróleo sobre suelo nariñense. Gran parte del crudo llegó al río Mira, que abastece de agua a Tumaco. 6. Los cultivos de coca y las fumigaciones químicas En primer lugar, el aumento de los cultivos de hoja de coca se corresponde con la tendencia al alza en estas regiones, incluso en áreas que no se corresponden con los resguardos. Es decir, las motivaciones para el cultivo guardan estrecha relación también con la precariedad en las condiciones de vida de las comunidades, las cuales buscan otras formas de complementar sus ingresos familiares. Los indígenas Awá han tenido serias dificultades para la comercialización de sus productos de pancoger por los altísimos costos del transporte, por la intermediación de la cadena de comercialización de los productos agrícolas, por la falta de políticas para abaratar los costos de producción y por la intoxicación que han sufrido los suelos de los resguardos 281 a causa de las fumigaciones aéreas con glifosato. Esto se complementa con la contradicción permanente de las políticas del Estado colombiano en materia agrícola: no se cuenta con incentivos a producción agrícola y, simultáneamente, se han promovido la firma de Tratados de Libre Comercio con varios países del Norte Global, afectando al campo colombiano. Gráfica 1. Evolución de los cultivos de hoja de coca por hectáreas en resguardos Awá del Departamento de Nariño. (2012 - 2015) Fuente: Observatorio ADPI con base en los datos extraídos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). UNODC. En segundo lugar, expresando una situación compleja y grave, varias de las personas que se están dedicando a la siembra de hoja de coca en resguardos indígenas - e incluso en consejos comunitarios de la población afrodescendiente - son colonos ajenos a las comunidades. En el caso Awá, los resguardos de Inda Zabaleta, Inda Guacaray, La Brava y Gran Rosario son los que más están presentando este problema. Esta colonización de territorios indígenas por foráneos se ha dado de forma espontánea o dirigida. Siendo espontánea para aquellos casos de campesinos provenientes de otras zonas del país o, dirigida, cuando los grandes traficantes de la zona han sido los que han promovido esta invasión de los resguardos. Las actividades de los grupos relacionados con el narcotráfico están estrechamente emparentadas con el auge de los grupos neoparamilitares en la zona y con la explotación de la minería ilegal en territorios indígenas. Como ya se mencionó en la introducción de esta investigación y en el informe del Observatorio ADPI de 2013, las rutas de comercialización de la minería ilegal y de la hoja de coca suelen coincidir. En esta compleja situación, entre 2014 y 2015 los cultivos aumentaron cerca de un 40% en el país y un 89% en el municipios de Tumaco, el de mayor producción total. En ello influyó la reconfiguración de los grupos armados derivada de la perspectiva de desmovilización de la guerrilla de las Farc y la suspensión de la fumigación con glifosato en mayo de 2015. No obstante, teniendo en cuenta el análisis hecho anteriormente, es fundamental que la política antidrogas no presuma que se deben reanudar las fumigaciones con glifosato. Gráfica 2. Evolución de los cultivos de hoja de coca por hectáreas en resguardos Awá del Departamento de Putumayo. (2012 - 2015) Fuente: Observatorio ADPI con base en los datos extraídos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). UNODC. 282 En primer lugar, porque como las gráficas 3 y 4 lo demuestran, la tendencia de incremento del área cultivada fue anterior a la suspensión de las fumigaciones. En segundo lugar, se presentaron en territorio Awá gravísimas afectaciones a la salud de la población y a la soberanía alimentaria. Las fumigaciones con glifosato no discriminaron 283 cultivos de pancoger y cultivos de hoja de coca. Por el contrario, acabaron con otros cultivos que garantizaban la autosubsistencia de los Awá o que eran potencialmente comercializables. Lo mismo sucedió con los animales de la zona selvática que hacían parte de su dieta. Además, las fuentes de agua fueron afectadas