Atlas CASEDE

Para entender la violencia criminal se necesitan hechos confiables. El Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 es un esfuerzo académico conjunto entre la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE). El Atlas 2016 está precedido de las ediciones 2009 y 2012. En México, la información sobre los problemas de seguridad nacional, el combate al narcotráfico y la inseguridad pública ha mejorado en calidad y cantidad. No obstante, los análisis presentan gran cantidad de interpretaciones sobre el éxito o no de la estrategia del gobierno, la violación de derechos humanos y la catástrofe humanitaria que se observa. Este texto se divide en dos secciones. En la primera se integran 16 análisis sobre diversos aspectos teóricos y estudios de temas y casos relevantes sobre la actual problemática de la seguridad en México. La segunda incluye una gran cantidad de cuadros estadísticos, organigramas, gráficas y mapas sobre asuntos tales como la defensa, la seguridad e inseguridad públicas, la procuración de justicia, el combate al crimen organizado, la grave situación de los derechos humanos, la vulnerabilidad de los comunicadores y la prensa, la transparencia y la percepción de la población sobre la violencia a través de encuestas de opinión pública. Finalmente, se incluye un apartado sobre la cooperación con Estados Unidos, tema que está en revisión desde la llegada a la Presidencia de Donald Trump.

El Atlas se divide en dos secciones. La primera incluye 16 análisis sobre la violencia y la seguridad en México. La segunda es un anexo estadístico sobre información en México entre 2000 y 2016, de Presupuesto en Defensa, Presupuesto en Seguridad, Violencia, Organizaciones criminales, Derechos Humanos y Cooperación Internacional.

Tesis de maestría en ciencia política de El Colegio de México. El objetivo de la tesis es explicar el aumento de la violencia en la región de Tierra Caliente (que cruza Michoacán, Guerrero y Estado de México). Para ello se utilizan metodos cuantitativos y cualitativos para probar las diferentes tesis sobre el aumento de los homicidios y de los enfrentamientos violentos. La tesis concluye en que el aumento de la violencia se debe a un conjunto de factores sociales, económicos y a la estrategia gubernamental, todo bajo la lógica de una guerra entre las organizaciones criminales y el Estado mexicano.

Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Raúl Benítez Manaut Sergio Aguayo Quezada Editores Armando Rodríguez Luna Patricia Quintanar Keyla Vargas Anexo estadístico S i I B i C S .M B R ú i i D í g i é Di z i H S .D Presidente S .R A G S .B Secretario G E H á Dirección General de Análisis Legislativo Atlas G Coordinación institucional P S de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Primera edición, febrero de 2017 © Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República Donceles 14, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc CP 06020, Ciudad de México ISBN: 978-607-8320-67-7 Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A. C. (CASEDE) Héroes de Padierna 166, Colonia San Jerónimo Lídice, Del. Magdalena Contreras CP 10200, Ciudad de México Diseño y formación: Elías Cruz y Elizabeth Díaz Aguirre Cuidado editorial: Atril, excelencia editorial, por Elizabeth Díaz Aguirre y Diego Ignacio Bugeda Bernal Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Senado de la República a través del Instituto Belisario Domínguez. La opiniones expresadas por los autores no necesariamente relejan la postura de los editores de esta obra o del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Publicación disponible para su consulta en www.ibd.senado.gob.mx IBDSenado @IBDSenado www.casede.org @casede_org Hecho en México Printed in Mexico í R Secretario Coordinador Ejecutivo de Investigación CASEDE G Á Secretario M R Índice Introducción: seguridad, defensa, violencia y derechos humanos en México Raúl Benítez Manaut y Sergio Aguayo Quezada 25 ¿Maias en México? Antonio Luigi Mazzitelli 29 Una década de narcoviolencia en México: 2006-2016 Jonathan D. Rosen y Roberto Zepeda 55 Proclamas y realidades de los derechos humanos en México Mariclaire Acosta 67 Violencia, impunidad y corrupción contra la libertad de prensa en México Armando Rodríguez Luna y Patricia Quintanar 79 ¿Quién controla las prisiones mexicanas? Elena Azaola y Maïssa Hubert 91 Los caminos de la legalización de la marihuana en México Irma Kánter Coronel 97 Las trampas de la seguridad: el gasto en seguridad peblica en municipios y entidades federativas mexicanas, 2008-2015 Carlos Barrachina Lisón 117 Los seis modelos policiacos en México y el debate sobre la seguridad peblica Raúl Benítez Manaut 131 Debilidades institucionales en el Sistema de Prevención y Combate al Lavado de Dinero en México, 2012-2016 Keyla Vargas 145 Armas de fuego en México: panorama en 2016 Paulina Arriaga y Maura Roldán Álvarez 157 Sinaloa: in de la hegemonía y epicentro de la guerra que comienza Carlos Rodríguez Ulloa 169 3 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 4 Militarización y violencia en Tamaulipas Guadalupe Correa-Cabrera 181 Violencia en Michoacán: de la guerra criminal a la captura del gobierno estatal Raúl Zepeda Gil 191 La permanente crisis de Guerrero Camilo Pantoja 207 Cártel Jalisco Nueva Generación: elementos a considerar sobre la reconiguración de las organizaciones del tráico de drogas en México Carlos Flores Pérez 221 La seguridad México-Estados Unidos: responsabilidad compartida 231 Eric L. Olson y Ximena Rodríguez Anexo estadístico 245 Armando Rodríguez Luna, Patricia Quintanar y Keyla Vargas Cartografía de la seguridad 247 Principales grupos de la delincuencia organizada y sus células criminales en México, 2016 249 Mapa 1. Cártel de Sinaloa o Pacíico 249 Mapa 2. Los Beltrán Leyva 249 Mapa 3. Cártel del Golfo 250 Mapa 4. Los Zetas 250 Mapa 5. Grupo de los Arellano Félix 251 Mapa 6. Cártel de Juárez 251 Mapa 7. La Familia Michoacana 252 Mapa 8. Los Caballeros Templarios 252 Mapa 9. Grupo Los Viagra 253 Mapa 10. Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 253 Índice Mapa 11. Disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control del tráico de heroína 254 Mapa 12. Cártel Independiente de Cancen (en construcción) 254 Mapa 13. Disputa entre grupos de la delincuencia organizada 255 Homicidios por entidad federativa 256 Mapa 1. Homicidios por entidad federativa 2000 256 Mapa 2. Homicidios por entidad federativa 2005 256 Mapa 3. Homicidios por entidad federativa 2006 256 Mapa 4. Homicidios por entidad federativa 2007 257 Mapa 5. Homicidios por entidad federativa 2008 257 Mapa 6. Homicidios por entidad federativa 2009 257 Mapa 7. Homicidios por entidad federativa 2010 258 Mapa 8. Homicidios por entidad federativa 2011 258 Mapa 9. Homicidios por entidad federativa 2012 258 Mapa 10. Homicidios por entidad federativa 2013 259 Mapa 11. Homicidios por entidad federativa 2014 259 Mapa 12. Homicidios por entidad federativa 2015 259 Adolescentes víctimas por homicidio 260 Mapa 1. Víctimas adolescentes registradas de homicidio por entidad federativa 2011 260 Mapa 2. Víctimas adolescentes registradas de homicidio por entidad federativa 2012 260 Mapa 3. Víctimas adolescentes registradas de homicidio por entidad federativa 2013 260 Mapa 4. Víctimas adolescentes registradas de homicidio por entidad federativa 2014 261 Mapa 5. Víctimas adolescentes registradas de homicidio por entidad federativa 2015 261 5 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Armas aseguradas por entidad federativa 262 Mapa 1. Entidades federativas con mayor porcentaje de armas aseguradas 2013 262 Mapa 2. Entidades federativas con mayor porcentaje de armas aseguradas 2014 262 Mapa 3. Entidades federativas con mayor porcentaje de armas aseguradas 2015 263 Mapa 4. Entidades federativas con mayor porcentaje de armas aseguradas 2016 263 6 Secuestro por entidad federativa 264 Mapa 1. Inculpados por secuestro 2011 264 Mapa 2. Inculpados por secuestro 2012 264 Mapa 3. Inculpados por secuestro 2013 264 Mapa 4. Inculpados por secuestro 2014 265 Mapa 5. Inculpados por secuestro 2015 265 Fosas clandestinas 266 Mapa 1. Fosas 2016 266 Gráica 1. Presupuesto asignado al sector Seguridad y Defensa, 2000-2016 267 Gráica 2. Comparativo tres gobiernos. Presupuesto asignado al sector Seguridad y Defensa, 2001-2016 267 Gráica 3. Recursos ejercidos por el Secretariado Técnico para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 2008-2015, pesos 268 Gráica 4. Financiamiento a México dentro de la Iniciativa Mérida, 2008-2017, millones de dólares 268 Presupuesto Recursos Humanos 269 Gráica 5. Recursos Humanos de la Secretaría de la Defensa, 2008-2015 269 Gráica 6. Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, 2008-2015 269 Índice Gráica 7. Recursos Humanos de la Procuraduría General de la Repeblica, 2000-2016 270 Gráica 8. Recursos Humanos de las agencias del Ministerio Peblico, 2011-2015 270 Gráica 9. Personal total del sector Seguridad y Defensa, 2000-2016 271 Gráica 10. Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegados en el combate al narcotráico, 2000-2016 271 Inseguridad y delincuencia 272 Gráica 11. Incidencia delictiva a nivel nacional. Fuero Comen, 2000-2016 272 Gráica 12. Homicidios por sexo y por año de ocurrencia, 1990-2015 272 Gráica 13. Evolución de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, 1990-2015 273 Gráica 14. Cifras de secuestro y extorsión. Fuero Comen, 1997-2016 273 Gráica 15. Defunciones por homicidio en hombres de 15 a 29 años, 2000-2015 274 Gráica 16. Defunciones por homicidio en hombres de 30 a 44 años, 2000-2015 274 Gráica 17. Defunciones por homicidio en mujeres de 15 a 29 años, 2000-2015 274 Gráica 18. Defunciones por homicidio en mujeres de 30 a 44 años, 2000-2015 274 Gráica 19. Capacidad y población privada de la libertad por centro penitenciario federal 2016 275 Transparencia Gráica 20. Solicitudes de información a las instituciones de Seguridad y Defensa 2016 275 Flujos globales de tráico de drogas 276 Mapa 1. 276 Principales corrientes de tráico de heroína 2016 y resultados de México 2013-2015 7 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 8 Mapa 2. Principales corrientes de tráico de cocaína 2016 y resultados de México 2013-2016 277 Mapa 3. Corrientes interregionales de tráico de metanfetaminas 2011-2014 y resultados de México 2013-2016 278 Organigramas 279 1. Sistema de Seguridad Nacional en México-Nivel Federal 2016 281 2. Secretaría de Gobernación: Sector Seguridad 2016 282 3. Comisión Nacional de Seguridad 2016 283 4. Policía Federal 2016 284 5. Sistema Nacional de Seguridad Peblica 2016 287 6. Procuraduría General de la Repeblica 2016 288 7. Sistema de Defensa en México-Relación de Mando 2016 290 8. Secretaría de la Defensa Nacional 2016 291 9. Secretaría de Marina-Armada de México 2016 292 10. Estado Mayor Presidencial 2016 293 El Congreso: Seguridad y Defensa 295 Gráica 1. Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Composición por Partido Político 2016 297 Gráica 2. Cámara de Senadores LXIII Legislatura. Composición por Partido Político 2016 297 Gráica 3. Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Comisión de Defensa Nacional 2016 298 Gráica 4. Cámara de Senadores LXIII Legislatura. Comisión de Defensa Nacional 2016 298 Gráica 5. Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Comisión de Marina 2016 299 Índice Gráica 6. Cámara de Senadores LXIII Legislatura. Comisión de Marina 2016 299 Gráica 7. Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Comisión de Seguridad Peblica 2016 300 Gráica 8. Cámara de Senadores LXIII Legislatura. Comisión de Seguridad Peblica 2016 300 Gráica 9. Comisión Bicameral de Seguridad Peblica, LXIII Legislatura 2016 301 Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Legislatura 2016 301 Gráica 10. LXIII Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 303 Cuadro 1. Producto Interno Bruto, Presupuesto del Gobierno Federal, sector Seguridad y Defensa 2000-2016, millones de pesos corrientes 305 Cuadro 2. Producto Interno Bruto, Presupuesto del Gobierno Federal, sector Seguridad y Defensa 2000-2016, millones de dólares corrientes 306 Cuadro 3. Proporción porcentual y variación anual del Presupuesto de Seguridad y Defensa con respecto al Producto Interno Bruto y al Presupuesto de la Administración Peblica Federal 2000-2016, millones de pesos corrientes 307 Cuadro 4. Presupuesto destinado a funciones de Seguridad Peblica 2001-2016, millones de pesos corrientes 309 Cuadro 5. Recursos humanos y presupuesto autorizado para las funciones de Seguridad Peblica 2001-2016 310 Cuadro 6. Presupuesto asignando al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia por entidad federativa y municipios, 2013-2016, pesos corrientes 311 Cuadro 7. Recursos humanos y presupuesto autorizado de la Procuraduría General de la Repeblica 2000-2016 314 Cuadro 8. Origen de los recursos autorizados para el Sistema Nacional de Seguridad Peblica 2000-2016, millones de pesos corrientes 315 9 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 10 Cuadro 9. Presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Peblica por entidad federativa y distribución porcentual anual 2000-2016, millones de pesos corrientes 316 Cuadro 10. Financiamiento conjunto para los programas de Seguridad Peblica 2009-2011, millones de pesos corrientes 318 Cuadro 11. Financiamiento conjunto para los programas de Seguridad Peblica 2012-2015, millones de pesos corrientes 319 Cuadro 12. Financiamiento conjunto para los programas de Seguridad Peblica 2016, millones de pesos 320 Cuadro 13. Recursos del Secretariado Técnico para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 2008-2015, pesos corrientes 320 Cuadro 14. Orientación del gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional 2000-2016, millones de pesos corrientes 321 Cuadro 15. Orientación del gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional 2000-2016, millones de dólares corrientes 321 Cuadro 16. Regiones Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional 2016 322 Cuadro 17. Presupuesto asignado a Regiones Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional 2000-2016, millones de pesos corrientes 323 Cuadro 18. Presupuesto asignado a Regiones Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional 2000-2016, millones de dólares corrientes 324 Cuadro 19. Orientación del gasto de la Secretaría de Marina 2000-2016, millones de pesos corrientes 325 Cuadro 20. Orientación del gasto de la Secretaría de Marina 2000-2016, millones de dólares corrientes 325 Cuadro 21. Gasto total de instituciones de Defensa 2008-2015, millones de pesos corrientes 326 Cuadro 22. Personal total de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina 2000-2016 327 Cuadro 23. Composición de las Fuerzas Armadas 2008-2015 328 Cuadro 24. Sueldos y salarios brutos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2008-2015, pesos corrientes 330 Cuadro 25. Remuneraciones de la Secretaría de Marina 2008-2016, pesos corrientes 331 Índice Cuadro 26. Programas y proyectos de inversión de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina 2016, pesos corrientes 332 Procuración de Justicia 335 Cuadro 27. Inculpados por el delito de lesiones, por entidad federativa 2011-2015 337 Cuadro 28. Inculpados por el delito de secuestro, por entidad federativa 2011-2015 338 Cuadro 29. Inculpados por el delito de robo de vehículo, por entidad federativa 2011-2015 339 Cuadro 30. Carpetas de investigación abiertas y cerradas, Sistema Acusatorio Oral 2011-2015 340 Cuadro 31. Personal seleccionado de las agencias del Ministerio Peblico por entidad federativa 2011-2015 341 Cuadro 32. Recursos humanos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura por entidad federativa 2015 342 Cuadro 33. Víctimas adolescentes registradas en conductas antisociales 2011-2015 343 Cuadro 34. Víctimas mayores de 18 años registradas en presuntos delitos seleccionados por entidad federativa 2011-2015 344 Cuadro 35. Homicidios de niñas y mujeres por entidad federativa 2000-2015 345 Cuadro 36. Nemero de homicidios de niñas y mujeres 2000-2015 346 Cuadro 37. Homicidios de niñas y mujeres por grupo etario 2000-2015 346 Inseguridad Peblica 347 Cuadro 38. Incidencia delictiva a nivel nacional. Fuero Comen 2000-2016 349 Cuadro 39. Incidencia delictiva por entidad federativa. Fuero Federal 2012-2015 350 11 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 12 Cuadro 40. Homicidios por sexo y tasa de homicidios por año de ocurrencia 1990-2015 351 Cuadro 41. Cifras de homicidio doloso, secuestro y extorsión 1997-2016. Fuero Comen 351 Cuadro 42. Defunciones por homicidio, por género y edad 2000-2015 352 Cuadro 43. Defunciones por homicidio por entidad federativa 2000-2015 354 Cuadro 44. Defunciones por homicidio por nivel de escolaridad 2000-2015 355 Cuadro 45. Intervenciones de la policía municipal por entidad federativa segen tipo 2014 356 Cuadro 46. Personal destinado a funciones de Seguridad Peblica en las administraciones peblicas municipales, por entidad federativa segen condición de capacitación 2014 357 Cuadro 47. Infracciones registradas en procedimientos administrativos determinados por entidad federativa segen grupo de contravención 2014 358 Cuadro 48. Infractores registrados en procedimientos administrativos determinados por entidad federativa segen sexo 2014 359 Cuadro 49. Población penitenciaria recluida en penales estatales por entidad federativa, correspondiente a los fueros Comen y Federal 360 Cuadro 50. Población penitenciaria segen situación jurídica y sexo por entidad federativa. Fuero Comen 361 Cuadro 51. Población penitenciaria segen situación jurídica y sexo por entidad federativa. Fuero Federal 362 Cuadro 52. Población penitenciaria segen fuero, situación jurídica y sexo por institución penitenciaria federal 363 Cuadro 53. Nemero de centros, espacios, población privada de la libertad y sobrepoblación por entidad federativa 364 Cuadro 54. Nemero de centros, espacios, población privada de la libertad y sobrepoblación por institución penitenciaria federal 365 Índice Combate a la Delincuencia Organizada 367 Cuadro 55. Lucha contra el narcotráico 2000-2016 369 Cuadro 56. Comparativo entre tres gobiernos 2001-2015. Estimación del valor de la droga asegurada, dólares corrientes 370 Cuadro 57. Aseguramientos de armamentos, vehículos terrestres, marítimos y aeronaves. Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina. Comparativo entre tres gobiernos 2000-2016 371 Cuadro 58. Armas aseguradas. Comparativo entre cuatro gobiernos 1995-2016 371 Cuadro 59. Detenidos en el marco del combate al narcotráico segen nacionalidad 2000-2016 372 Cuadro 60. Personas entregadas en extradición por México 2014-2016 373 Cuadro 61. Miembros de los cuerpos de Seguridad y Defensa federales, estatales y locales fallecidos de 2006 a 2016 373 Cuadro 62. Promedio de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegados en el combate al narcotráico 2000-2015 374 Cuadro 63. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fallecidos en la Campaña Permanente contra el Narcotráico por entidad federativa, grado militar y evento 2006-2016 374 Cuadro 64. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fallecidos en la Campaña Permanente contra el Narcotráico por entidad federativa y grado militar 2006-2016 375 Cuadro 65. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fallecidos en la Campaña Permanente contra el Narcotráico por arma o servicio 2006-2016 376 Cuadro 66. Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegados en la protección de instalaciones estratégicas 2007-2016 376 Cuadro 67. Principales grupos de la delincuencia organizada y sus células criminales en México 2016 377 Cuadro 68. Entidades federativas con mayor porcentaje de armas aseguradas 2013-2016 378 13 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Cuadro 69. Armas provenientes de Estados Unidos por estado de origen 2009-2014 379 Cuadro 70. Prevalencia en el consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato en México 2014 379 Cuadro 71. Porcentaje de personas de 12 años o más en Estados Unidos que presentan dependencia o abuso de sustancias especíicas en el eltimo año 2002-2014 380 Cuadro 72. Prevalencia anual en el uso de cannabis, opiáceos y opioides, cocaína, anfetaminas y éxtasis por región en el Continente Americano 2016 380 Cuadro 73. Promedio de precio y pureza de drogas en Estados Unidos, 1990-2012, dólares corrientes 381 Cuadro 74. Valor del mercado negro en México 2014, millones de dólares 381 Cuadro 75. Estudiantes por entidad federativa que requieren apoyo o tratamiento debido al consumo de drogas 2014 382 Cuadro 76. Estudiantes por entidad federativa que requieren apoyo o tratamiento debido al consumo de drogas, por sexo 2014 382 Cuadro 77. Estudiantes por entidad federativa que requieren apoyo o tratamiento debido al consumo de drogas, por nivel educativo 2014 383 Cuadro 78. Consumo de drogas “alguna vez”, por rango etario 2014 384 Cuadro 79. Relación entre consumo de drogas “alguna vez” y tiempo dedicado al estudio 2014 384 Cuadro 80. Edad de inicio de consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato 2014 385 14 Derechos Humanos 387 Cuadro 81. Las 10 principales autoridades señaladas en los registros de quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2000-2015 389 Cuadro 82. Quejas de civiles y militares contra la Secretaría de la Defensa Nacional, segen el estado de su trámite 2012-2016 390 Índice Cuadro 83. Expedientes de quejas registrados en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos segen el estado de su trámite 2000-2015 390 Cuadro 84. Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2000-2015 390 Cuadro 85. Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia autoridades e instituciones de Seguridad, Defensa y Justicia 2000-2015 391 Cuadro 86. Selección de violaciones graves a los derechos humanos. Quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2000-2015 391 Cuadro 87. Selección de violaciones graves a los derechos humanos. Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2000-2015 392 Cuadro 88. Homicidios de periodistas 2000-2016 392 Cuadro 89. Homicidios de periodistas por entidad federativa y año 2000-2016 393 Cuadro 90. Homicidios de periodistas por región 2000-2016 394 Cuadro 91. Averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos en agravio de medios de comunicación 2010-2016 394 Cuadro 92. Averiguaciones previas relacionadas con delitos contra periodistas, desglose por delito 2010-2016 395 Cuadro 93. Registro de periodistas desaparecidos 2000-2016 396 Cuadro 94. Registro de periodistas desaparecidos por entidad federativa 2005-2016 396 Cuadro 95. Registro de periodistas desaparecidos por región 2005-2016 396 Cuadro 96. Indagatorias instruidas por periodistas desaparecidos 2010-2016 397 Cuadro 97. Inicios y determinaciones de averiguaciones previas instruidas por delitos cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación 2010-2016 397 15 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 16 Cuadro 98. Inicios y determinaciones de actas circunstanciadas instruidas por delitos cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación 2010-2016 398 Cuadro 99. Solicitudes de periodistas para ingresar al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 398 Cuadro 100. Solicitudes admitidas al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por entidad federativa 2012-2016 399 Cuadro 101. Total de personas beneiciarias en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 400 Cuadro 102. Periodistas beneiciarios por entidad federativa del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2016 401 Cuadro 103. Personas defensoras de Derechos Humanos beneiciarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2016 401 Cuadro 104. Probables agresores de los beneiciarios del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 402 Cuadro 105. Tipo de agresiones a los beneiciarios del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 402 Cuadro 106. Medidas cautelares emitidas por institución u organismo en el marco del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 403 Cuadro 107. Primeras medidas de protección a periodistas beneiciarios del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 404 Cuadro 108. Primeras medidas de protección a personas defensoras de Derechos Humanos beneiciarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 404 Cuadro 109. Mujeres registradas como no localizadas por entidad federativa. Fuero Federal 2005-2016 405 Índice Cuadro 110. Hombres registrados como no localizados por entidad federativa. Fuero Federal 2005-2016 406 Cuadro 111. Personas registradas como no localizadas por rango de edad. Fuero Federal 2005-2016 407 Cuadro 112. Mujeres registradas como no localizadas por entidad federativa. Fuero Comen 2005-2016 408 Cuadro 113. Hombres registrados como no localizados por entidad federativa. Fuero Comen 2005-2016 409 Cuadro 114. Personas registradas como no localizadas por rango de edad. Fuero Comen 2005-2016 410 Cuadro 115. Nemero de denuncias recibidas por la Procuraduría General de la Repeblica referentes al delito de tortura 2006-2014 410 Cuadro 116. Fosas clandestinas y cuerpos encontrados 2006-2015 411 Transparencia 413 Cuadro 117. Respuesta a solicitudes de información de la Procuraduría General de la Repeblica 2000-2015 415 Cuadro 118. Respuesta a solicitudes de información de la Procuraduría General de la Repeblica 2016 415 Cuadro 119. Respuesta a solicitudes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional 2000-2015 416 Cuadro 120. Respuesta a solicitudes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional 2016 416 Cuadro 121. Respuesta a solicitudes de información de la Secretaría de Marina 2000-2015 417 Cuadro 122. Respuesta a solicitudes de información de la Secretaría de Marina 2016 417 Cuadro 123. Respuesta a solicitudes de información de la Secretaría de Gobernación (incluye a la entonces Secretaría de Seguridad Peblica) 2000-2015 418 Cuadro 124. Respuesta a solicitudes de información de la Secretaría de Gobernación 2016 418 17 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 18 Cuadro 125. Respuesta a solicitudes de información del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 2000-2015 419 Cuadro 126. Respuesta a solicitudes de información del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 2016 419 Cuadro 127. Respuesta a solicitudes de información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 2000-2015 420 Cuadro 128. Respuesta a solicitudes de información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 2016 420 Cuadro 129. Respuesta a solicitudes de información de la Policía Federal 2000-2015 421 Cuadro 130. Respuesta a solicitudes de información de la Policía Federal 2016 421 Cuadro 131. Nemero de solicitudes de información peblica por año 2003-2015 422 Cuadro 132. Las 20 dependencias y entidades con mayor nemero de solicitudes de información 2003-2015 423 Cuadro 133. Solicitudes de información a las instituciones de Seguridad, Defensa y Justicia por entidad federativa 2016 424 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina 425 Cuadro 134. Presupuesto Fuerzas Armadas Mexicanas y ayuda militar-policiaca de Estados Unidos 2000-2016, millones de dólares corrientes 427 Cuadro 135. Asistencia antinarcóticos para México a través de la Sección 1004 del Departamento de la Defensa de Estados Unidos 2000-2015, dólares corrientes 428 Cuadro 136. Programas de ayuda militar y policiaca a México 2000-2015, dólares corrientes 432 Cuadro 137. Ayuda de Estados Unidos a México a través del programa Control Internacional de Narcóticos y Fortalecimiento de la Ley 2000-2017, miles de dólares corrientes 434 Índice Cuadro 138. Personal mexicano participante en instituciones de seguridad de Estados Unidos 2012-2014 436 Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 439 Cuadro 140. Financiamiento a México dentro de la Iniciativa Mérida 2008-2017, millones de dólares corrientes 453 Cuadro 141. Embajadas de México con agregados de Defensa en América Latina 2007, 2008, 2012, 2014 y 2016 453 Cuadro 142. Presupuesto de Defensa comparado con otros países de América Latina 2008-2016 454 Cuadro 143. Efectivos militares en América Latina 2007, 2012, 2014 y 2016 458 Opinión Peblica 459 Cuadro 144. Tipo de violencia más dañina por país 2016 461 Cuadro 145. Percepción de la inseguridad por país 2015 461 Cuadro 146. Tasa de victimización por país 2015 461 Cuadro 147. ¿Ha sido víctima de un delito?, por país 2016 462 Cuadro 148. Porcentaje de personas que perciben la delincuencia como el problema más importante en su país 2016 462 Cuadro 149. Aprobación presidencial en América Latina 2002-2016 463 Cuadro 150. Percepción de transparencia del gobierno 2015 464 Cuadro 151. Satisfacción con la vida por país 2016 464 Cuadro 152. Tasa de prevalencia delictiva por entidad federativa 2010-2015, por cada 100 mil habitantes 465 Cuadro 153. Distribución de la población de 18 años y más por entidad federativa, segen condición de victimización 2010-2015 466 Cuadro 154. Distribución de los hogares por entidad federativa, segen condición de victimización 2010-2015 468 19 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 20 Cuadro 155. Hogares por medidas de protección, segen condición de adopción de las mismas para protegerse del delito 2010-2015 470 Cuadro 156. Robo total de vehículo, segen lugar de ocurrencia 2011-2015 471 Cuadro 157. Robo parcial de vehículo, segen lugar de ocurrencia 2011-2015 471 Cuadro 158. Robo o asalto en calle, lugar peblico o transporte peblico, segen lugar de ocurrencia 2011-2015 472 Cuadro 159. Lesiones, segen lugar de ocurrencia 2011-2015 472 Cuadro 160. Distribución de los delitos ocurridos por tipo de delito, segen cifra negra 2012, 2014 y 2015 473 Cuadro 161. Distribución de los delitos sin denuncia declarada por tipo de delito, segen causas de la no denuncia 2012, 2014 y 2015 474 Cuadro 162. Distribución de la cifra negra por entidad federativa y los tres delitos reportados con mayor frecuencia 2015 475 Cuadro 163. Distribución de los delitos ocurridos con víctima presente por condición de portación de armas y condición de agresión física, segen sexo de la víctima 2015 479 Respeto al Estado de Derecho 480 Gráica 11. ¿Qué tan de acuerdo o nada de acuerdo está usted con que 480 las comunidades se organicen para ejercer justicia por su propia mano? Gráica 12. Cuando cree que usted está en lo correcto, ¿estaría dispuesto a actuar en contra de lo establecido por la ley? Cultura de la supervivencia y empatía social 480 481 ¿Con qué frecuencia los enunciados que le voy a mostrar describen mejor su manera de ver las cosas? Gráica 13. Considero que cada uno de nosotros debería participar en actividades políticas 481 Gráica 14. Siento que es importante entender el punto de vista político de las personas con las que no estoy de acuerdo 481 Gráica 15. Considero que trabajando en conjunto las personas pueden cambiar a la sociedad para hacerla más justa y equitativa para todos 482 Índice Cultura de la supervivencia: aversión al riesgo 482 Gráica 16. ¿Qué tan riesgoso o nada riesgoso considera que es portar armas en la calle? 482 Gráica 17. ¿Qué tan riesgoso o nada riesgoso considera que es realizar alguna denuncia contra grupos de la delincuencia organizada? 483 ¿Qué tan probable es que en alguna situación usted realizara alguna de estas acciones? 483 Gráica 18. Consumir más de cinco vasos de alcohol en una noche 483 Gráica 19. Estar en desacuerdo con su padre o pareja en temas importantes 484 21 Gráica 20. Caminar solo en la noche por lugares inseguros 484 Ventanas rotas, percepción individual de inseguridad 485 Gráica 21. ¿Qué tan buena o mala considera usted que es la seguridad dentro de su casa? 485 Gráica 22. ¿Qué tan buena o mala considera usted que es la seguridad en el transporte peblico? 485 Gráica 23. ¿Qué tan buena o mala considera usted que es la seguridad en los parques y espacios peblicos? 486 ¿Qué tan probable o nada probable es que existan en su colonia los siguientes casos? 486 Gráica 24. Existen pandillas o bandas 486 Gráica 25. Existen grupos delictivos 487 Gráica 26. Existe consumo de alcohol en las calles 487 Gráica 27. Existe venta de droga en la calle 488 Gráica 28. Existen agresiones contra las mujeres 488 Gráica 29. Existen agresiones contra los hombres 489 Gráica 30. Existe cobro ilegal de derecho de piso 489 Gráica 31. Existe venta de armas de fuego 490 Conianza Gráica 32. 490 ¿Qué tanto confían entre sí las personas de su colonia o comunidad? Relación individuo-sociedad 490 491 ¿Participa en alguna de las siguientes organizaciones? 22 Gráica 33. Partido Político o asociación política nacional 491 Gráica 34. Grupos deportivos 491 Gráica 35. Voluntariado, servicio a la comunidad 492 Gráica 36. Grupo religioso 492 ¿Qué tan frecuente, existe ese conlicto dentro de su comunidad? 493 Gráica 37. Por el origen étnico de los vecinos 493 Gráica 38. Presencia de pandillas 493 ¿Con qué frecuencia utiliza como fuente de información…? 494 Gráica 39. Periódicos 494 Gráica 40. Radio 494 Gráica 41. Televisión 495 Gráica 42. Internet 495 Gráica 43. En el eltimo año, ¿usted o algen miembro de su familia ha sido voluntario en algen organismo de la sociedad civil? 496 Relación individuo-gobierno 496 Gráica 44. 496 En una escala del 1 al 7, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno, ¿cómo caliicaría el sistema de justicia de su estado? Violencia 497 Gráica 45. De los siguientes lugares que le voy a decir, ¿cuál diría usted que es donde ocurren con mayor frecuencia incidentes de violencia? 497 Gráica 46. A continuación le voy a leer una serie de airmaciones, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con ellas? Si un hombre maltrata continuamente a una mujer, la culpa es de ella por permitirlo 497 Índice Gráica 47. A continuación le voy a leer una serie de airmaciones, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con ellas? A veces es necesario darle un golpe a un niño para corregirlo a tiempo 498 Percepciones sobre el gobierno y el crimen 498 ¿Cree usted que el (…) ha sido corrompido por el narcotráico, o no? 498 Gráica 48. Ejército 498 Gráica 49. Marina 499 Gráica 50. Policía Estatal 499 Gráica 51. Policía Municipal 500 Gráica 52. Policía Federal 500 Gráica 53. ¿En su opinión está el gobierno ganando la guerra contra el narcotráico, o no? 501 23 N Este Atlas fue concebido y diseñado en su estructura y temática por un equipo editorial encabezado por Rael Benítez Manaut y Sergio Aguayo Quezada. La Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Repeblica incorporó el Atlas a sus proyectos de investigación de forma entusiasta y participativa. Agradecemos a las investigadoras Gabriela Ponce Sernicharo e Irma Kánter Coronel el respaldo al proyecto. En el CASEDE, la elaboración de estadísticas, cuadros, gráicas y mapas estuvo a cargo de tres de sus integrantes, Armando Rodríguez Luna, Patricia Quintanar y Keyla Vargas, así como también participó en la elaboración de mapas José Luis Flores García. Georgina Romero del CASEDE colaboró entusiastamente a lo largo del proyecto desde su gestación. Introducción: seguridad, defensa, violencia y derechos humanos en México Raúl Benítez Manaut y Sergio Aguayo Quezada Para entender la violencia criminal se necesitan hechos coniables. El Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 es un esfuerzo académico conjunto entre la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Repeblica y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE). El Atlas 2016 está precedido de las ediciones 2009 y 2012. En México, la información sobre los problemas de seguridad nacional, el combate al narcotráico y la inseguridad peblica ha mejorado en calidad y cantidad. No obstante, los análisis presentan gran cantidad de interpretaciones sobre el éxito o no de la estrategia del gobierno, la violación de derechos humanos y la catástrofe humanitaria que se observa. Este texto se divide en dos secciones. En la primera se integran 16 análisis sobre diversos aspectos teóricos y estudios de temas y casos relevantes sobre la actual problemática de la seguridad en México. La segunda incluye una gran cantidad de cuadros estadísticos, organigramas, gráicas y mapas sobre asuntos tales como la defensa, la seguridad e inseguridad peblicas, la procuración de justicia, el combate al crimen organizado, la grave situación de los derechos humanos, la vulnerabilidad de los comunicadores y la prensa, la transparencia y la percepción de la población sobre la violencia a través de encuestas de opinión peblica. Finalmente, se incluye un apartado sobre la cooperación con Estados Unidos, tema que está en revisión desde la llegada a la Presidencia de Donald Trump. Los análisis inician con un ensayo de Antonio Luigi Mazzitelli donde se hace una disección de las cuatro organizaciones criminales más importantes de México. El autor las compara con las maias italianas y sugiere una metodología con cinco variables: social, institucional, económica, ideológica-cultural, y regulatoria. El segundo capítulo incluye una evaluación general de los diez años de guerra al narcotráico preparada por Roberto Zepeda y Jonathan Rosen, quienes sostienen que a pesar de todos los esfuerzos gubernamentales han crecido el crimen comen, la violencia y la violación de derechos humanos en buena medida por la corrupción y las incapacidades institucionales. En el capítulo sobre la realidad de los derechos humanos en México, Mariclaire Acosta parte de la hipótesis de que a pesar de los cambios en las leyes en particular la gran reforma de 2011 al Artículo Primero de la Constitución los derechos humanos siguen deteriorándose. Para la autora, el texto de la Constitución no deja lugar a dudas sobre la importancia de los derechos humanos, pero la realidad camina en sentido contrario. Armando Rodríguez Luna y Patricia Quintanar abordan las agresiones a periodistas y medios de comunicación. Este sector es uno de los más afectados por la acción de grupos criminales y también por políticos corruptos que se sienten agraviados por sus investigaciones. Elena Azaola revisa la condición de las cárceles en México y concluye que son un eslabón débil en la cadena de la justicia mexicana y que en muchos penales predomina el autogobierno, con lo cual, en vez de ser centros de readaptación social son academias de adiestramiento del crimen. Por otro lado, Irma Kánter Coronel aborda un tema polémico: los debates sobre la liberalización de la cannabis que se dieron en el Congreso mexicano en 2015. La autora compara las distintas legislaciones y concluye que la legalización para uso recreativo del consumo de la 25 Sergio Aguayo Quezada y Raúl Benítez Manaut 26 cannabis en California, aprobada en la elección de noviembre de 2016 en ese estado, va a tener una in uencia determinante en México. El controvertido tema de seguridad peblica y las estructuras de policía en México es estudiado por Carlos Barrachina Lisón y Rael Benítez Manaut. Barrachina desglosa el gigantesco presupuesto destinado en los últimos años para los programas de apoyo a la profesionalización y modernización de las policías, concluyendo que hubo simulación, corrupción y desvío de recursos, factores que explicarían que no se observen los resultados esperados, sobre todo en los niveles estatal y municipal. l utiliza un concepto del profesor John Bailey y categoriza el problema como una gran “trampa de seguridad”. Rael Benítez Manaut analiza los distintos cuerpos de seguridad peblica en el país, menciona la constitucionalidad (o no) de los mismos, y concluye que la enica forma de evitar la militarización de la seguridad peblica es con el fortalecimiento de las policías. Ilustra esta discusión con el debate generado a ines de 2016 por las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional quien, después de inconformarse con el despliegue militar, exigió se legislara sobre seguridad interior. Keyla Vargas, en su análisis de las reformas en las estructuras de las instituciones de gobierno que combaten el lavado de dinero en particular la Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico y la Procuraduría General de la Repeblica-- concluye que si no se da una verdadera reforma que combata la corrupción y aplique castigos reales a los funcionarios gubernamentales de alto nivel, el esfuerzo es estéril. Paulina Arriaga y Maura Roldán Álvarez, por su lado, estudian el ujo de armas ilegales y el comercio transfronterizo de ellas. Estos dos aspectos, lavado de dinero y tráico de armas, se han convertido en grandes diferendos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sobre todo porque, durante la campaña electoral de 2016 en aquel país, uno de los grupos de presión más in uyentes, la Asociación Nacional del Ri e, respaldó a Donald Trump, lo que lleva a sostener que su gobierno no ayudará a frenar la venta de armas para los grupos criminales mexicanos. El Atlas incluye cinco estudios de caso estatales donde se expresan la violencia criminal y las violaciones a los derechos humanos de forma particularmente intensa: Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Jalisco. El cártel de Sinaloa, o del Pacíico, es un ícono entre los grupos del crimen organizado en México. Sus líderes se enorgullecen de tener la organización más exitosa y la que mayor proyección internacional tiene: distribuye drogas en Estados Unidos, controla rutas en América Central y del Sur y tiene presencia en Europa y Asia. “El Chapo”, como se conoce a Joaquín Guzmán Loera, se volvió un símbolo de poder, y su “empresa” se deinió como una compleja organización dirigida por profesionales que evita la violencia contra la sociedad aunque la utiliza para neutralizar competidores , y construyó un emporio que se está desvaneciendo por las dos capturas de 2014 y 2016 y su reciente extradición a Estados Unidos el pasado 19 de enero de 2017. Este cártel es estudiado por Carlos Rodríguez Ulloa. Guadalupe Correa-Cabrera revisa uno de los cárteles más poderosos del país, el del Golfo, y su desprendimiento, Los Zetas. En Tamaulipas se ha demostrado incluso en el terreno judicial, principalmente por tribunales en el estado de Texas, que los tres eltimos gobernadores han protegido de diversas maneras a las organizaciones criminales. En el caso de Los Zetas, su accionar violento y la ampliación de sus actividades hacia las extorsiones, secuestros, cobros de piso, robo de gasolina, piratería y demás crímenes, los convierten en el prototipo de grupo criminal depredatorio, que dirige hacia la población sus acciones. Desde otro ángulo, Tamaulipas cumple con los criterios internacionales del Estado fallido. Michoacán es analizado por Rael Zepeda. La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios se apropiaron de municipios y del gobierno del estado aprovechándose de la ausencia del gobierno federal. La indignación y desesperación de la población de Tierra Caliente los hizo organizarse en autodefensas armadas en enero y febrero de 2013. El gobierno federal reaccionó interviniendo el estado de forma política, policiaca y militar y armó una estrategia para desca- Introducción: seguridad, defensa, violencia y derechos humanos en México bezar y desmantelar a cárteles y autodefensas. Tuvieron un éxito relativo pero la afectación de la población y las violaciones a los derechos humanos fueron evidentes. Guerrero lo estudia Camilo Pantoja. En septiembre de 2014 el mundo se indignó con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Fue uno de los actos más graves de violación de derechos humanos de los últimos años y fue perpetrado por células criminales respaldadas por autoridades y cuerpos municipales. En el trasfondo está la presencia masiva de meltiples grupos involucrados en el tráico y exportación de heroína y marihuana hacia Estados Unidos por ello, muchos analistas hablan también de un Estado fallido controlado por los grupos criminales. El otro cártel analizado en el Atlas es el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), escrito por Carlos Flores Pérez. El cártel de Guadalajara fue el principal del país durante los años ochenta del siglo XX. Se vino abajo por la ofensiva gubernamental desatada a raíz de la ejecución del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. El espacio fue llenado por otros sinaloenses que expandieron la presencia de ese cártel. Esto ha cambiado a raíz de que el CJNG ocupara los espacios dejados por el desplome y desmantelamiento de Los Caballeros Templarios y la intervención gubernamental en Michoacán, y también por la previsible división del cártel de Sinaloa o del Pacíico, producto de la rotación de sus líderes tras la captura y extradición de “El Chapo”. Uno de los grandes debates a diez años de decretada la guerra contra el narcotráico es sobre si la cooperación de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida y otros programas ha ayudado a combatir el crimen o, por el contrario, ha traído como consecuencias no buscadas un acelerado incremento en la tasa de homicidios en el país, así como la aparición y dispersión geográica de la actividad criminal a través del territorio. Finalmente, Eric Olson y Ximena Rodríguez analizan la Iniciativa Mérida y sus cuatro pilares programáticos. Señalan que no hay una verdadera evaluación de resultados y que, por tanto, hay éxitos parciales, pero que no ha logrado respaldar al gobierno de México en la reducción de la violencia. En este terreno habría que preguntarse si el presidente Donald Trump respetará la premisa de la “responsabilidad compartida” o, por el contrario, se aferrará a su tesis de campaña de que México es el enico responsable. En otras palabras: ¿qué tanto se modiicará la cooperación? Uno de los aspectos más preocupantes de las guerras del narco es la situación de los derechos humanos. Cada vez se habla más de catástrofe humanitaria porque segmentos completos de la población, civiles inocentes muchos de ellos, son víctimas directas de la acción criminal y de una estrategia gubernamental que no previó los efectos negativos sobre los habitantes. El Atlas contribuye a llenar un vacío en los análisis y en el ordenamiento de la información existente. El CASEDE agradece al Instituto Belisario Domínguez su respaldo a esta publicación, y el empeño que ha puesto la Dirección General de Análisis Legislativo en que los productos de investigación sean dirigidos a fortalecer la toma de decisiones del Senado de la Repeblica. Ciudad de México, enero de 2017 27 ¿Mafias en México? 1 Antonio Luigi Mazzitelli 2 Las sociedades de la aldea global en la que vivimos se caracterizan por su capacidad de incorporar y asimilar hábitos y comportamientos propios de culturas diferentes. Desde esta perspectiva, Italia ha representado tradicionalmente una rica fuente de productos culturales e industriales para el uso y goce de los ciudadanos de todo el mundo. La música, la gastronomía, la moda, la mecánica y el diseño “hablan” italiano a través de la ópera, la pasta y la pizza, la indumentaria de alta costura, los “Ferrari”, y los muebles y objetos decorativos de sus diseñadores y arquitectos. Ahora bien, también ¨habla¨ italiano la lucha contra el crimen organizado transnacional, gracias a (o mejor dicho, por culpa de) el “éxito” de la maia italiana, no sólo en Italia sino también en el mundo. Una prueba tangible de este éxito es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como la “Convención de Palermo”. Debido a la fuerza de la maia, y al mismo tiempo a la lucha en su contra, la ciudad de Palermo albergó, como “símbolo” del poder criminal alcanzado, la ceremonia de la irma de la Convención en diciembre de 2000, formalizando así la respuesta de la comunidad internacional ante el peligro representado por la delincuencia organizada nacional e internacional. En este sentido, el signiicativo aporte italiano al estudio y al diseño de herramientas operativas, tanto regulatorias como de investigación, para combatir y enjuiciar a la maia y al crimen organizado parece difícil de cuestionar. Gran parte de los instrumentos legislativos, de investigación y académicos más utilizados actualmente para hacer frente a la delincuencia organizada tienen su origen en Italia.3 En particular, la contribución de la academia italiana en la investigación, el análisis y la sistematización de los fenómenos asociados con el crimen organizado ha sido harto fecunda. El compromiso y la valentía de los jueces italianos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados a manos de la maia, continean hoy en día sirviendo de inspiración a miles de jueces y iscales de todo el mundo que arriesgan sus vidas con el objetivo de procurarnos una sociedad más justa y segura. Desde una perspectiva menos sombría, el fenómeno ha dado incluso lugar a un género cinematográico propio representado en películas ya clásicas como la saga de El Padrino o la más reciente Gomorra. Desde un punto de vista semántico, y acaso como una prueba más de su trascendencia e impacto, el propio término “maia” ha cruzado fronteras y es en la actualidad ampliamente utilizado para referirse a organizaciones criminales de cierto calibre y orígenes variados (vulgarmente se habla de “la maia rusa”, “la maia china”, “la maia turca”, etcétera). No obstante, al igual que ocurre con muchos productos que gozan de una cierta “denominación de origen”, creemos necesario intentar restringir el uso del término “maia” enicamente a aquellos fenómenos criminales que más se asemejan a la tipología y a la estructura de las maias italianas. 1 2 3 Una mención y agradecimiento particular a mi amigo y colega Hernán Longo por su ayuda para poner en español este artículo, así como a mi mentor, el juez Carlo Maria Veradi. Jefe para México y Centroamérica de la Oicina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Las opiniones expresadas en este artículo son atribuibles a su autor y no re ejan necesariamente las de las Naciones Unidas ni las de la Oicina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Otra fuente importante para el desarrollo de estas herramientas lo es Estados Unidos de América. Un claro ejemplo lo constituye la denominada legislación “ ”, diseñada para hacerle frente a la “Cosa Nostra”, brazo vernáculo de la maia siciliana. 29 Antonio Luigi Mazzitelli 30 La restricción propuesta tiene una doble justiicación. En primer lugar, ayuda a limitar y a colocar bajo la lente adecuada el potencial dinámico y expansivo que habitualmente se suele atribuir a la maia en el mundo. En segundo término, se trata de evitar el riesgo que conlleva la identiicación de la maia italiana con fenómenos criminales que, aun cuando comparten con aquélla uno o varios elementos, son esencialmente diferentes. Dicho riesgo consiste básicamente en la posibilidad de recurrir a instrumentos regulatorios inapropiados. La caracterización de un fenómeno criminal como “maioso” debería implicar el uso de técnicas y herramientas de investigación y penales desarrolladas especíicamente para combatir a la maia,4 y no para otras manifestaciones criminales. En otras palabras, y para recurrir a una comparación médica, no todos los tumores tienen que ser tratados con quimioterapia. El presente artículo se centra en la investigación del fenómeno criminal en México. La evolución de algunos grupos criminales mexicanos, la aparición de una serie de delitos estrechamente relacionados con el control territorial, la creciente mezcla de intereses entre criminales y administradores públicos, la existencia y el desarrollo de expresiones culturales estrechamente relacionadas con el crimen organizado y sus agentes y, por último, el uso casi sin precedentes de la violencia por parte de los operadores del crimen, son todos factores que han causado la utilización del término “maia” por parte de algunos analistas y de la prensa en general para describir la realidad de los grupos criminales locales. Sobre esta base, el objetivo del presente trabajo es comparar las características de algunas de esas organizaciones (el “cártel del Pacíico”, el “cártel del Golfo”, “Los Zetas”, “La Familia Michoacana” y “Los Caballeros Templarios”) con las de las maias italianas. Dicho análisis comparativo se llevará a cabo utilizando las cincos cualidades que, de acuerdo con Ciconte, Forgione y Salas, caracterizan a estas últimas, a saber: sociales, institucionales, económicas, ideológicas y regulatorias.5 La transformación operada en los grupos criminales mexicanos en los últimos lustros, que han pasado de ser organizaciones orientadas casi exclusivamente a los negocios (cárteles de narcotraicantes) a organizaciones de tinte predatorio con claras ambiciones de control territorial, ha introducido asimismo cambios en sus estrategias de operación y comunicación que, creemos, justiican y demandan este análisis comparativo. 4 5 La primera vez que un documento oicial del Estado italiano menciona a la maia fue en 1865, en un informe del iscal general de Palermo sobre la delincuencia local. Desde ese momento habrán de transcurrir más de cien años antes de que el Estado italiano aprobara la primera ley antimaia, conocida como la “Ley Rognoni La Torre” (Ley 646) en 1982. Esta Ley introdujo en el Código Penal italiano el delito de “asociación maiosa”, que permite enjuiciar a un individuo solamente por el hecho de ser asociado de un grupo maioso. En 1965 y sin deinir las características propias de la maia, el sistema penal italiano introdujo un sistema penitenciario especial para los “maiosos”, consistente en el asentamiento forzoso de los individuos sentenciados por delitos maiosos en municipios alejados de sus lugares de origen. Esta medida resultó ser no sólo ineicaz sino contraproducente, ya que facilitó la propagación de las células maiosas en toda Italia. Actualmente, el sistema de investigación y persecución antimaia incluye muchos instrumentos, entre los cuales destacan los siguientes: a) mecanismos para la disolución de los municipios y las instituciones locales iniltradas por la maia (1991) b) Ley contra la Delincuencia Organizada (1992) c) establecimiento de la Fiscalía Especial Anti-Maia (Dirección Nacional Anti-Maia , 1991) d). establecimiento de la Dirección Nacional de Investigaciones Anti-Maia ( ), 1991 e) régimen penitenciario especial para los líderes maiosos (1992) f) Ley de Decomiso y Coniscación de Activos y de Bienes de Maiosos y establecimiento de un comisionado especial para su administración y alienación (1999) g) Ley de Víctimas de la Maia (1999). En 2014 el Ministerio de Justicia creó una comisión especial de expertos para la revisión de los instrumentos legislativos y operativos utilizados en la lucha contra la maia. Presidida por el iscal antimaia Giovanni Gratteri, la comisión entregó su informe en 2015. El informe incluye una serie de recomendaciones destinadas a fortalecer la capacidad de las instituciones italianas para hacer frente a la maia a través del Estado de derecho. Véase Ciconte, Forgione y Salas, “Las razones del éxito” (“Le Ragioni di un successo”), en tlante delle aie, vol. 1. “Storia, Economia, Societá, Cultura”, Rubbettino Editore, Roma, 2012, p. 11. ¿Mafias en México? E í M : Durante gran parte de los últimos ocho años, las páginas de los principales periódicos nacionales e internacionales han dado cuenta sin ahorrar detalles de la violencia sin precedentes perpetrada por los grupos criminales mexicanos. Las estadísticas indican claramente que esta violencia se desató en el periodo transcurrido entre los años 2007 y 2011. De 8,867 homicidios intencionales registrados en 2007 (equivalentes a 7.8 homicidios por cada cien mil habitantes) se pasó a 27,213 en 2011 (equivalentes a 22.8 por cada cien mil).6 La violencia de los grupos criminales mexicanos afectó inicialmente con especial virulencia a las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos, y se extendió más tarde a casi todo el territorio mexicano. En esos años, los doscientos metros de tierra que separan Ciudad Juárez, en México, con la localidad de El Paso, en los Estados Unidos, se convirtieron en una suerte de umbral entre la vida y la muerte: en 2008 se registraron allí 1,569 muertes violentas, equivalentes a 118 homicidios por cada cien mil habitantes. Al año siguiente la cifra ascendió a 2,371 decesos, o lo que es lo mismo 178 homicidios por cada cien mil residentes, y tan sólo un año después, en 2010, Ciudad Juárez se convirtió oicialmente en la ciudad más violenta del mundo, con 2,980 asesinatos, esto es, 224 por cada cien mil personas.7 La violencia desmedida de los grupos criminales no se limitó a estas tristes estadísticas, sino que asumió formas y expresiones no registradas con anterioridad. Como emulando guiones propios del más burdo cine de horror, los diferentes grupos criminales mexicanos se abocaron a una competencia desquiciada por captar la atención de los medios de comunicación, recurriendo a estrategias deliberadamente diseñadas para infundir terror no sólo entre sus oponentes del hampa, sino también en las instituciones gubernamentales y en la población civil en general. El objetivo principal de esta táctica es desalentar cualquier intento de menguar su poderío. La difusión de imágenes de cabezas cortadas y cuerpos desmembrados abandonados en las plazas céntricas de los pueblos la exhibición de cadáveres torturados colgados de puentes y viaductos los videos de torturas y ejecuciones subidos en YouTube, se convirtieron en grotescos pero eicaces instrumentos de propaganda a los que los diferentes grupos criminales en México apelaron para “marcar territorio”, es decir, para ostentar su poderío y ambición. Semejante violencia tuvo también entre sus víctimas, con frecuencia, a la misma prensa que narraba sus horrores, sobre todo cuando su accionar no se adecuaba a los intereses de las organizaciones criminales. En ocasiones, estas últimas tampoco dudaron en acudir a tácticas de violencia indiscriminada propias de otro tipo de con ictos, como el uso de granadas y de “coches bomba”. El tráico de drogas, y en especial el control de las rutas de tráico de cocaína (pero también de marihuana, heroína y metanfetaminas producidas en México) hacia Estados Unidos, fue sin duda el principal detonador de esta notoria escalada criminal. El crimen organizado ha operado en México por décadas. La larga frontera con Estados Unidos, el principal mercado mundial para productos y servicios legales e ilegales, ha desempeñado un papel clave en el desarrollo económico, social y político de México, y la delincuencia organizada no ha sido ajena a esa in uencia. Hasta 1848, las fronteras de México comprendían gran parte de lo que hoy constituyen los estados de Texas, Arizona, California, Utah, Colorado, Nuevo México y Wyoming. Se estima que, en la actualidad, alrededor de doce millones de mexicanos residen legalmente en Estados Unidos, y unos 34 millones de estadounidenses tienen ascendencia mexicana directa. En 2012, el mercado de ese país absorbía aproximadamente el 80 de las exportaciones legales 6 7 Estudio Global de Homicidios (Global Study on Homicide), , 2014, p. 126. La tasa de homicidios de Ciudad Juárez es aún más dramática si se tiene en cuenta el tipo de víctima. En 2010, en una población de 660 mil hombres adultos, 2.640 fueron asesinados, lo que equivale a una tasa de 397 homicidios por cada cien mil. Véase “Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez”, en: <http:// observatoriodejuarez.org/dnn/Estadisticas/Homicidios.aspx>. 31 Antonio Luigi Mazzitelli 32 de México. Es natural, por lo tanto, que los grupos del crimen organizado mexicano más importantes, así como las actividades y los mercados criminales más relevantes para ellos, se hayan desarrollado principalmente a lo largo de la frontera con Estados Unidos en la forma de contrabando (bidireccional) y/o de oferta en territorio mexicano de bienes y servicios prohibidos en territorio de Estados Unidos. Los primeros pasos de los cárteles criminales mexicanos se pueden rastrear desde inicios del siglo , a través de los mercados ilegales del contrabando, el robo de ganado, el tráico de alcohol y la prostitución. En cuanto al tráico internacional de narcóticos, los grupos mexicanos se volvieron relevantes ya al inal de los años veinte del siglo pasado, cuando reemplazaron a los grupos de ex inmigrantes chinos en la producción, distribución y tráico de opio y heroína hacia Estados Unidos. Por esos mismos años surgieron también en México los mercados de la marihuana, si bien inicialmente limitados al consumo interno. Los cambios sociales, económicos y culturales operados por Estados Unidos han tenido siempre un impacto profundo en el desarrollo de la industria de las drogas en México, in uyendo en el crecimiento de sus operadores criminales. Las organizaciones dedicadas al tráico de drogas en México han mostrado siempre un gran poder de adaptación a dichos cambios, aprovechando las oportunidades generadas por la demanda de nuevas drogas por parte de las jóvenes generaciones estadounidenses. La revolución cultural “hippie” de los años sesenta y setenta fomentó la demanda y la oferta de marihuana mexicana. En los años setenta y ochenta, la guerra de Vietnam y el retorno de los veteranos consolidaron el papel de los cárteles mexicanos en la producción, tráico y distribución de heroína. Pero fue la explosión de all Street y la cultura “yuppie” de los noventa la que ofreció a los cárteles de México la oportunidad de acumular un poderío inanciero sin precedentes, gracias al control casi total de la oferta de cocaína dirigida hacia el vecino país del Norte. Los noventa fueron también los años de la consolidación de las organizaciones criminales mexicanas dedicadas al tráico de drogas gracias a sus claras ventajas competitivas. Los cárteles de las zonas fronterizas (Tijuana, Golfo, Juárez) maximizaron los beneicios de su larga experiencia con el contrabando, a través del desarrollo y control de las rutas y la distribución de sus productos a mayoristas en Estados Unidos, mientras que el cártel de Sinaloa mejoró signiicativamente el proceso de producción y tráico de drogas (principalmente heroína y marihuana) y se aventuró en la adquisición de cuotas en la industria de la cocaína. Los cambios dramáticos en el negocio de las drogas ilegales de los años noventa no alteraron sustancialmente el panorama de los otros mercados criminales mexicanos (hurto, robo, prostitución, falsiicación, tráico de migrantes, secuestro con extorsión, etcétera), que continuaron funcionando de acuerdo con las dinámicas propias de esos sectores. En 1994, las diferentes procuradurías de justicia enjuiciaron a unos 165 mil acusados, obteniendo 142 mil condenas. En 1997, en la Ciudad de México se registraron 189 mil delitos, entre ellos 713 asesinatos, 1,127 violaciones y 18,374 asaltos a mano armada. En 1995, la industria del secuestro registró 592 casos a nivel nacional.8 De acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobernación, en 1995 operaban en México alrededor de 900 grupos delictivos, de los cuales más de la mitad estaban conformados por ex miembros de las fuerzas policiales y de seguridad.9 En este contexto, parece legítimo concluir que los principales grupos dedicados al tráico de drogas en México nunca se interesaron seriamente por el control de los otros mercados criminales. Por el contrario, es incluso probable que se hayan beneiciado de la segmentación y diversiicación de esos mercados, como también de la existencia de una amplia “mano de 8 9 Rael Benítez Manaut, “Containing Armed Groups, Drug Trafic ing, and Organized Crime in Mexico: The Role of the Military”, en John Bailey y Roy Godson (eds.), Organized Crime and Democratic Governability: Mexico and the U.S.-Mexican Borderlands, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2000, p. 148. Stanley A. Pimentel, “Organized Crime and Politics in Mexico”, en John Bailey y Roy Godson (eds.), Organized Crime and Democratic Governability: Mexico and the U.S.-Mexican Borderlands, ibid., p. 52. ¿Mafias en México? obra” criminal, disponible a bajo costo, para la ejecución de actividades que requerían del uso de la violencia (sicarios). La separación entre los operadores del tráico de drogas y los demás mercados criminales posibilitó asimismo la construcción de un escenario en el que la actuación de las agencias de seguridad y judiciales se enfocara casi exclusivamente hacia la delincuencia común, distrayendo la atención de la sociedad de la creciente corrupción que el negocio de las drogas ilícitas alimentó en esas instituciones. P i i Cuadro 1 g i i Cártel Capacidad Aliados Grupos locales asociados Localización operativa Sinaloa o Pacíico Estable Familia Arellano FélixCarrillo Fuentes • Gente Nueva • Los Cabrera • La Barredora/Cártel del Poniente/Laguna • Chihuahua/Sinaloa • Durango/Chihuahua • Durango/Coahuila Cartel Jalisco Nueva Generación • • n • • • • • • • • • • • El Aquiles El Tigre Del 28 Los Artistas Asesinos ( Los Mexicicles Los Salazar Los Memos ) Baja California Baja California Baja California Sur Chihuahua Chihuahua Sonora Sonora Familia Arellano Félix Débil Pacíico • El Chan • El Jórquela • El Kieto • Baja California (Tijuana) • Baja California • Baja California Familia Michoacana Débil Pacíico Golfo • Guerreros Unidos • La Empresa • Michoacán • Morelos, Guerrero, Edomex • Morelos, Edomex Caballeros Templarios Débil Beltrán Leyva • Célula de los Tenas • Michoacán n Célula González Rodríguez Amado Carrillo FuentesCartel de Juárez Débil Pacíico Golfo • La Línea • Los Aztecas • Chihuahua (Ciudad Juárez) • Chihuahua Beltrán Leyva Estable Zetas • • • n • • • • Caballeros Templarios Los Mazatlecos El 2mil/El Panchito Los Granados Los Rojos n La Oicina • Los Ardilos • Cártel Ind. de Acapulco Sinaloa/Baja California Sonora Guerrero (región Tierra Caliente) Guerrero (regiones Norte y Centro) / Morelos • Aguascalientes/Baja California Sur • Guerrero (regiones Montaña y Centro) • Guerrero Zetas Débil Beltrán Leyva n Gr.Op. Zetas n Gr. Op. Zetas n Fuerzas Esp. Zetas • Tamaulipas • Tamaulipas • Tamaulipas Golfo Estable Pacíico • n • • • • • • • • • • n n Cártel Fuentes Familia Michoacana. Jalisco Nueva Generación F Fuerte Pacíico Familia Michoacana. Metros Rojos Grupo Dragones Las Fresitas Ciclones Los Pelones Talibanes • Los Cuinis Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas Quintana Roo Quintana Roo • Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Guerrero, Veracruz : Elaboración del autor con datos de la Procuraduría General de la Repeblica (septiembre de 2015). 33 Antonio Luigi Mazzitelli E 34 M : Sin embargo, este panorama relativamente estable comenzó a cambiar a principios del nuevo siglo. Las razones de este cambio son tanto exógenas como endógenas: la contracción de la demanda de cocaína y el crecimiento de la industria legal de la marihuana en Estados Unidos obligaron a los cárteles a buscar nuevas fuentes de ingresos, atacando las rutas y los mercados (“plazas”) de los otros operadores-competidores. Para librar estas batallas, los cárteles recurrieron a los servicios de milicias armadas locales conformadas por antiguos subordinados suyos crecidos en importancia (los hermanos Beltrán Leyva, responsables de las operaciones de tráico en los estados de Guerrero y Morelos para el cártel de Sinaloa), a grupos paramilitares (los “Zetas”, inicialmente el brazo armado del denominado “Cártel del Golfo”) o a pandillas locales.10 La llegada a la escena de estos nuevos actores, especialmente de los “Zetasu y su singular modus operandi, alteró profundamente el equilibrio existente y desencadenó la espiral de violencia responsable de más de 60 mil homicidios en México entre los años 2006 y 2012. En septiembre de 2015, un estudio de la Procuraduría General de la Repeblica resumía de este modo la escena del crimen en México. La reacción de las instituciones gubernamentales a estos cambios se caracterizó por su lentitud y naturaleza esencialmente reactiva. El propio modelo federal de administración y control del territorio, dividido en estados y municipios, no sólo atomizaba la capacidad de respuesta institucional sino que también obstaculizaba la capacidad de recolección de información y análisis del fenómeno criminal en su conjunto, impidiendo la trasmisión y la sucesiva recomposición de la información circunstancial generada a nivel local en el análisis de inteligencia estratégica de gran escala. La alternancia política, inaugurada en el 2000 con la llegada a la Presidencia de un candidato del Partido de Acción Nacional ( ), vio en el 2012 el retorno al palacio presidencial de Los Pinos del histórico Partido Revolucionario Institucional ( ), de la mano de un candidato joven pero con vasta experiencia en la gestión pública, Enrique Peña Nieto. La profunda crisis del país y el descrédito que había acompañado la imagen de México durante el gobierno de Felipe Calderón habían favorecido la generación de un acuerdo de gobierno (“Pacto por México”) entre los tres principales partidos políticos acerca de las prioridades y reformas que el nuevo presidente tenía que instrumentar. Estas reformas incluían terminar con los grandes monopolios, tanto públicos como privados, que en el pasado habían condicionado el desarrollo económico y social del país, y complementaban las reformas políticas, de justicia y seguridad, iniciadas durante el gobierno del presidente Calderón. El acuerdo había también dejado abierta la puerta para una reforma del sistema iscal, un ajuste de la reforma política aprobada por el gobierno de Calderón y el fortalecimiento de la capacidad del Estado y de sus instituciones en la lucha contra la corrupción, así como para promover la defensa de los derechos humanos. En el ámbito de la justicia y la seguridad, el nuevo gobierno del presidente Peña Nieto podía contar con los beneicios (aunque territorialmente desiguales) de la transición de la justicia penal a un sistema acusatorio, así como con las capacidades operativas mejoradas de una Policía Federal reestructurada durante el sexenio precedente y con las de algunos cuerpos policiales estatales y municipales.11 Asimismo, de los 37 criminales más peligrosos incluidos en una lista elaborada por el gobierno mexicano en marzo de 2009, para diciembre de 2012, en la toma de posesión de Peña Nieto, 22 ya habían sido neutralizados, ya sea abatidos o detenidos. A todo lo cual se podían añadir los efectos de un proceso casi natural de “selección” de los grupos delic10 11 En 1997, en Ciudad Juárez operaban alrededor de 287 bandas criminales, incluyendo al menos trece extremadamente violentas. Véase Francisco J. Molina Ruiz, “Organized Crime and Democratic Governability at the U.S.-Mexico Border: Border Dynamic”, en John Bailey y Roy Godson (eds.), Organized Crime and Democratic Governability: Mexico and the U.S. Mexican Borderlands, ibid., p. 188. Reformada por Calderón en 2008, la Policía Federal llegó a contar con casi cuarenta mil agentes bien capacitados y equipados en 2012. ¿Mafias en México? tivos: la gran mayoría de las casi sesenta mil víctimas de la “guerra contra el narco” del sexenio del presidente Calderón eran operadores de esos mismos grupos. Por un lado, la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Peña Nieto garantizó la continuidad de algunas de las opciones tácticas que habían sido utilizadas por los gobiernos anteriores.12 Por otra parte, la nueva administración centralizó la gestión estratégica, de análisis y operativa de todas las instituciones de seguridad en la Secretaría de Gobernación federal, incluyendo las actividades de cooperación con socios extranjeros. El proceso de centralización formalizó, asimismo, un sistema más eiciente de reparto de responsabilidades en materia de seguridad entre los actores federales y los estatales a través de la creación de cinco comisiones regionales presididas por el secretario de Gobernación federal y conformadas por los gobernadores, el comisionado de Seguridad Federal, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina, el procurador general, y el jefe de los servicios de inteligencia, conocidos como Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).13 La estrategia de seguridad del nuevo gobierno se complementó con dos elementos adicionales: primero, con un ambicioso y novedoso programa nacional de prevención del delito y la violencia, que busca hacer frente a las causas estructurales de la violencia y la delincuencia a través de intervenciones sociales, económicas, educativas y culturales en segundo lugar, con la implementación de una estrategia de comunicación nacional e internacional dirigida a promover una nueva imagen de México. De este modo, a través del Pacto por México se buscó movilizar las inversiones necesarias para ejecutar las reformas estructurales y la política de desarrollo industrial del país. A la mitad de su mandato, el balance de la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Peña Nieto presenta luces y sombras. La disminución de la tasa de homicidios intencionales, la desarticulación de la mayoría de los grandes grupos criminales en operación en diciembre de 2012 y la captura de muchos de sus jefes son, indudablemente, resultados positivos importantes.14 Sin embargo, estos resultados han sido empañados por la combinación de una serie de acontecimientos negativos de gran trascendencia pública15 y la persistencia de situaciones localizadas de inseguridad y de altas tasas de violencia,16 que pusieron en cuestión no sólo los avances obtenidos sino también la capacidad misma del gobierno para avanzar hacia la construcción de un Estado de derecho democrático en donde la inseguridad y la violencia fuesen la excepción y no la regla. Estos casos, aun y cuando diferentes en sus génesis y dinámicas, son representativos de la tendencia renovada de algunos de estos grupos criminales para controlar el territorio a través de la iniltración y la cooptación de las instituciones peblicas. Los enemigos a los cuales el gobier- 12 13 14 15 16 Estas opciones incluyen la utilización del Ejército y la Marina en los escenarios operativos más complejos el fortalecimiento de las capacidades de intervención federal a través de la creación de una nueva fuerza de policía, la Gendarmería, como parte de la Policía Federal y la reorganización de las fuerzas policiales estatales y municipales, ahora obligadas a someter a sus agentes a pruebas de idoneidad y cursos de formación. El gobierno de Vicente Fox había creado en diciembre de 2000 un ministerio de seguridad bajo el cual operaba la Policía Federal: la Secretaría de Seguridad Pública. Dicha secretaría de Estado fue disuelta por Peña Nieto en diciembre de 2012 al arribar al poder. La lista incluye personajes de gran notoriedad como Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” (cártel del Pacíico) Vicente Carrillo Fuentes, “El Vice Rey” (cártel de Juárez) Héctor Beltrán Leyva, “El H” (cártel de los Beltrán Leyva) Miguel Ángel Treviño, “El Z40” (Los Zetas) Servando Gómez Martínez, “La Tuta” (Caballeros Templarios ) y los decesos de Nazario Moreno, “El Chayo” (Familia Michoacana) y de Juan José Moreno Esparragoza, “El Azul” (muerte no conirmada, cártel del Pacíico). Especíicamente: la rebelión armada liderada por las autodefensas en el estado de Michoacán como una respuesta a la expansión y fortalecimiento del control ejercido por el grupo criminal de Los Caballeros Templarios (noviembre de 2013) el secuestro y posterior desaparición de 43 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, operado por el grupo criminal Guerreros Unidos, que fue asistido por las fuerzas de la Policía Municipal de Iguala (septiembre de 2014) y la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, de la prisión de máxima seguridad del “Altiplano” (julio de 2015). En particular los estados de Tamaulipas y Guerrero (sobre todo debido a la situación en Acapulco). 35 Antonio Luigi Mazzitelli 36 no del presidente Peña Nieto tendría que hacer frente serían diferentes a los que enfrentaron sus predecesores. En esta perspectiva, no es casualidad que en su decálogo de medidas para combatir al crimen organizado, presentado en diciembre de 2014 como respuesta a los acontecimientos de Iguala, el presidente Peña Nieto incluyó acciones de carácter económico-social (Plan Guerrero) y político (disolución e intervención en municipios iniltrados por el crimen organizado, para luchar contra la corrupción), junto con disposiciones de carácter estrictamente policial (mando único). Sin dejar de reconocer que los grandes cárteles de las drogas siguen representando una seria amenaza, son probablemente los nuevos grupos criminales locales los que constituyen el mayor desafío para la estrategia de seguridad del presidente y para sus ambiciosas reformas económicas, políticas y sociales, habida cuenta de su naturaleza depredadora y violenta de estos nuevos actores criminales y su capacidad de iniltrar, controlar y eventualmente reemplazar a las instituciones locales. La presencia y el desarrollo de estos nuevos grupos criminales y su capacidad para interactuar con los agentes institucionales, políticos, económicos y sociales locales precisan una revisión de las herramientas y de las estrategias de lucha tanto institucionales como por parte de la sociedad civil. Aunque no necesariamente comparables con las maias italianas, algunos de estos nuevos actores criminales poseen características y modalidades operativas que justiican el uso del término de “grupos criminales protomaiosos”. L M En su artículo “Las razones del éxito”, Enzo Ciconte, Francesco Forgione e Isaías Salas17 identiican las razones del éxito de las maias italianas en cinco características particulares. Segen los autores, la presencia simultánea de estos elementos permitió a la Maia, entendida como cultura y elemento condicionante del territorio a través de sus operadores, no sólo perdurar en el tiempo sino también expandirse en el espacio, conquistando y colonizando nuevos territorios. Ciconte, Forgione y Salas deinen estas características como “cualidades”, identiicando con este término los elementos que distinguen a las maias italianas de otros grupos del crimen organizado conocidos. Estas cinco cualidades son: a. Cualidad social: la capacidad de la organización criminal para lograr que se acepten y reconozcan los comportamientos, acciones, y reglas de interacción de la organización por las comunidades en las que opera, independientemente de la condición social, cultural y orientación política o ideológica de cada individuo. b. Cualidad institucional: la capacidad de la organización criminal para desarrollar, mantener y alimentar relaciones de complicidad y mutuo beneicio con los representantes de las instituciones públicas responsables de garantizar y promover el Estado de derecho y los principios democráticos en el territorio en el que opera. c. Cualidad económica: la capacidad de la organización criminal para operar simultáneamente en los mercados tanto lícitos como ilícitos (tráico de drogas, robo, etcétera) con el objetivo de imponer su control sobre estos mercados, cooptando a y coludiéndose con sus operadores mediante el uso de la violencia y la corrupción. d. Cualidad ideológico-cultural: la organización criminal tiene una construcción histórica pseudo-ideológica que legitima públicamente sus intereses particulares, sus comportamientos y sus acciones a través de un sistema de valores éticos y culturales. En este sentido, la construcción ideológica de la organización criminal se apodera de antecedentes históricos, valores religiosos y culturales, ritos esotéricos y supersticio17 Ciconte, Forgione y Salas, op. cit., p. 17. Puede consultarse en: <www.store.rubbettinoeditore.it/atlante-delle-maie-vol-1.html . ¿Mafias en México? nes locales con el in de proporcionar una identidad y una misión comunitaria a sus asociados y elevar así el prestigio social de la ailiación individual a la organización (elitismo). e. Cualidad regulatoria: la organización criminal posee y emplea un sistema regulatorio casi judicial de normas, tribunales, procedimientos y mecanismos de aplicación y de sanción para reglamentar la convivencia entre los ailiados, resolver disputas y proteger al grupo criminal, su estructura, su cultura y sus intereses de los ataques internos y externos. Objeto de este análisis serán los cuatro principales grupos criminales mexicanos que en los últimos seis años han logrado destacar por sus capacidades de expandirse en el tiempo y en el espacio, y que han logrado marcar con su presencia el desarrollo social, económico y cultural de los territorios en los que se han asentado. E á S P í Conocido en todo el mundo por su antiguo nombre de cártel de Sinaloa, el cártel del Pacíico es unos de los principales operadores mundiales del tráico de drogas. Como lo indica su nombre, el cártel del Pacíico posee una fuerte identiicación geográica (el estado de Sinaloa y, en particular, las ciudades de Badiraguato y Culiacán), y es el resultado de más de cien años de experiencia en los mercados de las drogas. Sinaloa fue una de las primeras áreas en donde los inmigrantes chinos desarrollaron el cultivo de la amapola y la producción de opio y heroína para el mercado de Estados Unidos a inales del siglo . En la primera mitad del , los grupos locales mexicanos que se habían apoderado del negocio, añadieron al opio y a la heroína el cultivo y tráico de la marihuana. En torno a estas actividades oreció a lo largo de los años una verdadera industria compuesta por comerciantes, acopiadores, transportistas, contrabandistas y prestadores de servicios especializados. La escalada a la cúspide de la industria de las drogas del cártel de Sinaloa comenzó en los años ochenta del siglo , cuando los fabricantes y vendedores de drogas del estado conformaron una organización (cártel) para negociar y obtener mejores condiciones económicas por sus productos y servicios con el cártel de Guadalajara, por entonces la más poderosa y mejor estructurada organización de tráico de drogas mexicana. Fuente de inspiración para los productores sinaloenses fueron los cárteles colombianos y, en particular, el cártel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela. El boom del consumo (y tráico) de la cocaína en los Estados Unidos de los años ochenta y la reestructuración de la industria de la droga en México que siguió en 1985 al asesinato del agente de la Drug Enforcement Agency ( ), Enrique “Ki i” Camarena, además de la desaparición del cártel de Guadalajara, ofrecieron al cártel de Sinaloa la oportunidad de transformarse de simple proveedor de productos (marihuana y heroína) y transportista (de cocaína), en el gestor principal del ujo de cocaína en la costa del Pacíico mexicano y en proveedor mayorista de cocaína, heroína y marihuana para las principales plazas de Estados Unidos. Elementos importantes para el ascenso del cártel de Sinaloa fueron su cohesión interna y su espíritu empresarial. La cohesión del cártel estaba garantizada por la fuerte identiicación de sus miembros con la cultura de Sinaloa y la larga tradición en la producción, transporte y comercialización de drogas. Los lazos de sangre existentes entre los miembros del grupo fortalecían la cohesión interna y sustentaban la identiicación del individuo con el grupo. Con la misma inalidad se utilizaban los matrimonios, tanto internamente para establecer y formalizar las alianzas entre los asociados, como externamente para incorporar al grupo a nuevos operadores. A partir de los años ochenta, el cártel de Sinaloa añadió a estas características un espíritu empresarial y una capacidad de innovación únicos. Estas nuevas e imprescindibles cualidades permitieron a los líderes del cártel de Sinaloa redeinir en su beneicio las relaciones de interacción del cártel con sus enemigos (delincuentes competidores e instituciones) y sus aliados 37 Antonio Luigi Mazzitelli 38 (proveedores y distribuidores), rediseñando así la función del cártel al interior de toda la cadena productiva y comercial de la industria de las drogas. Fue el cártel de Sinaloa el que llevó el traico por vía aérea a una escala industrial y el que estableció sucursales operativas en los países productores de cocaína para negociar in situ la compra del producto intermedio (hoja de coca o pasta base) y la participación del cártel en la gestión de los laboratorios para su transformación en el producto inal (cocaína ). Estas iniciativas permitieron al cártel controlar no sólo la distribución hacia los mercados inales en Estados Unidos, sino también su suministro, gracias a la participación directa en la elaboración del producto inal. Ulteriores pruebas del espíritu innovador y empresarial del cártel de Sinaloa son su expansión a la producción y el tráico de metanfetaminas la apertura de nuevos mercados de destino para sus productos en Europa, Asia y Oceanía, así como también de nuevas rutas de tráico a través de África occidental y del Pacíico. En otras palabras, el cártel de Sinaloa fue el primer grupo criminal de tráico de drogas que no se limitó a aprovecharse de la globalización, sino que la interpretó proactivamente en su beneicio, maximizando el valor de sus productos, sus redes de distribución y su know-how especializado en el tráico de drogas. El desarrollo empresarial del cártel de Sinaloa estuvo acompañado de una lúcida estrategia de alianzas con sus competidores en México, al igual que con los distribuidores regionales y locales de sus productos en el mundo. Estas alianzas de negocios estaban siempre dirigidas a la creación de beneicios mutuos para todos los participantes. El espíritu empresarial del cártel y su natural inclinación a la generación de ganancias para todos los operadores del negocio se deducen también por el proyecto de instauración de una “federación” responsable de regular la utilización y garantizar la seguridad de las rutas de tráico a través de México. Nada de esto hubiera sido posible sin una redeinición de las relaciones entre los operadores de la industria de las drogas y las instituciones, sobre todo a nivel local. Fue el cártel de Sinaloa el que a comienzos de los años noventa perfeccionó los procedimientos de cooptación de los poderes políticos y administrativos locales, invirtiendo así la relación entre “protector” y “protegido” que había caracterizado los vínculos entre las organizaciones de tráico de drogas y las instituciones públicas hasta entonces. La dimensión empresarial (orientada a los negocios) caracteriza también su relación con el uso de la violencia. Enfocado en la rentabilidad del negocio, el cártel de Sinaloa considera a la violencia como el último recurso en la escala de las herramientas a su disposición para la persecución de sus objetivos corporativos y la reducción del riesgo de empresa.18 En este sentido, la violencia del cártel de Sinaloa se caracteriza por su bajo peril, su carácter instrumental y cínico, destinado a la eliminación del obstáculo sin poner en peligro el negocio. Figura emblemática de la violencia del cártel fue Santiago Meza López, “El Pozolero”, responsable de hacer desaparecer en ácido los cuerpos de sus opositores en Tijuana.19 Otra particularidad del cártel fue su estructura de liderazgo. Hasta mediados de 2014, el Consejo de Administración y epicentro de la toma de decisiones estuvo conformado por un triunvirato integrado por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Ismael Zambada García, “El Mayo” y Juan José Moreno Esparragoza, “El Azul”. A este trío correspondía probablemente una clara distribución de responsabilidades operativas: a “El Chapo”, las fuentes de abastecimiento y los nuevos mercados a “El Mayo”, la producción en México y a “El Azul”, las rutas de distribución en Estados Unidos y el reciclaje. En este contexto, la detención de Guzmán en febrero de 2014, su posterior fuga en agosto del mismo año y su recaptura en febrero de 2016, junto con la noticia de la supuesta muerte de “El Azul”, pueden haber mermado considerablemente la capacidad operativa del cártel, abriendo una fase de inestabilidad interna como parece 18 19 Las herramientas operativas a disposición de los grupos criminales son la corrupción, la intimidación y la violencia. De acuerdo con las investigaciones, entre 2001 y 2008 Santiago Meza López disolvió alrededor de 300 cuerpos en ácido. Los cuerpos le fueron entregados por un aliado de “El Chapo” Guzmán en Tijuana, Teodoro García Simental, “El Teo”. Santiago Meza López cobraba por sus servicios un salario semanal de 600 dólares estadounidenses. Meza López fue detenido en enero de 2009. ¿Mafias en México? demostrarlo indirectamente el aumento en 2014 y después en 2016 de los crímenes y los asesinatos comunes en la tierra de origen del cártel de Sinaloa y en su capital, Culiacán. Cualidad Social: Alta La cohesión interna del cártel de Sinaloa, producto de una identidad cultural común y de una larga tradición en la industria de las drogas ilícitas, sugiere un alto grado de penetración de la cultura del ¨cártel¨ y de sus actividades en el tejido social de Sinaloa. La riqueza generada por la actividad económica principal del cártel y su redistribución tanto directa (creación de puestos de trabajo en los sectores de la producción y del tráico) como indirecta (inversiones en los sectores productivos tradicionales como la agricultura, la ganadería y el comercio efectos redistributivos de la riqueza resultante de los ujos de consumo y de las actividades ilantrópicas) en el territorio de origen han garantizado al cártel del Pacíico un alto reconocimiento y una importante aceptación social comparables a los que disfrutaron, por parte de sus respectivas comunidades, los primeros grandes cárteles colombianos (Medellín, Cali) o a las maias italianas. Las funciones de garante del orden público y administrador de la justicia en los territorios bajo su in uencia fortalecen aen más el carácter social del cártel y la aceptación de sus operadores por parte de las poblaciones locales. Las protestas populares que siguieron a la detención de “El Chapo” Guzmán en febrero de 2014 son prueba fehaciente de la presencia de este fuerte sentimiento social a su favor. Cualidad institucional: Alta Una característica importante del cártel de Sinaloa a lo largo de su existencia ha sido su capacidad de construir y cultivar provechosas relaciones con las instituciones responsables de su persecución. El fuerte carácter social del cártel, su presencia territorial y los enormes recursos inancieros a su disposición le permitieron transformar en su beneicio la relación que, en el pasado, había subordinado al grupo criminal a los representantes de los poderes institucionales federales y locales que, si bien corruptos, conservaban sin embargo la capacidad de movilizar las fuerzas suicientes para desarticular las actividades de los grupos criminales locales. Dos fueron los factores que contribuyeron a este cambio a la mitad inales de los años ochenta: la consolidación de la alternancia política y la consecuente fragmentación del poder para controlar el territorio por parte de los actores políticos, así como la ingente capacidad inanciera del cártel, producto del tráico de cocaína hacia Estados Unidos. La autonomía de los municipios y de los estados respecto del poder federal sigue representando hoy día una oportunidad para la iniltración y cooptación de los gobiernos locales (y en particular de su policía) por parte de los grupos delictivos. Elementos territoriales contingentes, como el bajo crecimiento económico, la débil presencia institucional, una insuiciente cultura de la legalidad y los efectos de crisis económicas exógenas, pueden aumentar considerablemente el nivel de riesgo para las instituciones locales de las iniltraciones del crimen organizado. Cualidad económica: Baja No obstante su poder económico y inanciero, y su posición dominante en el comercio internacional de los estupefacientes, el cártel del Pacíico no parece haber desarrollado una vocación económica y una aspiración de control que lo proyecten por fuera de los propios mercados de las drogas. Las numerosas actividades económicas relacionadas con el cártel a través de empresas de fachada, o bien familiares de sus operadores, obedecen más que nada a la necesidad de reciclar parte de los enormes beneicios inancieros obtenidos por el tráico de drogas. Lo mismo se aplica a la incursión por parte de algunos elementos de la organización en otros mercados criminales, aunque sigan ieles al tráico de drogas y al modelo de negocio del cártel, caracterizado por la reducción del riesgo de la empresa y la maximización de las ganancias. El cártel de Sinaloa y la mayoría de sus integrantes parecen poco interesados en adentrarse en mercados 39 Antonio Luigi Mazzitelli criminales en los que no pueden hacer valer sus ventajas competitivas (control de las rutas, segmentación de la estructura interna, redes de corrupción, variedad de productos) sin aumentar considerablemente los riesgos corporativos (persecución judicial, incautaciones, violencia por parte de otros competidores). Bajo esta lógica, se puede también airmar que el objetivo central del cártel es dominar y regular las actividades relacionadas con las drogas y no ejercer un control capilar del territorio y de sus otros negocios. Cualidad ideológica-cultural: Baja 40 El carácter empresarial del cártel del Pacíico y su objetivo de generar el máximo beneicio económico para sus operadores se re ejan también en la ausencia de creación de una construcción ideológico-cultural destinada a justiicar su existencia. Por ser una estructura sustancialmente mercantilista y pragmática, el cártel preiere utilizar la corrupción y la negociación también con sus enemigos para alcanzar sus metas y reducir los riesgos del negocio. Este pragmatismo, y la búsqueda de la ganancia en términos de reducción de riesgos y de protección, se aplican también al papel de puente que los miembros operativos del cártel desempeñan con las comunidades y las autoridades políticas y sociales en sus territorios de origen. En la práctica, la intervención de la organización criminal en la gestión y el manejo de los asuntos del territorio responde más a la necesidad de obtener el consenso y la aceptación de las comunidades que a razones ilantrópicas o de justicia social. En cuanto a los modelos culturales adoptados por el cártel, sus referentes y símbolos (como el culto a Jesús Malverde y a la Santa Muerte, o la tradición de los “narcocorridos”), más que elementos originarios del grupo re ejan la pertenencia de sus integrantes al territorio y a su cultura. En este sentido, la organización no genera nuevos modelos culturales. Más bien, se apropia de los referentes de la tradición cultural mexicana del bandolerismo (y, por lo tanto, no es un rasgo exclusivo del cártel del Pacíico) y los fortalece. De la misma manera, el comportamiento y las formas de interacción de sus miembros con las comunidades no diieren mucho del patrón de los nuevos ricos propietarios y empresarios de origen rural, que legitiman con la ilantropía y el fortalecimiento de los valores culturales tradicionales el territorio de origen de su nueva condición. Cualidad regulatoria: Media baja La cohesión interna de la agrupación generada por las tradiciones y los orígenes compartidos de sus miembros, su estructura organizativa piramidal, su carácter mercantilista y su inclinación hacia la resolución de los con ictos mediante el recurso de la negociación en lugar de la utilización de la violencia, permitieron al cártel del Pacíico transitar a un proceso de cambios sin debilitar sus características originales. Llamativamente, el pacto acordado entre sus miembros y las reglas que rigen las relaciones internas parecen estar dotados de la exibilidad necesaria para acompañar la evolución del cártel, en lugar de limitar sus posibilidades. El mismo cambio de nombre del cártel, de Sinaloa a Pacíico, su apertura a nuevos y emergentes operadores, el deseo de sus fundadores de crear una “federación” de traicantes, renunciando así a toda venganza en beneicio del interés comen, parecen postular la subordinación de las reglas y códigos éticos al pragmatismo del los acuerdos dirigidos a ofrecer soluciones provechosas para todas las partes, sean estas transitorias o perdurables. E á G Si el cártel del Pacíico representa el modelo más exitoso de la organización criminal de tráico de drogas, el cártel del Golfo deine e ilustra las diferentes etapas en el desarrollo de las corporaciones delictivas mexicanas típicas de las zonas de la frontera con Estados Unidos. Los orígenes del cártel del Golfo datan de los años treinta del siglo pasado en Matamoros, una ciudad del Golfo de México perteneciente al estado de Tamaulipas, en la frontera con Esta- ¿Mafias en México? dos Unidos. Fundado por Juan Nepomuceno Guerra y conocido originalmente como el cártel de Matamoros, el cártel del Golfo se abrió camino en los mercados criminales con el contrabando de alcohol durante el periodo de la prohibición en Estados Unidos. A esta actividad sumó, con el tiempo, otros comercios ilegales típicos de las zonas fronterizas, destinados a ofrecer en suelo mexicano bienes y servicios prohibidos en territorio estadounidense. Desde esta perspectiva, la relación del cártel del Golfo con el territorio se caracteriza por la regulación y el control de las actividades delictivas de la zona fronteriza y por su sustancial naturaleza depredadora. Junto al contrabando, la organización puso bajo su mandato la prostitución, la venta de drogas, el juego de azar, el sicariato, el secuestro y la extorsión en tiempos de crisis económica. Al igual que ocurrió con el cártel de Sinaloa, el del Golfo también se beneició sustancialmente del boom de la demanda de cocaína en Estados Unidos en los años ochenta y de la desarticulación por parte de las autoridades mexicanas y de Estados Unidos del cártel de Guadalajara. A estos acontecimientos se sumaron las oportunidades económicas que, a diferencia de otras partes del territorio, ofrecían las zonas fronterizas con Estados Unidos durante la crisis económica y inanciera que el país atravesó en 1982, y a partir de la irma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( ), con Estados Unidos y Canadá, en 1994. Fue en este contexto histórico que el cártel del Golfo operó su transformación de grupo criminal territorial depredador, típico de una ciudad fronteriza, a organización delictiva dedicada al tráico de drogas a escala internacional. El arquitecto principal de este cambio fue el comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni,20 quien durante la reorganización de la industria mexicana de las drogas que siguió a la desarticulación del cártel de Guadalajara logró para el cártel del Golfo el monopolio de las rutas de tráico de cocaína a través del Golfo de México. Fue también gracias a las redes tejidas en el mundo criminal por el comandante González Calderoni que el cártel del Golfo logró extender sus bases y construir la red logística necesaria para los envíos de cocaína a lo largo de todo el mar Caribe, desde Colombia hasta México. El comandante González Calderoni conió a Juan García Abrego, nieto de Juan Nepomuceno Guerra, el comando operativo del grupo delictivo. La naturaleza híbrida del cártel del Golfo su rápida expansión fuera del territorio de origen a través de la asociación con operadores criminales locales responsables de las operaciones de tráico la falta de una estructura bien conformada apta para garantizar su estabilidad interna y, por eltimo, la dependencia del cártel y sus integrantes de la protección ofrecida y administrada personalmente por el propio González Calderoni, deinieron desde sus inicios, y siguen en parte haciéndolo en la actualidad, el peril de la organización. La deserción y huida de González Calderoni en 1993 puso al descubierto los límites estructurales del cártel que, con la captura y extradición a Estados Unidos de Juan García Abrego en 1996, experimentó un periodo de gran inestabilidad hasta la llegada de Osiel Cárdenas Guillén, “El Mata Amigos”, en 1999. Los límites estructurales del cártel del Golfo y su falta de cohesión interna fueron conirmados directamente por la decisión del mismo Cárdenas de subcontratar la defensa de sus intereses estratégicos y de sus rutas a un grupo de ex militares: los Zetas. así como la detención de Juan García Abrego desequilibró profundamente al grupo criminal, también el arresto de Osiel Cárdenas en 2003 y su posterior extradición al mismo país en 2005 tuvieron un impacto importante en la organización: huérfano de dirigencia y desgarrado 20 Entre otros cargos ocupados durante su carrera el comandante Guillermo González Calderoni se desempeñó como comandante de la Policía Judicial Federal en las ciudades de Monterrey (Nuevo León), Ciudad Juárez (Chihuahua) y Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), y también como representante de la misma en los estados de Jalisco y Quintana Roo. Sus relevantes participaciones en las capturas de famosos narcotraicantes del cártel de Guadalajara lo llevaron, primero, a la Dirección de la División de Investigación de Tráico de Drogas, y luego, a la Dirección General, donde fue el responsable de interceptar la droga por aire, tierra y mar. El comandante González Calderoni huyó hacia Estados Unidos en 1993 y allá colaboró con la . Murió en McAllen, Texas, en 2003. Su fortuna en el momento de su fuga a Estados Unidos se estimaba en alrededor de 400 millones de dólares. 41 Antonio Luigi Mazzitelli por las luchas internas por asumir el liderazgo, el cártel quedó expuesto a la traición y al ataque de los Zetas. nicamente la alianza con y la posterior intervención armada del cártel del Pacíico en contra de los Zetas permitió al cártel del Golfo extender su supervivencia. Cualidad social: Media baja 42 El carácter esencialmente depredador del cártel del Golfo, su diversiicación operativa y la dispersión geográica de sus asociados son indicadores de un bajo grado de cohesión interna y, en consecuencia, de una baja aptitud para generar relaciones estables en los territorios en los que opera. A diferencia del cártel del Pacíico, el rápido crecimiento que fue consecuencia del incremento del tráico de la cocaína afectó seriamente al cártel del Golfo, erosionando su carácter de organización criminal de frontera y alterando así su relación con el territorio de origen. Incluso cuando mantuvo sus bastiones operativos en Tamaulipas y en la zona fronteriza, la apertura a operadores externos como los Zetas detonó una espiral de violencia cuyos efectos fueron la progresiva independencia de los asociados criminales locales del cártel. En este contexto, la posterior crisis general del tráico de drogas hacia Estados Unidos, resultante de una prolongada reducción de la demanda de cocaína y del incremento de los riesgos de trasiego por el territorio mexicano, obligaron al cártel a incrementar su participación en actividades criminales depredadoras como el secuestro y la extorsión, debilitando todavía más su relación con el territorio de origen. Desde esta perspectiva, el cártel del Golfo parece ser la víctima de su propia evolución. Prueba de ello es también la relación del cártel con la violencia (y su utilización), que pasó de ser selectiva e instrumental a indiscriminada y de alto peril (casi como si, por medio de ella, la organización tuviera que demostrar al mundo su existencia y su presencia en la región). Cualidad institucional: Media alta Las orígenes del cártel a lo largo de la frontera, su especialización en el tráico de bienes a través de la misma y el crecimiento de la organización durante los años del auge de la cocaína no habrían sido posibles sin una fuerte capacidad del grupo para iniltrar y cooptar a las instituciones públicas en ambos lados de la línea fronteriza. El conocimiento y la gestión de los contextos económico, social, cultural e institucional propios de las zonas fronterizas eran, y siguen siendo hoy día, una cualidad necesaria para las organizaciones criminales de tráico de estupefacientes y una importante ventaja competitiva frente a otros grupos del crimen organizado deseosos de ingresar en los mercados ilícitos transnacionales. En esta perspectiva, el cártel del Golfo ha conservado a lo largo de su existencia la capacidad de maximizar su know-how en el trasiego transfronterizo, diversiicando su cartera de actividades a los negocios del tráico de inmigrantes, de hidrocarburos, de vehículos robados, de productos falsiicados, de armas y de divisas. La espiral de violencia provocada por la falta de una estructura consolidada y de un liderazgo sólido, y la consecuente atomización de los grupos delincuenciales que operan en la zona, representan sin embargo una grave amenaza para esta cualidad. Cualidad económica: Media alta Aun y cuando la mayoría de las inversiones económicas realizadas por el cártel del Golfo son destinadas al reciclamiento de los beneicios inancieros del tráico de drogas, la diversiicación de la cartera de actividades de la organización y su activa participación en diferentes mercados criminales indican una propensión natural de sus operadores a expandir sus intereses a los sectores económicos formal e informal. En este sentido, resulta de particular importancia la presencia del cártel del Golfo en la minería clandestina, el robo de hidrocarburos y de trailers cargados. La naturaleza de los productos de estas actividades delictivas, la estructura de sus canales de distribución y sus volemenes sugieren la probable iniltración de los operadores del cártel en los mercados legales de estos bienes. La familiaridad de la organización con la práctica de la extorsión y su impacto en el desarrollo económico del territorio refuerzan la validez de esta conjetura. Lo mismo se puede decir con respecto a otras empresas comer- ¿Mafias en México? ciales del grupo delincuencial en el sector del entretenimiento (bares, salas de juego, clubes nocturnos, discotecas, etcétera), en donde puede fácilmente generar sinergias operativas con sus tareas criminales de proveedor de ciertos bienes (drogas, bebidas alcohólicas) y servicios (trata de personas y usura) fuera de la ley. En esta dinámica, el cártel del Golfo (junto con los Zetas) también mostró algunas habilidades particularmente depredadoras para desarrollar sinergias entre las diferentes acciones delictivas de su cartera. El más llamativo ejemplo de esta cualidad está representado por el reclutamiento forzado, la trata de personas (con ines de explotación sexual y laboral) y el secuestro con ines de extorsión de los migrantes irregulares que entran en contacto con estos mismos grupos del crimen organizado para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Cualidad ideológica-cultural: Baja A pesar de tener raíces bien deinidas (Matamoros y la frontera), el cártel del Golfo no parece haber desarrollado ningún elemento cultural o ideológico propio. Sus referentes culturales son los mismos de otros grupos criminales como el cártel del Pacíico y los Zetas. La rápida expansión del grupo en toda la zona del Golfo de México y la consiguiente apertura a operadores con diferentes orígenes y raíces culturales diicultan aen más su capacidad para generar modelos propios que lo identiiquen y caractericen. La heterogeneidad de sus integrantes, su orientación mercantilista y su débil cohesión interna apuntan a resaltar la poca importancia que sus miembros asignan a su identiicación con la organización, elemento que también sobresale por el elevado número de deserciones y traiciones internas. Cualidad regulatoria: Baja Idéntica conclusión se aplica con respecto a la cualidad regulatoria del cártel. Las ausencias de una verdadera estructura y de una identiicación cultural entre sus asociados, consolidada a través de lazos familiares y valores compartidos, resultan en una débil cohesión interna y una casi inexistente capacidad de regulación interna y externa. Las deserciones y las traiciones se constituyen como parte de la historia antigua y reciente del cártel, acaso también como resultado de su dispersión geográica, diversidad étnica y cultural, y de su ineicacia para generar mecanismos de regulación del grupo y, eventualmente, de sanción a la violación del pacto asociativo. El indicador más claro de la escasa efectividad de la organización para autorregularse fue la evidente necesidad de ediicar la estructura paralela de los Zetas mediante una especie de subcontratación, para la defensa armada de sus intereses estratégicos y la protección personal de su líder. L Z La aparición de Los Zetas en la escena de los operadores criminales mexicanos representa probablemente el momento de ruptura más importante de la historia del crimen organizado en México. Los Zetas encarnan el arquetipo del grupo criminal territorial, de tipo depredadorparasitario, que poco tiene en comen con las organizaciones de contrabandistas y traicantes o con las pandillas de bandidos locales características de la tradición mexicana. Creados en 1998 por Osiel Cárdenas como brazo operativo-militar del cártel del Golfo, originalmente Los Zetas estaban conformados por exsoldados entrenados en tácticas antiguerrilla. La especialidad y el carácter distintivo de Los Zetas fue la utilización cínica y brutal de la violencia, entendida no sólo como instrumento para la eliminación de los opositores, sino también como herramienta para el sometimiento del territorio a través del terror. Asalariados pero no integrados en la estructura del cártel del Golfo, los miembros de Los Zetas recibieron de Osiel Cárdenas autorización para complementar sus ingresos con la explotación de los mercados criminales existentes en los territorios ocupados. A cambio, Los Zetas reconocían la 43 Antonio Luigi Mazzitelli 44 supremacía del cártel del Golfo en la gestión de las rutas de tráico de drogas y se comprometían a protegerlas en caso de ataques por parte de cárteles rivales. Los Zetas tuvieron también la tarea de ampliar las zonas de in uencia del cártel del Golfo, actuando como exploradores y brazos armados de la organización en la conquista y la apertura de nuevas rutas. La captura y subsecuente extradición a Estados Unidos de Osiel Cárdenas en 2004 dio comienzo al proceso que llevó a Los Zetas a emanciparse del cártel del Golfo, e incluso a declararle la guerra en 2010. Los Zetas se caracterizan también por un modelo de operación y expansión novedoso y eicaz, basado en la creación de células semiindependientes, responsables de la conquista de nuevos territorios. Las células locales, generalmente conformadas por delincuentes bajo el mando del representante de la célula madre, recibían en “franquicia” la explotación de la marca “Zetas” y la misión de someter a su mando el nuevo territorio. Este dominio comprendía la eliminación o el sometimiento de las bandas criminales locales, el monopolio sobre los mercados criminales y la protección de las rutas de la droga en beneicio del cártel del Golfo. La eiciencia de este modelo le permitió a este último consolidar rápidamente su control absoluto sobre las rutas de la cocaína en toda la zona del Golfo, desde Guatemala hacia Tamaulipas. Paralelamente, el modelo les permitió a Los Zetas una rápida expansión en todo el territorio de la Federación y la construcción de una densa red de células que, al inal de la primera década del presente siglo, les garantizaron una presencia capilar a lo largo de la costa caribeña de México, el centro del país y parte de Guatemala. Otros rasgos del peculiar modelo de Los Zetas son la convivencia en la misma estructura de un fuerte sentido jerárquico (entre las células y entre sus integrantes)21 y la casi total descentralización en el proceso de toma de decisiones relativas al manejo y explotación de los territorios conquistados la obligación “corporativa” de todas las células a la protección y defensa de la marca de Los Zetas el uso intensivo de mano de obra criminal no caliicada para el control y la explotación del territorio la especialización de los reclutas en el uso de las armas y la práctica de la violencia en campos de entrenamiento y el desarrollo e implementación de estrategias de comunicación basadas en la sublimación de la violencia. Respecto de esta eltima característica, resulta válido airmar que Los Zetas revolucionaron la jerarquía de los instrumentos utilizados por un grupo criminal para alcanzar sus ines: si las organizaciones de tráico de estupefacientes tradicionales anteponían el uso de la corrupción y la intimidación a la violencia, Los Zetas, en cambio, hicieron de ella y de su ostentación las principales herramientas de trabajo para el control territorial. Invirtiendo la lógica habitual de las organizaciones criminales, que preieren eludir los riesgos asociados con el aumento de la atención pública que la violencia concita, Los Zetas recurrieron a ella como primer recurso para deshacerse de sus opositores y, al mismo tiempo, enviar un mensaje general de poderío tanto a otros posibles competidores como a las autoridades públicas que debían enfrentarlos. Sólo después que el grupo ha conseguido grabar a sangre y fuego su “marca” en los territorios en los que se asienta, Los Zetas apelan a la intimidación y a la corrupción como mecanismos adicionales para mantener el status quo. Naturalmente, para que esta estrategia funcione, la violencia ha de ser visible, despiadada y sangrienta, apta para generar terror. Bajo esta misma óptica se entiende también la obligación de las células de perseguir y castigar el uso no autorizado de la marca “Zetas”, y la adopción de técnicas de comunicación típicas del paramilitarismo y del terrorismo (la difusión masiva de los vídeos de las torturas y ejecuciones el abandono en lugares peblicos de los cuerpos decapitados y desmembrados, etcétera). El efecto disuasivo de semejante estrategia es formidable. Sin embargo, paradójicamente, son estas mismas características de éxito las que condenaron al grupo a una rápida extinción por implosión. Las muertes y detenciones de sus fundadores privan a la organización de la autoridad necesaria para controlar a las células locales y subordinar 21 El sentido jerárquico se expresa también por los nombres de batalla de sus fundadores e integrantes, “el Z1”, “el Z2”, y así sucesivamente. ¿Mafias en México? sus acciones a las decisiones estratégicas de la cepula. La estructura reticular de Los Zetas, fundada sobre la progresiva emancipación inanciera y operativa de las células locales y la siempre creciente demanda de mano de obra criminal necesaria para el control del territorio, desequilibran continuamente la estructura de la organización, afectando sus capacidades de control y de cohesión interna. Al mismo tiempo, la ruptura de los lazos entre las células locales y las células madres, así como la desarticulación de la célula originaria, alimentan el proceso de autodestrucción de la red, reduciendo su capacidad de fortalecer, preservar y transmitir las prácticas propias de la organización en el tiempo y en el espacio. A tan sólo seis años de su nacimiento como agrupamiento criminal independiente, y tras haber logrado extender su presencia a casi todo el Caribe mexicano, en la actualidad muy poco permanece del poder original de Los Zetas, aun y cuando su modelo operativo y su cultura de la violencia siguen desempeñando un rol relevante entre los operadores criminales en México. 45 Cualidad social: Baja Si bien profundamente dependiente del territorio, el modelo operativo de Los Zetas no implica ninguna relación social que legitime la presencia y el control de éste por parte de sus células. La historia de la expansión de Los Zetas en suelo mexicano se caracteriza por el fuerte rechazo de las comunidades a su presencia y dominio. Bajo esta perspectiva, no sería errado deinir dicha expansión como una suerte de “conquista”, en el sentido histórico-militar del término. Ello, aunado al carácter depredador del grupo y al empleo feroz de la violencia, explica igualmente la falta de interés de Los Zetas por cultivar cualquier tipo de vínculo social o cultural con el territorio y sus habitantes. Los Zetas no son, ni han pretendido ser, otra cosa que un ejército de brutales y despiadados criminales es justo por ello que no debería sorprender el gran rechazo que suscitan en las comunidades en las que se asientan. En este contexto, el hecho de que las células locales estén generalmente conformadas por delincuentes locales, antes que como un indicio de adhesión social e in uencia de la marca Zetas, es entendido más como una traición y una ruptura por parte de esos individuos con sus comunidades de origen. En esta dinámica, la rehabilitación de estos operadores locales del crimen organizado y su reaceptación por parte de las comunidades podrá darse únicamente mediante la rebelión contra sus amos en la jerarquía criminal, Los Zetas, tal y como lo demuestra la génesis del grupo delictivo “La Familia Michoacana” y la propia historia de sus fundadores. Cualidad institucional: Media baja El carácter militarizado y el culto salvaje a la violencia proyectan necesariamente la relación de Los Zetas con las instituciones hacia una dimensión de con icto abierto por el monopolio de la fuerza y el control del territorio. Aun cuando Los Zetas no aspiran a reemplazar al Estado y sus instituciones, la mentalidad del grupo y su modelo operativo no dejan margen a interferencia alguna con su objetivo de control territorial. En este sentido, el empleo ostentoso y descarado de la violencia tiene también como inalidad desacreditar peblicamente las capacidades de las instituciones policiales y de seguridad, debilitándolas. Sin embargo, una vez concluida la fase de la “conquista” del territorio, esta relación antagónica pareciera mutar hacia un vínculo sustentado en la cooptación y la subordinación. Cualidad económica: Media alta La naturaleza depredadora y parasitaria de Los Zetas supone necesariamente una fuerte capacidad del grupo para aprovechar las ventajas económicas del territorio y de sus operadores. En este sentido, el proceso de explotación de la región prevé tres fases, la primera de las cuales se caracteriza por el uso de la violencia depredadora (robos, secuestros, asesinatos) a la segunda etapa la deine su naturaleza parasitaria (extorsión) y la tercera se distingue por el establecimiento por parte de las células de una relación simbiótica con los operadores eco- Antonio Luigi Mazzitelli 46 nómicos del territorio, actuando como una suerte de regulador informal de los mercados. La diversiicación de las actividades ilegales operadas por el grupo a través de su red criminal beneicia tanto al necleo de la organización como a las células: la capacidad de estas eltimas para aprovechar las oportunidades económicas especíicas que ofrece una determinada geografía se nutre y retroalimenta con la habilidad del grupo a través de su estructura reticular de encontrar mercados para esos mismos productos y servicios que las células generan. Al igual que sus antiguos jefes del cártel del Golfo, también Los Zetas son activos en la distribución de bebidas alcohólicas, de artículos de piratería y de hidrocarburos robados en el robo y la venta de vehículos y mercancías diversas en la explotación de la prostitución en el control de las apuestas ilegales y el juego de azar en la minería clandestina en la trata de personas, el tráico de migrantes y de armas. Sin embargo, la actividad criminal que más identiica a Los Zetas en su relación con las zonas en que ejercen su in uencia es acaso la extorsión (de los mercados lícitos) y su variante de “derecho de piso” o “cobro de peaje” (mercados ilícitos y criminales), a través de las cuales las células de Los Zetas imponen su dominio frente a los demás actores y subyugan el territorio. Cualidad ideológica-cultural: Media alta Si la estructura operativa de Los Zetas postula un modelo en el que la heterogeneidad étnica y cultural de las células prevalece sobre la cohesión interna de la organización, su evolución revela en cambio una fuerte identiicación ideológica de sus asociados con la marca y la cultura distintiva del grupo. La idiosincrasia militar y nacionalista común a los miembros fundadores de Los Zetas y sus manifestaciones más llamativas, como el culto de la violencia y la preferencia por las armas de grueso calibre, son elementos que plasman el carácter cultural de Los Zetas, y que se fortalecen a través de los programas de formación y los centros de entrenamiento para los reclutas emplazados a todo lo largo del territorio nacional. De la naturaleza elitista de identiicación de los miembros con los valores del grupo deriva asimismo la obligación de las células de defender la marca “Zetas” y reprimir su uso por parte de otros operadores criminales. En este sentido, y a pesar de su muy reciente formación, Los Zetas parecen haber logrado crear una organización con un componente ideológico autónomo e innovador una entidad “con sello propio”, perfectamente apropiado para un agrupamiento delictivo del siglo . Sin embargo, la posterior fragmentación resultante de la desaparición de sus miembros fundadores plantea importantes interrogantes acerca de la sustentabilidad y transmisibilidad de estos elementos culturales e ideológicos, como parece dar cuenta la proliferación de numerosos grupos locales (“Sangre Zeta”, “Comando Zeta”, “Unidad Zeta”, “Fuerzas Especiales Zeta”, etcétera) que reclaman la legítima herencia cultural del grupo originario. Cualidad regulatoria: Media Lo dicho con respecto al carácter cultural-ideológico de Los Zetas se aplica también a la capacidad interna del grupo para desarrollar e implementar códigos y mecanismos de regulación para sus interacciones tanto internas como externas. El origen militar de sus primeros miembros y su cultura jerárquica y autoritaria promueven la existencia de normas y procedimientos de autorregulación, tanto para las relaciones entre asociados como entre las diferentes células. No obstante, la rápida expansión de una red de células semiindependientes, la emancipación de otras células ya existentes y el recambio frecuente de liderazgos, tanto a nivel local como regional, debilitan la capacidad de las células madres para imponer la adhesión a las mencionadas reglas de autorregulación, facilitando el debilitamiento de la red y la progresiva fragmentación de la organización. ¿Mafias en México? L F L C M T La evolución de la criminalidad organizada en México hacia modelos territoriales predatorios similares a los de las maias italianas dio un signiicativo paso adelante con el surgimiento de dos organizaciones criminales hermanas, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Ambas le deben mucho a Los Zetas, no sólo en términos de estructuras y modelos operativos, sino también respecto de su propia génesis histórica. Los dos grupos se aianzaron y reprodujeron gracias al nuevo contexto ideológico-cultural marcado por el culto a la violencia y por el elitismo criminal impuesto por Los Zetas, a los que añadieron sus propios y atrayentes componentes étnicos, geográicos y pseudohistóricos, como se verá más aadelante. La creación de La Familia Michoacana (y posteriormente de Los Caballeros Templarios) fue una consecuencia no deseada del afán del cártel del Golfo por tener acceso a las rutas de las drogas en el Pacíico. Comisionados por el cártel del Golfo de abrir la nueva ruta, Los Zetas pusieron pie en Michoacán en 2001, eliminando rápidamente al cártel de los Valencia (también conocido como el cártel del Milenio), líderes locales tradicionales de la producción y tráico de estupefacientes y pioneros de la elaboración a gran escala de metanfetaminas. Una vez con el control del territorio, Los Zetas impusieron su brutal modelo de violencia depredadora a los grupos criminales autóctonos. La reacción de éstos a la arrogancia de Los Zetas se hizo evidente en 2006, cuando una nueva organización delictiva, con tintes de secta religiosa, denominada “La Familia Michoacana”, les declaró la guerra, para evitar que penetraran en su territorio. La Familia Michoacana se formó por la fusión de operadores reclutados en las células de Los Zetas en Michoacán, y criminales pertenecientes a o vinculados con el derrotado cártel del Milenio. El proceso de creación de La Familia Michoacana se beneició del apoyo prestado a la nueva organización por parte de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, que vieron en el grupo a un potencial aliado contra la expansión de Los Zetas y del cártel del Golfo en el Pacíico. Las técnicas de operación, el modelo de inanciación, la relación con el territorio y la estructura reticular en las células de La Familia Michoacana fueron una combinación de lo aprendido por sus integrantes de su trabajo con Los Zetas y algunos elementos propios a la cultura y las tradiciones de Michoacán. A diferencia de Los Zetas y de cualquier otro grupo criminal mexicano, La Familia Michoacana hizo suyos elementos místicos, religiosos y étnicos de la región en la que se asentó, justiicando su constitución con la necesidad de defender a los michoacanos y a sus tradiciones de la agresión y la violencia de Los Zetas. En su carta de presentación, distribuida ampliamente entre la población de Michoacán, La Familia Michoacana dio a conocer públicamente sus principios rectores, una suerte de ideario que incluía “matar en cumplimiento de la justicia divina ” respetar a las mujeres y a las personas inocentes y combatir la extorsión, el robo, el secuestro y la violencia. La “Familia” también se comprometió a eliminar del territorio la venta y el consumo de drogas (metanfetaminas) y a establecer centros para la rehabilitación de los drogadictos a través del uso de técnicas psicológicas basadas en la visión profética de uno de sus fundadores, Nazario Moreno González, alias “El Chayo” o “El Más Loco”. Dirigida por un triunvirato formado por el mencionado Moreno González José de Jeses Méndez, alias “El Chango” y Rafael Cedeño Hernández, alias “El Cede”, en pocos años La Familia Michoacana logró liberar a Michoacán del yugo de Los Zetas, restaurando un cierto orden y seguridad en la región. Sin embargo, ello no impidió que los laboratorios de metanfetaminas continuaran con su producción que las rutas del tráico de drogas se consolidaran (a beneicio de los cárteles del Paciico y de los Beltrán Leyva) y que el puerto de Lázaro Cárdenas se abriese a nuevos mercados criminales, como el de la minería ilegal. La extorsión por parte del grupo se enmascaró bajo la forma de un “impuesto” de seguridad, y el alegado compromiso étnico y geográico del cártel no impidió su expansión afuera de Michoacán (Guerrero, Morelos, Jalisco, Colima y Estado de México). 47 Antonio Luigi Mazzitelli 48 La captura en abril de 2009 de Rafael Cedeño Hernández, “El Cede”, y la supuesta muerte de su carismático líder, Nazario Moreno González, “El Más Loco”, en diciembre de 2010,22 tuvieron como resultado la desarticulación de la cadena de mando de La Familia Michoacana y la consecuente reducción de su capacidad operativa. En enero de 2011 la Familia anunció oicialmente su disolución, y en marzo de ese mismo año un nuevo grupo criminal llamado “Los Caballeros Templarios” anunció pomposamente su nacimiento en Michoacán mediante folletos, pancartas y un video publicado en ouTube. En su presentación, Los Caballeros Templarios proclamaron su intención de continuar con el trabajo “desinteresado” y en beneicio de la población del estado otrora llevado a cabo por La Familia Michoacana se declararon en contra de la extorsión y del secuestro, y anunciaron su voluntad de defender el territorio michoacano de los grupos criminales externos. Sin embargo, al igual que ocurrió con La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios se caracterizaron por ser una organización criminal territorial depredadora, que hizo del control y de la explotación de la región su enico objetivo. Aun cuando enarbolan una inverosímil inalidad pseudohistórica (los cruzados) y proclamaron la persecución de objetivos sociales nobles como la lucha por la defensa de los principios y los valores religiosos y morales tradicionales, la protección de las viudas y los niños, etcétera, los hechos demuestran que Los Caballeros Templarios adoptaron los mismos modelos y esquemas operativos de Los Zetas y de La Familia Michoacana, con la menos noble inalidad de subyugar el territorio y obtener así un beneicio económico. El portafolio de las actividades delictivas de Los Caballeros Templarios comprendió la extorsión la minería ilegal el robo la producción, el tráico y el expendio de drogas (en particular metanfetaminas) y la explotación de la prostitución. Siguiendo el modelo de Los Zetas, la presencia de Los Caballeros Templarios en Michoacán se estructuró con células semiindependientes vinculadas a células madres. Los jefes de las células de Los Caballeros Templarios fueron casi exclusivamente elementos locales, conocedores de la región y sus dinámicas sociales y económicas. Un rasgo característico de la expansión de Los Caballeros Templarios ha sido su capacidad de ocupar de manera casi capilar el territorio, con particular atención en la conquista de las pequeñas comunidades rurales. Las relaciones de las células de Los Caballeros Templarios con los territorios ocupados suelen responder a una de dos tipologías: en algunos casos, los jefes de plaza procuraron que la ocupación y la explotación generasen aceptación por parte de la población civil, para lo cual ofrecieron seguridad y justicia a las comunidades. En esta dinámica, las comunidades tácitamente reconocieron a la célula de Los Caballeros Templarios el derecho de cobrar un “impuesto” para la administración de la justicia y el orden público. En otros casos, la relación de la célula con la región sometida fue orientada casi exclusivamente a la explotación de los mercados, fueran éstos criminales (expendio de drogas, prostitución, robo, secuestro, etcétera) o lícitos (extorsión a los sectores productivos, pero también a las instituciones territoriales). La violencia, y los abusos que generalmente acompañan a este modelo de dominio, fue la base de la rebelión civil, que en enero de 2014 alentó el surgimiento de las “Autodefensas” y un levantamiento popular armado que obligó al presidente Peña Nieto a intervenir militar y políticamente en el estado.23 22 23 En 2010, el portavoz del gobierno del presidente Felipe Calderón anunció la presunta muerte de Nazario Moreno durante un tiroteo en Michoacán. El anuncio de esta muerte, sin embargo, no fue sustentado con una debida identiicación forense. En marzo de 2014 el vocero de la Policía Federal proclamó de nuevo la muerte de Nazario Moreno durante un tiroteo entre las fuerzas de la Marina y un grupo delictivo organizado en Michoacán. Esta vez el anuncio fue corroborado con la identiicación del cadáver a través de las huellas dactilares. En noviembre de 2013, después de casi un año de acción, los grupos paramilitares organizados a nivel municipal, renombrados “Autodefensas Comunitarias”, lanzaron bajo los propios ojos de los poderes estatales y federales una campaña de liberación de Michoacán de Los Caballeros Templarios. Después de liberar la zona conocida como “Tierra Caliente”, las fuerzas de las Autodefensas llegaron en febrero de 2014 a las puertas de la capital del estado de Michoa- ¿Mafias en México? Históricamente, la disolución de La Familia Michoacana y la aparición simultánea de Los Caballeros Templarios parecen ser el resultado de una fractura dentro de la estructura de la primera, protagonizada por los dos dirigentes más in uyentes del grupo delictivo: por un lado, José de Jesús Méndez, alias “El Chango”, favorable a la especialización de la organización en el tráico de drogas y en la producción de metanfetaminas y por el otro, Servando Gómez, alias “La Tuta”, según quien los esfuerzos debían enfocarse en el control del territorio y en la identidad pseudomística de la corporación. Tal como ocurre habitualmente en el mundo criminal, las divisiones internas se tradujeron en rupturas, con ictos violentos y alianzas con grupos criminales previamente antagonistas. En este sentido, tras una corta alianza con una banda delictiva de Jalisco, llamada “La Resistencia”, el equipo iel a José de Jeses Méndez estableció un acuerdo de colaboración con los cárteles del Pacíico y de Jalisco Nueva Generación ( ), resucitando al mismo tiempo el nombre de La Familia Michoacana. El sector iel a Servando Gómez estableció Los Caballeros Templarios, aliándose con el cártel de los Beltrán Leyva y, por lo tanto, indirectamente también con los propios Zetas. A inales de 2015 poco quedaba ya del poderío y de la fama de estas dos organizaciones criminales. La especialización hacia la industria y el mercado de las drogas permitió a La Familia Michoacana sobrevivir integrando a sus operadores en los cárteles de Jalisco Nueva Generación y del Paciico. La estrategia suicida de confrontación directa con las comunidades primero, y con las instituciones peblicas después, puso in a la historia de Los Caballeros Templarios. Cualidad social: Alta Tanto La Familia Michoacana como Los Caballeros Templarios tuvieron sus raíces profundas en el estado de Michoacán y basaron su desarrollo y sus modelos operativos en el conocimiento del territorio, su cultura y tradiciones, así como en su potencial económico. Estas características se re ejaron también en el liderazgo de las dos organizaciones criminales, así como en las decisiones de asignarles a los operadores locales el comando de las diferentes células. El carácter social de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios les permitió presentar sus actividades como medidas para “liberar” a la región del dominio de Los Zetas. Sus proclamas en defensa de los valores de Michoacán y los efectos de algunas de sus acciones para enfrentar y solucionar los problemas sociales, de orden público y de administración de la justicia, permitieron a estas organizaciones desarrollar rápidamente una relación de aceptación por parte de las comunidades locales y consolidar su presencia en espacios geográicos caracterizados por una débil y errática presencia del Estado. Cualidad institucional: Media alta Uno de los puntos principales en favor de la rápida expansión de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios en Michoacán se encuentra en la débil presencia del Estado y en la permeabilidad y la subordinación de las instituciones a los poderes fácticos del territorio. En esta dinámica, ambas organizaciones criminales lograron establecer una relación simbiótica con las instituciones, de cuya presencia y recursos se beneiciaron. Tanto La Familia Michoacana como Los Caballeros Templarios declararon estar del lado de la justicia y de las fuerzas federales en la lucha contra los grupos criminales que han invadido Michoacán. Conscientes de la debilidad y de la baja credibilidad de los poderes públicos en las comunidades rurales en las que se asentaron, ambos grupos se cuidaron bien de no presentarse como actores antagónicos del Estado por el contrario, sus proclamas parecieron enviar un mensaje de apoyo y de respaldo al accionar de las agencias estatales. Los Caballeros Templarios perfeccionaron las técnicas de iniltración de las instituciones municipales a través de la cooptación de las policías y de los alcaldes, frecuentemente mediante cán, Morelia, provocando la caída del gobierno estatal y la intervención del poder federal a través de un comisionado del presidente y de una Comisión Federal encargada de reestablecer el orden y el Estado de derecho en la entidad. 49 Antonio Luigi Mazzitelli el uso de la fórmula “plata o plomo”: en 2010 los alcaldes asesinados por el crimen organizado en Michoacán fueron ocho, y en 2012 únicamente dos. En marzo de 2014, los alcaldes de Tepalcatepec, Chinicuila, Coalcomán, Tingüindín y Parácuaro (cinco municipios de Michoacán) denunciaron públicamente la extorsión de los 113 ayuntamientos de la entidad por parte de Los Caballeros Templarios.24 En abril de 2014, y después de la intervención federal para contener la insurrección armada de las Autodefensas Unidas, el secretario de Gobernación federal reconoció la situación de amenazas y anunció públicamente la protección de las fuerzas federales a los alcaldes michoacanos amenazados por Los Caballeros Templarios. En el mismo año, la Fiscalía del Estado de Michoacán arrestó a 146 funcionarios locales acusados de colaborar con ese grupo delictivo. Entre los arrestados se contaban mandos y agentes de diferentes policías municipales, cuatro alcaldes, un tesorero municipal, un exconsejero del gobernador de Michoacán, un diputado del Parlamento federal y el hijo de un exgobernador del estado. 50 Cualidad económica: Alta Desde su ventajosa posición de dueños virtuales del territorio, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios supieron perfeccionar el arte de la extorsión en México, llevándolo a niveles sólo comparables con los alcanzados por la maia italiana. Además de a los actores económicos, tanto lícitos como ilícitos, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios extendieron el ejercicio de la extorsión a las instituciones públicas, a los sindicatos y a las asociaciones profesionales. Hay inclusive indicios que sugieren que Los Caballeros Templarios habían empezado a hacerse cargo del proceso de adjudicación de los contratos públicos y de la oferta de trabajo en los territorios bajo sus dominios. Aparte de su propia cartera de actividades delictivas, ambos grupos criminales procuraron extender su poder sobre todos los mercados ilícitos existentes. Este control comprendía el pago de un “derecho de piso” por el tránsito de los envíos de cocaína la producción de drogas (opio, metanfetaminas y marihuana) el tráico de precursores químicos necesarios para la producción de estupefacientes la prostitución y la trata de personas el secuestro el comercio de piratería la explotación y trasiego ilegales de los recursos mineros el robo y transportación de hidrocarburos y la venta de productos agrícolas robados. Un elemento de particular importancia para el desarrollo de la cartera de negocios de los grupos delictivos fue el control del puerto de Lázaro Cárdenas en el Pacíico. Cualidad ideológico-cultural: Alta A diferencia de la mayoría de las organizaciones criminales modernas, tanto La Familia Michoacana como Los Caballeros Templarios debieron su rápido ascenso a la explotación de una identidad ideológico-cultural única, que los fundadores de ambas organizaciones aprovecharon hábilmente mediante la creación de estatutos, códigos y una multitud de referencias culturales y étnicas en la iconografía de ambos grupos. La clara inalidad de estos esfuerzos fue ennoblecer a ambos cárteles y fomentar la aceptación y el apoyo de las comunidades a las que intentaban someter. Contrariamente a las organizaciones maiosas tradicionales, que sustentan la construcción y consolidación de su cultura en el secreto y la clandestinidad, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios ediicaron su aceptación social a través de bien organizadas campañas de comunicación. Al secreto de los ritos de iniciación y de los códigos propios de las maias tradicionales, estas dos agrupaciones michoacanas del crimen organizado opusieron la publicación y la distribución masiva de su ideario y objetivos. A la naturaleza oculta de la identidad de los miembros de los grupos maiosos convencionales, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios contrapusieron las entrevistas ofrecidas 24 De acuerdo con los mismos alcaldes, los municipios tenían que pagar a Los Caballeros Templarios el 10 por ciento de los fondos recibidos por parte del gobierno federal. Véase El Mexicano, 17 de abril de 2014, en: <http://www. el-mexicano.com.mx imprime-noticia 745973 . ¿Mafias en México? por sus líderes a medios de prensa nacionales e internacionales y los videos en ouTube. Los referentes culturales de las dos organizaciones también fueron elegidos con el objeto de cautivar y seducir a las masas: La Familia Michoacana se apropió de la retórica y de los principios morales de las sectas evangélicas, y Los Caballeros Templarios de los mitos de las cruzadas y de la historia de los Caballeros de la Mesa Redonda. El libro Pensamientos, escrito por Nazario Moreno González, fundador de La Familia Michoacana, se apropia de frases extraídas del libro Salvaje de corazón, del escritor católico estadounidense John Eldredge, con referencias a la historia de México, a los predicadores evangélicos revolucionarios y a los modernos gurús del management. como ocurrió con el Libro Rojo de Mao Tse Tung y el Libro Verde de Muhammad Gaddai, Pensamientos de Moreno González se convirtió en lectura obligatoria para los integrantes de La Familia Michoacana y en herramienta indispensable para la rehabilitación de drogadictos y alcohólicos recogidos y amparados por la agrupación. Por otra parte, el código de conducta publicado y distribuido por Los Caballeros Templarios parece estar más orientado a los aspectos pragmáticos, aunque sus preceptos parecen de difícil implementación en la realidad por parte de los integrantes de un grupo criminal.25 Cualidad regulatoria: Media alta Tanto los códigos de Los Caballeros Templarios como el libro Pensamientos de La Familia Michoacana expresan la fuerte voluntad por parte de sus fundadores de desarrollar y dar forma a un verdadero corpus doctrinario apto para regular la vida interna de sus organizaciones así como sus interacciones con los territorios bajo su dominio. Este sistema de reglas re eja en gran medida el carácter conservador de los dos agrupamientos, especialmente con respecto a los valores morales representados por las tradiciones y los preceptos de la religión católica. Ahora bien, la experiencia práctica de muchas comunidades controladas por ambas organizaciones criminales en Michoacán y en los estados vecinos parece, sin embargo, indicar la sustancial falta de sinceridad y de arraigo cultural de sus operadores a estos códigos y valores que, a in de cuentas, fueron empleados más bien como meros instrumentos de propaganda, carentes de contenido real. Desde esta perspectiva, las frecuentes traiciones tanto internas como de agentes externos a los dos grupos re ejan la supericialidad de la capacidad regulatoria de ambos, un buen ejemplo de lo cual lo constituye la presunta muerte de Nazario Moreno. Lo mismo puede aplicarse al uso de la violencia y a los supuestos mecanismos diseñados para reprimir abusos y garantizar así el apoyo y la aprobación sociales. La incapacidad de ambos cárteles de hacer respetar sus propios códigos por parte incluso de sus mismos operadores sería el germen de la subsecuente rebelión de las comunidades en Michoacán, episodio que puso su punto inal al capítulo de Los Caballeros Templarios en la historia criminal de México, disolviéndose en células independientes. C El análisis desarrollado en este artículo permite concluir que si bien ninguno de los cuatro grupos criminales analizados reúne en su totalidad las cinco cualidades determinantes de las asociaciones maiosas italianas, todos tienen la capacidad estructural de mutar hacia las formas tradicionales de organización de la maia. 25 Entre ellas, por ejemplo: “Los Caballeros Templarios luchan en contra del materialismo, la injusticia y la tiranía en el mundo” o “Me comprometo a defender a los oprimidos, las viudas y los huérfanos” o “El Caballero Templario siempre debe ser humilde, para actuar con honor y nobleza de mente, ser cortés y honesto ”. 51 Antonio Luigi Mazzitelli L 52 i Cuadro 2 i mafiosas Organización Cualidad social Cualidad institucional Cualidad económica Cualidad ideológico-cultural Cualidad regulatoria Pacíico • Alta • Alta • Baja • Baja • Media alta Golfo • Media baja • Media alta • Media alta • Baja • Baja Los Zetas • Baja • Media baja • Media alta • Media alta • Media La Familia Michoacana/ Los Caballeros Templarios • Alta • Media alta • Alta • Alta • Media alta F : elaboración propia. Las características distintivas de cada una de estas organizaciones criminales deberían fundamentar la utilización de los instrumentos y estrategias adecuadas por parte de las instituciones judiciales y de policía. Los rasgos empresariales de los cárteles tradicionales y su operación en mercados transnacionales demandan el uso de medidas dirigidas a aumentar los costos económicos del negocio criminal con la consiguiente reducción del poder corruptor que ello acarrea. Desde el punto de vista táctico, estrategias de este tipo deberían privilegiar los operativos dirigidos a decomisar los bienes traicados (perdida directa para el grupo criminal) junto con el desarrollo de investigaciones inancieras proactivas orientadas al congelamiento de los recursos obtenidos como consecuencia de las actividades ilícitas, así como a lograr el desmantelamiento de las redes de corrupción que reducen los riesgos del tráico. Corolario indispensable de toda estrategia en contra de los grupos de traicantes transnacionales es la necesaria cooperación judicial y policial bajo los principios de la corresponsabilidad y del debido respeto de la soberanía nacional. Diferente es la cuestión de los grupos criminales territoriales predatorios típicos de áreas geográicas caracterizadas por bajas tasas de desarrollo económico y social e insuiciente capacidad de las instituciones públicas para combatirlos. En estos casos, la estrategia debería fundamentarse en una combinación de medidas económicas, sociales, políticas, de seguridad y judiciales, destinadas a la (re)conquista del territorio y a la consolidación del Estado de derecho a través de instituciones eicientes y procesos y mecanismos democráticos transparentes. Considerados los desequilibrios estructurales, culturales, económicos y sociales de estos territorios, la intervención de las instituciones debería estar enmarcada en políticas de Estado que superen los estrechos alcances temporales de los ciclos políticos municipales, estatales y federales, permitiendo una programación de veriicación de resultados a mediano y largo plazos. En Guerrero y Michoacán, a los fenómenos protomaiosos representados por La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, la sociedad civil local respondió con formas de autogobierno armado que han sido aprovechadas por grupos criminales antagónicos. La falta de continuidad en la respuesta de las instituciones (locales y federales), como también de los actores empresariales y políticos locales, facilita mucho las dinámicas de iniltración y cooptación de los nuevos grupos criminales (Los Rojos, Los Ardillos, el ), reproduciendo el circulo vicioso de violencia e inestabilidad que ha caracterizado la historia reciente de estas regiones. En 2007, el Dr. Pietro Grasso, en este entonces procurador nacional antimaia de Italia, hablando de la iniltración y el control del territorio por parte de la maia de Calabria airmó: “En algunos pueblos de Calabria es el Estado el ¿Mafias en México? que tiene que iniltrarse”.26 Es de esperar que la experiencia antimaia italiana (y sus errores) sirvan de ejemplo para que México prevenga a tiempo la formación de estructuras similares en su territorio. B í A 2005 ,L l siglo de las drogas Ciudad de México. l narcotráico del oririato al nue o milenio, Plaza y Janés, B ,J 2014 Crimen e impunidad: las trampas de la seguridad en México, Debate. B ,J yR G , editores 2000 Organized Crime and Democratic Governability: Mexico and the U.S.-Mexican Borderlands, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh. G ó ,J C 2008 Maia Co he Criminal et or s in Wilson Center, Washington, D. C. G 2010 ,G exico s ic . exico, ra il, and Colombia, Woodrow . arco iolence and Failed tate?, Transaction Publishers, Nueva Brun- G ,I 2011 El Narco: Inside Mexico’s Criminal Insurgence, Bloomsbury Press, Nueva 2011. or , J ,A M í yC M P , editores 2014 Ciudades en la encrucijada. Violencia y poder criminal en Rio de Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez, Universidad Nacional de Colombia, Medellín. S ,B 2011 arco usiness irresistible ascension des maias mexicains, Max Mioo, París. (O N 2013 Global Study on Homicide 2013, Viena. V 2013 26 C ,G istoria del narcotráico en U D D ) éxico, Aguilar, Ciudad de México. “Resoconto stenograico della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalit organizzata maiosa o similare”, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalit organizzata maiosa o similare, Legislatura, p. 9, 7 de febrero de 2007. Puede consultarse en: <http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/ stenbic 24 2007 0207 s000r.htm?campo bicamerali leg15 antimaia resoconti leg15fr.htm . 53 Una década de narcoviolencia en México: 2006-2016 Jonathan D. Rosen1 y Roberto Zepeda2 Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), México fue testigo de alrededor de 70 mil ejecuciones como resultado de la guerra contra el narcotráico.3 La elección del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) albergó un signo de esperanza en muchos mexicanos de que la estrategia de la lucha contra las drogas se modiicaría y la violencia disminuiría. No obstante, hacia mediados de 2016, una década después de iniciada esta guerra, la violencia sigue presente en las calles mexicanas y el nemero de víctimas permanece en niveles considerables. Después de tomar posesión, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a reformar las instituciones, principalmente los cuerpos policiacos; sin embargo, hacia mediados de su sexenio México aen enfrenta graves desafíos, a saber: instituciones débiles, corrupción e impunidad, que deben ser superados antes de diseñar cualquier estrategia de combate al crimen organizado. De lo contrario, es muy probable que las calles de México se sigan salpicando de sangre en los próximos años. En este capítulo, se analizan los factores por los cuales México ha experimentado altos niveles de violencia en el pasado reciente, tales como homicidios dolosos, narcoejecuciones, y otros delitos como secuestros y extorsiones. Si no se realizan acciones y se toman medidas con respecto a la situación prevaleciente es factible que la violencia continee en el futuro próximo. T Para comprender los altos niveles de violencia en la década pasada es necesario referirse a algunos cambios signiicativos en el sistema político. México tuvo un sistema autoritario de partido enico. Durante 71 años el Partido Revolucionario Institucional ( ) controló de manera preponderante todos los ámbitos de la esfera política. La transición democrática alteró los pactos entre el Estado y el crimen organizado. Durante más de siete décadas de control político, el estableció una relación de control sobre los grupos del crimen organizado, en especial los cárteles de narcotraicantes, permitiéndoles operar dentro de ciertos parámetros. Durante ese periodo, México experimentó menores niveles de violencia. Esta dinámica se transformó cuando el Partido Acción Nacional ( ) ganó la Presidencia en el año 2000, ya que la relación previa entre el crimen organizado y el gobierno se redeinió bajo otros parámetros. Por otra parte, la llamada transición a la democracia también derivó en una falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, sobre todo en temas de seguridad. Antes de ella el gobernaba prácticamente en todos los niveles de gobierno, pero el proceso democrático terminó con su monopolio y otros partidos llegaron a escena. Esta circunstancia condujo a una menor cooperación y coordinación entre los gobiernos estatales, locales y federal respecto de los temas relacionados con la seguridad. Además, en 1997 el perdió la mayoría en el Congreso y se dieron divisiones de partidos dentro de las Cámaras, lo cual contribuyó a debilitar el 1 2 3 Investigador del Instituto Jac D. Gordon de Políticas Peblicas de la Universidad Internacional de Florida. Correo electrónico: jonathanrosenrosen gmail.com Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte ( ) de la Universidad Nacional Autónoma de México ( ). Correo electrónico: zepeda roberto hotmail.com Existe un debate acerca del nemero exacto de narcoejecuciones durante la administración de Felipe Calderón. Las estadísticas varían dependiendo de las fuentes. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación del gobierno de Peña Nieto se dieron alrededor de setenta mil homicidios relacionados con el crimen organizado en el sexenio de Calderón. Véase Fabiola Martínez, “Se carece de una cifra oicial de muertos en el sexenio de Calderón: Osorio Chong”, en La Jornada, 16 de febrero de 2013. 55 Jonathan D. Rosen y Roberto Zepeda control priísta. A pesar de que la transición a la democracia puede considerarse como un proceso positivo, México está todavía considerado como un sistema democrático muy débil con instituciones que no funcionan con eiciencia. Paradójicamente, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se produjo un retroceso en el proceso democratizador.4 Como veremos más adelante, el resultado de los acontecimientos antes señalados ha sido un aumento de la corrupción y de la violencia, ya que el Estado no es capaz de controlar a los grupos criminales y del narcotráico. En suma, la naturaleza cambiante del aparato del Estado mexicano ayuda, entre otros factores, a explicar por qué la violencia se ha incrementado. L 56 C El control político que se ejercía sobre el crimen organizado se deterioró con el primer gobierno democrático encabezado por Vicente Fox (2000-2006). En enero de 2001, el capo de las drogas Joaquín “El Chapo” Guzmán escapó de prisión, y en poco tiempo reorganizó el Cártel de Sinaloa hasta convertirlo en una poderosa organización del crimen organizado transnacional. En el sexenio de Fox también surgieron nuevas organizaciones criminales violentas, como Los Zetas y La Familia Michoacana, que además de dedicarse al tráico de drogas explotaban otras actividades como el secuestro y la extorsión. Como resultado de lo antes señalado, y derivado de la lucha por el control de las plazas y las rutas del tráico de drogas, la violencia aumentó especialmente en los eltimos años del gobierno foxista. En este contexto, Felipe Calderón asumió la Presidencia en 2006 y reconoció que se necesitaba hacer algo para prevenir que la situación se saliera de control. Calderón inició una “guerra” contra las drogas, y recibió un importante apoyo del presidente estadounidense George . Bush (2001-2009), quien buscaba impulsar un Plan Colombia para México. Tanto Bush como el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), promocionaron el Plan Colombia como un modelo para otros países tratando de combatir el tráico de drogas y el crimen organizado. Mientras que es incuestionable que el mencionado plan obtuvo victorias parciales, ya que en general los niveles de seguridad aumentaron en ese país, lo cierto es que fracasó en términos del tráico de drogas, puesto que la exportación de la cocaína continuó, y simplemente las rutas se trasladaron hacia México.5 La administración Bush asignó 1.4 miles de millones de dólares para el Plan Mérida, aunque el nombre más tarde cambiaría a Iniciativa Mérida, con el objeto de desvincularla del Plan Colombia. Para febrero de 2016, ashington había aprobado 2.5 miles de millones de dólares para la Iniciativa Mérida desde que comenzó en 2008 sin embargo, sólo 1.5 miles de millones se habían entregado al gobierno de México para noviembre de 2015,6 los cuales se destinaron principalmente a los rubros de equipamiento y capacitación. Es decir, la mayoría de los recursos se dirigieron al componente militar y policiaco del asunto. La guerra contra las drogas puesta en marcha por el gobierno de Calderón fue una guerra fallida, si tomamos en cuenta sus resultados. A pesar de que la cooperación entre México y Estados Unidos se fortaleció a través de la Iniciativa Mérida, la violencia se intensiicó durante su sexenio. De acuerdo con diversas fuentes oiciales, el nemero de narcoejecuciones se mantuvo en ascenso entre 2007 y 2011, cuando los niveles de violencia alcanzaron su punto máximo.7 En 2012, por primera vez desde 2007, el nemero de homicidios relacionados con el crimen organizado se redujo relativamente en comparación con el año anterior (Gráica 1). Además, entre 4 5 6 7 Véase, Sergio Aguayo, Vuelta en U: guía para entender y reactivar la democracia estancada, Taurus, Ciudad de México, 2010. Más información en Bruce Bagley, “La conexión Colombia-México-Estados Unidos”, en Rael Benítez Manaut, Abelardo Rodríguez Sumano, y Armando Rodríguez Luna (eds.), Atlas de la seguridad y la defensa de México 2009, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia ( ), Ciudad de México, 2010, pp. 24-32. Clare Ribando Seel e y Kristin Fin lea, “U.S.-Mexican Security Cooperation: The Merida Initiative and Beyond”, Congressional Research Service, ashington, D. C., febrero de 2016. Véase Rafael López y M. del Pozo, “27 ejecutados al día”, Milenio, 1 de diciembre de 2012. Una década de narcoviolencia en México: 2006-2016 diciembre de 2006 y noviembre de 2012 ocurrieron aproximadamente 26 mil desapariciones, segen fuentes oiciales, que fueron dadas a conocer por los funcionarios de la administración de Peña Nieto.8 Al considerar diversas fuentes al respecto encontramos que por lo menos diez mil personas fueron asesinadas y enterradas en “narcofosas” durante el mismo período.9 Finalmente, tomando en cuenta el total de narcoejecuciones, así como la cifra de personas desaparecidas (las cuales probablemente también fueron asesinadas) y el nemero de cadáveres de las narcofosas, entonces es muy factible que hayan sido más de cien mil los asesinatos como resultado de la guerra contra las drogas en la administración de Felipe Calderón. México se ha transformado en un país extremadamente violento y peligroso, donde los criminales y los capos de la droga luchan por el control del territorio y por las rutas de tráico de drogas hacia Estados Unidos. A pesar de la alternancia en el poder en el año 2000, varios problemas que ya existían previamente como la corrupción y la impunidad se han agravado incluso en un entorno democrático. Por ejemplo, hacia inales del régimen del , en 2000, México ocupaba el lugar 57, de un total de 175 países, en el ranking de percepción de la corrupción en el mundo, de acuerdo con su escala, segen la cual 1 es el país menos corrupto y 175 el más corrupto. Después de doce años de gobiernos democráticos, México ocupó el lugar 105 en 2012, lo que signiica que la problemática se disparó en el periodo,10 a tal grado que los altos niveles de corrupción e impunidad en el país han socavado los esfuerzos del gobierno para combatir al crimen organizado y al tráico de drogas. Calderón militarizó la guerra contra las drogas con el in de capturar o matar (si se resistían) a los principales líderes del narcotráico. Recurrió al Ejército y la Marina porque las fuerzas policiacas no eran coniables, ya que estaban invadidas por la corrupción.11 Se han detectado muchos casos en los que miembros de las corporaciones policiacas están en la nómina de las organizaciones criminales. En ese entonces, el gobierno panista capturó a varios capos de las drogas y difundió tales victorias en los medios de comunicación. El presidente quería demostrar que estaba ganando la guerra contra las drogas mediante la aniquilación y encarcelamiento de los principales jefes. Durante su gobierno, datos oiciales revelan que la policía y las fuerzas armadas atraparon o mataron a 25 de los 37 criminales más buscados en el país, todos ellos líderes o miembros relevantes de los cárteles de la droga en México.12 Para conseguir estos objetivos, el gobierno había anunciado en marzo de 2009 la entrega de una recompensa económica a quienes proporcionaran información con el in de detenerlos. Calderón Hinojosa consideraba que con la captura de los capos podría desmantelar a las organizaciones del tráico de drogas, ya que se asumía que éstas eran jerárquicas y no podrían funcionar sin sus líderes. Sin embargo, ese no fue el caso. Además, no fue la primera vez que se aplicó esta estrategia, también conocida como kingpin strategy. Con el apoyo de Estados Unidos, Colombia la utilizó para derrocar con éxito a los cárteles de Medellín y Cali en la década de los noventa. A pesar de tales victorias, el tráico de drogas persistió, y Colombia aen enfrenta enormes desafíos para combatir con éxito el narcotráico y el crimen organizado.13 8 9 10 11 12 13 Notimex, “Segob da a conocer lista de 26,000 desaparecidos,” El Financiero, 12 de diciembre de 2014. Verónica Macías, “Han encontrado 246 narcofosas, en tres años”, El Economista, 11 de junio de 2014. Además, “Narcofosas en 13 estados: el saldo del horror”, El Informador, 6 de abril de 2014. Deborah Hardoon y Finn Heinrich, Global Corruption Barometer 2013, Transparency International, 2013. Latin American Herald Tribune, “Mexico: Cartels Pay Corrupt Cops 100 Million a Month”, 7 de Agosto de 2010. Puede consultarse en: http: laht.com article.asp?CategoryId 14091 ArticleId 362206 . Arturo Rodríguez García, “El saldo de Calderón: por cada capo anulado más violencia”, Proceso, 16 de octubre de 2012. Puede consultarse en: http: .proceso.com.mx 322720 el-saldo-de-calderon-por-cada-capo-anuladomas-violencia . Véanse al respecto: Bruce M. Bagley, “Colombia and the ar on Drugs”, Foreign Affairs, vol. 67, nem. 1, 1988, pp. 70-92 Francisco E. Thoumi, “Illegal Drugs in Colombia: from Illegal Economic Boom to Social Crisis”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 582, nem. 1, 2002, pp. 102-116 Michael Kenney, “The Architecture of Drug Trafic ing: Net or Forms of Organisation in the Colombian Cocaine Trade”, Global Crime, vol. 8, nem. 3, 2007, pp. 233-259 Bruce M. Bagley, “La conexión Colombia-México-Estados Unidos”, en Rael 57 Jonathan D. Rosen y Roberto Zepeda 58 El resultado de la kingpin strategy ha sido la fragmentación de los cárteles en organizaciones más pequeñas estos grupos son más difíciles de detectar y desmantelar, en comparación con las grandes corporaciones del tráico de drogas, estructuradas de manera jerárquica. Bruce Bagley observa que México tenía seis organizaciones dedicadas al tráico de drogas en 2006, mientras que el nemero aumentó a diez en 2010.14 Un informe reciente de la Procuraduría General de la Repeblica ( ) revela que en 2014 dicha dependencia registró un total de nueve corporativos de narcotraicantes que controlaban a 43 bandas criminales, operando en todo el país.15 No existe un consenso entre los analistas de seguridad en cuanto a la cantidad exacta de cárteles de la droga, pero la mayoría coincide en identiicar por lo menos a trece que reenen los suicientes recursos como para disputar el territorio con violencia. En resumen, la acción de los gobiernos sólo ha producido victorias limitadas en contra de la renovación de las élites del crimen organizado, mientras que la violencia se ha expandido, generando una sociedad en donde no dejan de aumentar el clima y la sensación de inseguridad. México ha sido testigo de una reconiguración de los principales actores criminales involucrados en el tráico de drogas, pero la situación general sigue siendo la misma, ya que el fenómeno persiste con todos sus efectos perniciosos. La consecuencia más visible de la estrategia de Felipe Calderón para combatirlo fue la proliferación de la violencia en la mayoría de los estados del país. Las organizaciones del narcotráico luchan entre sí con el in de controlar rutas y territorios. Mediante el secuestro, la tortura, y el asesinato de sus competidores y de personas inocentes que representan una amenaza para sus intereses, los traicantes pretenden infundir miedo en sus rivales y en los ciudadanos, con el objeto de mantenerlos alejados de sus negocios ilícitos. Diversos grupos sociales y profesionales han sido víctimas de la delincuencia organizada. Uno de estos grupos, extremadamente vulnerable, lo constituyen los periodistas. Los cárteles de las drogas han secuestrado y asesinado a muchos periodistas porque no quieren que difundan información sobre sus operaciones ilícitas. El objetivo principal de un comunicador es revelar información clave, lo cual es precisamente lo que los narcotraicantes buscan evitar. Estadísticamente, México es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. Durante el sexenio de Calderón catorce periodistas fueron asesinados presuntamente por miembros de redes criminales organizadas y se reportaron doce más como desaparecidos, de acuerdo con un informe del Comité de Protección de Periodistas ( ).16 De acuerdo con los reportes de diversos rotativos, alrededor del 10 por ciento del nemero total de homicidios relacionados con el crimen organizado durante el sexenio de Calderón se cometieron contra personas inocentes, elementos policiacos y fuerzas militares, mientras que la gran mayoría de las ejecuciones, aproximadamente el 90 por ciento, tuvieron como víctimas a delincuentes o miembros de cárteles del tráico de enervantes. Si bien es cierto que la guerra contra las drogas en México ha consistido principalmente en enfrentamientos entre las organizaciones delincuenciales entre sí, y entre éstas y los diversos aparatos policiales o las fuerzas armadas, muchos civiles inocentes han muerto por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, provocando con ello que muchos sean los mexicanos que no se sienten seguros incluso caminando por las calles.17 Estimaciones recientes consideran que en la década de 2006-2016, un total de 78 alcaldes en funciones, así como varios alcaldes electos y exalcaldes, fueron asesinados de manera violenta 14 15 16 17 Benítez Manaut, Abelardo Rodríguez Sumano y Armando Rodríguez Luna (eds.), Atlas de la seguridad y la defensa de México 2009, op. cit., pp. 24-32. Bruce Bagley, rug rafic ing and rgani ed Crime in the mericas ajor rends in the ent irst Century, oodro ilson International Center for Scholars, Latin American Program, ashington, D. C., 2012. Julio Ramírez, “La Procuraduría General de la Repeblica ubica 9 carteles controlan 43 pandillas”, Excélsior, 16 de septiembre de 2014. Se puede consultar en: http: .excelsior.com.mx nacional 2014 09 16 981925 . “Gobierno de Calderón, uno de los más violentos para la prensa en toda la historia”, Proceso, 14 de febrero, 2013. Ted Galen Carpenter, The Fire Next Door: Mexico’s Drug Violence and the Danger to America, Institute, ashington, D. C., 2012, p. 52. Una década de narcoviolencia en México: 2006-2016 en diversos estados del país. La mayoria de estos asesinatos estuvieron relacionados con el tráico de estupefacientes y con el crimen organizado, y ocurrieron principalmente en Michoacán (14), Oaxaca (12), Guerrero (8), Durango (8), Veracruz (6), Tamaulipas (4), Chihuahua (4), Jalisco (3), Estado de México (3), y Morelos (3), entre otros.18 L P N Enrique Peña Nieto heredó una situación extremadamente difícil en términos de violencia relacionada con el crimen organizado, cuando se convirtió en presidente en diciembre de 2012. El primer mandatario se comprometió a cambiar la estrategia de la guerra contra el narcotráico, concentrándose menos en la captura de los capos y más en enfrentar los problemas subyacentes, tales como la corrupción y la fragilidad de las instituciones de seguridad. Su gobierno ha continuado con la captura de los grandes señores de la droga, pero a diferencia de su predecesor, no se han promocionado tales capturas, por lo menos no al mismo nivel en que lo hacía Felipe Calderón, quien difundía una gran cantidad de spots en los medios de comunicación masiva.19 Una de las posibles razones por las cuales Peña Nieto no puso el tema de la guerra contra el narco en el centro de su agenda de gobierno es el hecho de que la reputación internacional de México se deterioró como resultado justo de esa guerra en el sexenio de Calderón.20 La prensa internacional se inundó de historias sobre el tráico de drogas en el territorio mexicano, lo cual podría afectar al turismo y a la atracción de inversión extranjera directa. El presidente ha tratado de demostrar que el país se ha convertido en un lugar más seguro y que la violencia se ha reducido con el in de mejorar su reputación internacional. La violencia relacionada con el narcotráico en efecto disminuyó entre 2012 y 2014, sobre todo si se la compara con los eltimos años del sexenio de Calderón, aunque los niveles volvieron a aumentar en 2015 y 2016. Durante las elecciones presidenciales de 2012, como candidato del Peña Nieto criticó la estrategia de Calderón referente a la guerra contra las drogas, aludiendo a que consistía principalmente en el despliegue de los militares para combatir el crimen organizado y en patrullar las calles con el in de prevenir y desalentar las actividades criminales. No obstante, el gobierno de Peña Nieto ha incrementado el nemero de tropas militares en un 50 por ciento en comparación con la administración calderonista. El nemero total de las fuerzas militares que participan en las operaciones de la lucha contra el narcotráico aumentó de cincuenta mil a 76,500 entre 2012 y 2013. Además, más de veinte mil miembros de la Policía Federal también participan en estas actividades.21 Para junio de 2015, el gobierno de Peña Nieto había capturado o ejecutado a nueve delincuentes de la lista de los 37 criminales más buscados, mencionada previamente, incluidos el máximo líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, “el Z -40” (julio de 2013) y el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” (febrero de 2014 y enero de 2016). La administración de Peña Nieto también ha encarcelado al líder del cártel de Tijuana, Fernando Sánchez Arellano, “El Ingeniero”, en junio de 2014, y a Dionicio Loya Plancarte, uno de los principales cabecillas del cártel de La Familia, en enero de 2014. Otro narcotraicante de La Familia, Nazario Moreno González, “El Chayo”, fue ejecutado en marzo de 2014 (este criminal ya había sido dado por muerto durante el gobierno de Calderón). Además, otros dos capos de la 18 19 20 21 Rivelino Rueda, “En la eltima década van 78 asesinatos de alcaldes y exalcaldes”, El Financiero, 25 de julio de 2016. Puede consultarse en: http: .elinanciero.com.mx nacional en-la-ultima-decada-van-78-asesinatos-dealcaldes-y-exalcaldes.html . he ufington ost, “Enrique Peña Nieto s Drug ar Policies Remain Unclear”, enero de 2013. Jorge Rebolledo Flores, “Aquí no pasa nada. La desecuriti aci n de la política antidrogas del gobierno de Enrique Peña Nieto”, Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales ( ), octubre de 2013, Huatulco, México. Fabiola Martínez y Gustavo Castillo, “Aumentan secuestro y extorsión pese a la mayor militarización del territorio”, La Jornada, 2 de diciembre de 2013. 59 Jonathan D. Rosen y Roberto Zepeda 60 droga fueron arrestados en octubre de 2014: Héctor Beltrán Leyva, “El H”, líder del cártel de los Beltrán Leyva, en la ciudad de Querétaro, y Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, líder del cártel de Juárez, en Torreón, Coahuila. Hacia inales de febrero de 2015, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, el máximo líder de los Caballeros Templarios, considerado el criminal más buscado en el país, fue capturado en Morelia, Michoacán Omar Treviño Morales, “El Z -42”, líder principal de Los Zetas después del Z-40, fue arrestado el 4 de marzo de 2015. Es decir, para mediados del sexenio de Peña Nieto habían sido detenidos los principales líderes de los cárteles de Los Zetas, los Beltrán Leyva y de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios (Cuadro 1). Quedan por aprehender dos jefes del cártel de Sinaloa: Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.22 Además, otras organizaciones criminales se han fortalecido, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no ha sido localizado. En su tercer informe presidencial en septiembre de 2015, Peña Nieto destacó que su gobierno había conseguido capturar a 92 de los 122 criminales más buscados, identiicados por su administración al inicio de su sexenio. Sin embargo, esta lista es diferente a la publicada por el gobierno de Calderón en 2009. Además, no ha sido dado a conocer por el gobierno qué ha pasado con el resto de los delincuentes que todavía están fugitivos. Esta situación ha provocado que muchos analistas y otros actores cuestionen no sólo la estrategia de Peña Nieto, sino también sus éxitos en la guerra contra las drogas. C i i g Cuadro 1 i i E i P Ni i i Nombre y apodo Organización de tráico de drogas Estatus Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40” Los Zetas Capturado Julio de 2013 echa de detención Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Cártel de Sinaloa Capturado Febrero de 2014 Dionicio Loya Plancarte La Familia Michoacana Capturado Enero de 2014 Nazario Moreno González, “El Chayo” La Familia Michoacana Ejecutado Marzo de 2014 Fernando Sánchez Arellano, “El Ingeniero” Cártel de Tijuana Capturado Junio de 2014 Héctor Beltrán Leyva, “El H” Beltrán Leyva Capturado Octubre de 2014 Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy” Cártel de Juárez Capturado Octubre de 2014 Servando Gómez Martínez, “La Tuta” Los Caballeros Templarios Capturado Febrero de 2015 Omar Treviño Morales, “El Z-42” Los Zetas Capturado Marzo de 2015 Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Cártel de Sinaloa Recapturado Enero de 2016 “El Chapo” Guzmán escapó de prisión en julio de 2015. F : preparado por los autores con datos de la lista de los 37 criminales más buscados publicada en marzo de 2009 por la Procuraduría General de la Repeblica, y reportes de diversos rotativos nacionales respecto de la captura de los mismos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 22 De acuerdo con fuentes periodísticas y oiciales, Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Sinaloa, liberado en agosto de 2013 después de 28 años en prisión, ha retomado el liderazgo de esta organización criminal después de la captura de “El Chapo” Guzmán, aunque el mismo Caro Quintero lo ha negado. Una década de narcoviolencia en México: 2006-2016 R , Desde principios de su gobierno, Peña Nieto señaló que no pretendía militarizar la guerra contra el narcotráico al igual que su predecesor, sino más bien reformar a la policía para poder utilizarla en contra de los cárteles de la droga. Calderón se apoyó en los militares para llevar a cabo funciones tradicionales de las fuerzas policiacas debido a la falta de credibilidad de estas eltimas. Muchos elementos de la policía han sido sobornados por las organizaciones criminales y, por ende, los mexicanos tienen poca o nula conianza en sus corporaciones.23 Si bien los ciudadanos confían más en las fuerzas armadas que en la policía, lo cierto es que los militares también han participado en violaciones graves a los derechos humanos.24 La reforma de las fuerzas policiacas es uno de los principales retos pendientes del presidente, ya que estas instituciones aen se caracterizan por la corrupción, y deben reformarse en todos sus niveles. La estrategia de seguridad del presidente Peña también enfrenta grandes obstáculos debido al tema de la impunidad. Algunos expertos subrayan que la tasa general de impunidad en México es del 97 por ciento.25 Tales niveles indican los retos que México enfrenta en la aplicación de la justicia y que deben prevalecer en un Estado de derecho. El presidente debe fortalecer las instituciones judiciales y de seguridad con el in de combatir el crimen organizado de una manera más efectiva. Algunos analistas, incluido el propio Peña Nieto, sostienen que los altos niveles de deshonestidad estatal en México derivan de una cultura de la corrupción es decir, se trata de un problema cultural. Otros expertos, sin embargo, airman que más bien la desmedida corrupción se debe a que México es una democracia débil y carece de sistemas eicaces para el ejercicio de la transparencia y de la rendición de cuentas es decir, se trata de un problema institucional.26 Nosotros coincidimos con este eltimo enfoque, y consideramos que es factible reducir la corrupción mediante instituciones sólidas, con credibilidad, que tengan sistemas de transparencia y rendición de cuentas fortalecidos. Los funcionarios peblicos no temen ser procesados por posibles violaciones a la ley, ya que los grados de impunidad siguen siendo extremadamente altos. De esta manera, los narcotraicantes y los grupos del crimen organizado continuarán no sólo sobornando a funcionarios de gobierno, sino también cometiendo crímenes violentos, siempre y cuando la corrupción y la impunidad contineen en los mismos niveles. La enica manera de revertir esta situación es mediante el fortalecimiento de las instituciones y la consolidación de la democracia. Peña Nieto no puede concentrarse nada más en el mejoramiento de una sola institución, sino que se debe atacar la impunidad en todas aquellas que estén involucradas al mismo tiempo y reformarlas por completo. Por ejemplo, no se puede reformar sólo a las policías, si el sistema judicial no funciona de manera adecuada. Un poder judicial ineiciente deriva también en un grave problema de corrupción e impunidad, lo cual sin duda aprovechan las organizaciones del tráico de drogas. 23 24 25 26 Daniel Sabet, olice eform in exico d ances and ersistent bstacles, oodro ilson International Center for Scholars, Mexico Institute-University of San Diego, Trans-Border Institute, “ or ing Paper Series”, ashington, D. C., mayo de 2010 véase también Maureen Meyer, “Mexico s Police: Many Reforms, Little Progress”, ashington Ofice on Latin America, ashington, D. C, 2014. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Informe de Actividades 2014”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2015 Amnistía Internacional, Mexico: Amnesty International Report 2010, Amnistía Internacional, 2010. Stephen D. Morris, “Drug Trafic ing, Corruption, and Violence in Mexico: Mapping the Lin ages”, en Trends in rgani ed Crime, nem. 16, 2003, pp. 199-220. Además, véase Clare Ribando Seel e y Kristin M. Fin lea, Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond, Congressional Research Service, ashington, D.C, 2016. Sobre rendicion de cuentas y democracia, véase Guillermo O Donnell, “Horizontal Accountability in Ne Democracies”, en Journal of Democracy, vol. 9.nem. 3, 1998, pp. 112-126. Sobre el caso de México, se puede consultar Roberto Zepeda Martínez y Jonathan D. Rosen, “Corrupción e inseguridad en México: consecuencias de una democracia imperfecta”, ad universa, año 4, vol. 1, diciembre de 2014, pp. 60-85. 61 Jonathan D. Rosen y Roberto Zepeda Por otra parte, a pesar de haber sido capturados y enviados a prisión, los narcotraicantes siguen operando y perpetrando actos criminales, ya que la mayoría de las cárceles están controladas y dirigidas por las organizaciones criminales. Los capos de la droga han sido capaces de dirigir los cárteles del narcotráico incluso tras las rejas.27 Es por ello que urge una reforma de los centros penitenciarios del país. L 62 El gobierno de Peña Nieto ha modiicado la estrategia de seguridad para combatir a los cárteles de la droga, logrando reducir la violencia relacionada con el crimen organizado en los primeros dos años de su sexenio, en comparación con los años inmediatos anteriores. Una escalada de violencia tuvo lugar desde 2007 hasta 2011 posteriormente, se dio una disminución progresiva en el nemero de narcoejecuciones hasta el año 2014. Este tipo de homicidios registró un descenso del 32 por ciento en 2013 con respecto a 2012, así como una reducción del 33 por ciento en 2014 en comparación con el año anterior. Es decir, en los dos primeros años del régimen de Peña Nieto se produjo una disminución constante en la cantidad de asesinatos relacionados con el narcotráico (Gráica 1). Por otra parte, el nemero de homicidios en general ha seguido una tendencia similar a la observada en las narcoejecuciones. Los primeros presentaron una curva a la alza desde 2007 hasta 2011, pero luego disminuyeron hasta 2014. Las segundas representaron el 57 por ciento del total de homicidios dolosos en el periodo. Además, resulta pertinente señalar que las narcoejecuciones han disminuido durante el gobierno de Peña Nieto como porcentaje del total de asesinatos. Durante los primeros dos años de la administración, las estadísticas muestran un declive constante en términos de homicidios dolosos de alrededor del 15 por ciento (Gráicas 1 y 2). H Gráica 1 i i i i M i 2007-2014 25,000 100% 22,852 21,736 20,680 20,000 90% 60% 15,259 52% 10,253 68% 74% 13,155 15,000 10,000 80% 18,331 74% 16,118 16,690 27% 70% 60% 55% 14,857 43% 48% 50% 40% 9,612 10,076 6,797 6,824 5,000 17,028 15,649 8,173 30% 20% 10% 2,819 0 0% 2007 2008 Homicidios dolosos 2009 2010 2011 Narcoejecuciones 2012 2013 2014 2015 % narcoejecuciones/homicidios F : preparada por los autores con datos de diversos orígenes: Benito Jiménez, “Bajan con Peña narcoejecuciones”, Reforma, 23 de enero, 2015 Sistema Nacional de Seguridad Peblica ( ), Inci dencia delicti a del fuero com n Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsi n robo de eh culos, , Ciudad de México, 2016. Los datos de narcoejecuciones en 2015 son estimaciones de los autores. 27 J. Michael Olivero, “The Crisis in Mexican Prisons: The Impact of the United States”, en Nigel South y Robert P. eiss, Comparing rison stems o ard a Comparati e nternational enolog , Taylor and Cald ell, 2014, pp. 99-113 además véase Mar Ungar, “Prisons and Politics in Contemporary Latin America”, en Human Rights Quar terly, nem. 25, 2003, p. 909. Una década de narcoviolencia en México: 2006-2016 Sin embargo, la tendencia a la baja se revirtió, y para 2015 aumentaron tanto los homicidios dolosos como las narcoejecuciones. En 2015, los primeros subieron a 17,028, un incremento del 9 por ciento respecto del año anterior. Asimismo, poco menos de la mitad de tales asesinatos fue perpetrada en el contexto del narcotráico. Además, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha presentado un promedio de 48 homicidios dolosos por día, segen datos recientes del Sistema Nacional de Seguridad Peblica ( ). A lo largo de 2016 la cantidad de muertes violentas por ejecuciones dolosas se mantuvo superior al año anterior. En conclusión, se puede advertir que a pesar de los esfuerzos el grado de violencia en el país sigue siendo muy signiicativo. Por otra parte, otras actividades criminales, como el secuestro y la extorsión, aumentaron durante el primer año del sexenio de Peña Nieto. Por ejemplo, la extorsión se incrementó en un 10 por ciento en 2013, mientras que el secuestro se disparó un 33 por ciento ese mismo año. Sin embargo, ambos delitos han disminuido en 2014 y 2015. El segundo se redujo en un 24 por ciento de 2014 a 2015. Con respecto a la primera, de 2013 a 2014 decreció en un 30 por ciento, y de 2014 a 2015 en un 13 por ciento. Esto es, la incidencia en el nemero de secuestros y extorsiones ha sido a la baja, aunque se mantiene aen en niveles signiicativos (Gráica 2). H i i i , Gráica 2 201 - i 2016 i , Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2013 2014 Homicidios dolosos 2015 Secuestro 2016 Extorsión F : preparada por los autores con datos del Sistema Nacional de Seguridad Peblica ( ), Incidencia delicti a del fuero com n Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsi n robo de eh culos, , Ciudad de México, 2016. Puede consultarse en: http: secretariadoejecutivo.gob.mx incidenciadelictiva incidencia-delictiva-fuero-comun.php . R El presidente Peña Nieto tenía la esperanza de reducir su dependencia del Ejército, el cual fue utilizado por su predecesor para combatir a los cárteles del narcotráico. A pesar de lo anterior, el primer mandatario desplegó a los militares en el estado de Michoacán cuando la violencia relacionada con el trasiego de drogas se intensiicó. Sólo en 2013, ese estado registró 920 personas asesinadas 280 individuos levantados (secuestrados sin pedir rescate) 42 fueron secuestrados 238 desaparecidos más de tres mil familias desplazadas y alrededor de 1,200 expulsadas de sus hogares. Algunos analistas señalan que Michoacán tiene todas las características de un Estado fallido, ya que está dominado por los cárteles, y cuenta con montañas llenas de marihuana, cultivos de amapola y laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas.28 Además, 28 Jacobo García, “El inierno se llama Michoacán”, en El Mundo, 8 de noviembre de 2013. 63 Jonathan D. Rosen y Roberto Zepeda 64 este caso demuestra no solamente que los gobernadores de México han concentrado poder y se han feudalizado, sino también cómo los propios grupos de narcotraicantes han penetrado a los gobiernos estatales, lo cual ha conducido a un combate del Estado contra sí mismo.29 A pesar de los asuntos pendientes en la lucha contra el crimen organizado, Enrique Peña Nieto ha tenido algunos éxitos parciales, incluyendo varias reformas cruciales aprobadas por ambas cámaras del Congreso por ejemplo, en diversas áreas como educación, energía, inanzas, hacienda, telecomunicaciones, sistema electoral, competencia económica, y combate anticorrupción. Estas reformas fueron reconocidas a nivel nacional e internacional como grandes logros que eventualmente permitirían al país atraer inversión y producción extranjeras e impulsar el crecimiento económico en el futuro próximo. A pesar de lo anterior, muchas de los cambios no han tenido éxito especialmente en términos de reducir la corrupción y aumentar la transparencia y rendición de cuentas. El sistema judicial continea siendo muy ineicaz, ya que los niveles de impunidad son de alrededor del 90 por ciento, a pesar de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, el éxito de Peña Nieto con respecto a las reformas políticas y económicas fue eclipsado por los acontecimientos en Ayotzinapa de septiembre de 2014 y también debido a diversos actos de corrupción del propio presidente y su círculo más cercano. El caso de Ayotzinapa puso en evidencia la complicidad de los grupos del crimen organizado de Guerrero con las autoridades locales. Un grupo de 43 alumnos de una escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desapareció el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, después de haber participado en una protesta contra el gobierno municipal. El grupo de autobuses en el que viajaban fue detenido por la policía municipal de Iguala, la cual entregó a los estudiantes a grupos criminales locales que aparentemente los mataron y los enterraron. En las semanas siguientes, una serie de fosas comunes fueron descubiertas cerca de Iguala, pero no se conirmó si contenían los cuerpos de los estudiantes. Desde la desaparición, miles de mexicanos han participado en protestas para exigir la acción del gobierno. A pesar de que el gobierno de Peña Nieto había conseguido reducir la cantidad de homicidios y narcoejecuciones en los dos primeros años, dicho logro fue eclipsado por el caso de los estudiantes desaparecidos las fosas comunes encontradas en Guerrero y Morelos y el resurgimiento de la violencia en los estados de Michoacán, Guerrero y Jalisco, protagonizado por cárteles de la droga como los Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. En otras regiones del país, principalmente en Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, la violencia aen persiste, aunque en grados reducidos. Desde inales de 2014, los niveles de popularidad de Peña Nieto han declinado en medio de las protestas y el malestar social una encuesta de agosto de 2016 reveló que tan sólo 23 aprobaba su gestión y 74 la reprobaba.30 Al mismo tiempo, los medios han difundido supuestos casos de corrupción y de con ictos de intereses del presidente y sus colaboradores cercanos, así como de un nemero considerable de gobernadores. C Sin alcanzar el éxito, el gobierno de Calderón lanzó una campaña militar para exterminar a los cárteles de la droga. A pesar de que cincuenta mil efectivos del Ejército mexicano se desplegaron a lo ancho del territorio, en especial en los estados con mayor inseguridad, la violencia en México se incrementó durante su Presidencia. Si bien su gobierno logró algunas victorias limitadas, no se afectó en lo fundamental el proceso de producción y tráico de drogas ilícitas, ya que estas sustancias se encuentran disponibles en el país. El presidente Calderón trató de capitalizar los decomisos de drogas y la captura de los capos, pero en general las dinámicas del 29 30 Rael Benítez Manaut, “México 2015. El Leviatán contra los señores feudales. Retos a la seguridad”, ponencia presentada en el Congreso -2015, San Juan, Puerto Rico, 26-30 de mayo de 2015. Lorena Becerra, “Reprueba 74 gestión de Peña Nieto sólo 23 lo apoya”, Reforma, 11 de agosto de 2016. Una década de narcoviolencia en México: 2006-2016 narcotráico no cambiaron: la violencia continuó y los grupos del crimen organizado, con liderazgos renovados, siguen operando y participando en una serie amplia de actividades ilegales. Por su parte, el presidente Peña Nieto ha tratado de superar la estrategia de Calderón, pero en general ha seguido con las mismas acciones de su predecesor. El objetivo de su administración ha sido reducir los niveles de violencia, a través de la captura de los criminales más peligrosos de los cárteles del narcotráico, así como de la desarticulación de los grupos del crimen organizado. Sin embargo, después de la primera mitad de su sexenio, existen razones para ser pesimistas acerca de que la situación en México cambie en el futuro cercano. La violencia continea, a pesar de las acciones que componen la estrategia de combate al crimen organizado del gobierno. Más aen, el clima de terror relacionado con el crimen organizado en México sigue ocupando las primeras planas de la prensa nacional e internacional, lo que genera dudas sobre si el país es un lugar seguro. La realidad es que la violencia en algunas partes de México se ha salido de control. Peña Nieto tiene una colosal tarea por delante, ya que debe reformar muchas instituciones y combatir la corrupción con el in de disminuir los niveles de violencia. El proceso de reformar una institución no es algo que suceda de la noche a la mañana; más bien, se trata de un proceso largo y en ocasiones, muy lento. La corrupción predomina en los cuerpos policíacos y el sistema de justicia. La sociedad tiene muy poca conianza en la integridad de las policías y, por ende, estas instituciones deben transformarse de manera integral. México necesita fuerzas policíacas capacitadas y funcionarios eicaces en los distintos niveles de gobierno para combatir al crimen organizado. La fallida guerra contra las drogas demuestra que con fuerzas policiales corruptas e ineicientes no se puede combatir a los grupos criminales. Una forma de disminuir los acontecimientos violentos sería legalizar las drogas. Sin embargo, la pregunta clave sería: ¿qué tipo de drogas? Algunos promueven la legalización de todas las sustancias para desincentivar las pugnas entre los grupos criminales y entre éstos y las fuerzas del Estado. En otras palabras, la legalización de las drogas suaves, como la marihuana, tendría un impacto signiicativo pero no sería suiciente.31 Una mejor medida sería el comercio legal de todos los narcóticos con el in de suprimir las ganancias derivadas de esta industria clandestina. Sin embargo, no parece que Estados Unidos o la mayoría de los países de América Latina vayan a aprobar una ley en este sentido en un futuro próximo. Finalmente, es preciso decir que ashington ha sido un socio ineicaz y ha fallado en cuanto a su corresponsabilidad en la guerra contra las drogas.32 Estados Unidos y México deben dedicar más recursos a programas de educación, prevención, tratamiento y rehabilitación con el in de reducir el consumo y la demanda de enervantes. Si no es así, las acciones violentas en México seguirán aumentando, ya que los cárteles continuarán luchando a muerte por el control del territorio. Si no se producen cambios drásticos en todo lo antes mencionado, entonces es muy probable que en 2018 México termine el sexenio con mayores índices de violencia y más derramamiento de sangre. 31 32 Al respecto, véase Jonathan P. Caul ins, Beau Kilmer y Mar A. R. Kleiman, arijuana egali ation hat er one eeds to no , Oxford University Press, Nueva or , 2016 Mar A. R. Kleiman y Aaron J. Saiger, “Drug Legalization: the Importance of As ing the Right Question”, ofstra a e ie , nem. 18, 1989, pp. 527 Robert J. MacCoun, James P. Kahan, James Gillespie y Jeeyang Rhee, “A Content Analysis of the Drug Legalization Debate”, Journal of Drug Issues, nem. 23, nem. 4, 1993, pp. 615-629. Brian Loveman (ed.). Addicted to Failure: U. S. Security Policy in Latin America and the Andean Region, Ro man Littleield, Lanham, M. D., 2006 Ethan A. Nadelmann, “Global Prohibition Regimes: The Evolution of Norms in International Society”, nternational rgani ation, vol. 44, nem. 4, 1990, pp. 479-526. 65 Proclamas y realidades de los derechos humanos en México Mariclaire Acosta1 E A mediados de 2011 culminó un largo proceso de reforma constitucional en el cual se modiicaron varios artículos de la Carta Magna, entre ellos el Artículo 1 . Gracias a esta reforma se implantó en México un nuevo paradigma en la relación entre Estado y ciudadanía, en el cual por primera vez el Estado se reconoce a sí mismo como garante de los derechos humanos. El artículo en cuestión no da lugar a dudas: establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es decir, favorecer en todo momento la protección amplia a las personas, de acuerdo con el principio pro-persona: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 2 Con esta reforma constitucional, y a la par de las reformas al sistema de justicia penal y a la institución del amparo, se pusieron los cimientos para establecer un marco constitucional democrático y moderno, acorde con las transformaciones económicas y políticas del país en las eltimas décadas. Este reconocimiento expreso de los derechos humanos como fuente de obligaciones para toda autoridad plantea la necesidad de organizar el aparato gubernamental para asegurar su pleno goce y ejercicio en beneicio de las personas. Es una necesidad impostergable, no sólo para construir una sociedad democrática, de derechos, pero sobre todo urgente, toda vez que el país vive una de las situaciones más críticas en materia de derechos humanos desde las primeras décadas del siglo . El Plan Nacional de Desarrollo vigente reconoce esta necesidad, y plantea como uno de los objetivos prioritarios del gobierno actual lograr una política de Estado “ que garantice que todas las autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana.”3 En concordancia con lo anterior, a partir de 2013 se estableció en la Subsecretaría 1 2 3 Integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, iario icial de la Federaci n, 5 de febrero de 1917. ltima versión, de 29 de enero de 2016. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 puede consultarse en: http: gaceta.diputados.gob.mx Gaceta 62 2013 may img001-20130529.pdf . 67 Mariclaire Acosta 68 de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, una Dirección General de Políticas Peblicas en Derechos Humanos, que se ha propuesto como tarea justamente la de construir e implementar dicha política de Estado en derechos humanos: el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 (en adelante ).4 El comienza con un diagnóstico que destaca el contexto de inseguridad y violencia prevalecientes en el país, el consecuente incremento en las denuncias por abuso de las fuerzas de seguridad y la trascendencia de las reformas constitucionales en derechos humanos y al sistema de justicia. Las diicultades de coordinación y articulación de esfuerzos entre las dependencias, poderes y niveles de gobierno son enormes, además de que debe existir interacción con los organismos autónomos pertinentes, como es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( ), entre otros. El Programa se propone seis objetivos, a saber: a) lograr la efectiva implementación de la reforma constitucional en derechos humanos b) garantizar el ejercicio y goce de los mismos c) fortalecer su protección d) generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de derechos humanos y e) sistematizar la información en materia de derechos humanos con el in de fortalecer las políticas peblicas. Segen un diagnóstico preliminar realizado por Freedom House, hasta ines del 2015 el había logrado algunos avances signiicativos en el objetivo de implementación de la reforma constitucional, especialmente en lo referente a la sensibilización y capacitación de funcionarios peblicos la elaboración de manuales y protocolos para la administración peblica federal la difusión de los principios de la reforma en los tres niveles de gobierno y en la elaboración de programas de derechos humanos en estados y municipios.5 En el Poder Legislativo federal, la actividad en favor de los derechos humanos ha sido profusa a partir de la reforma constitucional de 2011 y de la publicación del , como se desprende del informe rendido a mediados de 2015, en el cual se da cuenta de los avances y retos para la implementación de dicha reforma.6 Sin embargo, uno de los grandes pendientes en materia legislativa es la armonización del derecho nacional con los tratados internacionales en torno a la tortura y desaparición de personas de los que México forma parte. Las consecuencias de esta omisión son graves. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( ) también ha realizado un esfuerzo considerable para incorporar a los derechos humanos en las resoluciones y sentencias judiciales. A partir de la sentencia emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la desaparición forzada de Rosendo Radilla por el Ejército mexicano en el estado de Guerrero en el año de 1975, la instruyó a los jueces del país a incorporar los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana en sus deliberaciones y sentencias, y comenzó un intenso acercamiento con esta institución. Actualmente, el Poder Judicial se propone “ concretar en realidades jurídicas y sociales la dimensión práctica que fue ordenada por las reformas del 2011”, y dar “un seguimiento de las acciones implementadas por las instituciones gubernamentales. De esta forma, se evalea en primer lugar si se han realizado acciones enfocadas al cumplimiento de los derechos humanos y si las medidas implementadas fueron eicientes para lograr el objetivo. En segundo lugar, se establece un parámetro de lo que aen falta por hacer”.7 4 5 6 7 iario icial de la Federaci n, 30 de abril de 2014 puede consultarse en: http: .dof.gob.mx nota detalle.ph p?codigo 5343071 fecha 30 04 2014 . Jorge Romero, ropuesta de estrategia para fortalecer la implementaci n del rograma acional de erechos umanos , Freedom House, Distrito Federal, 2015, pp. 4-7. Entre los retos señalados por la Cámara de Diputados en dicho informe, está el siguiente: “El obstáculo más grande que esta reforma ha encontrado en México, y en particular todo el contenido normativo y principalista del artículo 1 constitucional, han sido las rémoras de concepciones positivistas intransigentes que se limitan a ver en dicho precepto una suerte de declaración aspiracional, en lugar de un artículo con un enorme mandato de optimización en términos de reglas, valores, principios y nuevas prácticas”. Véase Gobierno de la Repeblica, ances retos en la implementaci n de la reforma constitucional de derechos humanos, Distrito Federal, 2015, pp. 12-13. bid , p. 67. Proclamas y realidades de los derechos humanos en México La existencia de todos estos cambios institucionales constituye el meollo del discurso oicial mexicano, esgrimido como una prueba incontestable de los innegables avances del país en la materia. Por desgracia, esta transformación normativa aen no se ha traducido en una mejoría de los derechos humanos. Todo lo contrario: a pesar de los esfuerzos y proclamas, México vive una grave crisis de derechos humanos. En los siguientes apartados trataremos de dilucidar los motivos de esta contradicción. L E í Si aceptamos que el ejercicio de derechos es la sustancia misma de la democracia, y que se trata de una condición necesaria para la vigencia plena de los derechos humanos en cualquier país, entonces también lo es la existencia de un Estado de derecho en el que las relaciones entre los ciudadanos, y de éstos con las instituciones, se deben regir por las leyes. En un Estado democrático de derecho, estas normas protegen y garantizan los derechos de todos por igual, y todos son iguales ante la ley. Lo anterior abona a la conianza en las instituciones de gobierno, con las que interactean constantemente los ciudadanos conocedores de sus derechos. En su informe correspondiente a 2015, la , el órgano constitucional encargado de la protección de los derechos humanos, señaló como preocupación fundamental la realidad actual del Estado de derecho en México, y observa que “ el incumplimiento y la falta de aplicación de la ley inciden directamente en nuestra democracia y afectan sus instituciones, por lo que es un compromiso y deber, en primer término de los gobernantes, pero también de los gobernados, cumplir la ley y abandonar una actitud de desprecio hacia la misma”.8 En otras palabras, lo que sostiene la es que, a pesar de las reformas constitucionales, los planes de gobierno y la actividad de los tribunales, la realidad de los derechos humanos en el país dista mucho de lo que dictan las normas existentes, los programas gubernamentales y la retórica oicial. Prevalecen la impunidad y la falta de rendición de cuentas, pues en México no se respeta la ley, y grandes sectores de la población carecen de seguridad jurídica. Todo ello tiene profundas implicaciones para la vigencia de los derechos humanos. La evidencia empírica respecto de la ausencia de un Estado de derecho es elocuente: segen datos recopilados por el Instituto Nacional Electoral (INE), el 66 por ciento de los mexicanos considera que la ley se respeta poco o nada.9 Los motivos que subyacen a esta situación son meltiples y complejos. Por ejemplo, la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la en 2011 muestra que el 41 por ciento de los entrevistados están dispuestos a violar la ley cuando piensan que tienen razón. Estos hallazgos son validados por encuestas similares, lo cual implica que la propia legitimidad de origen de la legalidad está en cuestión.10 El desacato a la ley es, por un lado, la consecuencia de la impunidad, pero también responde a la percepción extendida de que las instituciones del Estado funcionan sólo para unos cuantos, como lo indica la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, en la cual apenas el 14 por ciento respondió que la actividad legislativa del Congreso se realiza tomando en cuenta las necesidades de la población.11 Resulta a todas luces evidente que sin una ciudadanía activa, comprometida plenamente con el principio de la legalidad, en la cual haya arraigado plenamente la noción de que el deber 8 9 10 11 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nforme de cti idades del ° de enero al de diciembre de , primera edición, Ciudad de México, 2016, p. 9. Instituto Nacional Electoral, nforme pa s sobre la calidad de la ciudadan a en éxico, , Distrito Federal, 2014, p. 43. Frente Amplio contra la Impunidad y el Estado de Derecho, documento de presentación, Ciudad de México, 2016, p. 3. Secretaria de Gobernación, ncuesta acional de Cultura ol tica rácticas Ciudadanas , en: http: . encup.gob.mx or models Encup Resource 69 1 images Resultados-Quinta-2012.pdf . 69 Mariclaire Acosta 70 principal del Estado consiste en respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de las personas, la reforma constitucional de 2011 no irá muy lejos. Incluso ni siquiera se sabe con precisión cuántos ciudadanos la conocen y entienden sus alcances. Las encuestas realizadas por la Universidad de Minnesota y el Centro de Investigación y Docencia Económicas en 2014, en su proyecto conjunto sobre la percepción acerca de las organizaciones de derechos humanos entre la población mexicana, indican que tanto las élites como la gente comen se encuentran frecuentemente con el término “derechos humanos”, y que en general tienen una opinión favorable de éstos. Los relacionan con ideas positivas como “proteger a las personas de la tortura y el asesinato” “promover la justicia social y económica” y “promover elecciones libres y justas”. Tanto el peblico general como las élites manifestaron su conianza en las agrupaciones, tanto nacionales como internacionales, de derechos humanos. A mayor educación e ingreso, mayor conianza. Sin embargo, en ambos grupos encuestados el contacto directo con organizaciones que deienden los derechos humanos es muy escaso.12 En este capítulo sería difícil abordar con mucha profundidad las implicaciones de esta información. Salta a la vista que la idea de que los derechos humanos son algo positivo está más extendida de lo que se cree. Sin embargo, una cosa es tener una percepción positiva de los derechos humanos en abstracto, y otra muy distinta es involucrarse activamente en su promoción y defensa. Entre ambas conductas hay una distancia enorme. Si se analizan a vuelo de pájaro algunas de las conclusiones del informe del Instituto Nacional Electoral ya referido sobre la calidad de la ciudadanía en México, se encontrarán datos que explican esta discrepancia entre la valoración positiva en abstracto de los derechos humanos y el contacto directo con ellos. El informe en cuestión estudia las diferentes dimensiones de una ciudadanía en su concepción más integral y maximalista, es decir, aquella que conoce y ejerce sus derechos.13 Estas dimensiones son: a) el Estado de derecho y el acceso a la justicia b) la vida política y la participación de los ciudadanos en el proceso político más allá de lo electoral c) la sociedad civil y su papel en la consolidación de la democracia d) la vida comunitaria, y su papel en el desarrollo de la cohesión social y la conianza interpersonal e) los valores democráticos, fundamentalmente el de la tolerancia y el respeto a la libertad de expresión y f) el acceso a bienes demandados por los ciudadanos, basado en la noción del ciudadano como agente dinámico que toma decisiones y que busca activamente la solución de sus problemas. El estudio concluye que la ciudadanía en México está en construcción, pero que este proceso encuentra grandes obstáculos para ello. Entre los que destacan están las debilidades del sistema jurídico y de seguridad, especialmente su falta de eicacia y coniabilidad, así como los altos niveles de impunidad y corrupción que impiden el acceso del ciudadano a esas instituciones cuando las necesita. De esta manera, la percepción sobre la inefectividad del Estado en el cumplimiento de una de sus funciones primordiales, la de brindar seguridad a los ciudadanos, genera que la mayoría de éstos opte por la mano dura y el uso de la fuerza, poniendo en segundo plano el respeto y garantía de los derechos humanos en las tareas de seguridad peblica. En materia de participación política más allá de la electoral, que segen el se equipara cada vez más a la de las democracias consolidadas, los ciudadanos muestran un bajísimo nivel de involucramiento y, por ende, de capacidad de in uencia en las decisiones del gobierno. La desvinculación de los ciudadanos entre sí, y de éstos con el gobierno, son otros de los factores importantes para explicar esta impotencia: no se sienten representados por los partidos y por los diputados, a quienes conieren los niveles más bajos de conianza. Por otro lado, el nivel 12 13 James Ron et al., “El sector de los derechos humanos en México: evidencias de los activistas, el peblico y las élites”, Documento de Trabajo nem. 2, ro ecto de organi aciones de derechos humanos, Instituto de Asuntos Peblicos Hubert H. Humphrey, Universidad de Minnesota, Minnesota, 2014. Instituto Nacional Electoral, nforme pa s sobre la calidad de la ciudadan a en éxico, op cit. Proclamas y realidades de los derechos humanos en México de participación en asociaciones secundarias es muy bajo: dos tercios de los encuestados no disponen de ninguna relación de intermediación para acceder a la justicia, al gobierno o a los recursos peblicos o comunitarios, lo cual se refuerza con el sentimiento prevaleciente de que a los políticos no les importa la gente comen y corriente. La desconianza interpersonal y en las instituciones van de la mano con la intolerancia: cuatro de cada diez ciudadanos expresaron su intolerancia con los puntos de vista diferentes a los suyos, con marcadas diferencias regionales. Finalmente, aunque su aceptación ha disminuido, un poco más de la mitad sigue pensando que la democracia es el mejor sistema de gobierno, aunque en ella “muchos juegan pero pocos ganan”. En resumen, y citando textualmente los resultados de este estudio: “México se encuentra en un complejo proceso de construcción de ciudadanía que se caracteriza, en términos muy generales, por una desconianza en el prójimo y en la autoridad, especialmente en las instituciones encargadas de la procuración de justicia su desvinculación social en redes que vayan más allá de la familia, los vecinos y algunas asociaciones religiosas y su desencanto por los resultados que ha tenido la democracia”.14 E El hecho de que a la ley se la perciba como algo ajeno a la vida de las personas tiene su fundamento en la realidad de los derechos humanos para la inmensa mayoría de los individuos en el país. En su informe correspondiente a 2015, la da cuenta de la situación que guardan estos derechos en los diferentes grupos de la población. Reiere, por ejemplo, que el nemero desproporcionado de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza de jóvenes en ocupaciones informales y de personas adultas mayores carentes de seguridad social, con discapacidad, y con ingresos insuicientes para cubrir sus necesidades diarias de alimentación, es abrumador. Segen dicho informe, esta circunstancia pone en evidencia la insuiciencia de las acciones emprendidas por las instituciones del Estado mexicano para garantizar los derechos fundamentales de estas poblaciones.15 Por añadidura, más de la mitad de las personas ocupadas en empleos subordinados y remunerados en el país (33.4 millones) carecen de prestaciones, y cerca de uno de cada cuatro declaró laborar más de 48 horas a la semana. De estos empleados, apenas el 55 por ciento cuenta con un contrato escrito y, por consiguiente, con certeza en sus condiciones de trabajo. De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (Coneval), en 2014 casi el 60 por ciento de la población carecía de acceso a la seguridad social, y se encontraba desprotegida en caso de desempleo, enfermedad, vejez, o falta de medios económicos.16 La discriminación en México es estructural, y de ello dan cuenta numerosos informes tanto nacionales como internacionales de derechos humanos, que señalan las enormes desigualdades de género, por origen étnico y por motivos de discapacidad prevalecientes en el país. Los pueblos indígenas, que representan el 21.55 por ciento de la población segen la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( ), se encuentran abrumadoramente en situación de pobreza y de pobreza extrema en relación con el resto de los habitantes. Ello a pesar de las reformas constitucionales referidas al carácter pluriétnico y pluricultural de la nación mexicana. 14 15 16 bid., p. 199. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nforme de cti idades del op cit , p. 52. bid , p. 82. de enero al de diciembre de , 71 Mariclaire Acosta 72 Las personas migrantes indocumentadas, tanto las connacionales como las provenientes de otros países en su mayoría centroamericanas que cruzan el territorio nacional para emigrar hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de trabajo, son particularmente vulnerables a la discriminación y están expuestas a una amplia gama de riesgos y abusos. Ello debido fundamentalmente a su situación migratoria irregular que las vuelve blanco de la delincuencia organizada y de funcionarios corruptos, quienes frecuentemente las enfrentan a situaciones de extorsión, secuestro, explotación laboral, maltrato y abuso sexual, entre otras.17 Los ataques a la libertad de expresión de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos constituyen un tema de especial preocupación para la , institución que ha emitido recomendaciones generales al respecto, enfatizando la impunidad de más de cien asesinatos de periodistas desde el año 2000 a la fecha.18 El panorama general descrito por la es desalentador para un país que se encuentra entre las quince economías más grandes del mundo, y que presume en los foros internacionales de ostentar una legislación sobre derechos humanos de avanzada. Más aen, en donde la situación de los derechos humanos se ha vuelto verdaderamente crítica, y en ocasiones más allá de lo imaginable, es entre las víctimas del delito, y en este contexto parte de la responsabilidad recae en las políticas de seguridad implementadas para el combate a la delincuencia organizada. Al respecto, el informe de la cita los datos del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, que reiere que de una cantidad aproximada de dos millones de denuncias recibidas en el fuero federal entre 1999 y 2012, sólo un 15 por ciento (poco más de 300 mil) obtuvieron sentencia condenatoria. En el ámbito estatal, esta cifra disminuyó a la mitad.19 Segen las encuestas nacionales de victimización y percepción sobre seguridad peblica (Envipe) del , la actividad delincuencial aumenta año con año. En 2015 hubo 23.3 millones de víctimas de algen delito, entre los que destacaron el robo o asalto en la calle (28 por ciento del total) y la extorsión (24.2 por ciento). El nemero total de delitos que no fueron denunciados ante las autoridades, o que no fueron investigados, representa el 93.7 por ciento, casi un punto porcentual más que en 2014. Estas cifras signiican que sólo se denuncia uno de cada diez delitos que se cometen en el país, lo cual revela la falta de conianza en las autoridades.20 El pasado mes de abril, el Sistema Nacional de Seguridad Peblica ( ) reveló la tendencia al alza de la violencia en el país durante el primer cuatrimestre del año. En su estimación, los homicidios dolosos se incrementaron en 14 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior, y un 9.5 por ciento más que en 2014. Asimismo, se registró un incremento sostenido en el nemero de secuestros perpetrados de enero a abril, aunque éstos disminuyeron levemente (3.6 por ciento) en comparación con 2015, y 37.9 por ciento en relación con el mismo periodo en 2014.21 No cabe duda que la impunidad generalizada en el sistema de justicia penal es una de las causas principales de la desconianza de la población en las instituciones del Estado y de la difícil construcción de ciudadanía en México. Más todavía, la ausencia de seguridad jurídica en las condiciones actuales de violencia e inseguridad tiene consecuencias aen más graves para los derechos humanos, como veremos más adelante. 17 18 19 20 21 bid , pp. 43-44. bid , pp. 60-64. bid., p. 46. l Financiero, Año xxxv, nem.. 9685, 28 de septiembre de 2016, p. 48. Véase, .animalpolítico.com 2016 05 violenciaenméxicobaterécordenabril56víctimasdeasesinatocada24horas . Proclamas y realidades de los derechos humanos en México L í Es indudable que el país atraviesa por una grave crisis de violencia e inseguridad, cuyos orígenes son de larga data, pero que a partir del año 2006, cuando comenzó la ofensiva contra el crimen organizado emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón, ha cobrado dimensiones epidémicas con un saldo a la fecha de más de cien mil homicidios y ejecuciones casi treinta mil desapariciones el incremento de la tortura y el desplazamiento de centenares de miles de personas de sus hogares y lugares de origen en varias regiones.22 La respuesta de las autoridades a esta situación dista mucho de la meta enunciada por el Plan Nacional de Desarrollo. Lejos de asumir el respeto y garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana, las autoridades han optado por emplear el uso excesivo de la fuerza y por la confrontación armada con el crimen organizado como medio para enfrentar la crisis de seguridad, con el consecuente incremento del papel de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad peblica.23 Los brutales acontecimientos de los eltimos años en sitios que han cobrado una triste celebridad como Tlatlaya, en donde en el mes de junio de 2014, 22 personas, incluyendo una menor de edad, todas ellas presuntamente vinculadas con el narcotráico, fueron ejecutadas en un operativo militar o Iguala, en donde en septiembre de 2014, 43 estudiantes provenientes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos por policías municipales con la aquiescencia y colaboración de policías estatales, federales y miembros de las fuerzas armadas o las masacres de Apatzingán (enero de 2015), Tanhuato (mayo de 2015)24 y Nochixtlán (junio de 2016), en donde por diversos motivos, elementos de la Policía Federal han abatido a tiros a numerosos civiles, para citar apenas unos cuantos sucesos, son una muestra palpable de lo alejado que están los derechos humanos de la acción gubernamental. En todos estos casos, las fuerzas de seguridad del Estado han sido señaladas, con fundamento, de haber cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos. Ninguno de estos incidentes ha sido plenamente esclarecido, y todos ellos permanecen impunes. A estos hechos notorios se agregan otros, señalados en forma reiterada por los diversos órganos y mecanismos de protección de los derechos humanos tanto nacionales como internacionales. El informe del relator sobre la tortura subraya que de las 11,254 quejas por tortura recibidas por la entre 2005 y 2013, sólo se dieron cinco sentencias condenatorias. 25 En un estudio sobre el “ ndice de letalidad”, los autores indican que entre 2009 y 2013 se registraron más de quince civiles muertos por cada miembro de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos entre estas eltimas y los presuntos delincuentes, lo cual alerta sobre el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales.26 En materia de desaparición de personas, existe un consenso de que se trata de un problema gravísimo de derechos humanos, con más de 26 mil víctimas registradas en 2015, segen el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas ( ), aunque se desconoce cuántas de éstas pueden ser desapariciones forzadas debido a graves omisiones en la recolección y sistematización de información al respecto. A pesar de la magnitud del fenómeno, a la fecha sólo se han emitido seis sentencias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada, una actividad ilícita que no ha sido debidamente tipiicada y cuya besqueda, investigación y sanción de los miles de casos en prácticamente todo el territorio nacional es prácticamente inexistente.27 22 23 24 25 26 27 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C., espla amiento interno for ado en éxico, , Distrito Federal, 2014, p. 4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nforme de pa s, éxico, ituaci n de derechos humanos en éxico, 2015, p. 11 y p. 103. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ibid , pp. 110-117. Juan Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, del Consejo de Derechos Humanos de la , a hrc 28 68 Add.3, del 29 de diciembre de 2014. Catalina Pérez Correa et al., “Indice de letalidad, Menos enfrentamientos, más opacidad”, en exos, julio de 2015. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op cit , pp. 66-72. 73 Mariclaire Acosta 74 En efecto, falta muchísimo por hacer para lograr el mandato constitucional, y no sólo por la débil coordinación y articulación entre los órdenes de gobierno y entre los Poderes de la Unión, sino que existen obstáculos considerables para el diseño e implementación de una política de Estado en materia de derechos humanos. También, y sobre todo, porque las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia actean a contrapelo de este objetivo, y porque las autoridades se niegan a reconocer la gravedad de la situación. Pese a que en el Plan Nacional de Desarrollo se coloca a los derechos humanos al lado del objetivo de lograr un México “en paz”, las políticas y acciones instrumentadas para obtener esta condición de paz se han basado primordialmente en el uso de la fuerza, incluso incumpliendo las leyes vigentes, con la consecuente violación de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de las personas, entre otros. No podemos dejar de reconocer que actualmente en México los derechos humanos son violados tanto por agentes del Estado como por actores no estatales. Los informes de derechos humanos realizados por organizaciones nacionales e internacionales reconocen esta situación en forma unánime, así como el hecho de que el Estado está obligado a generar condiciones de seguridad para sus ciudadanos. El Estado ha argumentado ante la que esta obligación implica utilizar en forma temporal el apoyo de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado con el objeto de combatir a grupos soisticados de delincuentes, bien organizados y con cuantiosos recursos y armamentos, capaces de penetrar a las corporaciones policíacas, especialmente las locales, y que realizan actividades de trasiego de drogas, extorsión, secuestro, trata de personas, invasión de tierras, entre otras. Las fuerzas federales, principalmente el Ejército, la Armada y la Policía Federal, conforme al marco legal que las rige y a la jurisprudencia de la , actean en auxilio de las autoridades civiles de conformidad con la legalidad existente y los protocolos internacionales del uso de la fuerza.28 El problema principal es que ese “empleo temporal” lleva muchos años, y peor aen, que los altos índices de impunidad para todos los crímenes se repiten en el caso de los operativos de las fuerzas militares y policiales, y en las condiciones actuales resulta imposible para las instituciones de justicia determinar si los homicidios han sido el resultado de enfrentamientos armados o de ejecuciones extrajudiciales, toda vez que existen numerosas informaciones recibidas que airman que las fuerzas armadas y policiales frecuentemente intentan alterar la escena del crimen para hacer aparecer que los incidentes con civiles fueron el resultado de una confrontación armada.29 En fechas recientes, una prestigiosa organización no gubernamental de derechos humanos, Open Society, Justice Initiative, ha presentado a la opinión peblica un informe realizado con el concurso de seis organizaciones mexicanas, en el que se demuestra fehacientemente cómo esta estrategia de seguridad, en la que se combinan la impunidad y el uso excesivo de la fuerza, pueden resultar en un patrón de comisión de crímenes de lesa humanidad, como son los asesinatos, las desapariciones, la tortura y otros tipos de maltrato.30 Las víctimas, a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en las regiones en donde la violencia se ha enseñoreado, reieren sistemáticamente su falta de conianza en las autoridades encargadas de la procuración de justicia, pues los delitos y abusos cometidos en contra de ellos rara vez se investigan, o lo hacen de forma deiciente, cuando no están directamente coludidos con los agresores. La impunidad es crónica y el horror comienza a normalizarse en varias regiones del país. 28 29 30 bid, pp. 104-105. bidem. Open Society Foundation, trocidades innegables, confrontando cr menes de lesa humanidad en or , 2016. éxico, Nueva Proclamas y realidades de los derechos humanos en México A ¿ : ,E ? , Las acciones del Estado en esta “guerra” contra la delincuencia organizada, aunadas a la prevalencia de la impunidad sistemática en el castigo y sanción de los delitos graves y las violaciones a los derechos humanos, son en buena medida las circunstancias responsables de la crítica situación actual. Se requiere de un cambio radical de política en esta materia si es que se busca el objetivo de construir un país de derechos. Estamos, entonces, frente a un problema serio de impunidad sistémica. A pesar de la retórica y las proclamas, pese a las reformas legislativas y a la creación de instituciones y nuevas burocracias, todas ellas encargadas de proteger los derechos humanos y velar por las innumerables víctimas de las violaciones a éstos, el gobierno y la clase política carecen de la voluntad política necesaria para poner in a esta situación y cumplir con el mandato constitucional. México parece haber llegado a una situación que supera los límites de la justicia convencional, a pesar de la reciente reforma del sistema de justicia penal. Aunque muchos funcionarios de gobierno están comprometidos con la reforma, no existe la posibilidad real de investigar y sancionar los miles y miles de delitos y crímenes que se han cometido sólo en los eltimos diez años. Se requiere entonces de un cambio de estrategia para combatir la impunidad y obligar a los responsables a rendir cuentas de sus actos. Es imperativo buscar la forma para que las víctimas encuentren la verdad y la justicia, y para que de esta manera se pueda reparar el enorme daño que han sufrido. Es menester también reconstruir el tejido social de una sociedad profundamente lastimada, que vive al margen de la ley, y detener de una vez por todas la violencia, que ya forma parte integral de nuestra vida cotidiana. Se requieren otras formas de justicia. La llamada justicia transicional es un concepto que justamente busca dar respuesta a las violaciones sistemáticas de derechos humanos. El término surgió a raíz de la demanda de justicia de las miles de víctimas de las dictaduras y con ictos armados en América Latina del eltimo tercio del siglo pasado. Desde entonces, la justicia transicional ha evolucionado de forma notable, al punto en que se ha convertido en un conjunto de herramientas, inspiradas en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional, utilizadas por numerosos gobiernos, e incluso por el Consejo de Seguridad de la en sus operaciones de paz. El propósito principal de la justicia transicional es el combate a la impunidad sistémica mediante la besqueda de la verdad, la justicia, la reparación del daño para las víctimas, así como la promoción de garantías de no repetición de los hechos. La célebre decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, emitida en la década de los ochenta a raíz de la desaparición forzada de un estudiante en dicho país estableció, sin lugar a dudas, que los Estados tienen la obligación de investigar estos delitos, sancionar a los culpables, garantizar la reparación de daño a las víctimas y tomar medidas razonables para prevenir la recurrencia de estas prácticas atroces, las cuales afectan no sólo a las víctimas directas, sino a la comunidad en su conjunto. Esta decisión es la piedra de toque de la justicia transicional. La justicia transicional es un horizonte nuevo en la protección de la dignidad humana, pues no sustituye a la protección de los derechos humanos, sino que la complementa. A la justicia transicional le atañe fundamentalmente la responsabilidad estatal por las violaciones masivas a los derechos humanos. Alude a una serie de prácticas que implican la intervención obligatoria de los Estados y combaten la impunidad. No intenta solamente detener estas violaciones, sino evitar su repetición. En un momento como el que actualmente se vive en México, en el que se cometen crímenes atroces como la tortura, la desaparición y la ejecución extrajudicial en forma masiva, la respuesta no puede limitarse sólo a juicios individuales a los presuntos perpetradores o a compensaciones económicas para las víctimas. Es necesario erradicar la raíz de estas atrocidades. La justicia 75 Mariclaire Acosta transicional es un instrumento plausible para lograr tal in, pues hace alusión a un conjunto de normas cuyo objetivo principal es superar todos los obstáculos que existen en un momento especíico para la realización de la justicia. Se trata de un medio para re-establecer la conianza en las instituciones. que ofrece mecanismos etiles para combatir la persistencia de la impunidad, y para que los Estados cumplan con las obligaciones de asegurar: a) b) c) d) 76 el derecho a la verdad la justicia restauradora reparaciones adecuadas, y que no ofendan la dignidad de las víctimas reformas institucionales que garanticen la no repetición, como son las lustraciones, depuraciones, etcétera. Hay algunas lecciones generales de la justicia transicional que vale la pena mencionar. La primera de ellas es que los con ictos vuelven a nacer en situaciones de impunidad crónica como la que vivimos actualmente. Ahora bien, el reconocimiento de la justicia como elemento esencial de una paz duradera no se traduce necesariamente en la capacidad de castigar penalmente a los perpetradores, sino en una visión holística e integral de la justicia. De ahí se desprende el enorme valor de los mecanismos de la justicia transicional como son las comisiones de la verdad, los ejercicios de memoria y recuperación de archivos, las reparaciones colectivas y las reformas institucionales. Se trata de una forma de justicia adaptada a contextos especíicos para lograr ines especíicos. El cambio de régimen político en México, de un partido de Estado a un sistema multipartidario, no produjo cambios signiicativos en la estructura de poder ni en la forma en la que se ejerce. Tampoco ha producido una mejora signiicativa en la vida de las personas, ni una ciudadanía robusta. Todo lo contrario: como hemos visto someramente, el país se encuentra inmerso en una verdadera crisis de derechos humanos que amenaza las frágiles conquistas de la democracia mexicana. El autoritarismo de hoy es diferente, pero sigue siendo un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos humanos y de las libertades democráticas, especialmente los derechos a la vida, la seguridad y el acceso a la justicia. Patrones estructurales añejos, propios de un régimen autocrático, como son la impunidad, la corrupción y la discriminación sistémicas, dan cuenta de la mayoría de las violaciones graves a los derechos humanos en el país. La crítica situación de inseguridad peblica y el predominio de la actividad delincuencial en vastas regiones del país coexisten con las formas tradicionales de abuso, como son el uso excesivo de la fuerza por la policía, la represión y la criminalización de la protesta social. Los eltimos dos gobiernos han consolidado la tendencia de coniar a las fuerzas armadas y a una policía militarizada el mantenimiento de la seguridad peblica, cuyo efecto ha sido la violación masiva de los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de miles de personas. Por añadidura, comienza a difundirse la falsa noción, promovida por el propio gobierno y sus personeros en la opinión peblica, de que los derechos humanos son un obstáculo a la seguridad y el orden, la cual es reforzada por el fracaso del sistema de justicia. Modiicar esta situación que amenaza la gobernabilidad democrática requerirá de acciones decisivas basadas en un amplio consenso social. El reto consiste en generar voluntad política para vencer esta situación crónica de impunidad. La justicia transicional puede ofrecer una oportunidad para el cambio integral y profundo que México requiere para poder construir instituciones de seguridad y justicia a la altura de los retos que el país enfrenta, capaces de inspirar la conianza entre la ciudadanía en su gobierno. A ello deberían abocarse los esfuerzos de la sociedad y el gobierno. México ya ha vivido parcialmente la experiencia de la justicia transicional con la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) en el go- Proclamas y realidades de los derechos humanos en México bierno de Vicente Fox.31 De esa fallida experiencia resulta necesario hacer un examen crítico y desapasionado para extraer de ella las lecciones aprendidas, y valorar sus pocos logros, que sí los tuvo, aunque parezcan insigniicantes. Lo más relevante en este sentido será recordar que entre las variadas razones del fracaso en este caso destacan la ausencia de apoyo político, tanto del gobierno como de la sociedad civil. Habrá que reintentarlo, sobre otras bases, más amplias y consensuadas, pues la historia nos ha demostrado que la justicia transicional es un proceso largo, y como todos, con sus avances y retrocesos. 77 31 Tuvo vida entre 2002 y 2006, sin haber conseguido una sola sentencia condenatoria. Véase, “La Femospp se extingue sin conseguir que se castigue a presuntos represores”, en: http: .jornada.unam.mx 2007 03 27 index.php?sect ion politica article 014n1pol . Violencia, impunidad y corrupción contra la libertad de prensa en México Armando Rodríguez Luna1 y Patricia Quintanar 2 I La libertad de expresión es indispensable para la formación de opinión pública, así como para la discusión de ideas, además de ser piedra angular para una sociedad democrática. Es posible airmar que una sociedad que no está informada no es plenamente libre.3 En este sentido, el periodista es un actor clave para la democracia, en algunos casos incluso forjador de la misma, en tanto que desahoga información en la arena peblica para alimentar la deliberación política. Sin embargo, en México el periodista es el eslabón más frágil dentro del complejo entramado de relaciones de poder y generación de información. Las vulnerabilidades de los periodistas se exacerban en el nivel local, es decir, en los estados y municipios del país. Si bien existen factores de riesgo que le son comunes a los periodistas en todo el territorio, existen condiciones particulares en cada contexto local que determinan el tipo y nivel de riesgo segen sea el estado. Este capítulo tiene el objetivo de realizar una aproximación analítica a las condiciones de riesgo que se identiicaron durante el desarrollo de tres procesos de trabajo documental y de campo realizados en diferentes estados del país entre 2011 y 2016. El primero de ellos para la Oicina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el segundo para Freedom House y el tercero para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). En un inicio se examinará el contexto nacional para deinir cuáles son las tendencias y características más importantes que afectan a la libertad de expresión y de prensa en el país. Posteriormente se abordarán a detalle cuatro casos. Por una parte se examinan estados considerados graves como Sinaloa y Veracruz, en donde se identiicaron agresiones sistemáticas contra periodistas y medios de comunicación. Mientras que en Sinaloa el poder criminal prácticamente mantiene la gobernabilidad de la parte norte del estado junto con el poder político formal, en Veracruz el gobierno del estado mantuvo los resortes de control sobre las actividades criminales del territorio durante los últimos dos periodos de gobierno (de 2004 a 2016). Por otra parte, los estados de Morelos y Quintana Roo no presentan niveles elevados de agresiones, pero el control y la cooptación sobre la prensa son igualmente sistemáticos, ejerciendo las autoridades gran presión sobre los medios. En Morelos se practican mecanismos de censura y presión política desde el gobierno del estado, al mismo tiempo que se violentan los derechos de los periodistas de forma recurrente por parte de los cuerpos de seguridad peblica. En Quintana Roo se identiican procesos de cooptación y amenaza sobre aquellos periodistas que documentan la relación entre intereses turístico-empresariales con el poder político estatal, sobre todo cuando se afecta al medio ambiente con el afán de construir desarrollos turísticos. 1 2 3 Coordinador de proyectos del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE). Integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE). Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza, La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ciudad de México, 2007, p. 17. 79 Armando Rodríguez Luna y Patricia Quintanar C 80 Si bien diferentes organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, han elaborado estudios cuantitativos acerca de las agresiones a periodistas en México, no existen análisis respecto de los factores de riesgo que enfrenta este gremio en el nivel local. En el periodo 2011 a 2012, como parte de una serie de consultas en el marco de un proyecto con la UNODC, realizadas en nueve ciudades del país con periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de gobierno, se identiicaron las tendencias más importantes a nivel nacional que impactan sobre el ejercicio periodístico.4 La primera indica que prevalece la cultura política del cacicazgo y el autoritarismo, lo cual también se re eja en la relación de control que el poder político establece con los medios de comunicación y los periodistas. Lo anterior se vuelve legal e institucional a través de la publicidad oicial, igura legal que permite destinar recursos peblicos para medios de comunicación a nivel estatal. Esta es la forma clásica y no violenta de control de la información a nivel local. En este caso, los responsables de las agresiones a periodistas son fundamentalmente funcionarios gubernamentales. En la segunda, se desarrollan relaciones de corrupción entre grupos de poder político y grupos de la delincuencia organizada, lo cual ha trascendido de una simple distribución de las ganancias derivadas de las actividades delictivas hacia el control del territorio. En este caso, los grupos criminales atentan directamente contra los periodistas. La tercera: en la medida en que los grupos delictivos desarrollaron una estrategia de comunicación a través de medios tradicionales y redes sociales, algunos periodistas se convirtieron en un instrumento de comunicación para los criminales, así como entre éstos y el gobierno federal.5 En este proceso, el uso de la violencia adquirió niveles cada vez más extremos, tanto para los periodistas honestos como contra aquellos que se prestaron a colaborar con las organizaciones delictivas.6 En una segunda etapa realizada entre 2014 y 2015, el CASEDE instrumentó una serie de consultas con periodistas, organizaciones civiles y funcionarios de gobierno. Estas consultas incluyeron talleres de capacitación para policías ministeriales y agentes del Ministerio Público, en ocho ciudades del país.7 Además de actualizar la información sistematizada en el proceso anterior, se estableció el objetivo de desarrollar análisis cualitativos locales sobre las condiciones estructurales de riesgo que inhiben la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Se clasiicaron los riesgos en dos niveles. Primero aquéllos de carácter estructural, entendidos como los que rodean el entorno del ejercicio periodístico y que inciden directamente sobre éste. A través de estos factores ejercen su in uencia actores con diferentes grados de poder político, económico o social. Cada factor tiene su propia lógica y nivel de riesgo, pero están interrelacionados, lo cual da forma y contorno a la estructura. En este ámbito se identiicaron los siguientes: • 4 5 6 7 Laboral: La mayoría de los periodistas trabajan sin contrato laboral, con remuneraciones sumamente precarias. Por ejemplo, Gregorio Jiménez, periodista de Veracruz asesinado el 11 de febrero de 2014, percibía veinte pesos (1.3 dólares) por nota publicada. Esta consultoría fue realizada por Raúl Benítez Manaut, Armando Rodríguez Luna y Malgorzata Polanska, para la Oicina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito entre 2011 y 2012. Las consultas se realizaron en Tijuana Durango Chihuahua Monterrey Culiacán Cuernavaca, Oaxaca Tuxtla Gutiérrez y Ciudad de México. Ghnther Maihold, “Las comunicaciones criminales: el caso de las narcomantas”, en Rael Benítez Manaut y Sergio Aguayo (eds.), Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2012, CASEDE, México, 2012, pp. 83-93, consultado en: http: .casede.org PublicacionesCasede Atlas2012 GUNTHER_MAIHOLD.pdf> Estrategia Nacional de Fortalecimiento en Seguridad y Justicia para Medios de Comunicación en México, Secretaría de Gobernación, Ciudad de México, 2012. El proyecto “Seguridad y libertad de expresión en México” fue inanciado por Freedom House, coordinado por Armando Rodríguez Luna y contó con la participación de Raúl Benítez Manaut, Federico Lefranc y Carlos Dorantes. Violencia, impunidad y corrupción contra la libertad de prensa en México • • • Social: Trabajar sin contrato implica que carecen de prestaciones sociales como cobertura médica, fondo de ahorro, aguinaldo, etcétera. Justicia: El sistema de justicia en México está rebasado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La cifra negra a nivel nacional es de 93.7 por ciento.8 Marco jurídico: Falta de leyes e instituciones especializadas en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Adicionalmente, una de las grandes deiciencias en las instituciones de procuración y administración de justicia en México es la sensibilización y capacitación en derechos humanos. Segundo, los riesgos que experimentan los periodistas sin importar a cuál medio de comunicación pertenecen, su corriente ideológica o grupo de poder. De acuerdo con las consultas se pueden mencionar los siguientes: • • Profesional: A pesar de que cada vez hay más periodistas con carrera universitaria (aunque no necesariamente una carrera de periodismo o ciencias de la comunicación), la mayoría de ellos no se capacita. Por una parte, esto tiene efectos directos sobre la calidad del periodismo realizado. Por otra, también los vuelve vulnerables en contextos de corrupción y violencia, ya que no tienen el oicio o la capacitación para corroborar información. División: En prácticamente todo el país prevalece la división entre periodistas debido a diversas razones como desconianza, posiciones ideológicas, individualismo, entre otras. Los efectos más negativos para la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país, derivados de lo anterior, son la censura y la autocensura, así como el miedo y la desconianza. El grueso de los periodistas en México no tiene conciencia sobre la importancia social del periodismo. Muchos de ellos trabajan como informadores porque no tienen otra opción laboral, condición que no los motiva a capacitarse y profesionalizarse porque carecen de la vocación que requiere cualquier ejercicio profesional. Sin embargo, ello también tiene efectos negativos sobre aquellos periodistas que ejercen su profesión con profesionalismo, rigor y calidad. Este tipo de comunicador está plenamente consciente de la importancia que tiene su trabajo para la formación de opinión peblica y, por ende, para la democracia. Los efectos negativos son variados, incluso algunos de ellos son peligrosos. En términos laborales, el periodista sin carrera profesional y sin capacitación, que cuenta enicamente con su “experiencia”, contribuye a los bajos niveles salariales y a las lamentables condiciones contractuales que prevalecen en México. Por otra parte, estos periodistas no producen información de calidad. De hecho, es comen que simplemente reproduzcan la información oicial que se vierte a través de boletines de prensa. Este grupo también resulta el más vulnerable, ya sea por ingenuidad o por corrupción, a las relaciones de poder en el ámbito local en donde participan dueños y directivos de medios de comunicación, empresarios de agencias informativas, partidos políticos, funcionarios de gobierno y grupos criminales, principalmente. Precisamente es esta vulnerabilidad la que pone en peligro a los periodistas independientes y profesionales. En contextos locales de alta corrupción y violencia, es más fácil controlar el ujo de información y tergiversarlo cuando existen periodistas que están dispuestos a hacerlo 8 De acuerdo con INEGI, este porcentaje engloba los delitos no denunciados, más los delitos denunciados sin averiguación previa, más aquéllos en los cuales no fue especiicado si se denunció o si se inició averiguación previa, entre el total de delitos por cien. Véase Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016. Consultada en: http: .beta.inegi.org.mx proyectos enchogares regulares envipe 2016 . 81 Armando Rodríguez Luna y Patricia Quintanar 82 por mayores ingresos. Cabe señalar que en México también se presentan casos de periodistas que han sido obligados por medio de la violencia a trabajar para la delincuencia organizada o para agentes del gobierno. Desde principios de esta década, diversos organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han emitido una serie de recomendaciones para México, las cuales giran en torno a dos grandes ejes: 1) Fortalecer las capacidades de investigación y respeto de los derechos humanos de las instancias de procuración de justicia y seguridad estatales del gobierno mexicano y 2) Fortalecer las capacidades de protección y autoprotección de los periodistas.9 Los hallazgos analizados en este capítulo dan cuenta de que poco se ha logrado avanzar para mejorar las condiciones de libertad de expresión y de prensa en el país. En el índice 2016 de Freedom House sobre la libertad de expresión en el mundo, esta organización ubicó a México como un país “no libre”, condición que ha mantenido desde 2011.10 Es importante señalar que estas recomendaciones toman en consideración la importancia de capacitar a los funcionarios de seguridad y justicia del país en temas relacionados con los derechos humanos. Desde luego que esto es de suma importancia para disminuir las condiciones de riesgo de los periodistas sin embargo, no es suiciente. Durante una serie de capacitaciones impartidas por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia para delegados de la Procuraduría General de la República (PGR), policías ministeriales y agentes del Ministerio Peblico de ocho estados del país, así como para iscales de la FEADLE, se analizaron también las condiciones de riesgo que enfrentan estos funcionarios en sus labores profesionales.11 Al igual que con los periodistas, existen al interior de las instituciones de justicia elementos sumamente profesionales que se encuentran forzados a coexistir con aquellos que carecen de vocación de servicio, propensos a la corrupción y dispuestos a cometer abusos de poder. Si bien tienen mejores condiciones contractuales con respecto a los periodistas, el panorama salarial no es muy alentador, así como tampoco los niveles de capacitación en materia de prevención de riesgos. Las propias instituciones de gobierno en los ámbitos de seguridad y justicia carecen de indicadores y análisis de riesgo sobre sus elementos, a pesar de que durante los años de mayor enfrentamiento contra la delincuencia organizada son precisamente los policías ministeriales y agentes del Ministerio Peblico los que más han experimentado homicidios y secuestros. Cabe señalar que los elementos profesionales y con vocación de servicio también están condicionados por factores relacionados con la violencia y la corrupción. Regularmente, se ven obligados a adaptarse a las “reglas del juego”, lo cual se traduce en tres opciones: participar de la trama de corrupción, no denunciarla o ser asesinados. Por otra parte, las instituciones de justicia trasladan a sus elementos las presiones que organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos realizan sobre el sistema de justicia, sin que ello implique respaldo institucional para ellos. 9 10 11 Al respecto se recomienda revisar el informe del relator de Naciones Unidas Frank La Rue, Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (A HRC 17 27 Add.3), 19 de mayo de 2011. Consultado en: http: recomendacionesdh.mx inicio informes . Véase también Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la relatoría especial para la libertad de expresión 2013, Organización de Estados Americanos, ashington, D.C., 2013, pp. 243-275. Consultado en: http: .acnur.org t3 ileadmin Documentos BDL 2014 9569.pdf?vie 1 . Freedom House, Freedom of the Press Annual Report 2016. Consultado en: https: freedomhouse.org country mexico>. Los cursos fueron coordinados por Armando Rodríguez Luna y Patricia Quintanar. Los contenidos se centraron en el análisis para la prevención de riesgos y se impartieron en Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Culiacán, Chilpancingo, Veracruz, Cancún y Ciudad de México. Violencia, impunidad y corrupción contra la libertad de prensa en México M , á , S Sinaloa ha sido considerada la cuna del grupo de la delincuencia organizada traicante de drogas más importante de México desde hace más de setenta años.12 La capital del estado se ha distinguido por albergar a las familias de los principales líderes de este grupo criminal. Es en este contexto que la libertad de expresión y la libertad de prensa se encuentran determinadas. El ejercicio periodístico se desarrolla en medio de arenas movedizas conformadas por corrupción, violencia, miedo e impunidad. Estas son las condiciones que han permitido que se desarrolle en Culiacán un tipo de periodismo altamente caliicado, con capacidades en materia de prevención, autoprotección y de investigación. Lamentablemente estas capacidades solamente las tiene y desarrolla una minoría que logra trabajar en un entorno en donde la independencia y la visión crítica tienen márgenes muy estrechos de tolerancia. Este grupo airma que la mejor forma de autoprotección del periodista es escribir la verdad de los hechos, tener perfectamente sustentado todo lo que se publica. Para el director del Noroeste, Adrián López Ortíz, no se trata solamente de veriicar varias veces y con diversas fuentes la información, sino además de realizar un análisis de riesgo diario en torno a esas fuentes y al contexto político y criminal de Culiacán.13 Para los periodistas que mantienen la convicción de investigar para exhibir las redes de corrupción, clientelismo, tráico de in uencias o vínculos con la delincuencia organizada, la mejor capacitación radica en hacer buen periodismo y más aen, en realizar periodismo de investigación. Es decir, aquel que indaga, entrevista, coteja y contrapone información, se cuestiona y re exiona sobre el entorno político, social, económico y criminal del lugar donde lleva a cabo su actividad. Lamentablemente esto no aplica para el periodista promedio, el cual no valora la capacitación como una herramienta para el desarrollo profesional o para proteger su integridad física. Las principales agresiones hacia los periodistas provienen del gobierno estatal, debido a que existe poca tolerancia a la prensa libre que exhibe relaciones de corrupción al interior de la élite política, o bien, la vinculación con la delincuencia organizada. Por décadas se ha ejercido el control de la prensa a través de la publicidad oicial y de prebendas hacia directores de medios de comunicación y periodistas. En una especie de “poder suave”, se utilizan los recursos peblicos para controlar el ujo de información. En algunos casos incluso se incorpora a dueños de medios de comunicación en los negocios que realiza la élite política y económica del estado. Se tiene la percepción de que el carácter dominante del cártel de Sinaloa en la entidad, además del hecho de que los principales líderes y sus familias habitan en Culiacán, ha mantenido a este lugar seguro en relación con otros estados de México. Es comen la airmación de que en Sinaloa no se observan enfrentamientos entre grupos criminales rivales. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Baste citar la emboscada que enfrentaron los militares en la ciudad de Culiacán el 30 de septiembre de 2016, en la cual resultaron cinco soldados muertos, un civil fallecido y diez militares heridos.14 La violencia es una condición permanente en Culiacán y en el estado. Es de esperarse también que ello determine las relaciones sociales en la entidad y en la ciudad, al grado de delinear la conducta del individuo promedio. De esto se desprenden dos cuestiones relevantes a tomar en cuenta. En primer lugar, que el miedo entre la sociedad, derivado de la constante exposición 12 13 14 Al respecto se recomienda la abundante producción bibliográica de Luis Astorga. Artículo 19, Estado de censura, Artículo 19, México, 2015, p. 43 consultado en: https: .scribd.com fullscreen 259296791?access ey ey-JhKv 074E7oZJql1HX0F allo share true escape false vie mode scroll . Gustavo Castillo y Javier Valdez, “Identiicadas las causas de la emboscada a militares en Sinaloa: SEIDO”, La Jornada en línea, 22 de octubre de 2016, en: http: .jornada.unam.mx ultimas 2016 10 22 claras-las-causas-deemboscada-a-militares-en-sinaloa-seido>. 83 Armando Rodríguez Luna y Patricia Quintanar 84 a homicidios, secuestros, balaceras, entre otras conductas violentas, crea una suerte de estado de paz y alerta permanente. La población ha desarrollado una capacidad para habituarse a esa violencia y ese miedo. Por ejemplo, en 2014 el CASEDE realizó una encuesta de capital social, en diez municipios del país, uno de los cuales fue Culiacán. Entre los hallazgos de esta encuesta llama la atención que ante la pregunta: “¿Qué tan riesgoso o nada riesgoso considera que es salir durante la noche?”, Culiacán ocupa el segundo lugar entre los que declaran que es poco riesgoso. es el primer lugar en declarar que no considera riesgoso portar armas en la calle.15 Es decir, a pesar de las tasas de homicidios registradas en el periodo analizado, la sociedad está acostumbrada a vivir bajo ese riesgo, una situación que protagoniza la delincuencia organizada por medio del cártel de Sinaloa. En segundo lugar, no es casualidad que en Sinaloa se encuentren algunos de los periodistas más capacitados en materia de autoprotección y seguridad en el país. En realidad, es algo con lo que viven durante toda su vida porque prácticamente la totalidad del conjunto de las relaciones sociales está en contacto con el universo criminal local. Esta experiencia se ha ganado con base en una violenta realidad que se impone. Por su parte, la falta de oicio periodístico tanto de los editores como de los jefes de redacción también pone en riesgo a los periodistas. Se debe tener sensibilidad periodística para determinar el contenido editorial en función del contexto político, social y criminal. En el área de los medios de comunicación es precisamente donde se debe tener mucho más agudizada la capacidad para reconocer los límites a la libertad de expresión establecidos por el estado de miedo y violencia que impone la delincuencia organizada, por un lado, y que sostiene el gobierno a través de la impunidad, por el otro. Las agresiones contra los principales medios de comunicación de Culiacán y Mazatlán también son una característica de Sinaloa, situación que solamente se ha observado en Nuevo León. Estas agresiones tampoco han derivado en investigaciones judiciales que identiiquen y detengan a los culpables. Quizás el clima de impunidad tenga relación con la re exión de Adrián López Ortiz, director del periódico Noroeste, quien advierte que cada vez es más difícil diferenciar en dónde termina lo político y en dónde empieza el narco.16 Cabe señalar que los medios que han sufrido estas agresiones se caracterizan por mantener una línea editorial independiente. Puede señalarse que aproximadamente el 90 por ciento de los medios de comunicación son controlados por el gobernador en turno a través de la publicidad oicial. El 10 por ciento restante recibe agresiones de las autoridades de gobierno estatal o municipal, las cuales pueden variar desde la negación de acceso a la información o de efectuar entrevistas, hasta los intentos por desacreditar al periodista, sembrando dudas acerca de su reputación y credibilidad, o bien, con disparos y granadas. Basados en estos hechos se sustenta la airmación de que la delincuencia organizada no ha sido un agresor importante hacia los periodistas, sino que esencialmente son elementos de seguridad peblica y de la policía ministerial quienes más los agreden. Esto se explica porque en Sinaloa hay una imposición del poder del cártel de Sinaloa sobre la sociedad, que coexiste con el poder del estado, e incluso podría decirse que ambos garantizan la seguridad y la gobernabilidad de la entidad. La delincuencia organizada tiene diversos nexos con la élite política del estado, ya sea a través de negocios lícitos o de vínculos familiares por medio de matrimonios. Por otra parte, el poder legalmente constituido también ofrece momentos de torpezas políticas y jurídicas. El 31 de julio de 2014 el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó modiicaciones al Artículo 15 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esta modiicación señalaba que: “Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de 15 16 Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) y Sistemas de Inteligencia en Mercados y Opinión (SIMO), Encuesta de capital social, México, 2014. Artículo 19, Estado de censura..., op. cit., p. 46. Violencia, impunidad y corrupción contra la libertad de prensa en México las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la Unidad de Acceso a la Información Peblica, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”.17 Esta modiicación contraviene claramente el párrafo primero del Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.18 También conocida como Ley Mordaza , generó un amplio rechazo entre todos los medios de comunicación impresos y electrónicos del estado. De forma inédita y rápida se consolidó una movilización que involucró tanto a directores y editores de medios, como a periodistas del estado, en contra de esta ley. Bastaron cinco días para que el gobernador Mario López Valdez decidiera derogarlo, situación que inalmente aprobó el Congreso local el 21 de agosto del mismo año.19 V M Los principales actores que signiican un riesgo para la libertad de prensa en Morelos se ubican al interior de las estructuras de gobierno del estado y de sus cuerpos de seguridad pública. Las prácticas de cooptación, agresión y poca apertura hacia los medios han creado un entorno tenso y por momentos con ictivo para las libertades de expresión y de prensa. Por otra parte, la delincuencia organizada sigue siendo un actor importante para el contexto de inseguridad en el Estado. Cabe señalar que en el periodo de 2008-2012, el crimen organizado fue el principal factor de riesgo para los periodistas de la entidad. La llegada del cártel de los Beltrán Leyva en Morelos a partir de 2008 se aianzó a través del ejercicio de la violencia y la corrupción, dirigida directamente sobre las estructuras de gobierno, además del control de las actividades criminales en su lugar de asentamiento. Muestra de lo primero fue el asesinato del procurador de justicia de Morelos, Andrés Dimitriades Juárez, el 22 de octubre de 2008.20 Ejemplo de lo segundo fue la serie de detenciones que impactaron tanto en la estructura criminal como en la de gobierno. Al respecto, vale la pena señalar que en mayo de 2009, fueron detenidos los padres de Alberto Pineda Villa, conocido como “El Borrado” principal operador de los Beltrán Leyva en Morelos.21 De acuerdo con información de la averiguación previa 0241 2008, Alberto Pineda era actor estratégico para enlazar la red de contactos con el gobierno estatal de Morelos, al igual que con la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la SIEDO y la SSPF. Posteriormente sucedieron las detenciones del secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca el de Cuernavaca, Francisco Sánchez González del procurador de Justicia del estado, Francisco Coronado así como la de un policía ministerial. De igual forma, fueron detenidos 34 policías municipales de autepec, así como el secretario de Seguridad Pública local. 17 18 19 20 21 Aristegui Noticias, “Aprueban Ley Mordaza en Sinaloa periodistas la rechazan”, 1 de agosto de 2014, consultado en: http: aristeguinoticias.com 0108 mexico aprueban-ley-mordaza-en-sinaloa-periodistas-la-rechazan . Convención Americana de Derechos Humanos, en: https: .scjn.gob.mx libro InstrumentosConvencion PAG0259.pdf>. CNN México, “El Congreso de Sinaloa deroga por unanimidad la Ley Mordaza ”, 21 de agosto de 2014, en: http: mexico.cnn.com nacional 2014 08 21 el-congreso-de-sinaloa-deroga-por-unanimidad-la-ley-mordaza . Daniel Blancas y René Vega, “Acribillan al subprocurador contra la delincuencia organizada del estado de Morelos la PGR atrae la investigación y ofrece 5 millones a quien brinde información”, La Crónica, 25 de octubre de 2008 consultado en: http: .cronica.com.mx notas 2008 393527.html Por cierto, hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca Velázquez, ambos tristemente célebres por su relación con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Rael Isidro Burgos”, El Universal, “La narcofamilia de María de los Ángeles Pineda”, 4 de noviembre de 2014, en http: .redpolitica. mx nacion peril-la-narcofamilia-de-maria-de-los-angeles-pineda . 85 Armando Rodríguez Luna y Patricia Quintanar 86 En diciembre de 2009 se llevó a cabo un operativo por parte de la Secretaría de Marina para capturar a Arturo Beltrán Leyva, quien había sido ubicado en Cuernavaca y murió durante el enfrentamiento.22 Su muerte marcó el debilitamiento sustancial del grupo criminal que comandaba y la presunta asunción de Héctor Beltrán Leyva, “El H”, como su líder. Todo esto fue aprovechado por otras organizaciones altamente violentas, como la dirigida por Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie”, quien operaba en los estados de Guerrero, Morelos, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Sinaloa, y detenido en agosto de 2010.23 En este sentido, Cuernavaca fue utilizada como lugar de refugio para líderes del crimen y el tránsito de drogas en el corredor entre Acapulco y la Ciudad de México. Es de destacar que en Morelos se puede dibujar una suerte de franja vertical a lo largo de la carretera federal 95 (México-Acapulco) de norte a sur, la cual recorre catorce municipios. Esta franja concentra “86.1 de los homicidios dolosos, 91.9 de los secuestros, 89 de las extorsiones y 96.3 de los robos con violencia”.24 En este corredor que abarca a los estados de Guerrero y Morelos, se ha observado en los eltimos seis años una creciente atomización de los grupos criminales, lo cual elevó considerablemente los niveles de violencia y homicidios en ambas entidades federativas. Baste señalar que en el estado de Guerrero se ubicaron 244 cuerpos en 104 fosas clandestinas hasta el año pasado, tan sólo en Iguala, Taxco y Acapulco.25 Por su parte, en el municipio de Tetelcingo, Morelos, se encontraron 117 cuerpos en dos fosas clandestinas.26 La delincuencia organizada que ha operado en la ciudad no se ha orientado al control del territorio utilizando a la prensa y a los periodistas. Ello a pesar de que a partir de 2014 se registró el surgimiento de dos grupos criminales caracterizados por su violencia y sadismo. Se trata de “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”, enfrentados por el control del trasiego de drogas en el corredor entre Morelos y Guerrero.27 Las agresiones a periodistas provienen de autoridades de gobierno, de seguridad pública, partidos políticos y grupos sociales diversos. Lo anterior responde al panorama general de violaciones a derechos humanos que se observa en Morelos, en donde el Mando nico ha recibido un importante nemero de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los integrantes del programa “Morelos Seguro”, compuesto fundamentalmente por miembros del Ejército mexicano, son quienes menos quejas reportan, con sólo una en el periodo indicado.28 De esta forma, los agentes de la seguridad pública en Morelos son el principal factor de riesgo. Además de la evidencia que ofrecen las estadísticas sobre la propensión de éstos a utilizar la agresión como medio para ejercer sus funciones, es importante señalar que los policías de la ciudad y el estado no reciben la capacitación necesaria en materia de derechos humanos. De hecho, ellos mismos desconocen que también son sujetos de estos derechos. El abuso por parte de los mandos policiales hacia sus subordinados es una constante, lo cual también se convierte en un factor adverso para generar sensibilización. 22 23 24 25 26 27 28 Rubicela Morelos, Jeses Aranda y Gustavo Castillo, “Muere Arturo Beltrán Leyva en Morelos al enfrentar a elementos de la Armada”, La Jornada, 17 de diciembre de 2009, en: http: .jornada.unam.mx 2009 12 17 politica 005n1pol . CNN México, “La detención de La Barbie ocurrió en Lerma, Estado de México”, 30 de agosto de 2010, en: http: mexico.cnn.com nacional 2010 08 30 la-detencion-de-la-barbie-se-dio-en-lerma-estado-de-mexico . Rodrigo Peña González, “Del corredor seguro al corredor de la violencia. Análisis de una franja violenta en Morelos”, en Sergio Aguayo (coordinación académica), Atlas de la seguridad y la violencia en Morelos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, México, 2014, p. 226. Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, vía solicitud de información con folio 0001700283915. Manu Ureste, “84 cuerpos enterrados ilegalmente por autoridades de Morelos en Tetelcingo tienen huellas de tortura”, Animal político, 23 de agosto, 2016, consultado en: http: .animalpolitico.com 2016 08 84-cuerpos-hallados-fosas-del-gobierno-morelos-tetelcingo-tienen-signos-violencia . Pedro Tonantzin, “Aparecen nuevas narcomantas en Cuernavaca, Morelos”, Imagen Radio, 20 de mayo de 2014, consultado en: http: .imagen.com.mx nuevas-narcomantas-cuernavaca-morelos . Carlos Dorantes y Marcela Valdivia, “El Mando nico en Morelos. La seguridad peblica frente a los derechos humanos”, en Sergio Aguayo, op. cit., pp. 321-322. Violencia, impunidad y corrupción contra la libertad de prensa en México Por su parte, el gobierno del estado se ha caracterizado por tener una relación tensa con los medios de comunicación locales, incluyendo a una de las televisoras más importantes. Es una práctica frecuente que, al convocar a ruedas o conferencias de prensa oiciales, se impida la interacción con los periodistas presentes. La responsabilidad del gobierno del estado es crear condiciones favorables para el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, estas acciones generan un entorno de tensión y en algunos casos de polarización entre gobierno, medios de comunicación y periodistas. De igual forma, una fracción de la prensa en Cuernavaca está cooptada por el gobierno estatal, lo cual es evidente al revisar su tipo de cobertura de temas relacionados con las violaciones a derechos humanos por parte del Mando nico, así como sobre los índices de inseguridad de Morelos. Por otro lado, una parte importante de los periodistas expresa poco interés para asumir mayores responsabilidades en materia de capacitación profesional, así como sobre sus derechos humanos, civiles y laborales. Por ejemplo, una vez que son víctimas de algen tipo de agresión, la mayoría no denuncia el hecho ante la Procuraduría de Justicia del estado o ante la Comisión de Derechos Humanos estatal. Cuando llegan a hacerlo, no dan seguimiento a la denuncia. Tampoco se capacitan para desarrollar habilidades sobre prevención y autoprotección. Cabe señalar que algunos pequeños grupos de periodistas se unen cuando se presenta una situación crítica que implique agresiones al gremio o a un colega, y utilizan sus propios medios y redes sociales para denunciar. Sin embargo, no trascienden la coyuntura y, por tanto, esto abona a la impunidad.29 Si bien esta situación es estimulada por el gobierno del estado, lo cierto es que en el gremio periodístico no existen redes o vínculos suicientes para contrarrestar las acciones gubernamentales en su contra. En síntesis, los factores de riesgo para los periodistas en Morelos se identiican en tres vertientes. Primero, en torno a las condiciones adversas e incluso de enfrentamiento que genera el gobierno del estado. Segundo, en las condiciones de apatía y aislamiento entre los periodistas locales. Tercero, en los bajos niveles de sensibilidad y capacitación en materia de derechos humanos en los cuerpos de seguridad pública del estado. C V Veracruz se ha convertido en uno de los estados más violentos e inseguros del país. De 2006 a 2015 se registraron 6,889 defunciones por homicidio.30 En el mismo periodo se reportaron 548 casos de secuestro, mientras que se documentaron 3,175 delitos de extorsión.31 Este contexto de violencia empeoró debido a los incontables casos de corrupción de los dos últimos gobiernos del estado. En este contexto de violencia, el periodismo ha experimentado homicidios, secuestros, golpizas, amenazas, hackeo de páginas de internet, detenciones arbitrarias y otras formas de hostigamiento, tales como robo de material de trabajo, daños a instalaciones de medios de comunicación, etcétera.32 Todo esto ha convertido a Veracruz en uno de los estados del país con mayores niveles de violencia en contra de quienes ejercen las libertades de expresión y prensa, seguido de Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas, por mencionar algunos. 29 30 31 32 Por ejemplo, cuando se registraron las agresiones a periodistas durante la jornada de manifestaciones el 7 de febrero de 2015, los informadores denunciaban los hechos vía Twitter o Facebook, o bien, entre ellos se enviaban mensajes por WhatsApp, pero muy pocos acudieron a la autoridad judicial para levantar una denuncia. INEGI, Conjunto de datos, Mortalidad, Defunciones por homicidio, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, s.f. SESNSP, Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2016, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ciudad de México, 2016. Freedom House y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, El estado actual de la protección a la libertad de expresión en México, tomo 1, 2015, p. 15. 87 Armando Rodríguez Luna y Patricia Quintanar 88 En este entorno de violencia, los periodistas son sumamente vulnerables a diversos factores de riesgo de carácter político, social y criminal. De acuerdo con datos de la FEADLE, en el periodo 2000-2016 se registraron 16 homicidios de periodistas. Sin embargo, a través de una investigación hemerográica se encontraron 22 homicidios en el mismo periodo.33 Muchos de ellos ocurrieron en la zona centro del estado, con quince, aunque los municipios con mayor cantidad fueron Veracruz y Boca del Río. Entre las líneas de trabajo más recurrentes que seguían estos periodistas ultimados se encuentran la nota policiaca, temas de corrupción, inseguridad, abusos de poder, seguridad pública, cobertura de gobiernos municipales y estatales, crimen organizado, vínculos entre grupos delictivos y élites de la clase política, así como investigaciones sobre otros compañeros del gremio asesinados. En los casos antes mencionados no se tiene información sobre el desarrollo de las investigaciones algunas de ellas, después de varios años, siguen abiertas sin tener responsables. En este sentido, los niveles de impunidad son más elevados cuando se trata de delitos contra la libertad de expresión.34 La falta de eicacia de las instituciones de justicia deriva en bajos niveles de legitimidad y credibilidad, lo cual se traduce en una cultura de la no denuncia entre las víctimas. En el contexto de corrupción e impunidad sustentado desde la esfera del gobierno durante los últimos doce años, la denuncia puede convertirse incluso en causa de nuevas amenazas. Más allá de las condiciones estructurales de impunidad e ineicacia del sistema de justicia resulta importante destacar también que son muchos ministerios peblicos y policías ministeriales los que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Es de llamar la atención que no existan indicadores o datos oiciales de acceso peblico sobre agresiones a estos servidores peblicos. Tener este tipo de cifras también es importante para conocer el nivel de riesgo que enfrentan, así como para diseñar medidas y capacitaciones de prevención. Policías y agentes ministeriales enfrentan las mismas condiciones de riesgo e impunidad que los periodistas, lo cual conlleva limitaciones en sus funciones de investigación judicial por amenazas o por miedo al asesinato. La capacitación en materia de prevención es escasa, y en algunos casos, nula. C Q í R - Quintana Roo ha incrementado sus niveles de violencia entre 2016 y principios de 2017. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el periodo de 2006 a 2015 se registraron 1,369 homicidios, cantidad mucho menor a la presentada en estados con altos índices de violencia como Veracruz. Sin embargo, otros delitos de alto impacto, como el secuestro y la extorsión, presentan cifras altas: 115 en el primer caso y 1,374 en el segundo.35 La violencia que se observa en el estado tiene características diferenciales respecto de otras entidades, por ejemplo, en lo relativo al feminicidio. De acuerdo con Mónica Franco Muñoz, de enero de 2014 a agosto de 2015 desaparecieron en la entidad 269 jóvenes y fueron asesinadas alrededor de 150 mujeres.36 El 16 de enero se efectuó una balacera en la zona centro de Playa del Carmen durante un festival de mesica electrónica. Si bien en las primeras horas se planteó que se trató de un acto 33 34 35 36 Varios, Nuestra aparente rendición, en: http: .nuestraaparenterendicion.com tuyyocoincidimosenlanocheterrible . La Jornada, Reporteros sin Fronteras, El Universal, Proceso, CNN México, Zona Franca, Committee to Protect Journalists, Imagen del Golfo, La Nota Roja de México, Crónica, Informador, Contra línea, Ifex, Sin embargo, Aristegui Noticias, Al calor político, Excélsior, Vanguardia, Orizaba en línea, El Sol de Orizaba, La Opinión, La Prensa, e-consulta.com Veracruz, Diario de Poza Rica, Diario de México, Animal Político, Milenio y El Piñero de la Cuenca. Ibid., p. 19. SESNSP, Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2016, op. cit. Andrea Franco, Se agrava la violencia feminicida en Quintana Roo, Cimacnoticias, 3 de marzo de 2016, en: http: .cimacnoticias.com.mx node 71946 . Violencia, impunidad y corrupción contra la libertad de prensa en México cometido por un individuo, diferentes investigaciones dan cuenta de la presencia de grupos de la delincuencia organizada. Tan sólo unas horas después, un comando armado atacó las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Cancún. En Quintana Roo, durante los últimos cinco años se fue conformando una alianza entre integrantes de diferentes organizaciones criminales como Los Zetas, el Golfo, Los Pelones y el Jalisco Nueva Generación.37 En este contexto de violencia la actividad periodística también se encuentra bajo riesgo, principalmente por factores de carácter político, y cada vez también más de índole criminal. El caso más sobresaliente en contra del gremio periodístico fue el homicidio de José Alberto Velázquez López en 2009, reportero y editor que colaboraba en diversos medios, quien fue ultimado mientras viajaba en su automóvil. Como en otros casos del país, las investigaciones judiciales no han identiicado al agresor. Si bien no se presentan cantidades exacerbadas de homicidios en contra de quienes ejercen la libertad de expresión y sobre todo de prensa, las agresiones son continuas. Quintana Roo ocupa el lugar número cinco en agresiones con 88 casos registrados de 2009 a 2015, alcanzando el punto más crítico en 2014, con 44 agresiones documentadas. Estas cifras lo ubican cerca de estados como Veracruz, Guerrero y Oaxaca,38 siendo las más recurrentes las amenazas, la intimidación y la agresión física. Uno de los casos más nombrados fue el encarcelamiento arbitrario del periodista maya Pedro Canché, quien fue detenido en 2014 mientras se manifestaba en contra del alza en los precios de agua para su comunidad. Además de ser defensor de derechos sociales, realizó diversas críticas en contra del entonces gobernador del estado Roberto Borge. Canché ya había recibido amenazas en 2013, a través de las cuales le aseguraban que sería encarcelado. Después de nueve meses en la cárcel, fue liberado en 2015 y declaró que en Quintana Roo los medios de comunicación y la libertad de expresión están cooptados.39 Los márgenes de la libertad de expresión en el Estado están deinidos por la élite política y empresarial vinculada al desarrollo de centros turísticos y a la depredación del medio ambiente. C La violencia, la corrupción y la impunidad que afectan al país ha golpeado a las libertades de prensa y expresión. El principal efecto sobre el periodismo ha sido la autocensura, la cual se ha convertido en el mecanismo de autoprotección más frecuente para el grueso de los periodistas. En el fondo, la ineicacia del sistema de justicia a nivel federal para investigar las agresiones contra los reporteros se convierte en el principal incentivo para que contineen las amenazas, los secuestros y los homicidios en su contra. Si bien se realizan esfuerzos en algunas instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil por contrarrestar las condiciones de vulnerabilidad de los comunicadores ya señaladas, existen dinámicas y círculos de violencia y corrupción que impiden alcanzar mayor impacto. En el nivel local se encuentran las mayores resistencias para cambiar estas condiciones, en donde los poderes fácticos de tipo político, criminal o empresarial se constituyen como el principal obstáculo. La con uencia de este tipo de actores conforma una lógica de poder ante la cual la mayoría de los informadores son sumamente vulnerables. Las precarias condiciones laborales, al igual que los bajos niveles de profesionalismo y capacitación, alimentan la vulnerabilidad y el riesgo. 37 38 39 El Debate, “Guerra del narco detonó la balacera en Playa del Carmen”, 18 de enero de 2017, en: http: .debate. com.mx mexico Guerra-del-narco-detono-la-balacera-en-Playa-del-Carmen-20170118-0018.html . Artículo 19, Informe M.I.E.D.O, 2015, p. 16. Carlos Águila Arreola, “Liberan en QR al periodista maya Pedro Canché”, La Jornada, 30 de mayo de 2015, en: http: .jornada.unam.mx 2015 05 30 estados 028n2est . 89 Armando Rodríguez Luna y Patricia Quintanar De igual forma, un sector importante de los funcionarios de gobierno del área de justicia están inmersos en el mismo contexto que los periodistas. La mayoría de ellos maniiestan la necesidad de contar con otras condiciones institucionales que les permitan alejarse de la corrupción y la impunidad, que muchas de las veces proviene de los altos mandos. Por ello, resulta fundamental que los integrantes del Poder Judicial sean protegidos en el ejercicio de su trabajo. En estas condiciones nacionales y locales es muy importante fortalecer el trabajo de sociedad civil, organismos internacionales y gobierno para construir mecanismos de capacitación que conlleven el trabajo conjunto entre periodistas y funcionarios de seguridad y de justicia. La mediación y la construcción de objetivos conjuntos entre ambas poblaciones vulnerables puede signiicar una vía para mejorar las condiciones de seguridad para el ejercicio de la prensa en el país. 90 ¿Quién controla las prisiones mexicanas? Elena Azaola1 y Maïssa Hubert 2 La ausencia del Estado deja al 65 por ciento de las cárceles estatales en poder de los grupos delictivos. La sobrepoblación carcelaria y el abuso de la prisión preventiva son otras de las causas que propician graves estallidos de violencia. México ocupa el sexto lugar en el mundo por el tamaño de su población penitenciaria, sólo después, en ese orden, de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil, países que cuentan con una cantidad total de habitantes entre tres y más de diez veces mayor que la nuestra. En números redondos, el país tiene hoy 245 mil internos, 95 por ciento varones y 5 por ciento mujeres, distribuidos en 392 establecimientos penitenciarios, 22 de ellos de carácter federal y el resto de índole estatal o municipal. El 44 por ciento de la población reclusa en estos centros son presos sin condena, casi la mitad, lo cual revela, de entrada, dos de los problemas estructurales que enfrenta el sistema penitenciario mexicano: la sobrepoblación y el uso desproporcionado de la prisión preventiva. Otros problemas estructurales no menos importantes son: las condiciones de vida indignas y en ocasiones infrahumanas que padecen los internos la insuiciencia, la falta de profesionalización y las condiciones de trabajo deplorables en que labora el personal penitenciario; la corrupción; la criminalización de la pobreza; el populismo punitivo y la indiferencia tanto por parte de las autoridades como de la sociedad en general hacia la problemática que enfrentan las prisiones. Apenas unas semanas después de que el gobierno mexicano declarara su “misión cumplida” al lograr recapturar al famoso delincuente “El Chapo” Guzmán, quien en 2015 había escapado por un túnel que mandó construir hasta su celda en una prisión de máxima seguridad, un nuevo escándalo vuelve a llamar la atención sobre las cárceles mexicanas. El 11 de febrero de 2016, 49 presos fueron brutalmente asesinados y doce más heridos en la cárcel de Topo Chico, en Nuevo León, uno de los estados que en los últimos años ha venido registrando un alto número de incidentes violentos (riñas, homicidios, suicidios, motines o fugas) en sus prisiones. Aunque no está claro el motivo que desató la violencia en Topo Chico, se han señalado dos hipótesis: una, la disputa por el liderazgo y el control de la prisión entre dos jefes de un mismo grupo delictivo, Los Zetas, o bien la rebelión por parte de los presos a los que este grupo, desde hace varios años, había venido sometiendo dentro de la prisión. Cualquiera que hubiera sido la causa inmediata que desató la violencia, lo más importante es no perder de vista que se trata de un problema estructural que venía de tiempo atrás y que las autoridades estatales no pudieron resolver o decidieron ignorar. Lo que está por detrás de este con icto es la falta de voluntad por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno para recuperar el control del 65 por ciento de las prisiones estatales que, de acuerdo con los informes que ha rendido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( ), se hallan en manos de internos o de grupos delictivos, ya que las autoridades penitenciarias no cuentan con el personal ni con los recursos suicientes para mantener el control de las prisiones. Esta situación, que de por sí resulta difícil de entender y de explicar, es mucho más frecuente en las prisiones de América Latina de lo que suele reconocerse. 1 2 Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, eazaola@ciesas.edu.mx Coordinadora del Programa “Sistema Penitenciario y Reinserción Social”, de Documenta A. C., maissa@documenta. org.mx 91 Elena Azaola y Maïssa Hubert L 92 á Volviendo al caso de Topo Chico, baste decir que teniendo una población de casi cuatro mil internos, cuenta únicamente con cien guardias, es decir, alrededor de 33 por turno, lo que signiica que cada uno de ellos tendría que ser capaz de controlar a más de cien reclusos. Mantener un equilibrio, aunque sea precario, en una situación como ésta, demanda necesariamente que las autoridades se apoyen en un grupo de internos con la capacidad y la fuerza suicientes para asegurar el control. Ciertamente que si a ello se añade una escasez de todo tipo de recursos que va desde poder encontrar un pequeño espacio donde dormir hasta la insuiciente dotación de alimentos, agua y medicinas o la escasa profesionalización del personal, los salarios de miseria que reciben y las deplorables condiciones en que laboran, el escenario está puesto para hacer prevalecer la corrupción y para dejar que, de manera natural, los más fuertes sometan bajo su dominio a los más débiles. En Topo Chico se había reportado una y otra vez durante los últimos años que el grupo que tenía bajo su control la prisión, con la complicidad de las autoridades, extorsionaba a los internos y a sus familiares, los amenazaba y los golpeaba en caso de que no cubrieran las cuotas que les imponían. Los reclusos se veían obligados a realizar extenuantes jornadas de trabajo en beneicio del grupo dominante que, además, acaparaba los escasos recursos y dejaba prácticamente morir de hambre a quienes no pertenecían a él. El día que la violencia estalló se reportó que las celdas no tenían cerraduras y que los internos podían circular libremente de día y de noche por los patios. También se hizo público que quienes fueron asesinados murieron por golpes con martillos o tablas, o por heridas con objetos punzocortantes, y que cinco de ellos fueron quemados con gasolina, por lo que fue difícil identiicarlos, así como también fue complicado identiicar a otros cuatro ya que sus nombres no aparecían en el registro de la población de reclusos. Además, se señaló que cuando las autoridades ingresaron a la prisión, descubrieron que uno de los líderes poseía una habitación grande y lujosa, perfectamente acondicionada, que incluso contaba con un acuario y un baño con sauna en donde lo visitaban mujeres que podían entrar y salir de la prisión a cualquier hora. Había otros internos, en cambio, que vivían hacinados en pequeñas celdas que carecían de agua, luz o ventilación y donde tenían que turnarse para poderse recostar. No sería extraño que estos últimos hubieran decidido participar en los hechos de violencia, aun sabiendo que morirían, porque las condiciones habían llegado a un punto que ya no podían tolerar. En cualquier caso, las autoridades no desconocían estos hechos y decidieron no actuar pese a que, apenas hacía cuatro años, también en el mes de febrero, 44 internos habían muerto en una riña similar en Apodaca, otra de las prisiones en el estado de Nuevo León. Un hecho adicional que da cuenta de la indiferencia de las autoridades acerca de la situación de las cárceles es que, entre 2012 y 2014, los recursos destinados a las prisiones en dicho estado disminuyeron en una tercera parte, a pesar del incremento de la población interna y de los numerosos incidentes de violencia que se venían registrando. Asimismo, otro motivo que provocó la indignación de los familiares de los presos consiste en que, aunque se tuvo noticia de la violencia al interior del penal desde la medianoche, las autoridades no proporcionaron ninguna información acerca de quiénes habían muerto o se encontraban heridos sino hasta más de diez horas después de que iniciaran los sucesos. Aunque los parientes de los reclusos se congregaron alrededor de la prisión y permanecieron durante la noche exigiendo que se les informara, los servidores públicos a cargo ignoraron sus peticiones, dando una muestra más de la indiferencia hacia las circunstancias que enfrentan los presos y sus familias. La otra respuesta igualmente inapropiada fue que las autoridades responsabilizaron de los sucesos a la directora del centro penitenciario y a otros dos funcionarios estatales de bajo nivel. Si bien es cierto que ellos se encontraban formalmente al frente de la responsabilidad en el momento en que ocurrieron los hechos, éstos no podrían explicarse sin la falta total de apoyo, de recursos y de personal con que contaban dichos funcionarios, además de que el grupo delic- ¿Quién controla las prisiones mexicanas? tivo tenía informalmente a la institución bajo su control incluso antes de que estos servidores públicos asumieran sus cargos y con el pleno conocimiento de esta situación por parte de los responsables estatales de primer nivel. P Estos son, a grandes rasgos, los acontecimientos puntuales en el penal de Topo Chico. Sin embargo, vale la pena insistir en que estos hechos no deben verse como un fenómeno aislado sino como parte de un problema estructural. Habría que destacar también que el sistema penitenciario nunca ha ocupado un lugar relevante dentro de las políticas públicas ni en la asignación de recursos presupuestarios para la seguridad que, particularmente en los últimos años, se han canalizado a otras instituciones que incluso participan en tareas de seguridad pública sin que legalmente les corresponda hacerlo, como es el caso de las fuerzas armadas. La crisis penitenciaria tiene que ver también con el hecho de que México se ha enfrentado a un severo incremento de la incidencia delictiva, lo cual muestra la fragilidad de las instituciones para hacer frente a delitos cada vez más serios y más complejos, que demandan competencias profesionales que el país todavía no ha logrado desarrollar en la dimensión en que se requiere. Si a ello agregamos el lanzamiento de una “guerra” en contra de las drogas que, lejos de disminuir la incidencia delictiva parece haberla alentado, tenemos entonces instituciones penitenciarias que no estaban preparadas para recibir a una signiicativa masa de delincuentes con mayores capacidades de organización y de violencia. Al respecto, el ejemplo del sistema carcelario capitalino es ilustrativo. En junio de 2016, los reclusorios preventivos varoniles Norte y Oriente se encontraban con 71 y 124 por ciento de sobrepoblación, respectivamente.3 El último “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria” señala que estos dos centros sufren hacinamiento, insuiciencia de personal de seguridad, autogobierno y cobros ilícitos, tanto por parte de los internos como de la autoridad.4 En dicho diagnóstico, todos los centros de la Ciudad de México recibieron las caliicaciones más bajas en materia de gobernabilidad. En el caso del Reclusorio Norte, representantes de los directivos han señalado que cuentan con una capacidad de custodia de 120 personas por turno. Sin embargo, una vez asegurada la vigilancia de los juzgados adjuntos, las diligencias, traslados a servicios médicos, etcétera, el centro penitenciario se queda con una capacidad de custodia inferior a cien personas para un total de 9,673 internos, es decir, con casi cien internos por custodio. Resulta imposible mantener el orden de un centro de reclusión en estas circunstancias, sin la dotación de recursos suicientes por parte del gobierno. Estos factores contribuyen a un status quo, donde la administración del reclusorio tiene que ceder parte de sus facultades a determinados internos a cambio del mantenimiento de cierto grado de paz. La falta de condiciones mínimas y salarios dignos para el personal de seguridad contribuye a que realicen cobros ilegales, aun siendo agentes estatales. Por otra parte, el repliegue progresivo del Estado ha resultado en una privatización “de facto” de los centros.5 Es decir, los internos se reparten las facultades que el gobierno no logra proveer: orden, seguridad y control sobre la distribución del espacio y los alimentos, entre otros. Sólo que este control se ejerce tanto en función de la capacidad económica de los internos como del uso de la violencia. 3 4 5 Comisión Nacional de Seguridad, Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, Ciudad de México, junio de 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2015. Consultado en: <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/ / _2015.pdf>. Véase 2016. Privatización del sistema penitenciario en México, Documenta A. C., Fundación para el Debido Proceso, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, el Instituto de Justicia Procesal Penal, Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, y México Evalúa, Ciudad de México, 2016, consultado en: <http://www.documenta.org.mx/layout/archivos/2016-agosto-privatizacion-del-sistema-penitenciarioen-mexico.pdf>. 93 Elena Azaola y Maïssa Hubert L 94 “ ” Desde 2010, se ha intentado dar respuesta a la problemática de la sobrepoblación en el sistema penitenciario federal a través de la participación de la iniciativa privada. En ese año se celebraron ocho contratos de prestación de servicios ( ) con diversas empresas constructoras mexicanas para la ediicación y operación de centros de reclusión federales. En aquel momento se decía que sólo con la participación de la iniciativa privada podría hacerse frente a la sobrepoblación y podrían proporcionarse mejores condiciones de vida a las personas privadas de la libertad. Estos contratos estipulan que las empresas construyen, administran y gestionan la provisión de una serie de servicios a los centros penitenciarios por un periodo que puede ir de veinte a treinta años, mientras que el Estado les paga una “renta” y, al concluir el contrato, recibe las instalaciones, que pasan a ser de su propiedad. Durante el periodo de vigencia del contrato, la empresa asume los servicios de alimentación, mantenimiento, educación, deporte, recreación y tratamiento contra las adicciones, recibiendo por ello un pago por cada lugar en la capacidad instalada del centro, independientemente del número de reclusos real que lo habiten. El Estado, por su parte, se reserva la administración superior del establecimiento, en particular, la seguridad del centro, la custodia de los internos y los servicios de salud. Estos contratos generan, por tanto, un incentivo perverso para utilizar todos los espacios con los que cada establecimiento cuenta, ya que de todas formas el Estado se ha comprometido a pagar por ellos, se ocupen o no. A seis años de distancia, hoy se cuenta con seis nuevos centros federales que operan bajo el esquema de prestación de servicios antes descrito, y si bien la sobrepoblación y el autogobierno han desaparecido, existen otros resultados que resultan preocupantes. En primer lugar, la privatización ha delegado funciones cruciales del Estado a empresas seleccionadas mediante un proceso que carece de transparencia. Todavía más, el gobierno se ha negado a proporcionar información acerca de dichos contratos, argumentando “razones de seguridad nacional”. Por lo tanto, “la participación privada en su diseño, operación y mantenimiento implica transferir funciones de seguridad a pesar de que las personas encargadas de ella y de la custodia formen parte de las instituciones públicas”.6 Adicionalmente, y a pesar de la relevancia del tema, las adjudicaciones se hicieron de manera directa, sin concurso público y sin que, a la fecha, se conozcan los criterios que se utilizaron para la elección de las compañías. Por otra parte, también preocupa la falta de planeación con la que se llevó a cabo la construcción de estos nuevos centros. Por un lado, en cuanto a la operación, la privatización no ha resuelto la falta de recursos del sistema. De hecho, los centros padecen de insuiciencia en cuanto al personal de custodia y de salud. También otros servicios, como la educación, la capacitación y el acceso al trabajo carecen de empleados suicientes, a pesar de estar previstos en el contrato de prestación de servicios y de ser imprescindibles para la reinserción social de las y los internos. Un problema adicional importante lo constituye la ubicación de los nuevos centros, ya que se encuentran en lugares de difícil acceso tanto para el personal como para los familiares. En el caso del Centro Federal de Rehabilitación Social (Cefereso) de Michoacán, por ejemplo, el lugar que se eligió ha diicultado incluso su construcción y también compromete su seguridad. Otro caso es el del fallido Centro Federal de Papantla, cuya construcción no se ha concluido debido a las diicultades del terreno. Lo anterior se debe, entre otras razones, a que en todos los casos los terrenos han sido aportados por las empresas y no por el Estado. Finalmente, el hecho de que se cobre una renta al gobierno federal por cada interno ha tenido como consecuencia que se afecten los derechos de estos últimos, ya que se han realizado traslados masivos a los centros sin tomar en cuenta el lugar de residencia de los prisioneros y de sus familias, diicultando con ello que puedan recibir visitas y, por lo tanto, que se cumpla uno de los propósitos fundamentales de purgar la pena, que es la reinserción social. 6 Véase íbidem. ¿Quién controla las prisiones mexicanas? Otro caso es el del Cefereso Femenil núm. 16, en el estado de Morelos, que teniendo capacidad para 2,500 internas, alberga a 1,339 mujeres que fueron trasladadas a principios de 2016. Los traslados se llevaron a cabo en la mayoría de los casos sin su consentimiento, haciendo uso de la fuerza y de agresiones sexuales. Las mujeres reclusas en este centro tampoco cuentan con actividades educativas, laborales, deportivas o culturales, además de tener un acceso a la atención médica muy escaso y deiciente, a todo lo cual es preciso sumar que resulta muy difícil y costoso para sus familias acudir a visitarlas. Resulta preocupante, asimismo, que, como solución a la crisis penitenciaria, se hubiese privilegiado únicamente la construcción de infraestructura, de centros carcelarios de grandes dimensiones, que han resultado sumamente costosos y que se encuentran subutilizados, ya que no se han puesto en marcha los programas educativos, laborales, deportivos y culturales previstos para la reinserción social de los presidiarios. Tampoco han mejorado las condiciones laborales del personal que los atiende. Esta solución se adoptó sin considerar otras que quizás podrían tener mejores resultados que el encierro, como lo sería el diseño y gestión de un sistema de medidas alternativas a la prisión. Otro buen ejemplo de la falta de visión gubernamental lo constituye nuevamente la Ciudad de México. En efecto, frente a problemas similares a los del sistema federal (en lo relativo a sobrepoblación e instalaciones inadecuadas), se decidió la construcción de dos centros bajo un esquema de . Seis meses después de la inauguración de los centros varoniles de seguridad penitenciaria (Cevasep) y , éstos sólo se encuentran ocupados al 23 y 14 por ciento de su capacidad, respectivamente. La razón tiene que ver con que se optó por la construcción de dos instalaciones de máxima seguridad con estrictas condiciones para la selección y el ingreso en una entidad donde la mayor parte de la población penitenciaria se encuentra sentenciada por robo. Lo anterior ocurre al mismo tiempo que otros de los presidios capitalinos presentan una sobrepoblación que rebasa en más del 50 por ciento su capacidad instalada. L á La participación de empresas constructoras en el sistema penitenciario ha favorecido la ediicación de complejos carcelarios de grandes dimensiones con el inconveniente, además, de haber adoptado de manera acrítica el modelo estadounidense de las prisiones de súper máxima seguridad. Este modelo se caracteriza por la imposición de rigurosos regímenes de control, de aislamiento y de represión que, además de ser excesivos e innecesarios para la gran mayoría de la población recluida, resultan contraproducentes y son violatorios de los derechos de los presos, aunque por razones distintas a las que tienen lugar en las prisiones estatales. Para decirlo de manera rápida y esquemática: mientras que en estas últimas hay una completa ausencia de autoridades, en las federales lo que tenemos es una excesiva opresión por parte del Estado. Entre otras violaciones, se han denunciado el uso prolongado y excesivo de esposas en las manos y los pies el coninamiento solitario el encierro en las estancias durante 22 horas al día y, para los familiares, revisiones invasivas tanto para los adultos como para los menores, con toma de huellas digitales y del iris.7 Recientemente, este modelo fue duramente criticado por la Fiscalía General de Estados Unidos.8 Un estudio riguroso que comparó cárceles federales públicas y privadas concluyó que la 7 8 Familiar de una persona privada de la libertad, “¿Y los derechos de quienes tenemos un familiar en prisión?”, mayo de 2016. Consultado en: <http://presunciondeinocencia.org.mx/justicia/item/1320-y-los-derechos-humanos-de-quienes-tenemos-un-familiar-en-prision>. Matt Zapotosky y Chico Harlan, “Justice Department Says It Will End Use of Private Prisons”, agosto de 2016. Consultado en: <https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2016/08/18/justice-department-says-it-willend-use-of-private-prisons/?utm_term=.f8cf414f41f2>. 95 Elena Azaola y Maïssa Hubert 96 privatización no respondió favorablemente a las expectativas. El reporte señala que las cárceles privadas “simplemente no proveen el mismo nivel de servicios correccionales, no suponen un ahorro signiicativo de costos y no mantienen el mismo nivel de seguridad”.9 Peor aún, revela que estos centros presentan un número de incidentes violentos ocho veces superior al que sucede en los presidios públicos. También en nuestro país, de acuerdo con el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, de 2015, entre los que sufrieron una mayor incidencia en riñas se encuentran los centros federales “ ”, núms. 12 y 13, con 165 y 99 casos, respectivamente, tan sólo en el transcurso del año 2014. También señala que, de las 310 quejas que ha recibido de cárceles federales, 54 por ciento provienen de los centros “ ”, núms. 12 y 16, con 165 y cuatro quejas cada uno.10 En síntesis, también en México se han invertido cuantiosos recursos ya que, mientras que mantener un interno en un centro estatal cuesta al día 150 pesos en promedio, en un centro contratado con inversionistas privados el Estado paga por lo menos 1,500 pesos al día, y ello sin que se observe una mejora sustantiva en las condiciones de vida de las personas recluidas. La diferencia en el costo se explica por la naturaleza de los nuevos ediicios, que cuentan con infraestructura y equipos de máxima seguridad, con muros, alambradas, cerraduras, controles, cámaras, aduanas y maquinarias que incrementan sustantivamente el valor de los inmuebles. Estas condiciones tienen consecuencias duras sobre el modelo carcelario que tienden a desconocer las necesidades más elementales tanto del personal como de las reclusas y los reclusos, poniendo en entredicho la posibilidad de su reinserción social. P í Por último, otro elemento que, además de la tradicional política de relegamiento de las prisiones, in uye para que éstas no sean vistas con interés y consideradas como una prioridad como tendrían que serlo, tiene que ver con las políticas y el discurso gubernamental de los últimos años, que tiende a estigmatizar a los delincuentes y a colocarlos como enemigos del Estado; es decir, como si no pertenecieran a la misma comunidad que el resto de la sociedad. Ello trae como resultado que los derechos al debido proceso o los derechos de los sentenciados sean vistos con recelo por amplios sectores sociales, pues se considera que, por ser enemigos, no merecen un trato digno y legal, sino que ameritan ser eliminados, expulsados y aislados del resto de la sociedad. Todo esto en lugar de diseñar políticas que se ocupen de indagar y atender las causas que se encuentran en la raíz del incremento delictivo. Entre otros factores, estas políticas son las responsables de la grave crisis de derechos humanos que enfrenta hoy en día el país y que ha dejado como saldo la pérdida, entre 2008 y 2015, de más de 180 mil vidas humanas, así como la desaparición de más de 27 mil personas, y la existencia de miles de ejecutados, torturados, desplazados y detenidos de manera ilegal o arbitraria. Miles de víctimas directas e indirectas de estos sucesos todavía esperan tener acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de los daños. Es dentro de este contexto insoslayable que debe situarse la actual crisis de las prisiones mexicanas como una pieza más de lo que también ha de entenderse como una crisis de la seguridad y de los derechos humanos, cuya salida, desafortunadamente, no parece estar próxima. 9 10 Mirte Postema, “Cárceles privadas: el vecino cancela, aquí aprueban”, agosto de 2016. Consultado en: <http://mexicoevalua.org/2016/08/25/carceles-privadas-el-vecino-cancela-aqui-aprueban/>. Véase íbíd., p. 5. Los caminos de la legalización de la marihuana en México Irma Kánter Coronel1 I El debate sobre la legalización de la marihuana no es un tema nuevo en México; sin embargo, en la actualidad ha alcanzado gran notoriedad pública debido básicamente a dos causas. La primera hace referencia a las nuevas posiciones adoptadas en diversos países en favor de su despenalización y a las distintas experiencias que estos procesos ofrecen a México, una de las naciones más afectadas por el narcotráico. La “guerra contra las drogas”, desplegada a inales de 2006 por el gobierno federal y sustentada en una estrategia de carácter principalmente militar, ha cobrado la vida de alrededor de 200 mil personas hasta inales de 2016. A estas pérdidas se suman otros costos igualmente importantes como los desplazados de sus comunidades por los elevados niveles de violencia; la corrupción de diversas instituciones públicas; la constante violación a los derechos humanos; y las miles de personas encarceladas como resultado de la legislación sobre drogas. La segunda causa se relaciona con el fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( ) que, en noviembre de 2015, determinó la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud (235, 237, 245, 247 y 248) y otorgó un amparo federal a cuatro personas para cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana con ines ledicos o recreativos. Este fallo se basó en el reconocimiento de que la prohibición del consumo personal de marihuana es contraria al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Una de las consecuencias de esta resolución es la conformación de dos realidades jurídicas paralelas que se viven hoy día en México: la que aplica a las cuatro personas amparadas y protegidas por la justicia federal para el uso personal y recreativo de la marihuana, y la que norma a la mayor parte de la población mexicana. Estos factores revivieron la discusión en torno al uso y la legalización de la marihuana en México, polémica que se extiende hasta el día de hoy sin que existan conclusiones deinitivas. En estas discusiones también participó de forma muy activa la sociedad civil, realizando foros públicos y convocando a grupos civiles en favor de la legalización de la marihuana.2 El tema también se vio in uido por una ola legalizadora que proviene de América del Sur y de Estados Unidos por los cambios legales que tuvieron lugar en Uruguay desde el año 2013 (véase Anexo, parte ),3 así como en California. Por la gran importancia y las implicaciones que este debate tiene en la agenda política, el presente análisis aborda el tema del cannabis en México y ofrece un panorama general sobre su situación actual. Un estudio de la fundación Friedrich Ebert señala que en México el esfuerzo en favor de la contención y prohibición destina 16 veces más recursos inancieros para el control de la oferta, que en políticas preventivas y de salud para evitar el consumo.4 1 2 3 4 Investigadora en la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales Espolea y México Unido contra la Delincuencia, así como el patrocinio al fomento de los debates públicos de fundaciones internacionales como la Friedrich Ebert Stiftung y Open Society. México Unido contra la Delincuencia, Terminando la guerra contra las drogas: cómo ganar el debate en América Latina, Transform Drug Policy Foundation, Ciudad de México, 2013. Aram Barra, “La política de drogas en México: prevención, reducción de daños y reasignación presupuestal”, en Perspectivas, núm. 1, Friedrich Ebert Stiftung, Ciudad de México, agosto de 2013. 97 Irma Kánter Coronel 98 La legalización del cannabis en Estados Unidos ha despertado gran interés en México, en especial la regulación con ines recreativos que se aprobó el 8 de noviembre de 2016 en California, por las distintas implicaciones que tiene en territorio mexicano, principalmente en la frontera norte. California es uno de los cuatro estados que limita con México, además de que es el más poblado y rico del territorio estadounidense, en donde residen alrededor de 37.5 millones de habitantes, de los cuales los latinos representan el grupo étnico más numeroso. En ese estado se concentra cerca de la mitad de la industria del cannabis de los Estados Unidos de América, y fue el primero en legalizar, desde 1996, el uso médico de marihuana. Con la legalización para su uso recreativo es de esperar que en los próximos años la industria legal del cannabis se expanda y California viva un auge económico que puede llegar a signiicar entre siete mil y 22 mil millones de dólares en cuatro años, generando alrededor de mil millones en impuestos estatales. En cambio, al otro lado de la frontera, en México, se siguen destinando recursos económicos y exponiendo la vida de las fuerzas de seguridad del Estado y de miles de ciudadanos en una lucha estéril, sangrienta y contraproducente para erradicar y decomisar cargamentos de marihuana. En este sentido, los programas de cooperación para el combate a las drogas en el país, que tienen el respaldo del gobierno federal de Estados Unidos, como la Iniciativa Mérida, se contraponen con la legalización a nivel estatal del empleo para ines médicos, cientíicos y recreativos de la marihuana (véase Anexo, parte ). De las sustancias ilícitas, el cannabis es la de mayor consumo a nivel mundial; sin embargo, no existen datos precisos sobre la extensión de los cultivos y la producción potencial de los mismos. Las cifras que se manejan en diversos informes son más bien indicativas, algunas de ellas con importantes rangos de variación, lo que indica la gran incertidumbre que existe en torno a las estimaciones realizadas. A í cannabis Durante mucho tiempo el cannabis ha tenido una notable importancia en el régimen internacional de iscalización de drogas. En la actualidad se basa en la Convención nica sobre Estupefacientes, donde se limitó la producción, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión del Cannabis sativa (cannabis), y se autorizó exclusivamente para ines médicos y cientíicos. En esta Convención el cannabis se clasiicó dos veces: en la Lista I, como parte de las sustancias muy adictivas y de probable uso indebido, mientras que la segunda clasiicación corresponde a la Lista , en donde se incluyeron a los estupefacientes clasiicados en la Lista I, pero con “propiedades particularmente peligrosas” y de “escaso o nulo valor terapéutico”.5 La inclusión del cannabis en estas listas ha sido objeto de controversia, pues con ella se negó la posibilidad de reconocer la utilidad de la planta para ines médicos y terapéuticos, además de que representó uno de los intentos más importantes por limitar su uso exclusivamente a la investigación. A lo largo de la historia, el cannabis ha tenido diversos ines: se ha utilizado como fuente de alimento, en la fabricación de textiles, así como para ines médicos, espirituales, religiosos y recreativos o ledicos. Algunos de estos usos se extienden hasta la actualidad. Incluso uno de los productos que se derivan de esta planta, la marihuana, es la sustancia ilícita de mayor consumo en todo el mundo, incluyendo México. La composición química del cannabis es bastante compleja, puesto que contiene más de 500 compuestos químicos diferentes y más de sesenta cannabinoides (itocannabinoides), de los cuales el Delta9-tetrahidrocannabinol ( 9o ) es el principal compuesto psicoactivo de la marihuana, el más abundante y al que se le asocian diversos usos 5 Transnational Institute ( ), Auge y caída de la prohibición del cannabis. La historia del cannabis en el sistema de control de drogas de la onu y opciones de reforma, , Amsterdam-S ansea, 2014. Los caminos de la legalización de la marihuana en México médicos y terapéuticos.6 La potencia del cannabis, que se mide por el grado de concentración del , ha aumentado de manera constante desde las décadas de los ochenta y noventa del siglo 9 pasado, en donde el promedio de cantidad de podía variar entre 3.7 y 7.5 por ciento según el tipo de planta y las técnicas utilizadas para su cultivo. Sin embargo, en la actualidad algunos extractos del cannabis pueden dar lugar a productos con cantidades extremas del de hasta el 80 por ciento. Otros compuestos de la planta son el cannabidiol ( ) y el cannabinol ( ). El cannabis se cultiva en diversos climas y altitudes, desde el nivel del mar hasta tres mil metros de altura, puede crecer en cualquier zona geográica y desde hace ya varias décadas esta planta se siembra en grandes extensiones en todo el mundo. En el caso particular de México, el cultivo del cannabis se extiende a casi todos los estados del país, pero la mayor producción corresponde a las regiones que cuentan con las condiciones adecuadas en cuanto a altitud, clima, disponibilidad de cuerpos de agua para favorecer el crecimiento de las plantaciones, además de una orografía accidentada que diiculte el acceso a la zona y encubra los plantíos para que no puedan ser detectados por las autoridades correspondientes. Una de las zonas geográicas con mayor incidencia en cuanto al cultivo de cannabis es la región conocida como el “Triángulo Dorado del Narcotráico”, ubicada entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, en el noroeste del país. Otras entidades con producción signiicativa son Guerrero, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca y Sonora. En el caso particular de México, las estimaciones del gobierno estadounidense señalan que durante el periodo que va de 1999 a 2001, la supericie cultivada de marihuana se incrementó de 122,500 a 169,800 hectáreas. Por el contrario, Naciones Unidas considera que se dio un descenso de 160,100 a 144,800 ha en el mismo periodo. Cifras más recientes consideran que la producción de marihuana en México fue de 7,400 toneladas métricas en 2001, y pasó a 21,500 en 2008, lo que se traduce en un incremento de aproximadamente 190.5 por ciento en sólo siete años.7 Estas cifras exponen claramente lo difícil que resulta, con la limitada y fragmentada información de que se dispone, realizar un análisis a lo largo del tiempo de la supericie cosechada con cannabis. Una alternativa para dimensionar la magnitud de la producción de la planta en el territorio nacional es el indicador sobre el número de hectáreas erradicadas. Los reportes de detección y destrucción de cultivos ilícitos en México permiten identiicar una tendencia claramente descendente en los plantíos de cannabis erradicados, que pasaron de 31,061.4 ha en el año 2000 a 2,459.8 en 2016, lo que se traduce en una disminución de alrededor de 92.1 por ciento en un lapso de sólo 16 años. Las mayores afectaciones se dieron entre 2000 y 2006, puesto que 219,028 hectáreas sembradas con cannabis fueron erradicadas. El punto máximo se alcanzó en 2003, cuando las fuerzas de seguridad del Estado mexicano destruyeron 36,585 ha. En los siguientes años, hubo un descenso muy pronunciado en los plantíos de cannabis erradicados, pues entre 2007 y 2012 solamente se afectaron 99,856 ha, es decir, 119,172 menos que en el periodo anterior. Este descenso se acentúa durante 2013 y 2016, en donde se destruyeron sólo un total de 19,644 ha, las cuales, comparadas con los anteriores años, pueden considerase poco signiicativas (véase Gráica 1). 6 7 Para mayor información véase Raquel Peyraube y José Carlos Bouso, ¿Marihuana como medicina? Usos médicos y terapéuticos del cannabis y los cannabionoides, México Unido contra la Delincuencia, Ciudad de México, 2015. Para mayor detalle, véase Gerardo Guajardo Cante, Aram Javier Villasana Falcón y Ana Lucía Cárdenas Gaehd, “Revisión de la política de drogas en México. Estimaciones: México, 2011”, trabajo presentado en las “Audiencias peblicas para las alternativas de regulación de la marihuana”, Senado de la Repeblica, Legislatura y Cámara de Diputados Legislatura, Ciudad de México, enero de 2016. Disponible en: <http: .senado.gob.mx marihuana/sala.php>. Consultado en octubre de 2016. 99 Irma Kánter Coronel i Gráica 1 H Mé i i 2000 2016 40,000 35,000 Hectáreas 30,000 100 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 F : elaboración propia con base en Presidencia de la República, IV Informe de Gobierno, 2016. Disponible en <https: .gob.mx . Consultado en noviembre de 2016. Todo indica que este descenso en las extensiones de los cultivos de cannabis erradicadas en los últimos 16 años en México se relaciona con una disminución de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos, así como con la despenalización de la producción, venta y consumo de cannabis en diversos estados de esa nación. Hasta hace algunos años, entre 40 y 70 por ciento de la marihuana que se consumía en el país vecino se importaba de México, pero en la actualidad los cárteles mexicanos se enfrentan a nuevos productores estadounidenses que cultivan cannabis de mejor calidad. Por ello, la producción de marihuana está dejando de ser un negocio redituable para los narcotraicantes nacionales, que han optado por transitar del cultivo del cannabis a la amapola (adormidera), de donde se extraen los componentes naturales para producir, entre otras drogas, la goma de opio, la morina y la heroína, opiáceos con una demanda creciente en el mercado estadounidense y que generan ganancias de miles de millones de dólares al año para las organizaciones criminales de México (véase Cuadro 1). En cuanto a las ganancias económicas que genera el tráico de drogas, estimaciones de Guajardo, Villasana y Cárdenas han señalado que en 2011 los ingresos por la venta de narcóticos uctuaron entre 2,066.3 y 8,713.6 millones de dólares, de los cuales los dividendos netos representan entre 12 y 16 por ciento, esto es, entre 252.9 y 1,417.7 millones de dólares. La marihuana genera entre 33 y 41 por ciento de los ingresos de esas ventas y entre 43 y 45 por ciento de las utilidades netas que obtienen los cárteles mexicanos por el narcotráico.8 Otros análisis consideran que el valor comercial de la marihuana en México es de cuarenta dólares la libra, mientras que en Estados Unidos tiene un precio promedio de 400 dólares la libra, esto es, diez veces más. Los precios de venta y las ganancias obtenidas son mayores en el caso de la marihuana de 8 Gerardo Guajardo Cante, Aran Villasana Falcón y Ana Lucía Cárdenas Gaehd, “Una revisión a la política de drogas en México”, Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Peblicas ( ), Madrid, España, 2012. Disponible en: <http: .gigapp.org index.php publicaciones catalogo publication sho 550 . Consultado en octubre de 2016. Los caminos de la legalización de la marihuana en México alta potencia conocida como “sin semilla”.9 Algunos analistas señalan que las organizaciones criminales mexicanas reciben ganancias anuales de entre mil y dos mil millones de dólares por la venta de marihuana en el territorio norteamericano, lo que representa entre el 15 y el 26 por ciento de sus ingresos totales.10 P Mé i i i i Cuadro 1 i i í i i i 2000-2016 Erradicación de cultivos ilícitos Porcenta e A o Hectáreas totales Marihuana Amapola 2000 46,779.3 66.4 33.6 2001 47,851.6 60.1 39.9 2002 49,932.8 61.6 38.4 2003 56,619.3 64.6 35.4 2004 46,778.1 66.0 34.0 2005 52,466.1 58.8 41.2 2006 47,051.4 64.1 35.9 2007 34,726.2 67.1 32.9 2008 31,849.5 58.6 41.4 2009 31,514.3 53.0 47.0 2010 34,065.7 54.5 45.5 2011 29,819.8 45.0 55.0 2012 24,950.9 36.7 63.3 2013 p/ 20,027.8 26.8 73.2 2014 p/ 27,701.9 21.0 79.0 2015 p/ 32,411.2 18.5 81.5 2016 p/ 18,426.8 13.3 86.7 p/ Cifras preliminares. Para 2016 datos preliminares al 31 de julio. F : elaboración propia con base en Presidencia de la República, iv Informe de Gobierno, 2016. Disponible en: <https: .gob.mx . Consultado en noviembre de 2016. Es de esperarse que en los siguientes años se reduzcan las ganancias de los cárteles mexicanos por la venta y distribución de marihuana en Estados Unidos, debido a la creciente producción legal de cannabis en ese país, a la despenalización del uso de la marihuana en distintos estados y al aumento de la calidad del producto.11 Es así como los narcotraicantes nacionales se enfrentan a nuevas condiciones de mercado y a una competencia legal, protegida y regulada por las autoridades estatales del vecino país del norte. 9 10 11 Organización de los Estados Americanos ( ), El problema de drogas en las Américas. Estudios sobre la economía del narcotráico, Organización de Estados Americanos, ashington, D. C. Disponible en: http: .oas.org es centro_informacion/publicaciones.asp>. Consultado en noviembre de 2016, p. 138. Daniel Porto C., “La economía del narcotráico y su dinámica en América Latina”. en conos, Revista de Ciencias Sociales. núm. 47, septiembre de 2013, Quito, Ecuador, pp. 135-153. Arturo Rocha, “Política de drogas: lecciones para México”, en Nexos, Ciudad de México, febrero de 2014. Disponible en: .nexos.com.mx ?p 18367 . Consultado en noviembre de 2016. 101 Irma Kánter Coronel L 102 La marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en todo el mundo y se cultiva en casi todos los países del planeta. Segen el “Informe Mundial sobre las Drogas 2016”,12 entre 128 y 234 millones de personas de 15 a 64 años consumieron marihuana por lo menos una vez en el año anterior al estudio, lo que representa aproximadamente 3.8 por ciento de la población mundial. Esta proporción se ha mantenido prácticamente estable desde 2014 y es 27 por ciento más alta que en 1998.13 Alrededor de 24 por ciento del total de usuarios de marihuana se ubican en la región de las Américas, pero con una gran heterogeneidad entre países. Su consumo entre la población escolar es superior a 20 por ciento en Antigua y Barbuda, Canadá, Chile y Estados Unidos, mientras que en países como El Salvador, Honduras, Panamá y Brasil, la prevalencia es menor a 5 por ciento; Estados Unidos y Canadá son los países con los mayores índices de consumo de esta sustancia.14 En el caso mexicano, los escasos datos disponibles, como los de la Encuesta Nacional de Adicciones ( ) 2011, reportan que cerca de un millón 200 mil personas, de doce a 65 años, consumieron alguna sustancia ilícita en los doce meses anteriores a la realización de la encuesta; de los cuales 0.7 por ciento eran fármacodependientes. La marihuana fue la sustancia ilícita más utilizada y representó 80 por ciento del consumo total de drogas; la cocaína se ubicó en segundo lugar con un consumidor por cada 2.4 usuarios de marihuana. 15 Los niveles más elevados de empleo de sustancias ilícitas (2.8 por ciento) se registraron en los estados del norte del país (Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa) y la prevalencia más baja correspondió a los de la región sur (0.6 por ciento): Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco. Respecto de la utilización de sustancias ilícitas alguna vez en la vida (incidencia acumulada), la marihuana fue también la droga de mayor preferencia, con un signiicativo incremento entre 2002 y 2011, periodo durante el cual pasó de 3.5 a 6 por ciento. Es decir, en sólo nueve años su consumo entre la población mexicana de doce a 65 años registró una elevación de alrededor de 71.4 por ciento. La edad promedio para el inicio en el uso de narcóticos fue de veinte años para las mujeres y 18 años en los hombres, mientras que la práctica de consumir alcohol comienza en edades más tempranas: 16.6 años en los hombres y 19 en el caso de las mujeres. Datos más recientes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 señalan que la marihuana es la sustancia ilícita más consumida en la secundaria y el bachillerato. La prevalencia de esta sustancia alcanzó alguna vez el 10.6 por ciento de los estudiantes (6.1 en secundaria y 18.1 en bachillerato) y da cuenta del 62 por ciento del consumo de drogas ilegales y médicas entre este segmento de población.16 12 13 14 15 16 , Informe Mundial sobre las Drogas 2016, Oicina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( ), Viena, 2016 ( .unodc.org). La marihuana se consume generalmente como cigarrillo o por medio de pipas comunes o de agua (cachimbas). Entre los nombres más conocidos de esta sustancia en español se encuentran los de mota, canuto, carrujo, pasto, huato, mafu, juana, juanita, hierba, cartuchos, churros, yoints, mala yerba, marinaje, porro, toque, entre otros. La marihuana también se puede consumir como tópicos, tinturas, cápsulas y parches. Organización de los Estados Americanos ( ), Secretaría de Seguridad Multidimensional, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y Observatorio Interamericano de Drogas, Informe del uso de drogas en las Américas 2015, ashington, D. C., 2015. Disponible en: http: .oas.org es centro noticias comunicado prensa. asp?sCodigo C-154 15 . Consultado en noviembre de 2016. Sobre los avances legales véase el Anexo del presente texto. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Salud Pública y Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Ciudad de México, 2012. Disponible en: < .conadic.gob.mx, .cenadic.salud.gob.mx, .insp.mx . Consultada en octubre de 2016. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Comisión Nacional contra las Adicciones, Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz ( ), Ciudad de México, 2015. Los caminos de la legalización de la marihuana en México L En el actual debate sobre la penalización-legalización de la marihuana, diversos analistas han señalado que uno de los efectos adversos de la actual estrategia penal seguida para hacer frente a los problemas vinculados con las drogas en México ha sido el encarcelamiento tanto de actores menores relacionados con el tráico ilícito como de consumidores con posesiones de cantidades pequeñas de alguna sustancia ilícita, principalmente marihuana y cocaína. Al respecto, la evidencia empírica muestra que del total de delitos del fuero federal cometidos en 2013 (98,189), casi 20 por ciento (19,366) fueron delitos contra la salud tipiicados tanto en el Código Penal Federal (8,836) como en la Ley General de Salud (9,228), así como en la Ley General contra la Delincuencia Organizada (1,302). De acuerdo con el Código Penal, de los 8,836 delitos contra la salud que se reportaron ese año, casi 57 por ciento (5,009), fueron por posesión de sustancias ilícitas, seguidos aunque con un margen muy amplio por los delitos de comercio (9.7 por ciento), transporte (7.5), producción (5.3), tráico (0.6) y suministro (0.4) (véase Graica 2). Di i i Gráica 2 i Código Penal ederal Posesión 56.7% Otros 19.9% Comercio 9.7% Transporte 7.5% Producción Tráfico Suministro , 201 5.3% 0.6% 0.4% F : elaborada a partir de Secretaría de Gobernación ( ), Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa 2012-2014, , Distrito Federal, 2014. Disponible en: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx or models SecretariadoEjecutivo Resource 28 5 images Publicacionfuerofederal(2).pdf>. Consultado en noviembre de 2016. En el caso de los 9,228 delitos tipiicados en la Ley General de Salud ( ), 84.4 por ciento (7,969) fueron delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y 13.6 por ciento se incluyeron en otros delitos previstos en esa Ley. Por su parte, los delitos contra la salud tipiicados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ( ), sumaron 1,302, de los cuales 95.6 por ciento se clasiicaron dentro de “Otros delitos previstos en la ” y 4.4 por ciento (57) como delitos contra la salud, pero sin ahondar en detalles. Un estudio realizado por Bergman et al., sobre el delito y la población carcelaria en el Distrito Federal y el Estado de México,17 pone de maniiesto que los presos por delitos contra la salud en las cárceles de estas dos entidades federativas representaron 5.5 por ciento en 2002, 7.2 17 Marcelo Bergman et al., Delito y cárcel en México: deterioro social y desempeño institucional. Reporte histórico de la población carcelaria en el Distrito Federal y el Estado de México, 2002 a 2013: indicadores clave, Centro de Investigación y Docencia Económicas ( ), Ciudad de México, 2014. 103 Irma Kánter Coronel 104 en 2005, 8.6 en 2009 y 2.1 en 2013. La mayoría de los internos por este tipo de delitos fueron detenidos por comercializar con marihuana y cocaína por montos inferiores a 2,400 pesos, y una cuarta parte de ellos por menos de 270 pesos; estos montos tan bajos hacen suponer que se trata más bien de simples consumidores que han sido equiparados con traicantes o narcomenudistas. De acuerdo con las cifras proporcionadas por Giacomello, entre 30 y 60 por ciento de las mujeres en prisión en México están acusadas de delitos relacionados con las drogas; y en el caso de los estados fronterizos del norte del país este porcentaje se incrementa a entre 75 y 80 por ciento. Las mujeres indígenas son las más vulnerables y representan 5 por ciento del total de la población femenina que se encuentra en prisión, pero el 43 por ciento de ellas lo están por delitos contra la salud.18 En México, el consumo de sustancias ilícitas no se tipiica como delito en la legislación sin embargo, en la práctica sí ha sido criminalizado, lo que se expresa en el nemero tan signiicativo de personas que han sido detenidas, procesadas y sentencias por esta causa. De acuerdo con Pérez Correa y Silva, entre 2009 (año en que se aprobó la Ley de Narcomenudeo) y 2013 fueron detenidas 140,860 personas por utilizar drogas en México, a las que se suman 53,769 averiguaciones previas por la misma razón en el sistema federal, lo que constituye una transgresión de sus derechos fundamentales.19 E L . cannabis í 20 Hasta hace algunas décadas, en el mundo la producción, distribución, compra-venta, posesión y consumo del cannabis estaban prohibidos en la mayoría de los países. Sin embargo, esta situación se está modiicando y hoy día muchas naciones han llevado a cabo reformas para exibilizar su regulación legal, y otras comienzan a discutir la posibilidad de hacerlo. De un enfoque represivo de tolerancia cero y la estricta aplicación de la ley se está transitando a una búsqueda de alternativas normativas a la llamada “guerra contra las drogas”. En este apartado se hace una revisión de la legislación vigente en 33 países, que fueron seleccionados por la diversidad de su normatividad y por la experiencia que proporcionan para México, en donde la discusión ha adquirido relevancia política por las implicaciones en ámbitos como la seguridad pública y la seguridad nacional. Para la presentación de la información los países se clasiicaron en cinco grupos: en el primero se incluyeron 18 naciones con legislaciones que prohíben cualquier utilización del cannabis y de la marihuana: Argentina, Brasil, Belice, Cuba, España, Francia, Guatemala, Honduras, Chile, China, India, Italia, Japón, El Salvador y Repeblica Dominicana. Dentro de este grupo se identiica a tres con las legislaciones más restrictivas del mundo: Cuba, China y Japón. El segundo grupo lo conforman cuatro países latinoamericanos con legislaciones que criminalizan cualquier uso del cannabis; sin embargo, aceptan la posesión de cierta cantidad para consumo personal, la cual no se puede rebasar porque se corre el riesgo de que el delito se tipiique como posesión con ines de tráico. En el tercero están siete países con legislaciones que permiten enicamente el uso con ines médicos del cannabis; mientras que en el cuarto conjunto se incluyen cuatro naciones en donde el consumo médico y recreativo está permitido, pero con distintos niveles de apertura. En el quinto y último 18 19 20 Corina Giacomello, Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina, documento informativo del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, 2013. Disponible en: <https: .unodc.org documents congress bac ground-information ngo ipdg idpc-Brieing-Paper omen-in-Latin-America spanish.pdf>. Consultado en noviembre de 2016. Catalina Pérez Correa y Karen Silva, “Consumo y consumidores de drogas de uso ilícito en México”, en Colectivo de Estudios de Drogas y Derechos ( ), En búsqueda de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina, Ciudad de México, 2014. pp. 110-124. Véase Anexo. Los caminos de la legalización de la marihuana en México se rescatan las experiencias de tres de los países que se caracterizan por tener situaciones mixtas en cuanto a la regulación del cannabis: Alemania, Australia y Estados Unidos. Es decir, son naciones en donde coexisten estados y territorios que prohíben cualquier posesión de la sustancia, con otros que la han legalizado para usos médicos, recreativos, o ambos. Todo ello tiene que ver con el sistema político de cada nación. Las evidencias disponibles permitieron identiicar una serie de características importantes respecto de las normas que regulan el cannabis, entre las que destacan las siguientes: • • • • • • • • • A nivel mundial, la regulación jurídica sobre el cannabis es muy heterogénea y es la sustancia que actualmente se encuentra en una profunda crisis de deinición de su estatus legal. Las leyes que regulan el cannabis en la mayoría de los países incluidos en la revisión son las mismas que norman a otras drogas. En un buen número de naciones al cannabis se le clasiica como estupefaciente, esto es, en la misma categoría que la cocaína, la heroína, el éxtasis, el opio, las anfetaminas y el . Algunas excepciones son la Ley del Opio de 1976 de los Países Bajos que, de acuerdo con tres criterios: i) modiicaciones a la personalidad del consumidor, ii) daños a la salud, y iii) costos que genera a la sociedad, establecen la diferencia entre “drogas duras” y “drogas blandas”, en donde se incluye a la marihuana. La normatividad sobre drogas de Reino Unido ubica también a la marihuana en una categoría distinta de las sustancias más nocivas, apartándose así del sistema de clasiicación de Naciones Unidas, en donde los extractos de cannabis –la marihuana, el hachís y el aceite de cannabis se clasiican como estupefacientes en las listas y de la Convención nica sobre Estupefacientes de 1961. En Cuba al cannabis se le tipiica como una “droga dura”, capaz de transformar notablemente el comportamiento humano. Las distintas regulaciones distinguen entre la tenencia para consumo personal y la posesión para comercio y suministro a terceras personas. Este último tipo de posesión se encuentra penado en casi todas las naciones, incluso en aquellos que han despenalizado su consumo. En casi todos los países estudiados, las legislaciones locales establecen penas muy superiores para la producción y la comercialización de cannabis, en comparación con las aplicables por su posesión. El consumo de marihuana en los países donde no constituye un delito es relegado a la esfera privada o a los coffee shops, pues no se considera “apropiado” fumarla en espacios públicos, bares o restaurantes. Si alguien lo hace no se aplican sanciones, pero a la persona se le puede pedir que salga del local, como sucede en Holanda. Algunos ordenamientos legales establecen umbrales cuantitativos para el uso personal de marihuana y otras sustancias. Por ejemplo, Portugal deine este umbral como la cantidad necesaria para un consumo individual de diez días y lo establece en 25 gramos. Cuando no hay pruebas que indiquen la intención de suministrarla a terceros, las cantidades, aunque sean mayores, se consideran para consumo personal. En Jamaica la ley permite la posesión de 56 gramos de marihuana para uso personal; en Colombia de veinte gramos en tanto que en México este umbral legal se ija en cinco gramos. Actualmente, en el caso mexicano después de esta cantidad la ley considera la posesión como delito con la intención de suministro y comercialización. 105 Irma Kánter Coronel • • 106 • • La edad mínima establecida en las regulaciones actuales de los países que permiten el consumo personal de marihuana va de 18 a 21 años por ejemplo, en los Países Bajos es de 18 años al igual que en Uruguay, mientras que en Estados Unidos las leyes del Distrito de Columbia, Oregon, ashington, Colorado, California, Massachusetts y Nevada autorizan únicamente a los mayores de 21 años a poseer la sustancia, así como a cultivar plantas de marihuana en sus residencias privadas. La cantidad establecida para el consumo es de treinta gramos. Las leyes antidrogas en países como China y Japón son muy estrictas y se aplican al cannabis. En China se impone la pena de muerte por conductas que involucren violación a las normatividades en materia de drogas. Hay estimaciones de que al menos 600 personas fueron ejecutadas en 2014 por cuestiones relacionadas con narcóticos; sin embargo, datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ( ) indican que las empresas chinas son dueñas de más de la mitad (309) de las 606 patentes mundiales relacionadas con el cannabis. De acuerdo con diversos analistas, Israel se ha convertido en el líder mundial de la investigación cientíica y uso médico de la marihuana. Cientíicos de ese país han desarrollado un tipo de marihuana que no contiene (Tetrahydrocannabinol), el componente psicoactivo de la planta y que provoca lo que se conoce popularmente como “colocón”. La nueva variedad contiene una mayor cantidad de cannabidol ( ), el otro componente básico de la marihuana junto con el , que no produce alteraciones mentales, pero sí tiene efectos positivos para la salud. El programa de cannabis medicinal en Israel cuenta con más de 22 mil pacientes registrados y se estima que en 2018 el número se podría elevar hasta cuarenta mil. Los tratamientos médicos y terapéuticos a base de cannabis son, en general, caros. Todos estos ejemplos desafían el carácter generalizador de las listas anexas a las convenciones de las Naciones Unidas y re ejan la realidad de que el cannabis debería tratarse como un caso especial. En el caso de México, la legislación relativa al cannabis se establece fundamentalmente en dos ordenamientos: Ley General de Salud (LGS) y el Código Penal Federal (CPF). En la Ley General de Salud, el Capítulo V es el que regula todo lo relativo a los “estupefacientes” el Artículo 234 enlista las diversas sustancias que se consideran como tales, entre ellas, la “cannabis sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas”. El eltimo párrafo del Artículo 235 abre la posibilidad de llevar a cabo “actos” para ines médicos y cientíicos con cualquiera de las sustancias clasiicadas como estupefacientes en el Artículo 234, para lo cual se requerirá de autorización por parte de la Secretaría de Salud. Por su parte, el Artículo 237 prohíbe “la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo” del “ cannabis sativa, índica y americana o marihuana ”, además de los estupefacientes deinidos en el Artículo 234. El 21 de agosto de 2009 entró en vigor un decreto que reforma la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. El decreto se conoce popularmente como Ley de Narcomenudeo, en virtud de que se orientó a combatir el comercio de drogas al por menor y determinar las cantidades máximas de las diversas sustancias permitidas para el consumo personal: de cinco gramos en el caso del cannabis, dos gramos Los caminos de la legalización de la marihuana en México de opio, medio gramo de cocaína, cincuenta miligramos de heroína o cuarenta miligramos de metanfetamina o MDMA.21 En el Código Penal Federal al cannabis se le considera como parte de los “narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales” señalados en la y en los convenios y tratados internacionales ratiicados por México asimismo, tipiica todas las conductas que se relacionen con la producción, transporte, tráico, comercialización, suministro (gratuito o prescrito sin la autorización prevista en la ), con penas que van de uno a 25 años de prisión, dependiendo del delito, mas no de la sustancia ilícita.22 El 21 de abril de 2016, el presidente Peña Nieto envió al Senado de la República una iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se reforma el párrafo tercero del Artículo 195 del Código Penal Federal con el objetivo de permitir la siembra, cosecha, cultivo, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, o su resina, exclusivamente con ines cientíicos y médicos, con el in de poner a disposición de los pacientes que lo requieran, los medicamentos que se obtengan de dichas sustancias, siempre que se cumpla con lo dispuesto en la Ley General de Salud, los reglamentos, normas oiciales mexicanas, acuerdos administrativos del Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud, los protocolos, y demás disposiciones jurídicas aplicables.23 Además, la iniciativa propone el uso del cannabis para la investigación cientíica y aumentar de cinco a 28 gramos la dosis máxima personal para posesión y traslado de marihuana, lo que permitiría dejar en libertad a importantes grupos de población a las que se les criminalizó por portar más de cinco gramos de la planta y hoy en día se encuentran purgando condenas absurdas o están sujetos a procesos legales. Al igual que otros analistas, consideramos que este incremento de la dosis de marihuana representa en realidad una autorización para su consumo lúdico. El 16 de diciembre de 2016, el Senado de la Repeblica aprobó el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de regulación y uso de la marihuana”, bajo los siguientes términos: 1) Faculta a la Secretaría de Salud para que: a) diseñe y ejecute políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol ( ), sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como para normar la investigación y la producción nacional de los mismos; y b) autoriza la importación de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre ellos el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas; 2) Elimina a la nabilona y al cáñamo de la lista de las sustancias que se consideran como un problema grave para la salud pública. 21 22 23 Capítulo VII de la Ley General de Salud, titulado “Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo”, numeral 479. María Cristina Sánchez Ramírez “Antecedentes históricos y normatividad actual del cannabis. Segunda parte”, en Mirada legislativa, nem. 94, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la Repeblica, Legislatura, Ciudad de México, octubre de 2016. Presidencia de la Repeblica, “Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se reforma el párrafo tercero del Artículo 195 del Código Penal”, Ciudad de México, 22 de abril de 2016. Disponible en: <https: .gob.mx presidencia articulos iniciativa-de-reforma-a-laley-general-de-salud-y-al-codigo-penal-federal>. Consultada en noviembre de 2016. 107 Irma Kánter Coronel 3) También se indica que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con ines médicos y cientíicos, en los términos y condiciones de la autorización, que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 4) Establece que los productos que contengan concentraciones del uno por ciento o menores de , y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse, cumpliendo con los requisitos establecidos en la regulación sanitaria.24 R 108 El dictamen aprobado por el Senado de la República sobre el uso medicinal de la marihuana se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual aprobación o desaprobación. Si bien no aborda el tema relacionado con la dosis máxima de cannabis para consumo personal, ello no signiica, en opinión de los senadores, que haya sido rechazado o desaprobado, sino que se analizará, discutirá y dictaminará en fechas próximas.25 Este dictamen representa un gran avance respecto del prohibicionismo, que se ha traducido en una política peblica de combate y penalización de la producción, tráico, suministro, comercio y posesión de sustancias proscritas mediante el uso de la fuerza pública y la creciente incorporación del Ejército y la Marina en las tareas para erradicar el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráico, la distribución, la comercialización y uso de sustancias declaradas ilegales. En la esfera penal, la prohibición o tolerancia cero ha tenido un impacto signiicativo en el número de personas recluidas por delitos contra la salud, aunque la mayoría sean por posesión de pequeñas cantidades de sustancias ilícitas. Es decir, se considera a consumidores como si fueran traicantes, con penas a purgar por largos años. El reconocimiento que se hace en este dictamen sobre el valor médico y terapéutico del cannabis, el cual ha sido negado de manera sistemática en los distintos tratados de iscalización internacionales de drogas que ha suscrito México, constituye un gran acierto. Sin embargo, se trata un dictamen limitado cuando se le compara con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce claramente que la decisión sobre el consumo lúdico de la marihuana pertenece a cada individuo, y su prohibición es violatoria del derecho al libre desarrollo de la personalidad. P S En la primera Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2017, se permite el uso médico y terapéutico del cannabis y sus derivados a todas las personas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable (Artículo 9 , apartado D, párrafo 7). Sin embargo, esta disposición entrará en vigor cuando la ley general en la materia lo disponga (Artículo 5 Transitorio).26 24 25 26 Sistema de Información Legislativa ( ), “Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, Justicia, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se reforma el Código Penal Federal, en materia del uso de la marihuana”, Secretaría de Gobernación, Ciudad de México, 2016. Disponible en: <http: sil.gobernacion.gob.mx Librerias pp ContenidoAsuntos.php? 5e60eedbee077047c05e0819a5f69d5b Clave 3463041. Consultado en diciembre de 2016. Este artículo se terminó de redactar en diciembre de 2016. Ciudad de México, aceta icial de la Ciudad de éxico, Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México, 5 de febrero de 2017, Vigésima poca, nem. 1. Los caminos de la legalización de la marihuana en México R g P í A i gi i cannabis i í I * í i cannabis i País Comentarios Argentina Ley Penal Núm. 23.737 sobre Tenencia y Tráico de Estupefacientes, 10 de octubre de 1989. Prohíbe la siembra, producción, extracción, comercio, distribución, almacenaje, transporte, posesión y consumo de estupefacientes con penas de hasta quince años de prisión. En esta Ley, el cannabis y la marihuana se encuentran catalogados como estupefacientes. El 25 de agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la sanción sobre su tenencia para consumo en aquellos casos que no afecten a terceras personas. Esta sentencia, conocida como “Fallo Arriola”, distingue claramente entre consumidor y traicante. Brasil Ley de Drogas 1.343, 23 de agosto de 2006. Se deine la tenencia y el consumo de drogas como delito en el caso de pequeñas cantidades contempla penas alternativas, tales como la prestación de servicios a la comunidad y la educación sobre drogas. En los casos de cultivo y posesión de grandes volúmenes, así como en los de venta o transporte de cannabis, ya se consideran como tráico de drogas y se castigan con penas de cinco a quince años de prisión y multas signiicativas. En abril de 2015 el gobierno de Brasil aprobó la importación de productos médicos derivados del cannabis para ayudar en el tratamiento de un número limitado de enfermedades y trastornos. Además, en el Congreso Federal se encuentran en discusión y análisis dos propuestas referentes a la legalización parcial o total del cannabis. Una de estas propuestas es producto de la movilización popular apoyada con alrededor de veinte mil irmas. Belice Ley sobre el Uso Indebido de Drogas, 1990 (edición revisada en 2000). La posesión y el consumo con ines recreativos de todas las sustancias ilícitas están prohibidos por la Ley. La marihuana y su resina también están prohibidas, así como cualquier actividad relacionada con esta sustancia: exportación, importación, suministro, posesión y consumo. La posesión de más de sesenta gramos de marihuana se castiga con una multa de hasta 26 mil dólares y o hasta tres años de prisión. En 2012 el gobierno de Belice conformó un comité para evaluar la eliminación de las sanciones penales impuestas por la Ley en materia de posesión de hasta diez gramos de marihuana y, en su lugar, establecer multas y educación obligatoria sobre las drogas. En los eltimos años, Belice ha adoptado una posición proactiva hacia el tema de la reforma de las drogas en la comunidad internacional. En noviembre de 2012 fue uno de los siete países de América Latina que impulsó una moción para debatir enfoques alternativos a la lucha contra las drogas en la Asamblea General de las Naciones Unidas ( ).1 Cuba Ley Núm. 62, Código Penal de Cuba (Sección Cuarta: Tráico y Tenencia de Drogas Tóxicas y Otras Sustancias Similares), del 29 de diciembre de 1987. La producción, comercio, posesión y uso de marihuana están prohibidos en toda la isla con sanciones de privación de libertad que van de tres a ocho años. La postura oicial sobre el tema es el prohibicionismo y el gobierno rechaza la legalización del consumo de marihuana tanto para usos médicos como recreativos, pues considera que sería una “irresponsabilidad histórica” que podría conllevar un “daño irreparable”. A la marihuana se le reconoce como una “droga dura”, capaz de transformar notablemente el comportamiento humano. Espa a Nueva Ley de Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como Ley Mordaza), del 26 de marzo 2015. Mientras que la tendencia global en favor de la despenalización del cannabis crece, el gobierno español optó por introducir reformas legislativas que incrementan las multas por cultivo, posesión y consumo de marihuana en lugares públicos; el abandono de los instrumentos u objetos empleados para su consumo; y la tolerancia de dicho consumo en locales o establecimientos públicos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos. De igual forma, condena el cultivo del cannabis. Barcelona es la enica ciudad de España que cuenta con clubes sociales cannábicos, donde se puede consumir marihuana. Cataluña y el País Vasco han tomado medidas para legalizar el cannabis medicinal.2 * Elaborado por Irma Kánter Coronel 1 Transnational Institute on Drugs and Democracy (TNI), Reforma de la ley de drogas en Belice. Guía básica, 2015. Disponible en: < .tni.org es publicacion reforma-de-la-ley-de-drogas-en-belice-guia-basica . Consultada en octubre de 2016. 2 Para mayor detalle véase Miranda, “Cannabis en España. Nueva Ley de Seguridad Ciudadana”, en sensi seeds, abril de 2015. Disponible en: <sensiseeds.com/es/blog/cannabis-en-espana-nueva-ley-de-seguridad-ciudadana/>. Consultado en octubre de 2016. 109 Irma Kánter Coronel País Comentarios rancia Artículos 222-235 y siguientes del Código Penal, de 2005. 3 La legislación francesa prohíbe y sanciona la producción, posesión, venta, compra y uso de narcóticos, incluido el cannabis. Las sanciones por posesión y consumo dependen de las cantidades de cannabis incautadas y de los antecedentes penales de las personas detenidas. Las leyes francesas también prohíben la producción de marihuana, con penas de hasta veinte años de prisión o multas de hasta 7,500 euros. El cannabis medicinal también es ilegal en Francia al igual que la producción para “uso personal”. En junio de 2013 se publicó un decreto que autoriza los medicamentos a base de cannabis, pero no el cannabis medicinal. Guatemala Ley contra la Narcoactividad de 1991-1992. Esta Ley ha tenido diversas reformas y utiliza una deinición de drogas que se extiende a las materias primas, es decir, a las plantas y semillas que produzcan las sustancias. Entre las sanciones por narcotráico se encuentra la pena de muerte, que se aplicaría en el caso de que la comisión del delito derive en el fallecimiento de una o más personas. La pena de muerte se podría conmutar por una pena privativa de libertad de treinta años. En los últimos tiempos el gobierno de Guatemala ha propuesto en diversos foros abrir el debate sobre la reorientación de la política de drogas, en especial la relativa al cannabis y la legalización de su exportación bajo el supuesto de que esta planta debería ser administrada soberanamente. Cada país podría decidir si la prohíbe totalmente, si la permite para uso medicinal o si la legaliza también para consumo recreacional, sin tener que renunciar a ser miembro de los tratados internacionales contra las drogas.4 Honduras Ley sobre Uso Indebido y Tráico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Decreto Núm. 126-89, del 23 de noviembre de 1989. Esta Ley sanciona toda actividad relacionada con las drogas, incluido el cannabis. En este caso, también prohíbe la posesión de cigarros de marihuana o su equivalente en hoja seca o pasta básica o de cualquier otra droga que produzca dependencia, e impone una serie de multas y hasta el internamiento de la persona en centros de rehabilitación. Chile Ley 20.000, de 16 de febrero de 2005 Decreto Núm. 867 (Reglamento de la Ley 20.000), de 8 de agosto de 2007. La Ley vigente se promulgó y publicó en febrero de 2005, en tanto que su Reglamento data de 2007. Estos ordenamientos introducen la igura legal del microtráico, tipiicado como traslado o tenencia de pequeñas cantidades de droga y, aunque no prohíben el consumo personal y privado de ninguna droga, penalizan su uso o posesión en los lugares públicos. En el caso particular de la marihuana su consumo no está penalizado, pero sí el cultivo y la portación, con multas menores o con la obligación de realizar trabajos comunitarios o someterse a programas de rehabilitación. En el Decreto núm. 867 de 2007, el cannabis y sus derivados se clasiican en la lista de “drogas duras que producen alta toxicidad o dependencia”, lo que obliga a aplicar las penas máximas para los delitos relacionados con esta sustancia. El cannabis es colocado en el mismo nivel que la cocaína y la heroína. En julio de 2015, el Congreso chileno aprobó un proyecto de ley para modiicar la norma 20.000 sobre tráico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Su objetivo es legalizar el autocultivo de marihuana para usos privados (espirituales y recreativos) y despenalizar la venta y cultivo para ines médicos. 5 China Ley Antidrogas de la República Popular de China, además del Código Penal de la República Popular China, la Ley de Aduanas de la Repeblica Popular China, y la Decisión sobre el Control de Drogas. La Ley Antidrogas se promulgó y entró en vigor a partir del 1° de junio de 2008. De acuerdo con esta Ley, el Estado ejercerá control sobre el cultivo de las plantas madre de los estupefacientes para uso médico y se prohíbe el cultivo del cannabis, así como de otras plantas que puedan ser utilizadas para reinar y procesar estupefacientes. De igual forma, prohíbe el contrabando, el tráico, el transporte o la posesión de las semillas de las plantas madres de estupefacientes que no son activos. El Estado es el encargado de otorgar las licencias correspondientes y de ejercer las supervisiones necesarias en la investigación que se realiza sobre el cannabis y sus derivados. El tráico de drogas se castiga con la pena de muerte y la posesión de cannabis da lugar a una sentencia de varios años de cárcel. En un contexto de nuevas regulaciones del cannabis, China se ubica como uno de los países mejor posicionados, puesto que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ( ), las empresas chinas son dueñas de más de la mitad (309) de las 606 patentes mundiales relacionadas con el cannabis.6 110 3 4 5 6 Mission Interministerielle de la Lutte contre la Drogue et la Toximanie. Disponible en: < .drogues.gouv.fr siteprofessionnel/actions-et-mesures/application-de-la-loi/cadre-legal/index.html>, noviembre de 2012. Consultada en octubre de 2016. Tomado de Transnational Institute on Drugs and Democracy (TNI), Reforma a las leyes de drogas en Guatemala: guía básica, 2015. Disponible en: <http: .drugla reform.info es publicaciones serie-reforma-legislativa . Consultada en octubre de 2016. Transnational Institute on Drugs and Democracy (TNI), Reforma de la ley de drogas en Chile: guía básica, 2015. Disponible en: <https: .tni.org es publicacion reforma-de-la-ley-de-drogas-en-chile-guia-basica . Consultada en octubre de 2016. Ian Johnston, “As Cannabis Is idely Legalised, China Cashes In on an Unprecedented Boom”, en The Independent, enero de 2014. Disponible en: < .independent.co.u ne s orld asia as-cannabis-is- idely-legalised-china-cashes-in-on-an-unprecedented-boom-9039191.html>. Consultado en octubre de 2016. Los caminos de la legalización de la marihuana en México País Comentarios India Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1985. Hasta 1985 la marihuana y sus derivados eran legales en India, pero la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada en ese mismo año, penalizó la producción, venta, posesión y consumo. Sin embargo, su utilización sigue teniendo amplia aceptación en algunas regiones de la India, en especial con ines religiosos. Por el contrario, en otras zonas el uso del cannabis no está aceptado y, por lo mismo, es más fácil aplicar las sanciones reguladas por la Ley, que van de cinco a diez años de cárcel por fumar un cigarro de marihuana. Italia Ley Lervolino-Vassalli, 1990-2006. El consumo de drogas no ha sido nunca un delito penal y, aunque la posesión es ilegal, no se penalizan las cantidades personales con sanciones. Actualmente, el tráico y comercio de cannabis está prohibido, aunque las sanciones son más ligeras que las impuestas para las drogas “duras”, como la heroína y la cocaína. Desde enero de 2013 se permite la venta de marihuana medicinal importada de los Países Bajos, que está disponible en las farmacias autorizadas para los pacientes con una receta válida y tiene un precio de hasta 38 euros el gramo (casi diez veces más que el cannabis comprado ilegalmente en la calle). En fechas recientes el Ministerio de Salud informó que las farmacias italianas empezarían a vender cannabis producido en la fábrica química farmacéutica militar en Florencia, a un precio inal para el paciente de alrededor de 15.14 euros por gramo, es decir, cerca de 60 por ciento menos que el cannabis que se importa de Holanda. Japón Ley de Control de Cannabis de 1948. Esta Ley fue promulgada por las fuerzas aliadas que ocuparon Japón al término de la Segunda Guerra Mundial. Prohíbe tanto el uso medicinal como recreativo, así como la importación, la exportación, el cultivo, la venta y la compra de marihuana. Las personas que cultivan cannabis ilegalmente pueden ser sometidas a trabajos forzados de hasta siete años, mientras que la posesión ilegal es sancionada con prisión de cinco años y con condena a trabajos forzados. El Salvador Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, 15 de marzo de 1991. Esta Ley prohíbe toda actividad relacionada con el cannabis, pero permite, previa autorización, la importación, producción, fabricación, extracción, posesión y uso de esta sustancia en las cantidades que sean estrictamente necesarias para la investigación cientíica, la elaboración de medicamentos o para tratamiento médico. La siembra, cultivo o cosecha de semillas, orescencias, plantas o parte de las mismas que se realicen sin autorización legal serán sancionadas con prisión de cinco a diez años. En el caso del comercio, tráico y almacenamiento ilícito las penas van de cinco a quince años de prisión, en tanto que la posesión conlleva castigos de seis a diez años de privación de la libertad. Repeblica Dominicana Ley sobre Drogas Narcóticas (Ley Núm. 50-88), del 30 de mayo de 1988. La tenencia de cualquier cantidad de marihuana, cocaína, alucinógenos, barbituratos, anfetaminas u otras sustancias está prohibida y penalizada. Las penas varían de acuerdo con la cantidad de droga encontrada en posesión y el proceso judicial puede demorarse años. En la mayoría de los casos, el acusado permanece detenido durante el tiempo preventivo (antes de llegar al juicio). 111 Irma Kánter Coronel P í 112 gi i í II é i i cannabis, País Comentarios Costa Rica Ley General de Salud (Ley 5395), de 1973. Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas (Ley 8204), de 2002. En Costa Rica, todo comportamiento relacionado con la producción y comercialización de drogas ilícitas es considerado un delito grave y penado con un mínimo de ocho años en prisión, sin importar el tipo de acto cometido. La marihuana es considerada una sustancia prohibida, pero su consumo no se tipiica en los ordenamientos legales como un delito sino como una enfermedad que necesita tratamiento y rehabilitación. En este país se pueden decomisar y destruir las sustancias consideradas ilícitas, pero no se puede detener a las personas por consumirlas, puesto que esta actividad está despenalizada. Sin embargo, expertos en el tema consideran que en las leyes sobre drogas en Costa Rica no existen límites claros que deinan la cantidad mínima que se puede llevar, ni procedimientos explícitos que permitan diferenciar entre tenencia para consumo o para venta, lo que puede conducir a una criminalización de los usuarios por parte de la policía.7 En agosto de 2013 se aprobó una reforma a la Ley de Control de Drogas (Ley 8204), que incluye criterios de proporcionalidad y especiicidad de género para disminuir las penas privativas de libertad a las mujeres que por pobreza extrema o coacción introducen drogas en centros penitenciarios. Esta pena también puede atenuarse para las jefas de hogar que tengan a su cargo menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, o cuando se trate de una adulta mayor en condición de vulnerabilidad social. También existen iniciativas que limitan la despenalización de la marihuana a su cultivo doméstico.8 Paraguay Ley 1.340/88, la cual modiica y actualiza la Ley 357/72, que reprime el tráico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos, de 1988. La Ley de Drogas 1.340 88 tipiica como delito la producción y comercialización de cannabis, pero permite la posesión de hasta diez gramos diarios para consumo personal de marihuana; después de esta cantidad, se considerará un delito y el consumidor podría ir a la cárcel. En los últimos años se han presentado proyectos de ley para la despenalización del consumo y el autocultivo de marihuana, sin que hasta la fecha se haya concretado alguno. Pere Ley 28002, del 16 de junio de 2003. Código Penal, de 16 de junio de 2008. Esta legislación distingue entre las sustancias, las cantidades de las sustancias, la posesión para consumo personal, la microcomercialización y el tráico ilícito genérico. Segen el Artículo 299 del Código Penal, “no es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo”. En el caso de la marihuana, una persona puede tener en su poder para consumo personal hasta ocho gramos sin ser sancionada, pero puede ir a la cárcel, entre ocho y quince años, si cultiva, siembra, produce o comercializa cannabis. Cuando la cantidad en posesión es mayor a ocho gramos, la Ley presume que ya no está destinada al consumo personal, sino a la microcomercialización. En cuanto a la legalización de la marihuana, los expertos coinciden en señalar que este proceso está muy lejos de convertirse en una realidad en Perú. Cabe señalar que en este país el consumo de hoja de coca es parte de la cultura tradicional de las comunidades indígenas y no se penaliza. Venezuela Ley Orgánica de Drogas, de agosto de 2010. Permite la posesión para consumo personal hasta de veinte gramos de marihuana o hasta cinco gramos de marihuana genéticamente modiicada si se sobrepasan esas cantidades, la persona puede ser condenada hasta a dos años de cárcel. 9 7 8 9 InfoDrogas en Costa Rica, “Consumidor: conoce las leyes y tus derechos”, 15 de julio de 2012. Disponible en: infodrogascr.blogspot.mx/2010/12/conoce-las-leyes.html>. Consultado en octubre de 2016. Para mayor información véase, Transnational Institute on Drugs and Democracy (TNI), Reforma a las leyes de drogas en América Latina, disponible en: < .drugla reform.info es publicaciones serie-reforma-legislativa . Consultado en octubre de 2106. Asamblea Nacional de la Repeblica Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Drogas, aceta icial, núm. 37510, 5 de septiembre de 2010. Disponible en: <http://ivea.com.ve/leyes/ldd.pdf>. Consultada en octubre de 2016 Los caminos de la legalización de la marihuana en México P í cannabis gi i III i i i i i í i País Comentarios Bélgica Directiva Ministerial, de mayo de 2003. Directiva Común de la Ministra de Justicia y de sus Autoridades Judiciarias, de enero de 2005. La Directiva Ministerial establece una diferencia entre el cannabis y el resto de las drogas ilegales, e introduce los conceptos de alteración del orden público y consumo problemático de drogas. También despenaliza el cultivo y la posesión a pequeña escala de cannabis para personas mayores de 18 años, sin problemas en el consumo de drogas y sin afectaciones al orden peblico. En 2005 se publicó una modiicación de la Directiva de 2003, que ijó el límite legal para la posesión en tres gramos o una planta cultivada. Bélgica permite el uso medicinal de la marihuana en pacientes con receta irmada por un médico registrado y en tratamientos como el glaucoma, la espasticidad relacionada con la esclerosis múltiple ( ), el y el dolor crónico.10 Colombia Decreto Presidencial de noviembre de 2015. El 25 de noviembre de 2015 se aprobó la legalización de la producción y comercialización de la marihuana con ines medicinales y cientíicos. El Ministerio de Justicia y Agricultura será la instancia responsable de expedir las licencias para la posesión de semillas de cannabis y de la supervisión del cultivo de la planta. Los cultivadores deberán solicitar al Consejo Nacional de Estupefacientes ( ) una licencia de posesión de semillas para la siembra de cannabis, en tanto que los fabricantes y exportadores de medicamentos con base de esta sustancia deberán gestionar los permisos correspondientes en el Ministerio de Salud. El decreto también establece que los cultivos, las plantas procesadoras y los lugares de almacenamiento serán supervisados por el Ministerio de Salud y Seguridad Social, la Policía Nacional o la Central Nacional del . Canadá Ley de Drogas y Sustancias Controladas (Controlled Drugs and Substances Act). ltima enmienda en 2015. Canadá fue el primer país del mundo en regular, en julio de 2001, el uso médico de la marihuana, pero de acuerdo con la Ley de Drogas y Sustancias Controladas, la posesión de marihuana para uso personal sigue siendo ilegal. Se espera que en abril de 2017 Canadá legalice su uso recreativo. Israel Directiva Núm. 106 (directiva relativa a las licencias de uso de cannabis). ltima actualización en julio de 2013. El consumo recreativo de la marihuana es ilegal, y su posesión es perseguible y punible con un máximo de tres años de prisión, así como una multa de hasta 25 mil dólares. Sin embargo, se permite el uso con ines médicos y de investigación desde 1992. En 2007, el Ministerio de Salud puso en marcha un amplio programa de cannabis medicinal y desde entonces el número de pacientes se ha incrementado hasta convertirse en el programa de investigación y uso medicinal de marihuana más importante del mundo, con más de 22 mil personas registradas, y se estima que para 2018 el número podría elevarse hasta 40 mil.11 El cannabis se usa para tratar dolencias como la enfermedad de Crohn, carcinoma de células basales, la psoriasis, la enfermedad de Par inson, esclerosis meltiple, y el trastorno de estrés postraumático ( ) en veteranos militares israelíes, así como para paliar el dolor de los pacientes con cáncer y las personas mayores. Sus dosis están disponibles en las galletas, caramelos, chocolates, aceites, y en forma de hojas para fumar o vaporizar; independientemente de la cantidad de cannabis prescrita, los pacientes deben pagar alrededor de cien euros al mes. Reino Unido Directrices Deinitivas para la Imposición de Penas por Delitos de Drogas, del 24 de febrero de 2012. Los delitos relacionados con la posesión de marihuana son penados hasta con cinco años de cárcel si es para consumo propio y hasta con catorce si es por tráico. Sin embargo, estas penas se imponen muy rara vez, puesto que en la práctica la distribución de cannabis puede variar según el historial de cada individuo y el nivel de participación en la operación, la localidad, la cantidad y la forma de distribución. El Reino Unido tiene un programa de uso medicinal de cannabis, pero sólo hay una empresa con licencia para producir los medicamentos con esa base, que es la Pharmaceuticals. Esta compañía cotiza en la Bolsa de Londres y es dueña de las patentes legales de las plantas de cannabis. Anualmente cultiva cerca de veinte toneladas en sus instalaciones secretas, y las utiliza para producir su medicamento registrado, Sativex, un spray sublingual con extracto de cannabis. Las semillas de cannabis de cualquier tipo pueden comprarse, venderse y poseerse, pero la ley prohíbe germinarlas y cultivarlas sin la licencia correspondiente.12 10 11 12 Sensi Seeds, “Una mirada a la situación legal de la marihuana en Bélgica”, en Sensi Seeds, 2015. Disponible en: < .lamarihuana.com etiquetas belgica . Consultado en octubre de 2016. Alan Martínez, “Marihuana medicinal en Israel crea expectación a nivel global”, febrero de 2015. Disponible en: http:// .demarihuana.es marihuana-medicinal-israeli-crea-expectacion-nivel-global . Consultado en octubre de 2016. Para mayor detalle véase Seshata, “Situación legal del cannabis en Reino Unido. Una visión general”, en Sensi Seeds, 2015. Disponible en: <sensiseeds.com/es/blog/situacion-legal-del-cannabis-en-el-reino-unido-una-vision-general/>. Consultado en octubre de 2016. 113 Irma Kánter Coronel País Comentarios Repeblica Checa Código Penal y Enmienda Fundamental (467/2009 Coll), 2009-2010. Enmiendas (50/2013 Coll. y 221/2013 Coll.), 2013. La Enmienda Fundamental (467/2009 Coll) marca una diferencia entre el cannabis y las demás drogas, y establece los límites para la posesión de pequeñas cantidades en quince gramos o cinco plantas por persona. Sin embargo, en agosto de 2013 el Tribunal Constitucional checo dictaminó que la aplicación de la enmienda 467/2009 Coll era inconstitucional. Los límites de posesión son, como consecuencia, inválidos hasta que la nueva legislación pueda redactarse, y se ha debatido la posibilidad de bajar el límite de posesión de cannabis a diez gramos. En ese mismo año, la República Checa aprobó dos enmiendas (50/2013 Coll. y 221/2013 Coll.) que regulan la compra y consumo legal de cannabis medicinal a pacientes con receta válida. De igual forma, establecen las directrices sobre las dosis, la gama de indicaciones y las restricciones de edad. Sin embargo, hasta hace poco tiempo los pacientes con recetas legales de cannabis medicinal no tenían fuentes locales con licencia oicial para obtener los medicamentos. Una forma de obtenerlos ha sido a través de su importación por canales legales, pero sus altos precios los hacen inaccesibles a amplios sectores de la población. Otro medio ha sido su compra ilícita. Las farmacias checas han empezado a vender bajo receta y con ines terapéuticos cannabis, del que pueden adquirirse dosis máximas de treinta gramos por persona al mes. Puerto Rico Orden Ejecutiva del 3 de mayo de 2015. A principios de mayo de 2015, por Orden Ejecutiva, se autorizó el uso medicinal de la marihuana. Esta decisión se sustentó en los resultados de las investigaciones realizadas en Estados Unidos que señalan que la planta es útil para aliviar los dolores causados por la esclerosis múltiple, el , el glaucoma, el Alzheimer, las migrañas, el Par inson y otras enfermedades. Los pacientes tienen acceso a los derivados del cannabis, que pueden ser tanto inhalados como utilizados por vía oral. 114 P í gi i i IV i cannabis País Comentarios Países Ba os Ley del Opio (Opiumwet en holandés) de 1976; Ley de Salud Pública de 2008. La legislación holandesa sobre narcóticos es tolerante con la venta de drogas blandas en los “coffee shops” y la posesión de productos de cannabis en pequeñas cantidades, pero en contra de lo que habitualmente se piensa, penaliza el cultivo que no esté destinado al uso cientíico o médico. La Ley del Opio de 1976 regula todo lo relacionado con la producción, distribución y consumo de cannabis. De acuerdo con la política de este país, tanto la venta como el consumo de marihuana están permitidos, pero no así su cultivo. La producción, tráico y venta de drogas conllevan penas que van desde cuatro hasta doce años de prisión o 74 mil euros de multa. La posesión de hasta treinta gramos de marihuana se sanciona con un mes de reclusión o 13,700 euros de multa. Las cantidades mayores a treinta gramos implican dos años de cárcel o 18,500 euros de multa. El consumo en las calles y en otros lugares que no sean los coffee shops está penado; estos establecimientos se rigen por leyes muy estrictas que controlan la cantidad de marihuana autorizada y las condiciones en las que se comercializa y se consume. Solamente están autorizados para vender hasta cinco gramos al día por persona. Los coffee shops no tienen permitido hacer publicidad sobre drogas y el acceso está prohibido para menores de 18 años. Generalmente se ubican en las áreas urbanas de Ámsterdam, Rotterdam y La Haya. Uno de los grandes problemas que enfrentan es la compra de la marihuana en un mercado que continúa siendo ilegal. Desde 2003, el cannabis medicinal puede adquirirse con receta en las farmacias, y su cultivo, elaboración y envasado se realiza de acuerdo con las normas farmacéuticas y son supervisados por la Oicina para el Cannabis Medicinal. La Ley de Salud Pública de 2008 considera como enfermo al adicto a las drogas, y le brinda tratamiento y servicios de salud mental. Jamaica Enmienda a la Ley de Drogas Peligrosas, de 1948, que despenaliza el consumo de marihuana, del 24 de febrero de 2015. Tras décadas de debate, el 24 de febrero de 2015 la Cámara de Representantes de Jamaica aprobó una enmienda a la Ley de Drogas Peligrosas, de 1948, que despenaliza el consumo de pequeñas cantidades de marihuana con ines medicinales y religiosos. Los cambios legislativos estipulan que ya no será delito consumir marihuana en pequeñas cantidades ni portar un máximo de 56 gramos (2 onzas). El cultivo de hasta cinco plantas en cualquier sitio será permitido en la isla y su utilización será totalmente legal para quienes cuenten con una licencia especial para su producción y distribución con ines medicinales, religiosos y cientíicos. De acuerdo con las autoridades de la isla, este cambio es signiicativo porque corrige décadas de criminalizar a decenas de miles de jamaiquinos, la mayoría hombres jóvenes negros pobres, por poseer un poco de droga.13 13 Transnational Institute on Drugs and Democracy (TNI), Reforma de la ley de drogas en Jamaica: guía básica, 2015. Disponible en < .tni.org es publicacion sobre-la-reforma-de-las-leyes-de-drogas-en-jamaica . Consultada en enero de 2016. Los caminos de la legalización de la marihuana en México País Comentarios Portugal Ley 30/2000, de julio de 2001. La política actual de drogas de Portugal es considerada una de las más progresistas del mundo. En 2001 se despenalizó la posesión de todas las sustancias, desde la marihuana hasta la heroína. Las cantidades deinidas para un consumo medio individual varían segen la droga y, en general, se destinan a cubrir el uso por diez días. En el caso de la marihuana, la dosis máxima permitida son 25 gramos.14 En cuanto a la venta y tráico de sustancias ilícitas se imponen penas de un máximo de doce años de prisión; sin embargo, si la venta o el tráico se llevan a cabo para inanciar una adicción, la pena mayor es de tres. Uruguay Nueva ley para la regulación del cannabis; Ley 19.172, del 20 de diciembre de 2013; Decreto Reglamentario a la Ley de Marihuana, que permite la creación del primer mercado de cannabis totalmente regulado del mundo, del 2 de mayo de 2014. Desde diciembre de 2013 se promulgó una nueva ley para regular la producción, el mercado y el consumo de cannabis con ines industriales, terapéuticos, médicos y recreativos. Así, Uruguay se convirtió no sólo en el primer país latinoamericano que despenalizó su consumo, sino que se convirtió en el primero del mundo en gestionar y regular la producción de marihuana para uso recreativo. Esta nueva Ley prevé que el Estado garantice el control sobre la población consumidora de marihuana, así como de todas las fases del proceso, desde su cultivo, hasta su distribución y venta. Para tales efectos, se creó el Ircca (Instituto de Regulación y Control de Cannabis) como entidad rectora de la regulación del mercado adscrita al Ministerio de Salud y facultado para la emisión de licencias y controlar la producción, circulación y comercialización de la marihuana, así como todos los aspectos que de este tráico se deriven y que se relacionen con el cumplimiento de la nueva Ley. Para tener acceso al cannabis a través del autocultivo se permite la pertenencia a un club cannábico. Para adquirir marihuana en farmacias autorizadas por el Estado es necesario ser mayor de 18 años, residente en el país e inscribirse como consumidor en un registro de usuarios de marihuana para uso recreativo o medicinal. La tenencia máxima establecida por la Ley son cuarenta gramos mensuales.15 P í gi i V i cannabis País Comentarios Alemania Ley de Estupefacientes (BtMG, por sus siglas en alemán), del 28 de julio de 1981 eltima modiicación, 22 enero de 2009. La Ley no prohíbe fumar marihuana, pero sí el cultivo, fabricación, comercio, importación, exportación, venta, enajenación, adquisición y posesión de cannabis o de cualquier parte de esta planta. El tetrahidrocanabinol ( ), se incluye en las sustancias activas que no se pueden comercializar. Se excluye de este grupo al cáñamo industrial, que presenta un contenido en de sólo el 0.2 por ciento. A pesar de lo anterior, su cultivo sólo está permitido a los agricultores que trabajan con permisos especiales y bajo estrictas condiciones. El Tribunal Constitucional Alemán recomienda la no persecución penal en casos de posesión de pequeñas cantidades para el consumo personal, siempre y cuando la persona no se encuentre frente a un ediicio escolar o ponga en peligro de algen modo al bien común. En ciudades como Munich se permite la posesión de un máximo de quince gramos. Desde 2011, el cannabis se puede comercializar pero sólo con ines médicos o terapéuticos y bajo la obtención de un permiso especial en el Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Este consumo está supervisado y es acompañado por personal médico. El cultivo y la posesión de cannabis se autorizan también a las instituciones cientíicas u organismos administrativos. Las farmacias pueden obtener un permiso especial para vender cannabis o medicamento a base de cannabis a pacientes con un permiso. Australia A nivel nacional no existe una ley predominante que regule las sanciones o delitos relacionados con el cannabis. En este país, cada estado y territorio dicta su propia legislación, por lo que las multas y penas impuestas varían. Se permite el cultivo de marihuana para investigación cientíica y pruebas medicinales, pero su uso con ines recreativos es ilegal en la mayor parte del país. De los seis estados y dos territorios en que se divide Australia, el consumo de pequeñas cantidades de marihuana se ha legalizado en un estado y en los dos territorios. En 1987, el estado de Australia del Sur fue el primero en despenalizar los delitos del cannabis de menor importancia; en 1993, el Territorio de la Capital Australiana adoptó un sistema mixto penal civil para la posesión de pequeñas cantidades. En caso de que una persona sea detenida con posesión de hasta 25 gramos de marihuana recibe una multa de cien dólares con sesenta días de plazo para pagar o puede optar por asistir a un programa de tratamiento. A partir de 1996, en los Territorios del Norte los adultos que se encuentren en posesión de hasta cincuenta gramos de marihuana pueden ser multados con doscientos dólares y tienen 28 días para pagar en lugar de enfrentar una acusación de carácter penal. Por el contrario, en el resto la nación el cultivo, la venta, el consumo y la distribución son ilegales.16 14 15 16 Martín Jelsma, “Innovaciones legislativas en políticas de drogas”, Transnational Institute on Drugs and Democracy, Países Bajos, 2009. Transnational Institute on Drugs and Democracy (TNI), Sobre reformas de la ley de drogas en el Uruguay, TNI, 2015. Disponible en: < .tni.org es publicacion sobre-la-reforma-de-las-leyes-de-drogas-en-el-uruguay . Consultado en octubre de 2016. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), “El marco legal del cannabis en Australia y su parcial despenalización”, Área de Asía Pacíico, BCN, julio de 2013. Disponible en: <observatorio.bcn.cl asiapaciico noticias marcolegal-del-cannabis-en-australia>. Consultado en octubre de 2016. 115 Irma Kánter Coronel País Comentarios Estados Unidos de Norteamérica Ley General para la Prevención y Control del Abuso de Sustancias (U.S. Comprehensive Drug Abuse and Control Act), también denominada Ley de Sustancias Controladas de 1970. Diversas leyes estales se han promulgado en los últimos años.17 La Ley General para la Prevención y Control del Abuso de Sustancias, prohíbe el cannabis, de la misma manera que lo hace con la heroína o el . A pesar de esta ley de nivel federal, 29 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes sobre la legalización de la producción, venta y posesión del cannabis con ines medicinales, recreativos o ambos, los cuales son: Alas a, Arizona, Ar ansas, California, Colorado, Connecticut, Da ota del Norte, Dela are, Florida, Ha aii, Illinois, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva or , Nuevo México, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y ashington. Ocho de estos estados y el Distrito de Columbia han legalizado el cannabis con ines recreativos, lo que permite a todas las personas mayores de 21 años usar, poseer, vender, comprar, intercambiar y cultivar determinadas cantidades de marihuana: Alas a, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon, ashington y el Distrito de Columbia. En estos estados el cannabis se puede cosechar en los domicilios privados o adquirir en los lugares registrados. En el caso del Distrito de Columbia sólo se puede cosechar. Los 21 estados en donde el uso del cannabis para cualquier inalidad sigue prohibido son: Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Da ota del Sur, Georgia, Idaho, Indiana, Io a, Kansas, Kentuc y, Mississipi, Misouri, Nebras a, O lahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Virginia del Oeste, isconsin y yoming. 116 17 United States Census Bureau, Census Bureau Projects: U.S. and World Populations, diciembre de 2015. Disponible en: <https: .census.gov ne sroom press-releases 2015 cb15-tps113.html . Consultado en noviembre de 2016. Las trampas de la seguridad: el gasto en seguridad pública en municipios y entidades federativas mexicanas, 2008-2015 Carlos Barrachina Lisón1 México invirtió entre el año 2008 y el 2015 un billón 820 mil 346 millones de pesos en seguridad y defensa. De esa cantidad, 609,773 millones han sido presupuestados por las entidades federativas para operar sus instituciones de seguridad y los aparatos de procuración de justicia. Por otra parte, 205,509 millones suplementarios se entregaron a estados y municipios, a través de los principales fondos y subsidios federales -Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal (Fortamun), Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP), Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun) y Subsidio para la Policía Acreditable (SPA)-, a efecto de que éstos consolidaran sus instituciones de seguridad y justicia (Cuadro 1). Se ha buscado, a través del Subsemun, apoyar estructuras policiales municipales viables, y a nivel estatal, utilizando el , crear unidades acreditadas, tanto de policía tradicional como de policía judicial, subordinadas a los ministerios públicos. En 2015 se agrega el fortalecimiento de unidades de custodios en los sistemas estatales penitenciarios. Este recurso se ha destinado paralelamente a operar la seguridad pública y la procuración de justicia en el país, al combate contra el crimen organizado y a una política de transformación y modernización del Sistema Nacional de Seguridad Pública en estados y municipios. Hasta la fecha, todo este caudal no ha logrado cumplir con el objetivo para el que fue diseñado. El fracaso de la política de inversión no tiene que ver con el importante esfuerzo presupuestario; se explica por la falta de comprensión de la reforma y la nula voluntad política transformadora de los actores implicados, que se re eja en prácticas de simulación y corrupción. También está la ausencia de supervisión eiciente por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que ha utilizado criterios de evaluación cuantitativos en lugar de cualitativos, y que debido a su inestabilidad institucional no ha sido capaz de materializar los acuerdos alcanzados. Tampoco ha podido acompañar de manera eicaz la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras cosas porque ha tenido, desde el año 2006 a la fecha, diez titulares, y ello ha diicultado la coordinación a la que debería servir. Es evidente la falta de comprensión de la reforma en el debate sobre el modelo del Mando nico Policial, así como la ausencia de claridad sobre el peril profesional que deben tener los responsables de operar la seguridad pública en estados y municipios.2 Al principio se había pensado en un mando único basado en la subsidiariedad,3 donde las estructuras municipales que no fueran capaces de responder a grandes amenazas, como las del crimen organizado, pudieran ser apoyadas por los estados o la Federación. El Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) no se creó en el año 2008 para “desaparecer” a las policías municipales, sino para apoyar y completar las capacidades -en diferentes aspectos- de aquellas corporaciones para las que fuera factible sostenerse económicamente y brindar un servicio eiciente a su comunidad. 1 2 3 Profesor de la Universidad Anáhuac-México, Facultad de Derecho, Coordinación de Posgrado. Carlos Barrachina, “El camino mexicano en la transformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública: esfuerzo presupuestario en entidades federativas y municipios (2008-2015)”, en Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, Madrid, diciembre de 2016, p. 179. Se entiende por “subsidiariedad” que las tareas que puedan ser realizadas por los municipios no sean implementadas por los estados o la Federación, mientras que aquellas en las que el nivel de gobierno inferior no pueda cumplir de forma eiciente, sí sean operadas por el inmediatamente superior. 117 Carlos Barrachina Lisón P g i Cuadro 1 Mé i (2008-2015) Millones de pesos corrientes Institución 2008 2009 2010 2011 Sedena 34,861 43,623 43,632 50,039 Semar 13,382 16,059 15,991 18,270 Seguridad Pública 19,711 32,916 32,437 35,519 40,536 9,307 12,309 11,781 11,997 14,905 Entidades federativas 48,811 58,817 63,369 71,177 74,993 12,665 14,493 23,036 27,314 31,226 31,775 Fondos y subsidios federales Total 118 2012 2013 2014 2015 55,611 60,811 65,237 71,273 19,679 21,865 24,603 27,026 156,875 41,217 53,859 56,530 312,725 15,761 17,288 17,029 110,377 88,048 96,242 108,316 609,773 33,725 205,509 35,301 Total 425,087 138,737 178,217 190,246 214,316 236,950 259,477 290,954 315,475 1’820,346 F : Elaboración propia a partir de la adaptación de datos del Cuadro 1 que se encuentra en el anexo “Presupuesto de Seguridad y Defensa”.* Para los años 2013, 2014 y 2015 elaboración propia con base en el “Presupuesto de Egresos de la Federación” correspondiente.** El rubro “Entidades federativas” fue elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para los años 2008-2011.*** Para 2012-2015 se tomó como base información de periódicos, gacetas y boletines oiciales de las entidades federativas. En relación con “Fondos y subsidios federales”, la información se obtuvo a partir del iario icial de la Federación ( ) y, en su caso, de convenios entre la Federación y las entidades federativas. En relación con el concepto “Seguridad peblica”, a inales de 2012 desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, y sus funciones recayeron en la Secretaría de Gobernación (Segob). Para los años 2014 y 2015 se incorporaron en la tabla los datos asignados al rubro “04 Gobernación”, relativos a seguridad pública.**** * Sergio Aguayo Quezada y Raúl Benítez Manaut (eds.), “Anexo: Presupuesto de Seguridad y Defensa”, en Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2012, Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia, Ciudad de México, 2012, p. 145. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, 27 de diciembre de 2012, en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/ pef_2013/PEF_2013_abro.pdf>; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, 3 de diciembre de 2013, en <http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/DecretosPEF/Decreto_PEF_2014.pdf>; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 3 de diciembre de 2014, en <http://www.itsm.edu.mx/OLD/Transparencia/fraccion%20I%20 marco_normativo/leyes_federales/decretos/PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DE%20LA%20FEDERACION%202015.pdf>. *** Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Informe sobre el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, 28 de octubre de 2011, en <http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/141/ANSJL_28_de_oct.pdf>. **** Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, resupuesto de gresos de la Federaci n ecursos asignados al Ramo 04 “Gobernación”, Ciudad de México, 26 de febrero de 2015, en <http://www. cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2015/febrero/notacefp0092015.pdf>. Como refuerzo de esta política, en el año 2011 se impulsó el para fortalecer a las policías estatales y crear unidades acreditables que aseguraran que las entidades federativas contasen con una policía competente, la cual pudiera también ser complementada e incluso sustituida por la Federación en casos puntuales. Posteriormente, a partir de 2013, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, se defendió la idea de un “mando único”, donde los gobernadores asumían la responsabilidad de la seguridad pública de su entidad. Recientemente ya no se habla de “mando enico”, sino de “mando mixto”, recuperándose con otra terminología la idea original de la “subsidiariedad”. Respondiendo a esta nueva situación, desaparecieron en 2016 el Subsemun y el , y se creó el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg). Este nuevo subsidio federal sustituye al Subsemun, manteniendo el apoyo a los municipios y abandonándose el esfuerzo de impulsar de forma especíica la creación de unidades modelo en las policías estatales. Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del SNSP señaló en el mes de mayo de 2016, que esta decisión se justiicaba porque no era oportuno fortalecer a unas pocas unidades Las trampas de la seguridad: el gasto en seguridad pública de las policías estatales, mientras que se abandonaba a su suerte a la mayoría de las mismas.4 Tal explicación no re eja de forma correcta el espíritu del . Éste buscaba la creación de unidades modelo, que paulatinamente debían sustituir a las estructuras ineicientes, con el objetivo de lograr una policía estatal moderna y profesional. Su desaparición no tiene otra explicación lógica que la que se encuentra en el fracaso de una política de reforma de las policías estatales, que en ocasiones parece que hubieran perdido el rumbo, transformándose en unidades de reacción semimilitarizadas, y que en otras no han experimentado cambios signiicativos a pesar de los recursos invertidos. En el futuro cercano la transformación de las policías estatales se apoyará desde la Federación sólo a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), no quedando clara la estrategia a seguir para consolidar policías eicientes en las entidades federativas. Por ello, una debilidad del sistema es que depende de la voluntad política de cada gobernador continuar y concretar la política de reforma y modernización de sus estructuras de seguridad pública. Otro problema que se enfrenta es la escasez de profesionales y responsables políticos que entiendan cómo organizar y dirigir las corporaciones policiales que se necesitan en el país. Una muestra de ello es la forma en la que han ido cambiando los periles profesionales de los encargados de la seguridad pública en estados y municipios. A principios del año 2012, de las 32 entidades federativas, quince corporaciones estaban dirigidas por militares retirados o en activo, cinco por policías de carrera y doce por políticos con un peril distinto. A inales del año 2015, nueve eran militares, seis policías y 17 políticos. En el caso de los 25 municipios más importantes del país, encontramos un fenómeno parecido, donde prevalece la “desmilitarización” relativa de los altos mandos de las fuerzas policiales, privilegiándose a personal con un peril profesional de carrera. Así, a principios de 2012 once eran militares, cinco policías y nueve políticos; mientras que a inales de 2015 enicamente cinco eran militares, quince policías y cinco políticos con un peril profesional distinto. 5 La iliación partidaria de los representantes políticos no es relevante a la hora de determinar el peril del responsable de los cuerpos de policía. En ciertos momentos se ha coniado en la experiencia de los militares para gestionar la seguridad pública, y en otros en personal con un peril policial más deinido. Es en los estados en donde políticos con otro peril profesional han tenido la responsabilidad de la gestión de la seguridad pública. Otra tendencia se da en algunas entidades debido a que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado se han integrado en una institución única que se ha denominado “Fiscalía”, quedando coordinada por políticos con formación jurídica.6 Así, no se encuentran diferencias relevantes entre las posiciones que deienden el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Movimiento Ciudadano (MC) o los independientes (Ind.), lo que conirma dos ideas: la seguridad no ha formado parte del debate partidario y los políticos han abandonado su gestión en manos de policías y militares y dos, éstos no han sabido entender de forma eiciente las necesidades de la sociedad. Ello ha contribuido a que no se haya enfrentado con seriedad el proceso de reforma, y a que el problema ahora esté afectando la gobernabilidad del país. La situación muestra como la falta de participación ciudadana favorece no sólo el corporativismo sino que, en ausencia de controles y debates públicos, se da en muchos casos la falta de profesionalidad de los que aparentemente son los profesionales. De tal ausencia de supervisión e interés social han derivado buena parte de los problemas de institucionalidad que presenta México en el contexto del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 4 5 6 Álvaro Vizcaíno Zamora, ponencia en el “Segundo Congreso Internacional de Estándares para la Administración Penitenciaria”, organizado por el Consejo Mexicano de la Sociedad de Estudios Internacionales y la Comisión Nacional de Seguridad, Ex Hacienda Belén, Ciudad de México. 23, 24 y 25 de mayo del 2016. Carlos Barrachina, op cit., pp. 179-180. bid , p. 180. 119 Carlos Barrachina Lisón I (2008-2015) 120 En el Cuadro 1 se observa que, a pesar de la creciente inversión tanto en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como en la Secretaría de Marina (Semar), en la de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de la República (PGR), todas ellas ubicadas en el gobierno federal, los resultados positivos en cuanto a reducción de la violencia no se han alcanzado; sin embargo, es en las entidades federativas y municipios en donde se invierten más recursos en seguridad pública y procuración de justicia. Los estados del país han presupuestado del año 2008 al 2015, 609,773 millones de pesos de sus propios recursos; mientras que la Federación, con la coparticipación de los mismos, ha destinado 205,509 millones a fondos y subsidios para fortalecer distintos aspectos de esta política en el ámbito local. No es sorprendente esta circunstancia teniendo en cuenta que el principal problema del Sistema Nacional de Seguridad Pública se encuentra en asegurar que en el territorio nacional existan estructuras policiales coniables e instituciones de procuración de justicia eicientes. Por los montos económicos invertidos, podría inferirse que tanto en la Federación como en los estados ha existido interés en recuperar los “territorios capturados” por el crimen organizado, o en “vacunarse” de esta posibilidad y mantener el Estado de derecho lo más saludable posible. Es en los principales núcleos de población de México donde se han volcado mayores recursos por parte de las entidades federativas. En la Ciudad de México, los presupuestos locales re ejan una inversión de 133,248 millones de pesos, mientras que la suma de los principales fondos y subsidios -Fortamun, Subsemun, FASP y SPA- añade 14,057 millones a la cifra señalada. En el Estado de México, el gobierno estatal destinó 75,267 millones, a los que se deben sumar otros 17,898. En Jalisco, la cantidad presupuestada fue de 37,505 millones, más los 8,723 que sumaron las aportaciones extraordinarias; mientras que en Nuevo León el monto ascendió a 37,500 millones extra, más otros 7,988. Guanajuato, Veracruz, Baja California, Tabasco, Michoacán y Chihuahua se encuentran en un rango medio alto, destinando desde poco más de 23 mil millones a 19 mil millones cada uno de ellos, a los que se suman recursos federales que van desde los 10,387 millones que recibe el estado de Veracruz, hasta los 4,303 que percibe Tabasco.7 Todas las entidades mencionadas, excepto Tabasco, sumadas a los casos de Coahuila, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, han recibido cada una más de cinco mil millones de pesos entre los años 2008 y 2015 por concepto de fondos y subsidios federales. Entre tales estados se encuentran aquellos en los que el Estado mexicano ha tenido más problemas de gobernabilidad por causa del crimen, lo que muestra que esta política ha tratado de fortalecer instituciones de seguridad pública tanto en grandes núcleos de población, como en zonas donde la violencia se ha mostrado más evidente. Del análisis de estos datos se derivan dos opciones. En el caso de que esta inversión esté rindiendo sus frutos y se esté contribuyendo de forma eiciente al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, es posible que en un periodo no muy largo -y de hecho en algunos casos ya es así- el crimen organizado se desplace hacia entidades que invierten menos recursos en seguridad, como pueden ser Aguascalientes, Colima, Querétaro, Durango, Campeche, Nayarit, Tlaxcala, Quintana Roo, Zacatecas o ucatán.8 La segunda es más preocupante y tiene que ver con “las trampas de la seguridad” que señala John Bailey para 7 8 bid , p. 177. El caso del estado de Morelos es especialmente preocupante, porque siendo una de las entidades federativas en que la percepción de inseguridad es más aguda, sin embargo, su inversión en seguridad peblica y procuración de justicia es moderada. Entre 2008 y 2015 el estado de Morelos presupuestó 6,160 millones de pesos a este rubro, a los que se han de sumar los 3,575 millones de fondos y subsidios federales. Véase Sergio Aguayo Quezada (coord.), Atlas de la seguridad y la violencia en Morelos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, México, 2014. Las trampas de la seguridad: el gasto en seguridad pública el caso mexicano:9 se reiere a la posibilidad de que estos recursos no estén contribuyendo en una forma eiciente a la consolidación de las estructuras de seguridad adecuadas. F Tras la conformación en 1995 del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Federación implantó dos programas que todavía hoy son fundamentales para apoyar muchos de los cambios, especialmente en infraestructura y en equipo, para las diferentes fuerzas policiales en México. El FASP -1997-, destinado a las entidades federativas, y el Fortamun -1998- a las corporaciones municipales, abrieron el camino para que los recursos federales uyeran, primero como fondos y después como subsidios, con el objeto de apoyar a las fuerzas de seguridad estatales y municipales, fomentando la coparticipación de las entidades en el esfuerzo presupuestario. La dispersión del gasto del Fortamun en distintos aspectos relacionados con la gobernabilidad municipal, el relativo éxito del como mecanismo que incentiva los esfuerzos conjuntos en el seguimiento de las políticas federales, y la urgencia del gobierno del presidente Calderón por transformar el sistema, hicieron que en 2008 naciera el Subsemun, con la misma lógica que el , pero en este caso para apuntalar la transformación de algunas policías municipales. En 2011 también se aprobó el , un mecanismo orientado a impulsar unidades de policía estatal acreditadas, el cual permite que muchos municipios sin capacidades sean relevados por una fuerza que se pretende sea eiciente, eicaz y moderna. Finalmente, a partir del año 2010 el gobierno ha destinado recursos a la transformación del sistema de impartición de justicia mexicano, apoyándose en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal (Setec), con el in de estimular la transformación de los modos de operación de la justicia en el país, generando un esquema de estímulos que si bien destina menos recursos que el resto de los analizados, especialmente por la diicultad de su objetivo, no deja de ser importante. En las siguientes líneas se explicarán brevemente las características de los principales programas que se han desarrollado entre los años 2008 y 2015, y que alcanzaron, con la coparticipación obligada de estados y municipios, una inversión superior a los 205,509 millones de pesos. Fortamun El Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal (Fortamun), creado en 1997, está distribuido por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y destinado desde su origen a respaldar las inanzas de los municipios y a apoyar su saneamiento, así como a fortalecer las actividades de seguridad pública y a coadyuvar en la satisfacción de sus necesidades operativas. 9 Trampa de la seguridad reiere al hecho de que: “Las dinámicas de la criminalidad, la corrupción, la violencia y la impunidad anulan la voluntad de reforma de elementos del Estado y la sociedad civil, y entrampan la gobernanza democrática en un equilibrio bajo. La metáfora pronostica inercia en el futuro inmediato” (John Bailey, Crimen e impunidad as trampas de la seguridad en éxico, Debate, Ciudad de México, 2014, p. 242). Esta idea es sugerente y explicativa para el caso que estamos tratando, en conjunto con otra imagen afortunada del autor, la cual señala que la reforma se encuentra en el “valle de la transición”, un estado incierto en el que “resulta difícil determinar si la mayoría o todas las iniciativas han comenzado el ascenso hacia niveles más elevados de desempeño, o continean batallando cerca de las profundidades” (ibid , p. 231). 121 Carlos Barrachina Lisón R Cuadro 2 i i i (2008-2015) Pesos corrientes 2008 Fortamun 122 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 0 0 8’483,579 9’523,609 10’146,557 10’882,769 11’733,228 11’852,780 62’622,522 FASP 7’901,979 8’975,309 8’861,421 9’130,312 9’503,111 9’797,037 7’921,624 8’190,692 70’281,755 Subsemun 4’762,847 5’518,184 5’379,259 5’417,207 5’661,764 5’584,419 5’928,138 6’869,074 45’120,892 SPA na na na 2’800,000 2’471,570 2’558,067 2’661,720 2’752,215 13’243,572 Proasp na na na na 3’000,000 na na na 3’000,000 Prevención na na na na na 2’500,000 2’595,000 2’683,000 7’778,000 Setec na na 312,011 443,108 443,000 453,000 905,000 906,000 3’462,119 Total 12’664,826 14’493,493 23’036,270 27’314,236 31’226,002 31’775,292 33’725,116 35’301,772 205’508,860 F : elaboración propia a partir del iario icial de la Federaci n, diversos convenios oiciales y de la página electrónica de Setec. na: no aplica Según el Libro Blanco del Subsemun,10 el Fortamun es el fondo del ramo 33 -al que también pertenece el - con la menor cantidad de restricciones para su ejercicio, debido a que la Ley de Coordinación Fiscal establece en su Artículo 37 que los municipios y delegaciones del Distrito Federal -ahora Ciudad de México- destinarán los recursos del fondo para la satisfacción prioritaria de los siguientes rubros: cumplimiento de obligaciones inancieras pago por derechos y aprovechamiento por concepto de agua; y atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, sin entrar en mayor detalle. El Fortamun es un recurso muy sustancioso económicamente hablando. La amplitud de posibilidades que existe para el destino del ejercicio, y la falta de control y de rendición de cuentas -cuantitativas y cualitativas- hace que no se sepa con certidumbre la cantidad de dinero que se destinó a la seguridad pública de los municipios. Tampoco se conocen los criterios de los diferentes estados para realizar los gastos ni los programas a los que este fondo se destinó. Sin embargo, a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2010, aprobado el 7 de diciembre de 2009, se obliga a los estados a coordinarse con el para que por lo menos el 20 por cierto del recurso se destine a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.11 De 2010 a 2015, el 20 por ciento de este recurso representa 62,623 millones de pesos.12 fasp El Fondo de Aportación para la Seguridad Pública ( ) se empezó a aplicar en 1998. Es uno de los programas federales más antiguos que pretende fortalecer las estructuras de seguridad pública de las entidades federativas del país. Este mecanismo se centra en diversos aspectos de seguridad y desde sus inicios fue gestionado por el entonces recién creado Secretariado 10 11 12 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ibro lanco ubsidio para la seguridad p blica en los municipios demarcaciones territoriales del istrito Federal, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, Ciudad de México, 2012, p. 52, en <http://www. gobernacion.gob. mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para_la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf>. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, resupuesto de gresos de la Federaci n para el jercicio Fiscal 2010, 7 de diciembre de 2009, en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_ 2010/PEF_2010_abro.pdf>. Esto signiica que a pesar de no poder precisar la cantidad de dinero destinada a aspectos de seguridad desde su creación, debe ser mucho mayor a la que se presenta en este trabajo. Las trampas de la seguridad: el gasto en seguridad pública Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( ). El debe ser coinanciado por los estados, que cubren un 25 por ciento suplementario del recurso con sus propios fondos. En 1998 se formalizaron los primeros convenios de coordinación para realizar acciones en materia de seguridad peblica, en los cuales se acordó la constitución de un ideicomiso estatal para la distribución de fondos. El Fondo de Seguridad Pública (Foseg) administraba recursos de la Federación que se transferían a las tesorerías de los estados y al Distrito Federal. Dejó de existir como Foseg a partir de 2009, pues los recursos se comenzaron a transferir a una cuenta bancaria especíica de las entidades federativas. Estos fondos del ramo 33 -“Aportaciones federales para las entidades federativas y municipales”-, que el Ejecutivo federal otorga a los estados y a la capital, se transieren ahora de forma directa bajo los criterios de cálculos y fórmulas que el Consejo Nacional de Seguridad Peblica determina, y se destinan exclusivamente para ines de reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración; equipamiento; red nacional de telecomunicaciones; construcción, mejoramiento o ampliación; seguimiento y evaluación de las instituciones de seguridad pública. Subsemun El Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun) es uno de los dos mecanismos más importantes de fortalecimiento y transformación de la estructura policial que se implantaron durante el sexenio de Felipe Calderón. Una de las preocupaciones principales es el gran número de corporaciones municipales existentes en México, y otra la ineicacia de las mismas por su exiguo tamaño, falta de recursos y escasa profesionalidad de sus integrantes. Con ello en mente, se creó en 2008 este programa federal, en el cual deben coparticipar los municipios, para “rescatar” a un número razonable de corporaciones policiales que puedan autosostenerse en el futuro, ayudándolas a superar diferentes problemas y a enfocar políticas especíicas. El segundo mecanismo implantado por la administración de Calderón fue el Subsidio para la Policía Acreditable ( ), destinado a partir de 2011 a crear unidades certiicadas de policías estatales que, cuando se encuentren operativas, deberán desarrollar funciones allí donde las policías municipales no lleguen o no existan por su falta de viabilidad. En 2015, de las casi dos mil corporaciones policiales que existen, se apoyó económicamente a 278. Se enfatiza en el Libro Blanco sobre el Subsemun que su objetivo es: […] fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los municipios y, en su caso, de los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como del gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales, con el in de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los programas con prioridad nacional.13 El Subsemun debía destinarse a la profesionalización, al equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, al mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y a la prevención social del delito con participación ciudadana, así como a la operación policial a partir de 2009 y 2010. Durante su existencia, el subsidio individual no fue inferior a diez millones de pesos, a excepción de 2008 –que fue de nueve millones- ni excedió los 95 millones, excepto también en 2008 que, como máximo, ascendió a poco más de 104 millones.14 13 14 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, op cit., p. 13. La utilización de los recursos de esta coparticipación ha sido variable: en 2008 fue para la nivelación salarial de los elementos policiales; en 2009 y 2010, para mejoras de condiciones laborales, operación policial y prevención del delito con participación ciudadana; en 2011 y 2012, para reestructuración y homologación salarial, mejora de condiciones laborales y prevención social del delito. 