seriamente en todos los años de fumigaciones. Es así que, además de encontrarse en zona de conflicto armado, la supervivencia Awá también se vio amenazada en los aspectos más básicos de salud y alimentación. En este caso, por las fumigaciones promovidas desde el propio Estado. En el área urbana y rural de Tumaco se aplica la estrategia del Plan de Consolidación Integral. Uno de sus planes es la erradicación de cultivos ilícitos y la sustitución de los mismos por productos lícitos y comercializables. En la práctica, si bien se han logrado algunos avances modestos en comercialización del cacao y el coco, es el ejército el que ejecuta estos programas, afectando la autonomía territorial indígena y afrodescendiente, en una zona azotada por el conflicto armado. Gráfica 3. Gráfica 4. Comparación de área de cultivo de hoja de coca en los Municipios de Tumaco y Barbacoas y el área de cultivo en los resguardos Awá de esos municipios. (2012 - 2015) Fuente: Observatorio ADPI con base en los datos extraídos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). UNODC. Comparación de área de cultivo de hoja de coca en los Municipios de Orito y Puerto Asís y el área de cultivo en los resguardos Awá de esos municipios. (2012 - 2015) Fuente: Observatorio ADPI con base en los datos extraídos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). UNODC. 284 Finalmente, de las gráficas 3 y 4 se puede evidenciar que, especialmente en los resguardos de Putumayo, el área de hoja de coca sembrada en los resguardos indígenas no es mayoritaria dentro del total sembrado en los municipios de Orito y Puerto Asís, que son donde los cultivos son más evidentes. Incluso en Nariño, que las hectáreas sembradas en resguardos son mucho mayores, entre 2012 y 2015 en ningún caso han representado más del 50% del total sembrado en dichos municipios. Según datos Simci de 2015, del total de hoja de coca sembrada en el municipio de Tumaco, el 32% se encuentra en territorios indígenas. 285 7. Detenciones arbitrarias En el Informe Audiencia Sala Especial de seguimiento Sentencia T-025 de 2004 Corte Constitucional, se detallan, sólo para el período entre el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013, cinco casos concretos de detenciones arbitrarias que afectaron a 9 indígenas Awá. El comunicado 18 de la UNIPA, del 9 de diciembre 2013, informa sobre las detenciones arbitrarias de otros dos indígenas Awás en el corregimiento de la Guayacana, Tumaco. 8. Desplazamientos y confinamiento forzados Las masacres, los homicidios, las minas, los derrames de petróleo del oleoducto, las fumigaciones con glifosato, los ataques y amenazas a sus territorios y comunidades continúan produciendo desplazamientos y confinamientos de una manera permanente. No hay una atención de emergencia con los requerimientos de un enfoque diferencial exigido por la normatividad nacional e internacional. Los retornos y reubicaciones los tienen que hacer las familias sin ningún acompañamiento ni garantías para su seguridad y bienestar. Tampoco existe una estadística completa sobre estos hechos y en todos los informes se presenta un subregistro de los casos. A continuación presentamos algunos de los casos que se han denunciado en los boletines, comunicados y en el Plan de Salvaguarda. Fecha 03/11 Lugar Resguardos indígenas de Magüí y Cuchilla del Palmar del municipio de Ricaurte. Cabildo Alto Comboy, Putumayo. 25/02/12 Resguardo Integrado Mi- Desplazamientos masivos internos y confinamiento lagroso. Cuaiquer Viejo de 168 familias, 845 personas, por enfrentamientos entre el Ejército Nacional y grupos armados ilegales y (CAMAWARI). posteriores bombardeos. Muerte de un niño. (P. de S.) 16/08/12 Resguardo de Inda Sabaleta. 450 familias de 7 comunidades se encuentran confinadas y en riesgo de desplazamiento a causa de la siembra de minas antipersonal en todos sus caminos y predios. 27/10/12 Resguardo Chinguirito Mira, municipio de Tumaco. 