123 Carlos Barrachina Lisón En la XXXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública,15 que tuvo lugar el 2 de agosto de 2012, se aprobó etiquetar el 20 por ciento del recurso del Subsemun para proyectos de “prevención social con participación ciudadana”, y se determinaron los proyectos obligatorios para los municipios beneiciados, que serían los siguientes: diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia; plan de prevención social de la violencia y la delincuencia; capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana; y prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y drogas entre jóvenes. spa 124 Consolidar en las entidades federativas unidades policiales acreditadas es el objetivo de este subsidio. El gran problema que se había identiicado en relación con las fuerzas de seguridad locales era el excesivo número de policías municipales sin capacidad real de operación debido a la falta de profesionalidad y de condiciones de carrera que prevalecían en buena parte de las policías estatales y municipales. El Subsidio para la Policía Acreditable ( ) perseguía crear módulos policiales que cumplieran con requisitos objetivos de ética y profesionalidad. Desde 2011 se impulsó con objeto de que los estados mejoraran sus policías para poder implantar de forma efectiva “el mando policial único”, el cual -en un inicio de forma subsidiaria- debería apoyar la provisión de seguridad allí donde las corporaciones policiales locales no fueran capaces de responder. Los resultados fueron muy limitados. Buena parte del presupuesto destinado para este programa no se ejecutó porque las entidades federativas no estuvieron en condiciones de mostrar sus avances en forma adecuada. A partir del año 2015 no sólo se presupuestó el ejercicio con el propósito de acreditar unidades de policía estatal, sino también para la judicial y los custodios del sistema penitenciario. El fracaso de los objetivos previstos por este programa llevó a su cancelación en 2016. Es difícil de entender por qué las autoridades no trataron de buscar mecanismos que garantizaran que el recurso se ejerciera de forma eiciente, en lugar de enviar con la cancelación la señal de que no es posible lograr una reforma efectiva de las policías del nivel estatal en el país. El objetivo inicial del era crear módulos integrados por 422 policías, ordenados en: una Unidad de Análisis Táctico, compuesta por treinta de ellos una Unidad de Investigación, integrada por cien elementos; una Unidad de Operaciones, constituida por 270; y 22 mandos. Los candidatos para integrar este módulo tendrían que acreditar unos requisitos mínimos de escolaridad, aprobar los controles de conianza y recibir cursos de formación especíicos para desarrollar de manera profesional sus funciones. Estaba previsto además que se integraran en un esquema de carrera policial y recibieran incentivos como seguro de vida, becas para su educación y la de sus hijos, fondo de ahorro, apoyo para la vivienda y seguro de gastos médicos mayores, entre otros.16 P El concepto de “prevención social del delito” ha estado presente desde las primeras re exiones que tuvieron lugar en el proceso de reforma. La conformación de los módulos policiales acreditados, incluida en los programas y Subsemun, ha contenido durante el período analizado la prevención, tanto de forma disuasiva -con la presencia física de policías- como tratando de establecer mecanismos para impulsar capacidades policiacas preventivas. 15 16 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Informe de actividades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondiente al período diciembre de 2011 a junio de 2012”, en: <http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1065/1/images/ Informe_Secretario_Ejecutivo_Sesion_XXXIII.pdf>. Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Modelo de policía estatal acreditable”, Sistema Nacional de Seguridad Pública-Secretaría de Gobernación, Ciudad de México, febrero de 2011, en: <http://www.secretariadoejecutivo.gob. mx/work/models/Policia_Estatal_Acreditable/Resource/8/PresentacionSPAMichoacan.pdf>. Las trampas de la seguridad: el gasto en seguridad pública Lo mismo en el Pacto por México que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el presidente Peña Nieto hizo de la prevención uno de sus referentes, estableciéndola como prioridad. De esta forma, además de los programas que ya estaban en marcha y que contemplaban esta variable en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el año 2013 se creó en Segob la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, y se establecieron varios programas relacionados con la prevención, destinándose una partida de 2,500 millones de pesos que debía ser distribuida entre las entidades federativas. En 2014 se invirtieron 2,595 millones de pesos y en 2015 fueron 2,683 millones.17 Otros programas vinculados con la prevención social del delito en su conjunto se distribuyeron en diferentes rubros entre las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Defensa, Comunicaciones y Transportes, y Educación Pública, integrando un monto de casi 119 millones de pesos en el año 2013. En el primer mensaje a la nación que Enrique Peña Nieto ofreció el 1º de diciembre de 2012 estableció el compromiso de aprobar un Plan Nacional de Prevención del Delito, mismo que también se encontraba acordado en el Pacto por México. En febrero de 2013 aparecieron las “Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial”, que hizo públicas la propia Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, integrada por las secretarías de Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Economía; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Las bases conceptuales sobre las que se sostiene el acuerdo son las siguientes: 1) el paradigma de la convivencia y seguridad ciudadana; 2) la perspectiva de prevención social de las violencias y la delincuencia; 3) el modelo de seguridad ciudadana; 4) ciudades seguras; 5) perspectiva de derechos humanos; 6) inclusión social; y 7) cohesión comunitaria.18 Según el documento referido, el programa debe contribuir a proveer a las personas protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, a través de las siguientes estrategias: 1) la incorporación de la prevención como elemento central de las prioridades en la calidad de vida de las personas, considerando al ciudadano y a los jóvenes en el centro de las políticas de seguridad y de desarrollo social 2) el diagnóstico situacional a través del análisis sistemático de los problemas de la delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las consecuencias; 3) los diagnósticos participativos; 4) el fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas atribuciones se encuentren relacionadas con la materia objeto del programa, lo cual incluye la realización de seminarios, estudios e investigaciones o programas de formación, entre otros, para asegurar que sus intervenciones sean apropiadas, eicientes, eicaces y sostenibles 5) la movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales que tengan capacidad para abordar las causas y prevenir factores de riesgo, integrando a la sociedad civil; 6) el desarrollo de estrategias de prevención social de las violencias y la delincuencia; y 7) el monitoreo y evaluación continuos.19 Para cumplir tales estrategias se establecen una serie de objetivos particulares, entre los que destacan la ampliación de la intervención de la sociedad, especialmente de los jóvenes, en el diseño de las políticas de prevención; el fomento de una cultura de la paz; y las acciones para mejorar las pautas de convivencia, estableciéndose las siguientes prioridades de intervención: 17 18 19 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, resupuesto de gresos de la Federaci n . Recursos asignados al Ramo 04 “Gobernación”, 26 de febrero de 2015, en: <http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2015/febrero/ notacefp0092015.pdf>. Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial, Ciudad de México, 2013, p. 23, en: <http://www.gobernacion.gob.mx/archivosPortal/pdf/ Bases120213.pdf>. bid , p. 20. 125 Carlos Barrachina Lisón • • • • • • 126 Por grupos poblacionales: juventudes. Por tipo de violencia: violencia social, violencia institucional y violencia familiar y de género. Por ciudades, zonas y regiones: ciudades con alta y mediana con ictividad delictiva y social, zonas turísticas y conurbaciones. Procesos de adopción e implementación de decisiones. Prioridades de la participación ciudadana: integrar a la ciudadanía organizada. Prioridades por factor de riesgo: medir, detectar y prevenir precursores o detonadores de distintos tipos de violencia o factores que debilitan la convivencia, la seguridad y la cohesión comunitaria. La inversión en programas de prevención del delito fue de 7,778 millones de pesos en tres años, más el 20 por ciento de lo destinado a FASP y Subsemun, además de otras partidas menores en diferentes secretarías. La voluntad política se materializó en una fuerte inversión de recursos. Se apoyaron los programas de prevención, con mayor énfasis incluso que el fortalecimiento de las unidades modelo de las policías estatales acreditables, que se planteaban necesarias para la reforma del Sistema de Seguridad Pública. Sin embargo, la falta de criterios cualitativos con los cuales medir este esfuerzo diiculta mucho determinar los resultados obtenidos por este tipo de programas. S La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal (Setec) ha sido la encargada de liderar este proceso desde el año 2008. Ha publicado diferentes estudios y documentos con el in de apoyar el esfuerzo de transformación del sistema de justicia mexicano.20 Según datos de Setec, se puede apreciar cómo ha sido muy diferenciado el inicio en la operación, así como el grado de avance de la implantación tanto del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA) como del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en las entidades federativas. En el año 2007, los estados de Chihuahua y Oaxaca iniciaron con la operación del , el primero de una manera total y el segundo parcial. En 2008 fue Morelos el que comenzó el proceso, siendo uno de los dos estados de la Repeblica que operó más rápido de forma completa tanto el como el CNPP. En 2009 se sumaron, con diferentes resultados, Durango -que operó de manera total ambos-, el Estado de México -que adoptó íntegramente el SPPA- y Zacatecas -que únicamente presentó avances parciales en los dos procesos. En el año 2010 Baja California inició de forma parcial la implantación del SPPA. En 2011 se sumaron ucatán -SPPA integral- y Guanajuato -parcial. En 2012 se añadieron Nuevo León -SPPA total-, Chiapas y Tabasco -parcial en los dos casos. En 2013, los estados de Puebla, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas siguieron el ejemplo; mientras que en el 2014 se sumaron Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Hidalgo, Campeche, Nayarit, Tlaxcala y Colima. Finalmente, en el año 2015 inició la operación parcial del SPPA y del CNPP en el Distrito Federal y en Michoacán, quedando pendiente la entrada en vigor ese año en el estado de Baja California Sur y al siguiente en Sonora. En síntesis, a principios del 2016 dos estados de la República tenían operando de forma total el y el CNPP; cuatro el primero de manera total y tres parcial. Por otra parte, 21 entidades operaban de forma parcial ambas instancias y en dos todavía estaban pendientes de entrar en vigor, ya fuera de forma parcial o completa. 20 En su página web y en medios de comunicación ha difundido videos, así como otro tipo de promocionales con los que han tratado de sensibilizar y educar tanto a los diferentes actores del sistema de justicia penal como a las autoridades gubernamentales y a la población en general sobre los cambios que se avecinan y las consecuencias de los mismos. Las trampas de la seguridad: el gasto en seguridad pública En relación con el inicio de operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio a escala federal, según las declaratorias que emite el Congreso de la Unión, el 24 de noviembre del 2014 entró en vigencia en los estados de Durango y Puebla el 16 de marzo del 2015 en ucatán y Zacatecas; y el 1º de agosto estaba previsto que lo hiciera en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luís Potosí. Se contemplaba asimismo que en el mes de noviembre del 2015 los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca y Tlaxcala se incorporaran a esta dinámica, quedando 18 entidades federativas para que completaran su proceso antes de mediados del 2016. La planeación integral de la implementación del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio ha formado parte del esfuerzo continuo de Setec para impulsar el proceso. En el año 2012 editó un manual que contempla a todos los operadores y recuerda los objetivos estratégicos y tácticos del nuevo sistema. Entre los primeros se encuentran: implementar el SPPA en los términos de la reforma penal del 2008; cumplir los principios de la misma; cambiar la cultura de los operadores del sistema, orientándola a que los procesos penales tengan como prioridad llegar a la certeza; y mejorar la percepción de la población hacia el sistema penal. Entre los segundos están disponer de la estructura normativa completa y acorde con la reforma penal del 2008; modernizar la tecnología y equipamiento; contar con infraestructura de tecnología de la información, eiciente y moderna, para la operación del sistema penal disponer de una organización que asegure a los operadores el desempeño del sistema capacitar y certiicar a los operadores difundir la temática entre la población e intercomunicar plenamente a todos los responsables. El recurso invertido ha sido importante, especialmente teniendo en cuenta que en julio del 2016 se tenía el compromiso de que todo el sistema estuviera operando de forma plena. Setec otorgó a los estados un apoyo de 3,462 millones 119 mil pesos entre los años 2010 y 2015, destinando al Distrito Federal, al Estado de México y a los estados de Guanajuato y Baja California una cantidad de recursos cercana a los 180 millones de pesos cada uno mientras que ucatán, Nuevo León, Durango y Chihuahua recibieron entre 2010 y 2015 una inversión de entre 140 y 150 millones de pesos. Nayarit, Quintana Roo, Querétaro, Aguascalientes y Baja California Sur son los que menos recursos obtuvieron, situándose entre los cuarenta y los sesenta millones de pesos durante todo el periodo. C México ha invertido una gran cantidad de recursos para reformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialmente en las entidades federativas y los municipios del país. Sin embargo, diferentes factores explican que este esfuerzo presupuestario no haya tenido el éxito esperado. Entre ellos cabe señalar los siguientes: falta de continuidad de los titulares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que han cambiado casi de forma anual; limitada voluntad política de gobernadores y alcaldes que centraron su debate en el “mando único”, sin entenderlo de forma adecuada, mientras el tiempo pasaba y no se reformaban las estructuras policiales en sus áreas de responsabilidad una errónea forma de dar seguimiento a los recursos invertidos por parte del SESNSP, centrándose en el cumplimiento de criterios cuantitativos, en lugar de cualitativos; las “trampas de la seguridad” -concepto que acuñara John Bailey para referirse a las diicultades de transformar la cultura política de los actores y, muy importante, los problemas para erradicar las prácticas de corrupción en el sistema-; el escaso interés en la sociedad civil por dar seguimiento a la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y la ausencia de un debate serio entre los principales actores de la clase política, ya que éstos han dejado que los profesionales tengan un peril policial o militar y asuman de forma casi autónoma la responsabilidad de conducir un proceso tan complejo. 127 Carlos Barrachina Lisón 128 La reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue diseñada al inicio del gobierno de Felipe Calderón por expertos de las áreas de seguridad del país, que identiicaron los principales problemas a ser gestionados. Esta propuesta ha sido en general seguida y poco discutida. Sin embargo, en el camino se ha ido modiicando, por circunstancias que la fueron alejando del objetivo. La reforma implica construcción de instituciones policiales coniables en estados y municipios. Al principio de la gestión de Enrique Peña Nieto se puso un énfasis especial en las políticas de prevención de delito, sin que a ello acompañara una metodología, ni una re exión sólida y compartida que permitiera evaluar los productos. A mediados de su administración, la fecha fatal de la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal hizo que muchos de los esfuerzos se dirigieran a este objetivo, descuidando la construcción de instituciones de seguridad pública. En relación con esta última, buena parte de los recursos se invirtieron en zonas urbanas densamente pobladas o en territorios en donde el Estado estaba perdiendo presencia frente a los grupos del crimen organizado. Sin embargo, no se establecieron criterios para medir si la inversión estaba dando los frutos esperados. La falta de policías municipales y estatales profesionales y coniables, a pesar de la inversión realizada, muestra el fracaso de esta política. Se apostó por el parque móvil, por los equipos antimotines, por algunos aspectos relacionados con la tecnología y la renovación de infraestructuras, pero se avanzó muy poco en la capacitación del personal policial y en la mejora de sus condiciones de vida. Se ejecutaron programas de prevención social del delito, pero no se estableció un mecanismo para poder medir la efectividad de las medidas impulsadas. La ausencia de resultados y de rendición de cuentas real sobre estos recursos llevan a concluir el fracaso de esta tentativa, que se puede explicar por la corrupción de los sistemas político y administrativo, así como por el desvío de recursos a funcionarios públicos electos, autoridades de los aparatos de seguridad pública estatales y locales, así como a proveedores de bienes y servicios. Hoy día los militares tienen que seguir presentes en las calles de México, y el estado de las policías no dista mucho de aquel en el que se encontraban en 2006. Frente a esta situación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública canceló en el año 2016 el , el subsidio más importante del proceso de reforma, así como el de prevención del delito. Al rechazar la idea de impulsar la creación de unidades policiales modelo se está negando la posibilidad de transformar el sistema en las entidades federativas mexicanas. El debate sobre el mando único pierde todo el sentido cuando ni siquiera los estados pueden contar con instituciones policiales bien estructuradas, integradas por profesionales competentes, que se sientan satisfechos de sus condiciones laborales y tengan una verdadera vocación de servicio. Sin instituciones eicaces, la discusión a propósito del mando enico o mando mixto se queda meramente en un juego de intereses políticos, en lugar de contribuir a una estrategia de creación de instituciones coniables para lograr una seguridad ciudadana mejor administrada. Conforme los problemas se han ido acumulando en el país, se ha actuado con un estilo reactivo. El 27 de noviembre del año 2014 el presidente de México reaccionaba a la grave crisis de Ayotzinapa con el anuncio de catorce acciones a desarrollar. Durante un mensaje en Palacio Nacional -al que asistieron miembros del gabinete presidencial, gobernadores y legisladoresse presentaron las siguientes medidas a realizar por los diferentes poderes del Estado: 1) aprobar una ley contra la iniltración criminal 2) especiicar competencias territoriales contra el delito 3) crear el Mando Único Policial; 4) establecer un número telefónico único de emergencias en el país; 5) impulsar la creación de una clave única de identidad, que permita contar con un registro coniable de la población mexicana 6) desarrollar un operativo en Tierra Caliente 7) aprobar reformas para tener un sistema más eiciente de justicia cotidiana 8) impulsar acciones en derechos humanos; 9) respaldar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; 10) garantizar la transparencia en las compras gubernamentales; 11) trabajar una reforma para crear tres zonas económicas especiales al sur del país: en el Istmo de Tehuantepec, en Chiapas y en Lázaro Las trampas de la seguridad: el gasto en seguridad pública Cárdenas 12) impulsar programas de desarrollo rural, de empleo y de becas en las entidades del sur; 13) trabajar en una reforma para desvincular el salario mínimo de otros conceptos como las multas, con el in de abrir un debate sobre el monto de los sueldos y 14) fomentar la comunicación con la sociedad, y ordenar a las secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social que “amplíen” los espacios para el diálogo con las organizaciones sociales y favorecer su participación. Está pendiente de desarrollar un esfuerzo de concertación, de construcción colectiva de acuerdos; y que se aborde sin ambigüedades el proceso de reforma institucional de la administración de la seguridad peblica, no enicamente en el ámbito federal, sino especialmente en las entidades federativas y los municipios. No es sólo cuestión de recursos, sino de voluntad política y de la consolidación de una visión reformista que debe imaginar con realismo el futuro de la seguridad pública en México a largo plazo. 129 Los seis modelos policiacos en México y el debate sobre la seguridad pública1 Raúl Benítez Manaut I La seguridad pública en México está en crisis por varias razones. La principal es el desafío que presenta la acción de las organizaciones criminales de alto impacto dedicadas al tráico de drogas, para la cual la estructura tradicional policiaca desarrollada durante el siglo fue incapaz de hacerle frente. Esto ha estimulado desde el gobierno y la sociedad el desarrollo de gran cantidad de iniciativas de reforma a las instituciones. En los años noventa del siglo pasado, cuando comenzó a darse este fenómeno, el gobierno federal decidió, en 1999, organizar un cuerpo nacional policiaco con estructuras casi totalmente militarizadas: la Policía Federal Preventiva ( ), convertida en Policía Federal en 2006, para transformarla de preventiva en una institución de “contención” del crimen de alto impacto. Esta policía se ha ido profesionalizando y civilizando gradualmente. En un nivel intermedio se construyeron propuestas de policías civiles profesionalizadas. Una basada en el Mando Único (hoy llamado Mando Mixto), y otra en la profesionalización de los cuerpos de las policías municipales, como indica la Constitución. Por último, dada la crisis de seguridad pública en numerosas áreas rurales y comunidades indígenas, comenzó a darse el desarrollo de “policías comunitarias”, mal armadas, sustituyendo a los cuerpos policiacos municipales por su corrupción y por sus vínculos con los grupos criminales. En el caso de Michoacán se dio el colapso de la presencia del Estado debido a la aparición de grupos de autodefensa, muy bien armados y equipados, que se propusieron combatir a las organizaciones criminales y su acoso y agresión sistemáticas hacia la población. Lo anterior provocó una reacción muy enérgica del gobierno federal, el cual intervino en 2013 los poderes municipales y el estatal de forma casi absoluta para enfrentar la situación.2 La crisis institucional de la seguridad pública incubada desde inicios de los años noventa llevó a sus extremos las “soluciones” al problema: desde la mano dura a través de las Fuerzas Armadas, hasta la autoorganización en grupos paramilitares. Ninguna de estas dos salidas tiene viabilidad en el medio y largo plazos, pues surgieron sólo para afrontar la emergencia del ascenso del crimen, tanto del común como del organizado. Las formas viables y legales de organización institucional se encuentran entre estos dos extremos. La reglamentación de la seguridad pública, contenida en el Artículo 21 de la Constitución, señala que corresponde a los tres niveles de gobierno implementarla. En este sentido se desarrollaron seis modelos policíacos en el país: • • 1 2 3 Modelo 1: Militarización total de la seguridad pública 3 (no contemplada en la Constitución) Modelo 2. Profesionalización de la seguridad pública a través de la Policía Federal (Artículo 21 de la Constitución) Versión actualizada y revisada del artículo “Fortalecimiento institucional de los cuerpos policiacos en México”, en Norberto Urquieta y Víctor Hugo Rueda (coords.), León, Guanajuato. Temas selectos en seguridad. Análisis y propuestas, Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato, 2015, pp. 25-53. México Evalúa, “Entender para atender: por una estrategia de Estado en Michoacán”, México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas Públicas, Ciudad de México, 2014. Raúl Benítez Manaut, “México: violencia, Fuerzas Armadas y combate al crimen organizado”, en Carlos Basombrio (ed.), ¿A dónde vamos? Análisis de políticas públicas de seguridad en América Latina, Woodrow Wilson CenterColectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (CASEDE). Ciudad de México, 2013. 131 Raúl Benítez Manaut • • • • Modelo 3: Profesionalización basada en el Mando Único (o Mixto) a nivel estatal Modelo 4: Profesionalización de la Policía Municipal (esquema constitucional, Artículo 115) Modelo 5: Policía comunitaria. En los casos de las comunidades indígenas basadas en leyes de “usos y costumbres”. No contemplada en la Constitución Modelo 6. Población organizada en autodefensas. No contemplada en la Constitución. La coexistencia de estas seis formas de organización policíaca ha sido factor para el incremento del con icto, la violencia y la crisis de derechos humanos en diferentes municipios del país. Ello sin dejar de lado el carácter paralegal e incluso ilegal de algunos de estos modelos. Sobre el caso de las policías municipales, sostenidas legalmente en la Constitución, Fernando Escalante airma: La intervención de las fuerzas federales en tareas de seguridad pública, estos años pasados, es en parte respuesta a una crisis del poder municipal, de la Policía Municipal en particular, y en parte es factor para acentuar esa crisis. En varias ciudades del país, empezando por Tijuana y Ciudad Juárez, prácticamente se ha desmantelado la Policía Municipal: se ha detenido a cientos de agentes por complicidad con la delincuencia, se ha despedido a muchos más, y se habla de la necesidad de suprimirla de un modo deinitivo, porque es la estructura más vulnerable y la menos eicaz para combatir al crimen organizado. Veamos: la Policía Municipal, corrupta, ineiciente y abusiva como puede ser, tiene que organizar los mercados informales y los mercados ilegales. Se dirá que eso signiica complicidad con los delincuentes: es verdad y es trivial. En cualquier país del mundo hace falta una fuerza pública arraigada localmente para organizar esos mercados, porque no van a desaparecer, y porque implican transacciones cotidianas, regulares, en las que participa buena parte de la sociedad. La Policía Municipal también tiene que mantener vías de comunicación con las pandillas tiene que supervisar una ininidad de tráicos que están más o menos en los límites de la legalidad. Nada de eso lo puede hacer una policía ajena, enviada desde otro lugar, ni tampoco un cuerpo del Ejército, mucho menos en operativos como los de los años recientes, cuya virtud está en su intransigencia. Por eso es tan grave la crisis de la Policía Municipal. Donde falta esa fuerza local, capaz de ordenar los mercados informales e ilegales, el resultado es perfectamente previsible, porque la incertidumbre genera violencia.4 132 La Constitución Mexicana divide los poderes del Estado en tres: federal, 32 estados y 2,454 municipios. Asimismo, el resguardo de la seguridad pública se garantiza en el nivel municipal con base en el Artículo 21 de la Carta Magna.5 Esta regulación se complementa en el Artículo 115, que entiende la seguridad pública como un servicio a cargo de los municipios, que se desglosa en dos funciones: policía preventiva municipal y de tránsito. De esta manera, la organización municipal para garantizar la seguridad pública está dispersa entre los 2,454 municipios en que se divide el país. Según el tamaño del ayuntamiento en términos de población, si comparamos la Delegación Iztapalapa (ubicada en la Ciudad de México), que cuenta con casi dos millones de habitantes, con el menos poblado del país, Jicotlán (Oaxaca), que tiene 102 habitantes, la organización de la seguridad pública es diametralmente diferente. Así, por ejemplo, si tenemos en cuenta los once municipios que tienen más de un millón de habitantes (Cuadro 1), la organización de los cuerpos policiacos reviste una complejidad que va desde el desarrollo de las capacidades de prevención (como lo deine el Artículo 115 de la Constitución), hasta la construcción de habilidades de contención policiaca e inteligencia; y 4 5 Fernando Escalante, “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso”, Nexos, núm. 387, enero de 2011. Puede consultarse en: < http://www.nexos.com.mx/?p=14089>. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el iario icial de la Federaci n (dof), 5 de febrero de 1917; texto vigente; última reforma publicada: dof, 10 de julio de 2015. Puede consultarse en: <http:// www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm>. Los seis modelos policiacos en México y el debate sobre la seguridad pública para ello se necesita la profesionalización plena de dichas instituciones, cuya base está en la capacitación y el entrenamiento a través de academias especializadas. En este modelo se sostiene la profesionalización de la Policía Federal. M Cuadro 1 México 2010 6 Entidad Municipio Población 1º Ciudad de México Iztapalapa 1.815.598 2º Estado de México Ecatepec de Morelos 1.658.806 3º Baja California Tijuana 1 559 683 4º Puebla Puebla de Zaragoza 1.539.859 5º Jalisco Guadalajara 1.494.134 6º Guanajuato León 1.436.733 7º Chihuahua Juárez 1.328.017 8º Jalisco Zapopan 1.243.538 9º Ciudad de México Gustavo A. Madero 1.184.099 10º Nuevo León Monterrey 1.130.960 11º Estado de México Nezahualcóyotl 1.109.363 Lugar F i i i : , 2010. Entre los problemas fundamentales están las contradicciones entre gran cantidad de artículos de la Constitución. Entre ellas destaca, sobre todo por las reformas garantistas en favor de los derechos humanos consignadas en el Artículo Primero desde 2011, la no congruencia de este último con el Artículo 89, sobre el que se ostenta el poder presidencial, y con los artículos 29 y 129, que regulan todo lo referente al estado de excepción y al despliegue y/o acuartelamiento de tropas. Además, hay que tomar en cuenta que el Congreso, en el texto actual, no tiene atribuciones sobre seguridad pública, nacional o de defensa. Por ello, la supervisión o control legislativo es inexistente, algo propio de un país autoritario. El Artículo 1° es fundamental, pues con las reformas de 2011 impacta directamente en las tácticas militares. L La Constitución mexicana, en su Artículo 89, fracción , señala que el presidente puede “disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, es decir, del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.7 Este precepto se contrapone con el Artículo 129 de la misma Carta Magna, que señala que: “En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.8 La posible contradicción entre ambos ordenamientos constitucionales se da entre lo que se entiende por “tiempo de paz” y “tiempo de guerra”. Además, habría que considerar el territorio donde se desarrollan los con ictos más graves que alteran la “seguridad interior”, pues hay regiones rurales y ciudades donde la presencia de las Fuerzas Armadas es casi permanente desde hace tiempo: en algunos casos desde que se “institucionalizó” la Revolución Mexicana en 1917. Durante el siglo , gran cantidad de cuerpos municipales 6 7 8 Instituo Nacional de Estadística y Geografía ( ), “En México somos 112 millones 322 mil 757 habitantes al 12 de junio de 2010”, Boletín de Comunicación Social, núm. 389/10, 25 de noviembre de 2010. Consultado el 24 de julio de 2015. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el iario icial de la Federaci n el 5 de febrero de 1917; texto vigente; última reforma publicada, dof, 10 de julio de 2015, al Artículo 89. Ibid., al Artículo 129. 133 Raúl Benítez Manaut 134 de policía no tuvieron la capacidad de contener los problemas de criminalidad y el Ejército se desplegó en su lugar de forma casi permanente. El avance del crimen organizado llevó al gobierno a superar, desde 1996, los impedimentos legales para el empleo de las Fuerzas Armadas en estas funciones. La Suprema Corte de Justicia de México determinó en ese año que “el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina podrían intervenir en asuntos de seguridad pública siempre y cuando las autoridades civiles, incluso el gobierno mismo, así lo solicitaran”.9 También en el mismo año, el gobierno decretó la “Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”,10 y se le dio prioridad al empleo de las Fuerzas Armadas para contener el ascenso de la delincuencia organizada. Posteriormente, debido al alza de los actos criminales también en el Distrito Federal, se militarizó parte de la estructura policiaca en la Delegación Iztapalapa, incluso con despliegue de tropas en las calles (ejercicio militar considerado un gran fracaso), y ya en 1997 se señalaba que los comandantes militares estaban participando en corporaciones de seguridad pública en 29 estados del país.11 Durante este periodo, que se puede considerar como el inicio de la militarización de las corporaciones policiacas, los militares se incorporaban de forma individual, en situación de retiro o con permiso, pero siempre con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo constituyó, en 1999, la Policía Federal Preventiva (PFP), en ese momento bajo la conducción de la Secretaría de Gobernación, e incorporó en su estructura fundacional una cantidad importante de militares, integrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), para construir un área de inteligencia policiaca, con participación también de miembros de la Policía Federal de Caminos. Durante el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se planteó como gran reforma policial la creación de la Secretaría de Seguridad Pública federal, integrando en su seno a gran cantidad de militares en retiro y comisionados. La fue incorporada a esa estructura, delegándole además la responsabilidad de resguardar los reclusorios. En términos legales, se le dotó de capacidades de investigación del delito a nivel federal, lo que entró en inmediata contradicción con las obligaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). A su vez, esta institución sufrió una gran reforma, pues se disolvió la Policía Judicial Federal (PJF), por considerarse que sus integrantes en su mayoría colaboraban con el crimen organizado, y se constituyó el primero de noviembre de 2001 la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Sus funciones se deinieron para apoyar la investigación y persecución del delito, principalmente de aquéllos contra la salud (narcotráico), la privación ilegal de la libertad (secuestro), el tráico de armas y la persecución de grupos delictivos de alto impacto (delincuencia organizada). Desde la creación de la en 1999, luego transformada en Policía Federal, los con ictos burocráticos con la PGR son constantes. A estas rivalidades se agregan las que aparecen con las Fuerzas Armadas, y también con las policías estatales y municipales. Todas se acusan unas a otras de ser frágiles y estar corrompidas, y en todos los casos han aparecido tanto escándalos de corrupción como de violaciones a los derechos humanos. En estas guerras burocráticas los militares ganaron la partida, como airma Luis Astorga.12 La “guerra a las drogas” inició en enero de 2007 con una sorpresiva extradición de los quince reos más peligrosos de México reclamados por Estados Unidos, entre ellos el líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas; y por un gran operativo de despliegue de tropas en Michoacán, 9 10 11 12 Véase, Pleno, emanario udicial de la Federaci n su aceta, novena época, tomo , marzo de 1996, tesis . /96, p. 350, tesis: “Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional”. Véase también, Acuerdo de Inconstitucionalidad 1/96, “Participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública”, emanario udicial de la Federaci n su aceta, registro núm. 192080, tomo , abril de 2000, nueva época, tesis p/5/38/2000, 27 de marzo de 2000, p. 549. iario icial de la Federaci n, México, 7 de noviembre de 1996. La Jornada, “Militarización en 29 estados”, 30 de agosto de 1997. Luis Astorga, l poder la sombra eguridad, traicantes militares, Tusquets, Ciudad de México, 2007, p. 64. Los seis modelos policiacos en México y el debate sobre la seguridad pública donde ya se había incrementado notablemente la violencia entre La Familia Michoacana y Los Zetas.13 Ante el avance de las organizaciones criminales, y ya implementada su estrategia de recuperación política y territorial, el presidente Felipe Calderón fortaleció el aparato “duro” de la seguridad del Estado. Después de una década de iniciada esta guerra, en el seno de las Fuerzas Armadas se cuestiona el hecho de que se le demande intensamente participar en respaldo de la seguridad pública, en algunas ocasiones sustituyendo de forma integral a los cuerpos policiacos, y en otras controlando a sus mandos. Por ello, la milicia exige la profesionalidad policiaca para impulsar el retiro de sus miembros de esas labores. Por lo anterior, el único camino es la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública. Al respecto, el secretario de Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, señaló enfáticamente: “Pregunta: ¿Cuáles son los costos que las Fuerzas Armadas han tenido que pagar por realizar labores de seguridad pública que deberían estar haciendo otros, como por ejemplo los estados, las policías y otros cuerpos que no tienen nada que ver con los militares? Respuesta: Si hablamos de costos, seguramente se está reiriendo a costos que tienen que ver con el prestigio, con la forma de operar, con el desgaste que tienen las Fuerzas Armadas; bien, pues yo creo que los costos han sido altos, pero han valido la pena; no es nuestra vocación, no nos sentimos a gusto haciendo funciones de policía. Está ordenado por el comandante supremo, que es el presidente de la República, pero estamos conscientes que de no hacerlo nosotros en este momento no hay quien lo pueda atender. Necesitamos cuerpos policiacos más capacitados, mejor preparados, mejor armados, y que se les atienda en la parte de seguridad social. Me parece que es un tema que se ha dejado a un lado y que se requiere atender a los policías no nada más en la parte de su capacitación, sino también de su seguridad social. Contando con buena seguridad social los cuerpos policiacos serán mejores y podrán atender sus responsabilidades. A nosotros nos urge que esto se dé para que sean ellos los que asuman la tarea que legalmente les corresponde.14 A ines de 2016, el general Salvador Cienfuegos solicitó una acción legislativa urgente debido a que: “Los legisladores no han establecido en la ley los límites del Ejército en operaciones de seguridad; no hay respaldo presupuestal para las Fuerzas Armadas; el nuevo sistema de justicia penal no opera como debería; y las policías no hacen el trabajo para el que se les paga, además de que los estados no han reformado sus policías en los últimos diez años. El general ha señalado que las tropas están cansadas y se necesita su reemplazo por las policías”.15 El problema que envuelve la militarización de la seguridad pública en México es que no ha logrado resultados contundentes y estratégicos contra las grandes organizaciones criminales, por lo que se ha expandido la acción de las mismas. La acción militar ha logrado éxitos parciales en algunos estados y contra ciertos grupos delictivos, pero no ha podido evitar su expansión y su fragmentación, lo que abre numerosas interrogantes para diversos cuerpos policiacos incluso en ciudades que en años anteriores no vivían la violencia del narcotráico. Este aumento y dispersión de la violencia se debió a tres factores principales: primero, a la necesidad de los cárteles del narcotráico de crear una reputación de poder frente a los grupos criminales competidores segundo, a la ruptura del equilibrio entre las propias bandas, debido a la acción del gobierno, ya que al golpear de forma gradual y diferenciada fortalecía a algunas, debilitaba a otras y provocaba grandes divisiones en su seno, aumentando los actos violentos (por ejemplo, la separación de Los Zetas del cártel del Golfo), así como su dispersión geográica y tercero, a la competencia por el dominio de las rutas y las ciudades de almacenamiento. Por ejemplo, en el inicio de la 13 14 15 Ibid., pp. 298-299. El Universal, “Entrevista con el general Salvador Cienfuegos”, 29 de junio de 2015. Reforma, “Exigen a Senado legislar sobre Fuerzas Armadas. Critica Cienfuegos inacción anticrimen”, Ciudad de México, 9 de diciembre de 2016, p. 2. 135 Raúl Benítez Manaut 136 “guerra”, en 2007-2009, de las poblaciones de la frontera con Estados Unidos. Esto se observó en Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo en 2009-2010, que alcanzó tasas de homicidio de casi 200 por cien mil habitantes a causa de la pugna entre el cártel de Sinaloa, Los Zetas, y la organización local, el cártel de Juárez.16 De esta forma, desde 1996 se fue militarizando la estrategia de combate a las drogas, y se incrementó la competencia armada entre las agrupaciones criminales. Esta militarización llegó a su clímax en 2011, cuando ya se había duplicado la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, de 11 en 2006, a 23 en ese año, lo que afectó notablemente a la población civil y alteró la seguridad pública de forma alarmante. Uno de los cuestionamientos frecuentes a la militarización o semimilitarización de los cuerpos policiacos consiste en airmar que si no hay un intenso trabajo de educación basado en los derechos humanos, lo que se logra es una policía profesional, pero con una elevada probabilidad de que utilice desproporcionadamente la fuerza y, con ello, se produzcan violaciones a los derechos humanos. Es preciso tener en cuenta además que puede aumentar el nivel de impunidad, que en México es de los más altos del mundo, pues sólo el 3 por ciento de los delitos registrados terminan en una sentencia penal, por lo que el índice de impunidad es de 97 por ciento.17 La principal razón de por qué se mantiene la impunidad y la incapacidad del gobierno para otorgar justicia a la población, Mariclaire Acosta la ubica en un “legado autoritario” en las estructuras del Estado, principalmente en las áreas de seguridad, justicia y militares. Esto ha llevado a la expansión de los “estados de excepción” no declarados, pero vigentes en la práctica, por la sistemática presencia de fuerzas militares en zonas del país donde se aplican las estrategias de combate al narcotráico. Así, la presencia semipermanente de las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público desde hace casi veinte años ocasiona que éstas actúen sin controles efectivos, lo que favorece la posibilidad de que se produzcan violaciones a los derechos humanos, precisamente porque operan con impunidad, como producto que son de las instituciones de seguridad conformadas durante el siglo , propias de un sistema político no democrático.18 Investigadores del CIDE elaboraron un “índice de letalidad” que indica que, en combate, se observa gran superioridad de las fuerzas armadas frente a las células criminales, lo que lleva a la hipótesis de que las bajas entre el bando criminal fueron en realidad ejecuciones extrajudiciales.19 M M En México, desde 2006, diversos analistas han planteado la disolución de los cuerpos de policías municipales para construir “mandos únicos” estatales como camino a la profesionalización y a la construcción de capacidades para controlar al crimen organizado y de alto impacto. También se les conoce como “mandos mixtos”. El problema es qué hacer con aquellos cuerpos policiacos que se ubican en el nivel intermedio. O sea, en las grandes ciudades del país, en donde históricamente se han conformado algunas policías con tamaño y capacidades propias de una corporación profesional. Si observamos el panorama demográico de las grandes urbes nacionales, advertimos que las corporaciones policiacas en su seno no son fácilmente sustituibles por mandos supramunicipales. 16 17 18 19 Eduardo Guerrero, “Cómo reducir la violencia en México”, Nexos, núm. 395, noviembre de 2010, en: <http://www. nexos.com.mx/?p=13997>. Mariclaire Acosta, Superar la impunidad: hacia una estrategia para asegurar el acceso a la justicia en México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ciudad de México, 2011, p. 52. Ibid., p. 70. Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas, “Índice de letalidad. Menos enfrentamientos, más opacidad”, Nexos, julio de 2015, en: <www.nexos.com.mx/?p=25468>. Los seis modelos policiacos en México y el debate sobre la seguridad pública De esta manera, en México la problemática se incrementa porque existe una especie de “modelo híbrido” de policía, donde coexisten la Policía Federal, explícitamente creada y fundada en 1999 para hacer frente a una delincuencia cada vez más peligrosa y organizada, a la cual las corporaciones municipales no tenían capacidades reales de contener; las policías de investigación federales (al interior de la Policía Federal y en la Procuraduría General de la República); las policías estatales (de investigación judicial y de prevención); y las municipales, para la contención de los delitos del crimen no organizado ni de alto impacto. Estas policías responden a cuatro funciones: • • • • Represión del delito Mantenimiento del orden Auxilio y asistencia social Prevención del delito20 Entre los problemas que afectan la estructura de las corporaciones están su dispersión geográica, pues el 90.3 por ciento de los policías del país pertenecen a corporaciones estatales y municipales (cifra para 2008). Sin embargo, de los 2,454 municipios, 418 no cuentan con policía; y en más de 1,200 las corporaciones tienen menos de veinte elementos. La cuarta parte de los policías municipales se concentra en las 25 corporaciones municipales más grandes, que se sitúan en 16 estados de la República. Además, estas corporaciones tienen “doctrina” de policía preventiva, para hacer frente a delitos comunes de bajo impacto en las calles. La Policía Federal se constituyó para dar salida a estos problemas. Su crecimiento desde 1999 no logró responder al desafío de enfrentar al crimen organizado, pero colabora en el esfuerzo. En 2006 contaba con aproximadamente siete mil efectivos. Hacia 2010 logró tener más de 35 mil miembros, integrados en seis divisiones: Fuerzas Federales; Seguridad Regional; Inteligencia; Investigación Cientíica, y Antidrogas.21 En el gobierno de Enrique Peña Nieto se agregó la séptima división, la Gendarmería. Este esfuerzo no ha logrado evitar el avance de los grupos criminales del narcotráico que alteran notablemente la seguridad peblica, por lo que se debió reforzar con las Fuerzas Armadas mediante una estrategia de “militarización” descrita en páginas anteriores. En México este fenómeno ha sido gradual, y se ha implementado de forma creciente desde el gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), con gran cantidad de reformas legales. Esta estrategia menosprecia las potencialidades de las policías municipales, aun cuando muchas de ellas se desempeñen de forma exitosa en muchas ciudades del país. Entre otros factores están la corrupción y la débil profesionalización, los salarios bajos, y estructuras basadas en liderazgos y lealtades personales, así como la politización, pues las corporaciones están sujetas a los cambios políticos cada tres años en los municipios. Aunque lo más importante es que la baja profesionalización, el casi nulo entrenamiento, y el armamento sencillo, de escaso poder de fuego, lleva a que los grupos criminales organizados tengan mucho mayor capacidad de combate que las propias policías municipales, sobre todo en poblados rurales y ciudades medianas y pequeñas, lo que facilita la cooptación forzosa de sus integrantes por temor y por la debilidad en cuanto a capacidad comparada con las bandas delincuenciales. El principal problema con el planteamiento generalizador del análisis de las deiciencias de las policías municipales es que se sostiene en la realidad de las más chicas, débiles presupuestalmente y de aquéllas ubicadas en zonas rurales. Esto deriva en que no se tome en cuenta a los cuerpos municipales ubicados en ciudades grandes, por ejemplo, las once ciudades con más de un millón de habitantes (Cuadro 1), que tienen un proceso de profesionalización y modernización similar al modelo profesional planteado en la propuesta de “mando único” desde el poder federal. 20 21 Octavio Rodríguez Ferreira, “La Policía Federal y el nuevo modelo de policía: análisis legislativo y consideraciones generales”, en David Arellano y Juan Salgado (coords.), olic a Federal una nue a instituci n para éxico, Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social-Secretaría de Seguridad Pública, Ciudad de México, 2012, p. 14. Juan Salgado y y Miguel Quintana, “Construcción de las capacidades institucionales de la Policía Federal”, en ibid., p. 74. 137 Raúl Benítez Manaut 138 La corporación policiaca más grande de México es la del Distrito Federal. Ésta cuenta con noventa mil integrantes, aproximadamente un policía por cada mil habitantes. Según el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa: “Es cuestión de hacer cuentas, pero estimamos que andará en alrededor de mil ciudadanos por cada policía, relación que pone a esta capital por encima de cualquier otro territorio del país. Pero no es sólo por tener el mayor nemero de policías, sino que se tiene una estrategia muy deinida, sistema de videovigilancia y acercamiento con los vecinos en materia de seguridad pública”.22 La policía de la Ciudad de México opera de forma real bajo el esquema de mando único, debido a que no tiene municipios, sino delegaciones, que no pueden tener su policía de forma autónoma. Este modelo es el que implícitamente se quiere implementar en todo el país. El problema es que la realidad socioeconómica, territorial y política de la Ciudad de México es distinta al resto de la nación, lo que hace difícil exportar su modelo policíaco, sobre todo a ciudades de menos de un millón de habitantes, poblados rurales y comunidades indígenas. Además, esto no obsta para que la ciudad también tenga graves problemas de seguridad no resueltos.23 Entre los más relevantes están la corrupción endémica la existencia de “hermandades” (maias de comandantes que controlan la corporación); una imagen muy devaluada del policía sobre sí mismo; y estadísticas de criminalidad que carecen de cálculos reales sobre las “cifras negras” de los delitos, por lo cual los nemeros oiciales desvirtean la realidad del crimen en la gran urbe.24 L : vis a vis Respecto de la estructura de los cuerpos de policías municipales, estadísticas proporcionadas por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), el estado de la Fuerza en el país es de 351 mil 567 uniformados estatales y locales a mediados de 2015. La Setec debe capacitar a este universo de policías para adaptarse al cambio constitucional que introduce los juicios orales.25 Se estima que este organismo es el encargado de vincular el nuevo sistema de justicia penal con las corporaciones policíacas. El desarrollo hacia mediados de 2015 era el siguiente: seis estados ya aplicaban el nuevo sistema al 100 por ciento, mientras que 25 y el Distrito Federal lo hacían de forma parcial, teniendo en cuenta que la misma Setec estima que el personal del sistema judicial y policiaco no tienen la capacitación para aplicarlo con eicacia, además de la gran deiciencia en la disponibilidad de recursos.26 Así, la guerra contra las drogas le dio prioridad a la mano dura, en detrimento de los conceptos de seguridad ciudadana, poniendo a los derechos humanos en segundo lugar (contra la prioridad que les otorga la Constitución, al incluirlos en el Artículo Primero). De esta manera, al desplegar la mano dura, el gobierno federal optó por la persecución de muchos delitos que antes eran “tolerados” para no alterar el orden y la paz social. Así, perseguir el delito se volvió un tema confuso, pues se determinó la persecución a toda costa, lo que modiicó los equilibrios entre militares, policías y ciudadanía. 22 23 24 25 26 Entrevista con Juan José García Ochoa, “Vigilan 90 mil policías el D. F.”, en La Jornada, 29 de enero de 2013. Arturo Alvarado, l tama o del inierno n estudio sobre la criminalidad en la ona metropolitana de la Ciudad de México, El Colegio de México, Ciudad de México, 2012. Elena Azaola, Crimen, castigo y violencias en México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México, 2009. Véanse en particular los capítulos: “Las debilidades de la fuerza pública de la Ciudad de México”, pp. 53-74; e “Imagen y autoimagen de la Policía en la Ciudad de México”, pp. 75-92. Reforma, “Debilitan los policías los juicios orales”, Ciudad de México, 23 de agosto de 2015. Reforma, “Retrasan fondo para la oralidad”, 27 de agosto de 2015. Declaraciones de la secretaria técnica de la Setec, María de los Ángeles Fromow. Los seis modelos policiacos en México y el debate sobre la seguridad pública De esta forma, poco a poco se fue conigurando una especie de “acorralamiento” y “estigmatización” de las policías municipales, por una supuesta incapacidad para profesionalizarse y obtener capacidades para combatir al delito de alto impacto del narcotráico. Así, en el gobierno federal se expandió la idea de construir un “Nuevo Modelo Policial”, que sólo contemplaba y le otorgaba capacidades a la Policía Federal, y a corporaciones grandes como la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Este “nuevo modelo” se basaba en la investigación cientíica de los delitos y en la inteligencia policial. Sus bases son:27 • • • • • • Terminar con la división entre policías preventivas y de combate criminal Conferir a las policías preventivas facultades de investigación Transitar del modelo reactivo de policía a uno basado en la inteligencia Generar de forma homogénea los insumos clave de información criminal que requieren los procesos de inteligencia policial Modiicar el marco normativo para adaptar la acción policiaca con el sistema penal Fortalecer las estructuras de la Policía Federal. Este “nuevo modelo” se contradice con la Constitución, en cuanto supone la imposibilidad de que sea desplegado por las policías municipales, además de que aleja la doctrina policiaca de los conceptos de “seguridad ciudadana”, más cercanos a la ilosofía garantista de la Carta Magna mexicana. El 27 de noviembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto propuso diez medidas para implementar una profunda reforma policiaca, en lo que se considera como su Plan de Legalidad y Justicia:28 Primera: La Ley contra la Iniltración del Crimen Organizado, la cual establecerá que la Federación asuma el control de los servicios municipales o se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios de que está involucrado con la delincuencia organizada; Segunda: Se redeinirán las competencias de cada autoridad de cara al delito Tercera: Creación obligatoria de las policías estatales únicas, por lo cual se elaborará un nuevo modelo policiaco en 32 grupos sólidos; Cuarta: Se acelerará el establecimiento de un número telefónico único para emergencias, a nivel nacional, que permitirá a los mexicanos contar con un medio eicaz para pedir auxilio en casos de urgencia. Se buscará que este número sea el 911 por ser el más reconocido a nivel mundial; Quinta: Formar un registro de clave única de identidad, para facilitar los trámites; Sexta: El gabinete de seguridad implementará un operativo especial en la zona de Tierra Caliente, en los estados de Michoacán y Guerrero; Séptima: Enviará, en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana; Octava: Fortalecerá los instrumentos para proteger los derechos humanos, detallando acciones contra la tortura y las desapariciones forzadas, e impulsando la localización de personas. Se fortalecerán los protocolos y procedimientos para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales. Se establecerán indicadores adicionales en materia de derechos humanos, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( ) y organizaciones de la sociedad civil; Novena: Promoverá la pronta aprobación de las diversas leyes y reformas para combatir la corrupción; Décima: Se fortalecerán los principios del gobierno abierto en la Administración Pública Federal. En este marco, instruyó a la Secretaría de la Función Pública a desarrollar un portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal. 27 28 Genaro García Luna, Para entender el Nuevo Modelo de Seguridad para México, Nostra, Ciudad de México, 2011, p. 24. Excélsior, “Conoce las diez medidas que anunció en materia de justicia”, 27 de noviembre de 2014. Esta propuesta se sometió a la Cámara de Diputados en la Legislatura que inició el primero de septiembre de 2015. 139 Raúl Benítez Manaut 140 Estas medidas las postuló el presidente a raíz de la grave crisis de derechos humanos producto de la muerte de 43 estudiantes en Iguala, donde la responsabilidad se le atribuye al alcalde de la ciudad y a la complicidad de la Policía Municipal con el grupo criminal conocido como “Guerreros Unidos” en el estado de Guerrero. Este planteamiento supone que la grave crisis de seguridad pública existente en los estados de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas es potencialmente similar en otras entidades del país, lo que no necesariamente es real. Por ello, el diagnóstico del presidente se desprende del “peor escenario”, y no analiza la diversidad de realidades y los distintos niveles de profesionalización existentes en otros estados y municipios. En otras palabras, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos, si bien son un grave problema en México, no están causadas por las estructuras policiacas en sí mismas, sino por deiciencias en las instituciones de impartición de justicia y por el abuso de autoridad de los mandos políticos. En este sentido, los cuerpos policiacos municipales son un re ejo de las estructuras de las cuales dependen, como son los presidentes municipales, y de éstos deriva su profesionalidad o, por el contrario, el nivel de corrupción y sus deiciencias. De esta manera, en México se está consolidando la tendencia de la militarización y la mano dura, que se observa en el desarrollo de las fuerzas federales, en detrimento de los esquemas de prevención que impulsen el paradigma de la seguridad ciudadana. Este último sólo es posible con policías profesionales de “proximidad social”, que conozcan la localidad donde operan, sus problemas y a sus pobladores. S , Una de las mayores incongruencias del sistema institucional mexicano es que tiene divididas en el seno del Estado tres funciones que están íntimamente vinculadas: la seguridad pública, el sistema de impartición de justicia y el combate al crimen. Los tres niveles, en las estructuras que los involucran, están penetrados por la corrupción en su modus operandi cotidiano. A ello se le agregan las débiles capacidades de las policías de investigación, tanto en inteligencia como en capacitación de investigación criminalística. La corrupción tiene distintas modalidades que van desde la aceptación de dinero; los desvíos de recursos públicos; la intervención en procesos judiciales el tráico de in uencias, etcétera.29 Debido a la presencia de la corrupción es que tanto la criminalidad común como la organizada logran penetrar las diversas estructuras de gobierno con facilidad. Esto perjudica directamente a la población y expande la violencia, pues la modalidad de acción del crimen organizado es precisamente atemorizar a las organizaciones criminales competidoras, a los funcionarios del Estado que los combaten y a la población que vive en lugares de alta incidencia de actividades criminales.30 La penetración del crimen en estructuras de gobierno diiculta la acción policiaca, pues los tomadores de decisiones pueden ordenar la inmovilización de las fuerzas de policía o, incluso, en casos extremos, la coparticipación, como sucedió en diversos municipios de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero. En junio de 2008 entró en vigor la “Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia”, que modiicó de manera sustancial diez artículos de la Carta Magna. Se pasará gradualmente de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal, de acuerdo con los principios de derechos humanos que se incluyen en el Artículo Primero de la misma. La sustancia de esta reforma es transitar hacia juicios orales para acelerar la administración de la justicia. Se diseñó un pro29 30 Cristina Rojas Rodríguez, “Corrupción: eje fundamental sobre el que descansan las formas de crimen organizado”, en: <http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/123101artprin1.html>, consultado el 30 de mayo del 2011. John Bailey, Crimen e impunidad. Las trampas de la seguridad en México, Random House, Ciudad de México, 2014, p. 275. Los seis modelos policiacos en México y el debate sobre la seguridad pública grama para llegar a junio de 2016 como fecha deinitiva para que los 32 estados pusieran en práctica la reforma.31 El sistema de justicia penal acusatorio oral se fundamenta en el predominio de los derechos esenciales de las víctimas y las personas imputadas, creando nuevas iguras y mecanismos procesales, como los servicios previos al juicio; los medios alternativos de resolución de controversias; las suspensiones condicionales del proceso a prueba; y los procedimientos especiales. Todo lo anterior debe traducirse, con la reforma, en mayor transparencia y eiciencia, a un menor costo en recursos públicos, reducción del tiempo del proceso y menor erogación para las partes implicadas en el con icto penal. La parte nuclear de la reforma se centra en el principio de presunción de inocencia (Artículo 20 constitucional), donde se establecen los derechos de las personas víctimas e imputadas de delito. También se incluyen elementos como la reparación del daño, la seguridad personal de los acusados y el resguardo de su identidad y de sus datos personales.32 Uno de los problemas principales de la reforma es la falta de capacitación policiaca para adecuarse a sus preceptos. Ello se debe a que en México la mayoría de los delincuentes son capturados “en agrancia”, donde generalmente es un oicial quien los detiene. Sin embargo, el mismo policía no tiene entrenamiento para resguardar las pruebas y la escena del crimen, lo cual muchas veces deriva en juicios deicientes. Para el efecto, la Policía Federal, en sus acciones de capacitación ha implementado cursos para preparar a sus integrantes en la materia de juicios orales. El problema con los juicios orales es que responderán, en teoría, a actos realizados por la criminalidad asociada con delitos comunes, pero cuando la seguridad de la población principalmente está afectada por delitos de alto impacto en muchas regiones del país, exponer tanto a los policías como a los ciudadanos-víctimas, cara a cara, con los miembros de organizaciones criminales organizadas, puede ser muy peligroso. Este dilema no está resuelto en la reforma penal. Además, el país registra una crisis de derechos humanos, donde un ciudadano, cuando ha sido víctima de un delito realizado por un funcionario público, lo ha sido también de un agravio de derechos humanos. Ante ello los jueces, debido a las prácticas de impunidad, tendrían la tendencia de favorecer a la autoridad y no al ciudadano. Desde 2015, en México las instituciones de seguridad del Estado en los tres niveles de gobierno viven diferentes desafíos. Existen cuestionamientos sobre violaciones de derechos humanos; y se duda de su integridad, pues constantemente aparece información sobre vínculos de policías con organizaciones criminales. En el nivel federal también quedó en evidencia una crisis desde el escape a inicios del mes de julio de ese año del criminal “El Chapo” Guzmán del penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, debido a que si el delincuente más poderoso del país se puede escapar del que hipotéticamente es el lugar más resguardado, signiica que no hay autoridad que no sea potencialmente corrupta. Un dato muy importante es que la recaptura del capo el 8 de enero de 2016, realizada en su etapa inal por integrantes de la Policía Federal, demostró las capacidades profesionales de esta última, además de que vale la pena mencionar que los policías federales involucrados no respondieron a la oferta de corrupción realizada por el líder criminal.33 31 32 33 Opinión de José Ramón Cossío, “La incierta reforma penal”, en El Universal, Ciudad de México, 22 de febrero de 2011. “Reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública (proceso legislativo)”, Ciudad de México, 18 de junio de 2008, en <http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/ -07-08.pdf>. Véase: <http://narcodata.animalpolitico.com/recaptura-chapo-guzman/>, 8 de enero de 2016. 141 Raúl Benítez Manaut C 142 El paradigma de la seguridad pública y ciudadana en México oscila entre seis modelos policiacos: Modelo 1: Militarización directa de los cuerpos de seguridad pública, mandos, comandantes y efectivos. Está basado en la “contención del delito”, empleando la fuerza estratégica del Estado. Implica la aceleración de los “mandos únicos” y/o “mixtos” y que éstos sean comandados en su mayoría por militares en activo o en retiro. Incluye el despliegue de efectivos militares en estados con altos niveles de presencia del crimen organizado, por ejemplo en Michoacán de 2013 a 2016. Un ejemplo de este paradigma se desarrolló en Veracruz con éxito, implementado por la Secretaría de Marina, para contener la elevada presencia de Los Zetas, entre 2009 y 2012. Este modelo conlleva riesgos de violaciones a los derechos humanos.34 Modelo 2: Militarización y/o profesionalización a nivel de doctrina policiaca y educativa, con mandos policiacos y/o militares. Los efectivos serían policías civiles, pero semimilitarizados en doctrina y entrenamiento, desarrollando mandos únicos (o mixtos) estatales, e incluso municipales, también militares, sobre todo en ciudades muy pobladas. Esta modalidad se ha implementado en muchos estados y ciudades, con éxitos y fracasos según las circunstancias, desde los años noventa. Un ejemplo de fracaso fue la militarización de la policía en Iztapalapa, Distrito Federal, en 1996-1997. Casos exitosos se han desarrollado en Tijuana, Ciudad Juárez y en el estado de Nuevo León, particularmente en la ciudad de Monterrey, ante la violencia del grupo de Los Zetas. Este modelo se basa en la construcción de una “Fuerza Civil” a nivel municipal.35 Es clave para el éxito de este modelo el desarrollo profesional de la Policía Federal, como ha venido sucediendo. Modelo 3: Profesionalización de los cuerpos policíacos; “mandos únicos” en algunos estados con elevada crisis de seguridad (como Morelos) mandos uniicados con comandantes policiacos no militares, pero con elevada profesionalización. El ejemplo exitoso es la Ciudad de México, que cuenta con un “mando único” y 16 mandos territoriales. Esta propuesta se adapta al planteamiento del presidente Enrique Peña Nieto de noviembre de 2014. Donde se ha comenzado a instrumentar ya recibe grandes cantidades de recursos inancieros para sus centros de Comando y Control y para capacitación. Es el caso del C-5 del estado de Morelos a partir de 2013. Modelo 4: Profesionalización de los cuerpos policiacos municipales, sin subordinación a “mando único”, pero con cooperación con la Federación (tanto con la Policía Federal, como con las Fuerzas Armadas), con los gobiernos estatales y con otros municipios, principalmente los vecinos. Este nivel desarrolla doctrinas mixtas o híbridas, tanto de contención en algunas de sus unidades (por ejemplo, antimotines), como de impulso de la inteligencia como herramienta para emplearse en la acción policiaca. También este modelo híbrido contiene elementos de la doctrina de la prevención, y se impregna de las ideas de la seguridad ciudadana y de los derechos humanos, sin escatimar la eiciencia policiaca. Se cuenta con academias de formación policial, y se acepta e incorpora la presencia de consejos ciudadanos que tienen un rol de cooperación y de supervisión. Reciben elevados montos de recursos federales para su profesionalización. Ejemplos de este modelo se han desarrollado en ciudades de más de un millón de habitantes, como León, Tijuana y Ciudad Juárez. Modelo 5. Desarrollo de policías comunitarias. Predomina en comunidades indígenas y rurales, por el alto índice de criminalidad común y organizada y de corrupción, o falta de control (vacío o deformación de las policías municipales y estatales, y en muchos casos se han dado vínculos directos con grupos del crimen organizado, como en Guerrero y Michoacán). Hay 34 35 Carlos Silva, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez, “Uso y abuso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales en enfrentamientos con presuntos miembros de la delincuencia organizada”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, septiembre de 2011. Este modelo se ha intentado replicar en otros estados, como por ejemplo, en Coahuila. Véase: http: .elinanciero.com.mx/nacional/coahuila-replicara-en-2016-el-modelo-de-fuerza-civil-de-nuevo-leon.html>; y <http:// elhorizonte.mx/periodico/mas-noticias/580315>. Los seis modelos policiacos en México y el debate sobre la seguridad pública localidades en Guerrero, Michoacán y Oaxaca que han desarrollado este modelo como opción. Éste no es colaborativo, no es profesionalizante, pero sí incluye una elevada participación de los habitantes. Sus mandos se eligen de forma “democrática” mediante asambleas. Los policías no están armados en la mayoría de los casos, o su armamento es precario, pero impiden la libre circulación de personas ajenas a las poblaciones. El caso más conocido es el del poblado de Cherán, en Michoacán. En estados de alta densidad de comunidades indígenas, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estas policías se basan en leyes que reconocen los “usos y costumbres” del lugar. Estos cuerpos policiacos no son reconocidos por los gobiernos federal y estatales, y en ocasiones el primero ha buscado su disolución, con éxitos y fracasos en este esfuerzo. Modelo 6: Desarrollo de grupos paramilitares de autodefensa. Esta opción tiene larga historia en México, a nivel microcomunitario rural. Sin embargo, en el estado de Michoacán, desde 2012 se desarrollaron como medida de defensa ante la incapacidad de los gobiernos federal y estatal de proteger a la población ante la presencia abrumadora de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios. Signiica la aparición de “gobiernos colapsados” ante la presencia criminal, y “fallidos” en los niveles municipal y estatal. Están cooptados y corrompidos por el crimen organizado. Las “autodefensas” lanzaron su “ofensiva” militar en enero de 2013 con un gran poder de fuego, e incluso sus integrantes mostraron entrenamiento y capacidades castrenses. Su acción en un inicio fue positiva para cambiar la correlación de fuerzas contra los grupos criminales. La calidad de su armamento signiicó un gran desafío para las fuerzas gubernamentales. Una de las estrategias del Estado es su cooptación e institucionalización. Para los gobiernos federal y estatal, en Michoacán la estrategia es la disolución gradual, recuperar la presencia de la Policía Federal, y reconstruir las policías estatal y municipales. Estos seis modelos de organización de la seguridad pública representan la complejidad del resguardo del orden público en México. Dirigir hacia los extremos (modelos 1 o 6) la organización policial deriva en graves con ictos. En el caso del modelo 1, ni el Ejército ni la Armada están dispuestos, como instituciones de defensa y seguridad nacional, a desviar sus misiones principales de forma permanente, por lo que el esquema de su presencia es la cooperación y la coadyuvancia, de preferencia en ciudades o territorios rurales de alta incidencia de organizaciones criminales, donde las policías municipales o estatales han perdido el control. El extremo de formación de grupos paramilitares altamente equipados (modelo 6) es muy peligroso tanto para la población, como por lo que signiica la pérdida de control del Estado sobre los territorios donde operan. En este caso la ausencia del Estado de derecho es casi total. Una de las razones que explican por qué las Fuerzas Armadas han intensiicado su presencia en casi todo el territorio nacional es la falta de responsabilidad de los gobernantes en las escalas estatal y municipal, a los cuales se les facilita “solicitar” al gobierno federal el despliegue de efectivos militares en vez de asumir el compromiso de construir verdaderos cuerpos policiacos profesionales, sean estatales o municipales. Ello implicaría una etapa de transición, donde los militares participen temporalmente en el resguardo de la seguridad pública, pero a la par colaboren en la profesionalización policiaca estatal e incluso municipal. Sólo así se podrían retirar a sus funciones básicas de defensa. Se puede concluir que no hay consenso en el seno del gobierno federal, ni conciencia en muchos gobiernos estatales y municipales, del peligro de radicalizar las salidas en favor de la acción de las Fuerzas Armadas (modelo 1), o que el cansancio de la población conduzca a la autogestión en seguridad (modelos 5 o 6). En otras palabras, no está claro si se quieren “militares con dedicación policiaca”, o “policías con formación y estructura militar”. Tampoco está claro en las estructuras gubernamentales el nivel de profundidad que se espera de la participación de la población, que puede variar entre tener un grado aceptable de presencia colaborativa (modelo 4), y correr el riesgo de la autogestión en seguridad (modelos 5 o 6). Estas dos últimas opciones debilitan la soberanía del Estado en su conjunto y se podría hablar de “Estado incapaz” en materia de seguridad, donde toman el control de ella directamente, o bien los militares o bien 143 Raúl Benítez Manaut la población. En muchos países donde se han desarrollado cuerpos nacionales profesionales de policía, como Chile, Argentina, Colombia, España, Francia o Italia, el modelo 2 es la mejor opción, incluso para sustituir a las Fuerzas Armadas. En el caso de México, se concentra el esfuerzo en el desarrollo de las capacidades de la Policía Federal. 144 Debilidades institucionales en el Sistema de Prevención y Combate al Lavado de Dinero en México, 2012-2016 Keyla Vargas1 I La exposición peblica sobre los casos de corrupción, malversación de fondos, con icto de intereses y participación de funcionarios en los esquemas inancieros de la delincuencia organizada en México ha traído a la re exión el análisis sobre las capacidades de las autoridades para prevenir y combatir la circulación de recursos de procedencia ilícita, dentro o fuera del sistema inanciero. Desde inales de los noventa, el combate al lavado de dinero, deinido como “el proceso que procura justiicar legalmente e incorporar al ujo económico capitales de origen ilegal, creando una simulación transaccional-operativa que permita ver los ujos de dinero ilegales como legales”,2 fue reconocido como una medida estratégica para reforzar la seguridad en México por su relación directa con la proyección de las organizaciones dedicadas al narcotráico. Sin embargo, con el paso del tiempo el tema ha llegado a ocupar un lugar especíico en programación y presupuesto federales, de tal manera que actualmente se le destina un espacio dentro del eje México en Paz, del Plan Nacional de Desarrollo.3 En el caso de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se identiican dos tendencias en la respuesta del gobierno federal a este fenómeno delictivo. Ambas descansan en el fortalecimiento de la estrategia nacional para la prevención y el combate al lavado de dinero desde las instituciones que la operan. La primera consiste en la asignación de funciones especíicas al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para la supervisión de quienes realicen actividades y ejerzan profesiones consideradas “vulnerables”. La segunda, atiende al robustecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conforme a los acuerdos y estándares de organismos internacionales especializados de los cuales México es miembro, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El presente artículo propone, inicialmente, revisar suscintamente los cambios realizados por las instituciones que integran el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero durante la implementación de las reformas en materia de cooperación interinstitucional. En segundo lugar, se evaluarán los resultados con respecto a las capacidades de procuración de justicia y los alcances de la coordinación entre las principales instituciones. Por eltimo, se plantearán los retos a enfrentar desde la lógica de la estrategia nacional para incidir eicazmente en la disminución del fenómeno, desde la respuesta de las autoridades a la investigación publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas, conocida como Los papeles de Panamá. En las conclusiones se menciona que el sistema de control de activos es débil, entre otras razones por la falta de voluntad política para combatir la corrupción y hacer más eicientes los mecanismos de supervisión y vigilancia. 1 2 3 Integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE). Héctor D. Pérez Lamela, Lavado de dinero. Doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas, Lexis Nexis, Argentina, 2006, p. 13. Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Ciudad de México, 2013, p. 31. 145 Keyla Vargas E Antes de entrar en materia, es preciso establecer las etapas en las que se divide el fenómeno para su atención. stas no llevan un orden especíico, es decir, pueden traslaparse o repetirse en la medida en que el lavador lo requiera. Al inal, el objetivo es hacer uso del dinero sin despertar sospechas sobre su origen ilícito: • • 146 • Colocación, introducción o prelavado. Consiste en ingresar los fondos del delito al sistema inanciero para ocultar su verdadero origen. a ado, estratiicaci n o dispersi n. En esta etapa los criminales llevan a cabo transacciones inancieras complejas, en las que participan individuos u organizaciones simulando operaciones legítimas. Una de sus metas es facilitar que el dinero se transporte o transiera a otros puntos bajo el control de la organización, con el in de interferir el seguimiento del ujo de activos por parte de autoridades locales. Integración o reconversión. Los delincuentes introducen el dinero a la actividad económica formal para su libre uso por medio de instrumentos bancarios previamente creados o la conversión a efectivo. M Cabe destacar que, por sus implicaciones, el lavado de dinero es una actividad criminal de carácter internacional que rebasa las fronteras territoriales y las estructuras inancieras. Para ilustrar lo anterior, en el Cuadro 1 se muestra la sistematización de algunas de las prácticas más frecuentes, a las que puede recurrirse para blanquear activos. E Operaciones ejecutadas al interior del país Dentro del sistema inanciero Cuadro 1 i i n Uso de sistemas bancarios nacionales • Operaciones de cuentas • Uso de casas de cambio n Títulos de operaciones de crédito Fuera del sistema inanciero n Empresas icticias n Contratos reales o icticios n Establecimientos de prestadores de servicios n Sociedades mercantiles Operaciones ejecutadas fuera del país Dentro del sistema inanciero n Sociedades interpuestas n Oicinas offshore Fuera del sistema inanciero F n Paraísos iscales : elaboración propia. n Contrabando de dinero n Compraventa de inmuebles Prevención y combate al lavado de dinero N El efecto pernicioso de este delito comprende tres esferas principales: la económica-inanciera, la política y la social. La primera responde a la contaminación de las estructuras de mercado de los países. Cuando se integran bienes de origen ilícito a las vías formales del comercio en una economía, no se obedece a una lógica de libre competencia que regula a los agentes económicos dentro de la legalidad.4 Es decir, el objetivo del lavador no es generar ganancias cuando ingresa sus bienes en la economía, sino dotarlos de una apariencia de licitud. En el mismo sentido, las consecuencias de esta actividad delictiva a gran escala se traducen en inestabilidad e incertidumbre en el sector inanciero. Respecto de la segunda esfera, cuando existe un tejido social descompuesto, la impunidad y la corrupción son dinámicas presentes en la correlación entre criminales y autoridades. La gravedad deriva en que las eltimas pueden optar por ser laxas en los controles y la vigilancia. Si actean de forma condescendiente y exible podrán obtener beneicios a corto plazo, pero se vincularán gradualmente con el crimen organizado, aumentando su dependencia con las actividades que se desarrollan en este ámbito. La tercera esfera reiere a lo social, ya que el origen del lavado de dinero está determinado por una serie de situaciones ilícitas, desencadenadas a partir de condiciones de desorden y descomposición de las reglas orientadas a la convivencia armoniosa de las sociedades. Para su prevención y combate, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se exhortó a los Estados para que sus “autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de la ley, y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero, fueran capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional”.5 Este razonamiento no es injustiicado al revisarse algunas cifras globales. Por ejemplo, para 2013, el jefe en Colombia de la Oicina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bo Mathiasen, declaró que el lavado de dinero vinculado con el narcotráico y otras formas del crimen organizado maneja cantidades cercanas a los 740 mil millones de dólares. Ahora bien, ¿dónde se ubica México en este contexto? De acuerdo con el Reporte 2015 de Global Financial Integrity, durante una década el país se ha mantenido como la tercera economía con los mayores ujos de dinero exportados, de los cuales no puede comprobarse su origen lícito (Cuadro 2). No sólo es alarmante la posición de México dentro del ranking, sino también el gradual incremento en el volumen de los ujos, como se observa en el Cuadro 2. De manera coincidente, en 2004 se creó en México la y, desde ese momento, el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero ha experimentado numerosas reformas y cambios. ¿Cómo explicar estos resultados? 4 5 Eduardo Fabián Caparrós, “La prevención y represión del lavado de activos desde una óptica internacional comparada”, en Fernando Pérez Noriega y Lucero Ramírez León (coords.), Memoria del Seminario Internacional sobre Corrupción y Lavado de Dinero, 9 de febrero de 2011, Instituto Belisario Domínguez-Senado de la Repeblica, Ciudad de México, 2011, pp. 61-74. Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Organización de las Naciones Unidas, Nueva or , 2000, en: <http: .acnur.org ileadmin scripts doc.php?ile ileadmin Documentos BDL 2011 7644>. 147 Keyla Vargas L i i Cuadro 2 í i i í i 2004-2013 Millones de dólares País China Rusia México 2005 2006 2007 2008 2009 82,537 88,381 107,435 104,980 138,864 4,604 53,322 66,333 81,237 107,756 125,062 34,239 35,352 40,421 46,443 51,505 38,438 India 19,447 20,253 27,791 34,513 47,221 29,247 Malasia 26,591 35,255 36,554 36,525 40,779 34,416 País 148 2004 81,517 2010 2011 2012 2013 Total China 172,367 133,788 223,767 258,640 1’392,276 Rusia 136,622 183,501 129,545 120,331 1’008,313 México 67,450 63,299 73,709 77,583 528,439 India 70,337 85,584 92,879 83,014 510,286 Malasia 62,154 50,211 47,804 48,251 418,540 F A : elaboración propia con datos de Dev Kar y Joseph Spanjers.6 M Durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno federal desarrolló la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”, en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, publicado en el iario icial de la Federaci n el 25 de agosto de 2008. Dicha iniciativa tenía el propósito de minar el quehacer de la delincuencia organizada y otros fenómenos criminales, impidiendo que dichos grupos hicieran uso de los ujos de capital ilícito y resolviendo por la vía judicial los casos de alta relevancia de lavado de dinero y inanciamiento al terrorismo.7 Para cumplir estas metas, las acciones que contemplaban los cuatro ejes rectores de la estrategia -Información y organización Marco normativo Supervisión basada en riesgo y procedimientos eicaces y Transparencia y rendición de cuentas- fueron divididas entre tres instancias: el análisis inanciero a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico (SHCP) por medio de la la investigación criminal, encabezada por la Secretaría de Seguridad Peblica (SSP) a través de la Policía Federal y la judicialización de casos por parte de la Procuraduría General de la Repeblica (PGR). Derivado del cumplimiento del eje “Marco normativo”, el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión el proyecto de Iniciativa de Ley Federal para la Prevención e Identiicación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (LFPIORPI), la cual contemplaba la regulación de operaciones con dinero en efectivo, instrumentos monetarios y equivalentes el ajuste de tipos penales y la formalización de técnicas especiales de investigación la integración de nuevos sujetos obligados al régimen de reporte de operaciones de lavado de dinero y inanciamiento al terrorismo así como reformas a la Ley de Extinción de Dominio. 6 7 Dev Kar y Joseph Spanjers, llicit Financial Flo s from e eloping Countries , Global Financial Integrity, ashington, diciembre de 2015, en: http: .gintegrity.org p-content uploads 2015 12 IFF-Update 2015-Final-1.pdf . Gobierno Federal, strategia acional para la re enci n el Combate al a ado de inero el Financiamiento al Terrorismo, Ciudad de México, 2010, en: http: .ssp.gob.mx portal ebApp Sho Binary?nodeId BEA 20 Repository 814619 archivo . Prevención y combate al lavado de dinero A i i Gráica 1 i i i i Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de Inteligencia Financiera) Detección de operaciones, situaciones patrimoniales o de negocios sospechosas Identificación de personas, actividades, origen y destino de los recursos Secretaría de Seguridad Pública / Procuraduría General de la República Constatar las actividades ilícitas que justifiquen los recursos detectados Determinar vínculos con actividades u organizaciones cirminales Procuraduría General de a República Obtener sentencias condenatorias Decomiso de bienes de procedencia ilícita F : elaboración propia con datos de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al a ado de inero el Financiamiento al errorismo, p. 8. La publicación el 17 de julio de 2013 en el iario icial de la Federaci n se vio directamente in uenciada por la intención del gobierno mexicano de resolver las observaciones realizadas en el “Informe de Evaluación Mutua” realizado en 2008 por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gaisud) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).8 Sobre la cooperación en materia de supervisión, la nueva Ley retomó las recomendaciones para eliminar el requisito que obligaba a la a obtener un reclamo formal por parte de la antes de iniciar juicio en un caso que involucre al sector inanciero. De esta manera, el inicio de las investigaciones se agiliza y, con ello, el Poder Judicial puede ser convocado rápidamente. En este sentido, fue señalada la necesidad de establecer de manera formal grupos de trabajo conjunto donde se discutiera el mejoramiento e implementación de políticas y estrategias sobre prevención de lavado de dinero. Con respecto al , se enfatizó que su base de datos pudiera proporcionar a la la información necesaria para fortalecer sus investigaciones y el análisis inanciero con respecto a los reportes de inteligencia, en situaciones donde no existen los elementos suicientes para concluir que las actividades que se investigan se encuentran vinculadas al lavado de activos y el inanciamiento al terrorismo, pero que sí pudieran estar vinculadas con delitos penales.9 El informe también arrojó que México no contaba con mecanismos eicaces de cooperación o coordinación entre la y el Poder Judicial para instrumentar políticas conjuntas y llevar a cabo actividades destinadas a combatir la delincuencia organizada. Esta deiciencia se atribuía a “importantes diferencias de opinión sobre distintos temas”, en particular sobre el modo de resolver casos especíicos al momento en que se dictaba la sentencia deinitiva y que no habían sido debidamente atendidos en etapas anteriores del procedimiento penal. 8 9 Grupo de Acción Financiera, Grupo de Acción Financiera de Sudamérica y Fondo Monetario Internacional, Informe de aluaci n utua nti a ado de cti os contra el Financiamiento del errorismo, 17 de octubre de 2008, en: http: .hacienda.gob.mx inteligencia inanciera evaluacion mutua docs info evaluacion mut gaisud s.pdf . Para conocer el mecanismo de difusión de información entre la y el , véase el Informe de Evaluación Mutua, apartado “Divulgación de la información (c. 26.5)”, numerales 345-347, ibídem. 149 Keyla Vargas A 09 2014: Aunque la LFPIORPI no tiene una deinición oicial sobre lo que considera “actividades vulnerables”, reiere a ellas como las actividades económicas susceptibles a ser utilizadas para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita por su naturaleza y características, el tipo de bienes o servicios que prestan o comercializan y su operación. Con la modiicación a la Ley llevada a cabo por la actual administración en 2014, se facultó al como el supervisor directo de quienes realicen actividades vulnerables.10 De esta manera, es posible sistematizar y ampliar la documentación para identiicar a los usuarios cuyos negocios operan fuera del sistema inanciero. 150 P El primer paso para instrumentar los cambios al marco legal fue aumentar el presupuesto destinado para las labores de inteligencia inanciera. No obstante, al contrastar el otorgamiento de recursos entre la con su contraparte en la , se observa que la eltima no recibió una cantidad equiparable. De 2012 a 2013 el total del incremento que percibieron la y la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsiicación o Alteración de Moneda ( ), fue de 92 millones 846 mil 608 pesos (Cuadro 3). R Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico Unidad responsable Unidad de Inteligencia inanciera ig i Cuadro 3 g Procuraduría General de la Repeblica Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de alsiicación o Alteración de Moneda Total anual 2012 87 490,439 78 776,664 166 267,103 2013 194 438,820 64 674,891 259 113,711 2014 224 865,607 63 958,030 288 823,637 2015 218 962,817 69 320,705 288 283,522 2016 202 938,135 69 364,771 272 302,906 Total por unidad responsable 928’695,818 346’095,061 F : elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2012-2016. En términos generales, se observa que el presupuesto aprobado para la no ha descendido de los 200 millones de pesos desde 2014 hasta la fecha, aunque hay presencia de pequeñas variaciones con tendencia a la baja. Sin embargo, la UEIORPI experimentó el proceso contrario, al disminuir sus ingresos por poco más de catorce millones de pesos. En cuanto al dinero total que fue asignado a cada unidad, la registró menos del 40 por ciento de lo que tuvo la UIF. Los datos señalados permiten vislumbrar un desequilibrio en relación con el mantenimiento del sistema de prevención y combate de lavado de dinero, pues a pesar de que México ha cum10 El , en todo momento y de manera directa, podrá pedir a quienes realicen actividades vulnerables “proporcionar información y documentación que permita corroborar y acreditar la información de su alta y registro, debiéndose atender el requerimiento dentro de los cinco días hábiles siguientes al día en que se notiique”. Véase al respecto: “Acuerdo por el que se modiican las Reglas de Carácter General a que se reiere la Ley Federal para la Prevención e Identiicación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013”, Diario icial de la Federaci n, 24 de julio de 2014, gobierno federal, en: http: .dof.gob.mx nota detalle.php?codig o 5353818 fecha 24 07 2014 . Prevención y combate al lavado de dinero plido a nivel internacional con el requerimiento de fortalecer la , se ha desvinculado la parte operativa de la estrategia que corresponde a la procuración de justicia. R C L i Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico i ) Periodo i Cuadro 4 i Di i i i Si T P i i Procuraduría General de la Repeblica Averiguaciones Averiguaciones Denuncias Sujetos presentadas involucrados previas iniciadas despachadas Personas Personas Sentencias detenidas consignadas condenatorias Diciembre de 2012julio de 2013 40 110 126 88 61 86 10 Septiembre de 2013julio de 2014 74 465 289 194 79 176 18 Septiembre de 2014julio de 2015 79 585 181 116 14 172 14 F : elaboración propia con datos del primer, segundo y tercer informes de labores de la Procuraduría General de la Repeblica, 2013-2015 Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2014-2015. En el Cuadro 4 se conjuntan las acciones de cooperación interinstitucional de la y la . Como centro de inteligencia, la primera está facultada para presentar denuncias a la segunda por probable comisión del delito de lavado de dinero. El eltimo informe de la administración anterior reportó un total de 32 denuncias.11 Entre los años 2012 y 2015, desde la se presentaron 124 denuncias nuevas, con 575 sujetos involucrados. En primera instancia, al contrastar este dato con las averiguaciones previas que han sido iniciadas por la , se aianza el argumento de que el fortalecimiento presupuestal de la sí se ha traducido en resultados respecto de la labor de investigación que lleva a cabo la . El problema con tal airmación es la diferencia que existe entre las averiguaciones que no superaron la etapa de registro de folio y aquellas que fueron despachadas, es decir, que contaron con los elementos suicientes para llevar el caso ante un juez. Un total de 198 averiguaciones previas iniciadas se encuentran en esta condición, lo que equivale a poco más del total de las que abrieron expediente en el periodo 2013-2014. Aunque en los documentos oiciales no se especiica cuántas de las averiguaciones despachadas fueron emitidas por la , lo cierto es que la inversión de personal, tiempo y fondos para revisar, cotejar y construir los casos de las averiguaciones previas es elevada y poco fructífera si no logra llevarse a juicio. Existe registro de que durante el periodo de 2013 a mayo del 2015 la UEIORPI presentó siete averiguaciones previas consignadas en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).12 Ahora bien, los pasos siguientes corresponden a las capacidades del personal de la UEIORPI para llevar a proceso las averiguaciones. Un dato relevante es el aumento de personas que pasan del estado de “detención” a “consignación”. De nueva cuenta, la información que presenta el Informe de labores de la PGR no deja claro si el nemero de personas consignadas se reiere a aquellas personas que recibieron este estatus en el periodo especiicado. Aunque incompleta, 11 12 Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, Sexto Informe de Labores, 2011- 2012, Ciudad de México, 2013, p. 162. Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, “Entrega de información en medio electrónico”, Oicio SJAI DGAJ 10596 2015, Folio 0001700265215, Ciudad de México, 27 de agosto de 2015. 151 Keyla Vargas la información arroja indicios sobre una creciente cantidad de personas que ya se encuentran privadas de su libertad para efectos del desarrollo del juicio, lo cual impide que puedan fugarse. Esta importante labor también es exclusiva del personal de la PGR. Finalmente, el nemero de sentencias condenatorias no resulta alentador. A lo largo de tres años, de 596 averiguaciones previas iniciadas y 398 llevadas ante el juez, han derivado enicamente 42 sentencias. Traducido en porcentajes, solamente el 7 por ciento de las averiguaciones iniciadas por posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita termina el proceso. L 152 papeles de panamá El 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI) hizo peblica información relativa a documentos provenientes del despacho Mossac Fonseca, con sede en la Repeblica de Panamá, en los cuales se ofrece una relación de personas físicas y morales que evaden la imposición iscal en más de 200 países (Cuadro 5) por medio del uso de compañías offshore.13 La postura del SAT frente a esta publicación fue la de “analizar y veriicar en sus bases de datos institucionales la información que permitiera conigurar elementos objetivos para determinar el ejercicio de facultades y acciones a que hubiere lugar”.14 T i C i i I Cuadro 5 i i i P i í i América Europa n Caribe (3) n Centroamérica (1) n Sudamérica (2) n Norteamérica (2) • Mancomunidad de Naciones (7) n Resto de Europa (4) Total: 2 F i i i I i ig i Asia Oceanía frica 3 1 1 urisdicciones : elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria.15 Derivado de la evidencia en el análisis de los documentos divulgados con la información de la autoridad iscal se identiicó la relación, directa, indirecta o como prospectos de clientes con el despacho panameño, de 311 sujetos, divididos en 280 personas físicas y 31 personas morales. Destaca que en los registros disponibles respecto del avance en el análisis del comportamiento iscal de los sujetos mencionados (Cuadro 6), el monto por defraudación iscal recaudado, tan sólo como resultado de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, asciende a 405.6 millones de pesos, prácticamente el 64 por ciento del monto total por defraudación iscal acumulado desde enero del 2016. 13 14 15 Este tipo de compañías se caracterizan por no tener una presencia real, empleados ni productos. Operan desde un apartado postal, centro de correo, servicio en la oicina de negocios o a través de internet, y normalmente se constituyen en jurisdicciones lejos de las autoridades locales, donde su titularidad verdadera no se re eja en los registros peblicos. Servicio de Administración Tributaria, “Papeles de Panamá. Informe preliminar de acciones”, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, Ciudad de México, 2016, p. 6, en: http: .sat.gob.mx transparencia rendicion cuentas Documents PP Informe Publico 05052016.pdf . Ibidem. Prevención y combate al lavado de dinero D i Total de sujetos publicados 311 F i A Cuadro 6 i i i i í i Identiicados en el Con declaraciones Sin declaraciones 22 personas morales (empresas) 17 5 189 personas físicas 146 43 PaPeles de Panamá. Periodo más antiguo auditado Periodo más reciente auditado 4 empresas (en un caso hasta en 8 periodos) 2000 2015 12 personas físicas (en un caso hasta por 4 periodos) 2001 2013 Nemero de auditorías Recaudación obtenida del 4 de mayo al de unio de 2016 405,60 millones de pesos 153 : elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria, 2016.16 El monto de recursos no recaudados que escapaba de las cuentas del antes de la publicación de los Papeles de Panamá constituye sólo una parte del problema. Al revisar los resultados obtenidos desde la estrategia de cooperación interinstitucional de las autoridades mexicanas para hacer frente a la defraudación descubierta, se observa que menos de una tercera parte de los sujetos investigados han tenido alguna respuesta o interlocución con las autoridades. R i 9 Cuadro 7 i i 9 i Sistema de Administración Tributaria ) Comisión Nacional Bancaria y de Valores ) Solicitud Emisión de 26 cartas de invitación para la presentación de declaraciones iscales complementarias Resultado 16 sujetos han presentado 18 declaraciones por ejercicios iscales comprendidos entre 2011 y 2015 Institución • Total de sujetos publicados: 311 2016) Unidad de Inteligencia inanciera i ) Registro Peblico de la Propiedad y el Comercio n Solicitud de información a la y a otras 70 instituciones para conocer si los sujetos realizaron pagos bajo el esquema “pago anónimo” Primera solicitud Solicitudes relacionadas con 20 sujetos n 50 respondieron no tener información en sus registros n 6 indicaron no poder proporcionar información al n 8 instituciones proporcionaron información sobre 2 sujetos n 6 instituciones no han dado respuesta Se ha recibido información de 30 sujetos Se ha recibido respuesta de 13 sujetos, 7 solicitudes están en proceso de ser atendidas • Información recibida hasta la fecha sobre 61 su etos “Pago anónimo”, facilidad otorgada mediante Decreto publicado en el iario icial de la Federaci n el 26 de enero de 2005, consistente en permitir a personas físicas residentes en México con ingresos gravables provenientes de fuentes de riqueza en el extranjero, pagar el Impuesto sobre la Renta sin individualizar el nombre del contribuyente, a través del sistema inanciero mexicano. Esta facilidad estuvo vigente hasta el ejercicio iscal 2013. 16 Ibidem. Keyla Vargas 154 Si bien la iltración de datos sobre el despacho Mossac Fonseca continea nutriendo la información requerida por el SAT, es preciso aumentar el nemero y eicacia de las investigaciones que deriven de los Papeles de Panamá, de tal manera que puedan deslindarse responsabilidades en los casos donde sea posible comprobar el delito de lavado de dinero. Retomando las declaraciones de los periodistas alemanes que compartieron la información del despacho al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación -Frederi Obermaier y Batsian Obermayer- “alrededor de 400 periodistas de más de ochenta países han acabado encontrando historias sobre estos datos , que hablan de sociedades offshore secretas de decenas de jefes de Estado y dictadores , que revelan cómo se ganan miles de millones con el comercio de armas, drogas, diamantes de sangre y otros negocios ilícitos”.17 Las medidas destinadas a mejorar los esfuerzos de coordinación entre las instituciones que integran la estrategia de prevención de lavado de dinero en México, desde el plano de creación de inteligencia hasta la conducción del debido proceso, merman directamente el inanciamiento de las organizaciones criminales y entorpecen el goce del usufructo de sus actividades ilegales. Hasta el 9 de mayo de 2016, fecha en la cual se hizo peblica la segunda parte de la información de los Papeles de Panamá, medios de comunicación nacionales e internacionales han difundido los casos de al menos trece mexicanos pertenecientes a los sectores peblico y privado, así como miembros de la delincuencia organizada.18 R Desde la creación de la en 2004, el Sistema de Prevención y Combate al Lavado de Dinero en México ha requerido cada vez mayores niveles de vinculación entre las instituciones que lo constituyen, lo cual es lógico frente a un fenómeno que cambia de forma constante y a ritmos acelerados. Sin embargo, cabe hacer una precisión sobre las áreas que se han privilegiado al momento de fortalecer la estrategia. En los eltimos años se han invertido dinero y tiempo considerables para la labor de prevención y detección del lavado, principalmente a través de la UIF y de la creación de la igura de “Actividades vulnerables”, supervisada por el SAT. En contraposición, los hechos muestran que la maduración del sistema no logra resultados signiicativos. Sobre todo, no se ha reforzado la articulación de la con el resto de las instituciones. Dicho de otro modo: las acciones llevadas a cabo en la materia no obedecen a un ejercicio coordinado de todas las partes que integran el sistema y es fácil evadir el control gubernamental. Uno de los pasos más sólidos que ha dado el gobierno mexicano al enfrentar este reto ha sido la creación de la “Primera evaluación de riesgos de lavado de dinero y inanciamiento al terrorismo”, emitida en octubre del 2016.19 Para su elaboración se reunieron la Segob, la SHCP, la , el Banco de México y el Poder Judicial de la Federación con el objetivo de identiicar los factores que representan amenazas a la seguridad de México, a su sistema inanciero, así como al régimen de prevención y combate.20 17 18 19 20 Frederi Obermaier y Bastian Obermayer, Los papeles de Panamá. El club mundial de los evasores de impuestos, Península, Barcelona, 2016, pp. 19-20. International Consortium of Investigative Journalists, Offshore Leaks Database, en: https: offshorelea s.icij.org pages database . La Evaluación se creó de cara a la Cuarta Ronda de Evaluaciones del , que tendrá lugar en octubre de 2017, donde se revisará el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que el organismo hizo a México con el in de determinar la efectividad de sus sistemas de prevención y combate al lavado de dinero y el inanciamiento al terrorismo. Para efectos del presente trabajo, no se abordarán los riesgos del inanciamiento al terrorismo en México. Véase Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, Procuraduría General de la Repeblica, Banco de México y Poder Judicial de la Federación, rimera e aluaci n de riesgos de la ado de dinero inanciamiento al terrorismo, Ciudad de México, octubre de 2016, pp. 23-26, en: https: .gob.mx cms uploads attachment ile 165030 ENR.pdf . Prevención y combate al lavado de dinero Segen el documento, el volumen de fondos generados por actividades ilícitas y las organizaciones delictivas son los dos factores que representan la mayor amenaza para el país. Vale la pena subrayar que en el texto se hace referencia a varios delitos además del narcotráico -extorsión, homicidio, piratería, contrabando y tráico de migrantes, entre otros-, los cuales funcionan como precedentes al lavado de dinero dichas actividades también contribuyen de forma importante a nutrir los fondos incuantiicables. Un desafío de corte estructural detrás de estos factores tiene que ver con la opacidad de las cuentas personales que manejan las personas expuestas políticamente (PEP),21 que si bien están sujetas a estándares internacionales de conocimiento del cliente o usuario, dejan entrever los problemas de corrupción pendientes y la poca transparencia en los procesos de investigación. De acuerdo con la evaluación, dicho factor implica una vulnerabilidad alta para el sistema y un impacto inal alto en términos sociales y políticos para México. Esta línea de acción es determinante para una administración que transita por un periodo de tensión económica y que cuenta con niveles de aprobación de la ciudadanía en constante detrimento. L P M N : De acuerdo con el ndice Global de Impunidad 2015, entre 59 países México fue el segundo con mayores niveles de impunidad, colocándose a la par de Colombia, Turquía y Rusia.22 Es indispensable valorar el desempeño de las instituciones que conforman el Sistema de Prevención y Combate al Lavado de Dinero en función de dos variables estrechamente vinculadas con los problemas de seguridad que actualmente aquejan al país. Las organizaciones criminales dedicadas a la delincuencia organizada se han visto beneiciadas por la poca efectividad en los procesos penales que debieran asegurar la detención de sus miembros, como lo demuestran los reducidos montos asegurados de los recursos de procedencia ilícita. Por ello, estos individuos actean con gran libertad para realizar acciones de alto riesgo, gracias al rol fundamental que juegan autoridades del sector peblico que los favorecen por colusión y corrupción. La conformación de redes criminales dentro del sistema de combate y prevención del lavado requiere necesariamente de empleados que oculten y encubran la procedencia del dinero generado por el crimen organizado. Si este problema se suma a las dinámicas corruptas propias de las instituciones en los diferentes niveles de gobierno y a los vacíos legales para castigar a las autoridades que incurren en estos hechos, el panorama futuro de la seguridad resulta preocupante. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la aprobación de su Ley General23 fueron los primeros pasos hacia la construcción de un marco jurídico que conduzca a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción y enriquecimiento ilícito cometidos por servidores peblicos. No obstante, aen son motivo de polémica varios de los elementos que conforman la ley por ejemplo, los mecanismos para implementarla a niveles local y estatal o el necesario fortalecimiento judicial que deben tener los procesos de investigación. A diferencia de las anteriores administraciones, se observa la aparición de una sociedad civil vigilante que acompaña los procesos legislativos y propone soluciones a las demandas e inconformidades que padecen. 21 22 23 De acuerdo con los principios del Grupo olfsberg de Bancos Internacionales, el concepto aplica para aquellas personas que desempeñan cargos peblicos importantes en un país y para las personas físicas cuya relación con las pueda atraer publicidad más allá de las fronteras del país en cuestión y cuyas circunstancias inancieras puedan ser objeto de interés peblico adicional, The olfsberg Group, “Preguntas frecuentes sobre personas expuestas políticamente”, en: http: . olfsberg-principles.com pdf spanish faq-peps-spanish.pdf . Juan Antonio Le Clercq y Gerardo Rodríguez (coords.), “ ndice Global de Impunidad México, 2016”, Centro de Estudios sobre Seguridad y Justicia-Universidad de las Américas Puebla-Consejo Ciudadano se Seguridad y Justicia, Puebla, febrero de 2016, en: http: .udlap.mx igimex assets iles igimex2016 ESP.pdf . Publicada en el iario icial de la Federaci n el 18 de julio de 2016. 155 Keyla Vargas Desde el año 2015, la Iniciativa Ciudadana 3de3 no sólo colocó sobre la mesa el tema del combate a la corrupción y la supervisión de los funcionarios,24 también ha logrado introducir en el debate legislativo el proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ordena a los empleados de nivel medio y alto del gobierno y aquellos que ocupan cargos de elección popular a hacer peblicas sus declaraciones de posibles con ictos de interés, patrimonial y de impuestos. Por lo anterior, resulta ineludible alinear el componente de procuración de justicia en el marco de una estrategia efectiva en el combate al lavado de dinero, ya que además de reducir la capacidad de acción de los grupos criminales y recuperar certidumbre para efectos de la economía local y nacional, tendría un efecto positivo en la disminución de la percepción de corrupción que permea a la población. 156 C Es claro que a pesar de los esfuerzos en la y la por combatir al lavado de dinero, los logros son escasos. Ante el poder inanciero del crimen organizado, los montos que frecuentemente se mencionan en la prensa sobre la riqueza que ostentan los líderes de los grupos criminales contrastan con las cantidades coniscadas que logran capturar y judicializar las autoridades mexicanas. Esta brecha deriva en la hipótesis de que existe gran facilidad para blanquear activos, ocultarlos en el sistema inanciero y legalizarlos en favor del crimen organizado. También las autoridades acusadas de corrupción en distintos niveles de gobierno -por ejemplo, los gobernadores que se mencionan frecuentemente en la prensa de estados como Sonora, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y otros- realizan acciones de lavado de dinero proveniente de fondos peblicos con gran facilidad, sin ser perseguidas, enjuiciadas o castigadas. Los medios de comunicación difunden día a día evidencias de vínculos entre criminales, autoridades corruptas y empresarios lavadores que nunca se investigan con éxito en el ámbito judicial. Ello ocasiona que crezcan redes complejas que se beneician de la impunidad y coparticipación criminal, lo cual nos lleva a deducir que existe escasa voluntad política para evitar el lavado de dinero de las ganancias que produce el crimen organizado. El caso de la corrupción de autoridades en el manejo de recursos peblicos también constituye un delito de alto impacto que no es investigado por las autoridades, como lo demanda la población. 24 Véase al respecto: “Iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas”, en: http: ley3de3. mx p 20content uploads 2016 02 Ley3de3 LE IniciativaCiudadanaDeLeyGeneralDeResponsabilidadesAdministrativas Documento.pdf . Armas de fuego en México: panorama en 2016 Paulina Arriaga y Maura Roldán Álvarez* I América Latina es la región del mundo en donde más se utilizan las armas de fuego para realizar homicidios. En África y Asia el 28 por ciento de los homicidios se cometen con armas de fuego; en Europa el 13 por ciento; en Oceanía el 10 por ciento; y en América Latina el 66 por ciento.1 En México, en la última década las armas de fuego han sido utilizadas en más de la mitad de los homicidios. El análisis de la situación de las armas de fuego en México debe de partir de dos hechos. El primero es que nuestra nación tiene una legislación restrictiva en el tema de posesión de armas de fuego por parte de civiles. Si bien el Artículo 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos -que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)- permite a la población la posesión en el domicilio de armas por cuestiones de seguridad y defensa, las limita a armas de bajo calibre. El segundo es que a pesar de esta ley restrictiva, México es uno de los países en donde más se utilizan las armas. México supera la tasa de homicidios con armas de Estados Unidos, país en donde los civiles pueden poseer dispositivos de alto calibre de manera legal 2 y en el que constantemente ocurren matanzas colectivas. Por ejemplo, en 2015 apareció un video en redes sociales que buscaba alertar sobre la grave situación de la violencia armada.3 En él se comparan las tasas de homicidios con armas de fuego por cada diez millones de habitantes de diversos países desarrollados. México, en un cálculo conservador que excluye los homicidios culposos, tiene una tasa de homicidios cometidos con armas de fuego dos veces mayor que la de nuestro vecino del norte. Si se utiliza la cifra de 2011, y no la de 2015, la tasa asciende a 1,126.4 Aunque el país no estaba considerado en este video, se agregó la información referente a él para dimensionar la situación. El problema de la proliferación del uso de armas de fuego en México no ha sido atendido de manera integral y teniendo como eje a las víctimas. Las cifras, desde su abstracción, representan miles de muertes inesperadas y de vidas afectadas por la pérdida de un ser querido. Atender de manera integral la situación supondría controlar las fronteras para evitar el tráico ilegal, pero también lograr un registro estricto de las armas de fuego legales del país, desde su entrada hasta su destrucción. Todo ello enmarcado en una agenda de desarrollo, derechos humanos y prevención de la violencia, no sólo tratado como un asunto de seguridad. * Integrantes de la organización no gubernamental “Desarma México”. 1 Oicina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( , por sus siglas en inglés), Estudio mundial sobre el homicidio 2013, Organización de Naciones Unidas, Nueva York, p. 6, consultado en: <https://www.unodc.org/ documents/ gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_spanish.pdf>. 2 Este derecho se sustenta en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”. 3 The Daily Share, “Guns in America vs. the Rest of the World”, YouTube, consultado en: <https://www.youtube.com/ watch?v=ZUBfU_7GnSo>. 4 Datos de México calculados con cifras de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego en 2011 (Secretaría de Gobernación y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del fuero común 2015, Centro Nacional de Información, consultado en: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/ estadísticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2011_122016.pdf>); y con cifras de proyección de población 2011 del Consejo Nacional de Población (Conapo). 157 Paulina Arriaga y Maura Roldán Álvarez T P í Cuadro 1 i i i i País Homicidios con armas de fuego por cada diez millones de habitantes Japón 1 Reino Unido 6 Alemania 7 Australia 13 Suiza 158 26 Estados Unidos 401 México 797* F : Datos de todos los países, excepto México, extraídos del referido video de The Daily Share. * Datos de México calculados con homicidios dolosos cometidos con armas de fuego en 2015 ( )5 y con proyeccines de población 2015 del Conapo. El incremento del uso de armas de fuego no tiene una única y simple explicación: es el resultado de un complejo panorama donde la impunidad, la violencia generalizada, la falta de voluntad política y la vecindad con Estados Unidos -principal proveedor de armas legales e ilegales a México- se entremezclan y fomentan su uso. Documentar y medir la magnitud del problema implica un esfuerzo especial por la necesidad de unir diversas piezas de un rompecabezas que suele no ser visto en su conjunto, sumado a la falta de información certera y de transparencia. El propósito de este breve texto es dar un panorama general del estado de las armas de fuego en México en 2016, considerando cinco elementos: • • • • • Víctimas directas Tráico de armas ilegales Armas aseguradas y su origen Armas legales Pérdida / robo de armas de policías. Ví La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo de 2006, establece que “vivir libre de amenaza de violencia armada es una necesidad humana básica [y que] es una responsabilidad central de los gobiernos proveer la seguridad humana de sus ciudadanos”.6 En el marco de este documento se han publicado tres informes globales sobre el tema, en donde se deine este tipo de violencia como: “[El] uso intencional de la fuerza ilegítima (real o en forma de amenaza) con armas o explosivos contra una persona, grupo, comunidad o Estado que atenta contra la seguridad centrada en la persona y/o el desarrollo sostenible”. Esta deinición abarca muchos aspectos que van desde la violencia a gran escala asociada a los con ictos y a la guerra hasta la violencia intercomunitaria y colectiva la violencia criminal 5 6 Secretaría de Gobernación y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del fuero común 2015, Centro Nacional de Información, consultado en: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/ docs/ pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2015_032015.pdf >. Organización de las Naciones Unidas, “Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo”, Ginebra, 7 de junio de 2006, consultado en: <http: .genevadeclaration.org ileadmin docs GD-Declaration-091020-ES. pdf>. Armas de fuego en México: panorama en 2016 organizada y motivada económicamente; la violencia política de diferentes actores o grupos que compiten por el poder; y la violencia interpersonal o basada en el género.7 Es importante resaltar que a través de esta Declaración se establece una visión de la violencia armada que no se circunscribe a las zonas declaradas formalmente en con icto y que, además, vincula las soluciones con la agenda de desarrollo. En México, que no vive un con icto armado declarado, han habido más de cien mil homicidios cometidos con armas de fuego desde el año 2001. Los asesinatos son la consecuencia más grave y la mejor documentada de este tipo de agresión.8 Existen dos fuentes principales para conocer los homicidios cometidos con armas de fuego, cada una con ventajas y desventajas: • • El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). - Contiene información actualizada proveniente de las averiguaciones previas iniciadas por este delito. - Divide los homicidios cometidos con tales armas en dolosos y culposos. - No proporciona información sobre la víctima ni el lugar de los hechos. El Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais). - Muestra estadísticas de defunciones alineadas con la Clasiicación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). - Ofrece detalles de la causa de muerte, el arma utilizada, el lugar de los hechos e información sobre la víctima (por ejemplo edad y sexo). - La base de datos sobre de defunciones se publica en su versión completa con dos años de retraso.9 Por la disponibilidad de datos actualizados a junio de 2016, en este texto se utilizará la información de los homicidios dolosos reportados por el .10 Como se observa en el Cuadro 2, desde el año 2004 y hasta el 2011 la tendencia de los homicidios cometidos con armas de fuego se mantuvo al alza. Algunos académicos señalan como factor principal el aumento de la producción de armas y sus ventas en Estados Unidos, muchas de las cuales son traicadas hacia México. El año 2011 presentó el mayor nemero de homicidios totales y cometidos con armas de fuego; a partir de entonces se produjo una baja de ambos indicadores hasta el 2014. En 2015 se dio de nuevo un incremento de los homicidios y, de seguir la tendencia de los primeros seis meses del 2016, se podría llegar a los 18,826 asesinatos dolosos y a 11,172 cometidos con armas de fuego. Esto representaría la cifra más alta del sexenio. En términos de porcentaje de uso de armas, se puede observar que 2010 fue el año en el que más se utilizaron como medio para cometer homicidios, representando el 60 por ciento de los dolosos. Desde el inicio del actual sexenio, a ines de 2012, este porcentaje ha presentado una tendencia al alza. A pesar de estas cifras, y del papel que juegan las armas de fuego en el delito de privación de la vida en el país, el tema no recibe una atención proporcional a su magnitud, ni a nivel federal, ni en el Congreso, ni en los gobiernos estatales y locales. 7 8 9 10 Secretaría de la Declaración de Ginebra, Carga global de la violencia armada (Sumario), Ginebra, octubre de 2008, p. 2, consultado en: http: .genevadeclaration.org ileadmin docs ne sletter Geneva-Declaration-Ne sletter03-Spanish.pdf>. Debe considerarse que estas estadísticas excluyen otro tipo de daños, como heridas y afectaciones psicológicas. Adicionalmente, estas cifras no permiten conocer quién o quiénes son los autores de los homicidios. Véase: Dirección General de Información en Salud, Bases de datos de defunciones de los años 1998-2014, consultadas en: <http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/std_defunciones.html>. Para mayor información sobre las estadísticas de muertes por armas de fuego reportadas en el Sinais, véase: Desarma México y Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia ( ), Observatorio Nacional de Violencia Armada y Género, consultado en: <http://desarmamexico.org/index.php/que-hacemos/ investigamos/armas-de-fuegoy-genero>. 159 Paulina Arriaga y Maura Roldán Álvarez H Año 160 i i i 2001- Cuadro 2 i i 2016 Homicidios dolosos cometidos con arma de fuego Total de homicidios dolosos g % de homicidios dolosos cometidos con arma de fuego 2001 13,855 3,512 25 2002 13,148 2,616 20 2003 12,676 3,006 24 2004 11,658 2,858 25 2005 11,246 3,208 29 2006 11,806 3,610 31 Total sexenio 74,389 18,810 25 2007 10,253 4,040 39 2008 13,155 5,085 39 2009 16,118 8,804 55 2010 20,680 12,478 60 2011 22,852 13,027 57 53 2012 21,736 11,463 104,794 54,897 52 2013 18,331 9,989 54 2014 15,653 8,709 56 2015 17,028 9,643 57 9,413 5,586 59 60,425 33,927 56 Total sexenio 2016* Total sexenio F : SESNSP. *Enero a junio de 2016. Usualmente la violencia armada es considerada un asunto secundario respecto de otros temas como la violencia generalizada, la impunidad, y las violaciones a derechos humanos. Esta visión es comprensible porque la lucha no es en contra de las armas per se: aun erradicándolas no acabaríamos con la violencia. Sin embargo, no se debe perder de vista que, a diferencia de otras armas, las de fuego representan un importante negocio a escala mundial, y que pueden herir o matar a distancia y con una mayor velocidad. Una de las cuestiones básicas a dilucidar es el origen de estas armas en el país. T á M El país no destaca en el contexto internacional como productor o exportador de armas de fuego, posee una legislación restrictiva para la posesión de las mismas y ha suscrito todos los instrumentos internacionales dedicados a atender el problema de su tráico ilícito, identiicado como uno de los componentes del crimen organizado. Sin embargo, estas medidas no han evitado la proliferación de este tipo de armamento. Si bien es imposible cuantiicar con exactitud el ujo ilícito de cualquier bien, las estadísticas de aseguramientos de armas realizados por el gobierno mexicano pueden aproximarnos al tema. A continuación se presentan los datos referentes al periodo de 2000 a mediados de 2015. El sexenio de 2000 a 2006 presentó el nemero más bajo de coniscaciones y de homicidios con armas de fuego, mientras que el correspondiente al periodo de 2006 a 2012 registró las cifras más altas en ambos rubros. Por su parte, el actual sexenio muestra una tendencia a la baja en el número de armas aseguradas (Cuadro 3). Armas de fuego en México: panorama en 2016 E z Cuadro 3 i i Aseguramientos de armas incluye cortas y largas Año 2000 7,494 2001 8,466 2002 8,381 2003 5,626 2004 5,577 2005 5,115 2006 4,220 Total 2000-2006 Promedio anual 6,231 37,385 2007 9,576 2008 21,047 2009 32,588 2010 34,004 2011 40,406 2012 161 22,937 25 799 Total 2007-2012 137,621 2013 13,755 2014 11,893 2015* 5,794 Total 2013-2015 12,171 31,442 F : elaboración propia, con datos de los informes presidenciales respectivos. *Cifras preliminares al 31 de julio de 2015, Presidencia de la República, Tercer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, 2013-2014. Anexo estadístico, Ciudad de México, agosto de 2015, p. 55, en: <http://cdn.presidencia.gob.mx/tercerinforme/ 3_IG_2015_ANEXO-ESTADISTICO.pdf>. Las cifras presentadas corresponden al esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráico son publicadas cada año en el informe presidencial y contemplan la suma de aseguramientos de varias corporaciones. Si se desea conocer datos recientes, una fuente alternativa es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero sus estadísticas únicamente incluyen información hasta la mitad del año 2016. La tendencia es consistente con la del esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráico, donde se observa un claro descenso en el nemero de armas aseguradas. Como se aprecia a continuación (Cuadro 4), los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego no han disminuido en la misma proporción que las coniscaciones. A 2014 6,552 g Cuadro 4 2015 5,503 S 2016* 1,706 F : Sedena. *Al 30 de junio de 2016. Secretaría de la Defensa Nacional, Operaciones contra el narcotráico, Ciudad de México, 1º de julio de 2016, en: <http://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/operaciones-contrael-narcotraico-6963 . Paulina Arriaga y Maura Roldán Álvarez V i i Cuadro 5 2011-2014 Homicidios dolosos cometidos con armas de fuego Aseguramiento de armas cortas y largas -33.15 % F -70.57 % : SESNSP, Presidencia de la República y Sedena. El 2011 fue el año con los más altos números en ambas categorías; 2014 es el último año del que se reportan cifras completas del Esfuerzo Nacional en la Lucha contra el Narcotráico. O M 162 ¿De dónde provienen las más de 200 mil armas aseguradas en los últimos 16 años? La información oicial demuestra que el principal origen de las armas de fuego que se coniscan y rastrean en México es Estados Unidos. Datos del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ( , por sus siglas en inglés) del vecino país demuestran que en los últimos seis años el porcentaje de armas que tienen origen en su territorio es el 71 por ciento en promedio. Las cifras no dejan duda del papel preponderante que tiene Estados Unidos en la proliferación de armas en México. Este fenómeno ha sido abordado en diversos estudios académicos, los cuales demuestran una correlación entre el aumento de disponibilidad de armas en ese país y el incremento de la violencia en ciertas zonas del nuestro. La mayor disponibilidad de armas en la nación vecina se dio a partir de 2004, con el relajamiento de las políticas de control de armas de asalto (que prohibían la venta e importación de ciertos modelos de equipos semiautomáticos; véase Cuadro 6).11 Cuadro 6 g O ig Provenientes de Estados Unidos % País no determinado % Total g , 2010-2015 Mé i 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7,462 16,215 13,715 11,126 11,503 12,628 75 71 70 70 72 71 2,436 7,727 5,978 4,922 4,551 5,076 25 29 30 30 28 29 9,898 22,942 19,693 16,048 16,054 17,704 F : Department of Justice -ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), Mexico Trace Statistics, marzo de 2016, en: https: .atf.gov docs internationalirearmstracedatamexicocy20102015pdf/download>. N : La categoría de “provenientes de Estados Unidos” incluye aquellas armas fabricadas en o importadas a este mismo país con una “licencia federal de armas” la categoría de “país no determinado” se reiere a aquellas armas que no fueron fabricadas en Estados Unidos o para las cuales el rastreo no proporcionó suiciente información para determinar el país de origen. 11 Véanse Arindrajit Dube, Oeindrila Dube y Omar García Ponce, “Cross-border Spillover: U. S. Gun Laws and Violence in Mexico”, American Political Science Review, vol. 107, núm. 3, 2012, en: <http://omargarciaponce.com/ wp-content/uploads/2013/07/cross_border_spillover.pdf>; Luke Chicoine, Exporting the Second Amendment: U.S. Assault Weapons and the Homicide Rate in Mexico, Univeristy of Notre Dame, Notre Dame, 2011; David Pérez y Eugenio Weigend, “Más armas, más delitos, más homicidios”, en Nexos, 1º de septiembre de 2013. Armas de fuego en México: panorama en 2016 La información sobre el origen de las armas presentada por la coincide con datos ofrecidos por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Procuraduría General de la República (PGR), en los que se señala que de 2011 a 2013 el 69 por ciento de las armas aseguradas provinieron de Estados Unidos, además de agregar la información siguiente: 10 por ciento no arrojó resultados en la Unión Americana; 9 por ciento no arrojó resultados; 6 por ciento tenía el número de serie borrado; 3 por ciento poseía un número de serie inválido; 2 por ciento correspondía a equipos vendidos a Centroamérica; y 1 por ciento estaba en espera de resultados. Estos detalles muestran que no existe certeza sobre el origen de 29 por ciento de las armas.12 Además de las armas con origen desconocido, es importante considerar que no todas las que son aseguradas se someten al rastreo para conocer su procedencia. Algunos cálculos estiman que el gobierno mexicano sólo investiga el origen del 66 por ciento de ellas;13 otras fuentes han reportado años en los que únicamente se rastreó el 25 por ciento.14 La búsqueda, por otra parte, no se hace de manera cronológica, y esto se puede comprobar fácilmente al comparar las armas retenidas y las que la reporta haber investigado año con año. Tales hechos demuestran que la información existente, si bien es útil, sólo ofrece una aproximación de la magnitud del mercado ilegal de armas en México. Adicionalmente a la y la PGR, otra fuente de información valiosa sobre el tema ha sido la Oicina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos (United States Government Accountability Ofice, GAO). Esta oicina ha aportado importantes elementos para conocer el panorama bilateral del tráico de armamento. En 2009 reportó que el 90 por ciento de las armas incautadas en México provenían de Estados Unidos, un porcentaje mucho mayor que el calculado por la ATF desde 2009.15 En 2015, como continuación de su informe de 2009, la GAO reveló que la colaboración bilateral en el tema de armas de fuego se debilitó notablemente en los primeros años de la actual administración debido a decisiones tomadas por el gobierno mexicano. Lo anterior se vio re ejado en la disminución tanto de las reuniones bilaterales que distintas agencias de ambos países sostenían para abordar el tema, como de las armas sometidas a rastreo a través del programa eTrace.16 Si bien el fácil acceso a equipos de alto calibre en Estados Unidos ha repercutido en el incremento de la violencia en nuestro país, el informe de la GAO pone sobre la mesa un tema que no se puede ignorar: la responsabilidad de México en la materia, puesto que el tráico de armamento es un asunto bilateral. El notable descenso en el número de armas aseguradas da señales de la falta de atención por parte del gobierno mexicano al respecto. A La legalidad de un arma no necesariamente está ligada a su uso legítimo y puede variar con tan sólo cruzar una línea imaginaria llamada frontera: un arma legal en Texas al llegar a territorio mexicano se vuelve ilegal. Que un arma tenga permisos y esté debidamente registrada -es decir, que sea legal- puede ser un asunto secundario para las víctimas de violencia armada, ya que poco importa el estatus de un instrumento que le quita la vida a un ser querido o que hiere directamente a alguien. 12 13 14 15 16 Amando López Hernández, “Presentación”, en la Mesa: “Tráico de armas en México”, organizada por el Observatorio Nacional Ciudadano en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México ( ), junio de 2014, consultada en: <http://www.juridicas.unam.mx/vjv/activ.htm?e=705&t=9>. Desarma México, Boletín informativo: Decomiso y rastreo de armas en México, 5 de junio de 2014, consultado en <http://www.desarmamexico.org/images/documentos/comunicados/Decomiso_rastreo_de%20armas_06_05_14.pdf>. United States Government Accountability Ofice ( ), fforts to Combat rms rafic ing to exico Face lanning and Coordination Challenges, Washington, 2009, p. 16, consultado en: <http://www.gao.gov/new.items/ d09709.pdf>. Ibid., p. 15. A través del programa eTrace se conoce el origen de las armas que son aseguradas en México. Véase United States Government Accountability Ofice ( ), fforts to Combat Firearms rafic ing to exico a e mpro ed, but ome Collaboration Challenges Remain, Washington, 2016, consultado en: <http://www.gao.gov/assets/680/674570.pdf>. 163 Paulina Arriaga y Maura Roldán Álvarez 164 Países como Estados Unidos son reticentes a comprometerse con estándares internacionales de control de armas debido a su defensa de la posesión de éstas por civiles, amparada por la Segunda Enmienda de su Constitución, por el poder que tiene la industria armamentista y por el peso político de organizaciones civiles como la Asociación Nacional del Ri e (NRA, por sus siglas en inglés). Más allá de las armas legales en manos de civiles, al hablar de su control también se incluyen las que posee el Estado, las cuales suelen ser visualizadas como legales y legítimas sin ningen cuestionamiento. Si se observa la deinición de violencia armada citada previamente, el Estado se sitúa como una posible víctima, pero se omite mencionarlo como probable perpetrador de la misma. También se suele olvidar el papel de las armas legales en la violación de derechos humanos.17 En México, cuando se llega a hablar del problema de las armas, la atención se centra en el tráico ilegal y en la responsabilidad de Estados Unidos. La proliferación de armas de fuego no sólo está relacionada con el tráico ilegal proveniente del vecino del norte, sino también con el alto número de armas perdidas y/o robadas a policías. Asimismo, las muertes por disparos no necesariamente son causadas por grupos del crimen organizado. En ocasiones es el mismo Estado el que trasgrede los estándares internacionales de uso de la fuerza. Por tales razones, al abordar el tema de armas de fuego y planear políticas públicas contra la violencia armada, el armamento legal también debe considerarse. Son muchos los temas relevantes que deben atenderse al hablar de armas legales, pero por cuestiones de espacio y de relevancia nos referiremos solamente a aquéllas reportadas por la policía como perdidas o robadas. A í Las armas reportadas como perdidas y o robadas por las policías son evidencia de la ineicacia del Estado en el control de las armas de fuego. Son artefactos que entran de manera legal al país, destinados a ser una herramienta de trabajo para las instituciones de seguridad pública y luego reportadas como desaparecidas de los arsenales. ¿Cómo se pretende controlar el ujo de armas ilegales si se pierden anualmente miles de ellas en manos de las policías? Este fenómeno demuestra un inadecuado manejo de los depósitos donde se resguardan y deiciencias en su control y registro por parte de las corporaciones. Ello se puede explicar por debilidad institucional y carencia de elementos técnicos en el control de arsenales, y/o por la corrupción e impunidad que permean la vida de las instituciones de seguridad pública. En cualquier caso, se trata de un fenómeno interno, independiente de la responsabilidad de Estados Unidos en la proliferación de las armas en México. La información disponible sobre el equipo que desaparece de los arsenales de la policía es poco certera, ya que además del desconocimiento sobre su paradero -algunos artículos apuntan a que terminan en manos del crimen organizado, el mercado negro o las autodefensas-18 tampoco se sabe bajo qué circunstancias desaparecieron, cuántas han sido recuperadas o si han sido utilizadas en un crimen. Aunado a lo anterior, la poca consistencia del número de armas reportadas como perdidas y/o robadas indica que tampoco hay claridad sobre cuántas han desaparecido, lo que incrementa la desconianza en las instituciones. En 2014, mediante una solicitud de información hecha a la Sedena,19 se requirió el número de armas extraviadas o robadas a las policías locales y federales. Derivado de ello, se propor17 18 19 La violencia armada se reiere al “uso intencional de la fuerza ilegítima (real o en forma de amenaza) con armas o explosivos contra una persona, grupo, comunidad o Estado” (véase supra, nota 6). Arturo Ángel, “Las bajas en las armas de los policías en México: pierden 6 al día”, Animal Político, 18 de mayo de 2015, en: <http://www.animalpolitico.com/2015/05/policias-en-mexico-pierden-seis-armas-de-fuego-al-dia-ya-van15-mil-robadas-o-extraviadas>. Folio 0000700205114. La información se solicita a la Sedena ya que es la dependencia que controla el Registro Federal de Armas de Fuego, el cual comprende las armas legales en manos de civiles y de las corporaciones de seguridad de todo el país. Armas de fuego en México: panorama en 2016 cionó el desglose total del armamento que no ha sido presentado y que fue justiicado como robado o extraviado. La cifra fue de más de 17 mil piezas entre 2006 y 2014. En 2016, en otra solicitud, se pidió nuevamente la misma información; los resultados entre una y otra variaron notablemente (Cuadro 7).20 Di ú Cuadro 7 i , 2006-2016 i Año Solicitud 0000700205114 2014 Solicitud 0000700069116 2016 Variación numérica 2006 3,413 1,277 -2,136 -63 2007 3,516 804 -2,712 -77 2008 2,309 516 -1,793 -78 2009 2,070 2,081 11 1 2010 1,071 1,103 32 3 2011 994 1,527 533 54 2012 1,787 1,812 25 1 2013 982 1,011 29 3 2014 Total 2006-2014 F i Variación porcentual 881 1,048 167 19 17,023 11,179 -5,844 137 2015 1,492 2016 207 : Sedena. Comparando la información obtenida en respuesta a las solicitudes mencionadas, se observa que en la de 2016 se reportan 5,844 menos armas que en la de 2014. Los cambios más signiicativos tuvieron lugar en 2006, 2007 y 2008.21 Al analizar los resultados por estado, se identiica que la Ciudad de México es la que tuvo mayores cambios en esos años al reportar 3,109 piezas menos como perdidas o extraviadas (Cuadro 8). Di Año Ci ú Solicitud 0000700205114 2014 Cuadro 8 Mé i i , 2006-2016 Solicitud 0000700069116 2016 , Variación numérica 2006 1,058 168 -890 2007 1,416 20 -1,396 2008 F i 831 8 -823 3,305 196 -3,109 : Sedena. Llama la atención que no hay un argumento que explique un cambio tan drástico en la información proporcionada. Si bien existe una disminución notable en el registro de armas pérdidas y/ o robadas entre ambas solicitudes, los mismos estados se mantienen en las primeras posiciones de mayor cantidad de equipos ausentes (Cuadro 9). 20 21 Folio 0000700069116. Incluyen armas reportadas como perdidas o robadas por: secretarías de Seguridad Pública estatales, procuradurías de Justicia o iscalías estatales y, a nivel federal, la , la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Servicio de Protección Federal. En 2014 también se aprecia una diferencia amplia, pero se puede explicar porque no incluye todo el año. 165 Paulina Arriaga y Maura Roldán Álvarez Cuadro 9 i Ci F 166 , 2006-2014 Solicitud 0000 0020511 2014 Solicitud 0000 0006 116 2016 Ciudad de México - 4,834 Ciudad de México - 1,725 Estado de México - 2,180 Estado de México - 1,572 Guerrero - 1,742 Guerrero - 789 Durango - 693 Michoacán - 524 Jalisco - 649 Chihuahua - 470 : Sedena. En el caso de la actual administración, se observa que se ha incrementado el número de armas perdidas y/o robadas de 2013 hasta 2015. Mientras que en el primer año se reportaron 1,011, para 2015 la cifra se elevó a 1,492; ello quiere decir que durante el último periodo anual desaparecieron tres armas diarias de los arsenales. La responsabilidad no es homogénea. En 2015 entre el Estado de México y la Ciudad de México acapararon el 33 por ciento de las armas desaparecidas. Las cifras del 2016 indican que el Estado de México continuará a la cabeza como la entidad en la que más piezas se pierden. Pé Cuadro 10 i 2014 Estado F 2015 Armas Estado 2016 Armas Estado Armas 1 Estado de México 236 Estado de México 383 Estado de México 2 Ciudad de México 124 Ciudad de México 111 Chihuahua 47 19 3 Guerrero 45 Guanajuato 66 Baja California Sur 12 4 Veracruz 45 Oaxaca 38 Querétaro 10 5 Oaxaca 38 Sinaloa 35 Oaxaca 8 : Sedena. El hecho de que el número de armas perdidas y robadas aumente da cuenta de la urgencia de un correcto registro y control de las mismas por parte del Estado mexicano. De otra manera, está fallando con las obligaciones que ha adquirido internacionalmente. El “Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos” señala que requieren establecerse normas y procedimientos adecuados para la gestión y la seguridad de los arsenales. Por ejemplo, contabilización y control constantes de las armas pequeñas y ligeras en poder de las unidades operacionales o personal autorizado o transportadas por ellos, y procedimientos y sanciones en caso de hurto o extravío.22 Asimismo, el Tratado sobre el Comercio de Armas, del cual México es parte, señala de forma expresa que los Estados deben evitar el desvío de equipos (Artículo 11.1). En este sentido, es preciso adoptar una visión amplia de esta desviación que no se circunscriba a evitar que las armas se pierdan mientras son transportadas, sino que también incluya su desaparición de los arsenales.23 22 23 Organización de las Naciones Unidas, “Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos”, Nueva York, cap. , art. 17, en: <http://www. un.org/spanish/ events/smallarms2006/poa.html>. Paulina Arriaga, Maura Luz de Jesús Roldán Álvarez y Vania Ariadna Ruiz Mendoza, Mujeres víctimas de violencia armada y presencia de armas de fuego en México. Resultados a nivel nacional y estatal 2011-2013, Desarma México-Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia-Instituto Nacional de Desarrollo Social, Ciudad de México, 2015. Armas de fuego en México: panorama en 2016 C Es imposible analizar el tema de las armas de fuego en México sin encontrar incongruencias y discrepancias. La ley restrictiva no corresponde a la realidad, repleta de armas; las cifras gubernamentales no son consistentes ni certeras, y las intenciones y acciones del gobierno mexicano en el ámbito internacional no se ven re ejadas en la realidad nacional. La generación de y el acceso a cifras sobre el número de armas legales en el país es uno de los temas pendientes. Si bien es posible obtener información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, los datos no están disponibles para su consulta en la página de la Sedena. Ello contribuye a prácticas poco transparentes, como la modiicación de las cifras sin ningen tipo de explicación. La disponibilidad de información coniable y actualizada es indispensable para poder evaluar la evolución del fenómeno de la proliferación de las armas, el cual es poco estudiado en el país. Por otro lado, en cuanto a marcos normativos, en el siglo han surgido diversos instrumentos internacionales que buscan disminuir el sufrimiento humano causado por la violencia armada, controlar el comercio legal y erradicar el tráico ilícito de armas.24 México los ha suscrito y ha impulsado la adopción de estos instrumentos, sin adecuar su marco normativo interno y sin que se genere un beneicio palpable para la ciudadanía. A pesar de estos compromisos, los últimos 16 años se han caracterizado por un constante deterioro en el tema de la proliferación de armas en el país. Desde el año 2000 se han cometido más de cien mil homicidios dolosos con armas de fuego, lo que equivale a diez veces la capacidad del Auditorio Nacional o a la totalidad del Estadio Azteca. El número de asesinatos con armas se ha triplicado en este siglo: en la actualidad se usan en más de la mitad de los casos (en 2000 se utilizaban en la cuarta parte) l número de piezas aseguradas ha disminuido drásticamente en los últimos años y en el 2015 se registró la cifra más alta del sexenio en equipos perdidos por la policía. Todos estos elementos ponen de maniiesto el reto al cual nos enfrentamos y el cuestionable impacto de los diversos instrumentos internacionales adoptados. La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada enarbola el derecho a vivir libre de la amenaza de este tipo de violencia, y señala como principal responsable de proveer seguridad al Estado. Para “desarmar” al país será indispensable contar con instituciones eicientes, respetuosas de los derechos humanos y que provean seguridad y justicia. Sin estos elementos será difícil avanzar en la materia. 24 En 2001, entró en vigor el “Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos”; en junio 2005 lo hizo el “Protocolo de la contra la fabricación y el tráico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones” y en 2006 la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo inalmente, en diciembre de 2014 entró en vigor el Tratado sobre el Comercio de Armas. 167 Sinaloa: fin de la hegemonía y epicentro de la guerra que comienza Carlos Rodríguez Ulloa1 — ¿Existe algún código dentro del cártel de Sinaloa, reglas sobre lo que se puede hacer y lo que no? — No se mata a inocentes. El negocio sólo es tráico. No existen extorsiones, ni secuestros. En la empresa nuestro dicho es “Hay que ayudar al inocente y mancharnos con el corriente. Nosotros sí nos sabemos respetar”. Dá L S (a) “El Mini Lic”. 2 I El estado de Sinaloa fue una de las áreas estratégicas en el tráico de drogas en México durante el siglo y por ello zona importante para la operación de la delincuencia organizada; en especíico, es la sede del mal llamado “cártel de Sinaloa” o “del Pacíico”, uno de los grupos dominantes de la delincuencia organizada, además de tener presencia del grupo de los hermanos Beltrán Leyva. Por ello, los acontecimientos en esta región tienen importantes repercusiones en los mercados ilegales de narcóticos y en los niveles de violencia que les están asociados. Sinaloa es una entidad clave para los mercados controlados por la delincuencia organizada debido a razones geográicas, ya que la sierra madre occidental cruza el estado de norte a sur y es parte importante del Triángulo Dorado, región montañosa que comprende los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Se trata de una de las áreas del país con mayor producción de marihuana y amapola; cuenta con los puertos estratégicos de Mazatlán y Topolobampo -que representan el acceso al comercio en el Océano Pacíico- y con las ciudades de Culiacán y Los Mochis, enclave terrestre en la ruta de paso de mercancías hacia el norte. También existen causas sociales que explican la prominencia de la zona en la materia: es la cuna de algunos de líderes históricos de la delincuencia organizada y sede de importantes símbolos de la cultura del narco, como el templo de Malverde o el panteón de los jardines de Humaya -ambos en Culiacán-, que muestran la relevancia social de estos personajes. Esta región es la sede de la organización de Sinaloa o del Pacíico, la cual es en realidad una coalición de liderazgos que tienen como base de operaciones el Triángulo del Norte. Los cabecillas del grupo han variado desde su conformación en los años ochenta, pero la alianza más visible -la cual le ha dado su estabilidad característica en los eltimos veinte años- ha estado conformada principalmente por Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, Ismael Zambada y Juan José Esparragoza, junto con algunos socios que han entrado y salido. El mantenimiento de la cohesión interna permitió al grupo enfrentar con relativo éxito retos tan importantes como el cambio en el mercado de narcóticos ilegales, donde fue pionero en la producción, exportación y distribución de metanfetaminas, sin menoscabo de su histórico papel en el tráico de cocaína y su posición dominante en la producción de marihuana y amapola. La eltima escisión es la del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y ha logrado resistir el ataque y acoso en las plazas disputadas contra otros grupos, como Los Zetas, Juárez, Tijuana y Beltrán Leyva. 1 2 Integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE). José Luis Montenegro, “Entrevista con el Mini Lic ”, Narcoviolencia, 24 de octubre de 2015, en: <http://www. narcoviolencia.com.mx 2015 10 entrevista-con-damaso-lopez-el-mini-lic.html . 169 Carlos Rodríguez Ulloa 170 La organización de Sinaloa ha sido identiicada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, ) de la siguiente manera: “Mientras todas las organizaciones mexicanas transportan importantes cantidades de drogas ilícitas a Estados Unidos, el cártel de Sinaloa parece ser el proveedor más activo. El cártel de Sinaloa aporta sus recursos crecientes y su predominio en México para facilitar el contrabando y transporte de drogas a lo largo de Estados Unidos”.3 Según la , la organización de Sinaloa es un consorcio internacional que opera a través de alianzas en 54 países (véase Mapa 1), en los cuales realiza tráico de drogas, lavado de dinero, falsiicación de documentos, control de rutas y contrabando de bienes ilegales.4 A pesar de su presencia global y de la posición hegemónica en la que la ubica al grupo de Sinaloa, hay tres factores de cambio que apuntan al agotamiento en la estabilidad de la coalición dominante y a una transición que necesariamente inaugura una nueva ola de violencia en el corazón de la delincuencia organizada mexicana. El primero es el desgaste de la triada GuzmánZambada-Esparragoza, que ofreció un liderazgo estable al cártel el segundo es el relevo generacional y el tercero es el aumento de la competencia, tanto por el surgimiento de una nueva coalición entre Caro Quintero, Beltrán Leyva y células Zetas en contra de Sinaloa, como por el gran crecimiento del , que se perila como el futuro grupo dominante, capaz de disputarle la hegemonía al de Sinaloa sobre todo tras las detenciones de Guzmán Loera. A ,S El estado de Sinaloa era ya en los años cuarenta el principal productor de adormidera y goma de opio en México. Los traicantes locales eran conocidos como los “gomeros”. Más adelante, en los cincuenta, la prensa local caliicó a Culiacán como un “Chicago con gánsteres de huarache”. Durante los años setenta y hasta su captura, en 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue considerado el líder más importante de su época.5 El cártel de Guadalajara fue la organización de la delincuencia organizada más poderosa durante los años ochenta uno de sus predecesores fue Pedro Avilés Pérez (a) “León de la Sierra”, quien coordinó las rutas de drogas más importantes durante las décadas de 1960 y 1970, hasta su muerte en 1978. Avilés trabajó con Miguel Ángel Félix Gallardo (a) “El Padrino”, Rafael Caro Quintero (a) “Narco de Narcos”, Ernesto Fonseca (a) “Don Neto” y Juan José Esparragoza (a) “El Azul”, todos sinaloenses, y quienes posteriormente se convertirían en los líderes del cártel de Guadalajara, ciudad desde donde operaban su negocio ilícito: Del municipio de Badiraguato provienen Juan José Esparragoza Moreno, Ernesto Fonseca, Rafael Caro Quintero y Joaquín Guzmán Loera Héctor Palma del municipio de Mocorito, Amado Carrillo de Guamuchilito, poblado a unos cuarenta ilómetros de Culiacán los hermanos Arellano Félix, surgidos de la clase media de la capital sinaloense [...]. Los sinaloenses eran los principales traicantes de heroína, marihuana y cocaína, logrando mantener la hegemonía en ese campo durante varias décadas.6 3 4 5 6 U.S. Department of Justice y Drug Enforcement Administration, 2015 National Drug Threat Assessment Summary, octubre de 2015, pp. 1-2, en: https: .dea.gov docs 2015 20NDTA 20Report.pdf . Doris Gómora, “Mantiene el Cártel de Sinaloa imperio global”, El Universal, 20 enero 2016, en: <http://www. eluniversal.com.mx articulo nacion seguridad 2016 01 20 mantiene-el-cartel-de-sinaloa-imperio-global . Luis Astorga, “Transición democrática, organizaciones de traicantes y lucha por la hegemonía”, en Rael Benítez Manaut, Abelardo Rodríguez y Armando Rodríguez (eds.), Atlas de la seguridad y la defensa de México 2009, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), México, p.106. Ibid., p. 107. P í Mapa 1 i ártel de Sinaloa7 7 Véase también, Silber Meza y Fermín García, “Los barones del cártel de Sinaloa”, El Universal, 20 de enero de 2016, en: http: interactivo.eluniversal.com.mx 2016 barones-cartel-sinaloa . Sinaloa: fin de la hegemonía y epicentro de la guerra que comienza Otros países también con presencia, pero que no se muestran en el mapa son: Trinidad y Tobago, Bahamas, Haití, Guyana Francesa, Singapur y Guinea-Bissau. F : DEA y Congreso de Estados Unidos. 171 Carlos Rodríguez Ulloa 172 El negocio fue dirigido por este pequeño grupo de personas con lazos familiares naturales, mecanismo utilizado para preservar la lealtad y evitar la traición. El acuerdo consistía en que cada familia controlaba todas las actividades relacionadas con drogas en una región particular. Durante esta etapa de evolución de la delincuencia organizada se dio una relación de complicidad con las autoridades por medio de grandes sobornos. El cártel de Guadalajara fue muy exitoso debido a que desarrolló extensas redes de corrupción con las fuerzas de seguridad federal y local, además de tener un vínculo directo con el proveedor colombiano Pablo Escobar, del cártel de Medellín. La presión de las autoridades estadounidenses y colombianas sobre los grupos de ese país sudamericano en los años ochenta le dieron al cártel de Guadalajara una mejor posición para negociar, lo cual le permitió obtener una mayor parte de las ganancias y expandir su participación en el mercado de drogas ilícitas. El 5 de marzo de 1985, el agente de la Enrique (a) “Kiki” Camarena Salazar y el piloto Alfredo Zavala fueron encontrados muertos después de haber iniltrado el cártel y obtenido resultados como el aseguramiento del rancho El Befalo, propiedad de Caro Quintero. A raíz del caso, el gobierno de Estados Unidos presionó al mexicano para que se detuviera a los líderes del cártel de Guadalajara y se desmantelara la Dirección Federal de Seguridad ( ). Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca fueron arrestados en 1985, pero el cártel de Guadalajara comenzó su ocaso hacia 1989 cuando fue detenido Miguel A. Félix Gallardo. Después de la detención de Quintero y Fonseca, Félix Gallardo dividió los territorios entre los distintos grupos delictivos, sembrando la semilla de la posterior disputa por el control de las plazas, creadora de meltiples episodios cada vez más violentos. La división comprendería el desarrollo de los cárteles de Tijuana, liderado por la familia Arellano Félix con base en Tijuana, y de Juárez, dirigido por los Carrillo Fuentes, con sede en Ciudad Juárez. Así, el cártel de Sinaloa fue el resultado de una alianza entre Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo”, Ismael Zambada (a) “El Mayo” y Héctor Luis Palma Salazar (a) “El Ghero” en Baja California, Sinaloa y Sonora. Una consecuencia no deseada de la división del cártel de Guadalajara fue que abrió la oportunidad para que nuevas organizaciones entraran o expandieran su presencia en el mercado ilegal de narcóticos, como son los casos de Juan García Abrego en Tamaulipas, la familia Amézcua en Colima y los Valencia en Michoacán. En cierto momento, la división de funciones en la organización de Sinaloa era la siguiente: “El Mayo” quedó a cargo de la marihuana y la producción de opio del estado de Sinaloa; “El Chapo” de Tecate, Baja California y “El Ghero” de San Luis Río Colorado, Sonora. Al poco tiempo, “El Chapo” Guzmán y “El Ghero” Palma tomaron respectivamente las plazas de Mexicali, Baja California, y Nogales, Sonora. Mientras tanto, personajes como Juan José Esparragoza (a) “El Azul”, que aprendió los entresijos del mercado ilícito con Pedro Avilés (a) “El León de la Sierra” y trabajó en la estructura del cártel de Guadalajara, preirió asesorar a Guzmán, mientras que los hermanos Beltrán Leyva e Ignacio Coronel constituían la parte intermedia de la organización de Sinaloa. La alianza empezó desde cero, en contraste con otras organizaciones que libraban las batallas usando sus redes familiares (véase Cuadro 1). La supervivencia del cártel de Sinaloa se debió a la estabilidad de la alianza, a su capacidad de producción, a la creatividad para traicar sus mercancías -marihuana, cocaína y heroína- valiéndose de aeroplanos, autos, turistas, catapultas y túneles, entre otros recursos. En este escenario disperso, Sinaloa mantuvo en principio una buena relación con Tijuana, a quienes pagaban un impuesto por usar la plaza como plataforma de tráico, hasta que en 1992 empezaron una guerra por el control de la ciudad, lo que llevó al tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara en mayo de 1993, donde murió el cardenal Jeses Posadas Ocampo. Se capturó al “Chapo” en Guatemala en junio de 1993 y a Francisco Rafael Arellano Félix en diciembre del mismo año. Sinaloa: fin de la hegemonía y epicentro de la guerra que comienza R Rafael Caro Quintero (a) “Narco de Narcos” Ahijado de Ernesto Fonseca Carrillo Sobrino de Lamberto Quintero Tío de Javier Caro Payán y Emilio Quintero Payán Primo en segundo grado Sandra Ávila Beltrán, Amado Carrillo F i i i Miguel Angel Félix Gallardo (a) “El Padrino” Medio hermano de la madre de los hermanos Arellano Félix Francisco Rafael, Benjamín, Eduardo, Ramón, Enedina, Alan, Alicia María y Javier Sobrinos de Jesús Labra Avilés (a) “Chuy”, fundador del cártel de Tijuana Cuadro 1 Ernesto Fonseca Carrillo (a) “Don Neto” Padrino de Rafael Caro Quintero Tío de Amado, Rodolfo y Vicente Carrillo Fuentes Amado Carrillo Fuentes es papá de Vicente Carrillo Leyva G Hermanos Beltrán Leyva Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo” Hermano de Arturo, Miguel Ángel, Emilio y Aureliano Padre de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, (a) “Luis” o “Chapito” Jesús Alfredo Guzmán Salazar Ovidio Guzmán López : elaboración propia. Después de esta primera captura de Guzmán, los otros líderes de Sinaloa optaron por mantener un peril más discreto, precaución que no fue suiciente, pues en 1995 fue arrestado Palma tras sobrevivir a un accidente aéreo, quedando la organización bajo el control de Zambada y Esparragoza. En los años noventa los grupos de Tijuana y Golfo crecieron exponencialmente, lo cual signiicó un riesgo importante para el de Sinaloa, puesto que podía implicar la pérdida de territorios y negocios en manos de sus competidores. Esta situación derivó en el primer escape de Guzmán de la prisión de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, en 2001. El regreso de “El Chapo” a la organización trajo consigo un reajuste de papeles para recuperar competitividad: invirtieron en nuevas técnicas para cultivar marihuana, desarrollaron laboratorios orientados a la fabricación de metanfetaminas y reinvirtieron en armas y compra de impunidad y prebendas. Esta reorganización e inversión los llevó a expandir y controlar otros territorios que pertenecieron a las organizaciones del Golfo, Tijuana y Juárez y, en consecuencia, a convertirse en el mayor grupo de la delincuencia organizada en México. Segen Antonio Mazzitelli, tal éxito se debe a que: […] la estructura cerrada y secreta del cártel de Sinaloa se asocia con su especialización en las drogas (tráico y producción) y con su orientación hacia el negocio, [...] ya que la organización ofrece su capacidad a los socios cooptados y genera alianzas de beneicio mutuo. Desde esta perspectiva, recurrir a la violencia es percibido como el eltimo recurso y un castigo por violar las reglas del juego.8 La organización de Sinaloa genera gran parte de sus ingresos a través de la producción y el tráico de drogas, y cuenta con características que la identiican como líder claramente establecido: una jerarquía estándar, fuertes elementos de disciplina interna, identidad social, empleo de la violencia esencial para el éxito de sus actividades, y una clara in uencia o control sobre un territorio determinado.9 8 9 Antonio Mazzitelli, “In uencia de los cárteles mexicanos en Centroamérica”, en Sergio Aguayo y Rael Benítez Manaut (eds.), Atlas de la seguridad y la defensa de México 2012, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), México, 2012, p. 21. Ibid., p. 21. 173 Carlos Rodríguez Ulloa Este predominio resalta por la multiplicidad de grupos que participan en el mercado de narcóticos en México y Estados Unidos, además del alcance creciente y la variedad de productos que según la traican las organizaciones mexicanas: Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas (OCT) signiican la mayor amenaza criminal de narcóticos para Estados Unidos. Las organizaciones mexicanas multidrogas traican heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana a través de Estados Unidos, usando rutas de transporte y redes de distribución establecidas. Controlan el tráico de drogas a lo largo de la frontera sur y están expandiendo su presencia en Estados Unidos, particularmente en el mercado de heroína.10 174 T ... ... ... El primer aspecto de cambio es el desgaste de la coalición entre Zambada, Guzmán y Esparragoza que ofreció un liderazgo estable al cártel durante los eltimos veinte años. La tercera aprehensión de Guzmán en enero de 2016 signiicó un golpe importante para la organización, debido a que con su traslado al penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, una región lejana al control geográico del grupo de Sinaloa, se anularon los privilegios con que contó durante los 17 meses que estuvo en el Penal del Altiplano, donde segen versiones periodísticas pasaba hasta catorce horas al día en reuniones con abogados, familiares y conyugales, bajo el argumento de tener siete causas penales abiertas y ejercer el derecho de dos horas por cada una se le permitía usar los jardines y explanadas de forma exclusiva recibía en su celda la visita de custodios y autoridades del penal, durante las cuales se apagaban las escuchas y tenía una televisión particular.11 Estas libertades le permitieron mantener el liderazgo de la organización, organizar con otros reos una huelga de hambre y, inalmente, planear y ejecutar su escape en julio de 2015. Tales privilegios se anularon en 2016 y dejaron al grupo sin este líder clave. A Juan José Esparragoza12 se le adjudica un papel protagónico en la formación de la Federación, una alianza convenida en 2006 entre Zambada, Guzmán, Esparragoza, Beltrán Leyva e Ignacio Coronel en contra de los Arellano Félix. Independientemente de la corta duración de este pacto, que se terminó en 2008 por las diferencias entre Guzmán y los Beltrán Leyva, el poder de convocatoria y convencimiento de Esparragoza fueron reconocidos.13 Hay rumores según los cuales Esparragoza murió a causa de un paro cardiaco en 2014; segen otros, está muy enfermo. Ante la falta de conirmación del deceso, las agencias de seguridad de México y Estados Unidos consideran la posibilidad de que haya ingido su muerte y aen lo tienen en la lista de los más buscados. Lo importante es que -muerto o no- ya no parece tener la relevancia de otras épocas su papel de gestor y negociador se vio reducido por la aparición de nuevos actores sobre los que no necesariamente tendría ascendencia o capacidad de interlocución. Detenido y aislado Guzmán, e incierta la participación de Esparragoza, Ismael Zambada queda como el líder visible de la organización sin embargo, parece estar coninado en las montañas del Triángulo Dorado y ser el responsable de la producción de amapola y marihuana, lo 10 11 12 13 U. S. Department of Justice y Drug Enforcement Administration, op. cit., p. 1. Carlos Loret de Mola, “El Chapo pudo irse por la puerta”, El Universal, 30 de septiembre de 2015, en: <http://www. eluniversal.com.mx entrada-de-opinion columna carlos-loret-de-mola nacion 2015 09 30 el-chapo-pudo-irse-porla-puerta>. Véase: David Vicenteño, “El misterio rodea a El Azul su muerte no ha podido ser conirmada”, Excélsior, 27 de enero de 2016, en <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/27/1071336>. Véase: Tania L. Montalvo, “Conciliador de bajo peril del cártel de Sinaloa: Juan José El Azul Esparragoza”, Animal Político, 13 de enero de 2016, en: <http: .animalpolitico.com 2016 01 juan-jose-el-azul-esparragozael-lider-conciliador-del-cartel-de-sinaloa/>. Sinaloa: fin de la hegemonía y epicentro de la guerra que comienza cual le permite mantenerse alejado de las ciudades mientras administra los negocios ilegales del grupo. Empero, no queda claro qué tanta ascendencia tiene sobre las células de los otros líderes, cuestión que se observa complicada debido a la lógica de alianzas con maias locales características del cártel. Como lo describe Beittel: “Los operativos de Sinaloa controlan territorios, haciendo redes descentralizadas de jefes que conducen el negocio y la violencia a través de alianzas entre ellos y con bandas locales. Las bandas locales a través de la región se especializan en operaciones especíicas y son contratadas por la red de tráico de drogas de Sinaloa”.14 Es incierto qué tanta ascendencia, capacidad de convocatoria y liderazgo tenga Zambada sobre actores de importancia creciente como Dámaso López Neñez (a) “El Licenciado”, o su hijo Dámaso López Jr. (a) “El Mini Lic.”, incondicionales de Guzmán, o qué tanto le afecte a sus casi setenta años que tres de sus hijos estén arrestados, ya que para ejercer el liderazgo es muy importante el ánimo, la energía y la voluntad, y Zambada no cuenta con interlocutores directos en esta dinámica de conianza y cohesión de grupo. Ello lo deja demasiado solo a la cabeza de tantos intereses. En resumen, “El Chapo” por sus capturas y escapes, poco a poco se aleja del cártel por necesidad de sobrevivir. Aunque su eltima fuga le dio ocasión para dar instrucciones sobre su sucesión y procurar la estabilidad del grupo, nada garantiza que éstas se cumplan. Es muy probable que Esparragoza esté muerto y, si no lo está, debe tener un bajo margen de maniobra para conducir al cártel en tiempos de cambio como los actuales. Finalmente, aunque Zambada sea el líder visible y el pilar de la organización, existen serias dudas sobre su capacidad para mantener la cohesión de la nueva generación a sus casi setenta años y con tres de sus hijos detenidos. El conjunto de estos elementos parece indicar el in del liderazgo en el cártel de Sinaloa, como aen se le conoce. Zambada está en el ojo del huracán difícilmente encontrará buen puerto ante el embiste de los nuevos líderes dentro del mismo grupo y de la feroz competencia de las otras organizaciones de la delincuencia organizada mexicana. E El segundo factor de cambio dentro del grupo de Sinaloa es el relevo generacional. Preso Guzmán, posiblemente muerto Esparragoza, y escondido Zambada, es el momento de que nuevos actores tomen protagonismo, como lo ilustra el caso de Dámaso López Neñez (a) “El Licenciado”. El mismo Guzmán, cuando le preguntaron en las indagatorias quién creía que iba a sucederlo, lo señaló.15 López Neñez tiene cincuenta años y ha sido uno de los operadores del cártel desde 2001, cuando ayudó a escaparse a Guzmán Loera de la cárcel de Puente Grande donde era funcionario. Desde entonces ha estado bajo las órdenes de Guzmán y ha extendido su in uencia a distintos espacios, como Baja California o Culiacán, además de ser el encargado de algunas de las operaciones inancieras del grupo, adquiriendo una posición privilegiada en cuanto acceso a recursos e interlocución con los demás líderes. Además, López Neñez le ha abierto la puerta del grupo a su hijo Dámaso López Serrano (a) “El Mini Lic.”, ahijado de Guzmán Loera, quién a sus treinta años comanda al brazo operativo del grupo de Sinaloa, conocido como Los Ántrax.16 Cuenta con un narcocorrido propio titulado 14 15 16 June Beittel, “Mexico: Organized Crime and Drug Trafic ing Organizations”, Congressional Research Service ( ), 22 de julio de 2015, p. 16, en: <https: fas.org sgp crs ro R41576.pdf>. Carlos Loret de Mola, “El sucesor de El Chapo”, El Universal. 14 de octubre de 2014, en: <http://www.carlosloret. com/2014/10/el-sucesor-de-el-chapo/>. Los Ántrax es un grupo fundado por José Rodrigo Aréchiga Gamboa (a) “El Chino Ántrax”, con el objetivo de dar seguridad a los líderes del cártel y responder a los ataques de los Beltrán Leyva y Los Zetas. Aréchiga fue detenido el 31 de diciembre de 2013 en Ámsterdam, mientras en México no tenía averiguación previa. Véase, Sin embargo, “Dámaso López Jr., El Mini Lic , presunto sucesor de El Chapo , ya tiene corrido y se presenta en redes sociales”, 1º de marzo de 2014, en: <http://www.sinembargo.mx/01-03-2014/917563>. 175 Carlos Rodríguez Ulloa 176 Dámaso y hace uso de las redes sociales donde ostenta armas, dinero, autos lujosos, mascotas exóticas y mujeres atractivas. Los Dámaso, como también se conoce a esta sociedad, han desarrollado capacidades propias al abarcar parte importante del brazo operativo del grupo de Sinaloa y una tropa propia -conocida como Fuerzas Especiales de los Dámaso, FED-, además de incidir en el lavado de dinero y el control de algunas de las plazas importantes de la organización. Otros de los nuevos actores en la trama del cártel de Sinaloa son algunos de los descendientes de Joaquín Guzmán, quien tiene nueve hijos con tres esposas los que se dedican al narcotráico son Iván Archivaldo y Jeses Alfredo Guzmán Salazar, y Ovidio Guzmán López, los cuales han sido identiicados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como participantes en las operaciones de tráico de drogas y lavado de dinero para la organización de Sinaloa17 y especíicamente para el grupo de Guzmán.18 A los hijos de Guzmán se les identiica como Los Chapitos o Los Menores. El líder más visible es Iván Archivaldo Guzmán Salazar,19 quién al parecer heredó el narcomenudeo en Culiacán y, por lo mismo, ha tenido con ictos con Los Dámaso en esa ciudad, aunque sus diferencias se han extendido también a Navolato.20 Sin duda, los hijos de Guzmán pertenecen a una nueva generación de narcotraicantes, caracterizada por el lujo, el dispendio y el uso intensivo de las redes sociales 21 ello los diferencia de sus antecesores, personas de carácter rural y sin la necesidad del lujo, la ostentación ni los teléfonos inteligentes.22 Y por lo tanto, con mucha mayor facilidad para esconderse que sus descendientes. En este caso, está además el problema de que las habilidades y la inteligencia son atributos que difícilmente se heredan, por lo que ser los hijos de Guzmán no necesariamente los convertirá en operadores tan eicaces como su padre. Está por comprobarse su capacidad de organización para mantenerse activos en la intensa competencia de los mercados ilegales. Cabe mencionar a los hijos de Zambada como ejemplo de las diicultades que ha enfrentado la nueva generación para mantenerse activa en este complejo medio. El mayor, Vicente Zambada Niebla, (a) “Vicentillo”, detenido en marzo de 2009, está preso en Estados Unidos otro de los hijos del cabecilla, quien empezaba a sobresalir en el negocio familiar, Ismael Zambada Imperial (a) “Mayito Gordo”, fue capturado en Sinaloa en 2014;23 y por último está Serafín Zambada Ortiz, quien fue arrestado en 2013 en un cruce fronterizo de Arizona, Estados Unidos. El enico libre es Ismael Zambada Sicairos (a) “Mayito Flaco”, que ha mantenido un peril muy bajo y ha sido una pieza clave en la expansión del grupo de Sinaloa en el negocio de metanfetaminas en Estados Unidos y el resto del mundo.24 17 18 19 20 21 22 23 24 Department of Treasury Ofice of Foreign Assets Control, “Joaquín Chapo Guzmán Sinaloa Cartel Operatives”, enero de 2013, en: <https: .treasury.gov resource-center sanctions Programs Documents 20130109 sinaloa operatives.pdf>. Silber Meza y Zoraida Gallegos, “Tres hijos de El Chapo en la mira de la ”, El Universal, 15 de julio de 2015, en: <http: .eluniversal.com.mx articulo periodismo-de-investigacion 2015 07 15 tres-hijos-de-el-chapo-en-lamira-de-la-dea>. Humberto Padgett, “¿Qué hay en la mente del Chapito ?”, Sin Embargo, 24 de febrero de 2014, en: <http://www. sinembargo.mx/24-02-2014/913180>. Véase, Blog del Narco, “La guerra entre Iván Archivaldo y Los Dámaso en Culiacán y Navolato”, 27 de junio de 2016, en: <http: .elblogdelnarco.com 2016 06 la-guerra-entre-iván-archivaldo-y-los-dámaso-en-culiacán-ynavolato-.html>. Terra, “La ostentosa vida de los hijos del Chapo Guzmán”, 27 de noviembre de 2013, en: <https://noticias.terra.com/ mundo narcoviolencia la-ostentosa-vida-de-los-hijos-del-chapo-guzman,8340f11e26a92410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>. Alejandro Valencia, “Estas con las cuentas oiciales de los hijos del Chapo”, Blog del Narco, 15 de julio de 2015, en: <http: .blogdelnarco.mx 2015 07 estas-con-las-cuentas-oiciales-de-los.html>. Animal Político, “Detienen en Sinaloa al hijo del Mayo Zambada”, 13 de noviembre de 2014, en: <http://www. animalpolitico.com 2014 11 detienen-en-sinaloa-al-hijo-del-mayo-zambada >. El Debate, “El Mayito Flaco y la inundación de meth en EU”, 22 de diciembre de 2015, en: <http://www.debate. com.mx mundo El-Mayito-Flaco-y-la-inundacion-de-meth-en-EU-20151222-0152. html>. Sinaloa: fin de la hegemonía y epicentro de la guerra que comienza Los hijos de Zambada sin duda están adquiriendo experiencias que les podrían redituar en el mediano y largo plazos, pero por lo pronto la igura de Zambada tendrá un gran peso dentro de la organización y en el mercado de drogas transnacional. De la revisión de los nuevos dirigentes de la organización de Sinaloa se concluyen tres aspectos. El primero es la tensión que genera la brecha generacional25 entre, por un lado, los pocos líderes, de carácter rural y reservado, que fundaron el negocio y se mantienen con vida después de los cincuenta años y, por otro, sus hijos, juniors urbanos que han vivido rodeados de lujos y excesos, y que deberán aprender el duro oicio de sus padres si quieren mantenerse en el mercado, pero con un alto costo en la curva de aprendizaje, tal como lo han hecho Neñez Serrano y Zambada Sicairos.26 El segundo aspecto es que la nueva generación está presionando por espacios a los cuales considera propios por herencia. A pesar de la extensión del negocio, esta irrupción no puede darse sin alterar el orden establecido, lo cual necesariamente signiica violencia, como lo demuestra el ejemplo de los encuentros entre Dámaso Neñez y los hijos de Guzmán, choques que aen no tienen un resultado plenamente identiicable.27 El tercer aspecto consiste en lo maniiestamente complicado de mantener la unidad de la organización de Sinaloa, ya que la nueva generación no comparte los lazos afectivos ni la experiencia conjunta en la gestación del negocio que sus padres sí tuvieron, problema que se añade al dinamismo e inestabilidad del mercado debido a factores como la captura o muerte de los delincuentes. Por dichas razones, estamos frente al inal de la organización de Sinaloa tal como se conoció bajo la jefatura de “El Chapo”. Seguramente se abrirá el espectro a nuevas alianzas y contraalianzas, donde concurrirán los otros grupos de la delincuencia organizada en México. G Rafael Caro Quintero,28 fundador del cártel de Guadalajara en los años ochenta, salió del Reclusorio Preventivo de Guadalajara el 9 de agosto de 2013, luego de que una resolución judicial del estado de Jalisco le otorgara un amparo que solicitó la revisión de la sentencia de cuarenta años en prisión por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, en 1985. Dos días después, otro juez giró una orden de aprehensión con ines de extradición a Estados Unidos, y tres meses después la defensa solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un nuevo amparo contra esa eltima resolución, mismo que fue denegado, al igual que el recurso de revisión, el 18 de noviembre de 2015.29 Mientras tanto, el 5 de noviembre de 2013 la ofreció una recompensa de cinco millones de dólares a quién colaborara en la captura del delincuente. Esta trama judicial ilustra las capacidades de Caro Quintero, la relevancia que este caso tiene para las agencias de seguridad de Estados Unidos, y el alto costo en prestigio que signiicó para las instituciones federales nacionales, pero lo más importante es que desde que salió y desapareció de los re ectores oiciales ha tenido tiempo de restablecer las redes con los principales actores del tráico de drogas. 25 26 27 28 29 Véase, por ejemplo, Narco Violencia, “A Iván Archivaldo, hijo del Chapo, le advirtieron que no ingresara en los territorios de El Mayo Zambada”, 19 de agosto de 2016, en: <http: .narcoviolencia. com.mx 2015 07 a-ivanarchivaldo-hijo-del-chapo-le.html>. Vanguardia, “Por el trono de El Chapo se avecina una guerra entre juniors y capos de cepa”, 4 de mayo de 2014, en: <http: .vanguardia.com.mx poreltronodeelchaposeavecinaunaguerraentrejuniorsycaposdecepa-1959997.html>. Narco Violencia, “A Iván Archivaldo ”, op. cit. Véase El Universal, “Peril Rafael Caro Quintero”, 9 de agosto de 2013, en: <http: archivo.eluniversal.com.mx nacion-mexico 2013 peril-rafael-caro-quintero-941402.html>. Juan Omar Fierro, “Corte niega amparo a Caro Quintero”, El Universal, 18 de noviembre 2015, en: <http://www. eluniversal.com.mx articulo nacion sociedad 2015 11 18 corte-niega-amparo-caro-quintero>. 177 Carlos Rodríguez Ulloa 178 De hecho, en entrevista reciente aceptó que se reunió tanto con Zambada como con Guzmán, lo que ilustra la capacidad de interlocución y lo estrecho de la sociedad en Sinaloa; como le dijo a la revista Proceso: a Ismael Zambada “una vez lo vi. Una vez, e igual, lo mismo [que con Joaquín Guzmán]. Platicamos y le comenté lo mismo. Mis respetos tanto para una familia como para la otra, no tenemos ninguna relación, ellos su vida y yo la mía”.30 Si bien por una parte se reunió con Guzmán y Zambada, por otra tejió una alianza con los Beltrán Leyva y Los Zetas para recuperar Sinaloa y no pagar el derecho de piso que el grupo de Sinaloa cobra por el trasiego de estupefacientes, al cual Quintero cree tener derecho por haber sido una de las iguras clave en los años setenta y ochenta.31 Aunque tal vez no enfrente de forma directa a la coalición dominante, si lo está haciendo a través de alianzas con actores opuestos al actual liderazgo.32 Un ejemplo de la capacidad de operación de Caro Quintero se aprecia en la reciente escalada de violencia en Sinaloa, que comenzó el 25 de abril de 2016, cuando fue asesinado en Badiraguato, Ernesto Guzmán Hidalgo -medio hermano de “El Chapo”- y abuelo de Alfredo Beltrán Neñez (a) “Mochomito” o “Alfredito”, quién a su vez es hijo de Alfredo Beltrán Leyva (a) “El Mochomo”, peleado a muerte con los Guzmán desde 2008 y quién encabezó la incursión en busca de Aureliano Guzmán Loera (a) “Guano”, en represalia por haber matado a su abuelo. La persona que ordenó el asesinato fue Aureliano Guzmán Loera, hermano del “Chapo”. Meses después se encontraron muertas ocho personas, entre las que estaba Cristóbal Muro Valdez, jefe de escoltas de Aureliano,33 y al poco tiempo -el 11 de junio- un comando de 150 personas irrumpió en La Tuna, municipio de Badiraguato, cuna de la familia Guzmán Loera, donde tomaron la casa de Consuelo Loera, de 87 años, la madre de los Guzmán. Fueron asesinadas al menos otras tres personas y, en su funeral, otras cuatro. 34 A los pocos días llegó un convoy de 200 sicarios de los Guzmán para recuperar La Tuna,35 ante lo cual se dio el desplazamiento de alrededor de 250 familias de las comunidades de La Palma, Arroyo Seco, Huixiopa, La Tuna y San José del Barranco,36 pero no hubo enfrentamiento entre las dos facciones porque las fuerzas armadas desplegaron un operativo en la zona. En otro incidente, Juan Carlos Landeros -jefe de plaza en Cosalá, bajo el mando de Zambada- apareció muerto el 22 de junio el 26 de julio asesinaron a dos sobrinos de “El Chapo” en Ciudad Obregón, Sonora, estado donde también se han reportado desplazados por la ola de violencia.37 Estos acontecimientos demuestran la propagación de los enfrentamientos a otras comunidades y a otros actores, en una espiral de violencia cuyo in no se ve a corto plazo y que puede impactar en el resto del país con la llegada a Sinaloa de grupos delictivos de Durango, Chihuahua y Nayarit.38 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Anabel Hernández, “ o no maté a Enrique Camarena”, en Proceso, nem. 2073, 24 de julio de 2016, p. 9. Agencia Reforma, “Calienta plazas el Cártel Jalisco Nueva Generación”, Nacional-El Diario, 27 de mayo de 2016, en: <http: diario.mx Nacional 2016-05-26 38f5c02d calienta-plazas-el-cartel-jalisco-nueva-generacion >. Bibiana Nelasso, “Caro Quintero vuelve a las andadas”, La Razón, 24 de julio de 2016, en: <http://www.razon.com. mx spip.php?page columnista id article 315488>. Narco Violencia, “Comando armado ejecuta a ocho sicarios de El Guano , hermano de Joaquín Guzmán Loera”, 18 de diciembre de 2015, en: <http: .narcoviolencia.com.mx 2015 12 comando-armado-ejecuta-8-sicarios-de-el. html>. Blog del Narco, “La familia del Chapo se divide se están ejecutando entre ellos y el Chapito Isidro busca venganza” (sic), 18 de junio de 2016, en: <http: .elblogdelnarco.com 2016 06 la-familia-del-chapo-se-divide-se-esta-ejecutado-entre-ellos-y-el-chapito-isidro-busca-venganza-.html>. Narco Violencia, “El Chapo envió 200 sicarios para recuperar La Tuna por el insólito asalto de los Beltrán Leyva”, 19 de junio de 2016, en: <http: .narcoviolencia.com.mx 2016 06 el-chapo-envio-200-sicarios-para.html> Cynthia Valdez, “Le declara la guerra hijo de El Mochomo a los Guzmán Loera”, La Pared, 16 de junio de 2016, en: <http: laparednoticias.com le-declara-la-guerra-hijo-de-el-mochomo-a-los-guzman-loera > Amalia Escobar, “Escala la disputa entre El Chapo y los Beltrán Leyva”, El Universal, 29 de julio 2016, en: <http:// .eluniversal.com.mx articulo estados 2016 07 29 escala-la-disputa-entre-chapo-y-los-beltran-leyva>. Rea Información Inteligente, “Entran a Sinaloa grupos delictivos de Chihuahua, Durango y Nayarit”, 24 de junio de 2016, en: <http: beta.noroeste.com.mx publicaciones vie entran-a-sinaloa-grupos-delictivos-de-chihuahua-durango-y-nayarit-1033090>. Sinaloa: fin de la hegemonía y epicentro de la guerra que comienza Si bien la espiral de violencia responde principalmente a la lucha entre el grupo de los Beltrán Leyva y los Guzmán Loera, uno de los operadores de Alfredo Beltrán Neñez es Rafael Caro Quintero, quien además de no querer pagar la cuota al grupo de Sinaloa por el tráico de drogas, se perila como una de las iguras clave en el desenlace del con icto y en la posterior deinición del nuevo equilibrio de poder. La ola de violencia, que está adquiriendo una forma de “guerra civil sinaloense”, se debe a que los cambios en el grupo dominante de Sinaloa, y especíicamente la recaptura de Guzmán, abrieron la oportunidad para que se desataran los demonios tanto internos, como la guerra por territorios entre Archivaldo Guzmán y Los Dámaso, y los Beltrán Leyva contra Aureliano Guzmán Loera,39 donde por supuesto Zambada también tiene una participación importante.40 L L P Otra consecuencia de las disputas entre las facciones del grupo de Sinaloa es la escalada de violencia surgida en Baja California Sur donde, después de haber sido un lugar tranquilo, una plaza histórica del grupo y un lugar de descanso de Joaquín Guzmán, se rompió el orden establecido cuando éste fue arrestado en 2014 y se abrió la cruenta disputa por la ciudad de La Paz, en la cual hasta la fecha participan distintas organizaciones.41 Todo comenzó el 31 de julio de 2014, cuando fue asesinado en la capital del estado Esteban Espinoza Velázquez (a) “El Pantera” -jefe de escoltas de Los Dámaso- por Edgar Reyes (a) “El Rayo” -jefe de plaza en La Paz bajo las órdenes de Zambada-, desatando una espiral de violencia que se extendió a toda la entidad y donde actualmente participan células de Los Dámaso, de Los Mayitos -compuesta por una alianza entre los Zambada, los Beltrán Leyva y Los Zetas-, de los Arellano Félix y del .42 Más allá de grupos o representantes de plazas, la anárquica situación de disputa permanente se ilustra con la siguiente descripción recuperada por el semanario Zeta: • • • El grupo delictivo de Los Mayitos pretende asumir el control criminal de Vizcaíno y Guerrero Negro domina completamente en La Paz, Cabo San Lucas, Puerto San Carlos, Ciudad Insurgentes, Puerto Adolfo López Mateos y la zona norte de Comonde, así como Loreto. Los Dámaso desean recuperar el control de la zona sur de La Paz y meterse a Cabo San Lucas controlan San José del Cabo, Ciudad Constitución, Vizcaíno y Guerrero Negro. El Cártel Arellano Félix (CAF) pretende asumir el control de Vizcaíno, Guerrero Negro y Ciudad Constitución ya opera en San Ignacio, Santa Rosalía y Mulegé Pueblo.43 Más allá de actores o lugares especíicos, de la situación en Baja California Sur destacan las consecuencias de la anarquía generada en lugares donde se rompen las reglas previamente establecidas, situación que abre la oportunidad para la incursión de nuevos protagonistas, tanto de la misma organización como de las rivales, que se disputan de forma violenta el poder para 39 40 41 42 43 Narco Violencia, “Cártel de Sinaloa: la guerra por venir”, 30 de junio de 2016, en: <http: .narcoviolencia.com. mx 2016 06 cartel-de-sinaloa-la-guerra-por-venir.html>. Narco Violencia, “Escala violencia en Sinaloa por guerra de cárteles, los Beltrán Leyva, El Mini Lic y El Mayo en la disputa por el control”, 25 de febrero de 2016, en: <http: .narcoviolencia.com.mx 2016 02 escala-violenciaen-sinaloa-por-guerra.html>. Enrique Alvarado, Andrés M. Estrada y Alejandro Melgoza, “Irrumpe guerra de cárteles en La Paz”, El Universal, 31 de mayo de 2016, en: <http: .eluniversal.com.mx articulo periodismo-de-investigacion 2016 05 31 irrumpeguerra-de-carteles-en-la-paz>. Investigaciones Zeta, “Ajustes y división en cártel de Sinaloa”, Zeta Tijuana, 14 de agosto de 2014, en: <http://zetatijuana.com 2014 08 14 ajustes-y-division-en-cartel-de-sinaloa >. Investigaciones Zeta, “Deterioro y violencia”, Zeta Tijuana, 19 de abril 2016, en: <http: zetatijuana.com 2016 04 19 deterioro-y-violencia >. 179 Carlos Rodríguez Ulloa la elaboración de nuevas reglas, que deriven en nuevos equilibrios y cesen el con icto entre las partes. Desafortunadamente, las instituciones de seguridad estatales son sólo un actor más, y no siempre el más fuerte o el decisivo para poner in a estos periodos violentos. Mientras tiene lugar esta guerra fratricida en Sinaloa, otros grupos -por ejemplo, el buscarán reposicionarse y extender su in uencia, como se comprobó en Nuevo León, Chihuahua, Coahuila,44 Colima, Veracruz45 y Quintana Roo. C 180 El repunte de la ola de violencia que se vive actualmente en Baja California, Sinaloa y Sonora se debe en buena medida a la herencia de inestabilidad que dejó tras de sí la captura, en enero de 2016, de Joaquín Guzmán Loera. Este hecho tuvo meltiples consecuencias: en primer lugar, desestabilizó el liderazgo de la coalición del grupo de Sinaloa; en segundo, desató las ambiciones de distintos actores dentro del grupo por heredar los negocios de Guzmán, ejempliicadas en el frente de batalla por la lucha entre el grupo de Los Dámaso y los hijos de Guzmán un tercer derivado de la captura fue que abrió espacios para que Aureliano Guzmán Loera decidiera actuar de forma independiente al ordenar la muerte de su medio hermano, Ernesto Guzmán Hidalgo, sin prever que este acontecimiento daría la pauta para que los Beltrán Leyva, liderados por Alfredo Beltrán Neñez, atacaran Badiraguato, epicentro del imperio del Chapo Guzmán. Estas acciones sólo se deben interpretar como síntomas del agotamiento de la coalición que trajo un largo periodo de estabilidad al grupo de Sinaloa, liderado por Guzmán, Zambada y Esparragoza, situación que se complementa con la pugna violenta por la herencia del negocio y con el acoso de grupos rivales y actores clave, como Rafael Caro Quintero, que al observar estos cambios identiican oportunidades para extender sus negocios. El agotamiento de la coalición dominante del cártel de Sinaloa inaugura un periodo de violencia que se complicará aún más, debido al hecho de que en Badiraguato, Sinaloa, corazón del grupo y del negocio de tráico de estupefacientes, se ha desatado una guerra fratricida que amenaza con un largo periodo de inestabilidad e inseguridad, cuyo centro será Sinaloa pero con importantes repercusiones en la costa del Pacíico mexicano. Mientras tanto, los otros grupos de la delincuencia organizada -como Jalisco Nueva Generación- estarán a la expectativa de consolidar su presencia en espacios que en algen momento fueron impensables de usurpar por la hegemonía sinaloense. Finalmente, las agencias de seguridad en México y Estados Unidos deberán estar muy atentas a los acontecimientos y trabajar de cerca con las autoridades estatales y municipales, con el in de poder controlar o minimizar los efectos colaterales de esta guerra que apenas comienza. P S Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017. En el expediente de la justicia de ese país se señala que se le acusa de haber traicado 200 toneladas de cocaína de 1989 a 2014, y obtener ganancias por 14 mil millones de dólares en el mismo periodo. La suma es similar al promedio anual de las remesas enviadas a México por connacionales que viven y trabajan en el país vecino. 44 45 Héctor de Mauleón, “La guerra invisible del Cártel Jalisco Nueva Generación”, El Universal, 7 de julio de 2016, en: <http: .eluniversal.com.mx entrada-de-opinion columna hector-de-mauleon nacion 2016 07 26 la-guerrainvisible-del-cartel> Agencia Reforma, “Calienta plazas ”, op. cit. Militarización y violencia en Tamaulipas1 Guadalupe Correa-Cabrera2 I Tamaulipas es un estado fronterizo estratégico, dominado históricamente por la delincuencia organizada. La situación se ha agravado desde 2005-2006 y se han incrementado los niveles de violencia en la entidad. Lo anterior resulta de la fragmentación de los grupos criminales que operan en el estado, y responde al impulso de la denominada “guerra contra el narcotráico”, que implica la participación de las fuerzas federales en la contención del crimen. Así, se da en Tamaulipas una situación de alto riesgo para la sociedad civil, en gran parte porque el Estado ahí ha perdido el monopolio del uso de la violencia. En este contexto, se plantean límites importantes a la participación ciudadana en una “era de transición democrática”, 2015-2016, para contrarrestar los efectos de la violencia, la militarización y la fragmentación del crimen organizado en uno de los estados más con ictivos del país. Por su ubicación, vías de comunicación, red carretera, así como por la forma y tamaño de su frontera, Tamaulipas ha sido, desde hace varias décadas, una zona clave para el crimen organizado, sobre todo para los tráicos de drogas, armas y personas. La entidad se encuentra en una posición geográica estratégica como punto de entrada y salida de drogas hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, forma parte de una ruta clave para el tráico de armas desde la Unión Americana hacia el sur del continente, y es una de las principales vías para el tráico de personas. Lo anterior se debe a que Tamaulipas tiene una larga frontera con Texas y además cuenta con una extensa costa oceánica e importantes ciudades fronterizas, como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán y Río Bravo. En esta larga y poblada frontera se hallan los cruces menos riesgosos para los traicantes que operan desde el sur de México, atravesando la llamada ruta del Golfo. Tamaulipas cuenta con diecinueve intersecciones internacionales, que van desde Nuevo Laredo hasta Matamoros.3 El estado es también clave para el comercio entre México y Estados Unidos: por sus aduanas pasa la mayoría de las mercancías que se dirigen a la costa este del vecino país. V T Las actividades ilegales en esta entidad mexicana estuvieron por mucho tiempo dominadas por el cártel del Golfo, organización que se dedicaba principalmente al narcotráico. En épocas recientes, el grupo experimentó algunos cambios importantes, en particular con la llegada de Osiel Cárdenas Guillén como líder en la segunda mitad de los noventa, quien consolidó su poder a través del uso extensivo de la violencia y, en particular, a través de la introducción de Los Zetas como su brazo armado.4 1 2 3 4 La investigación inicial para este artículo se realizó en el marco del Taller sobre Seguridad Ciudadana en México, organizado por el Woodrow Wilson Center, la Corporación Andina de Fomento ( ); el Banco de Desarrollo de América Latina, y el Instituto Tecnológico de Monterrey en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 28 de octubre de 2014. Profesora asociada. Departamento de Asuntos Peblicos y Estudios de Seguridad, University of Texas Rio Grande Valley, campus Bro nsville. Correo electrónico: <guadalupe.correacabrera@utrgv.edu>. El cruce más reciente en esta frontera es el Puente y Paso Ferroviario de Occidente (West Rail Bypass Bridge), inaugurado en 2014. Véase: Embajada de los Estados Unidos en México, “Embajador ayne elogia nuevo cruce ferroviario fronterizo”, Boletín de prensa, 12 de septiembre de 2014, en: http: spanish.mexico.usembassy.gov es spress embajador- ayne-elogia-nuevo-cruce-ferroviario-fronterizo.html . Véanse, Carlos Flores Pérez, istorias de pol o sangre génesis e oluci n del tráico de drogas en el estado de Tamaulipas, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 2013 y Ricardo Ravelo, Osiel: vida y tragedia de un capo, Grijalbo, Ciudad de México, 2009. 181 Guadalupe Correa-Cabrera 182 El grupo de Los Zetas se formó a partir de militares desertores que pertenecieron a equipos de élite del Ejército mexicano,5 y fueron entrenados en el manejo de armamento altamente especializado y labores de contrainsurgencia.6 Su introducción como brazo armado del cártel del Golfo cambió el panorama del crimen organizado en Tamaulipas, e incluso la forma como funcionan las organizaciones de este tipo en todo el país, pues elevó los estándares en lo que se reiere a las prácticas de control territorial de los distintos grupos criminales y promovió el uso de la violencia a niveles nunca antes vistos.7 De la misma forma, las fuerzas del Estado encargadas de mantener el orden y la seguridad pública se vieron en la necesidad de utilizar nuevas técnicas y llevar a cabo prácticas más violentas. Ello se debió a la profesionalización de Los Zetas. En este nuevo esquema se puede apreciar el uso de metodologías de ejecución mucho más espectaculares y soisticadas la utilización de redes sociales para hacer proselitismo e informar sobre hechos violentos de acuerdo con agendas particulares; el uso de tácticas de ataque no convencionales, tales como la utilización de coches bomba y granadas de fragmentación, secuestros y asesinatos masivos -principalmente de migrantes-, y bloqueos de la vía pública (narcobloqueos) ejecuciones de policías y otros elementos encargados de la seguridad pública, etcétera.8 Los Zetas se separaron del cártel del Golfo y comenzaron a operar de manera independiente desde principios de 2010. La violencia en Tamaulipas se disparó entonces de forma espectacular. Sólo en ese año se registraron 1,209 asesinatos vinculados con el crimen organizado en la entidad, segen datos oiciales,9 incluyendo el del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del estado, Rodolfo Torre Cantú. También destaca el éxodo de más de trecientas personas que huyeron de Ciudad Mier desplazadas por la violencia, y que se refugiaron en un albergue improvisado en la población vecina de Miguel Alemán en noviembre de 2010. Dos ejemplos más de la situación de terror que se suscitó en el estado fueron el asesinato de setenta y dos migrantes en el municipio de San Fernando, en agosto de 2010, y el hallazgo de cerca de doscientos cuerpos enterrados en fosas clandestinas (narcofosas) en la misma región, en abril de 2011. Aunado a lo anterior, en los eltimos años se han registrado secuestros de camiones de pasajeros en las carreteras del estado, ataques a cuarteles militares, narcobloqueos, coches bomba, granadas arrojadas contra oicinas de gobierno en diversos municipios, y la fuga de cientos de reos de penales en distintos municipios del estado.10 5 6 7 8 9 10 Entre tales corporaciones destacan el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales ( ), Grupo Anibio de Fuerzas Especiales (Ganfe) y la Brigada de Fusileros Paracaidistas ( ). Según algunas versiones, se integraron posteriormente a la organización algunos miembros de las Maras y Kaibiles (soldados de élite guatemaltecos). Actualmente, Los Zetas reclutan a cualquier tipo de persona, sin que sea requisito que cuente con entrenamiento militar previo. De acuerdo con algunas versiones, este grupo recibió entrenamiento de asesores extranjeros. Los Zetas surgen a inales de los noventa. No se sabe la fecha con exactitud, pero esta agrupación hizo su primera aparición pública después de que fuera asesinado Arturo Guzmán Decena -el Z-1- en noviembre de 2002, en la ciudad de Matamoros. Meses después de este suceso, miembros de la organización colocaron una corona fenebre y cuatro arreglos orales con la leyenda: “Te llevaremos siempre en el corazón: de tu familia, de Los Zetas”. así, se conoció el nombre del brazo armado del cártel del Golfo. Guadalupe Correa-Cabrera, “Violencia en el noreste mexicano. El caso Tamaulipas: Estado, sociedad y crimen organizado”, en Vicente Sánchez Munguía (comp.), Violencia e inseguridad en los estados fronterizos del norte de México en la primera década del siglo xxi, Red de Investigación Urbana-Universidad Autónoma de Puebla-Red Regional de Investigación en Seguridad Peblica y Desarrollo Social, Puebla-Ciudad Victoria, 2013, pp. 139-162. José Nava, “Gagging the Media: the Paramilitarization of Drug Trafic ing Organizations and Its Consequences on the Freedom of Press in the Texas-Tamaulipas Border Region”, tesis de maestría. Universidad de Texas en Bro nsville, Bro nsville, 2011, p. 22. Gobierno Federal, “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”, Presidencia de la Repeblica, 31 de diciembre de 2010, en: http: .presidencia.gob.mx base-de-datos-de-fallecimientos . Cabe destacar que esta base de datos de homicidios relacionados con la delincuencia organizada (denominados formalmente “Fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial”) ya no está disponible. Correa-Cabrera, “Violencia en el noreste ”, op. cit. MIlitarización y violencia en Tamaulipas Estos elevados grados de violencia se dan en un contexto de corrupción de funcionarios gubernamentales a todos los niveles; extorsiones a negocios de cualquier tipo (una especie de impuesto criminal); el surgimiento de un nuevo mercado de estupefacientes en México en el cual se ofrecen todo tipo de drogas a precios más accesibles para los consumidores nacionales; y la utilización de prácticas brutales con el in de generar terror entre miembros de grupos contrarios y de las agencias gubernamentales de seguridad.11 L T Es difícil conocer con exactitud los indicadores de violencia e inseguridad en un estado como Tamaulipas. El reporte de los datos se ha diicultado considerablemente debido al peligro que enfrentan comunicadores y encuestadores al realizar su labor. Sin embargo, existen algunas estadísticas que si bien no pueden ser veriicadas con certeza, logran al menos darnos una idea de la magnitud de la violencia que se ha vivido en la entidad en últimas fechas. El número total de homicidios en Tamaulipas se incrementó signiicativamente durante los años 2010-2012, el periodo más violento de la guerra entre el cártel del Golfo y Los Zetas (véanse Cuadro 1 y Gráica 1). H i i i Cuadro 1 T i 2000-2015) Año Homicidios 2000 222 2001 165 2002 165 2003 244 2004 225 2005 357 2006 346 2007 265 2008 308 2009 288 2010 721 2011 855 2012 1,016 2013 556 2014 628 2015 763 F : Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( ).12 De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( ) recopilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica ( ) de la Secretaría de Gobernación (Segob), el nemero total de homicidios en el estado en 2009 fue de 288 y se elevó a 1,016 en 2012.13 Entre 2011 y 2013, fueron encontradas 93 fosas clandestinas en Ta11 12 13 Nava, op. cit. Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( ), “Mortalidad. Conjunto de datos: defunciones por homicidios”, inegi, 15 de marzo de 2016, en: http: .inegi.org.mx sistemas olap proyectos bd continuas mortalidad defuncioneshom.asp?s est . Ibidem. 183 Guadalupe Correa-Cabrera maulipas donde se localizaron 258 cuerpos sin identiicar (distribuidos en quince municipios). Esta cifra representa más de la mitad del número total de cuerpos encontrados en fosas en todo el país durante el mismo periodo (488 cuerpos en 222 fosas clandestinas).14 H i i i Gráica 1 T i 2000-2015 1000 800 184 Homicidios 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 F : 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 . También de acuerdo con cifras oiciales, Tamaulipas reporta el mayor nemero de desaparecidos en el país. De 2006 a 2015, registró un total de 5,720 personas extraviadas o desaparecidas, incluyendo extranjeros y funcionarios de gobierno.15 El número de desplazados de ciertas áreas clave o estratégicas del estado fue también bastante elevado durante estos años. El ejemplo de Ciudad Mier, con el éxodo de más de la mitad de su población total a inales de 2010, fue emblemático en este sentido.16 Asimismo, aproximadamente doscientas personas abandonaron el poblado de La Fe del Golfo, en el municipio de Jiménez, y doscientas cincuenta dejaron atrás sus propiedades y viviendas en la comunidad de El Barranco, localizada en el municipio de Cruillas.17 En 2015 el estado registró también el mayor nemero de secuestros en el país: 327 segen un reporte del de la Segob.18 Cabe destacar que en el año de 2004 no se registró ni un solo secuestro, mientras que diez años después, en 2014, se reportaron 262 eventos de este tipo. Ese incremento tan importante tiene que ver, quizás, con la división entre Los Zetas y el cártel del Golfo, así como con la intervención de las fuerzas federales, lo cual debilitó a estos grupos y 14 15 16 17 18 Eduardo Mendieta, “Violencia en Tamaulipas es como un parte de guerra: investigador”, Milenio, 12 de agosto de 2014, en: http: .milenio.com monterrey inseguridad Tamaulipas-violencia Tamaulipas-guerra narco Tamaulipas 0 352764740.html . Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas ( ), Base de personas extraviadas o desaparecidas, 2006-2015, en: https: rnped.segob.gob.mx . En un periodo de cuatro años, entre 2010 y 2014, un total de 69 funcionarios de gobierno se reportaron desaparecidos 90 de ellos pertenecían a las fuerzas del orden público. Véase Mendieta, op. cit. Sobre este incidente véase, Nicholas Casey y José de Córdoba, “Northern Mexico’s State of Anarchy. Residents Abandon a Border To n as Vicious Drug Cartels Go to ar”, Wall Street Journal, 20 de noviembre de 2010, en: http: online. sj.com article SB10001424052748704104104575622840256881122.htm . Mendieta, op. cit. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica ( ), Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2015, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica-Secretaría de Gobernación, Ciudad de México, 2016, p. 2, en: http: .secretariadoejecutivo.gob.mx docs pdfs victimas Victimas2015 012015.pdf . MIlitarización y violencia en Tamaulipas los llevó a buscar fuentes alternativas de ingreso. La pérdida de liderazgo y control al interior de dichas agrupaciones deriva en una mayor diversiicación de sus actividades hacia negocios de más baja escala, que requieren de menos organización logística que las operaciones de narcotráico internacional.19 El terror y la violencia que caracterizaron al estado de Tamaulipas durante el período de mayor con icto (2010-2012) también se re ejaron en el sistema penitenciario. Entre los años 2006 y 2008 se registraron cuatro fugas masivas de reos de los centros penitenciarios locales en las ciudades de Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo y Reynosa. En un periodo de cinco años, 86 reos fueron asesinados dentro de estas cuatro instalaciones. La situación carcelaria en Tamaulipas se deterioró aún más en años posteriores. En el periodo 2006-2009, veintiocho personas escaparon de prisión en el estado, mientras que en los años posteriores, de 2010 a 2013, este nemero se incrementó considerablemente, hasta alcanzar 377 prófugos.20 Los crímenes violentos en esta entidad mexicana se extendieron considerablemente en años recientes. Sólo en 2012 se encontraron 49 cuerpos abandonados en estacionamientos de centros comerciales y frente a instalaciones gubernamentales por ejemplo, frente a las oicinas de las presidencias municipales de Mante y Nuevo Laredo.21 De agosto de 2010 a julio de 2012, un total de ocho coches bomba fueron localizados en diversos puntos de ciudades tamaulipecas los objetivos de dichos dispositivos fueron negocios, medios de comunicación y otros espacios públicos. El robo de autos se convirtió también en un grave problema. Solamente en 2010, primer año de la guerra por Tamaulipas, 8,586 autos fueron reportados como robados.22 U T El gobierno federal se vio obligado a reaccionar fuertemente ante tales niveles de violencia. Los esfuerzos iniciales incluyeron el arresto de los principales líderes de los dos grupos que se disputaban el territorio tamaulipeco, la entrada de las fuerzas federales -el Ejército y la Armada en particular- para reforzar las operaciones de seguridad pública en las regiones más violentas del estado, y la creación del Mando nico Policial en abril de 2013. A pesar de la aplicación de dichas acciones, la situación de brutalidad e inseguridad en Tamaulipas no mejoró inmediatamente, y el avance no ha sido constante ni consistente. Lo anterior se hizo evidente durante los meses de marzo y abril de 2014, cuando acontecimientos extremadamente violentos tuvieron lugar en distintas regiones del estado, particularmente en las ciudades de Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y el corredor costero Tampico-Ciudad Madero-Altamira. En este mismo periodo se arrestó a los principales líderes de las organizaciones criminales que operan en el estado, al tiempo en que se observaron fuertes enfrentamientos entre dichas agrupaciones, y entre éstas y las fuerzas federales. Estos eventos arrojaron un total de al menos veintiocho personas muertas justo antes del periodo de Semana Santa de 2014.23 En los años subsecuentes, la violencia ha continuado y hoy por hoy no se aprecia una mejora en la seguridad de quienes habitan o transitan por Tamaulipas. Por ejemplo, crímenes tales como la trata y el tráico de migrantes se mantienen, y la circulación por el estado continea diicultándose. En años recientes, decenas de centroamericanos han sido rescatados de casas 19 20 21 22 23 Camilo Mejía, “Rise in Tamaulipas Kidnappings Points to Lac of Mexico Government Control”, InSight Crime, 21 de agosto de 2014, párrafo cinco, en: http: insightcrime.com ne s-briefs rise-tamaulipas- idnappings-lac mexico-govt-control . Mendieta, op. cit. Ibidem. Ibidem. FNSne s, “Border Narco ar Returns”, Frontera NorteSur, 16 de abril de 2014, en: http: fnsne s.nmsu.edu border-narco- ar-returns . 185 Guadalupe Correa-Cabrera 186 de seguridad localizadas en ciudades fronterizas tamaulipecas, como Reynosa, Matamoros y Miguel Alemán. Las investigaciones sobre estos sucesos han vinculado frecuentemente al crimen organizado con dichas actividades. Asimismo, Los Zetas y el cártel del Golfo han participado activamente en el robo de combustible y en la venta ilegal de hidrocarburos. Se han mantenido también otros actos criminales de alto impacto. Por ejemplo, en mayo de 2014 el jefe de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Salvador Haro Muñoz, fue asesinado, presuntamente por miembros de la Policía Estatal Acreditable. Unos días después de este hecho, la Procuraduría General de la República ( ) ordenó el arresto de José Manuel López Guijón, quien estuvo a cargo de la seguridad personal del gobernador de Tamaulipas.24 La violencia en esta entidad fronteriza mexicana ha estado cerca de los lugares de operación de algunas compañías transnacionales. En abril de 2014, aproximadamente treinta trabajadores de la empresa suiza de servicios a la industria petrolera Weatherford International se vieron obligados a abandonar Ciudad Mier, después de una balacera que ocurrió en el hotel donde se hospedaban.25 La región localizada en la Cuenca de Burgos, rica en gas natural, “se había convertido ya en un pueblo fantasma”, después de que gran parte de sus habitantes se vieron forzados a huir por los graves enfrentamientos que se suscitaron entre grupos del crimen organizado.26 Como consecuencia del acontecimiento que aterrorizó a los empleados de Weatherford, el presidente Enrique Peña Nieto incrementó la presencia militar en Tamaulipas y miembros del Ejército comenzaron a escoltar a los trabajadores de la irma transnacional “desde y hacia” su lugar de trabajo en la frontera tamaulipeca.27 En general, el número de crímenes de alto impacto en Tamaulipas se coloca por encima del promedio nacional.28 En años recientes, el estado ha ocupado los primeros lugares en relación con el número de investigaciones que involucran el uso de armas ilegales y crimen organizado.29 Es importante destacar que la situación de inseguridad en la entidad no ha mejorado de manera decisiva desde 2010, cuando el cártel del Golfo y Los Zetas comenzaron la lucha armada por el territorio tamaulipeco. Como ya se dijo, a pesar de las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal desde la segunda mitad de 2010 -que incluyen detenciones de los principales líderes de las dos organizaciones delictivas que operan en el estado,30 la entrada de las fuerzas federales (en especial el Ejército y la Marina) a reforzar las acciones de seguridad peblica en las regiones más violentas de la entidad, así como la creación de un Mando nico Policial en abril de 2013- la situación de inseguridad y violencia parece no haber mejorado considerablemente. Tal es el caso de lo que en 2014 se denominó “Plan Tamaulipas”. A raíz de una situación de descontrol y elevados niveles de inseguridad y violencia en la primera parte de ese año, el 24 25 26 27 28 29 30 Eduardo Guerrero, “El dominio del miedo”, Nexos en Línea, 1 de julio de 2014, en: http: .nexos.com.mx ? p 21671 . Los periodistas reportaron “que no estaba claro si los trabajadores de esta empresa fueron el objetivo eltimo de este ataque” (párr. 29): Alfredo Corchado y James Osborne, “The Ne Border: Eyes Are on Mexico s Untapped Potential”, Dallas Morning News, 13 de julio de 2014, en: http: res.dallasne s.com interactives border energy . Nacha Cattan y Adam illiams, “Drug Gangs Attac ing ith Tan s Bloc Mexican Shale Boom”, Bloomberg, 12 de junio de 2014, párrafo 1, en: http: .bloomberg.com ne s 2014-06-12 drug-gangs-attac ing- ith-tan s-bloc mexican-shale-boom.html . Ibidem, párrafo 17. Christopher Wilson y Eugenio Weigend, Plan Tamaulipas: A New Security Strategy for a Troubled State, Wilson Center Mexico Institute, ashington, 2014. Arturo Ángel, “Lidera Tamaulipas en armas, crimen organizado y drogas”, 24 Horas, 23 de octubre de 2014, en: http: .24-horas.mx lidera-tamaulipas-en-armas-crimen-organizado-y-drogas . Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”, una de las principales cabezas del cártel del Golfo, fue arrestado en septiembre de 2012. Poco después, en octubre del mismo año, uno de los dos más conspicuos líderes de Los Zetas, Heriberto Lazcano –”El Lazca”, “El Verdugo” o “El Z-3”– fue supuestamente asesinado en una balacera en el estado de Coahuila. Más recientemente, en julio de 2013, el entonces líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales –conocido como “Z-40”– fue capturado por personal de la Armada de México. MIlitarización y violencia en Tamaulipas gobierno federal se vio en la necesidad de actuar de manera más contundente y rediseñó su estrategia de seguridad. Así, el 13 de mayo de 2014, en la ciudad de Reynosa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con el gobernador Egidio Torre Cantú y anunció el inicio de una nueva etapa en materia de seguridad en el estado. El plan se construyó tomando como base los esfuerzos federales e incluyó tres objetivos principales: i) desarticular la composición y la organización de las bandas delictivas; ii) sellar la ruta del tráico ilícito de personas, drogas, armas y dinero; y iii) garantizar instituciones locales eicientes y coniables. Para lograr lo anterior, se dividió al estado en cuatro zonas -Frontera, Costa, Centro y Sur-,31 mismas que quedaron a cargo de mandos especiales de las secretarías de la Defensa Nacional y Armada de México.32 Además, se instalaron cuatro iscalías especiales para recibir y atender denuncias se diseñaron acciones con objeto de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno; y se redobló la vigilancia en aeropuertos, aduanas, puntos fronterizos, puertos marítimos, carreteras y penales estatales. En este proceso de fortalecimiento institucional se creó el Instituto de Formación Policial e Investigación, para continuar con la depuración de la policía local, y se anunció que la Procuraduría estatal tendría una depuración completa de sus elementos. Finalmente, se dio prioridad a las denuncias anónimas -a través de la línea 088- y se reforzaron las acciones orientadas a prevenir delitos como la extorsión y el secuestro. No obstante la aplicación de esta nueva estrategia y del importante reforzamiento de la presencia de las fuerzas federales en el estado, los resultados en materia de seguridad han sido bastante limitados. En general, puede airmarse que la violencia extrema, la impunidad y la falta de Estado de derecho continean caracterizando a Tamaulipas. Un claro ejemplo de ello es el asesinato del general Ricardo César Niño Villarreal, jefe de Seguridad de la Región Norte de Tamaulipas con sede en Nuevo Laredo, a principios de noviembre de 2014. También en fechas recientes se registró el homicidio de cuatro jóvenes -tres de ellos de nacionalidad estadounidense- en la localidad de Control (que forma parte del municipio de Matamoros). En este último caso se investiga la presunta participación de elementos del denominado Grupo Hércules, un grupo de choque que estuvo al servicio del Ayuntamiento de Matamoros, entonces encabezado por Leticia Salazar Vázquez. Este equipo fue cuestionado fuertemente desde su creación debido a la falta de deinición de su estatus legal y el alcance de sus funciones. En general, los crímenes de alto impacto en Tamaulipas se encuentran por encima del promedio nacional, particularmente en los municipios de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Reynosa en épocas recientes.33 También en últimas fechas, Tamaulipas ha encabezado la incidencia nacional en cuanto al número de averiguaciones por armas ilegales y delincuencia organizada.34 Cabe destacar que, no obstante que la situación de inseguridad no ha mejorado visiblemente desde 2010 -cuando el cártel del Golfo y Los Zetas entraron en abierta confrontación- las dinámicas de la violencia en Tamaulipas sí se han modiicado. Hoy en día, los principales hechos violentos tienen más que ver con con ictos al interior de las propias organizaciones delictivas y con los enfrentamientos de éstas con las fuerzas federales. Al parecer, las luchas entre el cártel del Golfo y Los Zetas no son ya la principal fuente de violencia en ese estado del noreste mexicano. Tamaulipas presenta actualmente severos problemas de seguridad que se refuerzan por la gran debilidad de sus instituciones de administración de justicia en todos los niveles, su muy limitado grado de organización comunitaria y la censura mediática casi absoluta en los espacios locales. Esto limita fuertemente la capacidad del estado para “resistir y responder tanto a las condiciones de crisis como a los retos de gobernabilidad subyacentes, desarrollo económico 31 32 33 34 La zona de Frontera se integra por los municipios de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros; la Costa agrupa a Altamira, Tampico y Madero; la zona Centro incluye a los municipios de Llera y Victoria; y la Sur se compone por Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y El Mante. Wilson y Weigend, op. cit. Ibidem. Ángel, op. cit. 187 Guadalupe Correa-Cabrera e inclusión social”.35 si el Estado está limitado para ejercer sus funciones efectivamente, la sociedad civil se encuentra aen más vulnerable y en condiciones mucho más desventajosas para participar en los distintos ámbitos de la vida pública, sobre todo en el terreno de la seguridad. S 188 T El clima de extrema violencia en el noreste de México, y especialmente en el estado de Tamaulipas, ha planteado la necesidad de buscar soluciones de fondo. En un inicio se envió a las fuerzas federales, principalmente al Ejército y a la Armada de México, a realizar labores de seguridad pública como medida de emergencia. Esta lógica de operación se reforzó con el diseño del Plan Tamaulipas en 2014, al no registrarse los resultados esperados. En el estado se habla poco de la seguridad ciudadana, dadas las condiciones de un entorno donde la seguridad pública y la delincuencia organizada se militarizan. La estrategia de seguridad continúa teniendo un componente castrense muy importante, por el alto grado de peligrosidad de los grupos delincuenciales que operan en la entidad, cada vez de forma más desorganizada, pero igualmente violenta. La acción de las fuerzas federales parece haber fragmentado a las dos organizaciones criminales más importantes en Tamaulipas, lo cual ha desembocado en una situación de gran peligro para la población. En este contexto, la sociedad civil se encuentra en una condición sumamente vulnerable. Existen algunas propuestas -como la de Naciones Unidas a través del documento titulado “Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”, que forma parte del Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014- donde el tema de la sociedad civil en materia de seguridad es prioritario. A pesar de que en el reporte se considera a “la seguridad como un bien peblico” y se establece “que el Estado tiene como prioridad y tarea principal su provisión”,36 Naciones Unidas plantea la necesidad de diseñar políticas integrales “basadas en el conocimiento de las necesidades locales e implementadas con el involucramiento activo de las comunidades”.37 El intento de instaurar este tipo de esquemas es difícil de aplicar en el estado de Tamaulipas. Derivado del control que históricamente ha ejercido el narcotráico en la entidad, la sociedad civil tamaulipeca no se moviliza en general, por temor y muchas veces por conveniencia. Este patrón se hizo aún más evidente cuando comenzó la guerra entre Los Zetas y el cártel del Golfo, y se intensiicó con la entrada de las fuerzas federales al con icto. Así, la denominada “ley de la plata o el plomo” paraliza la participación de la ciudadanía en casi todas las esferas de la vida pública, y en especial en el ámbito de la seguridad. Empero, se han registrado algunos esfuerzos en la materia, aunque han sido aislados y de poco alcance. Ejemplo de ello son las movilizaciones en contra de la inseguridad que se organizaron en la ciudad de Tampico en mayo de 2014, como respuesta a la ola de violencia desatada las semanas previas. Últimamente, las capacidades de generación de capital social se han ido fortaleciendo con lentitud, sobre todo con ines asistenciales, involucrando de manera principal a redes de negociantes, empresarios y voluntariado. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil comienzan a participar en ciertos espacios y funcionan como grupos de presión al visibilizar problemas que debieran ser considerados en las agendas políticas. Sin embargo, su intervención en cuestiones de seguridad ha sido mínima, limitándose a reforzar algunos valores para fortalecer la cohesión social, lo cual podría representar una forma activa para in uir en la problemática 35 36 37 Wilson y Weigend, op. cit., p. 21. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( ), Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, Organización de las Naciones Unidas, Nueva or , 2013, p. 9. Ibid., p. 12. MIlitarización y violencia en Tamaulipas social y, por tanto, tener un cierto impacto en la seguridad.38 Por último, se han instrumentado en algunos municipios del estado, de forma aislada, políticas de prevención del delito con énfasis en la participación ciudadana, tales como los programas Escuela Segura (PES) y Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) en Matamoros.39 La implementación de tales políticas no ha arrojado resultados contundentes. De igual forma, la mayor generación de capital social, así como la creciente presencia de las organizaciones de la sociedad civil en diversas áreas de la vida pública en Tamaulipas, han sido acciones insuicientes para fortalecer de manera decisiva los mecanismos de participación ciudadana en la entidad. A ello ha contribuido también el hecho de que en el ámbito electoral la población optó por mucho tiempo en favor de un solo partido, el PRI. En este contexto, la sociedad civil tamaulipeca se mantuvo ausente políticamente -al grado de que para algunos fue casi inexistente- lo cual se re ejó en la falta de organización social y la carencia de partidos opositores fuertes.40 A pesar de lo anterior, en las últimas elecciones para gobernador de Tamaulipas, llevadas a cabo el 5 de junio de 2016, resultó ganador un candidato de un partido diferente al PRI por primera vez en la historia del estado. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, representante del Partido Acción Nacional (PAN), derrotó por amplio margen a Baltazar Hinojosa Ochoa de la coalición -Verde-Nueva Alianza. Si bien existen amplias dudas con respecto a la trayectoria y capacidad del ganador de las pasadas elecciones, la alternancia de partido en la gubernatura de Tamaulipas representa para muchos una esperanza de cambio, mayor estabilidad y menos violencia.41 La transición a la democracia en este estado fronterizo mexicano podría contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil y a fomentar una mayor participación ciudadana. C Es preciso destacar que el éxito de las políticas de seguridad y prevención del delito con participación ciudadana depende de diversos factores, sobre todo de la existencia de un Estado fuerte que controle el territorio a escala nacional. El caso de Tamaulipas resulta por demás problemático y hasta la fecha es para la sociedad civil un territorio inaccesible. En situaciones donde el crimen organizado domina una parte importante de las actividades económicas, políticas y sociales de una región o ciudad, aunadas a la existencia de un poder paralelo al Estado visiblemente militarizado -con acceso a cuantiosos recursos y armas de alto calibre-, la actuación de la ciudadanía se encuentra fuertemente restringida. Los dilemas que enfrenta la sociedad civil, así como los límites a la participación ciudadana en Tamaulipas, podrán revertirse sólo hasta que el Estado recupere el control total del territorio y el monopolio del uso legítimo de la violencia. 38 39 40 41 Gabriela Zamora y Camilo Contreras, “Participación ciudadana: las organizaciones de la sociedad civil en Matamoros y su rol en contextos de violencia”, en Artemisa López (comp.), Matamoros violento: participación ciudadana y capital social, Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 2015, pp. 77-109. Artemisa López, “Escuela segura en Matamoros: la participación ciudadana en la política de prevención del delito”, en Artemisa López (comp.), ibid., pp. 147-175. Socorro Arzaluz, “Matamoros: organización social, elecciones y gobierno en un municipio de la frontera noreste de México”, en Artemisa López (comp.), ibid., pp. 111-145. Guadalupe Correa-Cabrera, “¿Qué está detrás de la elección en Tamaulipas? Seguridad y energía son la manzana de la discordia”, SinEmbargo, 29 de mayo de 2016, en: http: .sinembargo.mx 29-05-2016 1665803 . 189 Violencia en Michoacán: de la guerra criminal a la captura del gobierno estatal 1 Raúl Zepeda Gil A pesar de que Michoacán no es la entidad con mayor número de homicidios en México en los últimos años, sí ha sido uno de los escenarios donde las organizaciones criminales violentas, dedicadas principalmente al narcotráico y a la extracción predatoria de recursos de la economía, se han desenvuelto hasta el umbral de haber capturado al gobierno estatal. La profunda raíz de esta situación se encuentra en una dependencia de ruta con la geografía económica de la entidad y en un con icto criminal con el Estado mexicano de larga duración.2 Para explicar esta situación se divide este capítulo en seis secciones. En las primeras dos se explica desde la óptica de la historia y la estadística oiciales el rol de Michoacán como epicentro de la ola violenta en todo el país. Posteriormente, se realiza una narración analítica de largo aliento sobre la transformación del con icto criminal en Michoacán en una guerra del Estado contra las organizaciones criminales que derivó, en su momento, en la captura del gobierno estatal a manos de Los Caballeros Templarios y en su eventual liberación después de la intervención federal dirigida por Alfredo Castillo. En las conclusiones se menciona la importancia de hacer estudios regionales para entender el reciente incremento de la violencia en México. ¿L M á ? A inales del sexenio de Felipe Calderón se registraron 121,613 homicidios en México,3 después de un descenso estable de los mismos hasta 2006.4 De esos homicidios, 3,934 correspondieron al estado de Michoacán segen el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Aunque Michoacán no fue el más violento, ya que su tasa de homicidios con arma de fuego (doce por cada cien mil habitantes) fue mucho menor que las de Guerrero (22 por cada cien mil habitantes), Tamaulipas (14 por cada cien mil) o Chihuahua (52 por cada cien mil),5 Michoacán fue, sin embargo, tanto el epicentro del inicio de la “guerra contra las drogas” del presidente Calderón en 2007, como el lugar donde surgieron organizaciones criminales inusitadas por su utilización de la violencia para controlar la economía, la sociedad y la política locales, en especial de la región de Tierra Caliente. Más allá de las razones políticas de Calderón para desplegar los operativos conjuntos en Michoacán,6 resulta claro que existe una discusión sobre si estaba justiicado, en términos de violencia, iniciar una estrategia frontal contra las organizaciones criminales. Autores como 1 2 3 4 5 6 Investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Repeblica. Correo electrónico: zepeda.gil.raul@ gmail.com Benjamin Lessing, “Logics of Violence in Criminal ar”, en ournal of Conlict esolution, vol. 59, nem. 8, pp. 1486-1516. Eduardo Guerrero Gutiérrez, “¿Bajó la violencia?”, en exos, febrero de 2015. Héctor Hernández Bringas y José Narro Robles, “El homicidio en México, 2000-2008”, en apeles de poblaci n, vol. 16, nem. 63, 2010, pp. 243-271. Estadísticas de homicidio del Sistema Nacional de Información en Salud de la Secretaría de Salud. Luis Astorga, ¿Qué quer an que hiciera? nseguridad delincuencia organi ada en el gobierno de Felipe Calder n, Ciudad de México, Grijalbo, 2015, pp. 21-23. 191 Raúl Zepeda Gil 192 Hernández Bringas y Narro,7 Escalante,8 Merino,9 Morales Gómez,10 Espinosa y Rubín,11 y Osorio12 sostienen que los operativos, en especial el que inició en Michoacán, fueron los causantes preponderantes del aumento de la violencia en México. Sin embargo, autores como Vilalta13 y Ríos14 argumentan que el incremento de los homicidios se debió a una guerra criminal que ya iba en ascenso en varias regiones del país. En Michoacán, y en especial en Tierra Caliente, se experimentaba un proceso de descenso de los homicidios hasta poco antes del año 2004. No obstante, también en ese estado se produce a partir de entonces un incremento de la tasa por cada cien mil habitantes de este indicador. Aunque 2007 fue de descenso, en los años siguientes se revierte la tendencia a la baja de los asesinatos que venía desde 1990. Así, a pesar de que Guerrero se muestra como la entidad que tiene las tasas más altas, es claro que la dinámica de los homicidios en Tierra Caliente y en el resto del país no obedece a la lógica demográica que se guardaba antes de 2006. Es decir, cronológicamente resulta evidente que la elevación de la violencia precedió a las políticas de Felipe Calderón, pero éstas parecen haber hecho mucho más aguda la tendencia de reversión del nemero de homicidios que Michoacán y México experimentaban desde ines del siglo pasado. Justamente esa es la conclusión a la que llegan Espinal y Larralde por medio de un análisis de redes, airmando incluso que el epicentro del inicio de esta guerra fue el municipio de Uruapan, donde se presentó La Familia Michoacana por primera vez en 2006.15 Para desentrañar esta historia que hemos visualizado en las estadísticas, ahora presento una narración analítica de los acontecimientos. A T C : Michoacán, ubicado en el occidente de México, cumple con una función particular en el mercado internacional de las drogas. Su cercanía con el centro del país y su ubicación costera en el océano Paciico lo hacen un enclave económico estratégico para el narcotráico en sus rutas del sur del continente americano hacia el norte. Enclave que se robustece valiéndose de un desarrollo agroindustrial y portuario que genera las condiciones para la producción de cultivos ilícitos de marihuana y para el tráico de cocaína y drogas sintéticas. Como lo expone con precisión Salvador Maldonado, el puerto Lázaro Cárdenas y los proyectos de desarrollo por cuencas hidrológicas en la región de Tierra Caliente hicieron de Michoacán una entidad propicia para los mercados ilegales, la violencia política y las insurgencias armadas.16 Todo ello evolucionó en el siglo XX hasta la aparición en los años ochenta de organizaciones criminales regionales, como el cártel del Milenio. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hernández Bringas y Narro, op cit Fernando Escalante, “Homicidios 2008-2009: la muerte tiene permiso”, en exos, enero de 2011. José Merino, “Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios: una medición”, en exos, junio de 2011. Mario Morales Gómez, a lucha por la seguridad en éxico operati os, homicidios crimen organi ado entre , tesis de maestría en Demografía, El Colegio de México, 2012. Valeria Espinosa y Donald B. Rubin, “Did the Military Interventions in the Mexican Drug ar Increase Violence?”, en he merican tatistician, vol. 69, nem. 1, 2015, pp. 18-21. Javier Osorio, “The Contagion of Drug Violence: Spatiotemporal Dynamic of the Mexican ar on Drugs”, en Journal of Conlict esolution, vol. 59, nem. 8, 2015, pp. 1403-1432. Carlos Vilalta, “Ho Did Things Get so Bad so Quic ly? An Assessment of the Initial Conditions of the ar Against Organized Crime in Mexico”, en uropean ournal of Criminal olic esearch, nem. 20, 2014, pp. 137-161. Viridiana Rios, “ ho Started the Mexican Drug ar?”, en he ar ard enned chool e ie , nem. 13, 2013, pp. 18-22. Jeses Espinal-Enríquez y Hernán Larralde, “Analysis of Méxicots Narco- ar Net or (2007-2011)”, en los ne, vol. 10, nem. 5, 2015. Puede consultarse en: http: journals.plos.org plosone article?id 10.1371 journal.pone. 0126503 . 17 de febrero de 2016 . Salvador Maldonado Aranda, os márgenes del stado mexicano erritorios ilegales, desarrollo iolencia en ichoacán, El Colegio de Michoacán, Zamora, 2010. Violencia en Michoacán: de la guerra criminal a la captura del gobierno estatal Posteriormente, poco antes de concluir el sexenio de Ernesto Zedillo, los gobiernos de Colombia y México emprendieron una serie de detenciones para desarticular la red de distribución que había establecido el cártel del Milenio, de origen michoacano, y el cártel de Medellín. Esta red se articuló para el transporte de precursores químicos con destino al puerto del municipio de Lázaro Cárdenas.17 Al mismo tiempo que se desmantelaba la red del cártel de Milenio, una serie de arrestos realizados por las autoridades federales desataron un profundo con icto armado entre las organizaciones criminales del norte del país. De todas las capturas destacan las de los líderes de las corporaciones delictivas más importantes de la nación: Héctor Luis Palma Salazar, del cártel de Sinaloa en 1995, y Juan García Ábrego, del cártel del Golfo en 1996, a las cuales se sumaría la muerte de Amado Carillo Fuentes, del cártel de Juárez, en julio de 1997. Estas detenciones provocaron el inicio de una rivalidad violenta entre los grupos criminales de Sinaloa y del Golfo, que aprovecharon a su vez el declive de los de Juárez y Tijuana. En esos años Joaquín Guzmán Loera se convirtió en el líder del cártel de Sinaloa y Osiel Cárdenas Guillén en el capo del cártel del Golfo.18 Estos acontecimientos afectarían las alianzas que habían sostenido las asociaciones delincuenciales del norte del país con las que operaban en Michoacán. Por ejemplo, ante el debilitamiento del cártel de Juárez, el cártel del Milenio pactó con el de Sinaloa.19 En cambio, el cártel del Golfo recurría a tácticas militares, echando mano de un brazo armado, Los Zetas, grupo conformado por un nemero importante de desertores del Ejército mexicano, que habían sido formados en los cuerpos de élite, como el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), el Grupo Anibio de Fuerzas Especiales (Ganfe) y la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP), para introducirse en Michoacán,20 iniciando así un con icto con el cártel del Milenio. Muestra de ello fue la llegada de Los Zetas al municipio de Lázaro Cárdenas para controlar el puerto en el año 2000.21 La agrupación avanzó territorialmente al tiempo que extorsionaba a autoridades municipales y a comerciantes, a lo largo de la costa y de Tierra Caliente, hasta su llegada a Apatzingán en 2001. A partir de ese momento, Los Zetas controlaron la producción de metanfetaminas en la región.22 Durante esos años, esta organización se enfrentó violentamente, en varias ocasiones, contra el cártel del Milenio en Apatzingán.23 En la coyuntura electoral de 2005 en Michoacán se dieron diferentes atentados contra autoridades peblicas como parte de una nueva fase del con icto criminal. El 9 de julio de 2005 fue asesinado Fernando Chávez López, presidente municipal de Buenavista Tomatlán, cuando salía de sus oicinas.24 Posteriormente, el 16 de septiembre del mismo año fue ejecutado Rogelio Zarazea Ortega, director de Seguridad Peblica del gobierno de Michoacán, junto con un escolta.25 De igual manera fue atacada la comandancia de la Policía Municipal de Turicato.26 El 19 de junio de 2006 fue acribillado Eduardo Corona Romano, subteniente de la Policía Federal Preventiva (PFP) encargado de la Comisaría de Apatzingán.27 Por otro lado, el 1j de junio de 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 José Gil Olmos Rodríguez, atallas de ichoacán autodefensas, el pro ecto colombiano de e a ieto, Proceso, Ciudad de México, 2015, p. 79. Guillermo Valdés Castellanos, istoria del narcotráico en éxico, Aguilar, Ciudad de México, 2013, pp. 249-250. Ricardo Ravelo, os capos las narco rutas de éxico, Plaza y Janés, Ciudad de México, 2005, pp. 106 y 198. Guillermo Valdés Castellanos, op cit., p. 255 Ricardo Ravelo, op cit , p. 254. José Luis Santiago Vasconcelos, en su momento uno de los iscales más importantes de México, declaró que Los Zetas habían sido entrenados como un escuadrón de la muerte. Guillermo Valdés Castellanos, ib d., p. 257. b d , pp. 257-267. Luis Astorga, eguridad, traicantes militares el poder la sombra, Tusquets, Ciudad de México, 2007, p. 106 George . Grayson, La Familia rug Cartel mplication for exican ecurit , Strategic Studies Institute, Pennsylvania, 2010, pp. 14 -16. Ernesto Martínez Elorriaga, “Matan a edil de Tomatlán, Michoacán hace 8 meses sobrevivió a un atentado”, en La Jornada, 10 de julio de 2005. Jaime Márquez, “Ejecutan al director de Seguridad Peblica”, en l ni ersal, 17 de septiembre de 2005. Luis Astorga, op cit., p. 188. Jaime Márquez, Juan Cervantes y Julieta Martínez, “Ejecutan a dos comandantes”, en l ni ersal, 19 de junio de 2006. 193 Raúl Zepeda Gil 194 2006 asesinaron a José Villa Villa, director de Seguridad Peblica de Uruapan. Todo lo anterior orilló al gobernador Lázaro Cárdenas Batel a designar al general Gonzalo Miguel Adalid Mier como secretario de Seguridad Pública de Michoacán.28 En esos meses se organizaba la transición entre el gobierno de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Como lo señala Alejandro Poiré, entonces asesor del presidente electo, el nuevo mandatario recibió de las agencias de seguridad federal un diagnóstico detallado de la situación de inseguridad en Michoacán.29 Además, eran públicas las peticiones de parte del gobernador Cárdenas Batel para realizar un operativo que pudiese reducir la violencia que habían causado Los Zetas y el cártel del Milenio.30 El nuevo mandatario recibía un con icto en su estado natal y en los estados vecinos, que había sido iniciado por las organizaciones criminales del norte del país. El nuevo choque generaría una reacción que unió a las fuerzas de los diferentes grupos que conformaban el cártel del Milenio, la organización que solía controlar Michoacán, que fueron convocados a cerrar ilas. L L F M La primera presentación en peblico de La Familia Michoacana aconteció el 21 de noviembre de 2006, día en que apareció un desplegado en l ol de orelia y en a o de ichoacán, en el que la organización prohibía la venta de drogas sintéticas en Tierra Caliente y, además, prometía beneiciar a la población de los municipios de la región con despensas, libros y la construcción de aulas. La agrupación anunciaba su intención de llenar el hueco producido por el abandono del gobierno estatal.31 La Familia Michoacana surgió de una escisión de algunos miembros del cártel del Milenio32 y de Los Zetas, y se hizo llamar efímeramente como “La Empresa”.33 Este grupo de desertores, muchos de ellos miembros de las cuadrillas que dirigía Carlos Rosales Mendoza, decidieron enfrentar a las dos organizaciones a las que habían pertenecido con un nuevo discurso social,34 religioso,35 y con aspiraciones de guardia de vigilantes.36 Detrás de este discurso estaba la pretensión de distanciarse de la violencia ejercida por Los Zetas en años anteriores. Reyes Aparicio, fuerza rural y antes autodefensa de Buenavista Tomatlán, me narró la relación que comenzó a darse entre La Familia Michoacana y los habitantes de Tierra Caliente con varias escenas distintivas: la asociación criminal, los días 10 de mayo, regalaba electrodomésticos a las madres de familia en toda la región, construía escuelas para los niños que no tenían una cerca de su comunidad y, en más de una ocasión, realizaba préstamos para que los habitantes pudiesen construir sus viviendas. Vivían y dejaban vivir, dijo Aparicio en la entrevista.37 Durante varios años, periodistas nacionales y extranjeros constataron las actividades de beneicencia que realizaba el grupo delictivo entre ellos destaca la crónica de illiam Finnegan de he e or er.38 La mayor parte de los miembros de La Familia Michoacana eran jornaleros y campesinos de la región que en su momento se habían unido a Los Zetas o al cártel del Milenio.39 Igualmente 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 a ornada ichoacán, “Asesinan al director de Seguridad Peblica de Uruapan”, 2 de junio de 2006. Rael Zepeda Gil, entrevista con Alejandro Poiré, Ciudad de México, 18 de mayo de 2015. Luis Astorga, 2015, op cit Jaime Márquez, “Preocupación en Michoacán por desplegado del narco”, en l ni ersal, 23 de noviembre de 2006. José Francisco Gómez, “Los cárteles mexicanos”, en Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán (comps.), arcotráico, corrupci n estados, Random House Mondadori, Ciudad de México, 2012, p. 168. Joan Grillo, l arco nside exico s Criminal nsurgenc , Bloomsbury Press, Nueva or , 2011, p. 211. Guillermo Valdés Castellanos, op cit., p. 268. Joan Grillo, op cit., p. 196. José Gil Olmos, op cit , p. 97. Rael Zepeda Gil, entrevista con Reyes Aparicio, Buenavista Tomatlán, Michoacán, 14 de abril de 2015. illiam Finnegan, “Silver or Lead”, en he e or er, 31 de mayo de 2010. Joan Grillo, op cit , p. 197. Violencia en Michoacán: de la guerra criminal a la captura del gobierno estatal se unieron algunos exmilitares, como los hermanos Nicolás y Carlos Sierra. Sin embargo, el liderazgo de esta organización recayó en personajes de diferentes orígenes. El líder principal era José de Jeses Méndez Vargas, colaborador de Carlos Rosales Mendoza en el cártel del Milenio.40 A él se unió Nazario Moreno Vargas, migrante retornado de Estados Unidos y recién convertido al evangelismo, quien estaría al mando de las actividades operativas de la corporación.41 Dionisio Loyola Plancarte y su sobrino, Enrique Plancarte, vinculados tanto con Carlos Rosales Mendoza como con el Partido de la Revolución Democrática ( ) por redes familiares que datan de los años ochenta, se encargaron de las actividades relacionadas con la producción y el trasiego de drogas.42 Finalmente, las relaciones políticas de la organización fueron encargadas a Servando Gómez Martínez, profesor normalista. El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón tomó protesta como presidente de la Repeblica. Once días más tarde anunció el despliegue del primer Operativo Conjunto Michoacán. El operativo, solicitado por el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, contaría con 4,260 elementos del Ejército mexicano, 1,054 marinos, 1,420 policías federales y cincuenta agentes del Ministerio Público.43 A raíz de esta acción se realizaron dos detenciones relevantes: el 16 de diciembre la Policía Federal arrestó a Alfonso Barajas Figueroa, operador del cártel del Golfo en Apatzingán44 y el 21 de diciembre el Ejército capturó a un grupo de doce presuntos sicarios del cártel del Milenio en Aguililla. Después de unos meses, el gobierno federal desplegó de nueva cuenta un mayor nemero de militares en el estado bajo el llamado Operativo Conjunto Michoacán .45 El 18 de abril de 2007 surgiría una de las crisis más importantes en el seno del cártel del Milenio. Ese día fue ejecutado Ventura Valencia Valencia, en el municipio de Tepalcatepec. En el pecho del líder fue incrustado un clavo con una cartulina que decía: “Saludos Luis Valencia Valencia, Óscar Nava Valencia, Armando Valencia González, Mencho”.46 En el mes siguiente se registraron los primeros enfrentamientos entre organizaciones criminales y el Ejército mexicano. El 2 de mayo cinco militares, adscritos al 12j Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fueron asesinados en una emboscada a su convoy en el municipio de Carácuaro.47 Eso sucedió poco después de que Ismael Garduño, presidente municipal de ese ayuntamiento, fuera amenazado de muerte. A los cinco días, el 7 de mayo, un comando del Ejército se enfrentó, utilizando una bazuca, contra un grupo de presuntos delincuentes en el municipio de Apatzingán. Esta acción, realizada por militares adscritos a la Base de Operaciones Mixtas “Tierra Caliente”, ubicada en Apatzingán, fue condenada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por uso excesivo de la fuerza.48 D M Sin duda, el ataque más grave de La Familia Michoacana aconteció el 16 de septiembre de 2008 en la capital, Morelia. Durante las celebraciones del Día de la Independencia y mientras el entonces gobernador Leonel Godoy presidía la ceremonia frente a más de 18 mil personas, dos granadas de fragmentación fueron detonadas de manera simultánea en la plaza Melchor Ocam40 41 42 43 44 45 46 47 48 xcélsior, “¿Quién es El Chango Méndez?”, 7 de enero de 2013. George . Grayson, op cit , pp. 24-27 y Joan Grillo, op cit., p. 197. George . Grayson, ib dem Luis Astorga, 2015, op cit otimex, “Detienen al principal operador del cártel del Golfo en Apatzingán”, 17 de diciembre de 2006. George . Grayson, op cit p. 65. l ni ersal, “Ejecutan a hermano del líder del cártel de los Valencia”, 18 de abril de 2007. Ernesto Martínez Elorriaga y Jeses Aranda, “Comando embosca a convoy militar en Carácuaro y mata a 5 solados”, La Jornada, 3 de mayo de 2007. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Recomendación Nj 39 2007 sobre los hechos de violencia ocurridos el día 7 de mayo de 2007, en la ciudad de Apatzingán, en el Estado de Michoacán”, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2007. 195 Raúl Zepeda Gil 196 po y en la avenida Madero. La agresión tuvo como saldo 132 personas heridas, de las cuales siete fallecieron esa noche.49 Al día siguiente, el gobierno federal desplegó de nuevo un contingente de militares en la capital y en Tierra Caliente.50 Dos días después, el 18 de septiembre, la Procuraduría General de la Repeblica ( ) informó que el atentado había sido organizado por La Familia Michoacana para inculpar a Los Zetas.51 Posteriormente, en un acto inédito, el 26 de mayo de 2009, el gobierno federal llevó a cabo una detención simultánea en Michoacán: elementos de la Sedena y la detuvieron a doce presidentes municipales, cuatro de Tierra Caliente, y a 16 funcionarios estatales y municipales. Destacaban entre los arrestados el perredista Genaro Guízar Valencia, de Apatzingán Armando Medina Torres, de Megica Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec y Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista. De igual manera fueron puestos a disposición de las autoridades los alcaldes de Arteaga, Uruapan, Coahuayana, Aquila, Ciudad Hidalgo, Tumbiscatío, Zitácuaro y Nuevo Urecho.52 La incó a los detenidos cargos de asociación delictuosa y de delincuencia organizada por “formar parte de una red de protección a La Familia”.53 Leonel Godoy no fue informado de esta acción hasta el día en que fue ejecutada. El entonces gobernador relata que fue notiicado pocas horas antes de que se realizaran las primeras aprehensiones, pero ya con la presencia del Ejército mexicano en toda la entidad. Aunque Godoy reconoce que el gobierno federal podía reivindicar la legalidad de dicha operación, insiste en que la motivación eltima fue debilitar a su administración frente a las elecciones que se darían en dos años, en las cuales probablemente participaría Luisa María Calderón, hermana del presidente. Además, Godoy subrayó que a partir de ese momento el gobierno federal ejercería un control férreo del presupuesto vía la Secretaría de Hacienda e iniciaría un trato ciertamente hostil por parte del secretario de Gobernación (Segob), Fernando Gómez Mont.54 No obstante, el entonces subsecretario de Población y Asuntos Migratorios de la Segob, Alejandro Poiré, insiste en que dicho operativo se efectuó con la inalidad de limitar y disuadir las acciones de La Familia Michoacana en la entidad y que no había ines electorales con esa medida.55 La ambiciosa detención colectiva quedó sin efectos por la liberación, meses después, de prácticamente todos los detenidos, incluidos los funcionarios de Leonel Godoy. E L C T En diciembre de 2010 la campaña del gobierno del presidente Calderón encaminada a arrestar, o abatir, a los liderazgos más importantes de las organizaciones criminales del país dio un giro en Michoacán. La Familia Michoacana era el siguiente blanco en la lista. Sin embargo, no sería el Ejército o la Marina las instituciones encargadas de dirigir la operación, sino la nueva Policía Federal. La noche del 9 de diciembre de 2010, después de varios días de besquedas y enfrentamientos, la Policía Federal aseguró que había abatido en combate a Nazario Moreno González, líder de La Familia Michoacana, quien ya se había ganado para ese entonces su apodo de “El Más Loco” 56 Sin embargo, y a pesar de la insistencia del gobierno federal, los reporteros asen49 50 51 52 53 54 55 56 Antonio Aguilera, “El agresor sólo esperó el eltimo viva México ”, en a ornada ichoacán, 17 de septiembre de 2008. Claudia Herrera y Jeses Aranda, “Calderón: se equivocan quienes creen que con actos cobardes verán un Estado debilitado”, en La Jornada, 17 de septiembre de 2008. Alfredo Méndez, “Todo apunta a que La Familia es culpable, segen Procuraduría”, en La Jornada, 18 de agosto de 2008. Ernesto Elorriaga y Gustavo Castillo, “Inusitada detención en Michoacán de 10 alcaldes, 17 funcionarios y un juez”, en La Jornada, 27 de mayo de 2009. Gustavo Castillo García, “Aprehendidos protegían a La Familia, dice ”, en La Jornada, 27 de mayo de 2009. Rael Zepeda Gil, entrevista con Leonel Godoy, Ciudad de México, 9 de abril de 2015. Rael Zepeda Gil, entrevista con Alejandro Poiré, Ciudad de México, 18 de mayo de 2015. Eduardo Ferrer y Ernesto Martínez, “No paren hasta acabar con ellos”, en La Jornada, 11 de septiembre de 2010. Violencia en Michoacán: de la guerra criminal a la captura del gobierno estatal tados en Tierra Caliente recibían, de manera constante, indicios de que Moreno seguía vivo. El 10 de marzo de 2011, a tres meses de la supuesta muerte del capo, aparecieron mantas en los puentes peatonales de Pátzcuaro, Zitácuaro y Morelia en las que se podía leer el siguiente mensaje: “A partir de hoy, se seguirá brindando el servicio de protección para evitar que otros grupos penetren al territorio michoacano. Caballeros Templarios”.57 Tres meses más tarde, en un operativo de la Policía Federal en Aguascalientes, fue detenido José de Jeses Méndez, otro líder de La Familia Michoacana.58 A raíz de esta captura algunos concluyeron que había desaparecido el cártel michoacano para cambiar de nombre a Los Caballeros Templarios. En realidad, después se supo que “El Más Loco” había asumido el liderazgo del nuevo grupo criminal59 y que una facción de la organización se separó de los Templarios para mantener el nombre de La Familia Michoacana en Guerrero y el Estado de México.60 Estas transformaciones no sólo fueron de membrete, sino también en los comportamientos. A diferencia de La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios comenzaron a utilizar, de manera constante, la violencia contra la población de Tierra Caliente para mantener el control territorial.61 Un ejemplo claro de este nuevo comportamiento fue el ataque que lanzaron contra la comunidad de Limón de la Luna, en el municipio de Buenavista Tomatlán, el 19 de julio de 2013. En la mañana de ese día fueron encontrados cuatro cadáveres colgados del anuncio de bienvenida a la ranchería.62 De acuerdo con los testimonios de Alberto Gutiérrez,63 Juventino Cisneros,64 Reyes Aparicio,65 y Semeí Verdía,66 quienes después se integrarían a las autodefensas de Michoacán, Los Caballeros Templarios utilizaban la violencia en contra de la población civil para mantener el control de lo que sucedía en los municipios. En más de una ocasión, ante la simple sospecha de alianza con otra organización criminal, los Templarios desaparecían a personas de las comunidades. Semeí Verdía añade que, ante la magnitud de los actos de intimidación desplegados por los Templarios contra los comuneros indígenas de la costa-sierra náhuatl de Michoacán, poblaciones enteras abandonaron los municipios de Coahuayana, Aquila y Coalcomán para buscar refugio en Tecomán, Colima, como desplazados por la violencia. A diferencia de los utilizados por La Familia, los métodos de Los Templarios fueron claramente indiscriminados. El nemero de personas heridas, asesinadas, desplazadas y desaparecidas aumentó de manera constante. Además, los Templarios sustituyeron cualquier beneicio social que pudo existir durante los tiempos de La Familia por una extorsión desmedida. El control de Michoacán pasó de la beneicencia al uso del terror.67 En efecto, comerciantes de Apatzingán revelaron en conversaciones informales cómo Los Caballeros Templarios los extorsionaban, semanalmente, con porcentajes de sus ganancias que podían ascender a más del 30 por ciento. Los distribuidores de aguacate de Tancítaro y Uruapan, así como los del limón en Tepalcatepec, y los directivos de las compañías mineras que se ubican en Aquila, denunciaron que su producción estaba siendo controlada por Los Caballeros 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 nimal ol tico, “Aparece nuevo cártel en Michoacán: Los Caballeros Templarios”, 10 de marzo de 2011. Véase: http: .animalpolitico.com 2011 03 aparece-nuevo-cartel-en-michoacan-los-caballeros-templarios .consultado el 14 de septiembre de 2015. Alberto Morales y Luigi Rivera Ramírez, “Cae jefe del cártel de La Familia”, en l ni ersal, 22 de junio de 2011. José Gil Olmos, op cit , pp. 128-129. Rosalía Vergara, “Estado de México: mítines en pueblos narcos”, en roceso, 31 de enero de 2011. Ernst Fal o, “En territorio templario”, en exos, septiembre de 2015. La Jornada, “Cuatro colgados y dos policías asesinados en Michoacán, entre las víctimas de la violencia”, 20 de julio de 2013. Rael Zepeda Gil, entrevista con Alberto Gutiérrez, Tepalcatepec, Michoacán, 14 de abril de 2015. Rael Zepeda Gil, entrevista con Juventino Cisneros, Tepalcatepec, Michoacán, 14 de abril de 2015. Rael Zepeda Gil, entrevista con Reyes Aparicio, Buenavista Tomatlán, Michoacán, 14 de abril de 2015. Rael Zepeda Gil, entrevista con Semeí Verdía, Coahuayana, Michoacán, 15 de abril de 2015. Sobre las condiciones de cada municipio de Michoacán bajo el control de Los Caballeros Templarios vale la pena leer el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el con icto”, 2015. 197 Raúl Zepeda Gil 198 Templarios.68 Es decir, el grupo delictivo no sólo se dedicaba a los negocios tradicionales de tráico ilícito de marihuana y de drogas sintéticas, sino que también extraían rentas de la rica producción agroindustrial que los planes de desarrollo de las décadas anteriores hicieron posible en Tierra Caliente. Los politólogos Omar García Ponce y Andrés Lajous dan cuenta de cómo Los Caballeros Templarios, mediante el control férreo sobre la producción agrícola en Tierra Caliente, pudieron alterar los precios al peblico del aguacate y el limón en México.69 Una pregunta que no puede responderse con la información disponible se reiere a las razones del cambio de comportamiento de la dirigencia de La Familia Michoacana cuando se transformó en Los Caballeros Templarios. De manera tentativa aventuro tres hipótesis que tendrán que ser corroboradas en un futuro. La primera tiene que ver con la renovación del liderazgo y la sustitución de Jeses Méndez por Nazario Moreno. Con esta transición, el tinte religioso y el carácter violento de la organización pasaron a primer plano.70 La segunda retoma los argumentos de Mejía y Restrepo para sostener que la violencia en México y en Tierra Caliente aumentó en la medida en que el gobierno de Colombia elevó de manera sostenida las incautaciones de cocaína. Al reducirse la oferta de drogas ilícitas que los cárteles mexicanos podían ofrecer al mercado estadounidense, las fuentes de inanciamiento de las organizaciones mexicanas como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios se vieron afectadas y aumentaron los incentivos para pasar a la extorsión de la población y a la extracción de rentas de la economía legal con el in de resarcir las pérdidas económicas.71 Una tercera hipótesis, cercana a la anterior y desarrollada por varios expertos, consiste en que las detenciones y operativos consiguieron fragmentar a la organización entre Michoacán y el Estado de México. Ante la inestabilidad, no sólo cambiaron de nombre, sino que adoptaron un comportamiento más violento justamente para combatir la presencia gubernamental. Esto puede observarse con en el nemero creciente de enfrentamientos que tuvieron Los Caballeros Templarios con agencias de seguridad. A mediados de 2011, el periodo de Leonel Godoy como gobernador llegaba a su in y las campañas para elegir a su sucesor iniciaban. Los candidatos de los tres partidos más importantes fueron Fausto Vallejo Figueroa por el Partido Revolucionario Institucional ( ) Silvano Aureoles por el Partido de la Revolución Democrática ( ) y Luisa María Calderón por el Partido Acción Nacional ( ). Ante la proliferación de la violencia en Tierra Caliente, los tres candidatos tuvieron que ser escoltados por elementos del Estado Mayor Presidencial en todo momento. Incluso, en más de una ocasión los candidatos fueron trasladados en helicópteros para no pasar por carreteras que el gobierno federal consideraba peligrosas.72 Según Leonel Godoy, durante este proceso Los Caballeros Templarios decidieron capturar las alcaldías de varios municipios. Relata cómo, a pesar del predominio del en las encuestas, las amenazas lanzadas por el grupo criminal el día de la elección contra los candidatos y militantes del consiguieron cambiar el sentido del voto de los ciudadanos del municipio.73 Fausto Vallejo fue electo gobernador el 13 de noviembre de 2011. Sobre los vínculos de Vallejo con Los Caballeros Templarios, Alejandro Poiré, entonces director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), airmó que el gobierno federal no tenía información sobre dichas supuestas alianzas.74 La elección también daría el triunfo a tres alcaldes del que serían acusados de te68 69 70 71 72 73 74 Denise Maer er, “Auxilio, ¿dónde está el Estado?”, en exos, abril de 2014. Omar García Ponce y Andrés Lajous, “Ho Does a Drug Cartel Becomes a Lime Cartel?”, en he ashington ost, 20 de mayo de 2014 véase el blog “Mon ey Cage”. Puede consultarse en: http: . ashingtonpost.com blogs mon ey-cage p 2014 05 20 ho -does-a-drug-cartel-become-a-lime-cartel . 14 de septiembre de 2015 . Esta hipótesis la deiende Eduardo Guerrero Gutiérrez en “La dictadura criminal”, en exos, 1° de abril de 2014. Idea que sostienen Juan Camilo Castillo, Daniel Mejía y Pascual Restrepo, “Illegal Drug Mar ets and Violence in México: The Causes Beyond Calderón”, borrador de trabajo, 2013 puede consultarse en: http: .issdp.org conference-papers 2013 2013 papers Mejia 20D 20- 20Illegal 20drug 20mar ets 20and 20violence 20 in 20Mexico.pdf . 26 de noviembre de 2014 . Ricardo Gómez, “Candidatos blindados buscan voto en Michoacán”, en l ni ersal, 10 de octubre de 2011. Rael Zepeda, entrevista a Leonel Godoy. op cit. Rael Zepeda, entrevista a Alejandro Poiré, op cit Violencia en Michoacán: de la guerra criminal a la captura del gobierno estatal ner vínculos con la organización delictiva: Uriel Chávez Mendoza de Apatzingán,75 Arquímedes Oseguera Solorio de Lázaro Cárdenas,76 y Jeses Cruz Valencia de Aguililla.77 Con posterioridad a la elección de Vallejo se dieron varios enfrentamientos en Buenavista Tomatlán,78 Carácuaro,79 y Tuzantla.80 Además, los miembros de la Policía Municipal de Carácuaro decidieron, ante las amenazas directas, abandonar el municipio.81 En Michoacán, los intentos de detención de Servando Gómez Martínez82 y Enrique Plancarte83 dieron lugar a algunos enfrentamientos sin embargo, los homicidios fueron a la baja. Ello fue así debido, en buena medida, al control que Los Caballeros Templarios habían logrado establecer en la administración estatal a partir de las negociaciones entre Servando Gómez Martínez y Rodrigo Vallejo Mora, hijo del gobernador Fausto Vallejo,84 y de la relación establecida entre el secretario de gobierno de Vallejo, Jeses Reyna, con Nazario Moreno y Servando Gómez.85 Gracias a estos arreglos informales, Los Caballeros Templarios tomaron el control del Centro de Operaciones y Control (C4) de Michoacán. Ante estos hechos, no deja de sorprender, como sostiene Poiré, que desde la llegada de Vallejo al gobierno de Michoacán la comunicación con el gobierno federal se redujera signiicativamente.86 El Gobierno del estado de Michoacán había sido capturado, junto con varios gobiernos municipales, por el grupo delictivo. El monopolio criminal que la organización había logrado sobre el territorito se expandió a la esfera gubernamental. E T C Un grupo de personajes conocidos de Tierra Caliente, sobre todo de Apatzingán, Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, comenzaron a reunirse de manera secreta a inales de 2012. En más de una ocasión se citaron en la residencia del padre Gregorio López, apodado Goyo, párroco de Apatzingán. A esos encuentros acudían, entre otros, Hipólito Mora, ranchero limonero de La Ruana Juan José Farías, habitante de Tepalcatepec Luis Antonio Torres, migrante retornado de California Juventino Cisneros, carnicero de Tepalcatepec Alberto Gutiérrez, ranchero y exmilitar y Estanislao Beltrán, alias “Papa Pitufo”. Este grupo planeó entonces un levantamiento armado contra Los Caballeros Templarios. Inicialmente, este conjunto de ciudadanos llamaría a la población a las armas con las escopetas y el armamento en manos de los rancheros de la región y buscarían inanciar sus actividades también con el dinero de éstos y con donaciones de los familiares de los terracalenteños que vivían en Estados Unidos. 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Carlos Arrieta, “Procuraduría de Michoacán corrige y retiene a exalcalde de Apatzingán”, nimal ol tico, 20 de junio de 2015. Puede consultarse en: http: .animalpolitico.com 2015 06 liberan-a-exalcalde-de-apatzinganera-acusado-de-presuntos-nexos-con-los-caballeros-templarios . 15 de septiembre de 2015 . cnn México, “El alcalde del municipio de Lázaro Cárdenas recibe auto de formal prisión”, 3 de mayo de 2014. Puede consultarse en: http: mexico.cnn.com nacional 2014 05 03 el-alcalde-del-municipio-de-lazaro-cardenas-recibeauto-de-formal-prision . 15 de septiembre de 2015 . La Jornada, “Dictan auto de formal prisión contra Jeses Cruz Valencia, exalcalde de Aguililla”, 17 de mayo de 2014. l ol de orelia, “Enfrentamiento en Michoacán deja un muerto”, 16 de diciembre de 2011. l ni ersal, “Breves de estados”, 17 de diciembre de 2011. Rosamaría, Sánchez, “Deja tres muertos y un soldado herido enfrentamiento en Michoacán”, l ol de orelia, 22 de noviembre de 2011. otimex, “Se queda sin policías Carácuaro”, 26 de noviembre de 2011. Véanse Francisco J. Castellanos, “En Michoacán, las fuerzas federales arrasan parejo”, en roceso, 21 de agosto de 2012 y l ol de orelia, “Muere sicario en tiroteo con el Ejército en Aguililla, Michoacán”, 17 de agosto de 2012. otimex, “Asegura Sedena rancho de Los Caballeros Templarios en Michoacán”, 19 de octubre de 2012 y l conomista, “Asesinan a mando de la de Michoacán”, 19 de diciembre de 2012. cnn México, “11 meses y 7 días en prisión a Rodrigo Vallejo por encubrir a La Tuta”, 11 de septiembre de 2015. Puede consultarse en: http: .cnnmexico.com nacional 2015 09 11 11-meses-y-7-dias-en-prision-a-rodrigovallejo-por-encubrir-a-la-tuta . 15 de septiembre de 2015 . ilenio, “¿Quién es Jeses Reyna?”, 4 de julio de 2014. Rael Zepeda, entrevista con Alejandro Poiré, op cit. 199 Raúl Zepeda Gil 200 La mañana del domingo 24 de febrero de 2013, como narró Hipólito Mora a la periodista Denisse Maer er,87 los limoneros de La Ruana fueron a la cabecera municipal para anunciar a la población que ya era tiempo del levantamiento. Tres días antes, los habitantes ya habían sido informados. Mora habló a la multitud congregada y les dijo que ya era momento de actuar y así fue: los lugareños, que conocían quienes eran templarios, se dirigieron a las casas de los presuntos criminales para atraparlos. Ese día no hubo violencia. Muchos de los templarios ya habían abandonado sus hogares. Ese mismo día, en Tepalcatepec también se alzaron Juventino Cisneros y Alberto Gutiérrez. Los habitantes que decidieron unirse de manera permanente a la tarea de vigilancia se enrolaron con Hipólito Mora Luis Antonio Torres, a quien apodaron “El Americano” con “El Abuelo” Juan José Farías con Juventino Cisneros, “Comandante Tilín” y con Alberto Gutiérrez, “Comandante 5”. Se hicieron llamar las autodefensas,88 término que usaron para subrayar que se defendían de Los Templarios sin mediación del gobierno. Ese mismo día un doctor que al regresar de Estados Unidos se instaló en Tepalcatepec y que daba citas médicas en el Centro Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado ( ) de Apatzingán y tenía una intensa actividad política, le avisó a su padre que se iba a unir a las autodefensas. Al día siguiente José Manuel Mireles se reunió con Hipólito Mora y le pidió unirse al grupo de vigilantes.89 Los líderes de las autodefensas son, en buena medida, re ejo de la sociedad en la que viven y de los lazos de solidaridad que dieron vida a su organización.90 Como me relataron Reyes Aparicio y José Antonio, varios niños, algunas mujeres y muchos jóvenes jornaleros se integraron a las guardias comunitarias. La motivación era clara: querían “deshacerse” de Los Caballeros Templarios porque ya no podían, según sus palabras, llevar su vida ordinaria. La violencia y la extorsión recurrentes ejercidas por Los Templarios los llevó a organizarse en cuanto vieron la oportunidad. Además, como ha documentado Lourdes Cárdenas, los habitantes de Tierra Caliente que participaban en las autodefensas recibían dinero de sus familiares de California, donde residen aproximadamente cuatro millones de michoacanos, para comprar armas. Incluso, Cárdenas recogió varios testimonios de paisanos que regresaron de California para unirse al movimiento.91 Muchos de los empresarios legales de la zona, entre ellos Hipólito Mora, decidieron contribuir para el sostén de las autodefensas. Vale la pena mencionar que los grupos de Tancítaro, municipio al norte de Tierra Caliente, se formaron con apoyo de los empresarios agroindustriales del aguacate.92 Sin embargo, como denunció Mireles, la violencia indiscriminada en Tierra Caliente de Los Templarios, que llegó a afectar a mujeres y niñas al hacerlas victimas de rapto y violación, fue el trasfondo del surgimiento de las autodefensas. La organización de las autodefensas de Buenavista y Tepalcatepec provocó una reacción adversa del gobierno de Fausto Vallejo. El secretario de gobierno, Jeses Reyna, las acusó de ser la punta de lanza del Cártel Jalisco Nueva Generación ( ) para entrar a Michoacán. De hecho, en ese momento el estaba aliado con el cártel de Sinaloa.93 La acusación de Reyna concordaba con la versión de Servando Gómez Martínez, quien difundió un vídeo en la plataforma YouTube para acusar a las autodefensas de servir al por medio de Juan José Farías.94 El gobierno federal retomó esta versión del surgimiento de las autodefensas y apoyó al gobierno de Fausto Vallejo en la tarea de limitar su avance. El 7 de marzo el Ejército mexicano detuvo 87 88 89 90 91 92 93 94 Denise Maer er, op cit Aunque el término más adecuado es vigilantes, para revisar el tema se sugiere consultar a Martha K. Huggins, igilantism and the tate in odern atin merica ssa s on xtralegal iolence, Prager Publishers, Nueva or , 1991. Sanjuana Martínez, “Las batallas del doctor Mireles”, en exos, julio de 2014. Leticia Pineda, “La autodefensa de Aguililla”, en exos, abril de 2014. Lourdes Cárdenas, “Michoacanos al grito de guerra”, en exos, noviembre de 2014. Liliana Padilla, “Aguacateros y Policía Federal crean en Tancítaro ejército de élite”, en ilenio, 5 de agosto de 2014. José Antonio Belmont, “Fuerzas militares pegan a autodefensas del Chapo”, en ilenio, 8 de marzo de 2013. “La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, envía mensaje en redes sociales”, 26 de abril de 2013. Puede consultarse en: https: .youtube.com atch?v SCGJp PpPBI . 16 de septiembre de 2015 . Violencia en Michoacán: de la guerra criminal a la captura del gobierno estatal a 34 miembros de las autodefensas de Buenavista Tomatlán e incautaron 47 armas. Días más tarde la población de Buenavista increpó a las tropas por este hecho y decidió hacer un retén en la carretera que lleva a ese municipio desde Apatzingán para exigir su liberación. Los militares que se encontraban en la zona no pudieron regresar a su cuartel95 y fueron llevados por los pobladores de La Ruana a una bodega donde fueron retenidos por un día. En esas condiciones, la Segob negoció con los pobladores su liberación a cambio de un operativo contra Los Caballeros Templarios y de defensores de oicio para sus familiares.96 Un día después el Ejército tuvo un enfrentamiento con Los Caballeros Templarios y aunque la Sedena difundió que en ese choque había muerto Dionisio Loya Plancarte, después fue desmentida dicha información.97 El presidente Enrique Peña Nieto, ante el avance de las autodefensas y la reacción de Los Caballeros Templarios, ordenó un operativo para capturar a los líderes de la agrupación criminal.98 Durante los meses de presencia del Ejército en la región se dio una disputa especialmente tensa entre las autodefensas y Los Caballeros Templarios. En esos días, los segundos atacaron de manera recurrente a las poblaciones de Buenavista y Tepalcatepec, como lo narró Reyes Aparicio.99 Pobladores de San José Chila, en Apatzingán, huyeron de su comunidad y pidieron auxilio a la 43 Zona Militar, ubicada en ese municipio, pero no recibieron respuesta.100 Poco después, Los Caballeros Templarios establecieron un cerco alrededor de Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla para impedir la entrada de alimentos y de gasolina.101 Como lo describiera un miembro de las autodefensas, cientos de personas buscaron refugio en municipios aledaños y en parques acuáticos que se encontraban en las carreteras. Después del bloqueo, las autodefensas de Tepalcatepec, Aguililla, Aquila, Coalcomán y Buenavista intentaron tomar la Presidencia Municipal de Apatzingán en protesta por el abandono por parte del Ejército. La Policía y los militares evitaron la toma, se enfrentaron brevemente con las autodefensas y pidieron a Hipólito Mora y a José Manuel Mireles que regresaran a sus municipios.102 El in de semana del 25 y 26 de octubre de 2013 fueron atacadas varias subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad que proveían de energía al municipio de Apatzingán. Dichas subestaciones eran resguardadas por la Policía Municipal. Sin embargo, el 28 de octubre la Policía Federal tomó el control de la seguridad del municipio.103 Días más tarde sucedió lo mismo en el municipio de Lázaro Cárdenas.104 Para entonces, algunos indicios dejaron ver que el Ejército mexicano comenzaba a colaborar con las autodefensas de Michoacán.105 De hecho, el gobierno federal permitió que las autodefensas tomaran la Presidencia Municipal de Tancítaro.106 Este avance de las autodefensas también implicaría nuevos enfrentamientos del Ejército con Los Templarios en Parácuaro,107 Apatzingán108 y Tancítaro.109 El avance de las autodefensas de Michoacán, a partir de noviembre,110 ya con el claro respaldo del Ejército mexicano, propiciaría que toda la región y otras zonas del estado experimentaran alzamientos de autodefensas. José Manuel Mireles entró a La Huacana y a Megica el 18 l ni ersal, “Increpa grupo a 47 militares en Michoacán”, 12 de marzo de 2013. xcélsior, “Liberan a militares secuestrados en Michoacán”, 13 de marzo de 2013. 97 Miguel García Tinoco, “Muere presunto jefe de plaza templario durante enfrentamiento en Michoacán”, xcélsior, 15 de marzo de 2013. 98 Alfredo Méndez, “Ejército y Policía Federal, tras los líderes templarios”, La Jornada, 25 de julio de 2013. 99 Rael Zepeda Gil, entrevista con Reyes Aparicio, op cit 100 xcélsior, “Desplazados piden a Ejército intervenir en Michoacán”, 8 de octubre de 2013. 101 ilenio, “Otro cerco templario en la Tierra Caliente”, 7 de octubre de 2013. 102 Adán García, “Calientan Apatzingán”, eforma, 27 de octubre de 2013. 103 l conomista, “Ejército y Policía Federal suplirán a policía de Apatzingán”, 28 de octubre de 2013. 104 eforma, “Toman militares Lázaro Cárdenas”, 5 de noviembre de 2013. 105 eforma, “Ligan a militares con autodefensas”, 10 de noviembre de 2013. 106 Adán García, “Toma autodefensa Tancítaro y Pareo”, eforma, 17 de noviembre de 2013. 107 l conomista, “Enfrentamiento en Michoacán deja dos muertos”, 13 de noviembre de 2013. 108 dpa, “Dos policías federales mueren en ataque en oeste de México”, 28 de noviembre de 2013. 109 xcélsior, “Se registra nuevo enfrentamiento en Tancítaro, Michoacán”, 22 de noviembre de 2013. 110 l ni ersal, “Llegan militares a Michoacán”, 29 de noviembre de 2013. 