76 familias salieron del territorio Inkal Awá por los fuertes combates en la zona entre el Ejército Nacional y grupos insurgentes Otras 40 familias habitantes no indígenas también decidieron abandonar la zona. 16/10/12 Resguardo Chinguirito Mira, municipio de Tumaco. A tres semanas del desplazamiento masivo de este resguardo continúa el desplazamiento. 02/12/12 24,26 03/13 01/11/11 Resguardo Cuasbil La Faldada en el municipio de Barbacoas. 7 familias que suman 29 personas “se desplazaron forzadamente a causa de las acciones perpetradas por las FARC”. 01/12/11 Resguardo Ñambi Piedra Verde, municipio de Barbacoas. Se produce el sexto desplazamiento forzado de este resguardo de 45 familias con 215 personas, después de que un grupo paramilitar asesinó a Bolívar Guanga, retuvo a siete miembros de la comunidad y abusó sexualmente de tres mujeres entre ellas una menor. 286 Resguardo de Magui, Ricaurte. Desplazamiento de 219 familias con 807 personas por enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados ilegales. Esta situación se agravó y en abril 2013 se denunció que las familias confinadas llegaban a 2040 personas. En las comunidades 42 familias -227 personas- son desplazadas y conGuadual Sábalo, Quelbí finadas en este centro educativo por combates entre Guadual y su centro las FARC y Ejército. educativo. 21/01/14 Durante tres días se 70 familias de Arrayan, 29 de Imbina, 41 de Magüí, presentaron combates en 19 de Cumbas y 65 del Guadual. la zona del Arrayán e Imbina. 07/02/14 Continúan los hostigamientos en el Resguardo de Magüí. 27/05/14 Desplazamiento forzado de 11 familias de la Comunidad Telembies, Resguardo Tortugaña Telembí. Causada por el asesinato de Cristian Delgado y las amenazas y torturas contra Rider Arias y Parmenio Nastacuás. 02/10/14 Comunidad Planadas, Resguardo Piguambí Palangala, municipio de Barbacoas. Se presentaron fuertes combates entre grupos de la guerrilla y el Ejército Colombiano, confinando a más de 50 personas correspondientes a 20 familias en el centro educativo de Planadas Piaguambi, otras comunidades se encuentran afectadas por estos hechos, entre esas Pianulpi y Palangala. Actores armados y factores de la situación 49 familias, 988 personas, se desplazaron desde las comunidades Awá de Magüí, Guadual, Cumbas, Invina y Cuchilla del Palmar por combates entre el Ejército y las FARC. (P de S.) 24 familias tienen que abandonar el territorio por el temor a caer en las minas sembradas por los grupos armados y 10 familias sufren confinamiento. (P. de S.) 13/03/12 Continúa el confinamiento y aumenta la preocupación de las comunidades pues los caminos se encuentran minados y se comprueba que en otros resguardos que están cerca se presenta la misma situación. 287 06/15 02/16 Durante la realización de la MCAWA, la organización Unipa pone en conocimiento que existe una situación de confinamiento en la zona de frontera por la presencia de actores armados. Resguardo Gran Rosario. 10. Violencias basadas en género Por presencia de actores armados en Pipalta Palví, y de riesgo de desplazamiento en Gran Sábalo, Sangulpí, Piedra Sellada, Chingirito Mira. El menor que fue herido en enero de 2016 al parecer por cuerpos de la policía judicial así como su padre, se encuentran desplazados de su territorio y no han podido retornar a su vivienda, pues temen por su vida y las represalias que se puedan tomar. 9. Reclutamientos Fecha Lugar Actores armados y factores de la situación Resguardo Pipalta Palbi Yaguapi. Miembros del ELN reclutan a 6 indígenas Awá, tres de los cuales son menores de edad. 01/15 Centros educativos resguardos de Barbacoas. Desaparecen dos indígenas Awá, menores de edad, Se presume que han sido reclutados por grupos guerrilleros. Resguardo WATSALPÍ. 05 y Reguardo Tortugaña Telembí y reguardo Tronqueria Pulgande. 08/15 Lugar 17/11/13 Resguardo indígena Awa de Gran Sábalo, Municipio de Barbacoas. Homicidio de la señora María Elicena Ortiz PAÍ, de 35 años de edad. 17/11/13 Resguardo el Gran Rosario, comunidad Guandapi. Beatriz Canticús Canticús, aparece muerta a la orilla del rio Rosario con un golpe en la cabeza que destrozó su cráneo. 