95 96 201 Raúl Zepeda Gil de diciembre de 2013 para incitar al levantamiento.111 Posteriormente lo haría en Churumuco y Aguililla.112 Finalmente, las autodefensas avanzaron, pocos días después de año nuevo, al municipio de Parácuaro.113 El desafío de Los Templarios a las autodefensas y al Ejército no cesó. Este eltimo repelió, con dos bajas, a un comando de hombres armados en Apatzingán.114 Nuevamente se dieron bloqueos por parte de Los Caballeros Templarios en Parácuaro, Múgica y Apatzingán.115 El gobernador Vallejo pidió la intervención del gobierno federal, el cual intentó desarmar de nueva cuenta, sin éxito, a las autodefensas.116 Sin embargo, la suerte de estas agrupaciones daría un giro el 5 de enero de 2014 cuando en un aterrizaje forzoso117 José Manuel Mireles, su coordinador y organizador,118 resultó herido.119 La caída de ese avión también signiicó su caída como líder de las autodefensas. 202 L M á Todo fue ordenado con pulcritud en el Salón Morelos del Palacio de Bucareli para la llegada de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. La mañana del 15 de enero de 2014, en conferencia de prensa, Osorio, acompañado del gobernador Fausto Vallejo, anunció la decisión del presidente: crear una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán. En esa misma sala se encontraba Alfredo Castillo Cervantes, quien sería designado por el primer mandatario para dirigir dicha Comisión.120 El día anterior había sido publicado el decreto en el iario icial de la Federaci n que establecía las bases para su creación. Dicho decreto otorgaba al comisionado el mando de todos los delegados federales en Michoacán, la facultad de interlocución con la Segob, con el gobierno estatal y con los municipales, así como la capacidad de comandar a la Policía Federal y al Ejército cuando lo requiriese.121 El Ejército mexicano llegó de nueva cuenta a Apatzingán el mismo 15 de enero. El nemero de militares desplegados fue de 4,500. A estos se sumaron 4,800 policías federales.122 El objetivo era, nuevamente, desarmar a las autodefensas. Éstas no lo permitieron y avanzaron hacia algunas comunidades de Apatzingán bajo el mando de Estanislao Beltrán.123 Dos días más tarde, el gobernador Vallejo, probablemente por órdenes del presidente Peña Nieto y el comisionado Castillo, designó a dos funcionarios cercanos a este eltimo como miembros de su gabinete: José Martín Godoy Castro fue nombrado procurador general de Justicia del Estado y Carlos Hugo Castellanos como secretario de Seguridad Peblica.124 Ambos funcionarios habían sido subprocuradores de la Procuraduría Federal del Consumidor cuando Castillo dirigía esa instancia. De igual manera, durante esos meses el comisionado armó su l ni ersal, “Grupos de autodefensa ingresan a La Huacana y a Megica”, 19 de diciembre de 2013. l ni ersal, “Avanzan grupos de autodefensas en Michoacán”, 30 de diciembre de 2013. 113 dpa, “Grupos de autodefensa toman otro municipio del oeste de México”, 5 de enero de 2014. 114 l conomista, “Mueren dos militares por emboscada en Apatzingán”, 6 de enero de 2014. 115 l conomista, “Tierra Caliente, incendiada por cuarto día consecutivo”, 13 de enero de 2014. 116 eforma, “Chocan Ejército y autodefensas”, 14 de enero de 2014. 117 CNN éxico, “Líder de las autodefensas de Michoacán queda herido por accidente aéreo”, 5 de enero de 2014, puede consultarse en: http: mexico.cnn.com nacional 2014 01 05 un-lider-de-las-autodefensas-de-michoacan-queda-heridopor-accidente-aereo 16 de septiembre de 2015 . 118 l ni ersal, “El cazado de los templarios”, 6 de enero de 2014. 119 Benito Jiménez, “Se ausenta Mireles entre desconcierto”, eforma, 15 de enero de 2014. 120 Ciro Pérez Silva, “Devolveremos la tranquilidad a los michoacanos, asegura Osorio Chong”, La Jornada, 16 de enero de 2014. 121 “Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán”, Diario icial de la Federaci n, 15 de enero de 2014. 122 DPA, “Militares mexicanos toman control de poblados de Michoacán”, 15 de enero de 2014. 123 l ni ersal, “Se enfrentan cártel y autodefensas”, 21 de enero de 2014. 124 CNN México, “El gobierno de Michoacán reestructura el equipo de seguridad estatal”, 17 de enero de 2014, puede consultarse en: http: mexico.cnn.com nacional 2014 01 17 el-gobernador-de-michoacan-reestructura-su-gabinetede-seguridad 16 de septiembre de 2015 . 111 112 Violencia en Michoacán: de la guerra criminal a la captura del gobierno estatal propio equipo en la entidad. Inició con un grupo de ochenta personas que después se habría de expandir a más de setecientas.125 Menos de dos semanas después de que Castillo iniciara labores, el 27 de enero de 2014 la Policía Federal arrestó a Dionisio Loya Plancarte, líder de Los Caballeros Templarios, en la ciudad de Morelia. El comisionado nacional de Seguridad Peblica, Monte Alejandro Rubido, anunció que dicha detención era la primera de una serie que realizarían contra esa organización criminal.126 Al día siguiente, Alfredo Castillo se reunió con las autodefensas de Michoacán para pactar una institucionalización de todos los vigilantes de la entidad (que segen información del propio Castillo eran más de 20 mil). En el proyecto original de institucionalización se contemplaba la incorporación de las autodefensas por medio de los Cuerpos de Defensa Rurales de la Sedena.127 Poco después, Hipólito Mora y Estanislao Beltrán entregarían sus armas en un módulo que instaló la Secretaría para el proceso de formalización de las autodefensas.128 En el acuerdo que éstas negociaron con el comisionado se estableció que quienes fueran incorporados a los cuerpos policiales debían ser sometidos a pruebas de conianza y deberían entregar sus armas. A pesar de ello, la Sedena exibilizó los requisitos para la incorporación de personas a las Defensas Rurales.129 En el proceso, los rumores que asociaban a miembros de las autodefensas con Los Caballeros Templarios se extendieron. Algunos de estos personajes, los llamados “perdonados”, fueron integrados a los cuerpos de seguridad meses más tarde.130 Una de las acciones más importantes del gobierno federal tuvo lugar en esos días. Se trató de un operativo desplegado el 4 de marzo de 2014 en el puerto de Lázaro Cárdenas que buscó desarticular las redes inancieras y de tráico ilegal de Los Caballeros Templarios. Ese día fueron decomisadas 124 máquinas pesadas para el procesamiento de minerales y 113 mil toneladas de mineral, probablemente extraído de las minas de Michoacán.131 En la mañana del 9 de marzo de 2014, elementos de la Sedena y de la Secretaría de Marina (Semar) interceptaron a Nazario Moreno González, líder de Los Caballeros Templarios, en el municipio de Tumbiscatio. Segen Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la , en el intento de arrestar a Moreno González se dio un enfrentamiento entre los sicarios que protegían al criminal y las corporaciones de seguridad. El resultado fue la segunda y deinitiva muerte de Nazario Moreno. Posteriormente se realizó la necropsia del capo y se conirmó su identidad con sus huellas dactilares. Ese mismo día la hizo pública la fotografía de su cadáver.132 Ahora sí, y con evidencia, se aseguraba el fallecimiento de Nazario Moreno. La entrega de armas de las autodefensas no supuso el in de los con ictos internos. En Buenavista Tomatlán, Hipólito Mora denunció a Antonio Torres, El Americano, de conspirar para disputarle el liderazgo de las autodefensas de su municipio. Las acusaciones en contra de Mora en torno del asesinato de dos personas del grupo de Torres llevarían al arresto del primero133 y allanaron el camino para que el segundo, en varias ocasiones acusado de colaborar con Los Caballeros Templarios, se hiciera del liderazgo de las autodefensas de Buenavista Tomatlán.134 José Héctor de Mauleón, “Los secretos de Michoacán. Entrevista con Alfredo Castillo”, en exos, diciembre de 2014. Rodrigo Aguilar, “Fuerzas federales detienen al líder templario Dionicio Loya Plancarte”, CNN éxico, 27 de enero de 2014. Puede consultarse en: http: mexico.cnn.com nacional 2014 01 27 fuerzas-federales-detienen-al-lidertemplario-dionicio-loya-plancarte . 16 de septiembre de 2015 . 127 F , “Autodefensas de Michoacán irman pacto con gobierno para institucionalizarse”, 28 de enero de 2014. 128 F , “Líderes de autodefensas de Michoacán se suman a proceso de regularización”, 30 de enero de 2014. 129 l ni ersal, “Flexibiliza Sedena requisitos para legalizar autodefensas”, 6 de febrero de 2014. 130 José Gil Olmos, “El comisionado Castillo, acusado de legalizar a criminales y iltrar videos”, en roceso, 13 de agosto de 2014. 131 F , “Autoridades mexicanas decomisan 119 mil toneladas de minerales en Michoacán”, 4 de marzo de 2014. 132 Ciro Pérez Silva, “Conirman autoridades la muerte de Nazario Moreno, El Chayo”, en La Jornada, 10 de marzo de 2014. 133 Ernesto Martínez Elorriaga, “Detienen a Hipólito Mora por la muerte de El Pollo y José Luis Torres”, en La Jornada, 12 de marzo de 2014. 134 Posteriormente, en Michoacán, Hipólito Mora, quien salió de prisión, se enfrentó de nueva cuenta con Antonio Torres. En dicho choque armado murió su hijo, Manolo Mora. El enfrentamiento causó que Mora y Torres fueran 125 126 203 Raúl Zepeda Gil 204 Manuel Mireles airmó que lo habían amenazado otros líderes de las autodefensas por órdenes de Alfredo Castillo.135 El gobierno federal contineo con los golpes espectaculares a Los Caballeros Templarios. El 1 de abril, la Policía Federal dio muerte a Enrique Plancarte en el municipio de Colón, Querétaro.136 Cinco días más tarde fue arrestado Jesús Reyna, exgobernador de Michoacán y secretario de gobierno de Fausto Vallejo, por haber sido el contacto entre el gobierno del Estado y Los Templarios.137 El gobierno federal decidió, inalmente, empujar el esquema de legalización de las autodefensas, las cuales se unirían a la Fuerza Rural, una corporación abandonada de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán.138 José Manuel Mireles se opuso nuevamente al plan y declaró que no dejaría las armas. Esta posición le conllevó un alto costo, ya que fue destituido por el Consejo General de Autodefensas el 8 de mayo de 2014.139 El 10 de mayo se dio a conocer a la nueva Fuerza Rural Estatal y Estanislao Beltrán fue nombrado como comandante de dicha corporación.140 En medio del escándalo suscitado por las revelaciones de los lazos de Rodrigo Vallejo y Los Caballeros Templarios, el gobernador Fausto Vallejo renunció a la gubernatura de Michoacán en junio de 2014.141 Dos días más tarde tomó protesta Salvador Jara Guerrero, exrector de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, como gobernador interino. Semanas más tarde saltó a la luz peblica una serie de videos en los cuales se veía a Rodrigo Vallejo departiendo con Servando Gómez Martínez. La lo acusó de encubrimiento y lo consigno en el penal de Santiaguito en el Estado de México.142 Vallejo Mora salió más tarde de prisión y regresó a la misma en diversas ocasiones para enfrentar diversas acusaciones criminales. El 27 de junio de 2014, y antes de que pudiese llegar a Morelia, fue detenido José Manuel Mireles por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. El otrora líder de las autodefensas pretendía formar un movimiento nacional de autodefensas. Alfredo Castillo airmó que no se toleraría que hubiese autodefensas armadas. Mireles, hasta la fecha, sigue preso. Aunque colegas suyos como Papa Pitufo y El Comandante 5143 reconocen las capacidades de Mireles, también airman que sus acciones estaban dañando a las autodefensas y su pacto con el gobierno. En cambio, Juventino Cisneros144 y Semeí Verdía145 sostienen que eran necesarias las estrategías que Mireles proponía a futuro. Sin embargo, todos parecen coincidir en que Alfredo Castillo y la Comisión sí cumplieron con sus compromisos con las autodefensas. Al acercarse el in del año 2014 en Michoacán habían sido arrestados casi todos los líderes de Los Caballeros Templarios. Sin embargo, en el contexto de los sucesos de Iguala y como parte del decálogo para resolver los problemas de seguridad, el gobierno federal anunció un operativo arrestados y consignados por diversos delitos. Hipólito Mora salió de prisión una vez más y fue postulado, sin éxito, como candidato a diputado federal por el Partido Movimiento Ciudadano. Todo esto se puede revisar en Juan Pablo Becerra Acosta, Liliana Padilla y Marco Coronel, “Mora, el cacique asesino, contra El Americano, el narco sicario”, en ilenio, 12 de marzo de 2014 y en Benito Jiménez, “Culpa Mora a Castillo de permitir el ataque”, en eforma, 17 de diciembre de 2014. 135 roceso, “Denuncia Mireles amenazas de líderes comunitarios que colaboran con Castillo”, 1° de abril de 2014. 136 Doris Gómora, “Rubido conirma muerte de Enrique Plancarte”, en l ni ersal, 2 de abril de 2014. 137 Omar Sánchez de Tagle, “Arraigan a secretario de Gobierno de Michoacán por nexos con Templarios”, nimal ol tico, 6 de abril de 2014. Puede consultarse en: http: .animalpolitico.com 2014 04 detienen-jesus-reynaexgobernador-de-michoacan . 17 de septiembre de 2015 . 138 José Gil Olmos, “Las autodefensas, en vías de emancipación”, en roceso, 15 de abril de 2014. 139 nimal ol tico, “Destituyen autodefensas a José Manuel Mireles él niega expulsión”, 8 de mayo de 2014. Puede consultarse en: http: .animalpolitico.com 2014 05 grupos-de-autodefensa-destituyen-jose-manuel-mirelescomo-su-vocero-tambien-queda-fuera-del-consejo-general . 17 de septiembre de 2014 . 140 Marcos Muédano, “Michoacán: oicializan Fuerza Rural Estatal”, en l ni ersal, 11 de mayo de 2014. 141 Arturo Rodríguez García, “Fausto Vallejo renuncia al gobierno de Michoacán”, en roceso, 18 de julio de 2014. 142 David Vicenteño, “Consignan a Rodrigo Vallejo Mora por encubrimiento”, en xcélsior, 4 de agosto de 2014. 143 Rael Zepeda Gil, entrevista con Alberto Gutiérrez, op cit 144 Rael Zepeda Gil, entrevista con Juventino Cisneros, op cit 145 Rael Zepeda Gil, entrevista con Semeí Verdía, op cit Violencia en Michoacán: de la guerra criminal a la captura del gobierno estatal en toda la región de Tierra Caliente, incluyendo Guerrero y Estado de México, y la desaparición de las policías municipales de toda esa zona en favor de los mandos únicos estatales.146 Paralelamente, Alfredo Castillo disolvería el grupo de élite G250 de autodefensas que colaboró con el Ejército ordenaría que ningen miembro de la Fuerza Rural abandonara su municipio de origen anunciaría que la Sedena cuidaría de ahora en adelante del municipio de Apatzingán y que se seguía en la besqueda de Servando Gómez Martínez, el eltimo líder de Los Caballeros Templarios. En la mañana del 22 de enero de 2015, Alfredo Castillo dejó la Comisión para Michoacán. Ese mismo día fue nombrado el general Felipe Gurrola como nuevo comisionado.147 Un mes más tarde fue detenido Servando Gómez Martínez en la ciudad de Morelia por elementos de la Policía Federal.148 C El aumento de la violencia en Michoacán y el escenario de captura del gobierno local son sólo parte de un largo con icto que ha tenido el Estado mexicano contra diversas organizaciones armadas, políticas o criminales, por el control de los beneicios económicos, legales e ilegales, de esa entidad de la Repeblica. El desarrollo económico agroindustrial por cuencas, la cercanía con puertos que dan al océano Pacíico y una geografía agreste fueron los factores más importantes que dieron lugar al surgimiento de organizaciones criminales con capacidades corruptoras y violentas nunca antes vistas. En la narración se pueden notar diversas tendencias. Aunque Michoacán era una entidad que ya experimentaba un aumento de su tasa de homicidios a raíz del con icto entre grupos delictivos, que se había dado por la interferencia de aquellos que operaban en el norte del país en el espacio del cártel del Milenio, resulta claro que la política de detenciones de líderes de organizaciones criminales, antes y después de los operativos, ha sido la estrategia que más ha impulsado la violencia entre los mismos cárteles y de éstos contra el Estado. La persecución estatal durante el gobierno de Calderón fue mucho menos efectiva para frenar a las organizaciones criminales, incluso provocando que las mismas cambiaran sus comportamientos dadas sus condiciones particulares y las del mercado de las drogas. Cabe señalar que Michoacán, como otras entidades del país, ha estado sometido a una dinámica de intervenciones federales por las campañas de control de drogas y por la debilidad de sus instituciones locales. Era cuestión de tiempo para que una organización como Los Caballeros Templarios utilizara sus recursos para evadir las intervenciones federales y conseguir la connivencia del gobierno estatal. Sólo el surgimiento de las autodefensas, así como la nueva intervención federal dirigida por Alfredo Castillo, pudieron romper con el monopolio criminal de esta organización y reestablecer, de manera militarizada, la paz en esa entidad. Queda claro en esta narración que sólo una coparticipación de la sociedad organizada con las autoridades pudo detener el imperio criminal que por muchos años se gestó en Michoacán. La narración que aquí ofrecí pone de relieve la complejidad del con icto entre las organizaciones criminales y el Estado, además de las reacciones estratégicas entre ambos actores, mucho más allá de las tendencias generales del homicidio en el país. Es por ello que considero necesario que deben hacerse historias regionales sobre la violencia en México y descubrir las dinámicas particulares del con icto armado, así como examinar la efectividad de las políticas y acciones gubernamentales. Marcos Muédano, y Francisco Nieto, “Procuraduría General de la Repeblica: en 13 municipios de Guerrero crimen elegía a mandos”, en l ni ersal, 21 de enero de 2015. 147 CNN éxico, “A un año de su llegada, Alfredo Castillo deja la Comisión para Michoacán”, 22 de enero de 2015. Puede consultarse en: http: mexico.cnn.com nacional 2015 01 22 el-comisionado-alfredo-castillo-deja-michoacan . 17 de septiembre de 2015 . 148 Ignacio Alzaga, “Policía Federal captura a La Tuta”, en ilenio, 27 de febrero de 2015. 146 205 La permanente crisis de Guerrero Camilo Pantoja1 I Guerrero ha sido un estado históricamente violento;2 sin embargo, durante la década de los noventa y hasta el año 2004 las cifras de homicidios en la entidad presentaron una clara tendencia a la baja.3 Ahora bien, tomando en cuenta que en los años noventa ya operaban algunas organizaciones criminales en la región, es necesario preguntarse por qué la violencia sólo empezó a aumentar de manera dramática a partir de la segunda mitad de la década del 2000. En este texto analizo la crisis de la seguridad en Guerrero en el periodo 2005-2015. Se parte del supuesto de que el incremento de la violencia estuvo relacionado con la fragmentación del mundo criminal, la cual fue un efecto, entre otros, de la estrategia de descabezamiento que utilizó el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) para combatir al crimen organizado en el país. El texto está organizado en tres partes. En la primera se describe el contexto de la crisis de inseguridad que experimenta Guerrero desde hace varios años. El objetivo es mostrar cómo la violencia criminal alimenta otras problemáticas que, como la violación a los derechos humanos, se ha agudizado en tiempos recientes. En la segunda parte desarrollo un análisis de la violencia criminal en el estado durante el lapso 2005-2015. Esta aproximación está divida en cuatro periodos, correspondientes cada uno a las distintas fases que atravesó la violencia del narcotráico en la entidad. En el tercer apartado se mencionan las conclusiones, en donde claramente se señala que la crisis de seguridad en Guerrero no tiene solución en el corto plazo. El primer periodo, entre 2005 y 2007, se caracteriza por la llegada de Los Zetas y luego de La Familia Michoacana al estado, grupos que vinieron a desaiar el cuasi monopolio que el cártel de Sinaloa ejercía en Guerrero. La segunda etapa, correspondiente a los años 2008 y 2009, se centra en los efectos que tuvo sobre la entidad la guerra que en el 2008 se desató entre el cártel de Sinaloa y sus hasta entonces aliados, los hermanos Beltrán Leyva. La tercera, correspondiente a los años 2010-2012, da cuenta de las consecuencias que sobre la violencia en la región tuvo la fragmentación de la organización de los Beltrán Leyva, situación que afectó particularmente a Acapulco. Por último, el periodo 2013-2015 está marcado por los enfrentamientos entre las organizaciones que, surgidas como escisiones de otros grupos criminales, lograron establecer su presencia en ciertas zonas del estado. L G , 2005-2015 Durante toda la década de los noventa y hasta el año 2005, la cifra de homicidios en Guerrero presentó una clara tendencia a la baja que sólo empezó a revertirse hasta 2006 (Gráica 1). De1 2 3 El Colegio de México, A. C. Históricamente, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en Guerrero ha sido muy superior al promedio nacional: en 1960, por ejemplo, mientras que la tasa de homicidios en el país era de 32, en Guerrero fue de 63.2. En 1970, la tasa en el país fue de 17.5, mientras que en Guerrero fue de 40.1. En 1980 fueron de 50.6 y 18.3, respectivamente (Secretaría de Salud, 1993 y 2010). En periodos más recientes, Guerrero tuvo las tasas de homicidio más altas de la nación: en 1990-1992, con 41.82; y en 1998-2000, con 32.05. Véase F. Escalante, El homicidio en México entre 1990 y 2007, El Colegio de México, Ciudad de México, 2009, p. 37. Esto se observa más claramente en la Tabla 1; sin embargo, basta señalar que de acuerdo con el Instituto Nacional de de Estadística y Geografía ( ), la cifra de homicidios en Guerrero se redujo tres veces entre los años 1992 y 2005. En efecto, mientras que en 1992 el reportó 1,589 homicidios en la entidad, dicho número disminuyó en el año 2004 a 591 casos. 207 Camilo Pantoja trás del aumento inicial de la violencia estuvo la ofensiva que el cártel del Golfo lanzó sobre el estado en mayo de 2005. Para entonces, el cártel de Sinaloa controlaba las actividades de tráico de drogas en la entidad y el con icto por este territorio fue una más de las batallas de la guerra que libraban con el Cártel del Golfo en todo el país. La situación se agravó aún más a partir de inales de 2006, cuando La Familia Michoacana comenzó a incursionar en Tierra Caliente. Desde entonces inició en la región una escalada violenta que no ha logrado controlarse a pesar de los múltiples operativos que han desplegado las autoridades federales y estatales. H Gráica 1 G i i i ,1 1-2015 3000 2500 208 2000 1500 1000 500 INEGI 2015 2014 2013 2011 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 SESNSP F : elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El incremento de la violencia en Guerrero ha evolucionado a la par de la multiplicación de las organizaciones criminales que actúan en el estado. Si a principios de la década del 2000 el mundo del narcotráico en la región era controlado por una sola corporación delictiva el cártel de Sinaloa, para 2015 ya eran por lo menos diez los grupos del crimen organizado que operaban en 65 de los 81 municipios de la entidad,4 Ahora bien, si tomamos en cuenta que estas organizaciones cuentan para sus actividades con células criminales locales más pequeñas, el resultado es que en Guerrero trabajan actualmente alrededor de 25 de este tipo de agrupaciones, lo cual lo convierte en el segundo estado de la república con mayor densidad criminal.5 El principal interés de los grupos delincuenciales por operar en Guerrero está relacionado con la posición que dicho estado ocupa en el circuito del mercado ilegal de drogas en México. En efecto, de acuerdo con estimaciones oiciales basadas en el nemero de hectáreas destruidas, la entidad llegó a producir el 54 por ciento de la amapola mexicana en 2011. El 78.6 por ciento de esa producción se concentró en el denominado Pentágono de la Amapola, una región que llegó a producir el 42 por ciento de toda la amapola mexicana.6 Sin embargo, en los últimos años Guerrero ha reducido su participación en este mercado, a tal grado que para el 2015 se estimó que únicamente aportó el 36 por ciento de los opiáceos producidos en el país.7 4 5 6 7 Víctor Manuel Sánchez Valdés, “La lucha por el mercado de la droga en Guerrero”, Nexos, 12 de marzo de 2015, en: <http://redaccion.nexos.com.mx/?p=6843>. Véanse, Eduardo Guerrero, “El estallido de Iguala”, Nexos, 1° de noviembre de 2014, en <http://www.nexos.com. mx/?p=23086>; y del mismo autor, “La inseguridad 2013-2015”, Nexos, 1° de enero de 2016, en: <http://www.nexos. com.mx/?p=27269>. Temoris Grec o y David Espino, “Guerra por el oro rojot agela a Guerrero”, en El Universal, 3 de febrero de 2015. Rosalba Ramírez García, “Aumenta 26 por ciento la destrucción de sembradíos de amapola en Guerrero en los últimos quince años”, El Sur de Acapulco, 11 de abril de 2016, en: <http://suracapulco.mx/2/aumenta-26-por-ciento-ladestruccion-de-sembradios-de-amapola-en-guerrero-en-los-ultimos-15-anos/>. La permanente crisis de Guerrero Lo anterior podría ayudar a explicar una parte del progresivo aumento de la violencia y de la inseguridad en Guerrero. Primero, porque un mayor número de organizaciones deben disputarse un mercado ilegal que, aunque sigue siendo lucrativo, ahora es más competido. Segundo, la violencia y la inseguridad también pueden incrementarse porque los grupos criminales más pequeños carecen de la capacidad necesaria para controlar todo el proceso de las grandes operaciones del tráico de drogas. De allí que para suplir los ingresos que antes recibían por el narcotráico incurran en comportamientos propios de la maia, tales como la oferta de protección a los mundos legal e ilegal, así como en la comisión de delitos predatorios que, como el secuestro, requieren un uso más intensivo de acciones violentas. Un problema adicional consiste en que, en Guerrero, además del crimen organizado existen otros actores que, como los grupos de autodefensa, las guerrillas, los sindicatos o los movimientos estudiantiles y sociales, también tienen capacidad para generar situaciones violentas e inestabilidad.8 Lo anterior, antes que sembrar un manto de duda sobre las legítimas demandas de las mencionadas organizaciones sociales, estudiantiles y magisteriales, busca crear conciencia de que la crisis de la seguridad en el territorio guerrerense no se da en un vacío político, sino que surge en el contexto de una aguda crisis social y política cuyas manifestaciones públicas en no pocas ocasiones terminan en episodios violentos, todo lo cual pone en evidencia la escasa capacidad del gobierno estatal para ejercer su autoridad y para cumplir con las funciones básicas que la sociedad le demanda. Para tener una idea de las dimensiones de la crisis social del estado basta mencionar que de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Guerrero ocupó en 2014 el tercer lugar nacional en proporción de la población en condición de pobreza, con un 65.2 por ciento. Además, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, es el segundo estado con los niveles más altos de analfabetismo (13.6 por ciento) y el tercero en el rubro de menos años de escolaridad de los habitantes (7.7 años). Por último, habría que mencionar que según la organización no gubernamental “México ¿cómo vamos?”, el 76.7 por ciento de la población económicamente activa ( ) de Guerrero se encuentra en condiciones de informalidad. No existe una relación directa entre pobreza y violencia, pero sí resulta necesario tenerlas en cuenta ya que la crisis de seguridad se alimenta de una profunda crisis política y social que ni las autoridades federales ni las estatales se han mostrado capaces de controlar. La impunidad y la percepción de inseguridad son dos claros indicadores de la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la crisis de la inseguridad en el estado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), mientras que en México la cifra negra ha oscilado entre el 92 y el 94 por ciento entre los años 2011 y 2015; en Guerrero la misma ha rondado entre el 96 y 97 por ciento en el mismo periodo.9 Al respecto, un informe de la Open Society Foundation encontró que desde comienzos de 2005 y hasta abril de 2015, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero inició 7,965 averiguaciones previas por el delito de homicidio doloso, de las cuales sólo el 9.6 por ciento (764) terminaron en sentencias condenatorias.10 Por otra parte, la percepción de la inseguridad en Guerrero llegó a un máximo del 86.9 por ciento en la Envipe 2013, una cifra muy superior al promedio nacional, que se situó en el 72.3 por ciento. Algo muy similar se encuentra cuando se analizan las estadísticas sobre el mismo tema registradas por la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) del 2014. De acuerdo con esta información, mientras que en la República mexicana el promedio de jóvenes entre 12 y 29 años que se sentían inseguros en su entidad 8 9 10 Eduardo Guerrero, “El estallido de Iguala”, Nexos, 1° de noviembre de 2014. Puede consultarse en: <http://www. nexos.com.mx/?p=23086>. La cifra negra de la Envipe hace referencia a los delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa. En la Envipe 2015 sólo San Luis Potosí superó la cifra negra de Guerrero. Open Society Foundation, “Justicia fallida en el estado de Guerrero”, Nueva York, 2015, p. 8. 209 Camilo Pantoja 210 federativa llegaba al 50 por ciento, en Guerrero alcanzó el 81.5 por ciento en Acapulco, el 87.9 por ciento en Chilpancingo y el 82 por ciento en Zihuatanejo. La incapacidad de las autoridades de los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad en Guerrero se ha traducido en la proliferación de grupos de autodefensa y de policías comunitarias, todo lo cual ha complejizado aún más el escenario de la inseguridad en este estado. Si bien el origen de este tipo de agrupaciones en el territorio guerrerense se remonta a la constitución de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria ( - ) en 1995, en años recientes ha sido tal su crecimiento que para 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( ) registró la presencia de seis de estos grupos en 46 de los 81 municipios de la entidad.11 Ahora bien, más allá del número de organizaciones de este tipo, el desafío más grave para la seguridad en Guerrero lo representan la con ictiva relación que tienen algunas de estas asociaciones entre ellas mismas y la posibilidad real de que el crimen organizado iniltre o auspicie algunas de estas iniciativas para usarlas en beneicio propio.12 Antes de cerrar este apartado me parece importante mencionar otras cifras que dan cuenta de la grave crisis de seguridad en tierras guerrerenses. En primer lugar están las relacionadas con el desplazamiento interno por violencia. Las investigadoras Laura Rubio y Brenda Pérez encontraron que, entre los años 2011 y 2015, en México se registraron 154 episodios de desplazamientos masivos debido a la violencia, de los cuales Guerrero concentró la mayoría, con el 21.5 por ciento.13 Por otra parte, un informe de la CNDH señaló que, en el caso de esta entidad sureña, el 84 por ciento de las personas desplazadas adujeron que el motivo había sido la actividad criminal violenta.14 Un ejemplo de cómo la fragmentación de las organizaciones criminales fue causante del aumento de la violencia, propiciando con ello el desplazamiento de personas, lo constituyen los acontecimientos ocurridos en la comunidad de Santa María Sur. Ubicado en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente, este asentamiento terminó abandonado por todos sus habitantes luego de que el grupo criminal que operaba en sus territorios se fragmentó y en el marco de sus disputas las distintas células empezaron a presionar a sus habitantes para que colaboraran con ellas.15 Las otras estadísticas que evidencian la grave crisis que atraviesa Guerrero están relacionadas con la violencia política, la intimidación a periodistas y el número de desaparecidos. Aunque la relación del crimen organizado con la política es un tema complejo que va más allá del asesinato de funcionarios públicos o candidatos, lo cierto es que estos números dan una idea 11 12 13 14 15 CNDH,“Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en Guerrero”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ciudad de México, 2013, pp. 3 y 12-15. Puede consultarse en: <http://www.cndh.org.mx/ sites/all/doc/Informes/Especiales/2013_ _grupos_autodefensa.pdf>. Entre el 9 y el 14 de mayo de 2015, la cabecera municipal de Chilapa estuvo sitiada por un grupo de 300 personas que decían ser policías comunitarios. Algunas versiones apuntan a que detrás de este episodio, que dejó diez personas desaparecidas, estuvo el grupo criminal “Los Ardillos”, el cual habría presionado a varias comunidades rurales de Chilapa para que entraran al pueblo exigiendo la captura de “El Chaparro”, líder de “Los Rojos” en la región. Véanse, Eduardo Yener, “Buscan comunitarios a Rojos y Ardillos en Chilapa”, Quadratín, 3 de febrero de 2016, en: <https:// guerrero.quadratin.com.mx/Buscan-comunitarios-a-Rojos-y-Ardillos-en-Chilapa/>; y Eduardo Guerrero, “La inseguridad en Guerrero, 2013-2015”, Nexos, 1° de enero de 2016. Véase: <http://www.nexos.com.mx/?p=27269>. También la autodefensa que surgió en junio del 2013 en Tecpan de Galeana, liderada por Leopoldo Soberanis, fue acusada de haber sido promovida por “Los Granados”. Puede consultarse, Ezequiel Flores, “Guerrero también va para allá…”, Proceso 1955, 20 de abril de 2014. Algo similar ocurrió con otro grupo de autodefensa que apareció en febrero del 2014, en Teloloapan, liderado por Pedro Pablo Urióstegui y del cual se dijo que era auspiciado por la agrupación criminal Guerreros Unidos: véase Ezequiel Flores, “Exedil prófugo encabeza nuevo grupo de autodefensa en Guerrero”, Proceso, 10 de febrero de 2014, en: <http://www.proceso.com.mx/365340/exedil-profugo-encabezanuevo-grupo-de-autodefensa-en-guerrero>. Laura Rubio Díaz y Brenda Pérez Vásquez, “Desplazados por violencia: la tragedia invisible”, Nexos, 1° de enero de 2016. Puede consultarse en: <http://www.nexos.com.mx/?p=27278>. CNDH, “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno ( ) en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mayo de 2016. Óscar Balderas, “Así es el hotel donde cabe todo un pueblo desplazado por el narco”, Vice, 15 de marzo de 2015; puede consultarse en: <https://news.vice.com/es/article/asi-es-el-hotel-donde-cabe-todo-un-pueblo-desplazado-porel-narco>. La permanente crisis de Guerrero del poder intimidatorio de las organizaciones criminales. Es por ello que resulta tan preocupante que el último proceso electoral en la entidad, que concluyó en junio del 2015, haya terminado con tres políticos asesinados, incluyendo al candidato a la Presidencia Municipal de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz ( ), y la candidata a la Presidencia Municipal de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González ( ).16 En el caso de los periodistas la situación es todavía más compleja. Además de la presión de los criminales, los informadores en el estado de Guerrero han sido objeto de agresiones e intimidaciones por parte de políticos, de miembros de las fuerzas policiales y militares, y hasta de militantes de organizaciones sociales como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero ( ). Al respecto, un informe de la “Artículo 19” registró que los actos violentos contra comunicadores en la entidad se duplicaron entre 2014 y 2015, pasando de 28 en el primer año a 56 en el segundo.17 Por otro lado, un informe de la organización Freedom House reportó doce reporteros asesinados entre 2002 y 2014. De acuerdo con la , el 90 por ciento de los 109 casos de periodistas desaparecidos en México en el periodo 2000 a 2016 permanecen en la impunidad, y el 11 por ciento acontecieron en Guerrero.18 Por último, habría que mencionar el drama de los desaparecidos en el estado, una situación que aunque venía agravándose desde hacía ya bastante tiempo, sólo vino a ocupar las primeras planas de los periódicos tras la tragedia de Iguala, con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La , por ejemplo, documento en Guerrero noventa casos de desaparición forzada entre 1990 y 2014; sin embargo, sólo 44 fueron investigados por la Procuraduría General de la República ( ) y en ninguno de ellos las autoridades han presentado cargos contra persona alguna por la comisión de estos delitos.19 Por otra parte, en un informe del año 2015 se reporta que, de acuerdo con la información de la base de datos del profesor Chris Kyle, entre enero del 2012 y agosto del 2015 han sido exhumados 605 cadáveres de fosas comunes en Guerrero. En ese mismo informe se indica que la Red Guerrerense de Derechos Humanos ha reportado 400 desapariciones en el estado, pero que sólo 297 fueran reconocidas oicialmente.20 La crisis de la inseguridad en Guerrero es evidente y las autoridades de los distintos niveles de gobierno no han conseguido controlarla a pesar de los múltiples operativos que desde 2007 vienen implementando de manera recurrente. En la siguiente sección analizaré el comportamiento de la actividad criminal en el periodo 2005-2015. El propósito es entender mejor la dinámica de la violencia dado que así sería posible proponer políticas de seguridad más eicaces que consigan superar dicha crisis. E G , 2005-2015 Como se mencionó más arriba, el incremento de la violencia en Guerrero coincidió con el mayor número de organizaciones criminales que fueron apareciendo en el estado, principalmente con el arribo del cártel del Golfo. En efecto, hasta 2004 sólo operaba una gran organización criminal: el cártel de Sinaloa, a cargo en la entidad de los hermanos Beltrán Leyva, quienes llegaron 16 17 18 19 20 David Vicenteño, “Proceso electoral deja 21 políticos asesinados”, Excélsior, 6 de junio de 2016, en: <http://www. excelsior.com.mx/nacional/2015/06/04/1027625>. Manuel Ureste, “El 2015 fue el año más violento contra la prensa en México: una agresión cada 22 horas”, Animal Político, 17 de marzo de 2016, en: <http://www.animalpolitico.com/2016/03/en-2015-el-ano-mas-peligroso-paralas-mujeres-periodistas-en-mexico-dice-articulo-19/>. Proceso, “ hace llamado enérgico´ para garantizar la seguridad de los periodistas”, Proceso, 11 de febrero de 2016, en: <http://www.proceso.com.mx/429747/cndh-hace-llamado-energico-al-gobierno-a-garantizar-la-seguridadde-los-periodistas>. Open Society Foundation, Justicia fallida en el estado de Guerrero, Nueva York, 2015, p. 8. Crisis Group, “Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México”, en Informe sobre América Latina, núm. 55, 23 de octubre de 2015. 211 Camilo Pantoja a la región desde la década de los noventa, cuando empezaron a crear una red criminal a partir de alianzas con personajes y células delictivas locales. L 212 S G á G , 2005-2007 La fragmentación del crimen organizado en Guerrero inició en 2005, con la ofensiva lanzada por el cártel del Golfo para apoderarse de la entidad. Esta batalla estuvo a cargo de quienes en ese momento eran el brazo armado del cártel, Los Zetas, y fue parte de la guerra que desde principios de la década del 2000 enfrentaba a los cárteles del Golfo y de Sinaloa por el control de Nuevo Laredo. Para hacerle frente al embate encabezado por Los Zetas, el cártel de Sinaloa conformó un grupo armado que, comandando por los hermanos Mario, Alberto y Salomón Pineda Villa, tomó el nombre de “Los Pelones”.21 El enfrentamiento entre Los Zetas y Los Pelones afectó particularmente a las regiones de Costa Grande y Acapulco. En ambas, la magnitud de la violencia generada por el crimen organizado comenzaría a mostrar los macabros contornos que llegaría a adquirir la guerra del narcotráico en Guerrero. No obstante, un análisis de las estadísticas de homicidios muestra que, en comparación con lo que sucedería después, el aumento de la violencia en este periodo fue moderado. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre los años de 2005 y 2015 se registró un total de 14,547 homicidios dolosos en Guerrero. De éstos, el 15 por ciento (2,392) ocurrieron de 2005 a 2007. Ahora bien, si analizamos los números de la base de datos “Violencia criminal en Guerrero” (VCG) que sólo incluye acontecimientos violentos relacionados con el crimen organizado hubo un total de 5,108 ejecuciones con este origen en el periodo 2005-2012. De ellos, el nueve por ciento (474) ocurrieron en el periodo 2005-2007. Sin embargo, más allá de las cifras, fue la contundencia de los actos violentos perpetrados por las bandas delincuenciales organizadas lo que alertó sobre la gravedad de la situación que estaba empezando a vivir el estado. Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar tres episodios violentos de esta guerra entre el cártel del Golfo y el de Sinaloa. El primero ocurrió en mayo de 2005, en Zihuatanejo, lugar al que arribó un grupo de Los Zetas con la misión de realizar un ataque en contra del cártel de Sinaloa. Estos últimos lograron neutralizar la embestida y luego de levantar a varios de los sicarios enviados por Los Zetas publicaron, en diciembre de 2005, un narcovideo que culminaba con la ejecución de uno de los secuestrados. El segundo episodio fue un enfrentamiento que tuvo lugar en enero de 2006 en las calles de Acapulco, en el cual presuntamente participaron sicarios de Los Zetas apoyados por elementos de la policía municipal, y en el que murió un importante lugarteniente del cártel de Sinaloa en Guerrero. La respuesta se produjo tres meses después, cuando aparecieron las cabezas de dos agentes municipales que habían participado. Por último, habría que mencionar el asesinato de siete personas a manos de Los Zetas en un ataque simultáneo a dos sedes policiales en Acapulco. Los criminales no sólo grabaron esta acción sino que dejaron un narcomensaje en el que desaiaban a las autoridades federales que desde el mes de febrero habían llegado al estado como parte del Operativo Conjunto Guerrero. En este periodo la violencia estuvo concentrada en la región de Costa Grande, donde se registraron el 18 por ciento (382) de los homicidios, y en Acapulco, donde se documentó el 27 por ciento (581); es decir, que en estas dos regiones se concentraron el 45 por ciento (963) de las ejecuciones. Ahora bien, si revisamos la información de la base de datos , la concentración geográica de la violencia es mucho más marcada, ya que el 75 por ciento de los asesinatos (353) incluidos para este periodo se concentraron en tres regiones: Costa Grande, donde ocurrieron el 21 Juan Veledíaz, “Guerrero: la atomización de los cárteles”, consultado en la página electrónica del Estado Mayor Presidencial, 15 de diciembre de 2014, <http://www.estadomayor.mx/49940>. La permanente crisis de Guerrero 30 por ciento (142); Tierra Caliente, donde sucedió el 24 por ciento (112); y Acapulco, donde tuvo lugar el 21 por ciento (99) de las muertes violentas provenientes del crimen organizado. Al respecto vale la pena tener en cuenta que el incremento de la violencia en la región de Tierra Caliente inició en el año 2006, luego del surgimiento de La Familia Michoacana, organización que buscó expandirse en algunas regiones de Guerrero colindantes con Michoacán. L á S , 2008-2009 La crisis de seguridad en Guerrero se agravó con la ruptura interna que dividió al cártel de Sinaloa en dos bandos. Uno de ellos era el liderado por los hermanos Beltrán Leyva y el otro por Joaquín Guzmán Loera, quien contó con el apoyo de los líderes más importantes de esa organización criminal. Esta confrontación obligó a los operadores locales del cártel a tomar partido. Los hermanos Beltrán Leyva, que llevaban varios años de dominio territorial en Guerrero, retuvieron la mayor parte de esta estructura armada.22 De esta manera, a la presencia de Los Zetas y de La Familia Michoacana en Guerrero, se añadía ahora la fragmentación del cártel de Sinaloa, todo lo cual se iba a traducir en una aguda elevación de la violencia, sobre todo en ciertas regiones del estado. De acuerdo con los datos del , en los años 2008 y 2009 ocurrieron el 15 por ciento (2,382) de todos los homicidios registrados en Guerrero en el periodo 2005-2015. Es decir, en el lapso de dos años se registró casi la misma cantidad de ejecuciones que en los tres años del inicio de la etapa: 2005-2007. Un claro ejemplo de este aumento de la violencia fue que mientras en el año 2008 el documentó 951 asesinatos en el estado, esta cifra se elevó a 1,431 en 2009, esto es, de un año a otro los casos aumentaron en poco más del 50 por ciento. Por otra parte, de acuerdo con la información de la base , en el bienio 2008-2009 tuvo lugar el 19 por ciento (974) de todas las muertes violentas relacionadas con el crimen organizado en la entidad ocurridas en el ciclo 2005-2015. Lo cual signiica que, siguiendo la información de la base VGC, los homicidios registrados en el estado en 2008-2009 aumentaron en poco más del 100 por ciento respecto del lapso 2005-2007. La violencia criminal experimentó, en el transcurso de ese par de años, una intensiicación más que una transformación respecto del periodo previo. Lo anterior está relacionado con el incremento de casos en los cuales las víctimas aparecían desmembradas, torturadas, decapitadas, incineradas o con narcomensajes. Al respecto habría que mencionar que, de acuerdo con la información de , entre los lapsos 2005-2007 y 2008-2009 la aparición de cuerpos decapitados o de cabezas aumentó un 119 por ciento; la de cadáveres desmembrados se elevó un 1,300 por ciento; y el hallazgo de restos humanos incinerados subió un 127 por ciento. Por otra parte, los narcomensajes encontrados en las víctimas o en lugares públicos incrementaron su número en un 289 por ciento de un periodo a otro.23 Ahora bien, resulta importante aclarar que la violencia criminal en Guerrero en el periodo estudiado estuvo concentrada en ciertas regiones y municipios. Un ejemplo de lo anterior es que, de acuerdo con información de la base de datos VGC, en los años 2008 y 2009 surgieron reportes de hechos violentos atribuidos al crimen organizado en 55 de los 81 ayuntamientos del estado; sin embargo, en sólo cinco de ellos se concentró el 49 por ciento (376) de los mismos: Acapulco (15 %), Pungarabato (10%), Petatlán (9%), Zihuatanejo (7%) y Chilpancingo (7%). Otra manera de analizar esta concentración de la violencia es observar su comportamiento regional. En efecto, según las cifras de las regiones de Tierra Caliente y Costa Grande, que en conjunto representaban el 19 por ciento de la población estatal en el año 2010, centralizaron 22 23 Juan Veledíaz, íbidem. Los decapitados y la aparición de cabezas pasaron de 21 en el lapso 2005-2007, a 46 en el de 2008-2009. Los desmembrados crecieron de dos en el 2005-2007, a 28 en el de 2008-2009. Los cadáveres incinerados saltaron de once en el primer caso a 25 en el segundo, y los narcomensajes de 18 a setenta, respectivamente. 213 Camilo Pantoja 214 el 59 por ciento (574) de las ejecuciones provenientes de las organizaciones criminales ocurridas en el transcurso de 2008 y 2009. En Tierra Caliente, donde también la violencia aumentó de manera desproporcionada en el periodo, la principal confrontación se dio entre Los Zetas y La Familia Michoacana. Los primeros, aunque fueron menos exitosos en su propósito de controlar zonas del territorio de Guerrero, lograron seguir teniendo presencia en el estado mediante una serie de alianzas informales con los grupos aines a los hermanos Beltrán Leyva activos en esta región.24 Por su parte, La Familia Michoacana siguió su proceso de expansión en los territorios de Tierra Caliente.25 Por último en Acapulco, donde la violencia estallaría de manera dramática en la siguiente etapa, los Beltrán Leyva aún mantenían un férreo control de las actividades criminales en el puerto y resistían con éxito los intentos que emprendían Los Zetas para disputarle la plaza. Así, mientras que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( ) Acapulco acumuló en este lapso de tiempo el 22 por ciento (637) de los homicidios en el estado, en la base de datos , que sólo incluye asesinatos relacionados con el crimen organizado, esta cifra alcanza el 14 por ciento (140). L A , 2010-2012 Arturo Beltrán Leyva fue abatido por la Marina el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca. El hecho desató una oleada de violencia que, aunque azotó a Guerrero en general, tuvo sus peores efectos en el puerto turístico de Acapulco. En efecto, las cifras del muestran como el número de homicidios en Acapulco pasó de 467 en 2010 a 1,114 en 2011, es decir, aumentaron un 138 por ciento en sólo un año. Para 2012 las ejecuciones en el puerto fueron 1,271, lo que supuso que la tasa de asesinados por cada cien mil habitantes llegara a 143, con lo cual retuvo el lugar alcanzado el año anterior como la ciudad más violenta del país.26 Esta situación llevó a que Acapulco ocupara en el 2011 el primer lugar como la ciudad más violenta del mundo.27 En los tres años que van de 2010 a 2012 ocurrieron la mayoría de asesinatos del periodo 2005-2015. En efecto, de acuerdo con el , en ese trienio se llevó el 36.4 por ciento (5,968) de los homicidios dolosos del decenio analizado. Por otro lado, las expresiones de violencia también se elevaron de manera dramática en esos mismos años. La base de datos VCG demuestra cómo, en comparación con el ciclo anterior, 2010-2012, la aparición de cabezas o cuerpos decapitados aumentó un 347 por ciento; los hallazgos de cadáveres desmembrados en un 389 por ciento; y la proliferación de cuerpos incinerados en un 286 por ciento, mientras que los narcomensajes se dispararon en un 267 por ciento.28 Esta situación fue también un resultado de la progresiva fragmentación de la organización criminal liderada por los hermanos Beltrán Leyva. En el caso de Acapulco, esta atomización inició cuando, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, su organización se dividió en dos facciones. La primera fue liderada por Héctor Beltrán Leyva, “El H”; Ismael Coronel, “El Judío”, y Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, quienes a su vez establecieron pactos con Los Zetas con el objetivo de retener el control del crimen organizado en Acapulco. La segunda facción la 24 25 26 27 28 Víctor M. Sánchez, “Radiografía de las organizaciones criminales que operan en Guerrero”, Animal Político, 19 de noviembre de 2014. Puede consultarse en: <http://www.animalpolitico.com/blogueros-causa-en-comun/2014/11/19/ radiograia-de-las-organizaciones-criminales-que-operan-en-guerrero . Víctor M. Sánchez, íbidem. Para tener una idea de la magnitud de esta crisis habría que tener en cuenta que en 2012 la tasa de homicidios en el país fue 21.5 por cada cien mil habitantes. Excélsior, “Acapulco desbanca a Juárez como… la ciudad más violenta del mundo”, 27 de octubre de 2011, en: <http://www.excelsior.com.mx/2011/10/27/nacional/777647>. En el periodo 2010-2012 se documentó la aparición de: 218 cadáveres decapitados y cabezas; 137 cuerpos desmembrados; 92 restos incinerados y16 desollados; y 345 narcomensajes. La permanente crisis de Guerrero dirigían Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie”, Carlos Montemayor, “El Charro”, y Gerardo Álvarez, “El Indio”.29 Más tarde, luego de la captura de Edgar Valdéz Villarreal, acaecida en agosto del 2010, la estructura bajo su mando se fracturó. Varios de sus lugartenientes desconocieron el liderazgo de Carlos Montemayor y adoptaron el nombre de Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). En un principio al CIDA se articularon Gerardo Álvarez, “El Indio”; Benjamín Flórez Reyes, “El Padrino”; Moisés Montero Álvarez, “El Coreano”; Antonio Barragán, “El Melón”; y Víctor Aguirre. El momento deinitivo de esta ruptura fue el secuestro y asesinato de veinte personas originarias de Michoacán en acontecimientos ocurridos en Acapulco en octubre del 2010.30 Las dos facciones rechazaron ser los autores de estos hechos y acusaron a su contraparte de haber confundido a estos turistas con gente enviada por La Familia Michoacana con el objetivo de tomar el control del puerto.31 Tiempo después de estos sucesos, la confrontación en la ciudad turística quedó básicamente restringida a una disputa entre el y “La Oicina” o “La Empresa”, nombres con los cuales empezó a identiicarse la organización liderada por Héctor Beltrán Leyva, que mantuvo su alianza con Los Zetas. Sin embargo, a inales del 2011 el sufrió una nueva ruptura interna, de la cual surgió una facción que sería conocida como “La Barredora”. Esta asociación, conducida por Christian Arturo Hernández Tarín, “El Chris”, y por Eder Jair Sosa, “El Cremas”, obtuvo el apoyo del cártel de Sinaloa y creó un brazo armado que fue bautizado como “El Comando del Diablo”. Ahora bien, Acapulco no fue la única zona afectada por la violencia. La región de Costa Grande, donde el reportó un total de 1,009 homicidios en el trienio 2010-2012, fue la segunda más violenta después del puerto. Aunque Rogaciano Alba Álvarez y Rubén “El Nene” Granados ya no actuaban en ese territorio,32 sus sucesores continuaron la confrontación entre las dos organizaciones. En el caso de “El Nene” fue su hermano, Salvador “La Chava” Granados, quien asumió el liderazgo de la agrupación que sería conocida como “Los Granados” En enero de 2014 diversos medios informaron que desde septiembre de 2013 los lugartenientes de Rogaciano Alba aen preso habían negociado un pacto con Los Granados. Este acuerdo, en el que también participó el Cártel Jalisco Nueva Generación ( ), fue oicializado mediante un narcocorrido en el que se anunciaba la creación de un grupo denominado “Fuerza Guerrerense”, el cual tenía el objetivo de expulsar a Los Caballeros Templarios del estado.33 Por otra parte, fue en este momento que las peores manifestaciones de violencia empezaron a hacerse sentir en las regiones Centro y Norte de Guerrero. En la región Centro los actos violentos estuvieron también directamente relacionados con la fragmentación de la organización de los hermanos Beltrán Leyva. En esta zona el lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva era Jesús Nava Romero, “El Rojo”, quien fue abatido en el mismo operativo de la Marina en diciembre de 2009 donde cayó su jefe. Luego de la muerte de Nava Romero, el liderazgo de su organización pasó a manos de su sobrino, José Ángel Nava Merino, “El R2”, quien optó en un principio por apoyar 29 30 31 32 33 Víctor M. Sánchez, “Radiografía de las organizaciones criminales que operan en Guerrero”, en Animal Político, 19 de noviembre de 2014. Véase: <http: .animalpolitico.com blogueros-causa-en-comun 2014 11 19 radiograiade-las-organizaciones-criminales-que-operan-en-guerrero/>. El Sur de Acapulco, “Conirma la Procuraduría que fueron levantados 20 michoacanos en Costa Azul”, 3 de octubre de 2010, en: <http://el-suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=89120>. Vanguardia, “Carlos Montemayor González: El Narcocharro”, 27 de noviembre de 2010, en: <http://www.vanguardia.com.mx/carlosmontemayorgonzalezelnarcocharro-598984.html>. Rubén “El Nene” Granados fue capturado en abril del 2009 en Tecpan de Galeana. Véase Laura Reyes, “Detienen a El Nene Granados en Tecpan; lo captura el Ejército”, La Jornada, 15 de abril de 2009, en: <http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/04/15/index.php?section=sociedad&article=006n1soc>; Rogaciano Alba Álvarez fue arrestado en Guadalajara, Jalisco, en febrero de 2010; Véase Gustavo Castillo, “Capturan a Rogaciano Alba, presunto autor intelectual del asesinato de Digna Ochoa”, La Jornada, 12 de febrero de 2010, en: <http://www.jornada.unam. mx/2010/02/12/politica/011n1pol>. Ezequiel Flores, “La lucha se extiende a Guerrero”, Proceso, 21 de enero de 2014, en: <http://www.proceso.com. mx/362936/la-lucha-se-extiende-a-guerrero-2>. 215 Camilo Pantoja 216 a la estructura criminal que quedó bajo la conducción de Edgar Valdéz Villarreal, “La Barbie”.34 Sin embargo, la captura de este último impulsó la autonomía del grupo criminal liderado por Nava Merino y que luego de su fallecimiento pasó a ser conocido como Los Rojos. Esta organización tuvo en un principio que luchar en contra de La Familia Michoacana en las regiones Centro y Norte del estado; y luego tuvo que hacer frente a la expansión de Guerreros Unidos.35 Los Guerreros Unidos hicieron su primera aparición pública en diciembre de 2011 con varios narcomensajes en los que se atribuían el asesinato de tres personas en Morelos.36 Sin embargo, el origen de esta organización puede rastrearse hasta los primeros años de la década del 2000, cuando los hermanos Beltrán Leyva conformaron en Guerrero el grupo de “Los Pelones”, una especie de ejército privado a su servicio que quedó bajo el mando de los hermanos Pineda Villa.37 En septiembre de 2009, pocos meses antes de su muerte, Arturo Beltrán Leyva inició una purga al interior de su organización y en ella cayeron, entre otros, los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa, conocidos como “El MP” y “El Borrado”. Ambos fueron asesinados, según lo anunciaban varios narcomensajes irmados por el capo, por “traidores y secuestradores”.38 Algunos de los hombres bajo el mando de los Pineda Villa y otros lugartenientes de los hermanos Beltrán Leyva en la región decidieron apoyar a “La Barbie” luego del asesinato de Arturo, y así quedó conformado el núcleo inicial de la organización que sería conocida como Guerreros Unidos. El nuevo grupo criminal se asentó en Iguala, municipio desde el cual inició un proceso expansivo que le permitió dominar la región Norte del estado y debido al cual terminó enfrentado con Los Rojos y La Familia Michoacana cuando intentó incursionar en otras zonas de Centro y de Tierra Caliente. Por último, habría que mencionar el surgimiento de la agrupación delictiva conocida como “Los Ardillos”. Esta organización fue otra escisión de la estructura de los hermanos Beltrán Leyva. Su centro de operaciones es el municipio de Quechultenango y desde allí empezaron a expandirse hacia otras zonas de las regiones Centro y La Montaña, lugares en donde entraron en disputa con Los Rojos. En un principio, esta banda estuvo liderada por Celso Ortega Rosas, “El Ardillo”, quien fue capturado en el 2008, y poco después asesinado a los pocos días de salir de la cárcel en 2011.39 Luego de la muerte de “El Ardillo”, el mando de su corporación pasó a manos de sus hijos, Celso y Antonio Ortega Jiménez, los cuales continuaron la confrontación con Los Rojos. Uno de los hechos más llamativos relacionados con el grupo es que Bernardo Ortega Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática ( ), otro de los hijos de “El Ardillo”, llegó a ser el presidente del Congreso del estado. L G , 2013-2015 Uno de los elementos más interesantes de este periodo consiste en que, aunque los homicidios habían empezado a descender en Guerrero en 2012 hubo 2,310 homicidios dolosos en 2013 fueron 2,087 y en 2014, 1,514 , en el 2015 repuntaron y alcanzaron la cifra de 2,016. Es decir, en un solo año, de 2014 a 2015, los asesinatos aumentaron un 33 por ciento. 34 35 36 37 38 39 Reforma, “Enfrenta merma organización criminal”, 19 de diciembre de 2012, p. 9. Véanse Chris Kyle, “Violence and Insecurity in Guerrero”, The Mexico Institute, Woodrow Wilson Center for Scholars Justice in Mexico, University of San Diego, ashington D. C., 2015 y Víctor M. Sánchez, “Ho to Reduce Violence in Guerrero”, Woodrow Wilson Center for Scholars. Washington D. C., 2015. InSight Crime, “Guerreros Unidos”, 19 de abril de 2015, en: <http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/guerreros-unidos>. Juan Veledíaz, “Guerrero: la ‘atomización’ de los clanes”, en Estado Mayor, 15 de diciembre de 2014. Para consultar: <http://www.estadomayor.mx/49940>. Reforma, “Llega a su in el clan Pineda”, 20 de diciembre de 2009. Héctor de Mauleón, “¿Quiénes diablos son Los Ardillos?”, Milenio, 11 de noviembre de 2015. Puede consultarse en: <http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/hector-de-mauleon/nacion/politica/2015/11/16/quienesdiablos-son-los-ardillos>. La permanente crisis de Guerrero Los principales con ictos relacionados con el crimen organizado en este periodo en Guerrero se concentraron en las regiones Norte y Centro del estado, lugares donde tuvo sus peores manifestaciones el enfrentamiento entre Los Rojos y Guerreros Unidos. El ejemplo más notable de esa confrontación fue el ataque en contra de un grupo de estudiantes normalistas ocurrido en Iguala el 26 de septiembre del 2014. Este episodio, que dejó un saldo de seis personas muertas y 43 desaparecidas, fue investigado por un equipo internacional de expertos que ha dejado entrever no sólo las falencias que en materia de investigación criminal aquejan a las instituciones del país, sino también la complejidad del problema de los grupos criminales organizados en Guerrero. Al respecto baste mencionar que aún no ha sido totalmente esclarecida la intervención de diversos cuerpos de seguridad en estos hechos, siendo todavía más preocupante la probada participación de autoridades civiles. Un hecho relevante en este sentido es que luego de este episodio salieron a relucir los vínculos de doce alcaldes del estado con el crimen organizado,40 destacadamente los de José Luis Abarca ( ), presidente municipal de Iguala en la fecha del ataque a los normalistas y quien está casado con María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de Mario, Alberto y Salomón Pineda Villa.41 Otro de los grandes con ictos que ha generado el repunte de la violencia en años recientes en la entidad tiene lugar en los límites entre las regiones Centro y La Montaña. Esta disputa enfrenta a las estructuras de Los Rojos y Los Ardillos, organizaciones que han asolado en particular al municipio de Chilapa, donde a principios de mayo entró un grupo de trescientos supuestos policías comunitarios que sitiaron la cabecera municipal y exigían la captura de quien era el líder local de Los Rojos. De acuerdo con diversas versiones periodísticas, los supuestos comuneros habían sido movilizados por Los Ardillos con el objetivo de expulsar al grupo rival de la región.42 En el caso de la Costa Grande, la violencia había cedido debido en parte al pacto suscrito en septiembre de 2014 por Los Granados, la estructura de Rogaciano Alba Álvarez, y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, el asesinato de Víctor Manuel Camacho, regidor de Morena en Tecpan de Galeana, evidenció el rompimiento de esta tregua. Por último, la situación en Acapulco resulta particularmente preocupante. En el puerto los homicidios habían disminuido en 2013 y 2014; sin embargo, ya en 2015 aumentaron un 53 por ciento respecto del año anterior, al pasar de 590 a 902 (Gráica 2). De alguna forma, este reciente incremento de la violencia tiene que ver con que el perdió el control de las actividades criminales en la ciudad, el cual había obtenido gracias al debilitamiento de la organización de los hermanos Beltrán Leyva y a la desaparición de La Barredora.43 La captura de Víctor Aguirre, líder del , fue un factor que incentivó a sus enemigos a lanzar una ofensiva con el objetivo de desplazar a esta agrupación y así hacerse con el control de las actividades delictivas en el puerto. De esta manera, por un lado el y el cártel de Sinaloa están realizando nuevos intentos en la lucha por Acapulco, mientras que por el otro, distintas versiones indican que la esposa de Héctor Beltrán Leyva, Clara Elena Laborín Archuleta, está reorganizando su estructura criminal y reforzándose para ganar la plaza. 40 41 42 43 Pablo Becerra-Acosta, “12 alcaldes de Guerrero, bajo la lupa ‘antinarco’ ”, Milenio, 17 de noviembre de 2014. Puede verse en: <http://www.milenio.com/politica/12_alcaldes_de_Guerrero_bajo_lupa_antinarco-alcaldes_relacionados_ con_el_narco_0_410958901.html>. Salomón Pineda Villa, “El Salo” o “El Molón”, es considerado otro líder de Guerreros Unidos. El Salo fue arrestado en mayo del 2009, pero salió libre en 2013, año desde el que se presume volvió a integrarse a la actividad criminal. En octubre del 2014 la Procuraduría General de la República anunció la captura de Salomón Pineda Villa en Cuernavaca; sin embargo, el entonces gobernador de Morelos negó dicha información y el Ejército no se prosnunció al respecto. Héctor de Mauleón, “¿Quiénes diablos son Los Ardillos?”, Milenio, 11 de noviembre de 2015. Puede consultarse en: <http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/hector-de-mauleon/nacion/politica/2015/11/16/quienesdiablos-son-los-ardillos>. Chris Kyle, Violence and Insecurity in Guerrero, Mexican Institute, Woodrow Wilson Center for Scholars-Justice in Mexico, University of San Diego, 2015, pp. 22-23. 217 Camilo Pantoja H 1400 1200 Gráica 2 A i i i , 2011-2015 1,170 1,008 883 1000 800 902 590 600 400 218 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 F : Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. C La crisis de inseguridad en Guerrero no parece que vaya a resolverse en un futuro cercano. Aunque las cifras de la violencia venían mostrando una reducción desde 2013, el repunte de los homicidios a partir de 2015 invita a pensar que en el corto plazo los habitantes del estado seguirán padeciendo los peores efectos de una criminalidad violenta cuyas raíces, aunque difíciles de desentrañar, deben estudiarse y analizarse. Alan Knight 44 plantea que la violencia no puede tratarse como algo meramente irracional, sino como un mecanismo funcional al cual se recurre porque existe un sistema de incentivos que la alientan y permiten. En el caso de Guerrero es evidente que la mayor parte de las manifestaciones actuales del fenómeno están relacionadas con el crimen organizado. Es decir, se trata de una violencia que responde a la necesidad que tienen los grupos criminales de imponerse por medio de la fuerza dentro de un mercado ilegal que resulta muy lucrativo precisamente porque está fuera de la ley. La política prohibicionista no ha logrado resolver la problemática del narcotráico, y peor aún, ha generado oleadas de violencia en los países que, como México o Colombia, han ocupado un lugar importante como territorios clave para la producción y el tránsito de drogas ilegales. Es necesario insistir en cómo Guerrero resulta un claro ejemplo del fracaso de la política prohibicionista. En esta entidad, la presencia militar del Estado para combatir la producción de enervantes ha sido una constante desde inales de la década de los sesenta,45 y después de más de cincuenta años continúa siendo una zona de producción importante de amapola y de mariguana. El problema, además de su ineicacia, es que la mencionada política prohibicionista está teniendo otros efectos aún más preocupantes sobre la gobernabilidad política en los escenarios locales. Sobran los casos de autoridades estatales o municipales cooptadas o iniltradas que por miedo o por voluntad propia han terminado al servicio del crimen organizado. 44 45 Alan Knight, Guerra, violencia y homicidio en el México moderno, en Clivajes, núm. 1, enero-junio de 2014, p. 32. C. A, Flores, El Estado en crisis: crimen organizado y política, desafíos para la consolidación democrática, tesis de doctorado, , Ciudad de México: 2005. La permanente crisis de Guerrero En este análisis, el propósito fue elaborar un diagnóstico de la violencia criminal en Guerrero en el periodo 2005-2015. El objetivo era mostrar cómo más allá de la irracionalidad con la cual se puede caracterizar el uso de la violencia en el estado, también es posible entenderla dentro de un contexto más amplio en el cual juega un papel central la rentabilidad de las actividades ilegales. Como conclusión sólo queda insistir en la necesidad de plantear alternativas para afrontar los problemas relacionados con la violencia generada por el crimen organizado. Un punto de partida debería ser entender mejor las dinámicas locales que explican por qué los campesinos de las zonas más marginadas recurren al cultivo de drogas ilegales, cuando son precisamente ellos quienes reciben la menor parte de las ganancias, al tiempo que además son el eslabón más débil de la cadena. Esto indica que está presente un elemento de necesidad que trasciende cuestionamientos morales, y es partiendo de ello que deberíamos replantearnos hacia dónde deberían dirigirse los esfuerzos estatales en materia de combate al narcotráico. 219 Cártel Jalisco Nueva Generación: elementos a considerar sobre la reconfiguración de las organizaciones del tráfico de drogas en México Carlos Flores Pérez1 Este ensayo proporcionará algunos elementos descriptivos y de análisis en lo referente al surgimiento, los antecedentes y características esenciales de la organización delictiva que se ha autodeinido como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el contexto de las transformaciones en la dinámica organizacional y operativa del tráico de drogas, tras nueve años de iniciarse la confrontación que en contra de ellas emprendió el gobierno mexicano. El análisis del surgimiento de esta organización delictiva requiere partir de al menos cuatro factores concurrentes: a) la dinámica histórica de las organizaciones tradicionales dedicadas al tráico de drogas en la región occidental del país y en el estado de Jalisco, en particular b) las fracturas dentro de la organización criminal con más in uencia en la entidad, iniciadas en 2008 c) las alianzas y confrontaciones entre diversos grupos delictivos que se han desarrollado en el país desde la década anterior y hasta el presente y d) las transformaciones en la lógica criminal de algunas organizaciones, que ha derivado en el surgimiento de una delincuencia organizada paramilitar. A continuación se analizarán cada una de estas dimensiones. D á á J El estado de Jalisco ha sido por décadas una de las zonas de operación de diversas organizaciones dedicadas a la producción y trasiego de drogas psicoactivas ilegales. En el occidente del país, las redes delictivas con mayor trayectoria, predominio de mercado y expansión en dicho negocio fueron las de Sinaloa. Como resultado de la Operación Cóndor, realizada por el Ejército mexicano en la segunda mitad de la década de 1970 en Sinaloa, Durango y Chihuahua, varios de los traicantes oriundos de la primera de esas entidades se asentaron en Jalisco y dirigieron desde ahí la logística de sus actividades ilícitas.2 Las redes sinaloenses no han sido monolíticas. Estos grupos estuvieron encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo, su líder de mayor jerarquía, quien tenía entre sus operadores principales a Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. En 1985, el asesinato del agente de la Drug Enforcement Administration ( ), Enrique Camarena Salazar, marcó el inicio de la decadencia de esta organización, que derivó en las detenciones de Fonseca y Caro en ese mismo año y, inalmente, en abril de 1989, del propio Félix Gallardo.3 La reconiguración que entonces tuvo lugar implicó el ascenso de varias iguras que mantuvieron presencia muy importante en la entidad. Por ejemplo, tras el declive de Miguel Ángel Félix Gallardo se consolidó el liderazgo del también sinaloense Amado Carrillo Fuentes, quien contó en su momento con el apoyo de varios traicantes hasta entonces asociados al primero, como Héctor Luis “El Ghero” Palma Salazar Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ignacio 1 2 3 Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Carlos Antonio Flores Pérez, “Jalisco en la escena del tráico de drogas”, en Marcos Pablo Moloezni y Abelardo Rodríguez Sumano (coords.), Seguridad y justicia en Jalisco; escenarios y propuestas, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco-Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia-Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2016, p. 423. Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989, en Guadalajara, Jalisco. Véase El Norte, “Arrestan a zar del narcotráico ”, 10 de abril de 1989, versión en línea. 221 Carlos Flores Pérez “Nacho” Coronel Villarreal. Las redes criminales ligadas con estos tres personajes mantuvieron en Jalisco una presencia muy importante, que trascendió la muerte del propio Amado Carrillo en julio de 1997 y, de hecho, se incrementó tras la rearticulación de los grupos sinaloenses en torno a Joaquín Guzmán, tras su fuga del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001.4 La nueva alineación de grupos sinaloenses –de la que ya estaba excluido el heredero del antiguo cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado ha sido usualmente conocida como el cártel de Sinaloa, con Joaquín Guzmán Loera, Ismael “El Mayo” Zambada García, Juan José “El Azul” Esparragoza Moreno e Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal como principales iguras.5 Hasta 2008, la alianza incluía también a la organización de los hermanos Beltrán Leyva. Esta estructura criminal se mantuvo relativamente estable a lo largo de siete años. 222 F á J Hacia 2008, la alianza se fracturó tras la captura de Alfredo “El Mochomo” Beltrán Leyva, hermano de Arturo “El Barbas” Beltrán Leyva, uno de los principales operadores de la organización. Arturo Beltrán percibió la captura de su hermano como una traición de Joaquín Guzmán, a quien él había apoyado durante su estancia en prisión, en la logística inmediata a su fuga y, además, en su intento por hegemonizar diversas zonas estratégicas para la producción, trasiego y exportación de drogas, como Nuevo Laredo, Monterrey y Acapulco, entre otras. Esta ruptura tuvo efectos directos en el escenario del tráico de drogas en Jalisco, que comenzó a sufrir una escalada de violencia. A partir de 2008, los Beltrán Leyva iniciaron una confrontación en contra de los intereses de Joaquín Guzmán Loera en varios estados, incluyendo Jalisco, y en contra del principal operador de la organización en esa entidad, Ignacio “Nacho” Coronel.6 Ignacio Coronel, duranguense de nacimiento, era uno de los asociados antiguos del denominado cártel de Sinaloa y en los eltimos años, además de mantener activa su red de trasiego de cocaína provista por organizaciones colombianas, había montado una vasta infraestructura de laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas en Jalisco. La zona de operación era favorable por la cercanía con dos puertos estratégicos y con un historial considerable en la introducción de precursores químicos: Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán. La fractura en la organización intensiicó la violencia en las zonas donde Coronel tenía intereses y alianzas, como Durango, Jalisco y Michoacán.7 El 29 julio de 2010, Ignacio Coronel fue abatido a tiros por el Ejército mexicano, en un operativo para capturarlo, realizado en la zona metropolitana de Guadalajara.8 4 5 6 7 8 Gustavo Castillo y Cayetano Frías, “Se fugó El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande arraigan al director y 33 custodios”, La Jornada, 21 de enero de 2001, en: <http: .jornada.unam.mx 2001 01 21 fugo.html>. United States House of Representatives, estern Hemisphere Subcommittee, Committee on Foreign Affairs and the Oversight, Investigations, and Management y Committee on Homeland Security, Is Merida Antiquated?, parte 2: “Updating US Policy to Counter Threats of Insurgency and Narco-Terrorism Statement for the Record of Rodney G. Benson, Assistant Administrator Chief of Intelligence”, Drug Enforcement Administration, United House of Representatives, 4 de octubre de 2011, p. 4, en: <http: docplayer.net 14935400-Introduction-bac ground.html>. Reforma, “Pelean Jalisco a Nacho Coronel. Revela aprehendido que pretendían disputarle la plaza a capo de Sinaloa”, 4 de junio de 2008, versión en línea. Los Beltrán ordenaron el secuestro y asesinato de Alejandro Coronel, un menor de edad hijo de Ignacio Coronel y éste, en venganza, abdujo a Elena Laborín Archuleta, esposa de Héctor Beltrán Leyva, a quien decidió no asesinar. Véase Ricardo Ravelo, “Poderoso y en la sombra”, en Proceso, nem. 1759, 10 de julio de 2010, p. 8. El operativo tuvo lugar en la colonia Colinas de San Javier, una exclusiva zona residencial habitada por las élites política y empresarial locales, que comparten Guadalajara y el municipio metropolitano de Zapopan. Véase Alberto Osorio M., Gloria Reza y Felipe Cobián R., “La cacería”, en Proceso, nem. 1761, 1 de agosto de 2010, p. 6. Cártel Jalisco Nueva Generación A J En la zona limítrofe con Michoacán, diversos grupos criminales dedicados al tráico de drogas en esa entidad -especialmente los miembros de la familia Valencia, líderes de la organización conocida como cártel del Milenio- mantenían alianzas comerciales con los sinaloenses, especialmente con Ignacio Coronel.9 También recibían el refuerzo armado de las organizaciones sinaloenses en la lucha que los Valencia y grupos aines -denominados Anti-Zetas o MataZetas- sostenían en un primer momento contra la alianza Los Zetas-La Familia Michoacana y, luego de la ruptura entre estos grupos y la escisión del segundo, en contra de Los Caballeros Templarios.10 Varios de los hechos de violencia que se desarrollaron en Michoacán, en la zona colindante con Jalisco, tuvieron entre sus actores sustantivos a diversas iguras delictivas que posteriormente aparecerían como actores ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, segen se verá más adelante.11 La violencia en el occidente se sumaba a la presente en otras entidades de la Repeblica. La alianza de grupos sinaloenses intentaba hegemonizar el tráico de drogas en zonas donde operaban otras agrupaciones, entre ellas, la organización Carrillo Fuentes, en Ciudad Juárez, Chihuahua la organización Arellano Félix, en Tijuana, Baja California y la de Osiel Cárdenas Guillén y su grupo armado, Los Zetas, que posteriormente se hicieron autónomos, en varias entidades del noreste y sur del país. Al menos desde 2007, los narcos sinaloenses formaron un grupo armado que emplearon en su confrontación con las organizaciones rivales. En los mensajes de amedrentamiento que dejaban junto con los cadáveres de sus enemigos irmaban con la denominación “Gente Nueva”. Este grupo ejecutó acciones de violencia en diversas entidades, como Chihuahua (Ciudad Juárez), Guerrero, Durango y Sinaloa.12 De acuerdo con la información que expuso la Secretaría de la Defensa Nacional, su líder era un sinaloense vinculado con Joaquín Guzmán Loera, de nombre Noel “El Flaco” Salgueiro Nevarez, quien fue detenido por los militares en Culiacán, Sinaloa, en octubre de 2011.13 Sin embargo, también otras acciones de violencia extrema tuvieron lugar en áreas muy distantes bajo la irma de Gente Nueva. Por ejemplo, en Veracruz, un comando armado, al que se identiicó como parte de esta asociación, se enfrentó al Ejército en julio de 2009 14 esa organización criminal había incursionado en la entidad con el objetivo de confrontar a Los Zetas.15 Es probable que algunas de estas estructuras armadas vinculadas con el cártel de Sinaloa enfrentaran sus propios realineamientos a la luz de las escisiones y confrontaciones que se describieron más arriba. En marzo de 2012, una nota de prensa expuso declaraciones de Eric Valencia Salazar, a quien se identiicaba como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y se le atribuía el control del ingreso de cocaína y efedrina por el puerto de Manzanillo, Colima una de las zonas anteriormente controladas por el referido Ignacio Coronel. Segen la misma información, Valencia Salazar envió a un grupo de Mata-Zetas al estado de Veracruz, el cual ejecutó a 35 personas en Boca del Río.16 Eric “El 85” Valencia Salazar había sido detenido por el Ejército 9 10 11 12 13 14 15 16 Ricardo Ravelo, op. cit., p. 7. Reforma, “Se arma El Abuelo en Centroamérica”, 22 de febrero de 2014, versión en línea. Ibidem. Patricia Dávila, “Ciudad Juárez, batalla sin destino”, en Proceso, edición especial nem. 28, abril de 2010, p. 13. Radio Data System (RDS), “Cae el Flaco Salgueiro , lugarteniente del Chapo”, El Economista, 5 de octubre de 2011, en: <http: eleconomista.com.mx seguridad-publica 2011 10 05 cae- aco-salgueiro-lugarteniente-chapo>. Ricardo Ravelo, “Como en Vietnam, como en Ira ”, en Proceso, nem. 1707, 19 de julio de 2009, p. 9. Noroeste, “Aparece cadáver en Veracruz con mensajes para Zetas”, Noroeste. Portal de Sinaloa, 9 de abril de 2007, en: <http: .noroeste.com.mx publicaciones.php?id 260674>. Abel Barajas, “Vinculan a El 85 con la matanza de 35 presuntos Zetas en Veracruz”, El Sur. Periódico de Guerrero, 13 de marzo de 2012, en: http: suracapulco.mx archivoelsur archivos 9780 . 223 Carlos Flores Pérez 224 mexicano en marzo de 2012 en Zapopan, Jalisco. Su arresto dio lugar al bloqueo de calles y avenidas, y al incendio de 26 vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara. Valencia Salazar había sido uno de los colaboradores de Ignacio Coronel y, tras la muerte de éste, formó parte de una facción de los remanentes de su organización, confrontada con sus anteriores compañeros que bajo la denominación de La Resistencia disputaban al grupo de Valencia Salazar el control del tráico de drogas en Jalisco y Colima. El grupo de Valencia Salazar se autonombró Cártel Jalisco Nueva Generación.17 Junto con Valencia Salazar fue detenido uno de sus subalternos, José Luis Salazar Gutiérrez, quien según la nota de prensa había mantenido las operaciones de la organización en Michoacán, Morelos, Guerrero y Veracruz.18 Es de destacarse el antecedente de las relaciones de Eric Valencia Salazar con los grupos michoacanos que enfrentaron primero a la alianza Los Zetas-La Familia Michoacana y, posteriormente, a la derivación de la segunda de estas agrupaciones: Los Caballeros Templarios. De acuerdo con información publicada varios años antes por el semanario Proceso, Eric Valencia Salazar era parte del denominado cártel del Milenio, encabezado por el michoacano Armando Valencia Cornelio, que tenía dos operadores principales en ese estado: Salvador “El Chava Lentes” Revueltas Ureña y Luis Valencia Valencia. Entre los cabecillas de la organización se contaba también a Juan José “El Abuelo” Farías Álvarez.19 Este era uno de los líderes del grupo Anti-Zetas o Mata-Zetas. Encabezaba las operaciones de esa organización armada en los municipios de Tepalcatepec, Sahuayo, Aguililla y Jiquilpan, en Michoacán. Es hermano del exalcalde de la primera de estas localidades, Uriel Álvarez Farías, quien gobernó Tepalcatepec entre 2008 y 2011, tras haber sido postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).20 Juan José Farías Álvarez fue sentenciado a tres años de prisión por portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y por delitos contra la salud, tras ser detenido por autoridades federales en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán. Tras purgar su condena, “El Abuelo” Farías Álvarez reapareció vinculado a algunos grupos de autodefensas que surgieron en Michoacán hacia 2014. En medios de comunicación circuló incluso una fotografía en la que aparecía en una reunión de integrantes de las autodefensas con el entonces comisionado federal para atender el problema de la inseguridad en Michoacán, el exsubprocurador federal y exprocurador del Estado de México, Alfredo Castillo.21 Otra nota de prensa, que también publicó una foto de este funcionario con “El Abuelo” Farías Álvarez, señalaba además que éste había sido miembro del Décimo Quinto Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales, adscrito a la 43 Zona Militar en Apatzingán, Michoacán. Añadía que en 2007 había adquirido en Centroamérica un arsenal de doscientos ri es de asalto -47 para la organización criminal en la que participaba.22 A mediados de la primera década del siglo, otros operadores de la organización eran integrantes de la familia González Valencia que participaban en el trasiego de cocaína desde Colombia y tenían actividades delictivas en Chiapas, Tabasco y Veracruz, además de Michoacán. 17 18 19 20 21 22 CNN México, “La Sedena presenta al presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”, Expansión, 12 de marzo de 2012, en: <http: expansion.mx nacional 2012 03 12 la-sedena-presenta-al-presunto-lider-del-cartel-jalisco-nuevageneracion>. Ibidem. Proceso, “Los Valencia y su conglomerado criminal”, Proceso, nem. 1623, 9 de diciembre de 2007, en: <http://www. proceso.com.mx 90375 los-valencia-y-su-conglomerado-criminal>. Milenio, “¿Quién es El Abuelo del cártel de Los Valencia?”, 10 de febrero de 2014, en: <http://www.milenio.com/ policia Juan-Jose-Farias-Abuelo-Valencia-cartel-templario-autodefensa 0 24297 6051.html>. La foto aparece en ibid. Véase también: Proceso, “Comisionado de Michoacán pacta estrategias de seguridad con líder del cártel de Los Valencia”, Proceso, núm. 1945, 8 de febrero de 2014, en: <https://hemeroteca.proceso.com. mx ?p 364359>. Editora AR, “Se arma El Abuelo en Centroamérica”, La opción de Chihuahua, 24 de febrero de 2014, en: <http:// laopcion.com.mx noticia 28649>. Cártel Jalisco Nueva Generación Entre ellos destacaba Abigail “El Cuini” González Valencia, cuñado de Nemesio “El Mencho” Oceguera, quien estaba casado con su hermana, Rosa González Valencia. En abril de 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oicina para el Control de Recursos Extranjeros (Ofice of Foreign Assets Control, ), estableció que los cuñados Nemesio Oceguera Cervantes y Abigail González Valencia encabezaban una red criminal que integraba al Cártel de Jalisco Nueva Generación-Los Cuinis. Sus operaciones se extendían a Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí y Veracruz. González Valencia, detenido por las autoridades mexicanas en febrero de 2015, enfrenta una acusación penal radicada en el Distrito de Columbia de la Corte Federal de Estados Unidos, por encabezar una empresa criminal continuada, es decir, el equivalente al delito de delincuencia organizada.23 Información de prensa referente a expedientes judiciales de la Procuraduría General de la Repeblica (PGR) vinculó también al ya mencionado Juan José Farías Álvarez con Nemesio Oceguera.24 225 E Según la , el Cártel Jalisco Nueva Generación es una derivación del cártel de Sinaloa.25 Para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo es del cártel del Milenio.26 En función de lo expuesto en páginas anteriores, ambas versiones son correctas, pues las redes criminales que integran el tráico de drogas en México y en otros países a menudo operan con una lógica de asociación entre grupos, además de los cambios en sus alianzas que experimentan a lo largo del tiempo, de manera que su identiicación como parte de una estructura claramente deinida y permanente no arroja siempre la visión más nítida de ellas. Por eso, más que atender a la reproducción usual de organigramas delictivos de la estructura armada y operativa –que por otra parte no suele ser peblica , en esta sección se retoma como elemento objetivo, para determinar la pertenencia a la organización delictiva y evidenciar la red de asociados que participan con ella, aspectos más sutiles de su operación criminal: la integración de los recursos de procedencia ilícita a la economía formal. Investigaciones de la Procuraduría General de la Repeblica relacionan desde 2007 al ya referido Eric Valencia Salazar con el empresario de origen chino Zhenli e Gon, a quien en ese mismo año las autoridades mexicanas le incautaron 205.6 millones de dólares en efectivo en una casa en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, y a quien se identiicaba como proveedor de precursores químicos para la producción de metanfetaminas.27 Zhenli e Gon proveía tales sustancias tanto a la organización de Ignacio Coronel Villarreal como a la de los Valencia, su asociada en Michoacán. La misma investigación estableció que el empresario suministraba también precursores químicos a Salvador Revueltas Ureña, “El Chava Lentes”, y se le relacionó igualmente con Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”.28 Estos vínculos fueron de nuevo seña23 24 25 26 27 28 U.S. Department of the Treasury y Ofice of Foreign Assets Control, cjng os Cuinis rug rafic ing rganizations, abril de 2015, en: <https: .treasury.gov resource-center sanctions Programs Documents 04082015 cjng los cuinis chart.pdf>. Abel Barajas, “Un Abuelo con historial”, Reforma, 8 de febrero de 2014, en: <http://www.reforma. com/nacional/ articulo 730 1458947 ?grcidorigen 1>. DEA Strategic Intelligence Section, dea ntelligence eport exico pdated ssessment of the ajor rug raficing rgani ations reas of ominant Control, Drug Enforcement Administration, julio de 2015, en: <https://www. dea.gov docs dir06415.pdf>. U.S. Department of Treasury, reasur anctions o ajor exican rug rgani ations and o of their eaders, U.S. Department of Treasury Press Center, 8 de abril de 2015, en: <https://www.treasury.gov/press-center/pressreleases Pages jl10020.aspx>. Terra, “Ligan a El 85 , líder del , con Zhenli e Gon”, 10 de marzo de 2012, en: <https://noticias.terra.com.mx/ mexico estados jalisco ligan-a-el-85-lider-del-cjng-con-zhenli-ye-gon,231d4eead2df5310VgnVCM3000009 af154d0RCRD.html>. Ibídem. Véase también, Terra, “Liga a alcaldes michoacanos detenidos con Zhenli e Gon”, 29 de mayo de 2009, en: https: noticias.terra.com.mx mexico seguridad liga-pgr-a-alcaldes-michoacanos-detenidos-con-zhenli- Carlos Flores Pérez 226 lados en 2014, en el contexto de las reuniones del comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo, con integrantes de los grupos de autodefensa que surgieron en este estado, entre los que iguraba Farías Álvarez, segen se ha señalado.29 La importación de precursores químicos destinados a la producción de metanfetaminas de esta red criminal tenía puntos relevantes de ingreso, como el puerto de Veracruz, y el de Lázaro Cárdenas, Michoacán.30 Embarcos de sustancias químicas que resultaron ser precursoras de efedrina, por parte de la empresa de Zhenli e Gon, Unimed - Pharm Chem- habían sido documentados al menos desde 2006. La compañía tenía establecida una de sus plantas en Toluca, Estado de México.31 En 2014, sus instalaciones, en los límites de los municipios mexiquenses de Toluca y Metepec, fueron reconvertidas en un centro de mando de la policía del Estado de México, después de que la administración del gobernador Eruviel Ávila adquiriera la planta de catorce mil metros cuadrados.32 La OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha imputado responsabilidades al empresario Naim Libien Tella, vicepresidente del periódico Unomásuno, así como a este medio de comunicación, por su relación con el . Según información de prensa, tras ser adquirido el diario por esta persona, abandonó su sede original para establecerse en el Paseo Tollocan, en Toluca, Estado de México 33 no obstante, la señala que su domicilio oicial continea ubicándose en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. De cualquier manera, otro medio de comunicación de la familia Libien, Diario Amanecer -que constituye una ilial de Unomásuno- sí se encuentra establecido en el Estado de México. La compañía de aerotaxis de la misma familia, también vinculada por la con el , se llama Aerolíneas Amanecer y registra como dirección el Hangar 6 de la Zona C, en Aviación General sin nemero, también en Toluca, Estado de México.34 Diversas notas de prensa han destacado la cercanía de Naim Libien Kaui con Martha Sahagún de Fox y con Arturo Montiel, en la época en que éstos eran respectivamente la primera dama y gobernador del Estado de México.35 En Jalisco, segen la información que hizo pública la , la familia Libien controla la empresa Valgo Grupo de Inversión, cuyo domicilio oicial es avenida Bogotá 3007, colonia Circunvalación Américas, 44630, en Guadalajara.36 29 30 31 32 33 34 35 36 ye-gon,b0e887e2820df310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html . El nemero de expediente que corresponde a esta indagatoria de la es: PGR/SIEDO/UEIDCS 191 2006. Reforma, “Abre comisionado planes ante capo”, 8 de febrero 2014, disponible en: <http://www.reforma.com/nacional articulo 730 1459001 ?Titulo abre-comisionado-planes-ante-capo>. Sin Embargo, “Zhenli e Gon, 8 años después: Si doy nombres de políticos la voy a pasar muy mal”, 7 de septiembre de 2015, en: <http: .sinembargo.mx 07-09-2015 1477444>. Ibidem. Plana Mayor, “Transformarán laboratorio de Zhenli e Gon en centro de mando de la Policía del Edomex”, 2 de diciembre de 2014, en: <http://planamayor.com.mx/transformaran-laboratorio-de-zhenli-ye-gon-en-centro-de-mandode-la-policia-del-edomex/>. Doris Gómora, “Toluca, el centro operativo”, El Universal, 17 de diciembre de 2015, en: <http://www.eluniversal. com.mx articulo nacion seguridad 2015 12 17 toluca-el-centro-operativo>. Ofice of Foreign Assets Control, Kingpin Act Designations; Specially Designated Nationals List Update, U. S. Department of Treasury, 16 de diciembre de 2015, en: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement Pages 20151216.aspx>. Zeta, “Unomásuno, la sospecha del narco”, 21 de diciembre de 2015, en <http: zetatijuana.com 2015 12 21 unomasuno-la-sospecha-del-narco/>. Véanse también: Alejandro Domínguez, “Los Libien, la familia de escándalos del lordmelapelas”, Milenio, 18 de febrero de 2016, en: <http: .milenio.com df Libien Santiago-Libien Kauifamilia Libien-lordmelapelas-Lord me la pelas 0 685731746.html> y Alberto M. Aguirre, “¿Narcoeditores en Toluca?”, El Economista, 17 de diciembre de 2015, en: <http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especialpolitica 2015 12 17 narcoeditores-toluca>. Ofice of Foreign Assets Control, op. cit. Cártel Jalisco Nueva Generación D Existe un notable paralelismo táctico entre las acciones violentas desplegadas por el y las propias de otra organización delictiva a la que ha confrontado históricamente: Los Zetas. El tipo de armamento, la respuesta organizada y masiva, destinada a desquiciar ciudades con tácticas de combate urbano para evitar la captura de sus líderes o vengar su muerte o detención, la capacidad para articular efectivamente una hegemonía territorial basada en su capacidad de violencia, la utilización de elementos con identidad y organización de corte castrense, así como su probada capacidad para enfrentar a las fuerzas del Estado, son algunos de los factores que evidencian que este grupo cuenta con estructuras armadas bien entrenadas en tácticas militares. En sentido estricto, este hecho no constituiría una novedad: los Anti-Zetas o Mata-Zetas, organización que constituyó parte de la línea ascendente del , tenía entre sus integrantes a individuos que habían pertenecido a las Defensas Rurales adscritas a la 43 Zona Militar, como el referido Juan José “El Abuelo” Farías Álvarez. No obstante, semejantes cuerpos, que fueron formalizados en 1964 como instancias de apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea en la defensa nacional y en la conservación del orden peblico, no parecen suicientemente soisticados como para constituir la raíz de una expresión armada de la complejidad que evidencia el .37 A mediados de 2015, tras un enfrentamiento que tuvo lugar entre integrantes de la Policía Federal y miembros del en Tanhuato, Michoacán,38 se estableció que algunos de los individuos que se encontraban en el lugar, y que perdieron la vida, habían pertenecido al Ejército Mexicano antes de formar parte de la organización delictiva. De cualquier manera, destaca el manejo que el ala armada del cártel ha hecho de principios e instrumentos propios de la guerra no convencional. Por razones de espacio no es posible extender aquí la descripción puntual de esta cuestión, que he desarrollado con mayor detalle en otros trabajos. Apunto solamente que se trata de un tipo de con icto armado de intensidad relativamente contenida, que incluye confrontaciones de carácter limitado, operaciones de insurgencia, contrainsurgencia, encubiertas, de sabotaje, guerra psicológica, combate urbano, entrenamiento de milicias locales aines (paramilitares), entre otras, y que los cuerpos castrenses encargados de desarrollarlas reciben el nombre de fuerzas especiales.39 El uso estratégico y sistemático de este tipo de tácticas permitió en su momento una expansión acelerada de la organización delictiva que las adaptó originalmente a propósitos criminales: Los Zetas, con una resiliencia que se hace patente aún hoy en día, a pesar de que sus principales líderes fundadores han sido abatidos o capturados por el Estado. Esos mismos factores son los que parecen apuntalar ahora la acelerada expansión del , reforzado por conexiones trans37 38 39 Sobre la instauración de los Cuerpos de Defensa Rural, véase: Secretaría de la Defensa Nacional, Instructivo para la organización, funcionamiento y empleo de los Cuerpos de Defensa Rurales, Secretaría de la Defensa Nacional, México, 1964, en: <http: .sedena.gob.mx pdf otros instruc org fun empl cpos def rur.pdf>. Los hechos tuvieron lugar el 22 de mayo de 2015 en el rancho El Sol, en Tanhuato, Michoacán. Los medios reportaron que 43 individuos, a los que las autoridades federales identiicaron como integrantes del , fueron abatidos. Solamente hubo un deceso por parte de la Policía Federal. Véase al respecto: Benito Jiménez y Adán García, “Deja 43 muertos choque -narco”, Reforma, 23 de mayo de 2015, p. 1. Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han establecido que la desproporción en el número de víctimas de uno y otro bandos constituye una evidencia que abona a la fundada sospecha de que, más que un enfrentamiento, integrantes de la Policía Federal habrían llevado a cabo ejecuciones sumarias en represalia por las acciones previas de violencia que la organización criminal realizó en contra de esa y otras corporaciones de seguridad. Véase: Human Rights atch, “México: ejecuciones por policías en Michoacán. Evidencias de ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán y Tanhuato”, Human Rights Watch, 28 de octubre de 2015, en: <https: .hr .org es ne s 2015 10 28 mexico-ejecuciones-por-policias-en-michoacan>. Una versión de presuntos testigos señaló que la Policía Federal había disparado desde un helicóptero a los individuos concentrados en el referido rancho. Al respecto véase: Omar Sánchez de Tagle y Carlos Arrieta, “Sí hay testigos en Tanhuato: No tuvieron oportunidad , la policía les disparó desde un helicóptero”, Animal Político, 25 de mayo de 2015, disponible en línea en: <http: .animalpolitico.com 2015 05 los-42-muertos-no-tuvieron-oportunidad-lapolicia-disparo-desde-un-helicoptero-testigos/>. Sobre la guerra no convencional, véase Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms (Joint Pub 1-02), U.S. Government Printing Ofice, ashington, D.C., 1994, p. 399. En lo referente a las fuerzas especiales: Department of the Army, FM 31-21. Field anual pecial Forces perations u.s. Army Doctrine, Department of the Army, ashington, 1969, pp. 1-2. 227 Carlos Flores Pérez 228 nacionales de primer nivel en el negocio de las drogas sintéticas, aquellas que evidencian una demanda creciente en el mercado internacional. No obstante, el necleo central de esta tecnología militar dentro de la organización aen no se encuentra claramente identiicado, por lo menos no en información disponible al peblico. Tampoco es del todo prístino cuál ha sido la cadena de transmisión de este conocimiento a un grupo delictivo que evidencia un liderazgo operativo integrado exclusivamente por traicantes de droga convencionales, ninguno de los cuales parece contar con una formación militar integral, como -en contraste- sí la tuvieron Los Zetas originales. La adopción efectiva y la puesta en marcha de técnicas militares de las características evidenciadas no suele ser producto de improvisación ni de generación espontánea en ningún contexto internacional o nacional en el que se hayan hecho presentes. Por el contrario, es usualmente resultado del desvío irregular de actores entrenados en ellas, o de manera más común, de la transferencia deliberada de conocimiento militar especializado con ines bélicos por parte de las instituciones que normalmente desarrollan semejante preparación. La identiicación de las vías a través de las cuales el ha incorporado este tipo de conocimiento en su operación criminal es todavía una asignatura pendiente. C El es una organización delictiva en ascenso, que ha evidenciado una alta capacidad disruptiva y de violencia, así como una integración muy efectiva en el tráico transnacional de drogas psicoactivas ilegales, especialmente aquellas de carácter sintético. Derivó de varias rearticulaciones de organizaciones delictivas previas, que le han aportado experiencia, directa e indirectamente, a su acumulación de conocimiento delictivo y, a través de ello, a su capacidad de generar estrategias de adaptación en un entorno complejo. Las condiciones que éste le ofrece pueden entenderse en función de al menos tres dimensiones: a) Las grandes oportunidades para acumular ganancias económicas de procedencia ilícita, dada la alta demanda internacional de drogas psicoactivas ilegales sintéticas. b) Un entramado institucional caracterizado por altos niveles de corrupción, que disminuye la capacidad regulatoria efectiva de las instituciones de seguridad y justicia del Estado. Tal circunstancia es capaz de reducir de facto la acción y el propósito de los circuitos institucionales, con el propósito de proteger y auspiciar empresas de orden delictivo e integrar los recursos obtenidos en la economía formal. c) Un contexto endógeno de aguda confrontación violenta, derivado en buena medida de la fragmentación de las organizaciones delictivas y de sus respectivos apoyos irregulares dentro del aparato estatal.40 El parece evidenciar características que implican una considerable capacidad de aprovechamiento de las oportunidades que el entorno ofrece y de generación de estrategias exitosas de contención de los riesgos que supone: se inserta de manera eiciente en las redes internacionales de aprovisionamiento de insumos necesarios para la producción de drogas psicoactivas sintéticas, posee una alta capacidad para producirlas y, asimismo, una amplia y creciente red internacional de distribución y comercialización de su producto. Al mismo tiempo –esta es también una asignatura pendiente para nuevas investigaciones–, puede estar articulado con contactos de primer nivel en términos de la construcción de redes de impunidad dentro de circuitos institucionales estratégicos del Estado, vinculados a su vez con redes empresariales integradas en la economía formal, de manera que sus inversiones tienen la posibilidad de orecer 40 Carlos Antonio Flores Pérez, El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 2009. Cártel Jalisco Nueva Generación con escasa penalización estatal. Finalmente, la integración de un ala armada capaz de ejercer un manejo profesional de principios y técnicas de guerra no convencional le proporcionan una gran capacidad para hegemonizar territorios estratégicos frente a sus enemigos y potenciales competidores. Esta última dimensión constituye un riesgo adicional en términos de seguridad estratégica y gobernabilidad para el Estado. La división del trabajo dentro de organizaciones semejantes implica a menudo que las trayectorias formativas, los patrones de socialización, la proclividad a la violencia y los recursos susceptibles de ser empleados por sus integrantes suelan ser distintos en función del tipo de tarea que desempeñan dentro de la empresa criminal. Dicho de otro modo: las características de formación, la lógica de operación y el capital social de los integrantes del ala inanciera no suelen ser los mismos de los que integran el ala armada. En estas condiciones, y a la luz de experiencias históricas previas, no debe desestimarse la posibilidad de que eventuales reacomodos futuros del deriven de nuevo en la escisión de una fuerza paramilitarizada de carácter criminal, con capacidad para intentar la articulación de nuevas hegemonías territoriales con ines delictivos. Aparentemente, el ha aprendido de la experiencia de Los Zetas y de Los Caballeros Templarios, que si bien fueron capaces de establecer tales hegemonías, también fueron incapaces de construir o consolidar una base efectiva de legitimidad y respaldo social, al someter a la población de las zonas que controlaban a prácticas predatorias extremas. Hasta ines de 2015, el parecía concentrar a su ala armada en la confrontación con otras organizaciones criminales y en contra de las fuerzas de seguridad del Estado. No obstante, la posibilidad de una futura escisión, que lleve a esta ala paramilitarizada a buscar recursos por sus propios medios, debiera constituir un factor de alerta. De nueva cuenta, los recursos que esta facción domina no son en esencia los de la empresa comercial de las drogas, sino los de la coerción territorialmente organizada. La posibilidad de que en un escenario semejante se articulen prácticas predatorias sobre la población local no puede desecharse. Por otra parte, la capacidad para ejercer una hegemonía territorial con propósitos delictivos constituye también un riesgo que trasciende la lógica del mercado de las drogas psicoactivas ilegales e incluso la de la implantación eventual de esquemas criminales predatorios sobre la población común. En lo referente al primero de estos puntos existe, en estricto sentido, una contradicción de origen entre la producción de drogas del y su adopción de un ala armada paramilitar. De acuerdo con la información pública, el principal producto reconocido de esta organización criminal son las drogas sintéticas –aquellas que dependen menos de recursos territoriales para su producción, pues no necesitan un tipo de cultivo o un tipo de clima especíico: pueden producirse virtualmente en cualquier lugar. ¿Cuál es entonces la necesidad de defender un territorio especíico, con técnicas y actores que han sido concebidos y diseñados expresamente para tal propósito? Existen en la región otro tipo de recursos naturales e infraestructura industrial y comercial susceptibles de ser explotados con una lógica extractiva criminal, propósito para el cual el control territorial a partir de fuerzas paramilitares sí resulta medular. Como referencia, téngase en cuenta, por ejemplo, el robo masivo de minerales y su comercialización ilegal, así como la extorsión generalizada de industrias mineras de primer nivel que en Michoacán realizaban Los Caballeros Templarios hace tan sólo un par de años.41 Una hipótesis operativa que merece indagarse es que la consolidación del puede suponer la rearticulación de hegemonías delictivas, auspiciada no solamente por los actores criminales tradicionales sino por redes de poder político y económico incluso con ramiicaciones de carácter transnacional– encaminadas a la reapropiación de recursos y circuitos mercantiles legales e ilegales, de los cuales las drogas psicoactivas constituyen solamente uno de los posibles factores de interés. 41 La Jornada, “Controlan Caballeros Templarios exportación de mineral de hierro”, 2 de enero de 2014, en: http: .jornada.unam.mx 2014 01 03 politica 005n1pol . 229 La seguridad México-Estados Unidos: responsabilidad compartida1 Eric L. Olson y Ximena Rodríguez2 A pesar de que la protección y la seguridad de Estados Unidos y México siempre han estado entrelazadas, el reconocimiento público de este hecho es un fenómeno mucho más reciente. A los antecedentes históricos en los que predominaron los con ictos, generando escepticismo y desconianza en ambos lados de la frontera, se sumó la negligencia por parte de ambos gobiernos. Esto provocó que la cooperación en materia de seguridad durante la mayor parte del siglo XX quedara como un aspecto menor en las relaciones bilaterales. En Estados Unidos frecuentemente se sintió frustración frente a lo que se percibía como la inacción mexicana frente a los narcotraicantes la aparente tolerancia de altos niveles de corrupción la penetración del Estado por intereses criminales y la falta de una estrategia enfocada para enfrentar a los narcotraicantes de manera sistemática y sólida. Por su lado, México a menudo se sintió victimizado por el crimen y la corrupción resultantes de las actividades de grupos criminales para satisfacer el gran mercado de consumidores de drogas ilícitas en el norte estaba presionado a resolver un problema principalmente basado en Estados Unidos y señalaba la incapacidad de ese país para reducir el consumo de drogas y regular mejor el acceso a las armas como la fuente de muchos de los problemas de corrupción, violencia e impunidad en México. Fue hasta inicios del siglo cuando ambas naciones empezaron a desarrollar una política de “responsabilidad compartida” y de acciones mutuas, con el in de enfrentar los retos de la creciente violencia, y el impacto innegable -cada vez más evidente- del tráico de drogas transnacional y del crimen organizado en la seguridad y el bienestar de toda la población mexicana. El nuevo marco de seguridad que se forjó entre los gobiernos de Felipe Calderón y George W. Bush en marzo de 2007 fue conocido como la “Iniciativa Mérida”, por la ciudad mexicana donde se irmó el convenio marco. A pesar de que el acuerdo ha mantenido de manera consistente su compromiso con una estrategia compartida para la cooperación en materia de seguridad, se ha desarrollado y ampliado más allá del enfoque programático inicial y hoy en día representa un marco sólido para el diálogo sobre múltiples frentes de seguridad en el contexto de las asignaciones presupuestales decrecientes de Estados Unidos. O í Aunque la asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos a México inició hace muchas décadas, disminuyó seriamente después del asesinato en México del agente de la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, ) Enrique “Kiki” Camarena, en 1985. Muchos en las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos sentían que las autoridades mexicanas no tomaron medidas suicientes para proteger a Camarena, o bien estuvieron involucradas en su muerte de alguna manera. Cualquiera que sea la verdad, la desconianza hacia sus contrapartes mexicanas, así como el creciente poder y violencia de los traicantes mexicanos durante los años noventa, generó una relación fría de cooperación para la seguridad entre ambas naciones. A pesar de algunas iniciativas periódicas dirigidas a mejorar la colaboración en la materia, los esfuerzos bilaterales antinarcóticos sufrieron un golpe duro cuando en 1997 salieron a la luz los vínculos estrechos de Jesús Gutiérrez Rebollo, zar antidro- 1 2 Traducción de Lene Charlotte Guercke. Miembros del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D. C. 231 Eric L. Olson y Ximena Rodríguez 232 gas de México y general del Ejército, con organizaciones del narcotráico, en particular la de Amado Carrillo Fuentes, también conocida como el cártel de Juárez.3 Mientras las tensiones de la década de 1990 se empezaron a desvanecer frente a la transformación política en México durante los primeros años del nuevo milenio, el país también empezó a vivir un aumento en la violencia relacionada con el crimen. Una parte de ésta se generó en el contexto del cambiante entorno político mexicano y la desintegración del control centralizado del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero también fue un factor la reorientación de las rutas del tráico de drogas internacionales del Caribe hacia México. Entre mediados de los noventa y la mitad de la década de 2000, organizaciones criminales y traicantes mexicanos se establecieron como importantes actores internacionales, los cuales a menudo reemplazaron a las organizaciones colombianas como los principales transportadores de cocaína hacia Estados Unidos. Lo que alguna vez había sido principalmente un negocio de tráico de marihuana, ahora se convirtió en una empresa criminal transnacional muy lucrativa con la capacidad de mover cantidades grandes de cocaína y otras drogas ilícitas hacía el país del norte. Conforme crecieron el poder y la in uencia de los grupos del crimen organizado mexicanos, los con ictos sobre rutas y control de territorios se convirtieron en el motor detrás de las nuevas manifestaciones de una violencia criminal fuera de control. Tras las elecciones presidenciales de julio de 2006, las cuales fueron altamente disputadas, el presidente electo Felipe Calderón estaba convencido de que México se enfrentaba a una situación desesperada, donde el poder y la violencia de las redes criminales amenazaban a la seguridad y estabilidad nacionales, y las acciones del gobierno en contra de estos grupos eran menos estratégicas y determinadas de lo que muchos consideraban necesario. Según un recuento, fue tan grande su alarma que mencionó la posibilidad de un apoyo directo de Estados Unidos a sus esfuerzos para enfrentar a las organizaciones delictivas durante su reunión inicial con el presidente George W. Bush.4 Esta semilla sería el impulso para desarrollar el marco de responsabilidad compartida que eventualmente se conoció como la Iniciativa Mérida. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (Congressional Research Service, CRS), la Iniciativa Mérida se diseñó con el in de combatir el tráico de drogas, el crimen transnacional y el terrorismo. Durante esta reunión los dos presidentes acordaron “expandir la cooperación bilateral y regional en materia antinarcóticos y de seguridad”.5 Funcionarios de los gobiernos estadounidense y mexicano se reunieron a lo largo de 2007 para negociar y elaborar a puertas cerradas los detalles de la iniciativa. Miembros de los congresos de ambos países expresaron su frustración por no haber sido involucrados en las negociaciones. El secretario adjunto de Estado, Thomas Shannon, describió a la Iniciativa Mérida como un paquete de ayuda “urgente”, compuesto en gran parte por equipamiento y entrenamiento que podría tener “un impacto inmediato e importante en la lucha contra el crimen organizado”.6 3 4 5 6 BBC News World Americas, “Mexico Convicts Former Anti-Drug Czar”, News, 23 de febrero de 2000, en: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/653677.stm>. Calderón le dijo a Bush, cuando era presidente electo, que el país “necesitaba que el gobierno de Estados Unidos se asociara con México para restaurar la seguridad. Yo estoy preparado para hacer lo que me toca […], pero necesito un socio”. Véase Alfredo Corchado, Midnight in Mexico: A Reporter’s Journey Through a Country’s Descent into Darkness, Penguin Press, Nueva York, 2013, p. 175. Colleen W. Cook, Clare Ribando Seelke y Rebecca G. Rush, “Mérida Initiative: Background and Funding”, Congressional Reserarch Service, Washington, 2008. Ibidem. La seguridad México-Estados Unidos: responsabilidad compartida El acuerdo marco irmado entre ambos presidentes formó la base de la solicitud presupuestaria de la administración Bush al Congreso para inanciar la Iniciativa Mérida por un monto de 1,400 millones de dólares a lo largo de tres años, inalizando la primera etapa en 2010.7 Un informe del Servicio de Investigación del Congreso menciona: La Iniciativa Mérida, en su concepción inicial, buscaba (1) romper el poder y la impunidad de las organizaciones criminales (2) fortalecer controles fronterizos, aéreos y marítimos (3) mejorar la capacidad de los sistemas de justicia en la región y (4) reducir la actividad de pandillas y disminuir la demanda local de drogas. Las primeras solicitudes de inanciamiento para la Iniciativa se enfocaban en el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas de seguridad mexicanas.8 La propuesta original para la Iniciativa Mérida ante el Congreso por parte de la administración Bush se dividía en tres amplios rubros de asistencia. El primero, incorporó antinarcóticos, la lucha contra el terrorismo y la asistencia para fortalecer la seguridad fronteriza. El total representaba aproximadamente el 64 por ciento de la solicitud de presupuesto e incluía artículos caros, como aeronaves de ala ija y rotatoria, a ser utilizados por las fuerzas militares y de seguridad mexicanas. El segundo rubro se dirigía principalmente a los aspectos de seguridad pública y aplicación de la ley, e incluía programas de gestión de entrenamiento, tecnología e información para mejorar la capacidad de las agencias de aplicación de las leyes civiles en México y respaldar su modernización. El rubro representó aproximadamente el 24 por ciento del total de la solicitud de la administración al Congreso. Finalmente, el tercer rubro contenía programas enfocados en la consolidación de instituciones y la promoción del Estado de derecho, e incluía apoyo al proceso de reforma judicial en México, derechos humanos y programas para combatir el abuso de sustancias ilegales en México. Este grupo representaba aproximadamente el 15 por ciento de la petición de inanciamiento. El anuncio de una cooperación en materia de seguridad tan estrecha con Estados Unidos generó algunas controversias en México, donde se cuestionaba el impacto en la soberanía nacional y el alcance de las operaciones de agencias de la aplicación de la ley, militares y personal de inteligencia estadounidenses en su territorio. Asimismo, se cuestionó el fuerte énfasis del programa para equipo de cómputo hardware con el in de facilitar el despliegue de las fuerzas de seguridad. Con su gran énfasis en aeronaves, escáneres y tecnología de rayos x, el programa priorizaba un enfoque coactivo tradicional en la lucha antidrogas, mientras descuidaba la necesidad de reformas institucionales en el sistema de justicia y el fortalecimiento de las capacidades de las agencias de aplicación de la ley para investigar y enfrentar el crimen. Al mismo tiempo, aunque los presidentes y secretarios de gabinete -quienes estuvieron involucrados en la formulación del programa- ponían énfasis en la “responsabilidad compartida”, el apoyo mutuo y la colaboración para enfrentar un enemigo común, el lenguaje tradicional de la asistencia y ayuda exterior a México reapareció en el Congreso y la prensa estadounidense de tal manera que parecían socavar el propósito original. ¿Era la Iniciativa Mérida simplemente una “ayuda” por parte de Estados Unidos a México para combatir el crimen organizado, al igual que Estados Unidos ayudó a Colombia a luchar contra los grupos armados y narcotraicantes en ese país?, o ¿era este un modelo distinto, donde se enfrenta conjuntamente a un enemigo común y 7 8 Nótese que el inanciamiento de Estados Unidos para la Iniciativa Mérida representa una porción pequeña de los aproximadamente cuatro mil millones de dólares que se estiman se asignaron para los gastos en programas similares de seguridad por parte del gobierno de México. Véase, Luis Astorga y David Shir , “Drug Trafic ing Organizations and Counter-drugs Strategies in The U. S.-Mexican Context”, en Eric Olson, David Shir y Andre Selee (eds.), Shared Responsibility U. S.-Mexico Policy Options for Confronting Organized Crime, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Mexico Institute, Washington, 2010, p. 32. Clare Ribando Seelke y Kristin M. Finklea, “U. S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond”, Congressional Research Service, Washington, 13 de febrero de 2012, p. 7. 233 Eric L. Olson y Ximena Rodríguez 234 donde cada lado asume sus propias responsabilidades de acción? Más importante aún, los compromisos peblicos por parte de funcionarios estadounidenses de interrumpir el tráico de armas, adoptar medidas en contra del lavado de dinero y de las transferencias de grandes cantidades de efectivo a través de la frontera del sudoeste, combinados con los esfuerzos renovados para reducir el consumo de drogas ilícitas en Estados Unidos, no se vinculaban con objetivos especíicos o iniciativas de inanciamiento que podrían haber contribuido positivamente a su cumplimiento. La insistencia por parte del Congreso estadounidense en que se incluyera un lenguaje de derechos humanos en el paquete de inanciamiento para la Iniciativa Mérida se sumó a la polémica con el gobierno mexicano, enfureciendo a las autoridades del país, pues querían evitar la impresión de que Estados Unidos los certiicaba en esa materia. El paquete de inanciamiento inal de 2008 obligó al Departamento de Estado a informar el Congreso sobre medidas especíicas adoptadas por México para abordar los problemas relativos a los derechos humanos. Las áreas a cubrir en los informes incluían: 1) esfuerzos para mejorar la transparencia y rendición de cuentas de policías federales, estatales y municipales 2) llevar a cabo consultas periódicas sobre la implementación de la Iniciativa Mérida con organizaciones mexicanas de derechos humanos y sociedad civil 3) avances para asegurar investigaciones civiles de presuntas violaciones a derechos humanos por fuerzas policiacas y militares y 4) la instrumentación de la prohibición del empleo de testimonios obtenidos bajo tortura.9 Aunque muchas veces se dice de esta cláusula que fue incluida como una provisión de “condicionalidad de derechos humanos”, estrictamente hablando no comprende un proceso de certiicación tradicional. El texto simplemente exige al Departamento de Estado informar al Congreso sobre los avances en casos graves de violaciones de derechos humanos. De ahí, el Congreso tendría la libertad de aceptar el informe o congelar el dinero afectado en caso de que no estuviera de acuerdo con los hallazgos del Departamento de Estado. En teoría, éste podría informar a aquél acerca de los avances en materia de derechos humanos en México y proceder con el desembolso de los fondos sin esperar su aprobación. El Congreso tiene la facultad de tomar medidas para “poner en espera” o congelar los fondos, pero el Departamento de Estado no tiene la obligación de esperar su aprobación antes de proceder al desembolso de los fondos una vez que haya presentado su informe. A pesar de que la diferencia entre “informar al Congreso” y “certiicar ante el Congreso” parece menor, el gobierno mexicano consideró esta distinción retórica como un beneicio adicional, dado el resentimiento en México frente a la idea de una certiicación unilateral, que básicamente implicaría juzgar a las prácticas mexicanas en materia de derechos humanos. A pesar de que en ambos países se expresaron estas controversias y dudas, en 2008 el Congreso de Estados Unidos liberó un primer pago de 400 millones de dólares a México provenientes del fondo de la Iniciativa Mérida, y aunque en 2009 los legisladores estadounidenses inicialmente retrasaron el segundo pago por preocupaciones sobre derechos humanos, la administración Obama siguió respaldando la Iniciativa.10 Mientras el principal enfoque se dirigía a los elementos presupuestarios y programáticos de la Iniciativa, también es preciso destacar que el plan llamaba a las fuerzas de inteligencia, antinarcóticos y aplicación de la ley en ambos países a renovar y profundizar los esfuerzos de coordinación y a dejar de lado las agendas personales y los egos. A través de los años, muchos jefes de agencias ya habían desarrollado relaciones amplias con sus contrapartes del otro lado de la frontera, por lo cual existía la preocupación de que la coordinación entre agencias podría debilitar tales vínculos y que la información podría volverse más dispersa y, en consecuencia, menos coniable. No obstante, segen Sigrid Arzt, una vez clariicados los planes de coordinación y las reglas base, y convencidos los jefes de las distintas agencias de que la información no 9 10 U. S. Congress, Omnibus Appropriations Act, “Public Law 111–8”, Washington, 2009, pp. 363-364, §509”, Stat 123, en: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ8/pdf/PLAW-111publ8.pdf>. Luis Astorga y David Shirk, op. cit., p. 46. La seguridad México-Estados Unidos: responsabilidad compartida se pondría en riesgo durante el proceso de colaboración entre ellas, todos los actores entendieron los papeles que podrían desempeñar en una lucha más eiciente contra el crimen organizado.11 L I M O La llegada de la administración Obama en enero de 2009 representó una oportunidad importante para reconsiderar la asistencia de seguridad de Estados Unidos a México. Teniendo una nueva mayoría del Partido Demócrata en el Congreso (electo en 2008), se presentó una oportunidad para el equipo de Barack Obama de revisar completamente la Iniciativa Mérida, ya que en ese momento se encontraba en el último de los tres años del compromiso inicial. Sin embargo, se decidió repensar y reorientar sólo una parte de la estrategia, sin alterarla de manera drástica. Bajo el liderazgo del exembajador estadounidense en México, Carlos Pascual, la administración le dio un nuevo marco a la relación de seguridad, modiicándola un poco y agregando nuevos elementos. La nueva estrategia cambió el enfoque hacia la consolidación de instituciones y tomó forma en torno a cuatro prioridades o “pilares”,12 al tiempo que combina estrategias de corto y largo plazos para atender los problemas en materia de seguridad generados por el crimen organizado. Los esfuerzos conjuntos de corto plazo están enfocados en mejorar la colaboración de inteligencia con el in de detener a los líderes de las organizaciones de tráico de drogas y desmantelar sus redes, así como en interceptar los ujos de dinero y de armas hacia el sur que sostienen a tales grupos. Estas estrategias, que se detallan en los primeros dos pilares: Pilar : “Interrumpir y desmantelar a las organizaciones criminales” y Pilar : “Institucionalizar el Estado de derecho”, representan una continuación de la política seguida bajo la Iniciativa Mérida original. Dos elementos se añaden en la reformulación de la Iniciativa Mérida del gobierno de Obama: un mayor énfasis en las fronteras y la prevención de la violencia. Así, el Pilar está enfocado en “Desarrollar una frontera del siglo ” y el Pilar en la “Construcción de comunidades fuertes y resistentes” en México. El apoyo para la seguridad fronteriza -Pilar - ha sido una prioridad política para Estados Unidos por mucho tiempo, y representó una gran parte de la estrategia bilateral original entre ambos países desde 2001. Sin embargo, el énfasis se puso principalmente en tramos fronterizos donde Estados Unidos temía una “derrama de violencia” de las organizaciones de traicantes de México que estaban involucradas en graves con ictos y enfrentamientos por el control territorial y puntos de acceso para exportar las drogas. Asimismo, temía la posibilidad de que terroristas pudieran utilizar una frontera relativamente porosa para amenazar e incluso atacar a Estados Unidos. Con el tiempo estas preocupaciones resultaron ser menos urgentes, ya que no hubo una signiicativa derrama de la violencia y las ciudades fronterizas del lado estadounidense están entre las más seguras del país. De igual manera, no se conoce ningún ataque terrorista que haya utilizado el territorio mexicano como punto de entrada a la nación colindante. Durante la administración Obama, el marco de seguridad fronteriza cambió a una práctica de gestión que buscó balancear la seguridad, el comercio y la movilidad humana, utilizando herramientas de “segregación de riesgo” para hacer la frontera más ágil y eicaz. Tales estrategias se incorporaron a la Iniciativa Mérida cuando se adoptó la visión de los cuatro pilares. El Pilar –“Desarrollar una frontera del siglo ” es re ejo de este nuevo enfoque y se volvió el eje central en la colaboración a lo largo de la línea divisoria común. 11 12 Sigrid Arzt, “U. S.-Mexico Security Collaboration: Inteligence Sharing and Law Enforcement Cooperation”, en Eric Olson, David Shir y Andre Selee (eds.), op. cit., p. 362. Eric Olson y Christopher Wilson, Beyond Merida: The Evolving Approach to Security Cooperation, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, 2010, p. 3. 235 Eric L. Olson y Ximena Rodríguez E 236 P N La campaña presidencial que llevó a la elección de Enrique Peña Nieto en 2012 destacó por un aspecto importante: a pesar de que la crisis de seguridad en México estaba constantemente en la mente de muchos mexicanos, no fue el elemento central durante la contienda electoral. El candidato Enrique Peña Nieto convirtió exitosamente las elecciones en un referéndum sobre doce años de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN), con el argumento que él representaba un nuevo y moderno PRI, que podría gobernar de manera más eiciente que cualquier otro partido. Además, prometió una mejor coordinación dentro del gobierno y entre autoridades locales, estatales y federales. La pieza central del argumento fue lo que la campaña de Peña Nieto caracterizó como una “economía mexicana ineiciente y deteriorada”, a la cual ellos iban a devolver a un crecimiento sólido a través de un gran número de reformas favorables para el mercado. Reiteró varias veces que era tiempo de superar los retos de seguridad en México y colocarlos dentro del contexto del inmenso potencial y la promesa económica del país. No hubo un debate enfocado sobre el tema de seguridad durante la campaña y Peña Nieto no presentó una alternativa integral a la política de confrontación agresiva de Felipe Calderón. En la medida en que se abordaron temas de seguridad, Peña Nieto simplemente descartó la estrategia de Calderón como un procedimiento ineicaz que produjo niveles elevados de violencia, miedo generalizado y una creciente desconianza en el gobierno. En su lugar, propuso un plan conformado por cuatro metas que desarrollaría si fuera electo: reducir la violencia modiicar las funciones de seguridad pública del Ejército, al tiempo que se formaría una fuerza policial que él llamó “Gendarmería” darle prioridad a programas de prevención y coordinar de manera más eiciente todos los aspectos de la nueva estrategia de seguridad. Además, ni la candidata del PAN, Joseina Vázquez Mota, ni el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, se involucraron en este debate, cada uno por sus propias razones. Vázquez Mota no ofreció una estrategia diferente para mejorar la seguridad pública y combatir el crimen organizado para no romper completamente con Calderón en vez de ello preirió plantear modiicaciones a la política existente. Por otro lado, también reconoció que la población estaba agobiada por la violencia que estalló durante el gobierno de Calderón, por lo cual no era políticamente viable apoyar plenamente el legado de éste. López Obrador criticó la política del presidente panista con amplias sugerencias de una nueva estrategia basada en crear oportunidades económicas para jóvenes en riesgo y apoyar más a los programas de prevención. Finalmente fue difícil distinguir las propuestas de López Obrador de las de Peña Nieto. Y si este tema no fue el enfoque de la campaña presidencial, la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México lo fue menos aún. Se hicieron sólo algunas menciones cortas del compromiso de seguir trabajando conjuntamente dentro del marco de responsabilidad compartida. Por ello, resultó sorprendente para funcionarios y analistas estadounidenses que, durante el periodo postelectoral, el gobierno de Peña Nieto señalara que quería renegociar la agenda de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, para darle al nuevo equipo la posibilidad de evaluar el estatus de los programas de cooperación. Con base en entrevistas con personas cercanas al nuevo gobierno, existía la preocupación de que México hubiera perdido el control de la agenda de cooperación de que el gobierno de Calderón hubiera sido demasiado discreto en coordinar la relación y de que hubiera “colaboración” fuera de los canales normales y sin conocimiento de un equipo central de coordinación dentro del gobierno mexicano. El ejemplo más citado en este ámbito fue el ataque armado en agosto de 2012 en contra de dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que viajaban con oiciales de la Marina mexicana al sur de la Ciudad de México cuando sus vehículos fueron asaltados por varios policías federales, quienes aparentemente trabajaban para una red del crimen or- La seguridad México-Estados Unidos: responsabilidad compartida ganizado.13 Lo que particularmente alarmó, y hasta molestó a los cercanos al gobierno de Peña Nieto, fue el hecho de que los agentes de la supuestamente trabajaban con el personal de la Marina mexicana, pero sin el conocimiento especíico de las autoridades civiles. La existencia de cooperación transnacional sin control y coordinación centralizada alarmó a muchos en la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana y entre los asesores entrantes de política y seguridad de Peña Nieto. Como resultado de ello, uno de los primeros anuncios del gobierno de Peña Nieto trataba de una mejor coordinación entre Estados Unidos y México en asuntos de seguridad. Antes de la visita del presidente Obama a tierras mexicanas en mayo de 2013, el secretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el gobierno presentaría al presidente estadounidense su nuevo plan de seguridad, que incluía mejor coordinación a través de una “ventanilla única” en Gobernación. Supuestamente, Osorio dijo: “Es el orden que se le está dando a la relación. Es vía la Secretaría de Gobernación. No se vale, ni se podrá, ni se permitirá que cada agencia determine con quién se entiende. Así se venía realizando antes […]. Ahora hay un solo conducto, es Gobernación, y de ahí, en orden, se podrá hacer una buena colaboración para que no se encimen los esfuerzos”.14 Aunque la intención de promover una mayor coordinación puede tener méritos, tuvo el efecto inmediato de congelar muchos esfuerzos de colaboración que estaban en marcha. El mensaje para las fuerzas de seguridad mexicanas fue que toda cooperación, en proceso o nueva, primero tenía que aprobarse por un punto central -la Secretaría de Gobernación-, lo cual provocó que muchos planes de agencias se detuvieran rápidamente. Varios funcionarios estadounidenses se preocuparon, a pesar de que este tipo de reformulaciones es normal cuando hay cambios de gobierno. Por ello, se buscó evaluar la cooperación completa con Estados Unidos y rediseñar las prioridades para continuarla. La alarma tocó la puerta en Estados Unidos cuando se mencionó que México estaba diseñando una “nueva estrategia”. Las prioridades de la administración de Peña Nieto se concentraron inicialmente en la reforma educativa y en construir una nueva narrativa sobre los desafíos de seguridad a través de redeinir los intereses esenciales del gobierno. Estados Unidos deseaba respaldar la agenda económica de Peña Nieto para impulsar las reformas estructurales, principalmente la modernización de los sectores energético y educativo sin embargo, buscó que no se detuviera la colaboración en las operaciones contra el narcotráico. Cuidadosamente, se presionó al gobierno mexicano para continuar con los programas de cooperación en seguridad. La agenda cooperativa recuperó su dinamismo a ines de 2013 e inicios de 2014, con una serie de operaciones de alto peril, incluyendo el asesinato y arresto de líderes de las organizaciones criminales. Estos programas tuvieron su punto culminante con la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en febrero de 2014, en la ciudad turística de Mazatlán, Sinaloa. Este espectacular arresto signiicó dos cosas importantes para México. Primero, que seguía siendo un socio coniable y responsable para implementar operaciones de muy alto impacto de forma discreta pero efectiva, proveyendo Estados Unidos respaldo e información relevante de inteligencia. Segundo, que la captura de líderes notables era políticamente positiva y se quedaba en retórica el tema de que habría una nueva estrategia. Lo que fue creciendo para la opinión pública mexicana era que la estrategia de Peña Nieto para enfrentar a las organizaciones criminales, a pesar de las campañas mediáticas que sostenían que era diferente, en realidad fue casi igual a la implementada por el gobierno del presidente Calderón. Así, las diferencias entre ambas políticas se quedaron en el nivel de las formas o del estilo, y la cooperación volvía a sus acciones sustantivas diseñadas en el marco conceptual de la “responsabilidad compartida” de la Iniciativa Mérida original. En efecto, México ratiicó la estrategia 13 14 Edward Fox, “U. S. Agents Attacked in Mexico Believed to Be ”, The Christian Science Monitor, 29 de agosto de 2012, en: <http://www.csmonitor.com/World/Americas/Latin-America-Monitor/2012/0829/US-agents-attackedin-Mexico-believed-to-be-CIA>. La Opinión, “México anuncia nuevo modelo ‘centralizado’ de seguridad con EEUU”, 2 de mayo de 2013, en: <http:// www.laopinion.com/2013/05/02/mexico-anuncia-nuevo-modelo-centralizado-de-seguridad-con-eeuu/>. 237 Eric L. Olson y Ximena Rodríguez de los cuatro pilares diseñada con el gobierno de Obama en 2009 y continuó la colaboración centrada en ellos, trabajando hacia adelante desde ines de 2013. Por su parte, el gobierno de Peña Nieto señaló al inicio de su mandato cuatro ejes básicos: fortalecimiento del Estado de derecho apoyo a la reforma del sector justicia seguridad fronteriza e implementación de una nueva estrategia de prevención del delito. Como se observa en las gráicas 1 y 2, los recursos para impulsar estos programas provinieron de dos fuentes de presupuesto al interior del Departamento de Estado: la Oicina Internacional para el Control de Narcóticos y Fortalecimiento de la Ley (Bureau of International Narcotics Control and Law Enforcement, INCLE) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (U. S. Agency for International Development, USAID). La cantidad de la asistencia proporcionada fue cuatro veces superior para la primera que para la segunda. 238 P P A g Gráica 1 i I i i i i 201 -2015 Mé i Millones de dólares 403.707 millones corrientes 41.4 millones 66 millones 10% 463.774 millones 16% Pilar I Pilar II Pilar III Pilar IV 16% 58% 232.533 millones F : elaboración propia, con información del Congressional Research Service. P A i Gráica 2 i I i i i i 2012-2015 Mé i Millones de dólares 111.4 millones corrientes 8.1 millones 7% 68.3 millones 35 millones 32% 61% Pilar I Pilar II Derechos Humanos F : elaboración propia, con información del Congressional Research Service. La seguridad México-Estados Unidos: responsabilidad compartida Sobre el respaldo a las tareas de fortalecimiento de la ley y la reforma al sistema de justicia, en el año iscal 2012 los programas y se enfocaron en el Pilar en el caso del primero, la proporción presupuestal dedicada a éste fue de 58 por ciento, y en el del segundo de 61 por ciento. En términos presupuestales, esto convirtió de lejos el programa de respaldo a la reforma del sector justicia en el componente más importante de la Iniciativa Mérida, lo cual sugiere una importante redeinición de las prioridades respecto de las desarrolladas desde 2007. Las reformas al sector justicia, por parte de Estados Unidos, se instrumentaron a través de tres proyectos a cargo de la irma Management Systems International ( ). El primero se conoció como Proderecho (2004-2007), el cual se implementó en México durante el gobierno de Vicente Fox para impulsar la reforma del sistema de justicia criminal y fue retomado por el gobierno de Calderón. Mientras se discutía la reforma en el Congreso mexicano, se brindó una asesoría inicial en el nivel técnico legal y las propuestas fueron respaldadas por . Ello signiicó capacitar académicos mexicanos del área del derecho con el in de crear capacidades para lanzar las reformas al sector justicia que fueron aprobadas en 2008. La característica de este programa es que se efectuó a nivel estatal, iniciando por Chihuahua, pues fue el primer estado en adoptar el sistema de justicia oral en el país. El proyecto Proderecho fue seguido por el Programa de Justicia y Seguridad (2009-2014). En este caso, el propósito central y los objetivos se enfocaron en el apoyo a la transición hacia el sistema penal acusatorio, incluyendo asistencia técnica, entrenamiento de personal y ampliación de la cobertura de las agencias de impartición de justicia tanto a nivel federal como estatal y municipal, para que tuvieran un mejor desempeño en el nuevo sistema. Finalmente, el programa Projusticia (2014-2019), también administrado por , representa el esfuerzo más ambicioso en la cooperación de Estados Unidos a México para apoyar la transición del viejo sistema al nuevo. Este programa capta el 68 por ciento del Pilar , lo que signiica el 10 por ciento del total de los recursos de toda la Iniciativa Mérida cada año. Tomados en conjunto los tres proyectos, signiican un fuerte compromiso de Estados Unidos para respaldar las reformas institucionales, basado en el deseo de que México cuente con un mejor sistema de justicia penal. El fortalecimiento de la seguridad en la frontera durante el gobierno de Peña Nieto se ha considerado bajo un concepto amplio, que incluye a la frontera sur de México con Guatemala. Usando los recursos del Pilar , Estados Unidos ha invertido fondos en coordinación con los dos países. Estos se emplearon en construir infraestructura fronteriza, entrenamiento para desarrollar las capacidades del personal de migración e instalar nuevas tecnologías orientadas al registro de los migrantes. Tales esfuerzos se realizan en el contexto de una grave crisis en Centroamérica, que ha derivado en miles de migrantes huyendo de la violencia y la precaria situación económica en los tres países que integran el Triángulo Norte de la región -Guatemala, Honduras y El Salvador-, quienes buscan alcanzar el territorio de Estados Unidos a través de México. El crecimiento de los ujos de migrantes centroamericanos ha sido aprovechado por grupos del crimen organizado transfronterizo que no respetan los límites entre los países, convirtiendo la línea divisoria de México con Guatemala en un área crítica y de preocupación para el gobierno de Estados Unidos. Por ello, los fondos se destinan al sur de México. Respecto de la prevención del delito, poco a poco se han incrementado los programas de cooperación con el apoyo total del gobierno mexicano. Los proyectos ubicados en el Pilar se pusieron en práctica inicialmente en Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey. En 2015, la destinó fondos de la Iniciativa Mérida para apoyar el proyecto “Juntos para la Prevención de la Violencia”, el cual es administrado por la compañía contratista estadounidense Chemonics International, y tiene como objetivo prioritario “contribuir a fortalecer las capacidades de los distintos niveles de gobierno para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de prevención de la violencia y el delito”. Con el in de acompañar este propósito, el proyecto desplegó tres iniciativas que incluyeron el desarrollo de una Red de Ciudades para la Prevención de la Violencia Juvenil mecanismos destinados a fortalecer el Fondo de Prevención para la Violen- 239 Eric L. Olson y Ximena Rodríguez 240 cia, orientados a respaldar económicamente iniciativas de prevención en acuerdo con el sector privado y la creación de un Laboratorio de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, donde se pueden “investigar, probar, evaluar, y promover programas y modelos de prevención exitosos”. 15 Finalmente, el tema de los derechos humanos ha sido incorporado en la Iniciativa Mérida a través de dos vías: primero, respecto de los criterios sobre derechos humanos en el Reporte Anual del Departamento de Estado al Congreso, donde el secretario de Estado tomó la importante –y simbólica- decisión, en octubre de 2015, de transferir cinco millones de dólares en asistencia antinarcóticos de México a Perú.16 En el año iscal de 2014, la Ley de Asistencia al Exterior señaló que la ayuda antinarcóticos para México obligaba a que se otorgaran fondos sólo si el secretario de Estado entregaba un reporte al Comité de Apropiaciones del Congreso conirmando que el gobierno de México progresaba en cuatro áreas de derechos humanos: prohibiciones contra la práctica de la tortura si los detenidos por los militares se entregaban a la custodia de autoridades civiles que se demostrara que el gobierno hacía esfuerzos en favor de las víctimas de desapariciones forzadas y que se investigara y persiguiera a todos los responsables de estas prácticas violatorias de derechos humanos.17 De acuerdo con un funcionario del Departamento de Estado familiarizado con el tema, la institución “fue incapaz de conirmar que México cumplía con los propósitos segen los criterios de la Ley de Apropiaciones del Año Fiscal 2014, y por ello no se sometió el reporte al Congreso”. El Departamento de Estado airmó que México había cumplido con los requisitos contenidos en la Ley del Año Fiscal 2013, y que había dado importantes pasos legales, incluyendo las reformas constitucionales, con el in de garantizar el marco legal para los derechos humanos, pero que no reportaba suiciente progreso segen lo señalado en los requerimientos establecidos para el año iscal 2014.18 En respuesta a esta decisión, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México reportó que: “El gobierno de Estados Unidos reconoció el progreso y la determinación de México respecto de los desafíos que presentaba el tema de derechos humanos [y que] el diálogo bilateral y la cooperación eran las vías adecuadas para hace frente a los desafíos en esta materia”.19 En efecto, los dos gobiernos entablaron un diálogo bilateral sobre derechos humanos, incorporando a los más relevantes actores gubernamentales -como son las fuerzas de seguridad, las procuradurías de justicia y los ministerios de relaciones exteriores- para deliberar sobre el tema de los derechos humanos en ambos lados de la frontera. Este grupo se reunió siete veces. El gobierno mexicano se congratuló de que el foro fuera apropiado para discutir asuntos de derechos humanos, teniendo en cuenta el con ictivo y sensible caso que llevó a la decisión de transferir esos fondos a Perú. A pesar de la controversia, de todos modos los recursos destinados para fortalecer los derechos humanos programados para México en 2015 se incrementaron en forma signiicativa. En particular, la transirió ocho millones de dólares para proyectos de derechos humanos paralelamente al respaldo a la implementación del sistema penal acusatorio, apoyo que se da por separado de la Iniciativa Mérida. Este fondo fue administrado por Chemonics International. De acuerdo con el sitio web de esta compañía, “El proyecto EnfoqueDH es respaldado por el go- 15 16 17 18 19 Agency for International Development, “Juntos para la Prevención de la Violencia”, Chemonics International, en: <http://www.chemonics.com/OurWork/OurProjects/Documents/JPV%20Brief.pdf>. Eric Olson, “U. S.-Mexican Relations: The Challenges of Promoting Human Rights”, Georgetown Journal of International Affairs, 23 de noviembre de 2015, en: <http://journal.georgetown.edu/u-s-mexican-relations-the-challengesof-promoting-human-rights/>. Ibidem. Ibidem. Elizabeth Malkin y Azam Ahmed, “U.S. Withholds $5 Million in Antidrug Aid to Mexico in Human Rights Rebuke”, The New York Times, 19 de octubre de 2015, en: <http://www.nytimes.com/2015/10/20/world/americas/uswithholds-5-million-in-antidrug-aid-to-mexico-over-human-rights.html?_r=0>. La seguridad México-Estados Unidos: responsabilidad compartida bierno mexicano para integrar el enfoque de derechos humanos en el trabajo legislativo y en el proceso de implementación institucional de la reforma”.20 A ello se agrega que “el objetivo central de este programa de cinco años es la incorporación de la perspectiva de derechos humanos con sus marcos regulatorios en los niveles federal y estatal”. Para logar lo anterior, el programa apoya a los funcionarios peblicos y miembros de la sociedad civil involucrados en identiicar las necesidades e implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos.21 E M -E U Es importante señalar que a pesar de la importancia de la cooperación en seguridad de ambos países, ésta ha disminuido gradualmente, sobre todo en el Programa Antinarcóticos, como se muestra en el Cuadro 1. 241 Cuadro 1 I i i i Mé i i A i 2012-201 Mé i Millones de dólares corrientes Cuenta ESF 2012 201 201 a 2015 b 2016 Requerido 2016 est 201 Requerido 33.3 32.1 35.0 33.6 39 39 49 INCLE 248.5 195.1 148.1 110.0 80 100 80 Total 281 8 22 2 1 1 2 6 11 1 12 F : U.S. Department of State, Congressional udget ustiication for Foreign perations F F .22 Nota: ESF: Economic Support Fund : International Narcotics Control and Law Enforcement. Request: requerido por el Departamento de Estado. a. 11.8 millones fueron designados para los programas en México del Global Climate Change (GCC). b. 12.5 millones fueron designados para los programas del GCC. Esta información contrasta con los montos similares entregados a los países de Centroamérica, donde el presidente Obama solicitó mil millones de dólares para el año iscal 2016, de los cuales el Congreso aprobó sólo setecientos cincuenta. Este paquete de ayuda fue seguido de otros mil millones de dólares en la solicitud para el año iscal 2017, de los que el Congreso otorgó casi setecientos. Esto quiere decir que los países de América Central recibieron mil cuatrocientos millones de dólares en dos años, mientras que para México sólo se aprobaron 268 millones, es decir, 80 por ciento menos. Desde otra perspectiva, se podría airmar que a la seguridad de los países de Centroamérica se le otorga más importancia que a México, pero nada está más lejos de la realidad. A pesar de las posibles señales de que la relación de seguridad con México se ha quedado en lo estrictamente planeado, como fue deinido por los programas de asistencia de la Iniciativa Mérida, la nueva etapa no se limita a ello. Se está construyendo un diálogo de alto nivel que tiene una agenda más amplia que sólo centrarse en el respaldo económico. En efecto, tanto en la administración Obama como en la de Peña Nieto se decidió expandir la agenda de la cooperación a través del Grupo Bilateral de Cooperación en Seguridad ( ). Segen la Secretaría de Gobernación: Este grupo “es el principal foro de alto nivel México-Estados Unidos para el fortalecimiento de la estrategia en asuntos que les son comunes. Brinda además un marco estratégico para la coordinación en 20 21 22 Chemonics International, “Building a Human Rights-Based Approach to Public Policy in Mexico”, Chemonics International, en: <http://www.chemonics.com/OurWork/OurProjects/Pages/Mexico-EnfoqueDH.aspx>. Ibídem. Citado en Clare R. Seelke y Kristin M. Finklea, “US-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond”, Congressional Research Service, Washington D. C., 2016. Eric L. Olson y Ximena Rodríguez 242 materia de seguridad basado en los principios de responsabilidad compartida, conianza mutua y respeto a la soberanía, jurisdicción y legislaciones de ambas naciones”.23 Entre los diversos asuntos que se tratan en el GBCS están: acciones conjuntas actualmente en marcha para detener el trasiego de drogas, el “lavado” de dinero, el contrabando de armas, así como el tráico y la trata de personas. Especíicamente destacan el fortalecimiento de los sistemas de justicia penal acusatorio y penitenciario, así como la profesionalización de los policías. También el combate al narcotráico, incluyendo la reducción de la demanda de drogas y de cultivos ilícitos, además de posibles áreas de colaboración para el fortalecimiento de acciones en materia de ciberseguridad.24 La amplia agenda entre ambos países re ejada en el GBCS fue recientemente conirmada en un comunicado de la Casa Blanca posterior a la reunión del 22 de julio de 2016, que sostuvieron los presidentes Obama y Peña Nieto. En ésta se destacó centrar la cooperación en seguridad en tres áreas: fortalecer la implementación de los protocolos de protección de los migrantes y refugiados cooperar intensamente para combatir los cultivos de amapola y el tráico de heroína y en el contexto de la Iniciativa Mérida, continuar con el respaldo al Programa de Seguridad y Justicia. Con lo anterior, los programas de seguridad van más allá de la Iniciativa Mérida y se centran en aspectos emergentes -como combatir el incremento del tráico de heroína- incluyendo cuestiones de salud -por ejemplo, el combate a la epidemia de sika- y asuntos ambientales, como el impulso a programas de ayuda para generar energía limpia. En palabras de la Casa Blanca: El presidente hospedó el 22 de julio al presidente de México, Enrique Peña Nieto. [...] México es uno de los más cercanos y valiosos aliados y socios. Nuestros países están económicamente entrelazados. México es nuestro tercer socio comercial en el mundo y todos los días se genera un comercio de más de 1.5 billones25 de dólares que cruza nuestra frontera. Estamos trabajando juntos para reforzar de forma compartida la seguridad a través del combate al tráico de drogas y a las organizaciones criminales transnacionales. [...] Estados Unidos y México somos socios regionales y globales, incluyendo el combate a enfermedades mortales como el si a y otras también apoyamos a los refugiados y protegemos el ambiente y la energía limpia. [...] Hoy, los presidentes reairmamos los estrechos lazos económicos, dando pasos para asegurar y facilitar el tránsito seguro de bienes y personas por nuestra frontera, así como para reforzar los programas de cooperación ambiental, en salud y en seguridad. Esto es una prueba de que somos fuertes juntos.26 Este documento menciona la instrumentación de protocolos para impulsar el Programa de Protección de Migrantes y Refugiados, a través de la capacitación del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), para iniciar en julio de 2017. La capacitación consiste en fortalecer las capacidades para identiicar a poblaciones vulnerables con los más elevados estándares internacionales y las mejores prácticas de repatriación. Respecto del tráico de heroína, se reconoció en el documento que ha crecido sustancialmente el consumo en Estados Unidos en los últimos años, afectando a familias y comunidades. Se mencionó que se va a conigurar un grupo bilateral con la misión de habilitar soluciones multidimensionales para desmantelar las redes criminales, con el propósito de resolver la grave crisis de salud que implica el consumo de este producto. También señala el texto la necesidad de seguir fortaleciendo la profesionalización de la policía mexicana y el compromiso de redoblar los esfuerzos para que se alcancen estándares internacionales en todo el sistema de aplicación de la ley y justicia en México.27 23 24 25 26 27 El Portal, “Celebra reunión Grupo Bilateral de Cooperación en Seguridad México-EU”, 17 de octubre de 2015, en: <http://elportal.mx/celebra-reunion-grupo-bilateral-de-cooperacion-en-seguridad-mexico-eu/>. Ibidem. Mil quinientos millones de dólares [nota del editor]. The hite House, “Fact Sheet: United States-Mexico Relations” (extractos), The White House, 22 de julio de 2016, en: <https: . hitehouse.gov the-press-ofice 2016 07 22 fact-sheet-united-states-mexico-relations>. Ibidem. La seguridad México-Estados Unidos: responsabilidad compartida C El marco de trabajo de responsabilidad compartida del acuerdo de Mérida, originalmente diseñado por los presidentes Bush y Calderón, continúa proveyendo las bases para la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos. Sin embargo, por la variedad de aspectos que abarca la cooperación, los diálogos y compromisos no sólo incluyen lo estrictamente programático, como fue evidente al llegar la administración Obama en 2009 y reorientar la Iniciativa Mérida. La agenda de seguridad bilateral envuelve, y debe hacerlo, aspectos más amplios que los cuatro pilares que la integran. A pesar de ello, otorga un espacio institucional para el diálogo bilateral que debe incluir a amenazas emergentes como un signo de madurez en la relación. Uno de los aspectos frágiles de la Iniciativa es que carece de mecanismos para evaluar el progreso de los programas, de acuerdo con los objetivos. El diálogo en los más altos niveles en inteligencia y justicia continúa profundizándose, y los fondos se están destinando principalmente a fortalecer las capacidades de la policía y en transformar el sistema de justicia de México. Mientras esto sucede, el alarmante incremento de los homicidios en el país -aproximadamente el 15 por ciento- durante el primer semestre de 2016 eleva las preocupaciones sobre la efectividad de los resultados. Es muy temprano para predecir si se va a elevar la violencia a largo plazo, pero esto es un signo de alarma que se introduce en los diálogos entre los gobiernos. Así, el compromiso por una mejor cooperación y continuación de la asistencia no ha sido suiciente para reducir la violencia y controlar los riesgos que produce el crimen organizado. Por lo anterior, es tiempo de reexaminar la estrategia anticrimen per se, con el objeto de deinir si el diálogo, la colaboración y la entrega de fondos están en el camino correcto. Continuar con estas actividades sin valorar el éxito de la estrategia en términos objetivos -como debería ser la reducción de los homicidios, el incremento de la conianza de los ciudadanos en sus autoridades y la colaboración del gobierno mexicano en la reducción de riesgos en los jóvenes, así como su inclusión para transformarlos de potenciales sujetos criminales en actores benéicos para la sociedad- es fundamental. Después de conseguido lo anterior, México y Estados Unidos pueden lograr ventajas positivas de la relación para deinir los riesgos de seguridad a nivel binacional. Los resultados de la elección de noviembre de 2016 en Estados Unidos signiican un reto en la relación bilateral con México. El regreso al unilateralismo en la administración de Donald Trump podría cuestionar la continuación del trabajo en materia de cooperación en seguridad con México. En ese sentido, evaluar objetivamente las ganancias mutuas en la cooperación se vuelve un imperativo categórico, pues la vecindad no desaparece a pesar de los cambios de gobierno en ambos países. 243 Anexo estadístico Armando Rodríguez Luna Patricia Quintanar Keyla Vargas L que enfrenta México cada vez son más complejos y se interrelacionan de diversas maneras. En los últimos años, los estudios en seguridad han desarrollado gradualmente más indicadores para medir la magnitud y el impacto de los niveles de violencia y delincuencia en el país. Este anexo estadístico es resultado de una investigación cuantitativa sobre diversos temas prioritarios para comprender las expresiones de la delincuencia y la violencia, así como de sus actores y efectos sobre la sociedad y las instituciones de gobierno. El anexo estadístico del Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 que se presenta es único en su tipo en el país, debido a que integra información sobre defensa, inseguridad e inseguridad pública, lucha contra el crimen organizado y morfología criminal, permitiendo observar tendencias y lograr tener una visión de conjunto. Igualmente, la forma de presentación de la información es una herramienta para visualizar las diferencias entre los niveles nacional, estatal y municipal. En esta tercera edición se sistematiza la información más relevante relacionada con los temas que permiten analizar el panorama institucional, criminológico y poblacional de la seguridad en México. El anexo inicia con una cartografía que incluye mapas y gráicos, así como diez apartados temáticos. La cartografía describe la distribución de los homicidios en los últimos 16 años, identiicando además el impacto del homicidio sobre la población joven del país. Adicionalmente, se incorpora una serie de mapas que re ejan la presencia territorial de la delincuencia organizada, construida a partir de la consulta en diferentes fuentes. Se enfatiza la presencia de las células criminales que permiten la operación cada vez más exible de los grupos mayores, también denominados “cárteles”. También la cartografía presenta de forma gráica los datos más relevantes en materia de recursos económicos y humanos de las instituciones de seguridad y defensa de México. El primer apartado identiica y graica la organización institucional de seguridad nacional, con el in de analizar el enfoque y la orientación política del Estado. Se examina la estructura orgánica en materia de seguridad nacional, defensa, procuración de justicia y seguridad pública, permitiendo deinir cuáles son las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar la seguridad y la soberanía. El segundo apartado revisa la coniguración política del Congreso de la Unión, así como de las comisiones en la Cámara de Diputados y en la de Senadores que legislan sobre temas de seguridad. Desde 2004, el Poder Legislativo tiene corresponsabilidad en materia de seguridad nacional, lo cual se encuentra establecido en el Artículo 73, fracción XXIX-M de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta de gran importancia identiicar la geometría política e ideológica del Congreso, para poner en contexto las discusiones políticas y jurídicas en torno a temas Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 246 como la política de drogas, las reformas a la estructura de seguridad pública estatal y municipal y, más importante aún, el presupuesto anual asignado a las entidades del gobierno federal. En el tercer apartado se presentan las variaciones presupuestales dentro de la organización institucional de seguridad, defensa, procuración de justicia e inteligencia en los últimos 16 años. También se incluyen series históricas por dependencia y temas, al igual que comparativos entre las cuatro administraciones federales más recientes. Este apartado permite conocer las tendencias y evolución del gasto federal en los ámbitos de seguridad señalados. El cuarto apartado realiza un esfuerzo por identiicar el estado de la procuración y la administración de justicia. A pesar de la diicultad para ubicar datos que puedan corroborarse, se exponen estadísticas sobre los principales delitos cometidos en México, siempre teniendo en cuenta que la cifra negra en el país ronda el 93 por ciento. El quinto identiica las tendencias relevantes en materia de inseguridad para visualizar un panorama estadístico al respecto. Además de revisar los principales indicadores en materia de delincuencia, se analiza también el comportamiento de la seguridad pública a nivel municipal. Se toma en cuenta el panorama de los centros penitenciarios federales en términos demográicos y la situación jurídica de los internos. El sexto apartado examina los datos disponibles en fuentes nacionales e internacionales sobre el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional que opera en el territorio mexicano, así como las principales actividades delictivas asociadas. El narcotráico se convirtió en la principal amenaza a la seguridad nacional en la última década, además de impactar de forma creciente a la sociedad en términos de violencia y resquebrajamiento del tejido social. El apartado estadístico pretende establecer la correlación entre la dimensión del fenómeno criminal frente a las acciones del gobierno federal a lo largo y ancho del país. El séptimo apartado aborda las principales violaciones a los derechos humanos por tipo, así como las instituciones gubernamentales que reciben más recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México ha sido señalado en los últimos tres años por exhibir una crisis en la materia, especialmente por organizaciones de la sociedad civil y por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fundación Open Society.1 Esto ocurre 1 Open Society Initiative, Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, Open Society Foundation, Nueva or , 2016, en: http: .casede.org BibliotecaCasede Novedades-PDF Informe CAH OSJI.pdf>. en el contexto de violencia e impunidad examinado en apartados anteriores; de ahí la importancia de presentar esta problemática por institución, región geográica y poblaciones vulneradas, con datos veriicables. El octavo apartado identiica la calidad de la transparencia y el acceso a la información que tienen las instituciones del gobierno federal en los ámbitos de la seguridad, la defensa y la justicia. La lógica de este apartado permite además establecer cuál es la demanda ciudadana por acceder a información en las esferas señaladas. El noveno apartado analiza en términos cuantitativos el tipo y evolución de la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. A partir de la instrumentación del programa de asistencia Iniciativa Mérida en 2008, la relación bilateral en materia de seguridad se había incado en el concepto de “responsabilidad compartida”. Este marco de cooperación está seriamente comprometido debido a la política de seguridad nacionalista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Finalmente, el décimo sistematiza los principales datos relacionados con la percepción ciudadana sobre la inseguridad, la delincuencia común y organizada, la violencia y el capital social. Durante los eltimos cuatro años la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica ha documentado los altos niveles de violencia y delincuencia, así como los de impunidad que prevalecen en el país. Se incorpora en este apartado la Encuesta sobre Capital Social que levantó CASEDE en alianza con Sistemas de Inteligencia en Mercados y Opinión (SIMO) en 2014, la cual presenta datos sumamente interesantes, aunque desalentadores, sobre los grados de organización, conianza y participación social. Se incluyen también algunos datos internacionales del Latinobarómetro. Medir la opinión pública se ha convertido en una forma de conocer cómo la inseguridad impacta en la sociedad. CASEDE considera de gran utilidad incluir en una misma publicación re exiones y análisis con la información sistematizada. Ello permite tener una lectura uniicada tanto de los esfuerzos del Estado mexicano para combatir la inseguridad y el crimen, como de los fenómenos de violencia social y evolución del crimen organizado. Una preocupación de CASEDE y el Instituto Belisario Domínguez es la afectación sobre la población y cómo se han incrementado las violaciones a los derechos humanos. Cartografía de la seguridad L de los fenómenos de inseguridad, delincuencia y violencia es un instrumento útil para el análisis en materia de seguridad. Es por ello que esta sección inicia con una selección de mapas sobre el impacto de homicidios y secuestros, con el objetivo de obtener una perspectiva territorial de mediano plazo. De esta manera, se presenta una serie anual de mapas que permiten visualizar cómo se ha desplazado territorialmente el homicidio durante el periodo 2006-2016. Al principio del periodo, los estados de Baja California, Chihuahua y Sinaloa ocupaban los primeros lugares en homicidios, medidos en tasas por cada cien mil habitantes. El año 2011 fue el más violento de acuerdo con los datos de este indicador, el cual ya abarcaba a los estados de Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Estado de México. Hacia 2016, los mayores niveles de homicidio se concentran en las áreas del norte, centro y Pacíico, donde destacan Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México. 247 Cartografía de la seguridad Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 248 En este ámbito, la población joven que se ubica entre los 15 y 29 años de edad ha sido la más vulnerable. Tan sólo en 2011, este grupo etario representó el 43 por ciento del total de homicidios para ambos sexos, donde nueve de cada diez hombres fueron las principales víctimas. Cabe señalar que el grupo de 20 a 29 años representaba el segmento más crítico entre 2000 y 2008 sin embargo, a partir de 2009 este tipo de violencia comenzó a impactar sobre los más jóvenes, ya que el grupo de 15 a 19 años incrementó de forma signiicativa su participación en este indicador. Las actividades de la delincuencia organizada que opera en el país, así como las acciones del gobierno para combatirla han sido una variable clave para explicar las cifras anteriores. Es por ello que se incorporan a esta sección una serie de mapas para ubicar las regiones de in uencia de los principales grupos criminales. Destaca la presencia de las células criminales que en los últimos años han demostrado mayor proclividad a utilizar la violencia contra la población, sobre todo en estados como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán o Morelos. Incluso la reconiguración espacial de los cárteles es cambiante año tras año, pues al golpear la estrategia gubernamental a las principales organizaciones, por ejemplo con la captura –y extradición– del máximo líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, se produce una pugna en ocasiones muy violenta por los recursos y el control de las rutas criminales. Ello lleva frecuentemente a la dispersión de su actividad, y a que aumenten las tasas de violencia y homicidios en otras entidades que en el pasado reciente no ostentaban tasas altas. De esta manera, desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, la geografía criminal ha cambiado notablemente. Hacia el año 2016, se observa un repunte de la violencia en algunas ciudades de la frontera norte, como Tijuana, y la aparición de células criminales en estados como Colima y Nayarit. El tráico de drogas transnacional es la actividad más redituable que realizan estos grupos criminales. Su participación en las diferentes etapas de este negocio, como son la producción, la transformación, el trasiego y la venta de diferentes tipos de drogas ilegales, los ha con- vertido en pieza clave para este delito transnacional. De acuerdo con la Oicina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la delincuencia organizada transnacional genera alrededor de 870 mil millones de dólares al año, de las cuales el tráico de drogas representa aproximadamente 320 mil millones.1 Las evaluaciones anuales de la agencia antidrogas estadounidense (conocida como DEA) señalan que las organizaciones criminales mexicanas obtienen alrededor de 33 mil millones de dólares al año, lo que signiica el 10 por ciento del principal mercado ilegal en el mundo. Las rutas para el tráico de narcóticos son las que garantizan la colocación de las drogas ilegales desde el lugar de producción hasta el punto de venta. Es por ello que se incluyen tres mapas tomados del Informe mundial sobre las drogas 2016, editado por UNODC. A estos mapas se incorporaron datos sobre la participación de México en la interdicción y decomiso de drogas dentro de las rutas mundiales.2 En la cartografía se incluyen además otros datos relevantes para complementar el panorama de la inseguridad, tales como un mapa sobre la ubicación de fosas clandestinas en el país. También se incluyen gráicas sobre la cantidad de elementos desplegados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional entre 2000 y 2016, año en el cual se alcanzó prácticamente el 25 por ciento del total del personal, pues la cantidad anual de tropas se establece en una media de casi cincuenta mil por año. Este dato es muy relevante, pues existe una polémica sobre cuál debe ser la estrategia de retiro de las tropas de la calle a los cuarteles, pues están saturadas de misiones de seguridad pública y combate al crimen organizado, lo que en sentido estricto puede desnaturalizar su misión principal, que es la defensa de la nación. Los mapas y gráicas incluidos son un insumo que contribuye a los debates sobre cómo interpretar la violencia, la inseguridad y su presencia territorial a lo largo del país. Asimismo, se presenta la respuesta por parte del gobierno federal en términos del presupuesto y personal destinados a contrarrestar dichas condiciones, las cuales han impactado negativamente en el tejido social. 1 2 Oicina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Delincuencia organizada transnacional. La economía ilegal mundializada, en Documentos UNODC [Online , disponible en: http: .unodc. org documents toc factsheets TOC12 fs general ES HIRES.pdf>. Disponible en: https: .unodc.org doc dr2016 DR 2016 ExSum spanish.pdf . P i i g é i i i i Mé i g iz 2016 Mapa 1. Cártel de Sinaloa o Pacíico Mapa 2. Los Beltrán Leyva 249 Cartografía de la seguridad Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 250 Mapa 3. Cártel del Golfo Mapa 4. Los Zetas Mapa 5. Grupo de los Arellano Félix Mapa 6. Cártel de Juárez 251 Cartografía de la seguridad Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 252 Mapa 7. La Familia Michoacana Mapa 8. Los Caballeros Templarios Mapa 9. Grupo Los Viagra Mapa 10. Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 253 Cartografía de la seguridad Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 254 Mapa 11. Disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control del tráico de heroína Mapa 12. Cártel Independiente de Cancen (en construcción) Mapa 13. Disputa entre grupos de la delincuencia organizada F : elaboración con base en el Cuadro 67: “Principales grupos de la delincuencia organizada y sus células criminales en México 2016”, de este anexo estadístico. 255 Cartografía de la seguridad Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 256 H i i i Mapa 1. Homicidios por entidad federativa 2000 Mapa 2. Homicidios por entidad federativa 2005 Mapa 3. Homicidios por entidad federativa 2006 i i Mapa 4. Homicidios por entidad federativa 2007 Mapa 5. Homicidios por entidad federativa 2008 Mapa 6. Homicidios por entidad federativa 2009 257 Cartografía de la seguridad Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 258 Mapa 7. Homicidios por entidad federativa 2010 Mapa 8. Homicidios por entidad federativa 2011 Mapa 9. Homicidios por entidad federativa 2012 Mapa 10. Homicidios por entidad federativa 2013 Mapa 11. Homicidios por entidad federativa 2014 Mapa 12. Homicidios por entidad federativa 2015 F : elaboración con base en el Cuadro 43: “Defunciones por homicidios por entidad federativa 2000-2015”, de este anexo estadístico. 259 Cartografía de la seguridad Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 260 A í i Mapa 1. Víctimas adolescentes registradas de homicidio por entidad federativa 2011 Mapa 2. Víctimas adolescentes registradas de homicidio por entidad federativa 2012 Mapa 3. Víctimas adolescentes registradas de homicidio por entidad federativa 2013 i i i Mapa 4. Víctimas adolescentes registradas de homicidio por entidad federativa 2014 Mapa 5. Víctimas adolescentes registradas de homicidio por entidad federativa 2015 F : elaboración con base en el Cuadro 33: “Víctimas adolescentes registradas en conductas antisociales 2011-2015”, de este anexo estadístico. 261 Cartografía de la seguridad Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 262 A g Mapa 1. Entidades federativas con mayor porcentaje de armas aseguradas 2013 Mapa 2. Entidades federativas con mayor porcentaje de armas aseguradas 2014 i i Mapa 3. Entidades federativas con mayor porcentaje de armas aseguradas 2015 Mapa 4. Entidades federativas con mayor porcentaje de armas aseguradas 2016 F : elaboración con base en el Cuadro 68: “Entidades federativas con mayor porcentaje de armas aseguradas 2013-2016”, de este anexo estadístico. Cartografía de la seguridad 263 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 264 S Mapa 1. Inculpados por secuestro 2011 Mapa 2. Inculpados por secuestro 2012 Mapa 3. Inculpados por secuestro 2013 i i Mapa 4. Inculpados por secuestro 2014 Mapa 5. Inculpados por secuestro 2015 F : elaboración con base en el Cuadro 28: “Inculpados por el delito de secuestro, por entidad federativa 2011-2015”, de este anexo estadístico. 265 Cartografía de la seguridad Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 266 i Mapa 1. Fosas 2016 F : elaboración de este anexo estadístico. con base en el Cuadro 116: “Fosas clandestinas y cuerpos encontrados 2006-2015”, P Gráica 1. Presupuesto asignado al sector Seguridad y Defensa, 2000-2016 SEDENA SEMAR CNS PGR CISEN 80,000 Millones de pesos 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 F : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2000-2016. Gráica 2. Comparativo tres gobiernos. Presupuesto asignado al sector Seguridad y Defensa, 2001-2016 2013-2016 CISEN 2007-2012 Millones de pesos 2001-2006 21,170 11,912 5,898 66,545 69,515 PGR 44,629 84,569 174,783 CNS 43,509 100,892 94,332 SEMAR 52,577 269,569 259,965 SEDENA 141,325 F : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2000-2016. 267 Cartografía de la seguridad Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 268 Gráica 3. Recursos ejercidos por el Secretariado Técnico para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 2008-2015 Pesos 1,063,206,999 979,040,759 549,433,768 512,005,600 547,600,219 392,234,319 57,320,220 3,480,653 2008 2009 F : elaboración 2008-2015. 2010 CASEDE 2011 2012 2013 2014 2015 Ejercido con base en Cuenta Peblica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, Gráica 4. Financiamiento a México dentro de la Inicativa Mérida 2008-2017 Millones de dólares 2017 (Solicitado) 2016 (Estimado) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 0 100 Fondo de Ayuda Económica 200 300 400 Financiamiento Militar Extranjero 500 600 700 800 Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley F : Clare Ribando Seel e, U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond, Congressional Research Service, 2013, 2015 y 2016. Nota: A partir de 2012, el Financiamiento Militar Extranjero ya no formó parte de la Iniciativa Mérida. R H Gráica 5. Recursos Humanos de la Secretaría de la Defensa, 2008-2015 31,132 30,880 30,110 168,565 165,261 162,686 31,510 31,129 32,118 32,073 31,216 174,319 174,264 173,853 171,746 168,565 Generales 5,919 5,782 5,779 5,713 5,364 6,098 6,038 5,919 Jefes Oficiales Tropa Otros 848 537 848 537 2008 851 848 537 2009 2010 F : elaboración 2008-2015. CASEDE 851 541 537 2011 848 541 2012 849 848 541 2013 541 2014 2015 con base en Analítico de Plazas, Presupuesto de Egresos de la Federación, Gráica 6. Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, 2008-2015 44,428 43,854 42,881 11,428 43,571 12,456 12,017 11,791 11,679 11,428 44,334 43,738 43,376 42,881 9,187 8,536 2,168 2,031 1,713 3,170 2,758 2,532 2,372 2,168 Almirantes Jefes (Capitanes) Oficiales 338 332 241 221 303 261 377 346 316 261 181 377 Tropa (Clases) Otros (Infantería de Marina) 169 86 2008 2009 F : elaboración 2008-2015. 2010 CASEDE 2011 2012 2013 86 2014 85 2015 con base en Analítico de Plazas, Presupuesto de Egresos de la Federación, 269 Cartografía de la seguridad Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 270 Gráica 7. Recursos Humanos de la Procuraduría General de la Repeblica, 2000-2016 Agentes Ministerio Público Federal Elementos de la Policía Federal Ministerial Peritos 14,447 10,277 9,580 6,839 7,047 7,887 1,492 1,439 1,356 1,392 12,992 10,094 13,072 12,493 10,353 10,110 10,159 1,792 656 4,920 5,245 2,303 2,304 6,122 1,425 1,725 1,725 1,755 1,720 1,745 1,745 5,996 4,974 4,902 4,857 5,057 5,057 4,823 4,823 2,797 3,299 3,706 3,706 3,806 4,188 4,219 4,219 1,418 756 593 9,616 9,807 8,516 368 7,479 Personal directivo y administrativo 8,078 7,676 8,127 7,992 2,712 2,679 2,854 2,799 7,006 16 15 20 20 14 20 13 20 12 20 11 20 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 2,712 20 20 01 20 00 20 F 02 3,583 1,572 4,806 : elaboración CASEDE con base en “Anexo Estadístico”, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. 2011 2012 2013 2014 2015 Gráica 8. Recursos Humanos de las agencias del Ministerio Peblico, 2011-2015 Policías Judiciales o Ministeriales o Investigadores Peritos Agentes del Ministerio Público Policías Judiciales o Ministeriales o Investigadores Peritos Agentes del Ministerio Público Policías Judiciales o Ministeriales o Investigadores Peritos Agentes del Ministerio Público Policías Judiciales o Ministeriales o Investigadores Peritos Agentes del Ministerio Público Policías Judiciales o Ministeriales o Investigadores Peritos Agentes del Ministerio Público 9,831 2,392 7,589 11,243 2,527 7,087 13,104 2,936 7,989 12,420 2,019 7,876 9,115 1,782 7,095 F : elaboración CASEDE con base en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012-2016. Gráica 9. Personal total del sector Seguridad y Defensa, 2000-2016 SEDENA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SEMAR 2008 PGR 2009 Seguridad Pública 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 F : elaboración CASEDE con base en el Cuarto Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. Gráica 10. Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegados en el combate al narcotráico 2000-2016 52,690 48,650 45,000 49,650 51,994 49,650 45,106 37,523 34,529 30,991 31,078 31,932 2000 2001 2002 31,992 31,986 32,074 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 35,615 34,996 2014 2015 2016 F : Secretaría de la Defensa Nacional, vía solicitud de información folio 0000700064516 y “Crece despliegue de tropas en calles”, Reforma, 7 de febrero de 2017, p. 11 271 Cartografía de la seguridad Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 272 I g i i i Total de delitos cometidos Gráica 11. Incidencia delictiva a nivel nacional. Fuero Comen, 2000-2016 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 F : Datos Abiertos de Incidencia Delictiva, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica, http: secretariadoejecutivo.gob.mx incidencia-delictiva incidencia-delictiva-datos-abiertos.php>. Gráica 12. Homicidios por sexo y por año de ocurrencia 1990-2015 Total 20,762 Hombre 18,293 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990 Mujer 2,383 F : elaboración CASEDE con base en Registros Administrativos, Consulta interactiva de datos, Defunciones por homicidio, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, http: .inegi.org.mx sistemas olap proyectos bd continuas mortalidad defuncioneshom.asp?s est . Gráica 13. Evolución de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes 1990-2015 17.16 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 F : elaboración CASEDE con base en Registros Administrativos, Consulta interactiva de datos, Defunciones por homicidio, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, http: .inegi.org.mx sistemas olap proyectos bd continuas mortalidad defuncioneshom.asp?s est Proyecciones de la población 20102050, Consejo Nacional de Población. Gráica 14. Cifras de secuestro y extorsión. Fuero Comen 1997-2016 Secuestro Extorsión 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 F : Cifras de secuestro y extorsión 1997-2016, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica. 273 Cartografía de la seguridad Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 274 Gráica 15. Defunciones por homicidio en hombres de 15 a 29 años, 2000-2015 15-19 años 20-24 años 25-29 años 3,706 3,676 3,307 3,366 3,460 3,383 2,853 2,714 1,369 1,843 2,778 2,339 2,474 2,342 2,447 1,369 813 1,312 1,308 818 1,248 1,221 792 1,266 1,113 694 1,101 1,074 633 1,213 1,131 661 1,220 1,125 679 1,220 1,125 679 1,698 949 1,344 1,903 2,065 1,973 1,490 1,166 1,256 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1,718 1,845 2,410 Defunciones por homicidio en hombres de 30 a 44 años Gráica 16. Defunciones por homicidio en hombres de 30 a 44 años, 2000-2015 2000-2015 35-39 años 30-34 años 40-44 años 1,632 746 1,015 1,177 724 986 1,055 735 948 1,087 758 927 1,135 779 948 1,080 758 957 1,109 842 1,069 1,270 842 1,069 1,270 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1,180 1,592 2,422 1,960 2,522 2008 2009 2,047 2,048 3,054 2,969 1,978 1,844 2,655 2,347 2,029 2,119 3,655 3,383 3,080 2,636 2,303 2,336 2010 2011 2012 2013 2014 2015 F : Registros Administrativos, Mortalidad, Defunciones por homicidio, Instituto Nacional de Estadística y Geografía http: .inegi.org.mx lib olap consulta general ver4 MDXQueryDatos.asp?c . Gráica 17. Defunciones por homicidio en mujeres de 15 a 29 años, 2000-2015 15-19 años 20-24 años 25-29 años 304 358 191 319 301 278 322 290 289 261 253 232 2013 2014 2015 165 179 206 249 347 341 133 120 138 134 123 125 132 132 166 145 172 152 140 158 142 139 139 161 137 142 126 144 131 134 150 150 141 191 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 342 345 262 282 281 349 2010 2011 2012 Defunciones por homicidio en mujeres de años, 30 a 44 años Gráica 18. Defunciones por homicidio en mujeres de 30 a 44 2000-2015 35-39 años 30-34 años 40-44 años 207 223 194 257 253 186 133 86 118 101 103 109 86 103 102 102 126 143 120 132 126 126 141 206 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 113 76 97 125 118 2000 2001 103 215 293 278 279 302 271 242 2010 2011 2012 2013 2014 2015 193 85 93 85 109 275 140 F : Registros Administrativos, Mortalidad, Defunciones por homicidio, Instituto Nacional de Estadística y Geografía http: .inegi.org.mx lib olap consulta general ver4 MDXQueryDatos.asp?c . Gráica 19. Capacidad y población privada de la libertad por centro penitenciario federal 2016 Población privada de la libertad Capacidad CEFERESO No.16 CPS Morelos 2,528 CEFERESO No. 15 CPS Chiapas 2,520 CEFERESO No. 14 CPS Durango 2,520 CEFERESO No. 13 CPS Oaxaca 2,520 CEFERESO No. 12 CPS Guanajuato 2,520 CEFERESO No. 11 CPS Sonora 2,520 CEFERESO No. 8 Nor-Poniente CEFERESO No. 6 Sureste 1,280 2,052 2,470 2,064 2,335 2,362 828 1,148 CEFERESO No. 9 Norte CEFERESO No. 7 Nor-Noroeste 557 812 414 480 392 720 836 0 1,040 CEFERESO No. 2 Occidente CEFEREPSI 2,855 3,794 CEFERESO No. 4 Noroeste CEFERESO No. 1 Altiplano 2,597 3,078 CEFERESO No. 5 Oriente CEFERESO No. 3 Noreste 1,057 5,556 Complejo Penitenciario Islas Marías 1,039 836 460 802 279 F : elaboración CASEDE con base en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, Comisión Nacional de Seguridad, octubre de 2016. T i Gráica 20. Solicitudes de información a las instituciones de Seguridad y Defensa 2016 3,328 3,039 2,196 1,133 857 367 319 302 107 SEGOB PGR SEDENA Policía Federal SEMAR OADPRS CISEN Agencia de Comisión Ejecutiva de Investigación Criminal Atención a Víctimas 42 34 Cenapi Coordinación Nacional Antisecuestro F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 2016. SEGOB: Secretaría de Gobernación SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional SEMAR: Secretaría de Marina PGR: Procuraduría General de la Repeblica CISEN:Centro de Investigación y Seguridad Nacional Cenapi: Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos OADPRS: Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 275 Cartografía de la seguridad 276 i g Mapa 1. Principales corrientes de tráico de heroína 2016 y resultados de México 2013-2015 Federación de Rusia Canadá EUROPA CENTRAL Y EUROPA SUDORIENTAL ASIA CENTRAL Canadá Estados Unidos Turquía China República Islámica del Irán Pakistán Afganistán Pakistán ASIA MERIDIONAL Myanmar Golfo Pérsico y Oriente Medio México RDP Lao ÁFRICA OCCIDENTAL ASIA SUDORIENTAL Colombia Corrientes de heroína entre países o regiones Tráfico de opiáceos generado por la producción de América Latina Tr ico de opi ceos e nerado por la producción de Myanmar/República Democrática Popular Lao Tráfico de opiáceos generado por la producción de Afganistán ÁFRICA ORIENTAL OCEANÍA AMÉRICA DEL SUR ÁFRICA MERIDIONAL Ruta de Los Balcanes Ruta septentrional Ruta meridional 0 1,000 Datos México 2,000 km Año F : elaboración CASEDE. Con base en Informe Mundial de Drogas 2010-2016 (UNODC), UNODC Statistics y el “Anexo Estadístico” del Cuarto Informe de Gobierno de México, 2015-2016. Erradicación Amapola Ha Aseguramientos Goma de Opio g Aseguramientos Heroína g 2014 21,895 .1 1,633.3 421.3 2015 26,399.2 1,400.2 603.0 2016 15,967.0 86.4 194.9 Valor de la droga asegurada 201 -2015 50,708,000 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 g Mapa 2. Principales corrientes de tráico de cocaína 2016 y resultados de México 2013-2016 Canadá EUROPA OCCIDENTAL Y CENTRAL Estados Unidos España China Colombia Perú Brasil Panamá Pakistán Qatar Australia México ASIA SUDORIENTAL EAU India CARIBE Hong Kong China ÁFRICA OCCIDENTAL CENTROAMÉRICA Venezuela (Rep. Bol. de) Colombia México Perú Brasil Argentina Malasia Ecuador Perú Indonesia Brasil Bolivia (Estado Pluri. de) Paraguay Australia Australia Cartografía de la seguridad Chile Corrientes de cocaína entre países o regiones Tráfico principal Otro tráfico Países mencionados con mayor frecuencia como lugares de procedencia de la droga incautada 0 1,000 Sudáfrica Argentina Datos México 2,000 km Años F : elaboración CASEDE. Con base en Informe Mundial de Drogas 2010-2016 (UNODC), UNODC Statistics y el “Anexo Estadístico” del Cuarto Informe de Gobierno de México, 2015-2016. Aseguramientos tons 2013 6.5 2014 4.7 2015 9.0 2016 4.2 Valor de la droga asegurada USD 201 -2015 252,500,000 Canadá Estados Unidos Perú Chile Brasil Argentina 277 278 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Mapa 3. Corrientes interregionales de tráico de metanfetaminas 2011-2014 y resultados de México 2013-2016 Europa oriental América del Norte Asia oriental Asia central Europa central, occidental y sudoriental Asia oriental Asia occidental Oriente Medio Centroamérica África occidental Asia sudoriental América del Sur Oceanía Oceanía Corrientes destacables dentro de una región Región con corrientes de tránsito destacables Región afectada por corrientes de metanfetaminas África meridional Corrientes de metanfetaminas 0 1,000 Datos México 2,000 km Años F : elaboración CASEDE. Con base en Informe Mundial de Drogas 2010-2016 (UNODC), UNODC Statistics y el “Anexo Estadístico” del Cuarto Informe de Gobierno de México, 2015-2016. Aseguramientos psicotrópicos unidades 2013 1,227,543 2014 421,011 2015 7,784,428 2016 25,950 Organigramas L M se organizan formalmente mediante una división de trabajo institucional que opera en torno al Poder Ejecutivo, donde el presidente es la máxima autoridad. Este apartado expone al lector los organigramas de las principales dependencias responsables de la seguridad y la defensa del gobierno federal. El primero deine cuál es la estructura del sistema de seguridad nacional, en donde participan tanto instituciones civiles como militares. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad del país, así como en su seno se ubica el servicio de inteligencia civil, mediante el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Desde diciembre de 2012, la Segob asumió de nueva cuenta el control de la seguridad peblica, creando la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que es un ente coordinador que sustituye a la Secretaría de Seguridad Peblica e incorpora a la Policía Federal. De igual forma, dentro de la estructura de la Segob se han incluido las áreas de Prevención y Participación Ciudadana, Derechos Humanos y Migración, debido a que forman parte de la agenda de seguridad multidimensional que formalmente ha adoptado el gobierno mexicano.1 Cabe señalar que dada la importancia de la seguridad peblica para los objetivos de seguridad del Estado mexicano, se presentan en este apartado los organigramas de la CNS, de la Policía Federal y del Sistema Nacional de Seguridad Peblica. En el ámbito de la procuración de justicia, la institución responsable es la Procuraduría General de la Repeblica (PGR), parte esencial, aunque poco eicaz, en el marco de la política de seguridad contra la delincuencia organizada. Se muestra detalladamente su estructura orgánica, en la cual se destaca la existencia de Unidades Especiales de Investigación (UEI), y se incluyen dos subprocuradurías que son piezas clave para la seguridad del país: la Subpro1 Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, iario icial de la Federaci n, 30 de abril de 2014: http: lle.php?codigo 5342824 fecha 30 04 2014 . .dof.gob.mx nota deta- Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 280 curaduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Las Fuerzas Armadas, conformadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de MarinaArmada de México (Semar) son vitales para mantener la seguridad del país, debido a que su despliegue coadyuva con las otras instancias civiles a controlar el crimen y fortalecer la seguridad peblica. Se incluye un organigrama que trata de establecer de forma sencilla la relación de mando en el sistema de defensa en México, que si bien no existe en términos formales, sí puede deinirse a partir de la lectura de las leyes orgánicas de ambas secretarías de Estado. Dentro de este sistema destaca el Estado Mayor Presidencial (EMP), institución cuya función primordial es garantizar la seguridad del jefe de Estado y su familia, así como la de todos los visitantes extranjeros invitados por el Estado mexicano. Es encabezado por militares en activo, y en su seno alberga a elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina-Armada de México y de la Policía Federal, así como también a personal civil. Dada la relevancia de esta institución, se incluye su organigrama al inal de este apartado. Por otro lado, destaca la igura del Consejo de Seguridad Nacional, entidad que apoya al presidente de la Repeblica y que es coordinado por un secretario técnico, que tiene entre sus funciones principales la de proponer “políticas, lineamientos y acciones en materia de seguridad nacional”.2 El Consejo se nutre de información de inteligencia que le provee el CISEN. Por su parte, la Sedena tiene como principales misiones “defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación garantizar la seguridad interior auxiliar a la población civil en casos de necesidades peblicas realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas”.3 Se incluye un organigrama detallado de la Sedena, que permite visualizar las estructuras del Ejército y la Fuerza Aérea. La Semar, en su Ley Orgánica contempla como misiones garantizar “la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental así como en aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos correspondientes, así como vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva”.4 En los eltimos años sobresale la labor de la Infantería de Marina como un cuerpo operativo que tiene gran importancia en el combate al crimen organizado. De igual forma, una unidad muy relevante en el seno de la Semar es la Unidad de Inteligencia Naval. Cada una de las estructuras orgánicas institucionales que conforman este apartado tiene el objetivo de re ejar la relación entre el ámbito para la toma de decisiones y aquel destinado a la operación e instrumentación de su responsabilidad. En este sentido, resulta evidente que esta organización no favorece la interoperabilidad y cooperación entre las secretarías de Estado y otras instituciones de seguridad y defensa, ante lo cual se tienen que instrumentar medidas operativas ad hoc, como las Bases de Operación Mixtas. Para intentar superar esta falencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha impulsado la creación del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, dividido en cinco centros regionales de Fusión de Inteligencia.5 Aunque lo anterior no es suiciente para mejorar las condiciones de coordinación interinstitucional, podría signiicar un avance para la generación de inteligencia en el nivel estratégico, sobre todo para mejorar la gestión del gobierno federal en garantizar las condiciones de seguridad de la población, que sin lugar a dudas son una demanda prioritaria en los eltimos años. 4 2 3 Artículo 15, fracción III, Ley de Seguridad Nacional, iario icial de la Federaci n, 31 de enero de 2005, puede consultarse en: http: .diputados.gob.mx LeyesBiblio pdf LSegNac.pdf . Artículo 1 , Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, iario icial de la Federaci n, 26 de diciembre de 1986, puede consultarse en: http: .sedena.gob.mx pdf leyes ley organica.pdf . 5 Artículo 2, fracción 4ta., Ley Orgánica de la Armada de México, Diario icial de la Federaci n, 30 de diciembre de 2002, puede consultarse en: http: .diputados.gob.mx LeyesBiblio pdf 249.pdf . Secretaría de Gobernación, ercer nforme de abores , Secretaría de Gobernación, 1 de septiembre de 2015 conseltese en: http: .gobernacion.gob.mx or models SEGOB Resource 620 7 images 3er INF LAB SEGOB(1).pdf . 1. Sistema de Seguridad Nacional en México-Nivel Federal 2016 Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional Presidente Consejo Nacional de Seguridad Pública Consejo de Seguridad Nacional Auditoría Superior de la Federación** Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Procuraduría General de la República Estado Mayor General de la Armada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada Fuerza Aérea Mexicana Cuerpo General de la Armada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales Regiones y Zonas Militares Infantería de Marina Estado Mayor de la Defensa Nacional Cuerpos Especiales Regiones, Zonas y Sectores Navales Organigramas Unidad de Inteligencia Naval Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Agencia de Investigación Criminal Policía Federal Ministerial Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Secretaría de Gobernación Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos Comisionado Nacional de Seguridad Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Secretaría de Hacienda y Crédito Público Subsecretaría de Ingresos Subsecretaría de Infraestructura Subsecretaría de Egresos Subsecretaría de Transporte Servicio de Administración Tributaria Unidad de Inteligencia Financiera Policía Federal Centro de Investigación y Seguridad Nacional* Instituto Nacional de Migración* F : elaboración CASEDE, con base en páginas electrónicas oiciales. Órganos desconcentrados. Organismo iscalizador coadyuvante de la Cámara de Diputados. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Administración General de Aduanas Secretaría de Relaciones Exteriores Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Europa, Medio Oriente, África y Asia Subsecretaría de Comunicaciones Subsecretaría para América del Norte Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal Subsecretaría para América Latina y el Caribe Comisión Federal de Telecomunicaciones Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 281 282 2. Secretaría de Gobernación: Sector Seguridad 2016 Subsecretaría de Gobierno Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica* Comisionado Nacional de Seguridad Subsecretaría de Derechos Humanos Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos Instituto Nacional de Migración* Centro de Investigación y Seguridad Nacional* Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal* Coordinación Nacional Antisecuestro* Policía Federal F : elaboración CASEDE con base en el “Manual de Organización General” de la Secretaría de Gobernación, iario icial de la Federaci n, 25 de junio de 2015. Se seleccionaron las subsecretarías y órganos desconcentrados relevantes para la seguridad. Órgano desconcentrado. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Secretaría de Gobernación 3. Comisión Nacional de Seguridad 2016 Comisionado Nacional de Seguridad Unidad de Desarrollo e Integración Institucional D. G. de Política para el Desarrollo Policial D. G. del Centro de Control de Confianza Unidad de Información para la Seguridad Pública D.G. de Plataforma México D.G. de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública Unidad de Planeación Prospectiva y Seguridad Privada D.G. de Análisis, Prospectiva y Evaluación D.G. de Seguridad Privada Policía Federal* Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Servicio de Protección Federal* Unidad de Servicios y Formación Policial D.G. de Servicios D.G. de Servicios para la Operación Policial Inspectoría General D.G. de Apoyo Jurídico D.G. de Inspección y Evaluación para la Operación Organigramas D. G. de Política y Desarrollo Penitenciario F : elaboración CASEDE con base en el “Manual de Organización General” de la Secretaría de Gobernación, iario icial de la Federaci n, 25 de junio de 2015. D.G. Dirección General. Órgano desconcentrado. 283 284 de (continuaci n Æ) Comisionado General División de Inteligencia Coord. de Análisis y Enlace Internacional D.G. de Análisis y Estadística D.G. de Asuntos Policiales Internacionales D.G. de Indicadores de Integración de la Información Coord. de Operaciones Encubiertas D.G. de Operaciones e Infiltración D.G. de Reclutamiento y Manejo de Fuentes de Información D.G. de Supervisión y Vigilancia División de Investigación Coord. de Servicios Técnicos D.G. del Centro de Alertas y Atención de Riesgos D.G. de Desarrollo y Operación de Coberturas D.G. de Centro de Monitoreo Técnico Coord. de Investigación de Campo Internacional D.G. de Investigación de Delitos contra la Seguridad e Integridad de las Personas D.G. de Investigación de Delitos de Alto Impacto Coord. de Investigación de Gabinete D.G. de Análisis Táctico D.G. de Fichas y Registros Delictivos D.G. de Manejo de Crisis y Negociación División de Seguridad Regional Coord. de Investigación Técnica y Operación D.G. de Apoyo Táctico D.G. de Inteligencia Operativa D.G. de Operaciones Técnicas 32 Coord. Estatales D.G. de Control Operativo D.G. de Información D.G. de Logística y Adiestramiento D.G. de Operaciones D.G. de Planes y Supervisión D.G. de Delitos Federales D.G. de Personal Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 4. Policía Federal 2016 4. Policía Federal 2016 de (continuaci n Æ) Comisionado General División Científica División de Fuerzas Federales División Antidrogas Coord. de Criminalística D.G. de Criminalística de Campo D.G. de Especialidades D.G. de Laboratorios Coord. de Innovación Tecnológica D.G. de Infraestructura e Implementación de Procesos Tecnológicos D.G. de Innovación y Desarrollo D.G. de Tecnologías de Información Emergentes Coord. para la Prevención de Delitos Electrónicos Coord. de Investigación de Campo y Técnica Antidrogas D.G. de Laboratorios en Investigación Electrónica y Forense Coord. de Investigación de Gabinete Antidrogas D.G. de Prevención de Delitos Cibernéticos Coord. de Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita Organigramas D.G. del Centro Especializado en Respuesta Tecnológica Coord. de Operaciones Especiales D.G. de Explosivos D.G. de Intervención D.G. de Equipos Especiales Coord. de Reacción y Alerta Inmediata Coord. de Restablecimiento del Orden Público D.G. de la Unidad Canina D.G. de Fuerzas de Protección D.G. de Reacción y Operación D.G. de Rescate y Apoyo a la Protección Civil D.G. de Seguridad Física D.G. de Traslados y Apoyo Penitenciario 285 286 de Comisionado General División de Gendarmería Coord. de Gendarmería Secretaría General Coord. de Operaciones Aéreas Coord. de Servicios Generales D.G. de Planeación y Logística de la Gendarmería Coord. de Soporte Técnico Coord. del Sistema de Desarrollo Policial Unidad de Asuntos Internos D.G. de Investigación Interna D.G. de Responsabilidades D.G. de Vigilancia y Supervisión Interna D.G. de Asuntos Jurídicos D.G. de Enlace D.G. de Comunicación Social Órgano Interno de Control Área de Auditoría Interna Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública Área de Quejas Área de Responsabilidades Suboficial Policía 09 F : elaboración CASEDE con información del anual de rgani aci n eneral de la olic a Federal, eglamento de la e de la olic a Federal y el ortal de bligaciones de ransparencia, olic a Federal structura rgánica, en: http: portaltransparencia.gob.mx pot estructura sho Organigrama.do?method sho Organigrama idDependencia 04131 . D.G. Dirección General. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 4. Policía Federal 2016 5. Sistema Nacional de Seguridad Pública 2016 Presidente de la República Consejo Nacional de Seguridad Pública Secretariado Ejecutivo Centro Nacional de Información Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana Organigramas Centro Nacional de Certificación y Acreditación Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Presidente: Procurador General de la República Titulares de las instituciones de Procuración de Justicia de la Ciudad de México y los estados Secretario Técnico, nombrado y removido por el Presidente de la Conferencia Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública Conferencia Nacional Secretarios de Seguridad Pública Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario Presidente: Comisionado de Seguridad Pública Titulares de las dependencias de Seguridad Pública de la Ciudad de México y los estados Secretario Técnico, nombrado y removido por el Presidente de la Conferencia Presidente: quien sea nombrado por el Secretario de Seguridad Pública Federal Titulares de Órganos de Prevención y Reinserción Social de la Federación, de la Ciudad de México y los estados Secretario Técnico, nombrado y removido por el Secretario de Seguridad Pública Federal Presidente de la República Secretaría de Gobernación Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Procuraduría General de la República Gobernadores de los estados Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal Dos presidentes municipales, de cada estado, designados por el Consejo Local de Seguridad Pública correspondiente Dos titulares de los órganos político-administrativos de la Ciudad de México, nombrados por el Consejo Local de Seguridad Pública Presidente: designado de entre sus miembros por el Pleno Secretario Técnico: nombrado y removido por el Presidente de la Conferencia F : elaboración CASEDE con base en la página de internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica, en: http: gob.mx sistema-nacional consejo-nacional.php . Consejos locales e instancias regionales • Instituciones policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la entidad de que se trate y de la Federación • Representantes de los municipios y titulares de los órganos político-administrativos de la Ciudad de México, en los términos de la legislación de cada entidad federativa .secretariadoejecutivo. 287 288 6. Procuraduría General de la República 2016 de (continuaci n Æ) Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales Coordinación Asuntos Internacionales y Agregadurías Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo Coordinación de Supervisión y Control Regional Delegaciones D.G. Asuntos Jurídicos D.G. Procedimientos Internacionales D.G. Constitucionalidad D.G. Análisis Legislativo y Normatividad D.G. Cooperación Internacional D.G. Control de Averiguaciones Previas D.G. Control de Procesos Penales Federales D.G. Control de Juicios de Amparo Unidad Especializada en la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Dirección General de Comunicación Social Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada U. E. I. Delitos contra la Salud U. E. I. Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas U. E. I. Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda D.G. de Cuerpo Técnico de Control D.G. de Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación en Delincuencia Organizada U. E. I. Delitos en Materia de Secuestro U. E. I. Tráfico de Menores, Personas y Órganos U. E. I. Asalto y Robo de Vehículos D.G. Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada D.G. Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales U. E. I. Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial U. E. I. Delitos Fiscales y Financieros U. E. I. Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales U. E. I. Delito de Tortura U. E. I. Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia U. E. I. Delitos de Comercio de Narcóticos Destinados al Consumo Final Coordinación General de Investigación D.G. de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad D.G. de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección D.G. de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos D.G. de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad U.E. para la Atención de Asuntos Indígenas Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales D.G. Jurídica en Materia de Delitos Electorales D.G. de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales D.G. de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales Oficialía Mayor D.G. de Programación y Presupuesto D.G. de Recursos Humanos y Organización D.G. de Recursos Materiales y Servicios Generales D.G. de Tecnologías de Información y Comunicaciones D.G. de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales D.G. de Servicios Aéreos D.G. de Seguridad Institucional Centro de Evaluación y Control de Confianza Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Procurador General de la República 6. Procuraduría General de la República 2016 de Procurador General de la República Visitaduría General D.G. de Evaluación Técnico Jurídica D.G. de Asuntos Internos D.G. de Procedimientos de Remoción D.G. de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución Agencia de Investigación Criminal Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional D.G. de Planeación e Innovación Institucional D.G. de Políticas Públicas, Vinculación y Coord. Interinstitucional D.G. de Formación Profesional D.G. de Servicio de Carrera Unidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos UPES Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial Policía Federal Ministerial D.G. de Mandamientos Ministeriales y Judiciales D.G. de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas D.G. de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos Coordinación G. de Servicios Periciales D.G. de Especialidades Periciales Documentales INACIPE* Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI)* D.G. de Especialidades Médico Forenses D.G. de Ingenierías Forenses D.G. de Laboratorios Criminalísticos D.G. de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol D.G. del Centro de Comunicaciones D.G. de Apoyo Técnico y Logístico Organigramas F : elaboración CASEDE con base en: e rgánica de la rocuradur a eneral de la ep blica, anual de rgani aci n eneral de la rocuradur a eneral de la ep blica, cuerdo por el que se crea la gencia de n estigaci n Criminal, cuerdo por el que se adscriben las nidades dministrati as rganos esconcentrados de la rocuradur a eneral de la ep blica, cuerdo por el que se crea la Fiscal a speciali ada de squeda de ersonas esaparecidas, cuerdo por el que se crea la Fiscal a special para el Combate a la Corrupci n en la nstituci n y ortal de bligaciones de ransparencia, en: http: portaltransparencia.gob.mx pot estructura sho Organigrama.do?method sho Organigrama idDependencia 00017 . D.G. Dirección General. U.E.I. Unidad Especializada en Investigación. INACIPE: Instituto Nacional de Ciencias Penales. Órgano desconcentrado. 289 290 7. Sistema de Defensa en México-Relación de Mando 2016 Presidente de la República Estado Mayor Presidencial* (EMP) Secretaría de MarinaArmada de México (SEMAR) Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) Cuerpo General de la Armada de México Estado Mayor de la Defensa Nacional Estado Mayor General de la Armada Infantería de Marina Fuerza Aérea Mexicana (FAM) F : elaboración CASEDE con base en las páginas electrónicas oiciales de la SEDENA,SEMAR y EMP. El Estado Mayor Presidencial integra personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal. También incorpora personal civil y opera como un cuerpo de operaciones conjuntas. Su misión principal es la protección del Jefe de Estado y está directamente bajo su mando. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Consejo de Seguridad Nacional 8. Secretaría de la Defensa Nacional 2016 Secretario Oficial Mayor Subsecretaría de la Defensa Nacional Estado Mayor de la Defensa Nacional Sección 9ª (Investigaciones Estratégicas de Mercado) Subjefatura Operativa Sección 3ª (Operaciones) Sección 7ª (Operaciones contra Narcotráfico) Jefatura Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Fuerza Aérea Mexicana Fiscalía General de Justicia Militar Subjefatura de Doctrina Militar Subjefatura de Inteligencia Supremo Tribunal Militar Sección 1ª (Recursos Humanos) Sección 5ª (Planes Estratégicos) Sección 2ª (Inteligencia) Defensoría de Oficio Militar Sección 4ª (Logística) Sección 6ª (Educación y Doctrina Militares) Sección 8ª (Contraterrorismo) BANJERCITO Órganos del Fuero de Guerra Subjefatura Admva. y Logística Seguridad Social Militar ISSFAM Comandancia de la Fuerza Aérea Estado Mayor Fuerza Aérea Dirección de Material Aéreo Electrónico Dirección de Control Militar de Vuelos Juzgados Militares de Control y Tribunales Militares de Juicio Oral 12 Regiones Militares Dirección del Servicio Meteorológico Dirección de Mantenimiento de Material Aéreo Dirección de Material Bélico de la Fuerza Aérea Dirección de Abastecimiento de Material Aéreo Regiones Aéreas 46 Zonas Militares Direcciones Generales Infantería Artillería Ingenieros Administración Justicia Militar Defensas Rurales Cartografía R.A. del Centro Personal R.A. del Sureste R.A. del Noreste R.A. del Noroeste Cuerpos Militares Especiales Derechos Humanos Cpo. de Fuerzas Especiales Materiales de Guerra Organigramas Colegio de Defensa Nacional Servicio Militar Nal. Escuelas Militares Comunicación Social UDEFA Informática Educación Militar Adiestramiento Transportes Militares Caballería Intendencia Arma Blindada Transmisiones Reg. Fed. Armas de Fuego y Control de Explosivos Sanidad Industria Militar Archivo e Historia Fábricas de Vestuario y Equipo Cpo. de Policía Militar Cpo. de Guardias Presidenciales Primer Cuerpo de Ejército F : elaboración CASEDE con información de: eglamento nterno, anual de rgani aci n eneral de la ecretar a de la efensa acional, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y solicitud de información 0000700070416. R.A. Región Aérea. UDEFA. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. ISSFAM. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, órgano desconcentrado de la Administración Peblica Federal adscrito al Sector Defensa. BANJERCITO. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Anónima de Capital Variable. 291 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 292 9. Secretaría de Marina-Armada de México 2016 Infantería de Marina. Fuerzas Especiales Secretario Estado Mayor General de la Armada Unidad de Operaciones Especiales Inspección y Contraloría General de Marina 7 Regiones y 14 Zonas Navales Junta Naval Cuartel General del Alto Mando Junta de Almirantes Unidad de Inteligencia Naval Unidad Jurídica Subsecretaría Oficial Mayor D.G. de Recursos Humanos D.G. Adjunta de Construcciones Navales D.G. Adjunta de Control de Personal D.G. Adjunta de Seguridad y Bienestar Social D.G. Adjunta de Sanidad Naval D.G. Adjunta de Educación Naval D.G. Adjunta de Control Administrativo del Hospital General Naval de Alta Especialidad D.G. Construcciones Navales D.G. de Administración y Finanzas D.G. Adjunta de Reparaciones Navales D.G. Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto D.G. Adjunta de Ingeniería y Mantenimiento D.G. Adjunta de Administración D.G. de Servicios D.G. Adjunta de Abastecimiento D.G. Adjunta de Adquisiciones Universidad Naval Heroica Escuela Naval Militar Unidad de Historia y Cultura Naval Unidad de Atención y Procuración a la Ciudadanía Unidad de Comunicación Social Comisión de Estudios Especiales Coordinación de la Cruzada Nacional contra el Hambre Coordinación Compromiso Presidencial CG-013 D.G. Adjunta de Obras y Dragado D.G. Adjunta de Comunicaciones e Informática D.G. Adjunta de Armamento Centro de Estudios Superiores Navales Aviación Naval D.G. de Investigación y Desarrollo D.G. de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos* D.G. Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Metereología Coordinadora de Proyectos Externos Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México F : elaboración CASEDE. En proyecto, publicado por el iario icial de la Federaci n, 19 de diciembre de 2016. Se planea el control de las Capitanías de Puerto a partir de junio de 2017. 10. Estado Mayor Presidencial 2016 Cuerpo de Guardias Presidenciales Jefatura 24 Batallón de Infantería de Marina Contraloría y Ayundatía General Subjefatura de Seguridad Subjefatura Administrativa Subjefatura Logística Sección 2ª Inteligencia y Contrainteligencia Sección 1ª Recursos Humanos y Detall Sección 3ª Organización y Protocolo Sección 5ª Seguridad Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial Sección 4ª Logística Sección 7ª Seguridad de Funcionarios y Extranjeros Sección 8ª Protección del Presidente y Familia Sección 9ª Seguridad en Instalaciones Presidenciales Campo Deportivo del Estado Mayor Presidencial Coordinación de Promoción Social Coordinación de Promoción Deportiva Unidad de Asuntos Jurídicos Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales Sección 6ª Actividades Primera Dama Ayudantía Presidente Sección Transmisiones Centro de Adiestramiento y Capacitación Coordinación Administrativa Coordinación de Mantenimiento F : elaboración CASEDE, con base en “Ley Orgánica del Reglamento del Estado Mayor Presidencial del 8 de marzo de 2010”. 293 Organigramas El Congreso: Seguridad y Defensa A 5 2004, el Senado de la República adquirió facultades constitucionales para legislar sobre la seguridad nacional del país, de acuerdo al artículo 73, fracción XXIX-M. El contexto de esta reforma constitucional es importante, ya que se da en el marco de la alternancia política en la Presidencia de la República, así como en la necesidad de establecer un marco legal para las acciones de seguridad nacional que se desarrollan desde el Poder Ejecutivo. Es interesante observar también que, si bien era un miembro del Partido Acción Nacional (PAN) el presidente de la República, fueron diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) los que desarrollaron la argumentación para esta reforma constitucional, con miras a redactar una ley sobre seguridad nacional. Lo anterior es interesante porque en principio fue durante 71 años de gobierno del PRI que se utilizó de forma discrecional por el presidente la toma de decisiones sobre seguridad e inteligencia para vigilar y neutralizar a los opositores Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 296 políticos. Este fue uno de los argumentos de campaña del entonces candidato a la presidencia Vicente Fox, quien incluso planteó la posibilidad de desaparecer al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).1 General de la Armada; la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se reiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.3 Contrario a lo anterior, la reforma constitucional antes señalada abrió paso para la creación de la Ley de Seguridad Nacional (LSN), publicada en el iario icial de la Federaci n el 31 de enero de 2005. Después de diversos debates tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, el contenido de la LSN se orientó esencialmente a la regulación de las actividades de inteligencia y particularmente del CISEN. La LSN establece en el Artículo 56 que el Poder Legislativo Federal podrá evaluar las políticas y acciones vinculadas a la seguridad nacional, a través de una Comisión Bicameral conformada por tres senadores y tres diputados.2 Sin embargo, esta facultad le otorga muy poco margen de acción a la mencionada Comisión por diferentes razones. En primer lugar, porque para evaluar las políticas y acciones requiere de información relevante y suiciente al respecto, la cual queda bajo el criterio de “información clasiicada”. De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Peblica, en el Artículo 64 se establece que cada sujeto obligado de dicha Ley integrará un Comité Colegiado de Transparencia para agilizar el acceso a la información pública. Sin embargo, el mismo artículo establece que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia el Centro Federal de Protección a Personas las Divisiones de Inteligencia e Investigación En otras palabras, la Comisión Bicamaral solamente podrá acceder a información relevante en la medida que las instancias anteriores así lo decidan, quedando a su entera discrecionalidad. En segundo lugar, la evaluación y el análisis sobre seguridad y defensa requiere de experiencia y conocimientos sobre la materia, para lo cual se necesita continuidad de los integrantes de la Comisión. Sin embargo, esto no es posible debido al desfase temporal en el cargo entre diputados y senadores, y al propio sistema de rotación de integrantes de la Comisión. Más allá de estas razones, este apartado tiene el objetivo de presentar la correlación de fuerzas políticas al interior de las comisiones de Defensa Nacional, de Seguridad Pública, así como la ya mencionada Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en la cámaras de Senadores y de Diputados. México ostenta una democracia débil. Ello es evidente por el peso especíico que tienen las dependencias del área de seguridad y defensa en el ámbito de la seguridad nacional del país, comparado con las mínimas facultades de supervisión que tiene el Congreso de la Unión. de la Policía Federal; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial; el Estado Mayor de la Defensa Nacional el Estado Mayor 1 2 Secretaría de Gobernación, CISEN 20 años de historia: testimonios, Secretaría de Gobernación, México, 2009, 183 p. Artículo 56, Ley de Seguridad Nacional, iario icial de la Federaci n, 31 de enero de 2005, en: http: .diputados.gob.mx LeyesBiblio pdf LSegNac.pdf . 3 Artículo 64, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, iario icial de la Federaci n, 9 de mayo de 2016, en: http: .diputados.gob.mx LeyesBiblio pdf LFTAIP.pdf . Gráica 1 Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Composición por Partido Político 2016 208 109 60 42 36 23 PRI PAN PRD PVEM F : lbum de integraci n de comisiones LXIII egislatura Nota: Datos hasta el 8 de diciembre de 2016. PRI: Partido Revolucionario Institucional. PAN: Partido Acción Nacional. PRD: Partido de la Revolución Democrática. PVEM: Partido Verde Ecologista de México. MORENA: Movimiento Regeneración Nacional. MC: Movimiento Ciudadano. NA: Nueva Alianza. PES: Partido Encuentro Social. IND: Independiente. MORENA MC 11 10 NA PES 1 IND egundo a o de ejercicio constitucional, H. Cámara de Diputados, p. 8. Gráica 2 Cámara de Senadores LXIII Legislatura. Composición por Partido Político 2016 55 37 18 7 7 2 PRI PAN PRD PVEM F : Senadores por grupo parlamentario, Cámara de Senadores, en: http: Nota: Datos hasta el 30 de noviembre de 2016. PRI: Partido Revolucionario Institucional. PAN: Partido Acción Nacional. PRD: Partido de la Revolución Democrática. PVEM: Partido Verde Ecologista de México. PT: Partido del Trabajo. PT SIN GRUPO .senado.gob.mx index.php?ver int mn 4 sm 5 . 297 El Congreso: Seguridad y Defensa Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 298 Gráica 3 Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Comisión de Defensa Nacional 2016 11 4 3 3 1 PRI PAN PRD PVEM F : lbum de integraci n de comisiones LXIII egislatura Nota: Datos hasta el 8 de diciembre de 2016. PRI: Partido Revolucionario Institucional. PAN: Partido Acción Nacional. PRD: Partido de la Revolución Democrática. PVEM: Partido Verde Ecologista de México. MORENA: Movimiento Regeneración Nacional. MC: Movimiento Ciudadano. NA: Nueva Alianza. PES: Partido Encuentro Social. IND: Independiente. MORENA 1 MC 0 0 0 NA PES IND egundo a o de ejercicio constitucional, H. Cámara de Diputados, p. 56. Gráica 4 Cámara de Senadores LXIII Legislatura. Comisión de Defensa Nacional 2016 5 3 2 1 PRI PAN PRD F : Comisión de Defensa Nacional, Senado de la Repeblica LXIII Legislatura, en: http: integrantes.php . PRI: Partido Revolucionario Institucional. PAN: Partido Acción Nacional. PRD: Partido de la Revolución Democrática. PVEM: Partido Verde Ecologista de México. PVEM .senado.gob.mx comisiones defensa nacional Gráica 5 Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Comisión de Marina 2016 Gráfico 5. Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Comisión de Marina 2016 4 2 2 2 1 1 0 PRI PAN PVEM MORENA PRD MC 0 PES NA 0 IND F : Cámara de Diputados, en: http: 5.diputados.gob.mx index.php camara Comision-de-Marina Lista-de-Integrantes . Nota: Datos hasta el 25 de enero de 2017. PRI: Partido Revolucionario Institucional. PAN: Partido Acción Nacional. PRD: Partido de la Revolución Democrática. PVEM: Partido Verde Ecologista de México. MORENA: Movimiento Regeneración Nacional. MC: Movimiento Ciudadano. NA: Nueva Alianza. PES: Partido Encuentro Social. IND: Independiente. Gráica 6 Cámara de Senadores LXIII Legislatura. Comisión de Marina 2016 2 2 1 PRI PAN PRD F : Comisión de Marina, Senado de la Repeblica LXIII Legislatura, en: http: Nota: Datos hasta el 25 de enero de 2017. PRI: Partido Revolucionario Institucional. PAN: Partido Acción Nacional. PRD: Partido de la Revolución Democrática. .senado.gob.mx comisiones marina integrantes.php . 299 El Congreso: Seguridad y Defensa Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 300 Gráica 7 Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Comisión de Seguridad Peblica 2016 9 6 3 2 1 PRI PAN PVEM MORENA F : lbum de integraci n de comisiones LXIII egislatura Nota: Datos hasta el 8 de diciembre de 2016. PRI: Partido Revolucionario Institucional. PAN: Partido Acción Nacional. PVEM: Partido Verde Ecologista de México. MORENA: Movimiento Regeneración Nacional. PRD: Partido de la Revolución Democrática. MC: Movimiento Ciudadano. PES: Partido Encuentro Social NA: Nueva Alianza. IND: Independiente. PRD 1 MC 1 PES 0 0 NA IND egundo a o de ejercicio constitucional, H. Cámara de Diputados, p. 93. Gráica 8 Cámara de Senadores LXIII Legislatura. Comisión de Seguridad Peblica 2016 7 4 3 1 PRI PAN PRD F : Comisión de Defensa Nacional, Senado de la Repeblica LXIII Legislatura, en: http: integrantes.php . PRI: Partido Revolucionario Institucional. PAN: Partido Acción Nacional. PRD: Partido de la Revolución Democrática. PT: Partido del Trabajo. PT .senado.gob.mx comisiones seguridad publica Gráica 9 Comisión Bicameral de Seguridad Pública, LXIII Legislatura 2016 2 2 PRI PAN F : Álbum de integraci n de comisiones LXIII egislatura Nota: Datos hasta el 8 de diciembre de 2016. PRI: Partido Revolucionario Institucional. PAN: Partido Acción Nacional. PRD: Partido de la Revolución Democrática. 2 PRD egundo a o de ejercicio constitucional, H. Cámara de Diputados, p. 151. Gráica 10 Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, LXIII Legislatura 2016 2 PRI 2 2 PAN PRD F : Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Senado de la Repeblica LXIII Legislatura, en: http: ridad nacional integrantes.php . PRI: Partido Revolucionario Institucional. PAN: Partido Acción Nacional. PRD: Partido de la Revolución Democrática. .senado.gob.mx comisiones segu- 301 El Congreso: Seguridad y Defensa Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 L í de cualquier gobierno deben analizarse en función del presupuesto que destinan para su cumplimiento. En este sentido, la seguridad ha sido una de las principales preocupaciones para los gobiernos federales en los eltimos diez años. Por ello resulta interesante adentrarse en el análisis de algunas de las tendencias más importantes sobre el destino de los recursos en materia de seguridad y defensa nacional en el país. Para poner en perspectiva este análisis se considera importante examinar los eltimos 16 años por dos razones principales. La primera es que la alternancia en la Presidencia de la Repeblica se asume como un paso importante para el proceso de democratización en el país. Fue durante el sexenio del presidente Vicente Fox que se promulgó la Ley de Seguridad Nacional e inició sus operaciones la Secretaría de Seguridad Peblica, ambas con el objetivo de dotar al Estado mexicano de instrumentos legales e institucionales para ser más eicaz en garantizar la seguridad nacional y la seguridad peblica.1 La segunda es de carácter metodológico, ya que es a partir de ese año que se cuenta con la información estadística suiciente para construir series históricas comparables. 1 La Secretaría de Seguridad Peblica fue creada el 30 de noviembre del año 2000 y desapareció el 4 enero de 2013, fecha en la cual la Secretaría de Gobernación absorbe de nuevo las funciones de seguridad peblica a través de la Comisión Nacional de Seguridad. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 304 En este sentido, se observa que el Estado casi ha cuadruplicado el gasto en seguridad y defensa entre los años 2000 y 2016. Si se revisa por institución, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la Repeblica y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional tienen el mismo nivel de crecimiento. Sin embargo, es diferente para el caso del ámbito de seguridad peblica. Por ejemplo, en este rubro prácticamente se incrementó ocho veces el presupuesto, siendo el periodo 2009-2012 el que más destaca. A partir del sexenio de Enrique Peña Nieto se creó la Comisión Nacional de Seguridad al interior de la Secretaría de Gobernación, asumiendo las responsabilidades en materia de seguridad peblica. Otra forma de analizar el presupuesto destinado a seguridad y defensa es compararlo en relación con el presupuesto total de la Administración Peblica Federal (APF). En el año 2000, el presupuesto destinado para la Secretaría de la Defensa Nacional representó el 1.72 por ciento del presupuesto total de la APF, en tanto que el de la Semar signiicó el 0.67 por ciento y el destinado a funciones de seguridad peblica alcanzó el 0.35 por ciento. En el año 2008, ya con el presupuesto que solicitó el expresidente Felipe Calderón para sostener su política de seguridad contra la delincuencia organizada, la distribución fue la siguiente: Sedena 1.36 por ciento Semar 0.52 por ciento y Secretaría de Seguridad Peblica, 0.77 por ciento. Para el año 2016, hacia la mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se observa lo siguiente: Sedena 1.52 por ciento Semar 0.58 por ciento y Comisión Nacional de Seguridad 0.58 por ciento. No es casualidad entonces que las Fuerzas Armadas retomen un papel clave, desde el punto de vista de los recursos destinados a seguridad a partir de 2013, aun cuando en 2016 se encuentran por debajo de los niveles porcentuales del año 2000. En este apartado estadístico dedicado al análisis del presupuesto se presenta una selección de datos organizados de forma deductiva. El objetivo es ofrecerla al lector interesado, tanto al especializado como a los que se inician en el ámbito de la seguridad. La información estadística se presenta de lo general a lo particular. En primer lugar, se encuentra el presupuesto asignado a las secretarías e instituciones del gobierno federal, que tienen la función primordial de garantizar la seguridad y la defensa de México, a partir del año 2000 hasta 2016. Se adopta el indicador internacional estableciendo la participación porcentual de este gasto en relación con el Producto Interno Bruto, al igual que con el presupuesto total de la APF. Asimismo, se calcula la variación porcentual anual que ha tenido el presupuesto de cada una de las secretarías e instituciones consideradas en este análisis. Por otro lado, se realiza un ejercicio de comparación entre el presupuesto destinado a seguridad y defensa en los primeros tres años de los eltimos cuatro gobiernos, dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dos del Partido Acción Nacional (PAN). Posteriormente, se presentan con mayor detalle los presupuestos destinados a la seguridad peblica en términos institucionales, así como a través de instancias como el Sistema Nacional de Seguridad Peblica y los subsidios federales a estados y municipios. Se toman en cuenta rubros en los ámbitos de infraestructura, equipo, recursos humanos y capacitación. También se incluye el destino del gasto por entidad federativa y municipio para el periodo 2013-2015 del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. De igual forma, se examina el ejercicio del gasto en el ámbito de la procuración y administración de justicia a partir de los recursos destinados para fortalecer a la Procuraduría General de la Repeblica. También se considera el presupuesto destinado para la implementación del Sistema de Justicia Penal Adversarial. Finalmente, se integran diferentes rubros presupuestales de las Fuerzas Armadas, tales como el gasto corriente y el gasto en inversión. En cuanto al primero se examinan salarios, prestaciones y sobrehaberes, así como prestaciones sociales. En cuanto al segundo se identiican los programas y proyectos de inversión de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para el año 2016. Asimismo, se presenta la composición de los elementos de las Fuerzas Armadas dividida por rangos. Cuadro 1. Producto Interno Bruto, Presupuesto del Gobierno Federal, sector Seguridad y Defensa 2000-2016 Millones de pesos corrientes 2000 PIB 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6,464,302 6,770,380 7,160,499 7,695,624 8,693,240 9,441,350 10,538,115 11,403,263 12,256,864 12,093,890 13,282,061 14,550,014 15,626,907 16,118,031 17,256,000 18,127,178 Presupuesto 1,187,819 1,361,866 1,463,334 1,524,845 1,637,055 1,818,441 2,000,072 2,260,412 total APF 2,569,450 3,045,478 3,176,332 3,438,895 3,706,922 3,956,361 4,467,225 2016 n.d. 4,694,677 4,763,874 Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 SEDENA 20,375 22,424 22,705 22,831 23,332 24,002 26,031 32,200 34,861 43,623 43,632 50,039 55,610 60,810 65,236 71,273 72,250 SEMAR 7,959 8,873 8,518 8,899 8,488 8,636 9,163 10,951 13,382 16,059 15,991 18,270 19,679 21,864 24,602 27,025 27,401 CNS1 4,153 6,350 7,320 7,067 6,462 7,036 9,274 13,664 19,711 32,916 32,437 35,519 40,536 1,500 28,139 27,262 27,668 PGR 4,875 5,594 6,932 7,154 7,256 8,143 9,550 9,216 9,307 12,309 11,781 11,997 14,905 15,760 17,288 17,029 16,468 Cisen2 900 980 1,034 886 966 879 1,153 1,114 1,269 2,379 2,140 2,244 2,766 2,744 7,537 7,616 3,273 Total Sector 38,262 44,221 46,509 46,837 46,504 48,696 55,171 67,145 78,530 107,286 105,981 118,069 133,496 102,678 142,802 150,205 147,060 F : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2000-2016. Para datos del PIB: orld Economic Outloo Database, octubre de 2016. 1 Para el año 2000 se considera el presupuesto del Programa Nacional de Seguridad Peblica. Entre 2001 y 2012 existió la Secretaría de Seguridad Peblica dentro de la Administración Peblica Federal. A partir de 2013 las funciones de seguridad peblica fueron trasladadas a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad. 2 Para los años 2014 y 2015 se agregan al presupuesto del Cisen 4,600 millones de pesos, destinados a la creación de los Centros Estratégicos de Inteligencia. n.d. No disponible. PIB: Producto Interno Bruto. APF: Administración Peblica Federal. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. SEMAR: Secretaría de Marina. CNS: Comisión Nacional de Seguridad. PGR: Procuraduría General de la Repeblica. Cisen: Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 305 306 Cuadro 2. Producto Interno Bruto, Presupuesto del Gobierno Federal, sector Seguridad y Defensa 2000-2016 Millones de dólares corrientes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PIB 684,053 740,742 701,322 685,274 776,182 889,016 972,151 1,051,962 914,009 941,159 1,072,864 Presupuesto total APF 125,695 149,001 143,324 135,783 146,166 171,228 184,508 208,525 191,607 237,002 256,570 249,738 288,252 304,335 307,872 2,156 2,453 2,224 2,033 2,083 2,260 2,401 2,970 2,600 3,395 3,524 3,634 4,324 4,678 4,496 4,180 3,891 842 971 834 792 758 813 845 1,010 998 1,250 1,292 1,327 1,530 1,682 1,696 1,585 1,476 CNS 439 695 717 629 577 663 856 1,261 1,470 2,562 2,620 2,579 3,152 115 1,939 1,599 1,491 PGR 516 612 679 637 648 767 881 850 694 958 952 871 1,159 1,212 1,191 999 887 Cisen 95 107 101 79 86 83 106 103 95 185 173 163 215 211 519 447 176 4,049 4,838 4,555 4,171 4,152 4,585 5,090 6,194 5,856 8,349 8,561 8,574 10,381 7,898 9,842 8,810 7,920 9.45 9.14 10.21 11.23 11.20 10.62 10.84 10.84 13.41 12.85 12.38 13.77 12.86 13.00 14.51 17.05 18.57 SEDENA SEMAR 1 Total Sector Tipo de Cambio MX/USD 2009 2010 2011 2012 2013 1,056,646 1,215,156 1,239,849 2014 2015 1,189,249 1,063,178 2016 n.d. 275,348 256,536 F : elaboración CASEDE con base en Cuadro 1: Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2000-2016. Para datos del PIB: orld Economic Outloo Database, octubre de 2016. 1 Para el año 2000 se considera el presupuesto del Programa Nacional de Seguridad Peblica. Entre 2001 y 2012 existió la Secretaría de Seguridad Peblica dentro de la Administración Peblica Federal. A partir de 2013 las funciones de seguridad peblica fueron trasladadas a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad. Nota: Tipo de cambio en dólares corrientes para cada año tomado del Cuarto Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, 2015-2016. n.d. No disponible. PIB: Producto Interno Bruto. APF: Administración Peblica Federal. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. SEMAR: Secretaría de Marina. CNS: Comisión Nacional de Seguridad. PGR: Procuraduría General de la Repeblica. Cisen: Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 2000 Cuadro 3. Proporción porcentual y variación anual del Presupuesto de Seguridad y Defensa con respecto al Producto Interno Bruto y al Presupuesto de la Administración Peblica Federal 2000-2016 Millones de pesos corrientes Variación 2000 2001 % anual Variación 2002 % anual Variación 2003 % anual 2004 Variación % anual Variación 2005 PIB 6,464,302 6,770,398 4.74 7,160,499 5.76 7,695,624 7.47 8,693,240 12.96 9,441,350 Presupuesto APF1 1,187,819 1,361,866 14.65 1,463,334 7.45 1,524,845 4.20 1,637,055 7.36 1,818,441 SEDENA 1 de 2 % anual Variación 2006 8.61 10,538,115 11.08 2,000,072 % anual (continuación Æ) Variación 2007 11.62 11,403,263 % anual Variación 2008 % anual 8.21 12,256,864 7.49 9.99 2,260,412 13.02 2,569,450 13.67 20,375 22,424 10.06 22,705 1.25 22,831 0.55 23,332 2.19 24,002 2.87 26,031 8.45 32,200 23.70 34,861 8.26 SEDENA con respecto al PIB 0.32 0.33 5.08 0.32 -4.26 0.30 -6.44 0.27 -9.53 0.25 -5.28 0.25 -2.83 0.28 14.31 0.28 0.72 SEDENA con respecto al Presupuesto APF 1.72 1.65 -4.01 1.55 -5.77 1.50 -3.50 1.43 -4.81 1.32 -7.39 1.30 -1.40 1.42 9.45 1.36 -4.76 7,959 8,873 11.48 8,518 -4.00 8,899 4.47 8,488 -4.62 8,636 1.74 9,163 6.10 10,951 19.51 13,382 22.20 SEMAR con respecto al PIB 0.12 0.13 6.44 0.12 -9.23 0.12 -2.79 0.10 -15.56 0.09 -6.32 0.09 -4.94 0.10 10.45 0.11 13.69 SEMAR con respecto al Presupuesto APF 0.67 0.65 -2.76 0.58 -10.66 0.58 0.26 0.52 -11.16 0.47 -8.41 0.46 -3.53 0.48 5.75 0.52 7.50 4,153 6,350 52.90 7,320 15.28 7,067 -3.46 6,462 -8.56 7,036 8.88 9,274 31.81 13,664 47.34 19,711 44.25 CNS con respecto al PIB 0.06 0.09 40.09 0.10 9.00 0.09 -10.17 0.07 -19.05 0.07 0.26 0.09 18.09 0.12 36.16 0.16 34.21 CNS con respecto al Presupuesto APF 0.35 0.47 34.43 0.50 7.28 0.46 -7.35 0.39 -14.83 0.39 -1.98 0.46 19.84 0.60 30.37 0.77 26.90 4,875 5,594 14.75 6,932 23.92 7,154 3.20 7,256 1.43 8,143 12.22 9,550 17.28 9,216 -3.50 9,307 0.99 PGR con respecto al PIB 0.08 0.08 0.00 0.10 17.17 0.09 -3.97 0.08 -10.21 0.09 3.33 0.09 5.07 0.08 -10.82 0.08 -6.05 PGR con respecto al Presupuesto APF 0.41 0.41 0.00 0.47 15.33 0.47 -0.96 0.44 -5.53 0.45 1.03 0.48 6.63 0.41 -14.61 0.36 -11.16 Cisen 900 980 8.89 1,034 5.51 886 -14.31 966 9.03 879 -9.01 1,153 31.17 1,114 -3.38 1,269 13.91 Cisen con respecto al PIB 0.01 0.01 0.00 0.01 -0.24 0.01 -20.27 0.01 -3.48 0.01 -16.22 0.01 17.52 0.01 -10.71 0.01 5.98 Cisen con respecto al presupuesto APF 0.08 0.07 -12.50 0.07 -1.81 0.06 -17.77 0.06 1.56 0.05 -18.08 0.06 19.26 0.05 -14.51 0.05 0.21 SEMAR Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 CNS PGR 307 308 Cuadro 3. Proporción porcentual y variación anual del Presupuesto de Seguridad y Defensa con respecto al Producto Interno Bruto y al Presupuesto de la Administración Peblica Federal 2000-2016 Millones de pesos corrientes Variación PIB Variación 2010 % anual Variación 2011 % anual Variación 2012 % anual Variación 2013 % anual Variación 2014 % anual Variación 2015 n.d. n.d. 1.47 71,273 9.25 72,250 1.37 0.20 0.39 4.00 n.d. n.d. 1.46 -4.99 1.52 3.96 1.52 -0.10 11.10 24,602 12.52 27,025 9.85 27,401 1.39 0.14 4.35 0.14 5.10 0.15 4.57 n.d. n.d. -0.08 0.55 4.27 0.55 -0.35 0.58 4.53 0.58 -0.08 15,626,907 7.41 16,118,031 4.30 3,438,895 8.27 3,706,922 7.79 3,956,361 6.73 4,467,225 12.91 4,694,677 43,623 25.13 43,632 0.02 50,039 14.68 55,610 11.13 60,810 9.35 65,236 7.28 SEDENA con respecto al PIB 0.36 26.82 0.33 -8.93 0.34 4.69 0.36 3.47 0.38 4.80 0.38 SEDENA con respecto al Presupuesto APF 1.43 5.57 1.37 -4.10 1.46 5.93 1.50 3.10 1.54 2.47 16,059 20.00 15,991 -0.42 18,270 14.25 19,679 7.71 21,864 SEMAR con respecto al PIB 0.13 21.62 0.12 -9.33 0.13 4.30 0.13 0.28 SEMAR con respecto al Presupuesto APF 0.53 1.25 -4.53 0.53 5.53 0.53 SEMAR CNS 0.50 % anual 4,763,874 9.55 3,176,332 SEDENA Variación 2016 5.05 9.82 14,550,014 18.53 1 % anual 5.09 -1.33 13,282,061 3,045,478 Presupuesto APF 12,093,890 % anual 3.14 17,256,000 7.06 18,127,178 32,916 66.99 32,437 -1.46 35,519 9.50 40,536 14.12 1,500 -96.30 28,139 1,775.93 27,262 -3.12 27,668 1.49 CNS con respecto al PIB 0.27 69.24 0.24 -10.27 0.24 -0.04 0.26 6.25 0.01 -96.42 0.16 1,652.22 0.15 -7.77 n.d. n.d. CNS con respecto al Presupuesto APF 1.08 40.89 1.02 -5.51 1.03 1.14 1.09 5.87 0.04 -96.52 0.63 1,561.40 0.58 -7.81 0.58 0.02 12,309 32.26 11,781 -4.29 11,997 1.83 14,905 24.24 15,760 5.74 17,288 9.70 17,029 -1.50 16,468 -3.29 PGR con respecto al PIB 0.10 34.04 0.09 -12.85 0.08 -7.04 0.10 15.67 0.10 -2.22 0.10 2.46 0.09 -6.23 n.d. n.d. PGR con respecto al Presupuesto APF 0.40 11.58 0.37 -8.23 0.35 -5.94 0.40 15.26 0.40 -0.41 0.39 -2.85 0.36 -6.27 0.35 -4.70 2,379 87.47 2,140 -10.05 2,244 4.86 2,766 23.26 2,744 -0.80 7,537 174.67 7,616 1.05 3,273 -57.02 Cisen con respecto al PIB 0.02 90.00 0.02 -18.09 0.02 -4.28 0.02 14.76 0.02 -14.88 0.04 156.56 0.04 -3.81 n.d. n.d. Cisen con respecto al presupuesto APF 0.08 58.17 0.07 -13.75 0.07 -3.15 0.07 14.35 0.07 -0.92 0.17 143.26 0.16 -3.85 0.07 -57.65 PGR Cisen F : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2000-2016. Para datos del PIB: orld Economic Outloo Database, octubre de 2016. 1 El Presupuesto de la Administración Peblica Federal incluye a los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a todas las secretarías de Estado, las dependencias descentralizadas, las empresas paraestatales y el costo inanciero de la deuda. No incluye el apoyo del gobierno federal para la seguridad peblica en los estados y municipios, tampoco el gasto en seguridad de los gobiernos estatales, ni la ayuda en seguridad del extranjero. n.d. No disponible. PIB: Producto Interno Bruto. APF: Administración Peblica Federal. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. SEMAR: Secretaría de Marina. CNS: Comisión Nacional de Seguridad. PGR: Procuraduría General de la Repeblica. Cisen: Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 2009 2 de 2 Cuadro 4. Presupuesto destinado a funciones de Seguridad Peblica 2001-2016 Millones de pesos corrientes 2001 2002 2003 2004 2005 3,207 3,692 4,095 3,598 3,859 Prevención y Readaptación Social 688 1,662 1,408 1,557 Consejo de Menores 46 50 48 SESNSP 1,286 177 Total 5,227 Secretaría de Seguridad Peblica1 Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 Variación porcentual2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4,483 4,721 7,942 15,248 15,681 18,281 22,052 19,799 22,041 25,599 26,028 1,798 2,458 2,423 2,470 6,781 7,433 10,897 12,757 17,309 18,505 20,118 18,841 50 91 65 78 86 72 54 51 32 4 n.d. n.d. n.d. 382 366 358 681 1,153 4,226 4,912 4,928 7,327 10,592 10,275 8,083 8,346 6,389 5,581 5,933 5,571 6,106 7,687 8,375 14,724 27,013 28,096 36,556 45,433 47,387 48,629 54,063 51,258 6.77 6.31 -6.10 9.60 25.89 8.95 75.81 83.46 4.01 30.11 24.28 4.30 2.62 11.17 -5.19 F : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2001-2016. A partir de 2013 la Secretaría de Seguridad Peblica dejó de existir y las funciones de seguridad peblica fueron trasladadas a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). El Presupuesto 2013-2016 dentro de la SEGOB solamente corresponde a las funciones de la Policía Federal. 2 Se calculó por cada año la variación porcentual del presupuesto total del sector con respecto al año anterior. n.d. No disponible. SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica. 1 309 310 Cuadro 5. Recursos humanos y presupuesto autorizado para las funciones de Seguridad Peblica 2001-2016 Elementos del OAD Secretariado Ejecutivo SNSP Elementos del OAD Consejo de Menores Año Elementos de la Policía 1 Federal 2001 10,241 2002 10,830 5.75 4,998 4.36 537 6.34 212 -5.36 4,897 -8.31 7,320 15.28 2003 12,535 15.74 5,130 2.64 543 1.12 218 2.83 4,968 1.45 7,067 -3.46 2004 14,415 15.00 6,183 20.53 564 3.87 231 5.96 6,199 24.78 6,462 -8.56 2005 11,756 -18.45 6,259 1.23 562 -0.35 231 0.00 6,855 10.58 7,036 8.88 2006 12,907 9.79 6,124 -2.16 573 1.96 337 45.89 8,556 24.81 9,274 31.81 2007 21,761 68.60 5,483 -10.47 526 -8.20 233 -30.86 12,994 51.87 13,664 47.34 2008 31,936 46.76 5,075 -7.44 528 0.38 135 -42.06 18,812 44.77 19,711 44.25 2009 32,264 1.03 5,000 -1.48 487 -7.77 129 -4.44 16,136 -14.22 32,916 66.99 2010 35,464 9.92 5,765 15.30 521 6.98 109 -15.50 15,631 -3.13 32,437 -1.46 2011 36,995 4.32 6,887 19.46 509 -2.30 90 -17.43 17,054 9.10 35,519 9.50 2012 36,940 -0.15 8,080 17.32 522 2.55 85 -5.56 20,359 19.38 40,536 14.12 2013 36,442 -1.35 10,281 27.24 513 -1.72 n.d. n.d. 274 -98.65 1,500 -96.30 2014 38,634 6.02 11,171 8.66 472 -7.99 n.d. n.d. 16,996 6,102.92 28,139 1,775.93 2015 38,654 6.07 11,368 10.57 433 -15.59 n.d. n.d. 18,382 8.15 27,262 -3.12 20163 37,871 -1.97 10,922 -2.23 465 -1.48 n.d. n.d. 19,684 7.08 27,668 1.49 Elementos del OAD Prevención y Readaptación Social Variación % anual 4,789 269.80 Variación % anual 505 128.06 Variación % anual 224 -7.92 Servicios personales * Variación % anual 5,341 -62.05 Presupuesto total* 6,350 268.55 F : elaboración CASEDE con base en el “Anexo Estadístico”, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. A partir de 2009, la Policía Federal Preventiva cambió de nombre a Policía Federal, adquiriendo facultades de prevención, investigación, auxilio al Ministerio Peblico y protección ciudadana. 2 Se calculó por cada año la variación porcentual de recursos humanos y presupuesto con respecto al año anterior. 3 Cifras preliminares al mes de julio. 4 Se calculó el incremento porcentual del año 2001 con respecto al año 2016 por cada una de las áreas. n.d. No disponible. Millones de pesos corrientes. OAD: Órgano Administrativo Desconcentrado. SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Peblica. 1 Variación % anual 335.72 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Incremento porcentual 2001-20164 Variación % anual2 Cuadro 6. Presupuesto asignado al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia por entidad federativa y municipios 2013-2016 Pesos corrientes 1 de 3 Entidad Demarcación Monto asignado 2013 Monto asignado 2015 Aguascalientes Aguascalientes Baja California Mexicali 40,365,510.00 40,828,809.24 Tijuana 58,715,355.00 60,946,538.45 Baja California Sur La Paz 20,381,789.00 21,156,297.04 21,112,418.78 Campeche Chiapas Durango Estado de México Guanajuato 110,718,645.86 40,591,164.88 27,870,590.56 149,656,074.68 63,018,720.76 63,018,720.76 245,699,334.97 20,776,743.44 83,427,248.26 20,632,036.00 20,869,694.01 20,436,942.20 14,510,799.01 76,449,471.22 21,368,903.08 21,011,537.98 14,774,313.54 78,119,627.60 Tapachula 24,828,205.00 25,771,676.86 25,157,865.65 17,966,791.12 93,724,538.63 - - - 13,159,993.80 13,159,993.80 28,053,659.00 28,916,977.95 28,469,973.35 19,313,044.25 104,753,654.55 Chihuahua 53,142,595.00 53,368,977.65 51,427,971.82 28,887,242.87 186,826,787.34 Juárez 79,815,436.00 80,195,000.61 78,419,576.88 42,671,347.19 281,101,360.68 Hidalgo del Parral - 11,239,345.02 11,621,482.75 11,621,482.75 34,482,310.52 Guadalupe y Calvo - 14,375,778.77 14,864,555.25 14,864,555.25 44,104,889.27 Saltillo 32,671,217.00 32,683,271.73 31,936,407.67 21,450,580.02 118,741,476.42 ZM de La Laguna 54,432,022.00 54,600,273.76 52,383,196.78 18,394,359.80 179,809,852.34 - - 17,092,802.17 13,253,999.00 30,346,801.17 Colima 22,168,523.00 22,197,014.34 21,483,291.90 14,557,036.59 80,405,865.83 Manzanillo 21,350,002.00 22,161,301.80 21,521,454.79 15,596,838.15 80,629,596.74 Tecomán Ciudad de México Total 21,496,085.61 20,964,873.00 Acuña Colima 29,562,797.04 (continuación Æ) Campeche Tuxtla Gutiérrez Coahuila 29,842,058.21 Monto asignado 2016 Carmen Comitán de Dominguez Chihuahua 29,817,705.00 Monto asignado 2014 - 10,849,934.47 11,218,832.25 11,218,832.25 33,287,598.97 Iztapalapa 51,769,057.00 53,263,122.76 53,383,558.12 40,905,459.95 199,321,197.83 Gustavo A. Madero 39,634,704.00 41,140,822.81 41,719,253.07 32,538,447.50 155,033,227.38 Cuauhtémoc - 8,304,000.00 8,586,336.00 8,586,336.00 25,476,672.00 Venustiano Carranza - 8,304,000.00 8,586,336.00 8,586,336.00 25,476,672.00 Álvaro Obregón - 19,940,550.62 20,618,529.34 20,618,529.34 61,177,609.30 35,305,453.00 35,464,798.74 33,957,849.48 19,050,587.67 123,778,688.89 ZM de La Laguna 53,193,111.00 53,369,419.26 51,202,321.87 36,788,719.58 194,553,571.71 Ecatepec de Morelos 53,645,372.00 55,683,896.13 57,577,148.59 49,615,476.61 216,521,893.33 Durango Nezahualcóyotl 38,619,286.00 40,086,819.37 41,449,771.22 33,475,313.15 153,631,189.74 Toluca 32,348,555.00 33,577,800.53 32,938,425.14 23,239,552.98 122,104,333.65 Valle de Chalco - - - 18,744,067.29 18,744,067.29 Metepec - - 18,303,051.54 14,342,260.61 32,645,312.15 Celaya 29,543,039.00 29,601,855.20 29,161,680.35 21,043,334.23 109,349,908.78 León 49,142,864.00 49,200,706.28 49,271,473.54 36,135,359.39 183,750,403.21 San Luis de la Paz - - - 12,961,166.51 12,961,166.51 Guanajuato - 9,319,979.46 9,636,858.76 9,636,858.76 28,593,696.98 311 Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 312 Cuadro 6. Presupuesto asignado al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia por entidad federativa y municipios 2013-2016 Pesos corrientes 2 de 3 Entidad Guerrero Hidalgo Demarcación Michoacán Monto asignado 2014 Monto asignado 2015 Monto asignado 2016 (continuación Æ) Total Acapulco de Juárez 99,152,587.00 99,362,920.62 95,556,707.78 73,871,512.72 367,943,728.12 Chilpancingo de los Bravo 25,966,064.00 26,952,774.50 27,869,168.84 25,167,456.66 105,955,464.00 Zihuatanejo de Azueta 23,222,649.00 23,234,862.60 22,513,411.21 15,259,958.17 84,230,880.98 Zona Conurbada Iguala-Cocula - - 23,378,847.34 18,951,991.86 42,330,839.20 Chilapa de Álvarez - - 18,909,628.91 16,435,176.35 35,344,805.26 Coyuca de Benítez - - 18,773,376.05 - 18,773,376.05 Pachuca de Soto 20,539,839.00 21,218,321.49 20,992,797.73 15,214,579.44 77,965,537.66 Tulancingo de Bravo 19,003,247.00 19,192,593.50 18,835,653.39 13,371,103.05 70,402,596.94 Tula de Allende Jalisco Monto asignado 2013 ZM de Guadalajara - 17,646,000.00 17,394,370.59 - 35,040,370.59 129,379,844.00 130,345,112.34 127,374,494.60 93,646,935.76 480,746,386.70 Morelia 35,597,036.00 36,949,723.21 38,206,013.80 28,201,622.10 138,954,395.11 Uruapan 23,725,656.00 24,627,231.14 25,464,556.99 18,199,924.83 92,017,368.96 Apatzingán - 13,131,029.79 13,577,484.80 13,577,484.80 40,285,999.39 Zamora - - - 14,658,504.75 14,658,504.75 Lázaro Cárdenas - 11,549,172.24 11,941,844.09 11,941,844.09 35,432,860.42 Cuautla 24,929,611.00 24,973,077.39 24,293,141.88 16,379,749.95 90,575,580.22 ZM de Cuernavaca 61,227,478.00 63,554,121.90 65,203,067.63 47,048,598.21 237,033,265.74 Nayarit Tepic 26,649,214.00 26,754,408.80 26,102,099.40 17,161,709.65 96,667,431.85 Nuevo León ZM de Monterrey 135,254,872.00 136,075,184.51 129,336,010.22 69,046,257.15 469,712,323.88 Morelos Oaxaca Oaxaca de Juárez 23,707,649.00 24,608,539.43 23,686,492.52 14,844,378.13 86,847,059.08 San Juan Bautista Tuxtepec 21,488,574.00 21,488,944.71 20,996,725.94 14,156,114.89 78,130,359.54 - 1,038,000.00 1,073,292.00 - 2,111,292.00 Puebla 44,173,001.00 44,205,135.24 43,506,470.96 32,220,367.59 164,104,974.79 Atlixco - - - 12,865,545.05 12,865,545.05 Tehuacán 26,887,464.00 27,058,446.14 25,663,303.03 15,854,034.75 95,463,247.92 ZM de Querétaro 68,659,857.00 69,921,738.49 68,652,915.68 48,654,950.55 255,889,461.72 Zona Conurbada Puebla Querétaro Quintana Roo Benito Juárez 35,345,777.00 35,431,117.37 34,684,150.02 26,130,900.35 131,591,944.74 Othón P. Blanco 21,671,918.00 22,495,450.96 22,027,551.91 15,394,986.65 81,589,907.52 - 9,351,213.71 9,669,154.98 9,669,154.98 28,689,523.67 San Luis Potosí Solidaridad Ciudad Valles 19,310,251.00 19,324,466.77 18,896,492.01 13,778,851.73 71,310,061.51 San Luis Potosí 30,125,642.00 30,775,542.16 31,821,910.59 24,925,960.92 117,649,055.67 Sinaloa Culiacán 62,305,574.00 64,126,073.85 31,726,490.44 46,214,667.39 204,372,805.68 Ahome 30,404,206.00 31,559,565.60 63,595,182.08 19,864,092.46 145,423,046.14 - 8,726,246.07 9,022,938.44 - 17,749,184.51 Salvador Alvarado Cuadro 6. Presupuesto asignado al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia por entidad federativa y municipios 2013-2016 Pesos corrientes Entidad Sonora Demarcación Cajeme Guaymas Hermosillo San Luis Río Colorado Tabasco Centro Cunduacán Cárdenas Tamaulipas Tlaxcala Veracruz ucatán Zacatecas Total Monto asignado 2013 24,277,811.00 Monto asignado 2014 Monto asignado 2015 25,200,367.77 26,057,180.27 3 de 3 Monto asignado 2016 22,302,131.02 Total 97,837,490.06 - - - 14,119,473.23 14,119,473.23 29,340,377.00 30,455,311.10 31,490,791.67 25,423,188.96 116,709,668.73 - 7,266,000.00 7,513,044.00 - 14,779,044.00 28,651,781.00 28,661,465.14 29,000,652.50 23,646,518.94 109,960,417.58 - - - 12,858,630.98 12,858,630.98 - 9,342,000.00 9,659,628.00 - 19,001,628.00 Nuevo Laredo 40,370,927.00 40,820,932.87 38,340,958.12 20,133,521.70 139,666,339.69 Victoria 28,891,247.00 29,555,921.96 29,012,041.37 17,939,798.32 105,399,008.65 Reynosa - 17,866,749.85 18,474,219.35 18,474,219.35 54,815,188.55 Tampico - - 24,655,378.51 16,405,802.63 41,061,181.14 Río Bravo - - - 14,150,086.38 14,150,086.38 Matamoros - - 29,106,734.15 23,501,226.38 52,607,960.53 Tlaxcala 17,814,713.00 18,164,883.45 17,727,555.51 12,386,750.32 66,093,902.28 Calpulalpan 17,383,782.00 17,384,044.41 17,090,880.69 - 51,858,707.10 ZM de Veracruz 47,504,736.00 48,790,082.03 47,755,557.38 31,432,840.28 175,483,215.69 Xalapa 26,157,383.00 26,224,973.23 25,645,696.71 18,148,164.99 96,176,217.93 Mérida 29,571,173.00 29,619,362.60 29,227,816.45 20,942,953.34 109,361,305.39 ZM de Zacatecas 40,358,863.00 40,406,904.71 39,129,421.96 27,765,422.52 147,660,612.19 Fresnillo 20,408,827.00 21,184,362.23 20,960,061.59 17,640,314.58 80,193,565.40 9,236,217,568.46 F : elaboración CASEDE, iario icial de la Federaci n, 15 de febrero de 2013 14 de febrero de 2014 26 de diciembre de 2014 15 de febrero de 2015 y 15 de febrero de 2016. Nota: Las casillas sin cifras indican que el municipio no fue contemplado como beneiciario del programa en el año respectivo. 313 Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 314 Cuadro 7. Recursos humanos y presupuesto autorizado de la Procuraduría General de la Repeblica 2000-2016 2000 1,572 2001 2,303 46.50 4,920 37.32 593 61.14 2002 2,304 0.04 5,245 6.61 656 2003 2,712 17.71 6,122 16.72 2004 2,712 0.00 8,078 31.95 Variación % anual1 Elementos de la Policía Federal Ministerial2 Variación % anual 3,583 Personal directivo y administrativo Variación % anual Servicios personales* 9,580 12.49 3,044 13.46 5,594 14.75 10.62 9,807 2.37 4,309 41.56 6,932 23.92 756 15.24 10,277 4.79 6,662 54.61 7,154 3.20 1,356 79.37 7,479 -27.23 5,152 -22.67 7,256 1.43 Peritos Variación % anual 368 8,516 Variación Presupuesto % anual total* 2,683 Variación % anual 4,875 2005 2,679 -1.22 7,676 -4.98 1,392 2.65 6,839 -8.56 5,932 15.14 8,143 12.22 2006 2,854 6.53 8,127 5.88 1,492 7.18 7,047 3.04 6,773 14.18 9,550 17.28 2007 2,799 -1.93 7,992 -1.66 1,439 -3.55 7,887 11.92 6,789 0.24 9,216 -3.50 2008 2,797 -0.07 5,996 -24.97 1,418 -1.46 9,616 21.92 6,741 -0.71 9,307 0.99 2009 3,299 17.95 4,974 -17.04 1,425 0.49 12,992 35.11 9,549 41.66 12,309 32.26 2010 3,706 12.34 4,902 -1.45 1,725 21.05 14,447 11.20 8,631 -9.61 11,781 -4.29 2011 3,706 0.00 4,857 -0.92 1,725 0.00 13,072 -9.52 8,616 -0.17 11,997 1.83 2012 3,806 2.70 5,057 4.12 1,755 1.74 12,493 -4.43 9,967 15.68 14,905 24.24 2013 4,188 10.04 5,057 0.00 1,720 -1.99 10,353 -17.13 10,386 4.20 15,760 5.74 2014 4,219 0.74 4,823 -4.63 1,745 1.45 10,110 -2.35 11,367 9.45 17,288 9.70 4,219 0.74 4,823 -4.63 1,745 1.45 10,159 -1.87 10,857 4.53 17,029 -1.50 66.06 4,806 -0.35 1,792 2.69 10,094 -0.16 11,519 1.34 16,468 2015 2016 3 Incremento porcentual 2000-20164 7,006 345.67 34.13 386.96 18.53 329.33 -3.29 237.81 F : elaboración CASEDE con base en el “Anexo Estadístico”, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2001-2016. Se calculó por cada año la variación porcentual de recursos humanos y presupuesto con respecto al año anterior. 2 En 2000 se denominó Policía Judicial Federal de noviembre de 2001 a junio de 2012 llevó el nombre de Agencia Federal de Investigación, y a partir del 23 de julio de 2012 se crea la Policía Federal Ministerial. 3 Cifras preliminares al mes de junio. 4 Se calculó el incremento porcentual del año 2000 con respecto al de 2016 por cada una de las áreas. Millones de pesos corrientes. 1 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Año Agentes Ministerio Público Federal Cuadro 8. Origen de los recursos autorizados para el Sistema Nacional de Seguridad Peblica 2000-2016 Millones de pesos corrientes Recursos federales Total/Recursos federales1 Dependencias federales3 Recursos estatales4 5,214 7,080 1,847 13,832 5,786 8,046 1,938 14,122 12,830 3,210 9,620 1,292 2003 12,598 11,456 2,733 8,723 1,141 2004 12,778 11,621 3,500 8,121 1,157 2005 15,036 13,451 5,000 8,451 1,586 2006 17,496 15,747 5,000 10,747 1,678 2007 22,033 20,379 5,000 15,379 1,653 2008 31,948 29,892 6,000 23,892 2,057 2009 46,576 44,518 6,917 37,601 2,059 2010 45,272 43,328 6,917 36,411 1,945 2011 55,731 53,725 7,124 46,600 2,006 2012 9,503 9,503 7,374 n.d. 2,129 2013 9,796 9,796 7,631 n.d. 2,165 2014 10,149 10,149 7,921 n.d. 2,228 2015 10,473 10,473 8,191 n.d. 2,282 2016 9,087 9,087 7,000 n.d. 2,087 -0.6 -0.4 0.3 0.8 0.1 Año Total 2000 14,141 12,294 2001 15,770 2002 Incremento porcentual 2000-2016 FASP 2 F : elaboración CASEDE con base en el “Anexo Estadístico”, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. Se reiere a los recursos aprobados por la Cámara de Diputados. 2 De 2000 a 2003 los montos consideran recursos adicionales aportados a las entidades federativas. Se reiere a los recursos canalizados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Peblica de los Estados y del Distrito Federal. 3 Recursos asignados a la Secretaría de Seguridad Peblica, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Procuraduría General de la Repeblica, en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A partir de 2013 dejó de publicarse el presupuesto asignado de las dependencias federales por tanto el incremento porcentual de este rubro solamente se considera hasta 2011. 4 Para 2008, se consideran 125 millones de pesos adicionales aportados por el estado de Jalisco y 30 millones de pesos del estado de Sonora. n.d. No disponible. FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Peblica. 1 315 Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 316 1 de 2 (continuación Æ) Cuadro 9. Presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Peblica por entidad federativa y distribución porcentual anual 2000-2016 Millones de pesos corrientes1 Entidad federativa 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % Aguascalientes 74.0 1.4 81.0 1.5 45.0 1.5 37.6 1.5 37.6 1.5 75.9 1.5 75.9 1.5 75.9 1.5 Baja California 227.0 4.4 239.0 4.3 124.0 4.2 105.1 4.2 105.5 4.1 205.8 4.1 205.8 4.1 205.8 4.1 Baja California Sur 115.0 2.2 116.0 2.1 5.0 0.2 43.4 1.7 43.4 1.7 92.6 1.9 92.6 1.9 92.6 1.9 91.0 1.8 93.0 1.7 53.0 1.8 37.7 1.5 37.7 1.5 76.4 1.5 76.4 1.5 76.4 1.5 Chiapas 220.0 4.3 239.0 4.3 135.0 4.6 109.5 4.4 153.3 6.0 212.5 4.3 212.5 4.3 212.5 4.3 Chihuahua 172.0 3.3 181.0 3.3 103.0 3.5 85.0 3.4 85.0 3.3 171.5 3.4 171.5 3.4 171.5 3.4 Coahuila 148.0 2.9 159.0 2.9 87.0 2.9 73.3 2.9 73.3 2.9 142.4 2.8 142.4 2.8 142.4 2.8 59.0 1.1 64.0 1.2 43.0 1.5 35.9 1.4 35.9 1.4 74.6 1.5 74.6 1.5 74.6 1.5 Ciudad de México 372.0 7.2 397.0 7.2 205.0 6.9 154.2 6.2 154.2 6.1 315.9 6.3 315.8 6.3 315.8 6.3 Durango 134.0 2.6 140.0 2.5 73.0 2.5 61.2 2.4 61.2 2.4 120.7 2.4 120.7 2.4 120.7 2.4 Estado de México 399.0 7.7 432.0 7.8 249.0 8.4 202.3 8.1 202.3 8.0 404.7 8.1 404.7 8.1 404.7 8.1 Guanajuato 192.0 3.7 211.0 3.8 110.0 3.7 90.6 3.6 90.6 3.6 180.9 3.6 180.9 3.6 180.9 3.6 Guerrero 152.0 2.9 165.0 3.0 95.0 3.2 77.9 3.1 77.9 3.1 152.4 3.0 152.4 3.0 152.4 3.0 Hidalgo 132.0 2.6 140.0 2.5 65.0 2.2 59.4 2.4 59.4 2.3 123.8 2.5 123.8 2.5 123.8 2.5 Jalisco 230.0 4.5 244.0 4.4 143.0 4.8 116.7 4.7 116.7 4.6 228.8 4.6 228.7 4.6 228.7 4.6 Michoacán 191.0 3.7 201.0 3.6 101.0 3.4 94.1 3.8 94.1 3.7 185.6 3.7 185.6 3.7 185.6 3.7 97.0 1.9 103.0 1.9 57.0 1.9 50.8 2.0 50.8 2.0 107.2 2.1 107.2 2.1 107.2 2.1 Campeche Colima Morelos Nayarit 69.0 1.3 74.0 1.3 48.0 1.6 46.3 1.9 46.3 1.8 96.1 1.9 96.1 1.9 96.1 1.9 Nuevo León 216.0 4.2 229.0 4.1 129.0 4.4 98.5 3.9 98.5 3.9 193.1 3.9 193.1 3.9 193.1 3.9 Oaxaca 164.0 3.2 180.0 3.3 104.0 3.5 81.5 3.3 81.5 3.2 160.4 3.2 160.4 3.2 160.4 3.2 Puebla 191.0 3.7 208.0 3.8 111.0 3.8 93.3 3.7 93.3 3.7 191.3 3.8 191.3 3.8 191.3 3.8 92.0 1.8 101.0 1.8 53.0 1.8 45.5 1.8 45.5 1.8 93.6 1.9 93.6 1.9 93.6 1.9 Querétaro Quintana Roo 71.0 1.4 79.0 1.4 46.0 1.6 42.7 1.7 42.7 1.7 92.1 1.8 92.1 1.8 92.1 1.8 San Luis Potosí 144.0 2.8 151.0 2.7 82.0 2.8 74.6 3.0 74.6 2.9 147.2 2.9 147.2 2.9 147.2 2.9 Sinaloa 154.0 3.0 165.0 3.0 89.0 3.0 73.2 2.9 73.6 2.9 144.0 2.9 144.0 2.9 144.0 2.9 Sonora 223.0 4.3 226.0 4.1 124.0 4.2 104.5 4.2 104.5 4.1 206.3 4.1 206.3 4.1 206.3 4.1 Tabasco 138.0 2.7 148.0 2.7 74.0 2.5 60.2 2.4 60.2 2.4 117.4 2.3 117.6 2.4 117.6 2.4 Tamaulipas 210.0 4.1 217.0 3.9 108.0 3.6 96.5 3.9 96.5 3.8 188.0 3.8 188.0 3.8 188.0 3.8 Tlaxcala 70.0 1.4 72.0 1.3 39.0 1.3 30.7 1.2 30.7 1.2 65.9 1.3 65.9 1.3 65.9 1.3 Veracruz 248.0 4.8 269.0 4.9 151.0 5.1 124.4 5.0 124.4 4.9 245.8 4.9 245.8 4.9 245.8 4.9 ucatán 99.0 1.9 110.0 2.0 55.0 1.9 51.2 2.0 51.2 2.0 104.4 2.1 104.4 2.1 104.4 2.1 Zacatecas 74.0 1.4 85.0 1.5 53.0 1.8 40.2 1.6 40.2 1.6 81.3 1.6 81.3 1.6 81.3 1.6 5,168 100 5,519 100 2,959 100 2,498 100 2,542.60 100 4,998.60 100 4,998.60 100 4,998.60 100 2 Total F : Elaboración CASEDE con base en: acuerdos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico en el iario icial de la Federaci n, 2000-2002, 2004 y 2008 acuerdos publicados por la Secretaría de Seguridad Peblica en el iario icial de la Federaci n, 2003 y 2005-2007 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica, “Fórmula de Distribución para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Peblica de los Estados y del Distrito Federal, 2010” “Criterios de Asignación para la Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Peblica de los Estados y del Distrito Federal, 2009 y 2011-2016”. Se calculó la parte proporcional que le corresponde a cada entidad federativa con respecto al total del Presupuesto de Aportaciones para la Seguridad Peblica por cada uno de los años. 2 Los totales podrían no coincidir con las cifras oiciales debido al ajuste de las mismas en el cuadro. 2 de 2 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 93.4 1.6 107.7 1.6 107.7 1.6 111.6 1.6 115.7 1.6 119.2 1.6 127.1 1.6 130.8 1.6 105.6 1.5 244.0 4.1 281.3 4.1 281.3 4.1 290.0 4.1 296.8 4.0 306.1 4.0 318.9 4.0 328.4 4.0 307.8 4.4 120.5 2.0 139.0 2.0 139.0 2.0 140.9 2.0 145.0 2.0 149.7 2.0 158.0 2.0 167.7 2.0 163.1 2.3 93.4 1.6 107.7 1.6 107.7 1.6 110.6 1.6 115.3 1.6 119.8 1.6 130.2 1.6 140.2 1.7 130.6 1.9 249.3 4.2 287.4 4.2 287.4 4.2 294.6 4.1 303.0 4.1 213.4 2.8 224.5 2.8 229.8 2.8 217.9 3.1 207.0 3.5 238.6 3.5 238.6 3.5 249.5 3.5 259.1 3.5 118.1 1.5 126.2 1.6 133.8 1.6 135.1 1.9 169.5 2.8 195.4 2.8 195.4 2.8 202.2 2.8 208.5 2.8 312.1 4.1 322.9 4.1 332.8 4.1 312.0 4.5 91.2 1.5 105.1 1.5 105.1 1.5 108.9 1.5 113.5 1.5 266.0 3.5 272.5 3.4 280.9 3.4 221.1 3.2 376.0 6.3 433.4 6.3 433.4 6.3 445.5 6.3 462.0 6.3 476.1 6.2 490.1 6.2 497.1 6.1 450.3 6.4 141.7 2.4 163.3 2.4 163.3 2.4 168.6 2.4 173.7 2.4 179.6 2.4 186.8 2.4 195.9 2.4 189.0 2.7 477.1 8.0 550.0 8.0 550.0 8.0 568.1 8.0 588.1 8.0 612.5 8.0 616.1 7.8 626.5 7.7 213.1 3.0 217.6 3.6 250.8 3.6 250.8 3.6 260.0 3.7 268.3 3.6 275.6 3.6 287.2 3.6 290.2 3.5 220.0 3.1 178.5 3.0 205.7 3.0 205.7 3.0 215.0 3.0 223.7 3.0 235.9 3.1 235.9 3.0 251.1 3.1 190.6 2.7 150.9 2.5 174.0 2.5 174.0 2.5 178.3 2.5 182.2 2.5 191.8 2.5 202.0 2.6 209.7 2.6 309.6 4.4 269.5 4.5 310.7 4.5 310.6 4.5 319.1 4.5 330.3 4.5 343.3 4.5 352.7 4.5 363.5 4.4 492.3 7.0 216.2 3.6 249.2 3.6 249.2 3.6 258.8 3.6 267.0 3.6 277.6 3.6 282.0 3.6 288.3 3.5 98.2 1.4 128.1 2.1 147.7 2.1 147.7 2.1 153.6 2.2 157.9 2.1 165.6 2.2 176.3 2.2 188.6 2.3 132.8 1.9 115.6 1.9 133.3 1.9 133.3 1.9 136.2 1.9 141.8 1.9 146.3 1.9 152.6 1.9 160.7 2.0 120.4 1.7 229.3 3.8 265.0 3.8 265.0 3.8 272.6 3.8 283.1 3.8 294.6 3.9 302.4 3.8 307.4 3.8 284.4 4.1 189.4 3.2 218.3 3.2 218.3 3.2 225.7 3.2 234.3 3.2 243.3 3.2 253.6 3.2 260.0 3.2 221.3 3.2 227.8 3.8 262.6 3.8 262.6 3.8 270.0 3.8 281.6 3.8 291.3 3.8 303.4 3.8 314.9 3.8 273.4 3.9 114.5 1.9 132.0 1.9 132.0 1.9 136.3 1.9 140.4 1.9 145.2 1.9 156.5 2.0 158.9 1.9 153.4 2.2 122.1 2.0 140.8 2.0 140.8 2.0 145.2 2.0 152.5 2.1 158.2 2.1 170.2 2.1 183.8 2.2 164.1 2.3 172.7 2.9 199.1 2.9 199.1 2.9 203.1 2.9 208.3 2.8 215.0 2.8 224.2 2.8 231.1 2.8 221.1 3.2 170.6 2.8 196.7 2.8 196.7 2.8 203.9 2.9 210.6 2.9 219.6 2.9 224.9 2.8 233.2 2.8 218.9 3.1 243.4 4.1 280.6 4.1 280.6 4.1 285.6 4.0 291.3 4.0 297.7 3.9 309.5 3.9 317.3 3.9 299.7 4.3 139.4 2.3 160.7 2.3 160.7 2.3 165.0 2.3 170.7 2.3 178.9 2.3 189.2 2.4 193.4 2.4 156.8 2.2 222.2 3.7 256.2 3.7 256.2 3.7 262.7 3.7 270.8 3.7 281.9 3.7 285.8 3.6 294.8 3.6 262.1 3.7 111.4 1.9 128.4 1.9 128.4 1.9 131.8 1.9 136.7 1.9 139.9 1.8 151.1 1.9 161.3 2.0 117.9 1.7 288.5 4.8 332.6 4.8 332.6 4.8 341.8 4.8 356.7 4.8 365.4 4.8 374.6 4.7 387.0 4.7 298.8 4.3 129.7 2.2 149.6 2.2 149.6 2.2 152.4 2.1 159.9 2.2 165.3 2.2 177.6 2.2 189.7 2.3 178.8 2.6 97.6 1.6 112.5 1.6 112.5 1.6 115.1 1.6 121.0 1.6 125.2 1.6 134.8 1.7 140.6 1.7 139.9 2.0 5,998.10 100 6,915.40 100 6,915.30 100 7,122.70 100 7,369.80 100 7,630.20 100 7,919.80 100 8,189.40 100 6,999.98 100 Nota: Los montos asignados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Peblica de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación dentro del Ramo 33, a propuesta de la Secretaría de Seguridad Peblica, con base en los criterios que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Peblica (CNSP). El FASP fue creado en 1999 para atender las necesidades de profesionalización, equipamiento y modernización tecnológica en infraestructura en materia de seguridad peblica de las entidades federativas y el Distrito Federal. 317 Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 318 2009 2010 2011 Autorizado2 Ejercido Subejercicio Autorizado Ejercido Subejercicio 4,753.3 4,693.4 -59.9 4,800.4 4,739.6 -60.8 Prevención del delito y participación ciudadana 205.7 203.8 -1.9 200.7 198.1 Desarrollo institucional 330.8 329.7 -1.1 436.2 425.9 Sistema penitenciario 359.5 351.1 -8.4 350.2 336.5 Combate a la corrupción 373.9 373.9 0 257.6 Concepto Alineación de las capacidades del Estado mexicano contra la delincuencia Plataforma México Autorizado Ejercido Subejercicio 4,426.9 4,252.4 -174.5 -2.6 254 240.9 -13.1 -10.3 573.5 520 -53.5 -13.7 498.3 487.5 -10.8 255.6 -2 134.6 126.7 -7.9 2,829.7 2,817.3 -12.4 2,675.1 2,642.2 -32.9 3,095.8 3,005.9 -89.9 Indicadores de medición 122.4 121.9 -0.5 141.2 138.4 -2.8 147.2 145.4 -1.8 Total 8,975 8,891 -84.2 8,861 8,736 -125.1 9,130 8,779 -351.5 F : elaboración CASEDE con base en el “Anexo Estadístico”, Tercer Informe de Gobierno, 2014-2015. En el Acuerdo 04 XXV 08 de la XXV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Peblica se deinieron los nuevos rubros de gasto para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Peblica a partir de 2009. 2 La columna “Autorizado” corresponde a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Peblica más los recursos estatales, considerándose el total autorizado para el ejercicio iscal. 1 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Cuadro 10. Financiamiento conjunto para los programas de Seguridad Peblica 2009-2011 Millones de pesos corrientes1 Cuadro 11. Financiamiento conjunto para los programas de Seguridad Peblica1 2012-2015 Millones de pesos corrientes 2012 Concepto Autorizado2 Ejercido 2013 Subejercicio Autorizado Ejercido 2015 4 2014 Subejercicio Autorizado Ejercido Subejercicio Autorizado Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 200.6 165.8 -34.8 247.7 197.9 -49.8 236.5 178.5 -58.0 255.5 Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de conianza 852.6 745.7 -106.9 803.0 669.5 -133.5 694.6 468.8 -225.8 645.6 Profesionalización de las instituciones de Seguridad Peblica 772.1 730.9 -41.2 705.6 587.8 -117.8 597.0 418.2 -178.8 724.5 Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 184.9 182.4 -2.5 268.3 245.8 -22.5 418.4 348.0 -70.4 439.7 Instalación de Centros de Operación Estratégica (COEts) 134.6 121.1 -13.5 127.5 110.4 -17.1 52.4 37.0 -15.4 47.5 Huella balística y rastreo computarizado de armamento (IBIS E TRACE) 164.0 160.7 -3.3 94.5 89.6 -4.9 48.8 24.5 -24.3 61.6 Acceso a la justicia para las mujeres 136.6 119.7 -16.9 148.5 102.5 -46.0 168.5 112.6 -55.9 148.9 Nuevo sistema de justicia penal 341.0 289.9 -51.1 575.2 389.1 -186.1 1,030.4 714.5 -315.9 1,027.6 Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 750.7 683.0 -67.7 770.0 647.6 -122.4 835.5 590.2 -245.3 887.8 1,304.9 Red Nacional de Telecomunicaciones 1,072.4 1,031.3 -41.1 1,236.7 1,082.2 -154.5 1,306.5 962.8 -343.7 Sistema Nacional de Información 913.4 875.1 -38.3 403.0 358.5 -44.5 512.6 381.7 -130.9 407.0 Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 598.4 578.5 -19.9 809.7 745.2 -64.5 772.1 591.1 -181.0 986.3 Registro Peblico Vehicular 226.8 185.5 -41.3 162.4 133.0 -29.4 209.2 139.4 -69.8 225.9 17.6 8.2 -9.4 12.3 10.0 -2.3 4.9 2.3 -2.6 2.9 145.5 140.5 -5.0 187.2 174.1 -13.1 179.0 153.6 -25.4 184.9 n.a. n.a. n.a. 280.8 245.6 -35.2 203.3 138.3 -65.0 122.2 Fortalecimiento de instituciones de Seguridad Peblica, procuración e impartición de justicia 2,991.9 2,803.0 -188.9 2,964.6 2,615.8 -348.8 2,880.8 2,162.3 -718.5 3,000.4 Total 9,503.1 8,821.3 -681.8 9,797.0 8,404.6 -1,392.4 10,150.5 7,423.8 -2,726.7 10,473.2 Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) Evaluación de los distintos programas o acciones Genética forense 3 319 F : elaboración CASEDE con base en el “Anexo Estadístico”,Tercer Informe de Gobierno, 2014-2015. 1 En el Acuerdo 10 XXXI 11 de la XXXI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Peblica, celebrada el 31 de octubre de 2011, se aprobaron los programas con prioridad nacional. 2 La columna “Autorizado” corresponde a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Peblica más los recursos estatales. 3 El Consejo Nacional de Seguridad Peblica en su XXXIII Sesión, celebrada el 2 de agosto de 2012, aprobó la creación del programa con prioridad nacional denominado Genética Forense. 4 Cifras actualizadas al 30 de junio de 2015 por lo tanto, no se puede estimar el subejercicio. n.a. No aplica. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 320 Cuadro 12. Financiamiento conjunto para los programas de Seguridad Peblica1 2016 Millones de pesos 3 2016 4 Concepto2 Autorizado Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el diseño de Políticas Peblicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Peblica 370.0 Desarrollo, Profesionalización y Certiicación Policial 1,501.9 Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 3,329.2 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 864.9 Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes 672.9 Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos 403.1 Sistema Nacional de Información para la Seguridad Peblica 763.2 Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 678.7 Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto 347.2 6.9 Especialización de las Instancias Responsables de la Besqueda de Personas 149.8 Seguimiento y Evaluación 5 9,087.8 Total F : elaboración CASEDE con base en el “Anexo Estadístico”, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. 1 En el Acuerdo 03 XXXVIII 15 de la XXXVII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Peblica, celebrada el 21 de agosto de 2015, se aprueban los programas con prioridad nacional. 2 Para el ejercicio 2016, se modiicaron los programas con prioridad nacional en la XXXVIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Peblica, celebrada el 21 de agosto de 2015. 3 Cifras actualizadas al 30 de junio de 2016. No se puede estimar el subejercicio debido a que el gobierno federal decidió reducir los presupuestos asignados. 4 La columna “Autorizado” corresponde a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Peblica de los estados y del Distrito Federal (FASP) más los recursos estatales. 5 Cabe señalar que “Seguimiento y Evaluación” no es un programa con prioridad nacional aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Peblica sin embargo, de conformidad con el Artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, con respecto al seguimiento y evaluación de los programas, la inversión destinada a este rubro forma parte del presupuetso total. Cuadro 13. Recursos del Secretariado Técnico para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 2008-2015 Pesos corrientes Ejercicio 2008 F Autorizado Modiicado Ejercido 0 3,480,654 3,480,653 2009 0 57,325,664 57,320,220 2010 563,837,204 392,345,273 392,234,319 2011 554,305,863 549,433,768 549,433,768 2012 554,792,559 542,339,094 512,005,600 2013 562,144,524 553,069,997 547,600,219 2014 1,094,258,160 1,065,868,185 1,063,206,999 2015 1,117,656,413 979,040,739 979,040,759 : elaboración CASEDE, Cuenta Peblica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2008-2015. Cuadro 14. Orientación del gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional 2000-2016 Millones de pesos corrientes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gasto corriente total 19,119 21,323 22,311 22,630 23,332 24,002 26,031 31,900 34,861 41,223 42,193 48,497 54,465 58,462 61,047 63,404 64,106 Gasto de inversión1 1,196 1,101 393 200 5 5 5 300 5 2,400 1,439 1,542 1,145 2,348 4,189 7,869 8,144 684 810 920 928 841 892 914 612 1,076 1,134 1,400 1,487 1,568 1,923 2,006 2,491 2,281 1,408 1,619 1,787 1,991 2,100 2,085 2,279 2,305 3,123 3,632 4,218 4,416 4,982 5,038 5,736 5,738 6,080 156 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Educación Salud Seguridad Social F : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2000-2016. Entre los años 2000 y 2008 a este rubro se le denominaba “Gasto de capital”. A partir de 2009 se le denomina “Gasto de inversión”. n.d. No disponible. 