18/06/15 05/14 06/15 Fecha En la comunidad Alto Guelmambi del resguardo Alto Ulbi Nunalbi. Actores armados y factores de la situación Personal de la SIJIN irrumpieron en la vivienda de la Gobernadora Indígena del Resguardo Alto Ulbi Guelmambí (Barbacoas), procedieron a cortar el fluido eléctrico, sin orden judicial ingresaron a la vivienda de forma violenta rompiendo los vidrios de las ventanas y puertas argumentando que tenían una orden de allanamiento que no indicaron, procedieron a realizar un registro en la casa bajo el argumento de que allí se encontraba material de guerra, armas largas, artefactos explosivos y cocaína. Durante el procedimiento ilegal se agredió a 5 adultos y 3 menores de edad que se encontraban presentes en la casa, constantemente se les apuntó con arma de fuego y se los incomunicó quitándoles los celulares. El menor CARLOS ALFREDO GARCÍA GARCÍA de 15 años de edad fue reclutado por el grupo denominado “Los Rastrojos”. Fue rescatado por la guardia indígena y entregado a ICBF, para garantizar su protección, sin embargo la institucionalidad no pudo protegerlo al no contar con una ruta de protección efectiva para los miembros de los pueblos indígenas, El menor retornó a su territorio, siendo asesinado poco tiempo después por los grupos armados que ocupan nuestro territorio. Miembros de grupos armados de guerrilla y paramilitares han citado a los estudiantes de las comunidades, toman los nombres de los indígenas que van a reclutar y posteriormente se los llevan contra su voluntad. 288 289 11. Restricciones y limitaciones de la movilidad en territorios ancestrales Fecha 08 al 12 05/12 16/11/14 28/06/15 20/03/17 Lugar Resguardo el Sande Minga Permanente Awá de las organizaciones UNIPA y ACIPAP. Corregimiento de Junín, Municipio de Barbacoas. Actores armados y factores de la situación Resguardo el Sande El ex-suplente Gobernador Indígena del Resguardo Awá del Sande, ubicado entre Ricaurte y Santa Cruz de Guachavez, Gabriel Nastacuas, es hostigado y aprehendido sin causa ni orden judicial y conducido a las instalaciones de la Estación de Policía del lugar por parte de miembros del CTI, quienes le manifestaron que tenían una orden de captura pese a que nunca la presentaron. 12. Concertación del plan de salvaguarda Awá (PSA) y mesa de concertación Awá (MCAWA) El Plan de Salvaguarda del Pueblo Awá (PSA) es uno de los instrumentos claves en cuanto al respeto de la autonomía y la protección de los derechos del Pueblo Awá. De esta manera, el resumen de la situación de estos últimos años (2015-2016 y 2017) en el marco de la Mesa de Concertación Awá (MCAWA) deja mucho que desear. La MCAWA es el espacio de encuentro entre el gobierno colombiano y el Pueblo Awá, instalado hace ya 7 años en virtud la orden de la Corte Constitucional mediante el Auto 004 de 26 de enero de 2009. Es preciso recordar las 3 órdenes específicas que mandató la sala especial del alto tribunal: Durante el séptimo día de la movilización de la Minga Permanente Awá de las organizaciones UNIPA y ACIPAP, la fuerza pública ejerce cada vez más presión e intimidación sobre los participantes de la movilización, realizan mayor despliegue de sus tropas, intentos de incursiones a los lugares donde se encuentra la concentración de los cabildantes e incluso el lanzamiento de bengalas en horas de la madrugada para precisar el sitio donde se encuentra concentrada la guardia indígena, atemorizando a el grupo de indígenas reunidos. 1. Establecer un programa de garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas. Luis Armando Bisbicús Canticús de 19 años de edad, perteneciente al resguardo Ñambí Piedra Verde, fue víctima de atropellos por parte de un miembro de la policía nacional en el corregimiento de Junín, Municipio de Barbacoas, lo acusa de pertenecer a un grupo armado al margen de la ley, le prohíbe hablar en su idioma propio y a comunicarse por celular con su comunidad, luego de realizar estas intimidaciones y señalamientos lo soltaron. En múltiples ocasiones el Pueblo Awá ha acordado con el gobierno nacional y los ministerios encargados la concertación de reuniones a fin de desarrollar los mandatos establecidos no sólo en el auto 004 de 2009 sino también en los autos 174 de 2011 y 143 de 2013 emitidos por la Corte Constitucional colombiana, en donde se identificó claramente cómo el Pueblo Indígena Awá se encuentra en grave riesgo de extinción física y cultural. Así, el año 2009 la Corte evidenció la “violación permanente, sistemática y generalizada” de los derechos de este Pueblo Indígena por todos los actores enfrentados en el conflicto armado colombiano, añadiendo que: El Pueblo Awá denuncia que la presencia de la empresa palmicultora ASTORGA, presente en el territorio hace ya 30 años, está provocando despojo de tierras, confinamiento, contaminación de ríos y quebradas y deforestación de más de cuatro mil hectáreas de selva. El Pueblo Awá proponen una serie de medidas de compensación ya ante ello la empresa amenaza con tomar medidas legales. 290 2. Configurar planes de Salvaguarda étnica para el Pueblo Awá. 3. La adopción de determinaciones encaminadas a evitar la impunidad. Esta última orden dirigida especialmente a la Fiscalía General de la Nación. “(...) es claro que la afectación diferencial de los pueblos indígenas por el conflicto armado constituye un proceso destructivo de 291 la diversidad étnica y cultural del país, que es invisible para la sociedad y el Estado colombianos” (Auto 004 de 2009) familias de las personas afectadas por los hechos violentos de los que han sido objeto. Desafortunadamente, la indiferencia estatal se ha mantenido estos últimos años. En vista de la dificultad de medios y de personal alegada por las instituciones responsables para reunirse y coordinar planes de manera conjunta, durante el mes de marzo de 2016 las Autoridades Tradicionales Indígenas Awá -UNIPA decidieron establecerse en Asamblea Permanente a fin de evaluar y denunciar los compromisos que firmó y asumió el gobierno nacional colombiano desde hace ya casi 4 años en el marco de la reactivación de la Minga Humanitaria por la vida y la dignidad del pueblo Awá. A lo largo del año 2016 solicitaron de manera reiterada al Ministerio de Interior – Juan Fernando Cristo a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías – y a las diferentes instancias ministeriales, audiencia para abordar la revisión del estado de cumplimiento de los compromisos suscritos. Desde entonces, en no pocas ocasiones se han reprogramado los encuentros e incluso, como el previsto para los días 29 y 30 de marzo de 2016, no se presentó ni envió una explicación oficial por parte de la institucionalidad. Lo cierto es que resulta preocupante que, en el marco del proceso de paz, se sigan vulnerando de manera flagrante los derechos del Pueblo Awá y que, no obstante ello, el Estado no se haya pronunciado con contundencia. Más aún, es inaceptable que un porcentaje de las mencionadas agresiones se hayan perpetrado impunemente por la fuerza pública la cual, por imperativo constitucional (Constitución Política colombiana, Arts 217 y 218) es la encargada de mantener el orden constitucional y de velar por que los habitantes de Colombia y de los territorios que han sido más afectados por la violencia del conflicto armado puedan realmente dar inicio a la construcción de una paz territorial. En las reuniones que finalmente se llevaron a cabo durante el mes de junio de 2016 en la ciudad de Bogotá y pese a la participación de entidades y personas con capacidad de decisión – Unidad Nacional, Dirección de Reparación de Víctimas, Dirección del programa contra cultivos ilícitos, Ministerio de Educación y Agencia Nacional de Tierras entre otros – los compromisos suscritos dirigidos a concertar encuentros temáticos específicos con posterioridad, finalmente nunca tuvieron una seria continuidad. En prácticamente todos los comunicados emitidos por el Pueblo Awá se han denunciado públicamente casos como allanamientos ilegales (también mediante el oficio de 19 de junio de 2015 dirigido a la Defensoría del Pueblo), agresiones físicas y verbales por parte de las autoridades policiales a integrantes de la organización UNIPA así como la inexistencia de un plan de reparación para las víctimas y para las 292 293