1 Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 Cuadro 15. Orientación del gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional 2000-2016 Millones de dólares corrientes Gasto corriente total Gasto de inversión1 Educación Salud Seguridad Social 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2,023 2,333 2,185 2,015 2,083 2,260 2,401 2,943 2,600 3,208 3,408 3,522 4,104 4,497 4,703 4,038 3,452 127 120 38 18 n.s. n.s. n.s. 28 n.s. 187 116 112 86 181 323 501 439 72 89 90 83 75 84 84 56 80 88 113 108 118 148 155 159 123 149 177 175 177 188 196 210 213 233 283 341 321 375 388 442 365 327 17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. F : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2000-2016. Entre los años 2000 y 2008 a este rubro se le denominaba “Gasto de capital”. A partir de 2009 se le denomina “Gasto de inversión”. Nota: Tipo de cambio en dólares corrientes para cada año tomado del “Anexo Estadístico”, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. n.s. No signiicativo. n.d. No disponible. 1 321 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 322 Cuadro 16. Regiones Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional 2016 rea Geográica Región Militar Cuartel General I Ciudad de México Estado de México, Morelos y Ciudad de México II Mexicali, Baja California Baja California, Baja California Sur y Sonora III Mazatlán, Sinaloa Sinaloa y Durango IV Monterrey, Nuevo León Tamaulipas y Nuevo León V La Mojonera, Jalisco Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes y Zacatecas VI La Boticaria, Veracruz Veracruz, Puebla y Tlaxcala VII Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Chiapas y Tabasco VIII Ixcotel, Oaxaca Oaxaca y Veracruz IX Cumbres de Llano Largo, Guerrero Guerrero X Mérida, ucatán XI Torreón, Coahuila Coahuila y Chihuahua XII Irapuato, Guanajuato Guanajuato, Querétaro y Michoacán F ucatán, Campeche y Quintana Roo : elaboración CASEDE con información de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuadro 17. Presupuesto asignado a Regiones Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional 2000-2016 Millones de pesos corrientes Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Región Militar 3,781 3,359 2,062 4,009 4,054 5,685 6,553 8,911 8,268 9,211 9,636 10,867 12,414 13,011 13,477 13,705 13,784 2 Región Militar 712 846 872 772 790 800 844 893 1,107 1,183 1,331 1,476 1,617 1,702 1,737 1,828 1,831 3 Región Militar 472 563 572 467 498 488 517 562 711 760 857 953 1,045 1,136 1,180 1,209 1,162 4 Región Militar 477 504 513 423 454 440 468 508 640 681 763 886 977 1,025 1,057 1,081 1,315 5 Región Militar 828 996 1,021 766 806 791 829 861 1,092 1,169 1,320 1,458 1,600 1,726 1,791 1,903 1,880 6 Región Militar 880 1,086 1,181 979 1,032 1,006 1,064 1,053 1,370 1,472 1,642 1,842 2,029 2,193 2,286 2,401 2,522 7 Región Militar 1,104 1,277 1,320 1,074 1,156 1,133 1,192 1,208 1,490 1,592 1,778 1,970 2,175 2,296 2,358 2,464 2,252 8 Región Militar 654 799 831 759 800 790 825 850 1,069 1,146 1,306 1,395 1,573 1,712 1,726 1,793 1,839 9 Región Militar 375 526 544 473 501 493 522 543 699 746 849 956 1,039 1,096 1,137 1,160 1,091 10 Región Militar 426 490 506 436 464 457 483 494 610 649 721 805 879 968 1,017 1,050 1,020 11 Región Militar 509 636 681 537 569 553 596 659 795 844 947 1,067 1,152 1,212 1,255 1,283 1,245 12 Región Militar 619 736 779 708 746 735 773 820 1,023 1,097 1,405 1,542 1,710 1,817 1,850 1,931 2,106 10,837 11,818 10,882 13,371 14,666 17,362 18,874 20,550 22,555 25,217 28,210 29,894 30,871 31,808 32,047 Total F 11,403 11,870 : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2000-2016. 323 324 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Región Militar 400 368 202 357 362 535 605 822 617 717 778 789 935 1,001 1,038 873 742 2 Región Militar 75 93 85 69 71 75 78 82 83 92 108 107 122 131 134 116 99 3 Región Militar 50 62 56 42 44 46 48 52 53 59 69 69 79 87 91 77 63 4 Región Militar 50 55 50 38 41 41 43 47 48 53 62 64 74 79 81 69 71 5 Región Militar 88 109 100 68 72 74 76 79 81 91 107 106 121 133 138 121 101 6 Región Militar 93 119 116 87 92 95 98 97 102 115 133 134 153 169 176 153 136 7 Región Militar 117 140 129 96 103 107 110 111 111 124 144 143 164 177 182 157 121 8 Región Militar 69 87 81 68 71 74 76 78 80 89 105 101 119 132 133 114 99 9 Región Militar 40 58 53 42 45 46 48 50 52 58 69 69 78 84 88 74 59 10 Región Militar 45 54 50 39 41 43 45 46 45 51 58 58 66 74 78 67 55 11 Región Militar 54 70 67 48 51 52 55 61 59 66 76 77 87 93 97 82 67 12 Región Militar 66 81 76 63 67 69 71 76 76 85 113 112 129 140 143 123 113 1,147 1,296 1,065 1,017 1,060 1,257 1,353 1,601 1,407 1,600 1,822 1,829 2,127 2,300 2,379 2,026 1,726 Total F : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2000-2016. Nota: Tipo de cambio en dólares corrientes para cada año tomado del “Anexo Estadístico”, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Cuadro 18. Presupuesto asignado a Regiones Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional 2000-2016 Millones de dólares corrientes Cuadro 19. Orientación del gasto de la Secretaría de Marina 2000-2016 Millones de pesos corrientes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gasto corriente total 6,357 7,430 7,670 8,166 7,789 7,877 9,163 10,651 12,382 14,528 14,772 16,678 18,107 19,831 20,843 21,636 21,823 Gasto de capital total 1,544 1,444 8,488 733 699 759 16 300 1,001 1,531 1,220 1,592 1,573 2,033 3,758 5,389 5,577 Educación n.d. n.d. 32 116 105 288 301 418 698 1,473 985 1,338 1,464 1,547 1,585 955 1,021 Salud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 473 521 718 823 501 1,033 1,217 1,395 1,429 1,448 1,688 1,729 Seguridad social n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 761 823 1,135 1,521 1,974 2,019 2,555 2,859 n.d. n.d. n.d. n.d. F : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2000-2016. n.d. No disponible. Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 Cuadro 20. Orientación del gasto de la Secretaría de Marina 2000-2016 Millones de dólares corrientes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gasto corriente total 673 813 751 727 695 742 845 983 923 1,131 1,193 1,211 1,364 1,525 1,606 1,378 1,175 Gasto de capital total 163 158 831 65 62 71 n.s. 28 75 119 99 116 119 156 290 343 300 Educación n.d. n.d. 3 10 n.d. 27 28 39 52 115 80 97 110 119 122 61 55 Salud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 45 48 66 61 39 83 88 105 110 112 108 93 Seguridad social n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 72 76 105 113 154 163 186 215 n.d. n.d. n.d. n.d. F : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2000-2016. Nota: Tipo de cambio en dólares corrientes para cada año tomado del “Anexo Estadístico”, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. n.s. No signiicativo. n.d. No disponible. 325 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 326 Cuadro 21. Gasto total de instituciones de Defensa 2008-2015 Millones de pesos corrientes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Servicios personales 29,538.12 34,167.00 35,017.41 39,316.39 43,361.53 46,995.14 Gastos de operación n.d. n.d 6,852.86 8,863.53 10,811.39 10,946.65 2014 2015 Total 49,144.05 48,590.96 326,130.60 11,294.34 13,968.47 62,737.24 SEDENA Servicios generales Gasto corriente Inversión física Total 1,706.56 2,050.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,757.20 34,861.00 41,223.31 42,193.40 48,497.45 54,465.31 58,462.47 61,047.36 63,404.55 404,154.85 0.50 2,400.00 1,439.00 1,542.00 1,145.67 2,348.09 4,189.58 7,869.10 20,933.94 66,106.18 79,840.95 85,502.67 98,219.37 109,783.90 118,752.35 125,675.33 133,833.08 817,713.83 SEMAR Servicios personales 9,673.78 11,318.59 11,805.48 13,321.91 14,936.87 16,454.32 17,335.84 17,958.84 112,805.63 Gastos de operación n.d. n.d. 2,874.99 3,261.59 3,069.98 3,261.65 3,367.13 3,520.17 19,355.51 877.57 923.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,800.83 Gasto corriente 12,381.64 14,528.48 14,772.36 16,678.17 18,106.52 19,831.02 20,843.81 21,636.40 138,778.40 Inversión física 1,001.10 1,530.80 1,219.50 1,592.00 1,573.15 2,033.83 3,758.86 5,389.04 18,098.28 23,934.09 28,301.13 30,672.33 34,853.67 37,686.52 41,580.82 45,305.64 48,504.45 290,838.65 Servicios generales Total ISSFAM Servicios personales 203.51 224.34 233.50 237.08 248.28 244.41 248.59 273.93 1,913.64 Gastos de operación 1,401.95 1,788.11 2,297.15 2,521.17 2,591.15 2,919.72 3,175.77 3,422.59 20,117.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 Gasto corriente 2,776.61 3,151.06 3,798.40 4,539.66 4,792.37 5,338.86 5,410.86 5,940.55 35,748.37 Inversión física 221.70 307.84 340.08 763.01 805.80 794.05 820.33 921.32 4,974.13 4,603.77 5,471.35 6,669.13 8,060.92 8,437.60 9,297.04 9,655.55 10,558.39 62,753.75 Servicios personales 261.32 232.45 196.36 137.08 257.79 267.51 31.63 410.88 1,795.02 Gastos de operación n.d. n.d. 91.07 150.18 175.26 161.32 148.86 195.74 922.43 Servicios generales Total EMP Servicios generales Gasto corriente Inversión física Total 29.49 37.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 66.49 344.35 325.37 287.43 287.27 433.05 428.91 316.62 606.70 3,029.70 12.59 19.89 17.74 45.70 46.58 64.12 41.68 17.34 265.64 647.75 614.71 592.60 620.23 912.68 921.86 538.79 1,230.66 6,079.28 CGTAP Servicios personales 73.05 67.41 53.70 38.92 54.28 54.97 59.58 72.60 474.51 Gastos de operación n.d. n.d. 155.29 249.54 274.54 302.69 323.90 399.18 1,705.14 82.52 110.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 193.00 Gasto corriente 200.31 232.18 209.00 288.47 328.83 357.66 383.60 471.81 2,471.86 Inversión física 4.09 8.41 7.77 9.45 11.44 10.64 18.38 28.50 98.68 359.97 418.48 425.76 586.38 669.09 725.96 785.46 972.09 4,943.19 Servicios generales Total Fuente: elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2008-2015. n.d. No disponible. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. SEMAR: Secretaría de Marina. EMP: Estado Mayor Presidencial. ISSFAM: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. CGTAP: Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, orgánicamente forma parte del Estado Mayor Presidencial. Cuadro 22. Personal total de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina 2000-2016 SEDENA SEMAR Total Variación porcentual 3 anual 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 182,329 185,143 188,143 191,143 191,143 191,143 196,767 196,710 202,355 206,013 206,013 209,716 209,716 212,916 213,076 213,477 213,477 Incremento % 2 2000-2016 17.08 55,223 49,165 50,026 47,304 47,316 47,644 47,471 50,032 51,680 52,979 53,224 53,997 54,466 54,314 54,968 54,683 54,741 -0.87 237,552 234,308 238,169 238,447 238,459 238,787 244,238 246,742 254,035 258,992 259,237 263,713 264,182 267,230 268,044 268,160 268,218 12.91 -1.37 1.65 0.12 0.01 0.14 2.28 1.03 2.96 1.95 0.09 1.73 0.18 1.15 0.30 0.04 0.02 Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 F : elaboración CASEDE con base en el “Anexo Estadístico”, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. Cifras preliminares a julio de 2016. 2 Se calculó el incremento porcentual del año 2000 con respecto a 2016 del personal de las Fuerzas Armadas. 3 Se calculó por cada año el incremento porcentual del personal de las Fuerzas Armadas con respecto al año anterior. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. SEMAR: Secretaría de Marina. 1 1 2000 327 1 de 2 (continuación Æ) 328 Cuadro 23. Composición de las Fuerzas Armadas 2008-2015 SEDENA 2008 Total % Total 2010 % Total 2011 % Total 2012 % Total 2013 % Total 2014 % Total 2015 % Total % 537 0.27 537 0.26 537 0.26 537 0.26 541 0.26 541 0.25 541 0.25 541 5,364 2.69 5,713 2.81 5,779 2.79 5,782 2.80 5,919 2.81 5,919 2.79 6,038 2.82 6,098 2.85 30,110 15.09 30,880 15.19 31,132 15.05 31,129 15.05 31,510 14.96 31,216 14.70 32,073 15.00 32,118 15.01 Tropa 162,686 81.53 165,261 81.31 168,565 81.49 168,565 81.49 171,746 Otros 848 0.42 848 0.42 848 0.41 851 Total 199,545 100 203,239 100 206,861 100 Rango Número % Número % Número % Jefes Oiciales 0.25 81.56 173,853 81.86 174,264 81.52 174,319 81.49 851 0.40 848 0.40 848 0.40 849 0.40 206,864 100 210,567 100 212,377 100 213,764 100 213,925 100 Número % % Número % Número % Número 0.41 Número % General de División 45 0.02 45 0.02 45 0.02 45 0.02 45 0.02 45 0.02 45 0.02 45 0.02 General de Brigada General de Ala 150 0.08 150 0.07 150 0.07 150 0.07 175 0.08 175 0.08 175 0.08 175 0.08 General Brigadier General de Grupo 342 0.17 342 0.17 342 0.17 342 0.17 321 0.15 321 0.15 321 0.15 321 0.15 Coronel 767 0.38 767 0.38 767 0.37 767 0.37 850 0.40 850 0.40 860 0.40 865 0.40 Teniente Coronel 1,590 0.80 1,626 0.80 1,687 0.82 1,690 0.82 1,612 0.77 1,612 0.76 1,625 0.76 1,625 0.76 Mayor 3,007 1.51 3,320 1.63 3,325 1.61 3,325 1.61 3,457 1.64 3,457 1.63 3,553 1.66 3,608 1.69 Capitán Primero 3,764 1.89 3,854 1.90 3,890 1.88 3,890 1.88 3,958 1.88 3,983 1.88 4,072 1.90 4,072 1.90 Capitán Segundo 3,599 1.80 3,716 1.83 3,780 1.83 3,780 1.83 3,788 1.80 3,788 1.78 3,791 1.77 3,791 1.77 Teniente 10,307 5.17 10,831 5.33 10,927 5.28 10,924 5.28 14,546 6.91 14,546 6.85 14,982 7.01 14,983 7.00 Subteniente 12,440 6.23 12,479 6.14 12,535 6.06 12,535 6.06 9,218 4.38 8,899 4.19 9,228 4.32 9,272 4.33 Sargento Primero 16,227 8.13 16,295 8.02 16,588 8.02 16,588 8.02 17,067 8.11 17,067 8.04 17,085 7.99 17,085 7.99 Sargento Segundo 35,857 17.97 36,145 17.78 36,768 17.77 36,768 17.77 37,862 17.98 37,862 17.83 37,906 17.73 37,906 17.72 Cabo 43,021 21.56 43,431 21.37 44,994 21.75 44,994 21.75 47,502 22.56 49,177 23.16 49,288 23.06 49,288 23.04 Soldado 67,581 33.87 69,390 34.14 70,215 33.94 70,215 33.94 69,315 32.92 69,747 32.84 69,985 32.74 70,040 32.74 Profesores 662 0.33 662 0.33 662 0.32 662 0.32 662 0.31 662 0.31 662 0.31 662 0.31 Profesor Titular Especializado 1 Foráneo T.C. “A” 139 0.07 139 0.07 139 0.07 139 0.07 139 0.07 139 0.07 139 0.07 139 0.06 1 0.00 1 0.00 1 0.00 4 0.00 4 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 46 0.02 46 0.02 46 0.02 46 0.02 46 0.02 46 0.02 46 0.02 47 0.02 199,545 100 203,239 100 206,861 100 206,864 100 210,567 100 212,377 100 213,764 100 213,925 100 Oicial Administrativo Mecánico Total Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Generales 2009 2 de 2 Cuadro 23. Composición de las Fuerzas Armadas 2008-2015 SEMAR 2008 Total Almirantes 2009 % Total 2010 % Total 2011 % Total 2012 % Total 2013 % Total 2014 % Total 2015 % Total % 221 0.40 241 0.43 261 0.46 261 0.46 316 0.55 346 0.59 377 0.63 377 Jefes (Capitanes) 1,713 3.10 2,031 3.65 2,168 3.80 2,168 3.81 2,372 4.10 2,532 4.33 2,758 4.63 3,170 5.31 Oiciales 8,536 15.46 9,187 16.51 11,428 20.03 11,428 20.08 11,679 20.17 11,791 20.16 12,017 20.17 12,456 20.88 44,428 80.44 43,854 78.80 42,881 75.18 42,881 75.34 43,376 74.90 43,738 74.77 44,334 74.42 43,571 73.03 332 0.60 338 0.61 303 0.53 181 0.32 169 0.29 86 0.15 86 0.14 85 0.14 55,230 100 55,651 100 57,041 100 56,919 100 57,912 100 58,493 100 59,572 100 59,659 100 % Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número Tropa (Clases) Otros (Infantería de Marina) Total Rango Número 0.63 % Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 Almirante 19 0.03 23 0.04 25 0.04 25 0.04 30 0.05 35 0.06 39 0.07 39 0.07 Vicealmirante 69 0.12 72 0.13 79 0.14 79 0.14 90 0.16 96 0.16 105 0.18 105 0.18 Contralmirante 133 0.24 146 0.26 157 0.28 157 0.28 196 0.34 215 0.37 233 0.39 233 0.39 Capitán de Navío 384 0.70 408 0.73 421 0.74 421 0.74 475 0.82 515 0.88 592 0.99 661 1.11 Capitán de Fragata 542 0.98 724 1.30 732 1.28 732 1.29 791 1.37 858 1.47 946 1.59 974 1.63 Capitán de Corbeta 787 1.42 899 1.62 1,015 1.78 1,015 1.78 1,106 1.91 1,159 1.98 1,220 2.05 1,535 2.57 Teniente de Navío 1,700 3.08 1,400 2.52 2,178 3.82 2,178 3.83 2,218 3.83 2,267 3.88 2,396 4.02 2,940 4.93 Teniente de Fragata 2,375 4.30 2,796 5.02 3,765 6.60 3,765 6.61 3,979 6.87 4,206 7.19 4,558 7.65 4,208 7.05 Teniente de Corbeta 4,461 8.08 4,991 8.97 5,485 9.62 5,485 9.64 5,482 9.47 5,318 9.09 5,063 8.50 5,308 8.90 Primer Maestre 4,050 7.33 3,726 6.70 2,350 4.12 2,350 4.13 3,746 6.47 4,189 7.16 4,444 7.46 7,593 12.73 Segundo Maestre 6,191 11.21 6,438 11.57 6,767 11.86 6,767 11.89 7,500 12.95 12,286 21.00 13,555 22.75 10,668 17.88 Tercer Maestre 10,720 19.41 11,917 21.41 13,120 23.00 13,120 23.05 16,429 28.37 11,900 20.34 13,682 22.97 12,569 21.07 Cabo 15,333 27.76 15,159 27.24 15,858 27.80 15,858 27.86 13,565 23.42 12,563 21.48 9,274 15.57 9,274 15.55 Marinero 8,134 14.73 6,614 11.88 4,786 8.39 4,786 8.41 2,136 3.69 2,800 4.79 3,379 5.67 3,467 5.81 Director de Área 15 0.03 14 0.03 13 0.02 11 0.02 15 0.03 10 0.02 10 0.02 10 0.02 Investigador Oceanográico 15 0.03 14 0.03 14 0.02 14 0.02 9 0.02 4 0.01 4 0.01 3 0.01 Asesores Personal Administrativo Técnicos Total 7 0.01 7 0.01 7 0.01 7 0.01 1 0.00 7 0.01 7 0.01 7 0.01 191 0.35 183 0.33 168 0.29 125 0.22 120 0.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 104 0.19 120 0.22 101 0.18 24 0.04 24 0.04 65 0.11 65 0.11 65 0.11 55,230 100 55,651 100 57,041 100 56,919 100 57,912 100 58,493 100 59,572 100 59,659 100 329 F : elaboración CASEDE con base en Analítico de Plazas, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2008-2015. 1 Antes de 2013 el nombre de la plaza era Investigador Titular. n.d. No disponible. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. SEMAR: Secretaría de Marina. 330 Cuadro 24. Sueldos y salarios brutos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2008-2015 Pesos corrientes 2009 Incremento % anual 2010 Incremento % anual 2011 Incremento % anual 2012 Incremento % anual 2013 Incremento % anual 2014 Incremento % anual 2015 Incremento % anual General de División 113,608 116,685 2.71 122,520 5.00 128,523 4.90 134,629 4.75 140,350 4.25 145,824 3.90 150,928 3.50 General de Brigada General de Ala 106,054 109,447 3.20 114,920 5.00 120,551 4.90 126,278 4.75 131,645 4.25 136,779 3.90 141,566 3.50 General Brigadier General de Grupo 98,666 101,823 3.20 106,915 5.00 112,153 4.90 117,481 4.75 122,474 4.25 127,250 3.90 131,704 3.50 Coronel 85,822 88,568 3.20 92,997 5.00 97,554 4.90 102,188 4.75 106,531 4.25 110,685 3.90 114,559 3.50 Teniente Coronel 78,424 80,933 3.20 84,980 5.00 89,143 4.90 93,378 4.75 97,346 4.25 101,143 3.90 104,683 3.50 Mayor 71,408 73,693 3.20 77,378 5.00 81,169 4.90 85,025 4.75 88,639 4.25 92,096 3.90 95,319 3.50 Capitán Primero 61,098 63,053 3.20 66,206 5.00 69,450 4.90 72,749 4.75 75,841 4.25 78,798 3.90 81,557 3.50 Capitán Segundo 54,072 55,802 3.20 58,592 5.00 61,463 4.90 64,383 4.75 67,119 4.25 69,737 3.90 72,178 3.50 Teniente 48,491 50,043 3.20 52,545 5.00 55,119 4.90 57,738 4.75 60,192 4.25 62,539 3.90 64,728 3.50 Subteniente 44,017 45,425 3.20 47,696 5.00 50,033 4.90 52,410 4.75 54,637 4.25 56,768 3.90 58,755 3.50 Sargento Primero 37,762 38,970 3.20 40,919 5.00 84,158 105.67 44,963 -46.57 46,874 4.25 48,702 3.90 50,407 3.50 Sargento Segundo 35,695 36,837 3.20 38,680 5.00 79,553 105.67 42,502 -46.57 44,309 4.25 46,037 3.90 47,648 3.50 Cabo 30,614 31,593 3.20 33,173 5.00 68,228 105.67 36,452 -46.57 38,001 4.25 39,483 3.90 40,865 3.50 Soldado 27,670 28,555 3.20 29,984 5.00 61,668 105.67 32,947 -46.57 34,348 4.25 35,687 3.90 36,936 3.50 F : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 2008-2015. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 2008 Rango Cuadro 25. Remuneraciones de la Secretaría de Marina 2008-2016 Pesos corrientes 2008 Rango Sueldo Base Compensación 2012 Ingreso Neto1 Sueldo Base 2016 2008-2012 Variación % Compensación Ingreso Neto1 Sueldo Base Compensación Ingreso Neto1 Sueldo Base Compensación Ingreso Neto1 Almirante Secretario de Marina 9,078 171,999 147,688 33,122 171,999 124,960 33,122 171,999 124,960 73 0 -18 Almirante Subsecretario de Marina 9,078 166,277 136,760 23,667 166,277 118,753 23,667 166,277 118,753 62 0 -15 Almirante Oicial Mayor 9,078 166,277 136,760 23,667 166,277 118,753 23,667 166,277 118,753 62 0 -15 Almirante Insp. Gral. y Comandante de Fuerza Naval 9,078 138,248 115,591 22,294 138,248 104,352 22,294 138,248 104,352 59 0 -11 Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 Vicealmirante Jefe de Estado Mayor 8,515 134,885 109,944 17,815 134,885 99,255 17,815 134,885 99,255 52 0 -11 Contralmirante, Comandante o Director Gral. Adjunto 7,922 99,357 81,798 14,252 99,356 73,608 14,252 99,356 73,845 44 0 -11 Capitán de Navío, Comandante o Director de Área 6,756 73,194 61,589 12,317 73,194 57,293 12,317 73,194 57,293 45 0 -7 Capitán de Fragata, Comandante o Subdirector de Área 6,297 48,864 41,046 8,144 48,864 39,355 8,144 48,864 39,335 23 0 -4 Capitán de Corbeta, Comandante o Subdirector de Área 5,398 5,733 34,612 7,126 27,486 24,228 7,126 27,486 24,228 24 79 -43 Teniente de Navío, Comandante o Jefe de Departamento 4,906 19,342 19,342 6,108 19,342 18,324 6,108 19,342 18,324 20 0 -6 Teniente de Fragata, Oicial Operativo o Jefe de Departamento 4,341 14,150 15,087 5,191 14,150 14,699 5,191 14,150 14,699 16 0 -3 Teniente de Corbeta, Oicial Operativo o Jefe de Departamento 3,893 8,857 11,099 5,191 8,856 10,817 5,191 8,856 10,817 25 0 -3 Primer Maestre 3,534 0 7,245 4,367 n.a. 7,414 4,367 n.a. 7,414 19 n.a. 2 Segundo Maestre 3,032 0 6,064 3,746 n.a. 6,509 3,746 n.a. 6,509 19 n.a. 7 Tercer Maestre 2,866 0 5,732 3,541 n.a. 6,153 3,541 n.a. 6,153 19 n.a. 7 Cabo 2,458 0 4,916 3,037 n.a. 5,397 3,037 n.a. 5,397 19 n.a. 9 Marinero 2,222 0 4,221 2,745 n.a. 4,878 2,745 n.a. 4,878 19 n.a. 13 F : elaboración CASEDE con base en Portal de Transparencia de la Secretaría de Marina. 1 El ingreso neto mensual corresponde al ingreso después de impuestos y deducciones. n.a. no aplica. 331 332 Cuadro 26. Programas y proyectos de inversión de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina 2016 Pesos corrientes SEMAR (continuación Æ) Monto total Clave Proyecto Nombre 7071320002 Adquisición de un sistema de radares para la vigilancia y control del espacio aéreo nacional mediante arrendamiento inanciero 317,476,358 3,131,756,571 9071320003 Adquisición de aviones C-295 conigurados para transporte militar 300,000,000 6,927,273,477 10071320003 Adquisición de 6 helicópteros EC-725 para operaciones de alto impacto, a través de arrendamiento inanciero 359,519,400 8,424,985,953 11071170002 Implementación del Régimen de Modiicación y Duración de Penas en el Fuero de Guerra y el Sistema de Reinserción en Prisiones Militares 100,617,977 708,727,995 12071320003 Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor 451,492,004 6,983,251,790 13071200010 Adquisición de Sistemas de Análisis de Protocolos de Comunicaciones de V UHF (Primera Etapa) 342,387,692 353,172,904 14071100016 Adquisición de vehículos Humvee versión militar de primera prioridad 1,230,546,015 4,487,255,186 14071170011 Construcción de instalaciones militares 191,251,712 2,479,422,739 14071320005 Adquisición de activos para operaciones tácticas 2,203,201,814 9,149,464,878 14071320009 Adquisición de activos para operaciones aéreas de los Escuadrones Aéreos 201, 203 y 204 427,479,081 6,712,537,213 14071320010 Adquisición de activos para actividades de transporte para el Escuadrón Aéreo 301 115,637,796 1,756,185,224 14071320011 Adquisición de activos de entrenamiento para la Escuela Militar de Aviación 172,650,130 2,724,387,225 14071320013 Adquisición de activos para actividades sustantivas de erradicación por aspersión 109,454,474 1,741,550,353 14071320014 Mantener la capacidad operativa de actividades sustantivas 191,041,392 3,050,795,164 15071320001 Adquisición de activos para fortalecer la capacidad de transporte aéreo del Escuadrón Aéreo 502 15071320012 Servicio de actualización de sensores de tres plataformas aéreas 15071320013 Adquisición de activos para actividades de vigilancia 263,143,070 4,321,799,885 1,004,515,367 4,144,630,404 64,827,270 194,481,810 15071320014 Adquisición de activos para complementar el Sistema de Vigilancia Aérea 299,276,944 1,885,148,770 81321110002 Construcción de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1,680 Tons. de Desplazamiento 884,184,800 3,461,533,803 8133110002 Creación de Centros de Desarrollo Infantil 34,759,440 350,098,638 10132160001 Adquisición de aviones versión Transporte Militar y de carga 119,568,361 2,105,218,156 10132160002 Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y de carga 173,664,750 2,937,926,671 11132160004 Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y de carga 177,663,991 1,020,672,011 11132160007 Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en la Ciudad de México 882,445,719 2,221,001,133 11132160008 Construcción de un laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad nivel III anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad 49,473,320 227,194,132 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 SEDENA 1 de 2 Monto asignado 2016 2 de 2 11132160011 Construcción de un centro oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad en la Ciudad de México 12132160002 Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga 13132110005 Construcción de Embarcaciones Interceptoras 64,320,708 421,218,365 122,218,576 1,807,441,450 6,222,240 514,675,072 283,173,798 2,251,803,290 82,500,000 442,410,312 3,217,498,297 13132110008 Construcción de Buques Patrulla Costera 13132160003 Construcción y equipamiento de instalaciones para unidades de inteligencia 13132160016 Adquisición de aeronaves versión Besqueda y Rescate 591,453,954 14131130001 Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima 148,381,065 456,592,470 14132160011 Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas 119,758,790 5,464,582,885 Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016 14132160016 Adquisición de activos para actividades sustantivas 65,352,440 1,888,489,041 14132160017 Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte 41,069,604 639,905,001 14132160023 Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales 30,000,000 81,815,186 14132160027 Construcción y equipamiento de Estaciones Navales de Besqueda y Rescate 14132160032 Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval 14132160035 14132160036 14132160037 Adquisición de activos para operaciones de vigilancia 92,260,000 461,318,355 187,700,000 336,445,016 Adquisición de vehículos para operaciones navales 97,258,355 174,876,176 Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico 48,609,969 757,623,513 149,146,540 2,230,643,910 50,000,000 441,786,466 147,970,367 406,801,500 15131130003 Adquisición de equipos para células de inteligencia naval 15132160002 Construcción de instalaciones diversas en la Heroica Escuela Naval Militar 15132160004 Adquisición de Terminales Satelitales en Banda L para la Modernización de la Red Institucional Satelital 50,000,000 149,987,312 15132160012 Remodelación del Hospital General Naval de Alta Especialidad en la Ciudad de México 56,002,000 896,368,150 15132160013 Adquisición e Integración de Equipos de Misión y Comunicación para Unidades de Patrulla Marítima 100,000,000 321,200,593 15133110001 Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud 722,500,000 1,650,125,547 Total SEDENA 8,144,518,496 69,176,827,541 Total SEMAR 5,577,658,787 37,337,252,451 13,722,177,283 106,514,079,992 Total SEDENA y SEMAR F : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Programas y Proyectos de Inversión, enero de 2016. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. SEMAR: Secretaría de Marina. 333 Procuración de Justicia L y falta de acceso a la justicia en México están muy lejos de ser óptimas. Diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales han documentado la falta de información que permita analizar con mayor detalle las capacidades y niveles de eicacia de las instituciones de procuración y administración de justicia federal y estatales. El principal problema en materia de justicia en el país son los altos niveles de impunidad. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica (Envipe), que elabora año con año desde 2012 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solamente se denuncia 10.5 por ciento del total de delitos cometidos en el país.1 Las entidades 1 Envipe 2016, Delitos ocurridos por entidad federativa, según condición de denuncia ante el Ministerio Público e inicio de Averiguación Previa 2015, INEGI, México, 2016. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 336 federativas de Jalisco, San Luis Potosí y Tamaulipas destacan por estar abajo de la media nacional en este indicador. En este contexto, se ha recurrido a los registros de las procuradurías estatales y federales vertidos en la base de datos de INEGI para tratar de captar el comportamiento de los delitos en el país. En los cuadros que se presentan en este apartado se hace una selección de los delitos con mayor ocurrencia. El lector encontrará una amplia revisión de los procesados, imputados y sentenciados por tipo de delito y por entidad federativa. Desde esta perspectiva, lo que interesa analizar es la capacidad de administración de justicia. Tan sólo por dar un ejemplo, se encuentran bajo proceso por el delito de robo 30,020 personas sin embargo, solamente han recibido sentencia 7,969. En el caso del delito de lesiones están bajo proceso 25,243 personas, de las cuales enicamente 4,192 han recibido sentencia. Por otro lado, los datos contabilizan los delitos de mayor impacto social tales como homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión y lesiones. Tal como airma Mariclaire Acosta, “la impunidad es entonces una de las principales causas de la inseguridad y la violencia que padecemos en México, pero que ha merecido poca atención tanto por parte del gobierno como de la sociedad. Esta situación, aunada a un aumento signiicativo de la criminalidad y de violaciones graves a los derechos humanos en los eltimos años, acentea la inseguridad en un círculo vicioso que no parece tener in. Para muestra basta un pequeño botón: ante el desmedido incremento de los delitos de alto impacto, la respuesta gubernamental ha sido la de fortalecer el sistema de seguridad peblica, privilegiando el uso de la fuerza sobre la investigación en el esclarecimiento de estos delitos, con lo que se debilita el procesamiento y enjuiciamiento de los culpables”.2 En términos generales, el panorama de procuración de justicia en México es magro en lo que a información estadística se reiere. 2 Mariclaire Acosta, “La impunidad crónica y la violación de derechos humanos” en Sergio Aguayo y Rael Benítez Manaut (eds.), Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2012, CASEDE, México, 2012, p. 94, en: http: .casede.org index.php publicaciones atlas-dela-seguridad-y-la-defensa-de-mexico-2012 . Cuadro 27. Inculpados por el delito de lesiones, por entidad federativa 2011-2015 Entidad federativa 2011 2012 2013 2014 Aguascalientes Baja California Baja California Sur 2015 3,881 3,985 3,436 679 3,192 7,205 11,149 9,688 0 14,285 1,205 181 0 1,878 1,496 Campeche s.d. s.d. s.d. s.d. 61 Coahuila s.d. 5,839 5,876 6,025 6,842 Colima s.d. 532 531 s.d. 547 Chiapas 3,808 3,309 4,074 2,377 1,808 Chihuahua Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero 4,190 4,958 4,956 5,707 7,555 17,675 14,499 14,405 12,553 11,262 3,918 3,283 2,721 2,444 3,808 s.d. s.d. s.d. 46,541 38,326 14,164 12,824 13,178 14,556 12,013 2,725 s.d. s.d. 0 s.d. 4,888 3,427 5,399 5,501 3,104 s.d. s.d. s.d. 10,413 10,089 Michoacán 6,414 4,913 5,372 6,256 6,278 Morelos 4,929 5,441 4,081 4,249 5,061 Hidalgo Jalisco Nayarit 663 695 1,006 489 697 5,118 7,192 11,938 11,761 10,633 Oaxaca s.d. 3,258 0 s.d. s.d. Puebla 16,389 s.d. 0 8,132 0 6,514 6,855 6,920 6,407 5,198 257 97 3,646 s.d. 5,096 San Luis Potosí 5,098 4,426 3,157 2,667 1,542 Sinaloa 2,487 4,646 5,017 5,253 3,999 Sonora 3,695 3,121 2,819 2,484 2,257 Tabasco 10,321 6,463 7,614 7,175 8,431 6,488 6,853 5,658 5,978 6,057 Nuevo León Querétaro Quintana Roo Tamaulipas Tlaxcala 953 1,257 1,040 1,027 912 Veracruz 12,603 12,462 9,400 5,692 0 4,047 ucatán Zacatecas Total s.d. 5,042 4,972 4,937 2,402 2,157 1,764 2,240 1,585 145,265 138,864 138,668 183,421 178,906 F : elaboración CASEDE con base en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012-2016. s.d. Sin dato. 337 Procuración de Justicia Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 338 Cuadro 28. Inculpados por el delito de secuestro, por entidad federativa 2011-2015 Entidad federativa 2011 2012 2013 2014 1 2015 Aguascalientes 24 0 0 0 5 Baja California 12 30 6 29 34 0 Baja California Sur 8 0 0 0 Campeche s.d. s.d. s.d. s.d. 3 Coahuila s.d. 21 27 15 33 Colima s.d. 6 3 s.d. 0 Chiapas 95 42 24 39 26 0 126 51 11 15 Distrito Federal 55 65 0 199 55 Durango 77 21 72 40 23 s.d. s.d. 0 208 243 42 18 38 30 15 s.d. s.d. 0 s.d. 80 Chihuahua Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo 13 20 21 0 12 Jalisco s.d. s.d. s.d. 125 0 Michoacán 129 202 202 286 289 Morelos 80 62 150 127 0 Nayarit 10 23 12 10 58 Nuevo León 113 136 120 114 26 Oaxaca s.d. 16 0 s.d. 0 Puebla 15 s.d. 0 35 0 Querétaro 28 30 9 24 30 2 2 11 s.d. 0 Quintana Roo San Luis Potosí 40 44 19 17 8 Sinaloa 119 74 103 60 46 Sonora 38 26 46 38 9 Tabasco 110 75 104 33 62 Tamaulipas 153 208 309 535 0 Tlaxcala 3 4 2 7 8 Veracruz 123 189 327 204 0 ucatán s.d. 1 1 0 0 Zacatecas Total 38 16 36 35 0 1,400 1,457 1,777 2,224 920 F : elaboración CASEDE con base en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012-2016. 1 Incluye secuestro extorsivo, secuestro con calidad de rehén y secuestro para causar daños. s.d. Sin dato. Cuadro 29. Inculpados por el delito de robo de vehículo, por entidad federativa 2011-2015 Entidad federativa 2011 2012 2013 2014 2015 Aguascalientes 2,610 1,745 1,171 144 1,632 Baja California 2,502 19,247 1,327 3,293 15,596 Baja California Sur 1,207 185 0 1,129 1,174 Campeche s.d. s.d. s.d. s.d. 97 Coahuila s.d. 4,939 3,634 2,338 1,365 Colima s.d. 2,024 1,381 s.d. 1,271 2,489 Chiapas 1,945 1,877 2,211 2,056 Chihuahua 21,985 16,597 9,822 6,557 5,046 Distrito Federal 19,167 18,497 17,406 15,667 12,712 4,792 3,110 3,084 1,810 1,553 s.d. s.d. s.d. 49,093 47,457 4,335 5,580 4,093 4,869 5,491 s.d. s.d. 0 s.d. 3,835 2,906 2,522 2,594 406 2,047 Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León s.d. s.d. s.d. 7,346 6,567 6,859 7,027 6,443 6,644 6,120 5,104 982 4,529 4,627 3,563 1,083 771 381 227 273 21,043 11,675 4,258 3,092 2,184 s.d. Oaxaca s.d. 41 0 s.d. Puebla 1,656 s.d. 0 2,657 0 Querétaro 2,781 3,985 3,526 4,640 4,064 Quintana Roo 10 3 280 s.d. 286 3,210 770 749 779 592 Sinaloa 10,313 8,170 7,495 6,708 5,151 Sonora 5,611 4,860 4,722 4,769 4,938 Tabasco 2,731 1,776 2,373 2,921 2,502 San Luis Potosí Tamaulipas 11,255 9,460 6,366 6,236 6,896 Tlaxcala 1,186 1,020 1,144 1,108 1,129 Veracruz 7,250 7,069 6,741 5,260 0 s.d. 45 196 146 117 3,059 3,664 3,015 2,380 129 140,478 141,188 99,039 145,838 147,817 ucatán Zacatecas Total Fuente: elaboración CASEDE con base en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012-2016. s.d. Sin dato. 339 Procuración de Justicia Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 340 Cuadro 30. Carpetas de investigación abiertas y cerradas, Sistema Acusatorio Oral 2011-2015 2011 Entidad federativa 2012 2013 2014 2015 Carpetas de Carpetas de Carpetas de Carpetas de Carpetas de Carpetas de Carpetas de Carpetas de Carpetas de Carpetas de investigación investigación investigación investigación investigación investigación investigación investigación investigación investigación abiertas cerradas abiertas cerradas abiertas cerradas abiertas cerradas abiertas cerradas Aguascalientes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 125 0 1,638 958 Baja California 41,689 39,998 38,026 801 34,494 2,017 37,005 2,533 40,255 3,975 Baja California Sur n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,013 68 Campeche n.d. n.d. 158 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. 821 90 Coahuila n.d. n.d. n.d. n.d. 4,753 451 11,542 96 22,026 6,540 Colima n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6 2 2,587 72 Chiapas n.d. n.d. 760 59 915 259 3,386 1,021 5,249 1,151 65,489 12,880 59,591 13,070 61,327 14,538 58,492 14,878 61,280 15,196 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 66,868 2,728 Durango 16,686 8,267 14,937 2,197 17,855 3,047 19,120 3,208 27,399 8,636 Estado de México 261,879 n.d. 265,792 119,365 n.d. 190,960 240,833 96,873 202,205 130,426 Chihuahua Distrito Federal 2,673 43 9,668 4,962 28,535 25,749 37,926 34,416 57,081 27,525 Guerrero Guanajuato n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 410 n.d. 5,668 1,087 Hidalgo 34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 545 452 11,733 341 Jalisco n.d. n.d. n.d. n.d. 272,996 n.d. 853 n.d. 12,465 582 Michoacán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14,493 1,832 4,118 34,616 n.d. 45,676 n.d. 45,052 31,038 48,544 31,198 55,686 Nayarit Morelos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 1 290 181 Nuevo León n.d. n.d. 10,909 2,637 41,557 33,266 54,092 6,698 68,103 43,978 1,045 Oaxaca 10,872 n.d. 14,335 n.d. 15,767 n.d. 17,225 n.d. 17,974 Puebla n.d. n.d. n.d. n.d. 3,940 1,293 9,687 1,444 15,061 n.d. Querétaro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,163 266 8,146 3,182 Quintana Roo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5,915 500 San Luis Potosí n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 242 72 1,436 0 Sinaloa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 443 24 4,287 280 Sonora n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 462 29 Tabasco n.d. n.d. 582 n.d. 2,948 56 3,130 103 11,523 1,322 Tamaulipas n.d. n.d. n.d. n.d. 43 0 587 9 3,191 79 Tlaxcala n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 0 1,055 22 Veracruz n.d. n.d. n.d. n.d. 5,613 n.d. 3,850 1 18,804 n.d. ucatán n.d. n.d. 9,082 76 11,559 461 19,343 500 34,716 697 Zacatecas n.d. 284 7,504 293 7,871 288 10,090 368 12,396 617 440,788 61,472 477,020 143,460 555,225 303,423 581,641 194,163 791,826 257,257 Total F : elaboración CASEDE con base en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, consulta interactiva de datos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012-2016. Nota: Debido a la disponibilidad de información no compatible, no fue posible incluir datos del Sistema Penal Inquisitorio. n.d. No disponible. Cuadro 31. Personal seleccionado de las agencias del Ministerio Peblico por entidad federativa 2011-2015 Entidad federativa Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche 1 2011 2012 2013 2014 2015 Agentes del Ministerio Público Peritos Policías Judiciales o Ministeriales Agentes del o Investiga- Ministerio dores Público Peritos Policías Judiciales o Ministeriales Agentes del o Investiga- Ministerio dores Público Peritos Policías Judiciales o Ministeriales Agentes del o Investiga- Ministerio dores Público Peritos Policías Judiciales o Ministeriales Agentes del o Investiga- Ministerio dores Público Peritos Policías Judiciales o Ministeriales o Investigadores 78 83 244 81 81 243 83 95 229 90 93 239 80 94 208 135 n.d. 1,051 155 9 331 172 12 324 267 13 347 257 14 362 99 54 309 105 65 281 110 69 334 112 75 333 122 84 329 76 47 166 75 59 154 76 59 156 39 51 172 32 51 169 n.d. n.d. n.d. 113 n.d. n.d. 259 128 477 265 105 474 243 8 66 Colima 38 n.d. n.d. 38 0 0 43 0 0 43 0 0 74 0 0 Chiapas 554 151 404 0 162 865 0 284 691 0 284 890 0 307 905 Coahuila Chihuahua 737 73 500 712 85 894 682 4 0 798 4 0 880 4 6 1,286 640 2,320 1,126 177 1,981 1,058 171 1,852 1,106 178 1,662 1,122 211 1,664 Durango 28 n.d. n.d. 185 95 874 209 103 631 123 75 266 142 88 264 Estado de México 532 3 n.d. 1,177 34 927 827 544 1,743 478 37 460 602 90 437 Distrito Federal Guanajuato2 378 10 23 390 74 n.d. 337 8 20 320 201 n.d. 439 170 0 Guerrero n.d. n.d. n.d. 455 170 548 427 206 775 213 236 710 213 236 711 Hidalgo 228 148 n.d. 228 148 0 231 145 0 157 0 69 180 0 0 Jalisco 342 4 1,007 343 0 965 329 5 959 408 16 1,133 353 14 1,018 666 Michoacán 244 48 388 194 190 708 194 190 708 299 191 510 373 291 Morelos n.d. n.d. n.d. 240 0 382 240 0 382 0 0 382 219 6 14 Nayarit 122 12 101 121 55 411 121 58 207 130 72 215 132 71 234 89 n.d. 552 104 n.d. 618 140 0 606 172 0 668 182 0 742 Oaxaca Nuevo León 345 54 330 222 62 487 339 107 475 276 77 308 320 69 134 Puebla 276 8 48 247 6 25 217 5 60 214 3 45 256 0 0 Querétaro 104 106 192 88 96 173 87 102 247 83 126 236 67 120 254 Quintana Roo 180 91 484 149 28 82 212 104 502 144 25 39 323 0 0 San Luis Potosí 226 70 465 224 71 460 227 69 453 226 65 406 236 62 390 24 Sinaloa 237 12 15 238 12 9 239 11 14 230 10 6 229 8 Sonora 80 n.d. n.d. 79 0 0 82 4 0 80 0 0 67 0 0 Tabasco 87 65 170 133 160 342 137 175 380 143 240 637 0 239 662 28 136 n.d. n.d. 138 n.d. n.d. 160 0 0 143 0 0 147 0 Tlaxcala Tamaulipas 46 46 83 45 41 0 47 47 174 61 44 156 85 44 3 Veracruz 244 57 1 253 54 0 280 53 0 300 57 45 38 0 66 ucatán n.d. n.d. n.d. 50 85 388 257 121 456 1 139 383 0 0 22 Zacatecas 168 n.d. 262 168 0 272 167 57 249 166 110 452 176 111 453 7,095 1,782 9,115 7,876 2,019 12,420 7,989 2,936 13,104 7,087 2,527 11,243 7,589 2,392 9,831 Total F : elaboración CASEDE con base en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012-2016. La información se reiere al personal registrado en las agencias del Ministerio Peblico adscritas a las procuradurías o iscalías generales de Justicia al 31 de diciembre. Incluye al personal de todos los tipos de contratación (conianza, base y o sindicalizado, eventual, honorarios u otro). 2 Para el año 2015, la Procuraduría General de Justicia de la entidad federativa determinó como conidencial y reservada la información sobre policías judiciales, ministeriales e investigadores. n.d. No disponible. 1 341 Procuración de Justicia Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 342 Cuadro 32. Recursos humanos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura por entidad federativa 2015 Entidad federativa Total Órganos Jurisdiccionales Aguascalientes 725 482 Baja California Órganos Administrativos y/o Unidades Administrativas 243 1,918 1,474 444 Baja California Sur 611 489 122 Campeche 844 589 255 Coahuila 1,165 884 281 Colima 418 343 75 Chiapas 2,630 1,698 932 Chihuahua 2,806 2,055 751 10,040 7,205 2,835 Distrito Federal Durango 1,010 630 380 Estado de México 4,896 3,884 1,012 Guanajuato 3,042 2,187 855 Guerrero 1,747 1,435 312 Hidalgo 1,297 1,003 294 Jalisco 3,117 2,329 788 Michoacán 2,040 1,633 407 Morelos 1,620 1,236 384 Nayarit 851 677 174 Nuevo León 2,309 1,153 1,156 Oaxaca 2,312 1,612 700 Puebla 1,751 1,405 346 Querétaro 1,254 1,007 247 Quintana Roo 1,266 651 615 San Luis Potosí 1,461 1,203 258 Sinaloa 1,420 1,235 185 Sonora 1,646 1,339 307 Tabasco 1,617 1,274 343 Tamaulipas 568 1,488 920 Tlaxcala 573 460 113 Veracruz 2,331 1,932 399 ucatán 1,077 702 375 870 738 132 62,152 45,864 16,288 Zacatecas Total F : Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, consulta interactiva de datos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016. Cuadro 33. Víctimas adolescentes registradas en conductas antisociales 2011-2015 Entidad federativa 2011 Homicidios Lesiones Aguascalientes n.d. n.d. Baja California 53 Baja California Sur 2 2012 Secuestro Homicidios Lesiones 2013 Secuestro Homicidios Lesiones 2014 Secuestro 2015 Homicidios Lesiones Secuestro Homicidios 0 22 Lesiones 133 Secuestro n.d. 7 134 0 8 59 n.d. 7 58 0 628 n.d. n.d. n.d. n.d. 20 253 n.d. 17 261 6 368 52 6 49 n.d. 0 36 0 2 60 0 3 60 0 4 45 0 Campeche 6 35 1 5 18 1 0 28 0 3 20 0 5 9 0 Coahuila 1 n.d. n.d. 3 268 1 4 231 2 3 260 1 8 222 0 Colima 7 84 n.d. 1 19 n.d. 10 21 2 0 n.d. 0 12 10 0 Chiapas 9 54 n.d. 20 52 0 27 71 0 20 64 0 13 63 0 Chihuahua 61 176 16 47 199 9 75 289 5 53 345 4 64 369 2 Distrito Federal 96 2,230 n.d. 82 1,292 29 84 1,204 0 54 1,184 10 n.d. n.d. n.d. Durango 18 138 9 14 105 12 1 88 0 2 101 0 2 115 0 Estado de México 47 648 21 512 512 0 0 453 0 42 447 25 18 617 12 46 1,101 n.d. 46 926 0 54 813 0 0 0 0 98 904 1 Guerrero Guanajuato n.d. n.d. n.d. 2 34 1 20 103 24 8 96 12 21 67 5 Hidalgo 15 122 6 11 91 2 11 99 9 10 83 3 6 53 0 Jalisco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 36 381 6 39 625 0 61 284 2 34 300 0 51 240 2 54 219 6 23 126 2 Morelos 5 130 2 6 124 11 16 123 13 20 55 20 9 79 5 Nayarit 8 67 2 14 105 0 29 131 2 9 74 0 6 76 1 12 554 5 15 542 1 18 612 0 78 938 0 27 840 0 Michoacán Nuevo León Procuración de Justicia Oaxaca 7 193 3 14 196 3 14 149 2 16 132 3 21 126 0 Puebla 15 189 2 14 187 5 14 162 6 14 184 4 9 134 4 Querétaro 16 223 2 23 309 5 27 286 2 17 262 1 22 230 1 7 237 n.d. 45 184 5 12 204 0 9 179 0 11 150 2 20 28 2 17 143 0 17 85 0 9 68 0 9 39 0 Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa 15 40 2 31 155 7 25 206 4 27 184 3 19 160 0 Sonora 17 186 6 27 132 3 33 219 0 22 213 0 38 212 1 Tabasco 11 188 n.d. 29 139 0 10 197 8 10 179 3 12 137 0 Tamaulipas 21 398 23 23 332 15 35 379 90 29 296 40 14 296 0 Tlaxcala 3 24 n.d. 2 51 0 4 33 0 3 27 0 2 20 0 Veracruz 11 144 n.d. 4 127 0 9 111 0 2 49 0 0 0 0 ucatán 6 176 n.d. 7 263 0 8 198 1 3 127 0 5 133 0 Zacatecas 32 173 3 16 146 4 23 128 8 14 102 1 5 101 0 343 F : elaboración CASEDE con base en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012-2016. Nota: Se considera el rango etario entre 12 y menores de 18 años. n.d. No disponible. 344 Cuadro 34. Víctimas mayores de 18 años registradas en presuntos delitos seleccionados por entidad federativa 2011-2015 Entidad federativa Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz ucatán Zacatecas Total Lesiones 2012 Secuestro Homicidio Lesiones 2013 Secuestro Homicidio Lesiones 2014 Secuestro Homicidio Lesiones 2015 Secuestro Homicidio Lesiones Secuestro1 93 626 81 1,536 5,369 1,110 2 12 3 129 676 84 2,688 14,206 1,357 0 30 0 238 1,107 97 2,835 13,330 1,525 0 33 0 281 1,249 134 2,927 8,015 1,931 1 53 0 231 2,157 226 3,258 18,118 1,728 5 26 0 n.d. 949 165 1,840 4,535 1,528 954 n.d. n.d. 5,713 384 3,651 4,403 17,675 3,918 n.d. n.d. 16 8 33 102 55 79 n.d. 133 1,052 253 1,931 2,953 1,500 924 n.d. n.d. 5,758 532 3,550 4,175 14,499 2,502 n.d. 3 23 6 15 76 65 50 n.d. 143 1,182 290 1,910 2,224 1,488 756 n.d. 0 5,961 531 2,967 4,934 14,405 2,705 n.d. 1 44 3 15 33 0 23 n.d. 168 904 n.d. 2,120 1,663 1,458 608 4,395 0 6,025 n.d. 2,517 6,287 12,553 2,424 46,541 3 28 n.d. 14 8 80 15 200 151 618 263 1,975 1,769 1,674 492 3,138 174 7,306 481 1,857 6,492 10,982 4,026 38,326 6 27 4 12 7 0 7 187 1,930 13,681 26 2,571 13,216 11 2,777 13,333 19 2,942 14,719 20 3,262 12,192 13 3,425 406 n.d. 3,887 1,903 715 2,512 n.d. 1,765 789 305 740 3,273 1,405 607 1,736 466 2,439 164 358 39,596 2 4,241 4,888 n.d. 6,267 4,905 663 4,729 n.d. 18,732 6,793 150 5,098 2,573 4,511 7,600 5,542 953 11,994 9,389 2,200 158,668 111 45 n.d. 188 78 10 146 n.d. 31 12 1 40 44 18 80 147 3 116 n.d. 38 1,444 n.d. 715 n.d. 3,513 1,475 461 2,279 510 2,206 780 23 637 2,700 1,609 898 1,610 511 2,512 218 438 35,301 n.d. 4,483 n.d. 7,292 7,176 695 6,689 7,503 18,019 7,314 132 4,233 4,568 3,976 7,885 6,841 992 11,691 8,270 2,157 172,399 n.d. 25 n.d. 225 92 23 68 41 14 8 2 30 39 6 66 234 3 99 2 16 1,272 2,581 852 n.d. 3,548 1,178 568 2,404 452 1,214 1,049 536 499 2,419 1,374 1,063 1,315 429 2,111 131 396 36,331 3,946 5,399 n.d. 4,427 5,081 807 11,666 6,161 10,247 6,328 3,646 3,463 5,125 3,622 8,305 5,396 1,202 8,904 4,972 1,821 163,044 207 21 n.d. 230 150 9 57 45 35 31 11 19 46 15 114 322 2 140 1 38 1,664 n.d. 811 1,810 3,396 1,103 219 1,151 0 1,029 650 381 387 1,835 1,201 905 1,795 359 963 104 459 34,480 n.d. 5,242 10,295 5,579 4,249 618 11,122 0 7,805 6,977 2,721 2,856 5,197 3,135 6,841 5,421 1,027 5,169 4,937 2,090 195,220 n.d. 2 36 122 127 9 42 0 33 17 6 13 22 12 27 569 7 159 0 27 1,652 2,721 217 1,843 2,918 3,565 203 1,648 n.d. 1,392 635 491 295 1,763 1,574 713 1,784 280 0 104 534 38,636 2,671 3,207 11,539 6,173 5,554 625 10,616 n.d. 10,586 4,874 2,250 1,542 4,273 2,901 8,504 5,654 912 0 4,047 2,200 193,068 109 10 0 87 0 13 22 0 38 19 0 8 20 5 78 0 8 0 0 0 711 F : elaboración CASEDE con base en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012-2016. 1 Incluye secuestro extorsivo, secuestro con calidad de rehén y secuestro para causar daños. 2 El total no coincide con la fuente original debido a errores en la misma. Nota: Los datos corresponden al ejercicio de la función de procuración de justicia referente a todas las etapas del proceso, es decir: las aperturas, determinaciones y cierres de las averiguaciones previas correspondientes al sistema inquisitorio o de juicios tradicionales y de las carpetas de investigación referidas al sistema acusatorio oral. n.d. No disponible. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato 2011 Homicidio Cuadro 35. Homicidios de niñas y mujeres por entidad federativa 2000-2015 Entidad federativa Homicidios Aguascalientes 119 Baja California 1,084 Baja California Sur 115 Campeche 122 Coahuila 695 Colima 182 Chiapas 787 Chihuahua 2,654 Distrito Federal 2,024 Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo 515 5,163 776 1,973 330 Jalisco 1,279 Michoacán 1,132 Morelos 506 Nayarit 313 Nuevo León 982 Oaxaca 1,283 Puebla 1,000 Querétaro 222 Quintana Roo 319 San Luis Potosí 465 Sinaloa 821 Sonora 614 Tabasco 314 Tamaulipas 1,050 Tlaxcala 209 Veracruz 1,198 ucatán 118 Zacatecas 292 Total 28,656 F : elaboración CASEDE con base en Irma Kánter Coronel, Homicidios de mujeres en México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la Repeblica, septiembre de 2016, p. 31. Nota: El total no coincide con las cifras de los cuadros 36 y 37, infra, debido a la fecha de consulta. Procuración de Justicia 345 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 346 Cuadro 36. Nemero de homicidios de niñas y mujeres 2000-2015 2000 1,284 2001 1,282 2002 1,280 2003 1,316 2004 1,206 2005 1,297 2006 1,298 2007 1,083 2008 1,425 2009 1,925 2010 2,418 2011 2,693 2012 2,764 2013 2,648 2014 2,408 2015 1,848 Total 28,175 F : elaboración CASEDE con base en Irma Kánter Coronel, Homicidios de mujeres en México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la Repeblica, julio de 2016, p. 18. Cuadro 37. Homicidios de niñas y mujeres por grupo etario 2000-2015 0-14 2,610 15-39 15,790 40-64 6,640 65 y más 2,309 n.e. 826 Total 28,175 F : elaboración CASEDE con base en Irma Kánter Coronel, Homicidios de Mujeres en México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la Repeblica, julio de 2016, p. 20. Inseguridad Pública E 16 , en el país se cometieron más de tres millones de delitos del fuero federal y del fuero comen. En esta materia destacan los estados de Baja California, Ciudad de México y Jalisco como las entidades que acumulan la mayor cantidad de delitos, lo cual resulta interesante tomando en cuenta las diferencias importantes que tienen en términos poblacionales y territoriales. Además de la incidencia delictiva, el apartado sobre inseguridad peblica analiza de forma amplia los datos disponibles sobre homicidio, tanto por tipo como por sexo, entidad federativa e incluso por rango etario. No cabe duda que este delito ha sido el que ha generado mayor impacto sobre la sociedad, particularmente en el contexto de la denominada “guerra contra el narcotráico”. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 348 Es de resaltar que los homicidios se duplicaron e entre el año 2006 y 2012, justamente en el periodo en el cual se intensiicaron las acciones de la policía y de las fuerzas armadas contra los diferentes grupos de la delincuencia organizada que operan en el país. Asimismo, sobresale también que la población joven ha sido la más afectada por esa violencia. Ejemplo de lo anterior es que entre el año 2000 y 2008, los jóvenes de entre 20 y 35 años fueron las principales víctimas de homicidios de toda la población. Sin embargo, a partir del año 2009 los homicidios de jóvenes entre 15 y 19 años se incrementan de forma considerable. En la medida que la seguridad a nivel local ha sido señalada como la más vulnerable, se examinan los da- tos disponibles sobre las intervenciones de la policía en el ámbito municipal. Las principales intervenciones que realizan son para infraccionar personas por el consumo de sustancias nocivas para la salud, así como por alterar el orden social. En las entidades donde el crimen organizado, y en particular el narcotráico, lleva años de estar presente, la población sufre con mayor intensidad la inseguridad peblica. Esta es la principal razón que justiica señalamientos sobre la debilidad del Estado, principalmente a nivel local. Diferentes sectores de la población demandan mejores condiciones de seguridad y justicia, lo cual pone a prueba a la frágil democracia mexicana. Cuadro 38. Incidencia delictiva a nivel nacional. Fuero Comen 2000-2016 Año Total de delitos cometidos 2000 1,367,714 2001 1,438,335 2002 1,439,481 2003 1,436,669 2004 1,424,321 2005 1,415,681 2006 1,471,101 2007 1,587,030 2008 1,628,054 2009 1,665,792 2010 1,707,441 2011 1,729,934 2012 1,704,915 2013 1,681,077 2014 1,590,331 2015 1,511,292 1 2016 1,297,077 F : “Datos abiertos de incidencia delictiva”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica, en: http: secretariadoejecutivo.gob.mx incidencia-delictiva incidencia-delictiva-datos-abiertos.php . 1 Datos al 31 de octubre. Nota: Incluye delitos patrimoniales, sexuales (violación), homicidios, lesiones, privación de la libertad (secuestro), robo comen, robo de ganado, robo en carreteras, robo en instituciones bancarias y otros delitos (sin especiicar). 349 Inseguridad Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 350 Cuadro 39. Incidencia delictiva por entidad federativa. Fuero Federal 2012-2015 2012 Entidad federativa Otras Leyes y Códigos1 Código Penal Federal 2014 Otras Leyes y Códigos1 Código Penal Federal 2015 Otras Leyes y Códigos1 Código Penal Federal Otras Leyes y Códigos1 Aguascalientes 526 445 284 461 426 565 448 672 Baja California 9,296 2,712 3,241 4,404 2,587 5,115 2,817 2,778 Baja California Sur 449 716 379 237 369 223 405 221 Campeche 450 168 406 182 393 202 438 223 1,012 Coahuila 1,129 1,109 1,073 874 888 793 824 Colima 409 425 409 464 500 440 566 344 Chiapas 1,322 1,158 1,094 1,305 1,212 1,253 1,377 1,160 1,978 2,051 1,341 1,520 1,416 1,364 1,627 1,521 15,234 7,454 11,657 6,615 10,301 4,927 9,579 5,687 Chihuahua Distrito Federal Durango 865 482 462 463 553 482 659 370 Estado de México 3,418 1,986 4,670 2,622 4,830 2,553 4,161 2,652 Guanajuato 3,338 6,724 2,145 5,037 2,386 1,725 2,833 1,536 Guerrero 1,416 1,257 859 954 1,106 842 1,385 1,001 Hidalgo 1,312 921 1,093 625 1,219 482 1,378 499 Jalisco 5,331 7,265 3,159 2,959 3,563 3,205 3,492 2,804 Michoacán 2,074 1,588 1,445 1,356 2,428 1,749 2,279 1,334 660 1,064 612 946 602 870 686 750 Morelos Nayarit 614 391 485 293 632 287 436 267 Nuevo León 2,114 1,812 1,551 1,632 1,301 1,441 1,229 1,340 Oaxaca 1,191 1,836 1,160 1,804 1,178 1,786 1,312 1,440 Puebla 1,167 1,123 1,226 802 1,366 767 2,461 1,080 563 855 663 442 993 564 881 701 1,275 528 1,006 406 729 483 856 377 462 687 770 813 871 846 673 606 Sinaloa 2,052 1,542 1,758 1,116 2,016 1,428 1,841 1,417 Sonora 2,910 3,199 2,032 1,928 2,321 2,109 2,324 2,124 810 361 632 395 660 399 817 357 2,889 Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Tabasco Tamaulipas F Código Penal Federal 2013 3,185 2,491 2,611 2,323 3,344 3,023 3,572 Tlaxcala 482 530 322 358 329 364 447 357 Veracruz 2,379 2,356 2,904 1,653 3,302 1,870 3,063 1,418 ucatán 472 228 489 228 697 373 658 271 Zacatecas 506 392 452 415 554 351 461 416 : Datos Abiertos de Incidencia Delictiva Federal, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica, en: http: secretariadoejecutivo.gob.mx incidencia-delictiva incidencia-delictiva-datos-abiertos.php . 1 Incluye las siguientes leyes y códigos: Código Fiscal de la Federación (CFF), Ley de la Propiedad Industrial (LPI), Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC), Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE), Ley de Migración (LM), Ley General de Salud (LGS), Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO), leyes de instituciones de crédito, inversión, inanzas y seguros, y otras leyes especiales. Cuadro 40. Homicidios por sexo y tasa de homicidios por año de ocurrencia 1990-2015 Población Tasa de homicidios por 100 mil habitantes Sexo Año Total Hombre Mujer No Especiicado 1990 14,493 12,932 1,519 42 87,064,847 16.65 1991 15,128 13,553 1,534 41 88,630,941 17.07 1992 16,594 14,935 1,623 36 90,132,585 18.41 1993 16,040 14,468 1,553 19 91,600,655 17.51 1994 15,839 14,343 1,476 20 93,055,300 17.02 1995 15,612 14,067 1,525 20 94,490,336 16.52 1996 14,505 13,030 1,460 15 95,876,664 15.13 1997 13,552 12,166 1,370 16 97,204,604 1998 13,656 12,111 1,531 14 1999 12,249 10,827 1,411 11 2000 10,737 9,442 1,284 11 2001 10,285 8,986 1,282 17 Cuadro 41. Cifras de homicidio doloso, secuestro y extorsión 1997-2016. Fuero Comen Homicidio doloso Año Secuestro Extorsión 1997 16,866 1,047 876 1998 14,216 734 1,020 1999 14,619 590 3,391 2000 13,849 591 1,168 2001 13,855 505 1,337 2002 13,148 435 1,636 2003 12,676 413 1,910 2004 11,658 323 2,416 13.94 2005 11,246 278 2,979 98,485,424 13.87 2006 11,806 733 3,157 99,706,067 12.29 2007 10,253 438 3,123 100,895,811 10.64 2008 13,155 907 4,869 102,122,295 10.07 2009 16,118 1,162 6,332 2010 20,680 1,222 6,113 2002 10,088 8,797 1,280 11 103,417,944 9.75 2003 10,087 8,754 1,316 17 104,719,891 9.63 2011 22,852 1,432 4,594 21,736 1,418 7,824 2004 9,329 8,115 1,206 8 105,951,569 8.80 2012 2005 9,921 8,610 1,297 14 107,151,011 9.26 2013 18,332 1,683 8,196 2014 15,653 1,395 5,773 2015 17,034 1,067 5,127 17,063 904 4,237 2006 10,452 9,143 1,298 11 108,408,827 9.64 2007 8,867 7,776 1,083 8 109,787,388 8.08 2008 14,006 12,574 1,425 7 111,299,015 12.58 2009 19,803 17,838 1,925 40 112,852,594 17.55 2010 25,757 23,285 2,418 54 114,255,555 22.54 2011 27,213 24,257 2,693 263 115,682,868 23.52 2012 25,967 22,986 2,764 217 117,053,750 22.18 2013 23,063 20,280 2,648 135 118,395,054 19.48 2014 20,010 17,503 2,408 99 119,713,203 16.71 2015 20,762 18,293 2,383 84 121,005,815 17.16 Total 404,015 359,071 43,712 1,230 2,708,960,014 14.91 1 2016 F : Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2016, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica. 1 Datos al 31 de octubre. F : elaboración CASEDE con base en registros administrativos, Consulta interactiva de datos, “Defunciones por homicidio”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en: http: .inegi. org.mx sistemas olap proyectos bd continuas mortalidad defuncioneshom.asp?s est Proyecciones de la población 2010-2050, Consejo Nacional de Población. Nota: Incluye los homicidios ocurridos en el extranjero. 351 Inseguridad Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 352 1 de 2 (continuación Æ) Cuadro 42. Defunciones por homicidio, por género y edad 2000-2015 Grupo etario 2000 Hombre 2001 Mujer Hombre 2002 Mujer Hombre 2003 Mujer Hombre 2004 Mujer Hombre 2005 Mujer Hombre 2006 Mujer Hombre 2007 Mujer Hombre Mujer Menores de 1 año 44 28 40 36 42 35 41 29 42 31 34 29 37 28 37 28 1-4 años 60 46 62 53 64 46 56 46 38 46 55 48 58 50 58 50 5-9 años 64 27 58 38 37 30 35 32 28 28 40 33 42 22 42 22 10-14 años 151 43 139 51 111 50 102 54 92 52 116 64 104 50 104 50 15-19 años 813 137 818 142 792 126 694 144 633 131 661 134 679 150 679 150 20-24 años 1,369 145 1,308 172 1,221 152 1,113 140 1,074 158 1,131 142 1,125 139 1,125 139 25-29 años 1,369 133 1,312 120 1,248 138 1,266 134 1,101 123 1,213 125 1,220 132 1,220 132 30-34 años 1,177 125 1,055 118 1,087 126 1,135 143 1,080 120 1,109 132 1,270 126 1,270 126 35-39 años 1,015 113 986 109 948 97 927 109 948 93 957 103 1,069 102 1,069 102 40-44 años 746 86 724 85 735 76 758 101 779 85 758 86 842 103 842 103 45-49 años 629 68 586 54 600 65 633 69 510 68 591 72 629 69 629 69 50-54 años 414 54 426 57 398 54 459 43 398 62 442 62 483 61 483 61 55-59 años 360 43 312 35 360 41 343 48 333 36 342 44 338 45 338 45 60-64 años 254 51 232 30 234 45 233 33 225 31 281 32 251 36 251 36 65-69 años 187 38 182 36 180 29 191 35 182 22 178 36 182 37 182 37 70-74 años 134 34 165 28 124 33 133 31 124 24 123 30 149 32 149 32 75-79 años 109 22 86 30 84 23 97 20 84 20 82 34 88 22 88 22 80-84 años 38 19 49 17 53 18 67 27 54 25 50 12 48 12 48 12 85 años y más 53 25 33 25 51 28 45 27 46 20 45 26 43 24 43 24 107 16 100 19 123 24 130 15 99 5 131 24 151 22 151 22 9,093 1,253 8,673 1,255 8,492 1,236 8,458 1,280 7,870 1,180 8,339 1,268 8,808 1,262 8,808 1,262 No especiicado Total F : Registros administrativos, “Mortalidad, Defunciones por homicidio”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en: http: consulta general ver4 MDXQueryDatos.asp?c . .inegi.org.mx lib olap 2 de 2 2008 Hombre 2009 Mujer Hombre 2010 Mujer Hombre 2011 Mujer Hombre 2012 Mujer Hombre 2013 Mujer Hombre 2014 Mujer Hombre 2015 Mujer Hombre Mujer 40 28 54 49 28 27 29 30 37 31 35 44 43 32 35 25 40 37 66 57 67 51 62 36 66 51 71 47 65 43 58 45 28 21 49 32 30 31 55 39 45 25 48 30 30 31 35 33 83 52 123 56 129 61 165 63 173 62 124 48 94 49 105 39 949 141 1,344 191 1,903 282 2,065 281 1,973 349 1,490 261 1,166 253 1,256 232 1,698 161 2,410 262 3,366 341 3,460 342 3,383 347 2,778 345 2,342 290 2,447 289 1,843 166 2,714 191 3,706 304 3,676 358 3,307 319 2,853 301 2,339 278 2,474 322 1,960 141 2,522 206 3,655 293 3,383 278 3,080 279 2,636 302 2,303 271 2,336 242 1,592 140 2,422 193 3,054 215 2,969 275 2,655 257 2,347 253 2,029 206 2,119 249 1,180 118 1,632 133 2,047 186 2,048 207 1,978 223 1,844 194 1,718 165 1,845 179 889 92 1,117 104 1,412 150 1,377 162 1,350 155 1,344 140 1,208 146 1,291 135 588 58 805 92 951 100 994 119 924 121 898 113 817 98 910 98 361 50 545 62 601 65 630 87 622 72 625 75 568 75 648 71 307 39 364 42 371 52 425 54 429 61 447 66 359 54 416 61 213 21 251 42 266 43 279 54 296 47 290 61 297 57 288 42 141 32 167 30 188 41 179 36 200 41 216 53 172 37 173 42 77 24 100 26 118 23 113 33 149 29 130 36 109 47 133 31 42 22 51 24 55 12 66 26 67 14 77 24 80 24 71 26 41 13 44 24 57 19 65 23 61 13 77 15 67 30 47 24 165 28 381 41 609 39 1,288 87 1,113 134 811 95 878 103 729 61 12,237 1,384 17,161 1,857 22,613 2,335 23,328 2,590 21,908 2,630 19,141 2,503 16,684 2,289 17,416 2,246 353 Inseguridad Pública 354 Cuadro 43. Defunciones por homicidio por entidad federativa 2000-2015 Entidad federativa Aguascalientes Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz ucatán Zacatecas Total 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 17 23 27 25 21 25 26 44 59 67 75 105 48 49 46 47 440 28 66 120 57 429 588 924 161 2,012 233 804 87 404 23 53 155 57 173 621 983 166 1,932 224 641 119 427 32 54 140 43 475 634 939 177 1,948 210 616 53 454 25 44 121 42 443 542 975 213 1,912 220 600 71 480 29 37 117 53 223 478 948 166 1,734 177 591 88 439 34 47 154 49 303 570 878 169 2,018 216 589 73 465 26 33 104 43 538 648 819 181 1,748 207 788 48 369 35 50 107 43 101 518 848 178 1,243 219 764 74 1,031 38 54 175 56 262 2,604 931 426 1,579 296 1,001 75 1,530 34 58 270 61 514 3,680 981 1,033 1,864 492 1,851 145 1,525 55 48 449 131 199 6,421 1,078 1,112 2,114 446 1,567 113 822 50 51 718 169 196 4,487 1,100 1,085 2,627 616 2,397 211 587 37 81 1,146 265 389 2,776 1,086 838 2,900 692 2,638 161 771 49 71 798 227 493 2,136 1,107 475 3,311 701 2,283 168 714 93 78 475 138 460 1,758 1,089 348 2,918 802 1,727 210 842 178 65 309 227 545 1,542 1,078 198 2,666 961 2,399 235 475 596 238 107 109 709 393 105 74 274 458 201 93 264 56 423 43 80 10,664 495 630 210 108 92 640 423 108 103 230 488 257 101 188 52 380 37 91 10,207 480 534 175 147 105 608 377 69 70 158 472 223 97 186 52 352 47 96 10,023 478 557 169 110 148 621 348 84 136 145 419 229 116 227 39 406 42 91 10,052 411 552 158 140 114 626 364 74 137 136 381 252 110 217 52 331 36 94 9,327 443 680 138 131 151 547 316 80 76 136 436 259 99 348 49 344 38 78 9,913 480 988 141 103 169 520 353 61 67 159 457 249 145 358 45 359 42 77 10,447 450 556 126 108 279 563 274 56 121 142 397 321 146 193 36 380 49 73 8,863 547 658 215 155 241 617 352 73 144 199 820 435 154 265 54 341 49 98 14,004 681 934 259 195 342 598 360 89 141 211 1,413 573 173 315 81 692 37 129 19,803 1,081 707 494 541 928 731 376 73 145 363 2,397 740 194 963 56 461 34 140 25,757 1,527 853 435 583 2,149 685 440 109 164 364 1,967 542 230 1,097 89 999 53 292 27,212 1,558 830 672 288 1,833 696 465 114 154 455 1,380 526 195 1,557 75 1,017 42 463 25,964 1,488 919 630 226 932 762 560 119 164 302 1,206 659 247 882 88 761 49 430 23,063 1,040 930 439 173 575 745 565 107 125 270 1,154 665 236 910 93 881 48 197 20,009 1,227 857 457 140 465 770 627 138 144 263 1,080 578 357 659 79 998 58 333 20,552 F : Registros administrativos, “Mortalidad, Defunciones por Homicidio”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en: http: .inegi.org.mx sistemas olap proyectos bd continuas mortalidad defuncioneshom.asp?s est . Nota: No se incluyen las cifras de defunciones por homicidio de mexicanos en el extranjero, por lo cual los totales pueden no coincidir con la fuente original y los demás cuadros. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo 2000 Cuadro 44. Defunciones por homicidio por nivel de escolaridad 2000-2015 Nivel de escolaridad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total No aplica a menores de 3 años s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 145 152 147 130 574 No aplica a menores de 6 años s.d. s.d. 216 195 175 195 197 140 166 251 195 185 s.d. s.d. s.d. s.d. 1,915 1,290 1,180 1,127 1,119 975 1,008 962 681 1,062 1,245 1,273 911 1,506 1,910 1,482 932 18,663 Sin escolaridad Preescolar s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 36 35 31 33 135 Primaria incompleta 2,034 2,012 1,892 1,833 1,580 1,688 1,629 1,479 1,796 2,209 2,350 2,466 2,642 2,523 2,301 2,336 32,770 Primaria completa 2,598 2,419 2,379 2,268 2,058 1,949 2,075 1,770 2,911 4,257 4,977 4,809 4,615 4,148 3,575 3,767 50,575 s.d. s.d. s.d. s.d. 552 616 589 562 873 1,026 1,317 1,624 1,750 1,606 1,411 1,427 13,353 Secundaria o equivalente 1,986 2,103 1,974 1,990 1,534 1,780 1,951 1,816 3,013 4,508 5,941 6,048 5,809 5,079 4,370 4,692 54,594 Bachillerato o preparatoria incompleto s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 1,165 1,090 988 1,048 4,291 Bachillerato o preparatoria completo 862 849 840 890 943 969 1,157 979 1,822 2,486 3,314 3,365 2,412 2,122 2,074 1,995 27,079 Profesional 543 531 529 596 570 610 677 625 1,042 1,329 1,607 1,617 1,459 1,512 1,310 1,374 15,931 Secundaria incompleta Inseguridad Pública Posgrado No especiicada s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 46 56 54 91 247 1,424 1,191 1,131 1,196 942 1,106 1,215 815 1,321 2,492 4,783 6,188 4,382 2,830 2,267 2,700 35,938 F : Registros administrativos, “Mortalidad, Defunciones por Homicidio”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en: http: tos.asp? Regreso c . s.d. Sin dato. .inegi.org.mx lib olap consulta general ver4 MDXQueryDa- 355 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 356 Cuadro 45. Intervenciones de la policía municipal por entidad federativa segen tipo 2014 Entidad federativa Por presuntos delitos del Fuero Común Por presuntos delitos del Fuero Federal Por presuntas infracciones Por causas distintas a las anteriores Total Aguascalientes 3,171 147 66,613 12,103 82,034 Baja California 40,780 4,092 304,755 36,513 386,140 Baja California Sur 3,209 51 23,952 125 27,337 Campeche 3,214 59 34,686 183 38,142 Chiapas 4,687 348 71,697 3,194 79,926 Chihuahua 31,267 2,092 163,966 11,014 208,339 Coahuila 13,596 346 91,790 12,162 117,894 3,005 87 21,571 2,936 27,599 Colima Durango 1,914 34 35,393 526 37,867 Estado de México 35,621 1,143 260,702 33,865 331,331 Guanajuato 16,152 4,980 130,456 12,743 164,331 Guerrero 3,570 92 22,140 291 26,093 Hidalgo 3,592 653 35,975 3,517 43,737 Jalisco 40,095 3,254 112,292 40,306 195,947 Michoacán 4,870 1,498 39,378 6,628 52,374 Morelos 4,866 460 49,670 5,237 60,233 Nayarit Nuevo León 2,164 31 17,520 10,978 30,693 32,388 1,123 132,826 108,782 275,119 Oaxaca 6,687 526 60,863 2,856 70,932 Puebla 10,916 1,200 71,734 20,423 104,273 Querétaro 17,456 346 27,430 236 45,468 Quintana Roo 76,400 12,334 607 58,369 5,090 San Luis Potosí 5,088 127 53,955 59 59,229 Sinaloa 7,514 410 66,301 153,400 227,625 Sonora 22,034 652 141,087 356,063 519,836 Tabasco 4,046 108 24,433 1,347 29,934 Tamaulipas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Tlaxcala 2,940 119 16,394 1,829 21,282 Veracruz 8,024 246 53,991 6,799 69,060 ucatán 12,332 32 48,436 114 60,914 Zacatecas 4,828 573 52,212 672 58,285 1 F : Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015. Tamaulipas reportó operar bajo el sistema de Mando nico Policial, por lo que no proporcionaron cifras en relación con este tema. Nota: De los 2,441 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal que conformaban el territorio nacional al momento del levantamiento del censo, 28 no proporcionaron información para esta sección. La distribución por Entidad Federativa es la siguiente: uno de Chiapas, tres de Oaxaca, uno de Tabasco y 23 de Veracruz. Las cifras no incluyen lo correspondiente a 89 municipios, distribuidos en 21 entidades federativas, mismos que al momento de la aplicación del cuestionario no contaron con datos o elementos para responder sobre este tema. Este asunto no aplica a los 16 gobiernos delegacionales de las demarcaciones territoriales en las que se divide el Distrito Federal. 1 Cuadro 46. Personal destinado a funciones de Seguridad Peblica en las administraciones peblicas municipales, por entidad federativa segen condición de capacitación 2014 No especiicado Total Aguascalientes 1,490 1,123 0 2,613 Baja California 6,412 1,249 0 7,661 Baja California Sur 1,162 1,023 0 2,185 273 489 0 762 Chiapas 2,263 6,034 0 8,297 Chihuahua 4,414 3,719 0 8,133 Coahuila 1,867 1,421 0 3,288 278 843 0 1,121 1,285 715 9 2,009 Entidad federativa Campeche Colima Durango Estado de México Con capacitación1 Sin capacitación2 16,623 7,556 261 24,440 Guanajuato 4,282 2,683 1,032 7,997 Guerrero 1,958 5,565 0 7,523 Hidalgo 1,325 2,534 25 3,884 Jalisco 5,773 6,553 151 12,477 Michoacán Morelos Nayarit 721 3,761 1,189 5,671 1,076 2,692 484 4,252 1,943 335 1,608 0 Nuevo León 3,450 4,762 0 8,212 Oaxaca 1,809 15,354 410 17,573 Puebla 3,459 3,517 94 7,070 Querétaro 2,120 1,167 0 3,287 Quintana Roo 2,755 1,497 0 4,252 San Luis Potosí 1,322 2,149 82 3,553 Sinaloa 1,754 3,689 0 5,443 Sonora 2,000 3,042 657 5,699 Tabasco 1,362 2,989 0 4,351 23 519 0 542 Tlaxcala 600 1,457 32 2,089 Veracruz 1,891 3,907 248 6,046 ucatán 1,563 2,050 17 3,630 670 835 0 1,505 Tamaulipas Zacatecas F : Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015. Se reiere al personal que concluyó y aprobó cursos de capacitación en el Instituto de Formación, Capacitación y o Profesionalización Policial estatal, municipal u homólogo, de la entidad federativa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. 2 Se reiere al personal que no tomó, no concluyó o no aprobó cursos de capacitación en el Instituto de Formación, Capacitación y o Profesionalización Policial u homólogo de la entidad federativa correspondiente, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Nota: De los 2,441 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal que conformaban el territorio nacional al momento del levantamiento del censo, 28 no proporcionaron información para esta sección del mismo su distribución por entidad federativa es la siguiente: uno de Chiapas, tres de Oaxaca, uno de Tabasco y 23 de Veracruz. Las cifras no incluyen lo correspondiente a 18 municipios, distribuidos en doce entidades federativas, mismos que al momento de la aplicación del cuestionario no contaron con datos o elementos para responder sobre este tema. Este asunto no aplica a los 16 gobiernos delegacionales de las demarcaciones territoriales en las que se divide el Distrito Federal. 1 357 Inseguridad Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 358 Cuadro 47. Infracciones registradas en procedimientos administrativos determinados por entidad federativa segen grupo de contravención 2014 Entidad federativa Consumo y/o suministro de sustancias que alteran la salud y el estado físico de las personas y sus repercusiones Desorden en la convivencia social Alteración del orden público Total Aguascalientes 25,827 17,054 2,230 45,111 Baja California 5,554 12,055 2,323 19,932 Baja California Sur 8,101 3,705 6,645 18,451 Campeche 4,105 5,293 4,090 13,488 Chiapas 10,792 6,691 17,519 35,002 Chihuahua 99,369 22,780 19,916 142,065 Coahuila 33,279 11,325 12,856 57,460 Colima 11,412 4,029 6,388 21,829 Durango 31,968 5,666 5,353 42,987 Estado de México 117,470 46,349 26,239 190,058 Guanajuato 126,639 33,919 29,546 190,104 Guerrero 6,051 4,004 3,779 13,834 Hidalgo 13,313 10,663 5,844 29,820 Jalisco 46,725 20,009 10,552 77,286 Michoacán 17,254 4,432 2,346 24,032 Morelos 14,678 6,598 10,223 31,499 Nayarit 5,135 6,960 3,332 15,427 Nuevo León 56,668 26,931 13,161 96,760 Oaxaca 23,693 18,165 4,875 46,733 Puebla 30,423 14,435 9,736 54,594 Querétaro 17,177 5,639 5,625 28,441 Quintana Roo 29,270 13,099 6,017 48,386 San Luis Potosí 35,072 15,400 4,022 54,494 Sinaloa 25,557 22,545 9,398 57,500 Sonora 25,450 14,245 32,777 72,472 Tabasco 6,998 3,869 2,651 13,518 23,458 7,587 2,704 33,749 Tlaxcala 5,103 2,170 1,234 8,507 Veracruz 6,633 5,311 4,795 16,739 ucatán 9,350 4,145 2,921 16,416 Zacatecas 9,689 5,286 2,397 17,372 Tamaulipas F : Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015. Nota: De los 2,441 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal que conformaban el territorio nacional al momento del levantamiento del censo, noventa no proporcionaron información para esta sección del mismo su distribución por entidad federativa es la siguiente: uno de Chiapas, tres de Oaxaca, uno de Hidalgo y 85 de Veracruz. Las cifras no incluyen lo correspondiente a noventa municipios, distribuidos en 19 entidades federativas, mismos que al momento de la aplicación del cuestionario no contaron con datos o elementos para responder sobre este tema. Este asunto no aplica a los 16 gobiernos delegacionales de las demarcaciones territoriales en las que se divide el Distrito Federal. Cuadro 48. Infractores registrados en procedimientos administrativos determinados por entidad federativa segen sexo 2014 Entidad federativa Hombres Mujeres No identiicado Total Aguascalientes 50,523 2,487 1,855 54,865 Baja California 19,727 1,049 496,509 517,285 Baja California Sur 19,797 819 1,287 21,903 Campeche 13,629 262 145 14,036 Chiapas 36,999 2,696 381 40,076 Chihuahua 145,268 20,354 7,893 173,515 Coahuila 56,930 5,348 21,177 83,455 Colima 21,509 1,843 3,838 27,190 Durango 14,182 1,175 30,387 45,744 Estado de México 206,071 24,361 7,072 237,504 Guanajuato 191,479 12,417 17,659 221,555 Guerrero 15,484 1,538 754 17,776 Hidalgo 33,045 3,906 89 37,040 Jalisco 95,932 6,144 1,594 103,670 Michoacán 25,069 3,215 950 29,234 Morelos 32,115 3,062 8,415 43,592 Nayarit 15,486 868 227 16,581 107,493 10,068 3,601 121,162 Oaxaca 50,329 3,332 1,038 54,699 Puebla 55,833 4,964 443 61,240 Querétaro 26,403 1,613 1,468 29,484 Quintana Roo 60,971 5,091 39 66,101 San Luis Potosí 51,081 11,547 39 62,667 Nuevo León Sinaloa 29,074 1,317 36,242 66,633 Sonora 57,538 4,690 18,373 80,601 Tabasco 17,594 2,951 4,175 24,720 Tamaulipas 31,334 3,516 3,445 38,295 Tlaxcala 9,991 1,020 124 11,135 Veracruz 18,160 1,573 208 19,941 ucatán 14,560 937 5,545 21,042 Zacatecas 17,661 1,111 3,403 22,175 F : Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015. Nota: De los 2,441 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal o que conformaban el territorio nacional al momento del levantamiento del censo, noventa no proporcionaron información para esta sección del mismo su distribución por entidad federativa es la siguiente: uno de Chiapas, tres de Oaxaca, uno de Hidalgo y 85 de Veracruz. Las cifras no incluyen lo correspondiente a 131 municipios, distribuidos en veinte entidades federativas, mismos que al momento de la aplicación del cuestionario no contaron con datos o elementos para responder sobre este tema. Este asunto no aplica a los 16 gobiernos delegacionales de las demarcaciones territoriales en las que se divide el Distrito Federal. 359 Inseguridad Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 360 Cuadro 49. Población penitenciaria recluida en penales estatales por entidad federativa, correspondiente a los fueros Comen y Federal Entidad federativa Total general % Aguascalientes 1,352 0.6 Baja California 13,683 6.1 Baja California Sur 1,652 0.74 Campeche 1,456 0.65 Chiapas 4,775 2.13 Chihuahua 8,081 3.6 32,005 14.26 Coahuila 2,396 1.07 Colima 2,562 1.14 Durango 3,114 1.39 26,060 11.61 Guanajuato 4,590 2.05 Guerrero 4,955 2.21 Hidalgo 3,853 1.72 Jalisco 16,189 7.22 Michoacán 5,141 2.29 Morelos 3,451 1.54 Nayarit 2,955 1.32 Nuevo León 7,280 3.24 Oaxaca 4,088 1.82 Puebla 7,845 3.5 Querétaro 2,037 0.91 Quintana Roo 3,628 1.62 San Luis Potosí 2,688 1.2 Sinaloa 5,761 2.57 Sonora 8,676 3.87 Tabasco 3,949 1.76 Tamaulipas Ciudad de México Estado de México 5,883 2.62 Tlaxcala 749 0.33 Veracruz 7,106 3.17 ucatán 1,465 0.65 Zacatecas 1,564 0.7 200,989 89.6 Total F : elaboración CASEDE, con base en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, Comisión Nacional de Seguridad, octubre de 2016. Nota: La suma no corresponde al cien por ciento debido a que no se toma en cuenta a la población recluida en los centros penitenciarios federales, los cuales representan el 10.4 por ciento. Cuadro 50. Población penitenciaria segen situación jurídica y sexo por entidad federativa Fuero Comen Entidad federativa Hombres Mujeres Subtotal Sentenciados % Total % Aguascalientes 449 51 500 41.88 658 36 694 58.12 1,194 88.31 Baja California 3,527 203 3,730 33.64 7,116 242 7,358 66.36 11,088 81.03 % Hombres Mujeres Subtotal Baja California Sur 913 39 952 68.34 434 7 441 31.66 1,393 84.32 Campeche 465 19 484 37.15 796 23 819 62.86 1,303 89.49 Chiapas 2,284 122 2,406 51.73 2,176 69 2,245 48.27 4,651 97.40 Chihuahua 2,640 186 2,826 39.63 4,184 121 4,305 60.37 7,131 88.24 Ciudad de México 1,983 233 2,216 7.76 25,139 1,188 26,327 92.24 28,543 89.18 Coahuila 594 34 628 26.77 1,641 77 1,718 73.23 2,346 97.91 Colima 1,146 60 1,206 52.07 1,064 46 1,110 47.93 2,316 90.40 Durango 1,914 146 2,060 68.87 888 43 931 31.13 2,991 96.05 Estado de México 9,330 626 9,956 40.04 14,079 829 14,908 59.96 24,864 95.41 Guanajuato 1,679 89 1,768 42.17 2,323 102 2,425 57.83 4,193 91.35 Guerrero 1,773 136 1,909 46.46 2,087 113 2,200 53.54 4,109 82.93 936 85 1,021 28.21 2,423 175 2,598 71.79 3,619 93.93 Jalisco 6,520 381 6,901 53.78 5,753 178 5,931 46.22 12,832 79.26 Michoacán 1,727 119 1,846 44.32 2,227 92 2,319 55.68 4,165 81.02 539 62 601 21.16 2,129 110 2,239 78.84 2,840 82.30 Hidalgo Morelos Nayarit 1,095 81 1,176 41.88 1,572 60 1,632 58.12 2,808 95.03 Nuevo León 1,423 106 1,529 26.7 4,002 195 4,197 73.3 5,726 78.65 Oaxaca 1,993 107 2,100 57.50 1,508 44 1,552 42.50 3,652 89.33 Puebla 2,723 213 2,936 39.45 4,254 252 4,506 60.55 7,442 94.86 549 34 583 31.21 1,216 69 1,285 68.79 1,868 91.70 2,054 111 2,165 63.4 1,209 41 1,250 36.6 3,415 94.13 979 42 1,021 40.74 1,431 54 1,485 59.26 2,506 93.23 Sinaloa 1,883 75 1,958 42.14 2,615 73 2,688 57.86 4,646 80.65 Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí F Procesados Sonora 1,897 104 2,001 25.38 5,710 174 5,884 74.62 7,885 90.88 Tabasco 1,352 88 1,440 37.76 2,308 66 2,374 62.24 3,814 96.58 Tamaulipas 1,351 124 1,475 31.21 3,118 133 3,251 68.79 4,726 80.33 Tlaxcala 312 34 346 51.49 301 25 326 48.51 672 89.72 Veracruz 2,211 188 2,399 34.65 4,351 174 4,525 65.35 6,924 97.44 ucatán 389 17 406 29.44 946 27 973 70.56 1,379 94.13 Zacatecas 373 33 406 36.51 677 29 706 63.49 1,112 71.10 : Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, Comisión Nacional de Seguridad, octubre de 2016. 361 Inseguridad Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 362 Cuadro 51. Población penitenciaria segen situación jurídica y sexo por entidad federativa Fuero Federal Entidad federativa Subtotal Aguascalientes 56 6 62 Baja California 1,046 99 127 11 Baja California Sur Sentenciados % Hombres Mujeres Subtotal Total general % 11.69 1,352 0.6 % Total % 60.76 158 39.24 88 8 96 1,145 44.12 1,375 75 1,450 55.88 2,595 18.97 13,683 6.1 138 53.28 115 6 121 46.72 259 15.68 1,652 0.74 Campeche 77 11 88 57.52 55 10 65 42.48 153 10.51 1,456 0.65 Chiapas 49 11 60 48.39 52 12 64 51.61 124 2.6 4,775 2.13 Chihuahua 392 51 443 46.63 484 23 507 53.37 950 11.76 8,081 3.6 Ciudad de México 176 40 216 6.24 3,096 150 3,246 93.76 3,462 10.82 32,005 14.26 20 3 23 46.00 23 4 27 54.00 50 2.09 2,396 1.07 112 8 120 48.78 120 6 126 51.22 246 9.6 2,562 1.14 Coahuila Colima Durango Estado de México 65 7 72 58.54 49 2 51 41.46 123 3.95 3,114 1.39 498 74 572 47.83 574 50 624 52.17 1,196 4.59 26,060 11.61 Guanajuato 104 11 115 28.97 269 13 282 71.03 397 8.65 4,590 2.05 Guerrero 341 25 366 43.26 459 21 480 56.74 846 17.07 4,955 2.21 Hidalgo 159 18 177 75.64 50 7 57 24.36 234 6.07 3,853 1.72 Jalisco 2,545 59 2,604 77.57 700 53 753 22.43 3,357 20.74 16,189 7.22 Michoacán 627 24 651 66.7 308 17 325 33.3 976 18.98 5,141 2.29 Morelos 163 4 167 27.33 444 444 72.67 611 17.71 3,451 1.54 Nayarit 17 5 22 14.97 117 8 125 85.03 147 4.97 2,955 1.32 299 40 339 21.81 1,138 77 1,215 78.19 1,554 21.35 7,280 3.24 1.82 Nuevo León Oaxaca 225 41 266 61.01 157 13 170 38.99 436 10.67 4,088 Puebla 172 13 185 45.91 197 21 218 54.09 403 5.14 7,845 3.5 88 8 96 56.8 68 5 73 43.2 169 8.3 2,037 0.91 135 13 148 69.48 59 6 65 30.52 213 5.87 3,628 1.62 72 11 83 45.6 94 5 99 54.4 182 6.77 2,688 1.2 Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa 358 33 391 35.07 691 33 724 64.93 1,115 19.35 5,761 2.57 Sonora 165 51 216 27.31 516 59 575 72.69 791 9.12 8,676 3.87 Tabasco 81 11 92 68.15 35 8 43 31.85 135 3.42 3,949 1.76 Tamaulipas 495 36 531 45.89 604 22 626 54.11 1,157 19.67 5,883 2.62 Tlaxcala 18 1 19 24.68 51 7 58 75.32 77 10.28 749 0.33 Veracruz 113 12 125 68.68 53 4 57 31.32 182 2.56 7,106 3.17 ucatán 9 2 11 12.79 69 6 75 87.21 86 5.87 1,465 0.65 195 23 218 48.23 224 10 234 51.77 452 28.9 1,564 0.7 Zacatecas F Procesados Hombres Mujeres : Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, Comisión Nacional de Seguridad, octubre de 2016. Cuadro 52. Población penitenciaria segen fuero, situación jurídica y sexo por institución penitenciaria federal Procesados Hombres Mujeres Subtotal 5 s.d. 5 Institución penitenciaria CEFEREPSI Fuero Común Sentenciados Hombres Mujeres Subtotal 61 s.d. 61 Total 66 Procesados Hombres Mujeres Subtotal 111 s.d. 111 Fuero Federal Sentenciados Hombres Mujeres Subtotal 102 s.d. 102 Total 213 Total General 279 Inseguridad Pública CEFERESO No. 1 Altiplano 40 s.d. 40 56 s.d. 56 96 634 s.d. 634 72 s.d. 72 706 802 CEFERESO No. 2 Occidente 22 s.d. 22 19 s.d. 19 41 808 s.d. 808 190 s.d. 190 998 1,039 CEFERESO No. 3 Noreste s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. CEFERESO No. 4 Noroeste 73 s.d. 73 31 s.d. 31 104 2,216 s.d. 2,216 535 s.d. 535 2,751 2,855 CEFERESO No. 5 Oriente 56 s.d. 56 36 s.d. 36 92 1,919 s.d. 1,919 586 s.d. 586 2,505 2,597 CEFERESO No. 6 Sureste 16 s.d. 16 63 s.d. 63 79 45 s.d. 45 268 s.d. 268 313 392 CEFERESO No. 7 Nor-Noroeste 8 s.d. 8 64 s.d. 64 72 143 s.d. 143 199 s.d. 199 342 414 CEFERESO No. 8 Nor-Poniente 1 s.d. 1 95 s.d. 95 96 187 s.d. 187 274 s.d. 274 461 557 CEFERESO No. 9 Norte 20 s.d. 20 81 s.d. 81 101 287 s.d. 287 440 s.d. 440 727 828 CEFERESO No. 11 CPS Sonora 20 s.d. 20 78 s.d. 78 98 1,567 s.d. 1,567 697 s.d. 697 2,264 2,362 CEFERESO No. 12 CPS Guanajuato 32 s.d. 32 295 s.d. 295 327 744 s.d. 744 1,264 s.d. 1,264 2,008 2,335 CEFERESO No. 13 CPS Oaxaca 33 s.d. 33 439 s.d. 439 472 256 s.d. 256 1,336 s.d. 1,336 1,592 2,064 CEFERESO No. 14 CPS Durango 98 s.d. 98 379 s.d. 379 477 1,341 s.d. 1,341 652 s.d. 652 1,993 2,470 CEFERESO No. 15 CPS Chiapas 28 s.d. 28 521 s.d. 521 549 671 s.d. 671 832 s.d. 832 1,503 2,052 CEFERESO No. 16 CPS Morelos s.d. 17 17 s.d. 25 25 42 s.d. 888 888 s.d. 350 350 1,238 1,280 1 s.d. 1 310 3 313 314 7 s.d. 7 715 21 736 743 1,057 453 17 470 2,528 28 2,556 3,026 10,936 888 11,824 8,162 371 8,533 20,357 23,383 Complejo Penitenciario Islas Marías Total F : elaboración CASEDE, con base en Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, Comisión Nacional de Seguridad, octubre de 2016. CEFEREPSI: Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 363 CEFERESO: Centro Federal de Readaptación Social. Nota: La población penitenciaria recluida en penales federales corresponde al 10.4 s.d. Sin dato. de la población total penitenciaria. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 364 Cuadro 53. Nemero de centros, espacios, población privada de la libertad y sobrepoblación por entidad federativa Entidad federativa Número de centros % Espacios (A) % Población privada de la libertad (B) Sobrepoblación Absoluta (A-B) Relativa (%)x ((B/A)-1)x100 Aguascalientes 4 1.05 1,864 0.88 1,352 -512 -27.47 Baja California 5 1.32 14,823 6.97 13,683 -1,140 -7.69 Baja California Sur 5 1.32 1,734 0.81 1,652 -82 -4.73 Campeche 2 0.53 1,828 0.86 1,456 -372 -20.35 19 5.00 4,605 2.16 4,775 170 3.69 9 2.37 7,616 3.58 8,081 465 6.11 13 3.42 23,947 11.25 32,005 8,058 33.65 6 1.58 3,274 1.54 2,396 -878 -26.82 Colima 3 0.79 3,587 1.69 2,562 -1,025 -28.58 Durango 10 2.63 2,253 1.06 3,114 861 38.22 Estado de México 22 5.79 13,258 6.23 26,060 12,802 96.56 Guanajuato 10 2.63 5,802 2.73 4,590 -1,212 -20.89 Guerrero 15 3.95 3,894 1.83 4,955 1,061 27.25 Hidalgo 17 4.47 2,263 1.06 3,853 1,590 70.26 Jalisco 34 8.95 10,289 4.84 16,189 5,900 57.34 Michoacán 16 4.21 9,658 4.54 5,141 -4,517 -46.77 Morelos 5 1.32 2,047 0.96 3,451 1,404 68.59 Nayarit 19 5.00 1,392 0.65 2,955 1,563 112.28 Nuevo León 15 3.95 7,352 3.46 7,280 -72 -0.98 Oaxaca 15 3.95 4,204 1.98 4,088 -116 -2.76 Puebla 22 5.79 6,012 2.83 7,845 1,833 30.49 Querétaro 4 1.05 3,328 1.56 2,037 -1,291 -38.79 Quintana Roo 6 1.58 2,572 1.21 3,628 1,056 41.06 San Luis Potosí 6 1.58 3,062 1.44 2,688 -374 -12.21 Sinaloa 4 1.05 6,694 3.15 5,761 -933 -13.94 Sonora 13 3.42 7,848 3.69 8,676 828 10.55 Tabasco 15 3.95 3,448 1.62 3,949 501 14.53 Tamaulipas 7 1.84 7,050 3.31 5,883 -1,167 -16.55 Tlaxcala 2 0.53 1,013 0.48 749 -264 -26.06 Veracruz 17 4.47 6,946 3.26 7,106 160 2.3 ucatán 4 1.05 3,013 1.42 1,465 -1,548 -51.38 Zacatecas 19 5.00 2,225 1.05 1,564 -661 -29.71 Chiapas Chihuahua Ciudad de México Coahuila F : Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, Comisión Nacional de Seguridad, octubre de 2016. Nota 1: Valores negativos equivalen a lugares disponibles en el Sistema Nacional Penitenciario. Nota 2: El porcentaje se obtiene en relación con la población total de cada entidad federativa y centro federal. Cuadro 54. Nemero de centros, espacios, población privada de la libertad y sobrepoblación por institución penitenciaria federal. Sobrepoblación Absoluta (A-B) Relativa (%)x ((B/A)-1)x100 279 -181 -39.35 836 802 -34 -4.07 1 1,040 1,039 -1 -0.1 CEFERESO No. 3 Noreste 1 836 0 -836 -100 CEFERESO No. 4 Noroeste 1 3,794 2,855 -939 -24.75 CEFERESO No. 5 Oriente 1 3,078 2,597 -481 -15.63 CEFERESO No. 6 Sureste 1 720 392 -328 -45.56 CEFERESO No. 7 Nor-Noroeste 1 480 414 -66 -13.75 CEFERESO No. 8 Nor-Poniente 1 812 557 -255 -31.4 CEFERESO No. 9 Norte 1 1,148 828 -320 -27.87 CEFERESO No. 11 CPS Sonora 1 2,520 2,362 -158 -6.27 CEFERESO No. 12 CPS Guanajuato 1 2,520 2,335 -185 -7.34 CEFERESO No. 13 CPS Oaxaca 1 2,520 2,064 -456 -18.1 CEFERESO No. 14 CPS Durango 1 2,520 2,470 -50 -1.98 CEFERESO No. 15 CPS Chiapas 1 2,520 2,052 -468 -18.57 CEFERESO No.16 CPS Morelos 1 2,528 1,280 -1,248 -49.37 Complejo Penitenciario Islas Marías 1 5,556 1,057 -4,499 -80.98 Institución penitenciaria Número de centros Capacidad (A) CEFEREPSI 1 460 CEFERESO No. 1 Altiplano 1 CEFERESO No. 2 Occidente Población privada de la libertad (B) F : elaboración CASEDE, con base en Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, Comisión Nacional de Seguridad, octubre de 2016. Nota 1: Valores negativos equivalen a lugares disponibles en el Sistema Nacional Penitenciario. Nota 2: El porcentaje se obtiene en relación con la población total de cada entidad federativa y centro federal. CEFEREPSI: Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. CEFERESO: Centro Federal de Readaptación Social. 365 Inseguridad Pública Combate a la Delincuencia Organizada E de mayor relevancia en los eltimos diez años sin duda alguna ha sido el combate a la delincuencia organizada, la cual inició de forma sistemática el gobierno de Felipe Calderón el 11 de didiembre de 2006, fecha en que se anunció la implementación del Operativo Conjunto Michoacán.1 De acuerdo con el diagnóstico del expresidente, “El crimen organizado busca el control territorial”, advierte el mandatario “será una guerra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el narco, dice. No hay regreso son ellos o nosotros”.2 1 2 Reforma, “Guerra contra el narco costó dinero, tiempo, vidas ”, Suplemento Forma y Fondo, 11 de diciembre de 2016, p. 10. Rael Benítez Manaut, Abelardo Rodríguez Sumano y Armando Rodríguez Luna (eds.), Atlas de la seguridad y la defensa de México 2009, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, México, 2009, p. 17, en: http: .casede.org PublicacionesCasede Atlas2009 analisis de seguridad 1.pdf . Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 368 Para Luis Astorga el diagnóstico tiene raíces más profundas, ya que “los criminales aprovechan las diferencias políticas de los partidos gobernantes en los niveles federal, estatal y municipal, la fragmentación de la capacidad del Estado derivada de ellas, la corrupción de funcionarios y agentes de seguridad, la debilidad de la sociedad civil y el temor, la complacencia y la complicidad de algunos sectores de la misma.”3 Esta perspectiva analítica se complementa con lo planteado por Sergio Aguayo y Rael Benítez Manaut, quienes airman que en realidad en México se llevan a cabo tres guerras diferentes: 1) la que libran entre sí las organizaciones criminales por el control de territorios, rutas de tránsito y negocios de todo tipo, la más evidente 2) la ofensiva lanzada por el gobierno federal contra ellas y 3) la lucha del Estado contra sí mismo. Por la corrupción, las organizaciones criminales han penetrado en meltiples parcelas de los tres niveles de gobierno. Esto quiere decir que la parte “limpia” del Estado se enfrenta con los sectores “contaminados”.4 Es en este contexto en el cual este apartado estadístico recupera las cifras más relevantes disponibles para analizar con la frialdad de los nemeros cuál es el balance de este combate. Para ello, se retoman cifras desde el año 2000 con el objetivo de colocar en una perspectiva más amplia diversos aspectos que componen la política del Estado mexicano contra las organizaciones criminales que operan en el país. Como punto de partida se examinan datos relacionados con la capacidad de erradicación y aseguramiento de drogas, armas y otros por parte de los eltimos tres gobiernos. Asimismo, en la medida que un componente clave de la estrategia mexicana en este ámbito es la captura de los líderes criminales, se revisan las cifras de estos miembros que han sido detenidos y extraditados a Estados Unidos. 3 4 Luis Astorga, “¿Qué querían que hiciera?” Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón, Grijalbo, México, junio de 2015, p. 13. Sergio Aguayo Quezada y Rael Benítez Manaut, “Introducción: las violencias. Balance, efectos y prospectiva”, Atlas de la seguridad y la defensa de México 2012, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, México, 2012, p. 12, http: .casede.org PublicacionesCasede Atlas2012 Portada Preliminares.pdf Por otra parte, se revisan los resultados que la utilización intensiva de las fuerzas armadas en tareas de seguridad peblica ha dejado en la eltima déacada. Se toma en cuenta desde la cantidad de elementos del Ejército y la Marina que han sido desplegados en el territorio, así como las bajas que en diferentes circunstancias han padecido. De igual forma, se revisa el panorama actual de la geografía criminal en el país, la cual cabe señalar, se ha atomizado y dispersado hacia diferentes estados del país. Esto ha conllevado el incremento de otras actividades criminales adicionales al tráico de drogas, tales como el secuestro o la extorsión. El apartado también toma en cuenta otro factor importante como es el consumo de drogas tanto en Estados Unidos como en México. Dado el impacto que esto ha tenido sobre la sociedad y particularmente sobre los jóvenes, se ahonda en este tema con diversos datos estadísticos. En síntesis, el apartado tiene el objetivo de presentar al lector información cuantitativa relevante para que desde diversas perspectivas pueda realizar una evaluación sobre el saldo que el combate a la delincuencia organizada ha dejado. Cuadro 55. Lucha contra el narcotráico 2000-20161 Aseguramientos Erradicación de cultivos ilícitos (hectáreas) Total2 Años Amapola Marihuana Cocaína (Toneladas) Goma de opio Heroína (Kilogramos) (Unidades) 2000 46,779.3 31,061.4 15,717.9 2,050.8 23.2 469.4 299.1 3,418,369 47,851.6 28,735.1 19,116.5 1,839.4 30.0 516.5 269.6 8,350,246 2002 49,932.8 30,774.9 19,157.9 1,633.3 12.6 309.9 282.7 5,343,064 2003 56,619.3 36,585.3 20,034.0 2,247.8 21.2 198.5 306.2 8,414,323 2004 46,778.1 30,852.5 15,925.6 2,208.4 26.8 464.7 302.4 21,631,745 11,360,933 2005 52,466.1 30,856.9 21,609.2 1,795.7 30.8 276.0 461.7 2006 47,051.4 30,161.5 16,889.9 1,902.1 21.3 12.5 333.8 3,364,815 2007 34,726.2 23,315.7 11,410.5 2,213.4 48.0 307.6 317.2 2,657,002 Combate a la Delincuencia Organizada 2008 31,849.5 18,660.2 13,189.3 1,684.0 19.6 217.6 296 31,848,106 2009 31,514.3 16,703.5 14,810.8 2,094.7 21.5 816.3 286 9,106,275 2010 34,065.7 18,581.4 15,484.3 2,313.4 9.9 1,195.3 373.6 17,382,432 2011 29,819.8 13,430.3 16,389.4 1,798.9 11.3 1,451.9 696.6 1,026,293 2012 24,950.9 9,164.7 15,786.2 1,310.7 3.4 1,615.3 246.6 221,677 20,026.3 5,364.2 14,662.2 972.6 6.5 240.6 424.5 1,227,543 27,701.9 5,806.8 21,895.1 872.3 4.7 1,633.3 421.3 421,011 2013 p 2014 p 2015 p p 32,411.2 6,012.1 26,399.2 1,291.9 9.0 1,400.2 603 7,784,428 18,426.8 2,459.8 15,967.0 414.7 4.2 86.4 194.9 25,950 : elaboración CASEDE, “Anexo Estadístico”, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. Cifras preliminares. Para 2016, datos preliminares al 31 de julio. 1 Cifras autorizadas por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Procuraduría General de la Repeblica. 2 La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. Nota: Las cifras fueron actualizadas por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Repeblica. p Psicotrópicos 2001 2016 F Marihuana 369 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 370 Cuadro 56. Comparativo entre tres gobiernos 2001-2015. Estimación del valor de la droga asegurada1 Dólares corrientes 2001-2003 Tipo de droga decomisada Cocaína Marihuana Heroína Cantidad de droga asegurada (kgs)1 Precio por 1kg de la droga 63,800 Valor de la droga asegurada 7,880 502,744,000 5,720,500 80 457,640,000 858.5 32,850 28,201,725 Total 988,585,725 2007-2009 Tipo de droga decomisada Cocaína Marihuana Heroína Cantidad de droga asegurada (kgs)1 Precio por 1kg de la droga Valor de la droga asegurada 89,100 12,5000 1,113,750,000 5,992,100 80 479,368,000 899.2 35,000 31,472,000 Total 1,624,590,000 /p 2013-2015 Tipo de droga decomisada Cocaína Marihuana Heroína Total F Cantidad de droga decomisada (kgs) Precio por 1kg de la droga Valor de la droga asegurada 20,200 12,500 252,500,000 3,136,800 80 250,944,000 1,448.8 35,000 50,708,000 554,152,000 : elaboración CASEDE. “Anexo Estadístico”, World Drug Report, Organización de las Naciones Unidas, 2010 y 2015. Cifras preliminares. Para 2015, datos preliminares al 31 de julio. 1 Se tomó en cuenta el valor por ilo de cocaína, marihuana y heroína a precio de mayoreo con base en UNODC Statistics, en: https: data.unodc.org ?lf 1 lng en . Nota: El precio de la marihuana se calcula con base en el valor de compra de un ilo a los productores. p Cuadro 57. Aseguramientos de armamentos, vehículos terrestres, marítimos y aeronaves. Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina. Comparativo entre tres gobiernos 2000-20161 SEDENA Aseguramientos 2001-2006 Aeronaves Armas Embarcaciones 2007-2012 2013-2016 p/ Total 117 537 66 720 10,733 125,623 23,423 159,779 214 226 42 482 Pistas aéreas clandestinas 4,608 3,898 1,225 9,731 Vehículos terrestres 5,830 53,889 29,443 89,162 SEMAR Aseguramientos 2001-2006 Aeronaves Armas Embarcaciones Pistas aéreas clandestinas Vehículos terrestres 2007-2012 p/ 2013-2016 Total 1 0 0 1 28 4,064 2,783 6,875 236 202 86 524 2 0 0 2 38 1,850 2,085 3,973 F : elaboración CASEDE con base en el “Anexo Estadístico”, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. Cifras preliminares a julio de 2016. 1 Se sumaron los principales resultados en el combate al narcotráico de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. SEMAR: Secretaría de Marina. p Cuadro 58. Armas aseguradas. 1 Comparativo entre cuatro gobiernos 1995-2016 Presidente Armas aseguradas2 Años Ernesto Zedillo 1995-2000 57,336 Vicente Fox 2001-2006 37,385 Felipe Calderón 2007-2012 163,420 Enrique Peña Nieto 2013-2016 31,442 Total 289,583 F : elaboración CASEDE con base en el “Anexo Estadístico”, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. 1 De 2013 a 2015, cifras preliminares. Para 2016, datos al 31 de julio. 2 Incluye armas largas y cortas. 371 Combate a la Delincuencia Organizada 372 Nacionalidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mexicanos 15,369 16,091 13,815 13,167 22,966 28,332 18,707 29,057 28,195 41,699 31,893 41,264 28,483 Extranjeros 666 490 416 404 493 319 207 324 435 443 425 411 16,035 16,581 14,231 13,571 23,459 28,651 18,914 29,381 28,630 42,142 32,318 41,675 Total F p/ p/ p/ p/ 2014 2015 2016 20,104 26,918 24,442 9,762 330 381 458 392 197 28,813 20,485 27,376 24,834 9,959 : elaboración CASEDE, con base en el “Anexo Estadístico”, Cuarto Informe de Gobierno, 2015-2016. Cifras preliminares. Para 2016 datos preliminares al 31 de julio. 1 Se reiere a los detenidos por la comisión de delitos contra la salud, que comprende la posesión, producción, transporte, tráico, comercio y suministro de drogas y delitos conexos, donde se presentan los referentes a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos asociación delictuosa robo en carretera Ley General de Población ataque a las vías generales de comunicación, entre otros. p Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Cuadro 59. Detenidos en el marco del combate al narcotráico1 segen nacionalidad 2000-2016 Cuadro 60. Personas entregadas en extradición por México 2014-2016 20141 20152 20163 Total España 1 0 0 1 Pere 0 0 1 1 Eslovaquia 0 0 1 1 Argentina 0 0 1 1 Alemania 0 0 1 1 65 42 86 193 0 1 0 1 País Estados Unidos Holanda F : elaboración CASEDE, con base en el Cuarto Informe de Labores, Procuraduría General de la Repeblica 2015-2016. 1 Cifras del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014. 2 Cifras del 1 de septiembre de 2014 al 30 de junio de 2015. 3 Cifras del 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016. Cuadro 61. Miembros de los cuerpos de Seguridad y Defensa federales, estatales y locales fallecidos de 2006 a 2016 Institución Fallecidos Periodo Policía Federal 552 Enero de 2006 a noviembre de 2016 SEDENA 481 Enero de 2006 a noviembre de 2016 SEMAR 74 Enero de 2006 a noviembre de 2016 PGR Policías municipales 105 2006-2012 1,381 Diciembre de 2006 a noviembre de 2011 Policías estatales 401 Diciembre de 2006 a noviembre de 2011 Elementos de procuradurías locales 601 Diciembre de 2006 a noviembre de 2011 F : elaboración CASEDE con base en la Comisión Nacional de Seguridad Sistema Institucional de Información y Estadística de la Procuraduría General de la Repeblica. Tomado de Marcos Muedano, “Matan a 1,200 de Fuerzas Federales”, Excélsior, 10 de diciembre de 2016, p. 21. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. SEMAR: Secretaría de Marina. PGR: Procuraduría General de la Repeblica. 373 Combate a la Delincuencia Organizada Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 374 Cuadro 62. Promedio de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegados en el combate al narcotráico 2000-2015 F 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 30,991 31,078 31,932 31,992 31,986 32,074 37,523 45,000 45,106 48,650 49,650 52,690 49,650 34,529 35,615 34,996 : Secretaría de la Defensa Nacional, vía solicitud de información folio 0000700064516. Cuadro 63. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fallecidos en la Campaña Permanente contra el Narcotráico, por entidad federativa, grado militar y evento 2006-2016 1 Evento Entidad federativa2 Grado3 Tamaulipas Tropa Agresión con arma de fuego Ejecución 1 78 Oiciales 3 1 4 Jefes 0 0 0 Tropa 19 2 21 Oiciales 1 1 2 Jefes 2 1 Total Michoacán 82 Total Sinaloa Tropa 21 2 23 Oiciales 2 0 2 Jefes 0 0 0 Tropa 9 8 17 Oiciales 4 1 5 Jefes 0 1 25 Total Nuevo León Total 3 26 Total Guerrero Total 77 1 23 Tropa 12 9 21 Oiciales 0 0 0 Jefes 0 0 0 21 F : elaboración CASEDE con datos de “Relación del personal fallecido en la aplicación de la Campaña Permanente contra el Narcotráico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos del 1 de diciembre de 2006 al 1 de abril de 2016”, en: http: .gob.mx cms uploads attachment ile 75099 REL PNAL COMBATE NARC 010416.pdf . 1 Datos del 1 de diciembre de 2006 al 1 de abril de 2016. 2 Se seleccionaron las cinco entidades federativas con el mayor nemero de fallecimientos durante la Campaña Permanente contra el Narcotráico en el periodo seleccionado. 3 En el rubro de Tropa se incluyen los grados: soldado, cabo y sargento. En el rubro Oiciales se incluyen los grados: capitán, subteniente y teniente. En el rubro Jefes se incluyen: mayor y teniente coronel. Cuadro 64. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fallecidos en la Campaña Permanente contra el Narcotráico, por entidad federativa y grado militar 2006-20161 Tamaulipas Sinaloa Michoacán Guerrero Nuevo León Combate a la Delincuencia Organizada Grado Fallecidos Grado Fallecidos Grado Fallecidos Grado Fallecidos Grado Fallecidos Soldado 53 Soldado 23 Soldado 20 Soldado 18 Soldado 16 Cabo 31 Cabo 12 Cabo 14 Cabo 7 Cabo 8 Sargento 2 14 Sargento 2 10 Sargento 2 5 Sargento 2 4 Sargento 2 4 Sargento 1 2 Sargento 1 1 Sargento 1 1 Sargento 1 2 Sargento 1 1 Sargento 1 Sargento 0 Sargento 0 Sargento 0 Sargento 0 Subteniente 1 Subteniente 1 Subteniente 2 Subteniente 0 Subteniente 1 Teniente 7 Teniente 3 Teniente 4 Teniente 5 Teniente 3 Capitán 2 1 Capitán 2 2 Capitán 2 2 Capitán 2 1 Capitán 2 0 Capitán 1 0 Capitán 1 0 Capitán 1 0 Capitán 1 0 Capitán 1 0 Mayor 0 Mayor 1 Mayor 1 Mayor 0 Mayor 0 Teniente Coronel 0 Teniente Coronel 0 Teniente Coronel 1 Teniente Coronel 1 Teniente Coronel 0 0 Coronel 0 Coronel 2 Coronel 0 Coronel 0 1 Cadete 1 Cadete 0 Cadete 0 Cadete 0 Total 54 Total 52 Total 38 Total 33 Coronel SLD.P.M. 2 Total 111 F : elaboración CASEDE con datos de “Relación del personal fallecido en la aplicación de la Campaña Permanente contra el Narcotráico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, en: http: .gob.mx cms uploads attachment ile 75099 REL PNAL COMBATE NARC 010416.pdf . 1 Datos del 1 de diciembre de 2006 al 1 de abril de 2016. 2 SLD. P.M. Soldados de la Policía Militar del Ejército. Nota 1: Se seleccionaron las cinco entidades federativas con el mayor nemero de fallecimientos durante la Campaña Permanente contra el Narcotráico en el periodo seleccionado. 375 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 376 Cuadro 65. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fallecidos en la Campaña Permanente contra el Narcotráico por arma o servicio 2006-2016 1 Arma o servicio Infantería Elementos fallecidos 259 Caballería 54 Policía Militar 31 Transmisiones 24 Sanidad 19 Piloto Aviador 17 Arma Blindada 14 Conductor 13 Fusilero Paracaidista 10 Artillería 6 Infantería Dilplomado del Estado Mayor 4 Especialista en Electrónica de Aviación 4 Especialista en Mantenimiento Aéreo 3 Cocinero 2 Materiales de Guerra 2 Mecánico Automotriz 2 Intendencia 1 Escribiente 1 Armamento Aéreo 1 Informática 1 Jardinero 1 Auxiliar Carpintero 1 Peluquero 1 Herrero Total 1 472 F : elaboración CASEDE con datos de “Relación del personal fallecido en la aplicación de la Campaña Permanente contra el Narcotráico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, en: http: .gob.mx cms uploads attachment ile 75099 REL PNAL COMBATE NARC 010416.pdf . 1 Datos del 1 de diciembre de 2006 al 1 de abril de 2016. Cuadro 66. Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegados en la protección de instalaciones estratégicas 2007-2016 Año Número de instalaciones estratégicas Efectivos 2007 131 2,347 2008 132 2,487 2009 131 2,438 2010 131 10,545 2011 166 13,686 2012 218 4,220 2013 216 3,860 2014 215 4,474 2015 203 4,494 2016 209 5,018 F : elaboración CASEDE. Con base en Informe de Labores, Secretaría de la Defensa Naciona, 2007-2016. Nota: Las instalaciones estratégicas son aquellas que por su ubicación geográica son indispensables para la operación general del país, por ser consideradas centros de decisión político-inanciera, las cuales forman parte de la estructura básica del desarrollo nacional y elementos fundamentales en la planta productiva del país. Cuadro 67. Principales grupos de la delincuencia organizada y sus células criminales en México 2016 Grupo o Cártel De Sinaloa o Pacíico Ha sido el cártel dominante desde los años noventa en México. Es el que tiene mayor proyección internacional. Controla de forma monopolizada todo el estado de Sinaloa Los Beltrán Leyva Desprendimiento del Cártel del Pacíico, también conocido como Cártel del Pacíico Sur Cártel del Golfo Los Zetas Desprendimiento del Cártel del Golfo en 2010 Grupo de los Arellano Félix Cártel de Juárez/La Línea La Familia Michoacana Los Caballeros Templarios Sucesores de La Familia Michoacana Células delictivas n n n n n n n n Entidad federativa n Colima n Chihuahua y Sinaloa n Durango y Chihuahua n Guerrero n Durango y Coahuila n Baja California n Chihuahua n Sinaloa y Baja California Sur n Sonora n n n n n Guerrero, región de Tierra Caliente n Regiones Norte y Centro de Guerrero, Morelos n Aguascalientes y Baja California Sur n Regiones Montaña y Centro de Guerrero n Guerrero n Tamaulipas Gente Nueva Los Cabrera La Barredora Cártel del Poniente y o de La Laguna El Aquiles y El Tigre Los Artistas Asesinos (AA) y Los Mexicles Los Mazatlecos El 2MIL-El Panchillo y o El Panchillo Huevos y o El dos mil y o El 2000 n Los Granados n Los Rojos La Oicina Los Ardillos Cártel Independiente de Acapulco Metros, Rojos, Grupo Lacoste, Grupo Dragones, Grupo Bravo, Grupo Pumas, Grupo Apoyo Ceros, M3, Los Fresitas, Los Sierra, Los Pantera, Ciclones n Los Pelones n Sangre Zeta n Grupo Operativo Zetas, Comando Zetas, El Círculo y El Extranjero, Unidad Zetas, Néctar Lima, Grupo Delta Zeta n Los Negros n Fuerzas Especiales Zetas n Se ha dividido en meltiples células n Se ha dividido en meltiples células n Guerreros Unidos y o La Nueva Empresa (grupo desertor) n La Empresa n Los Tena (Fernando Cruz Mendoza) n Célula liderada por Homero González Rodríguez y o Gonzalo González “El Gallito” Grupo Los Viagra Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Disputa entre grupos por el control del tráico de heroína Cártel Independiente de Cancún (en construcción) Disputa entre grupos de la delincuencia organizada n Células desprendidas del desmantelamiento de Los Caballeros Templarios n Los Cuinis (operadores inancieros) n Los Mata-Zetas (principal brazo armado) n Guerreros Unidos n Los Rojos n Existe un con icto por el control terriorial entre Los Zetas, el cártel del Golfo y Cártel Jalisco Nueva Generación n Células de: Los Caballeros Templarios, Cártel Jalisco Nueva Generación y cártel de Sinaloa o Pacíico n n n n Quintana Roo Veracruz Coahuila y Nuevo León Tamaulipas n n n n n Guanajuato Tabasco, Quintana Roo y Tamaulipas Baja California Chihuahua (Ciudad Juárez) Morelos, Guerrero y Estado de México n Estado de México y Morelos n Colima n Michoacán (Aquila, Coahuayana y Coalcomán de Vázquez Pallares) n Michoacán (Tumbiscatío y Apatzingán) n Guerrero, Estado de México y Guanajuato como área de in uencia n Michoacán n Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México n Guerrero n Quintana Roo n Colima F : elaboración CASEDE con base en la solicitud de información de la Procuraduría General de la Repeblica, folio 0001700155116 Antonio Luigi Mazzitelli, “¿Maias en México?”, supra Cuadro 1, p. 33. Jorge Monroy y Arelí Quintero, “Osorio ignora informes de la PGR sobre el CJNG”, El Economista, 13 de mayo de 2015 Stratfor, “The Geography of Mexican Drug Cartels”, en: https: .stratfor.com image geography-mexicandrug-cartels Ignacio Alzaga, “PGR no tiene registro de cárteles en el DF”, Milenio, 4 de noviembre de 2015, en: http: .milenio.com policia PGR-registro-carteles-DF-grupos-celulas-pandillas-crimen-organizado-narcotraico 0 622137801.html . 377 Combate a la Delincuencia Organizada Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 378 Cuadro 68. Entidades federativas con mayor porcentaje de armas aseguradas 2013-2016 2013 Entidad federativa Porcentaje Armas Entidad federativa 2015 Porcentaje Armas 2016 Entidad federativa Porcentaje Armas Entidad federativa Porcentaje Armas Michoacán 24 Sinaloa 30 Tamaulipas 34 Tamaulipas 52 Estado de México 21 Michoacán 14 Guerrero 14 Guerrero 25 Tamaulipas 19 Sonora 13 Jalisco 14 Ciudad de México 4 Chiapas 15 Estado de México 12 Sinaloa 10 Michoacán 3 San Luis Potosí 8 Tamaulipas 11 Sonora 8 Sonora 2 Coahuila 3 Chihuahua 5 Distrito Federal 6 Jalisco 2 Morelos 3 Baja California 3 Estado de México 3 Tabasco 2 Sonora 3 Distrito Federal 2 Michoacán 3 Veracruz 2 Zacatecas 2 Nuevo León 2 Nuevo León 3 Zacatecas 2 Distrito Federal 1 Guerrero 2 Coahuila 2 Sinaloa 1 Sinaloa 1 Querétaro 2 Chihuahua 1 Estado de México 1 Veracruz 2 Morelos 1 Total F 2014 100% Guanajuato 1 Puebla 0 100% ucatán Puebla 0 0 Guanajuato 0 Baja California 0 100% : elaboración CASEDE. Con base en el Cuarto Informe de Labores, Procuraduría General de la Repeblica, 2015-2016. 100% Cuadro 69. Armas provenientes de Estados Unidos por estado de origen 2009-2014 Estado Porcentaje Texas 41.3 California 18.6 Arizona 14.6 Otros estados 13.3 Florida, 12.3 ashington, Nevada, Colorado, Nuevo Mexico, O lahoma, Illinois Total 100.0 F : United States Accountability Ofice, Report to Congressional Requesters, “Firearms Trafic ing. U.S. Efforts to Combat Firearms Trafic ing to Mexico Have Improved, but Some Collaboration Challenges Remain”, GAO-16-223, enero de 2016. Cuadro 70. Prevalencia en el consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato en México 2014 Estupefaciente Alguna vez % Último año % Último mes % Anfetaminas 2.5 1.8 0.9 Tranquilizantes 3.7 2.6 1.3 10.6 7.6 3.9 3.3 1.7 0.9 1.6 n.d. n.d. Alucinógenos 1.9 1.2 0.6 Inhalables 5.8 3.6 1.9 Metanfetaminas 2.0 1.3 0.7 Heroína 0.9 0.5 0.3 Cualquier droga 17.2 12.2 6.7 Drogas médicas 5.8 3.9 2.0 Drogas ilegales 14.5 10.1 5.6 Marihuana Cocaína Crac 1 F : Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, Secretaría de Salud, 2014. 1 Sólo se obtuvo la prevalencia total. n.d. No disponible. 379 Combate a la Delincuencia Organizada Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 380 Cuadro 71. Porcentaje de personas de 12 años o más en Estados Unidos que presentan dependencia o abuso de sustancias especíicas en el eltimo año, 2002-2014 Dependencia o abuso en el último año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3 2.9 3 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 2.8 2.6 2.7 Marihuana y Hachís 1.8 1.8 1.9 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8 1.6 1.7 1.6 1.6 Cocaína 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 Heroína 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 Alucinógenos 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 Inhalantes 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 Psicoterapéuticos no recetados1 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 Pain Relievers 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 Tranquilizantes 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Estimulantes 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 Sedantes 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 Drogas ilícitas y alcohol 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 Drogas ilícitas F : elaboración CASEDE, con base en Behavioral Health Trends in the United States: Results from the 2014 National Survey on Drug Use and Health, Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), 2015. 1 Las estimaciones en este rubro no incluyen datos de las nuevas categorías de metanfetamina añadidas en 2005 y 2006. Nota: Los datos se presentan en porcentajes debido a que tienen en cuenta los cambios en el tamaño de la población total y facilitan la comparación y estimaciones de un año a otro. Cuadro 72. Prevalencia anual en el uso de cannabis, opiáceos y opioides, cocaína, anfetaminas y éxtasis por región en el Continente Americano 2016 Cannabis Región Centroamérica Miles de personas Opioides Prevalencia Miles de (porcentaje) personas Opiáceos Prevalencia Miles de (porcentaje) personas 810 2.9 40 0.2 20 Norteamérica 38,590 12.1 12,300 3.9 1,590 Continente Americano 48,970 7.5 13,350 2.0 2,090 F : elaboración CASEDE, con base en “Anexo Estadístico”, Prevalencia Miles de (porcentaje) personas 0.07 Anfetaminas y estimulantes Cocaína Prevalencia Miles de (porcentaje) personas Éxtasis Prevalencia Miles de (porcentaje) personas Prevalencia (porcentaje) 170 0.6 240 0.9 30 0.1 0.5 5,140 1.6 4,560 1.4 2,490 0.7 0.3 9,710 1.5 7,600 1.2 3,080 0.4 orld Drug Report, Organización de las Naciones Unidas, 2016. Cuadro 73. Promedio de precio y pureza de drogas en Estados Unidos, 1990-2012 Dólares corrientes Cocaína Años Precio por gramo 1 Crack Pureza % Precio por gramo 2 Heroína Pureza % Precio por gramo 2 Metanfetaminas Pureza % Precio por gramo 3 Marihuana Pureza % Precio por gramo 3 Pureza % 1990 287 57 283 83 1,596 23 663 40 34 n.d. 1991 225 67 216 87 1,499 28 700 39 38 n.d. 1992 210 66 217 84 1,237 37 462 49 35 n.d. 1993 205 67 202 83 909 38 383 56 32 n.d. 1994 183 67 178 83 901 40 302 74 28 n.d. 1995 198 64 191 78 825 42 443 54 21 n.d. 1996 181 69 176 77 781 37 396 52 20 n.d. 1997 180 67 203 74 725 41 326 59 19 n.d. 1998 173 69 168 76 630 42 462 42 17 n.d. 1999 179 63 196 72 622 40 380 44 19 n.d. 2000 206 58 214 67 611 39 330 54 18 n.d. 2001 192 58 192 67 581 37 332 57 20 n.d. 2002 160 66 181 70 552 38 284 67 23 n.d. 2003 165 65 165 73 556 35 274 70 25 n.d. 2004 143 69 153 77 577 31 262 67 23 n.d. 2005 133 68 140 77 530 33 209 77 22 n.d. 2006 121 73 134 77 535 30 304 53 23 n.d. 2007 137 62 144 73 482 33 285 55 24 n.d. 2008 183 51 172 64 476 33 327 57 24 n.d. 2009 190 44 188 62 523 30 273 72 21 n.d. 2010 173 47 194 61 595 23 229 84 23 n.d. 2011 172 47 190 62 534 26 184 89 21 n.d. 2012 186 44 205 57 465 31 194 91 18 n.d. F : Data Supplement 2015, National Drug Control Strategy, Executive Ofice of the President of the United States. Precio de venta al menudeo por compra de dos gramos o menos. 2 Precio de venta al menudeo por compra de un gramo o menos. 3 Precio de venta al menudeo por compra de diez gramos o menos. n.d. No disponible. 1 Cuadro 74. Valor del mercado negro en México 2014 Millones de dólares Tráico de drogas 40,000 Tráico de personas 7,500 Contrabando de petróleo y gas 3,000 Vestido, calzado y accesorios 2,061 Enseres para limpieza del hogar 512 Cosméticos, lociones y perfumes 168 Bebidas alcohólicas y tabaco 137 Productos farmacéuticos 73 Libros, audiocassetes, discos y discos compactos 38 F : Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), “Piratería. Entendiendo el mercado sombra en México”, México, 2015 Havocscope, Black Market Crime in Mexico, en: ttp: .havocscope.com tag mexico . Nota: Para calcular las cantidades, CIDAC obtuvo las probabilidades de comprar piratería en los canales especíicos de venta mediante las respuestas de los encuestados de la Encuesta Nacional de Consumo de Piratería 2014 (respuesta a la pregunta: “¿Dónde comenmente compra más estos productos (pirata)?”). 381 Combate a la Delincuencia Organizada Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 382 Cuadro 75. Estudiantes por entidad federativa que requieren apoyo o tratamiento debido al consumo de drogas 2014 Entidad federativa Estudiantes Cuadro 76. Estudiantes por entidad federativa que requieren apoyo o tratamiento debido al consumo de drogas, por sexo 2014 Hombres Mujeres Aguascalientes 8,192 Entidad federativa Aguascalientes 4,426 3,766 Baja California 15,776 7,065 Baja California 8,712 Baja California Sur 3,244 Baja California Sur 1,476 1,768 Campeche 3,769 Campeche 2,173 1,596 Chiapas 17,081 Chiapas 10,937 6,143 Chihuahua 24,831 Chihuahua 14,259 10,571 Coahuila 14,547 Coahuila 8,204 6,342 Colima Distrito Federal Durango Estado de México 3,507 101,412 8,661 139,252 Colima Distrito Federal Durango 1,805 1,702 51,672 49,740 5,730 2,930 Estado de México 75,587 63,664 Guanajuato 36,963 Guanajuato 19,616 17,348 Guerrero 21,569 Guerrero 13,464 8,105 Hidalgo 16,091 Hidalgo 10,437 5,654 Jalisco 51,211 Jalisco 29,623 21,588 Michoacán 19,222 Michoacán 9,735 9,486 Morelos 13,550 Morelos 6,482 7,069 5,470 Nayarit Nayarit 3,383 2,088 Nuevo León 22,594 Nuevo León 11,122 11,472 Oaxaca 18,796 Oaxaca 11,429 7,367 Puebla 32,708 Puebla 19,633 13,075 Querétaro 13,477 Querétaro 8,169 5,309 Quintana Roo 10,514 Quintana Roo 6,595 3,919 San Luis Potosí 17,063 San Luis Potosí 8,795 8,268 Sinaloa 7,510 Sinaloa 4,907 2,603 Sonora 13,037 Sonora 7,747 5,289 Tabasco 7,657 Tabasco 4,477 3,180 Tamaulipas 13,661 Tamaulipas 7,426 6,235 Tlaxcala 5,289 Tlaxcala 3,214 2,076 Veracruz 31,030 Veracruz 19,622 11,408 2,429 ucatán 9,416 ucatán 6,987 Zacatecas 6,865 Zacatecas 3,898 2,967 Nacional 713,963 Nacional 401,741 312,223 F : elaboración CASEDE, con base en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, Secretaría de Salud, 2014. F : elaboración CASEDE, con base en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, Secretaría de Salud, 2014. Cuadro 77. Estudiantes por entidad federativa que requieren apoyo o tratamiento debido al consumo de drogas, por nivel educativo 2014 Entidad federativa Secundaria Bachillerato Aguascalientes 4,005 4,187 Baja California 5,855 9,921 Baja California Sur 1,119 2,125 Campeche 1,874 1,895 Chiapas 8,379 8,702 Chihuahua 8,775 16,055 Coahuila 7,525 7,022 Colima Distrito Federal Durango 1,489 2,018 40,819 60,594 2,053 6,608 Estado de México 54,426 84,826 Guanajuato 17,575 19,388 Guerrero 12,933 8,636 Hidalgo 4,596 11,495 Jalisco 26,584 24,627 Michoacán 9,891 9,331 Morelos 5,585 7,965 Nayarit 2,253 3,218 Nuevo León 9,233 13,360 Oaxaca 8,847 9,949 Puebla 13,338 19,370 4,942 8,536 Querétaro Quintana Roo 3,508 7,006 San Luis Potosí 8,430 8,633 Sinaloa 2,286 5,223 Sonora 5,046 7,990 Tabasco 4,104 3,553 Tamaulipas 6,525 7,135 Tlaxcala 2,546 2,743 Veracruz 17,496 13,534 6,068 ucatán 3,347 Zacatecas 2,900 3,965 Nacional 308,285 405,678 F : elaboración CASEDE, con base en Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, Secretaría de Salud, 2014. 383 Combate a la Delincuencia Organizada Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 384 Cuadro 78. Consumo de drogas “alguna vez”, por rango etario 2014 Menor o igual a 13 14 15 16 17 18 Mayor o igual a 19 Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Sustancia Anfetaminas 1.7 2.7 3.1 3.6 2.9 4.6 4.7 Tranquilizantes 2.3 4.1 4.7 4.7 5.7 6.8 7.3 Marihuana 3.9 10.7 13.7 17.8 21.3 28.9 29.1 Cocaína 1.6 3.5 4.1 4.7 5.4 8.2 12.3 0.8 1.9 2.1 2.0 2.4 3.8 5.1 Alucinógenos 0.7 1.8 2.5 3.2 3.7 5.8 6.3 Inhalables 4.0 7.9 6.8 7.1 6.2 8.6 10.2 Metanfetaminas 0.8 2.2 2.5 3.0 3.6 5.5 5.9 Heroína 0.7 1.0 1.0 0.9 0.7 1.5 1.0 Cualquier droga 9.4 18.8 21.3 24.8 27.8 35.6 37.2 Drogas médicas 3.7 6.3 7.0 7.7 8.0 10.3 11.2 Drogas ilegales 7.3 15.7 18.1 21.7 24.5 31.9 33.1 Crac 1 F : elaboración CASEDE, con base en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, Secretaría de Salud, 2014. Sólo se obtuvo la prevalencia total. 1 Cuadro 79. Relación entre consumo de drogas “alguna vez” y tiempo dedicado al estudio 2014 Sustancia No estudió Porcentaje Medio tiempo Porcentaje Tiempo completo Porcentaje Anfetaminas 4.3 3.1 2.3 Tranquilizantes 5.2 4.1 3.6 Marihuana 19.4 11.5 9.9 Cocaína 8.0 4.3 2.8 4.1 2.3 1.3 Alucinógenos 4.5 2.1 1.7 Inhalables 9.1 6.8 5.5 Metanfetaminas 4.9 2.3 1.8 Heroína 1.6 1.2 0.7 Cualquier droga 26.0 18.7 16.4 Drogas médicas 8.6 6.7 5.4 Drogas ilegales 23.4 15.8 13.7 Crac 1 F : elaboración CASEDE, con base en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, Secretaría de Salud, 2014. 1 Sólo se obtuvo la prevalencia total. Cuadro 80. Edad de inicio de consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato 2014 Entidad federativa Menor o igual a 10 11-12 13-14 Mayor o igual a 15 Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Aguascalientes 10.3 23.8 43.7 22.3 Baja California 11.7 21.0 34.8 32.6 8.1 19.6 40.8 31.5 Campeche 11.8 19.3 39.2 29.7 Chiapas 12.9 25.2 32.1 29.7 Chihuahua 12.2 22.0 36.3 29.6 Coahuila 11.2 23.7 34.4 30.7 Baja California Sur Colima 9.7 22.5 37.7 30.1 Distrito Federal 8.0 19.2 40.4 32.4 31.1 Durango Estado de México Guanajuato 9.1 19.0 40.8 11.8 28.1 39.1 21.0 9.6 25.8 36.0 28.6 Guerrero 13.2 28.3 35.2 23.2 Hidalgo 11.4 20.4 35.1 33.1 Jalisco 12.0 25.5 36.7 25.8 Michoacán 12.5 22.8 38.3 26.4 Morelos 14.0 22.1 34.2 29.7 Nayarit 11.8 24.7 38.7 24.9 Nuevo León 12.0 18.2 31.9 38.0 Oaxaca 17.3 17.9 39.4 25.4 Puebla 13.1 20.1 33.8 33.1 9.6 22.5 37.8 30.1 Querétaro Quintana Roo 13.8 21.4 30.0 34.8 San Luis Potosí 10.2 20.8 41.4 27.6 Sinaloa 17.0 15.1 27.6 40.3 Sonora 5.3 18.6 41.8 34.3 Tabasco 17.3 22.8 33.6 26.2 Tamaulipas 15.9 25.3 34.5 24.2 Tlaxcala 12.0 21.0 35.4 31.6 Veracruz 16.6 30.1 36.7 16.6 34.0 ucatán 10.7 23.2 32.1 Zacatecas 13.3 17.9 39.3 29.6 Nacional 11.7 23.3 37.1 27.8 F : eaboración CASEDE, con base en Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, Secretaría de Salud, 2014. 385 Combate a la Delincuencia Organizada Derechos Humanos L E y la violencia criminal se han convertido en los principales factores que inciden sobre el endeble estado de los derechos humanos en el país. En el ámbito de la seguridad y defensa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las instituciones de seguridad peblica son entre las que reciben la mayor cantidad de quejas por violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Cabe señalar que en el contexto del combate a la delincuencia organizada se incrementaron las violaciones graves a los derechos humanos, entre las cuales se encuentran la tortura, los tratos crueles y o degradantes y la desaparición cometida por particulares, así como la desaparición forzada. En este rubro, además de la responsabilidad de agentes del Estado, el involucramiento de grupos de la delincuencia organizada ha sido importante, aunque todavía no se cuenta con el instrumental estadístico preciso para determinar qué tanto. Lo que sí Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 388 se sabe es que violaciones graves como la detención arbitraria y los tratos crueles y o degradantes se incrementaron de forma alarmante entre 2008 y 2012. Este escenario es el que afecta más a la sociedad, debido a que se encuentra entre dos fuerzas con capacidad para utilizar la violencia armada, además de tener pocos asideros prácticos para hacer efectivo el respeto por los derechos humanos establecido en el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, las violaciones de derechos humanos impactan directamente sobre el Estado de derecho, la cultura de la legalidad, el desarrollo del capital social, y en términos generales, sobre la posibilidad de desarrollar una sociedad más participativa en la vida peblica, más cohesionada y con mayor conianza en las instituciones del Estado. En este apartado se realiza una revisión sobre el estado de los derechos humanos en el país, tomando como referencia temas como las denuncias, quejas y recomendaciones emitidas por la CNDH, las violaciones graves, los registros de desapariciones por género, entre otras. Se establece por una parte cuál es la dimensión del problema de violaciones a derechos humanos en el país y, por la otra, la participación de las instituciones del Estado tanto para la incidencia como para la respuesta frente al problema. Esto se retroalimenta negativamente por la impunidad con la que actean algunos funcionarios del gobierno. Se considera además el tema de la libertad de expresión, el cual en los eltimos tres años ha sido declarado por Freedom House como uno de los países en el mundo más peligroso para ejercer el periodismo. Se trata de un derecho humano que permea toda la vida política, social y cultural de una sociedad. En este escenario los periodistas son los más vulnerables, ya que por un lado son los primeros en tener contacto con los hechos que moldean la realidad para convertirlos, después, en insumo de información para la sociedad. Por otro lado, no cuentan con las condiciones laborales adecuadas para desarrollar un periodismo con altos niveles éticos y profesionales. En este sector, los periodistas independientes son los que enfrentan los mayores riesgos. La defensa de los derechos humanos tiene implicaciones directas para lograr disminuir los niveles de impunidad y corrupción que afectan estructuralmente la vida política, económica y social del país. Cuadro 81. Las 10 principales autoridades señaladas en los registros de quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2000-2015 Autoridades 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 60 67 68 518 101 223 1,187 198 n.d. n.d. 229 262 1,012 432 n.d. 316 Semar n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 495 418 385 374 378 ISSSTE n.d. 55 60 127 128 217 202 270 256 206 343 583 700 536 538 705 50 n.d. 52 121 195 201 n.d. 311 237 289 343 656 852 599 530 548 Policía Federal n.d. 87 60 84 74 n.d. 146 136 284 197 595 767 802 619 580 783 PGR 231 342 293 586 671 675 516 671 769 680 537 769 742 735 487 761 OAD PRS Segob n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 514 226 220 216 240 480 799 934 1,292 1,177 1,308 INM 58 50 51 115 107 419 274 335 258 240 389 1,301 482 454 450 688 IMSS 123 163 224 440 481 803 794 1,015 1,007 701 1,083 1,668 1,876 1,660 1,542 2,185 Sedena 116 114 105 180 143 186 182 367 1,230 1,791 1,415 1,695 1,503 811 642 622 CFE SEP Derechos Humanos F : Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2011-2015. n.d. No disponible. CFE: Comisión Federal de Electricidad. Semar: Secretaría de Marina. ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SEP: Secretaría de Educación Peblica. PGR: Procuraduría General de la Repeblica. OAD PRS Segob: Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. INM: Instituto Nacional de Migración. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. Sedena: Secretaría de la Defensa Nacional. 389 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 390 Cuadro 82. Quejas de civiles y militares contra la Secretaría de la Defensa Nacional, segen el estado de su trámite 2012-2016 Tipo de quejas y estado Quejoso civil 2012 2013 2014 2015 2016 Total 66 753 508 510 381 2,218 8 83 62 55 62 270 Quejoso militar Quejas en trámite 0 17 30 76 240 363 Quejas concluidas 74 819 540 489 203 2,125 Total de quejas 74 836 570 565 443 2,488 F : Dirección General de Derechos Humanos, “Quejas y Recomendaciones, Gráicas de quejas”, Secretaría de la Defensa Nacional, en: http: .gob.mx cms uploads attachment ile 170827 GRAFICA_QUEJAS04122016.pdf . Nota: Datos de diciembre de 2012 al 3 de diciembre de 2016. Cuadro 83. Expedientes de quejas registrados en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos segen el estado de su trámite 2000-2015 Año En trámite del año anterior Registrados durante el año Concluidos 2000 1,219 4,473 5,123 2001 569 3,626 3,461 2002 734 3,184 3,365 2003 553 3,518 3,342 2004 729 3,914 3,800 2005 843 5,294 4,717 2006 1,420 5,475 5,604 2007 1,291 5,244 4,993 2008 1,542 6,004 5,926 2009 1,620 6,083 6,026 2010 1,677 6,916 6,384 2011 2,209 10,392 8,747 2012 3,854 11,011 10,237 2013 4,628 9,008 9,806 2014 3,830 8,455 7,022 2015 5,263 9,980 10,157 Cuadro 84. Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2000-2015 Año F : Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2000-2015. Número de recomendaciones 2000 26 2001 38 2002 49 2003 52 2004 92 2005 51 2006 46 2007 70 2008 67 2009 78 2010 86 2011 95 2012 93 2013 86 2014 55 20151 59 F : Informe de Actividades de la Comisón Nacional de los Derechos Humanos, 2000-2015. 1 Se emitieron 59 recomendaciones y una por violaciones graves, la cual fue dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad. Cuadro 85. Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia autoridades e instituciones de Seguridad, Defensa y Justicia 2000-2015 Autoridades e instituciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Secretaría de la Defensa Nacional 2 0 0 1 0 0 0 6 14 30 22 25 15 3 1 2 121 Secretaría de Marina 0 0 0 0 3 2 1 1 2 1 6 6 6 7 1 0 36 Sistema de Justicia Militar 1 1 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Secretaría de Seguridad Peblica 0 2 2 1 1 2 8 4 5 3 8 15 9 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 7 35 Policía Federal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Procuraduría General de la Repeblica 3 5 2 0 0 1 4 1 4 8 2 6 3 5 4 3 51 Secretaría de Gobernación 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 5 Centro de Investigación y Seguridad Nacional 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012 2013 1 Comisión Nacional de Seguridad 2 F : Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2000-2015. La Comisión Nacional de Seguridad asume las funciones de la Secretaría de Seguridad Peblica a partir de 2013. 2 Entre 2001 y 2009 la Policía Federal tenía el nombre de Policía Federal Preventiva. 1 Cuadro 86. Selección de violaciones graves a los derechos humanos. Quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2000-2015 Violaciones graves Retención ilegal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 Derechos Humanos 65 129 75 73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 320 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Empleo arbitrario de la fuerza peblica 0 0 0 0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 327 466 481 n.d. n.d. n.d. n.d. Cateos y visitas domiciliarias ilegales 145 175 150 213 234 230 234 397 580 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9 9 19 13 5 2 6 4 21 33 10 42 20 4 3 n.d. 227 193 206 298 357 347 322 432 1,060 1,289 1,197 1,744 1,720 1,217 1,055 n.d. Trato cruel y o degradante 211 208 177 206 268 271 330 395 987 1,105 1,170 1,626 1,642 1,078 741 n.d. Violación a los derechos de los migrantes n.d. n.d. n.d. n.d. 89 433 186 388 311 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Tortura Detención arbitraria F : Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2000-2015. n.d. No disponible. 391 392 Cuadro 87. Selección de violaciones graves a los derechos humanos. Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2000-2015 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Retención ilegal 2 1 1 1 1 2 2 4 3 13 3 14 8 10 4 n.d. Empleo arbitrario de la fuerza peblica 1 0 1 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 5 3 n.d. Cateos y visitas domiciliarias ilegales 1 1 0 0 0 2 4 1 6 0 0 0 0 0 0 n.d. Tortura 1 1 1 1 1 0 3 1 10 7 11 9 11 13 2 n.d. Detención arbitraria 1 2 2 2 1 3 4 6 10 24 21 19 22 15 4 n.d. Trato cruel y o degradante 1 3 1 1 4 3 11 10 8 23 24 26 22 18 13 n.d. Desaparición forzada o involuntaria de personas 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 3 5 0 1 n.d. F : Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2000-2015. n.d. No disponible. Cuadro 88. Homicidios de periodistas 2000-20161 Fuente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CNDH 4 4 3 1 5 4 10 4 10 12 9 9 7 4 2 2 2 92 FEADLE 4 4 3 1 5 4 10 4 10 12 13 11 11 8 2 1 1 104 F : Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, 2016. Los datos corresponden al periodo de enero de 2000 al 31 de octubre de 2016. CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. FEADLE: Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. 1 Total Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Violaciones graves Cuadro 89. Homicidios de periodistas por entidad federativa y año 2000-20161 Entidad federativa Derechos Humanos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Baja California 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chiapas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chihuahua 1 2 0 0 0 0 1 0 3 2 2 1 3 1 0 0 0 16 Ciudad de México 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 Coahuila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 Durango 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 Estado de México 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 Guerrero 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 4 0 0 0 0 0 1 12 Jalisco 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Michoacán 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 Morelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Nuevo León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Oaxaca 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 6 Puebla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Sinaloa 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 7 Sonora 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 Tabasco 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tamaulipas 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 13 Veracruz 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 3 5 0 1 1 0 16 Total 4 4 3 1 5 4 10 4 10 12 13 11 11 8 2 1 1 104 F : Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, 2016. Los datos corresponden al periodo de enero de 2000 al 31 de octubre de 2016. 1 393 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 394 Cuadro 90. Homicidios de periodistas por región 2000-20161 Número de homicidios Región Entidades federativas Noreste Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas 23 Noroeste Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora 27 Occidente Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro 6 Centro Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 11 Sureste Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y ucatán 37 Total 104 F : Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, 2016. 1 Los datos corresponden al periodo de 2000 al 31 de octubre de 2016. Cuadro 91. Averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos en agravio de medios de comunicación 2010-20161 Entidad federativa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Chihuahua 0 0 1 2 0 0 0 Coahuila 0 0 0 3 0 0 0 Ciudad de México 0 0 0 0 0 1 0 Estado de México 0 0 0 0 0 1 0 Jalisco 0 0 0 1 0 0 0 Nuevo León 0 0 5 0 0 0 0 Quintana Roo 0 0 0 1 0 0 0 Tabasco 1 0 0 0 0 0 0 Tamaulipas 0 0 1 0 0 2 0 Veracruz 0 1 0 0 0 1 0 2 F : Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, 2016. 1 Los datos corresponden al periodo del 5 de octubre de 2010 al 31 de octubre de 2016. 2 Corresponden a actas circunstanciadas. Cuadro 92. Averiguaciones previas relacionadas con delitos contra periodistas, desglose por delito 2010-2016 1 Delito Abuso de autoridad Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática Allanamiento de morada Amenazas Ataque a las vías generales de comunicación 2012 2013 2014 2015 2016 11 31 18 26 32 18 2 0 1 2 3 2 1 0 0 0 0 2 3 1 0 11 45 45 66 67 64 12 0 0 2 1 1 0 0 Contra el honor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Daño en propiedad ajena 2 5 5 16 5 6 1 Delincuencia organizada 0 0 0 0 1 1 0 Denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito 0 0 0 0 2 0 0 Ejercicio indebido del servidor peblico 0 0 0 1 0 0 0 Enriquecimiento ilícito 0 1 0 0 0 0 0 Extorsión 0 0 0 0 1 0 0 Falsedad en declaraciones 2 0 1 0 0 0 0 Falsiicación de documentos 0 0 1 0 1 0 0 Homicidio 4 13 12 15 2 8 2 Intervención de comunicación privada 0 0 1 0 0 1 0 Intimidación 0 2 0 0 0 0 0 Lesiones 2 12 9 11 15 9 0 Ley General de Bienes Nacionales 0 0 0 0 10 0 0 Privación ilegal de la libertad 1 9 14 17 3 7 1 Robo 4 5 6 18 11 10 1 Secuestro 0 1 0 0 4 2 0 Tentativa de daño en propiedad ajena 0 0 0 1 0 0 0 Tentativa de extorsión 0 0 0 0 1 0 0 Tentativa de homicidio 1 6 0 0 4 2 1 Tentativa de privación ilegal de la libertad 0 1 1 1 0 0 0 Tentativa de robo 0 0 0 0 1 0 0 Tentativa de secuestro 0 0 0 0 0 1 0 Tortura 0 0 0 0 0 0 1 Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 1 0 6 1 0 1 0 Violación a la Ley Federal de Derechos de Autor 1 2011 Contra la administración de justicia Total F 2010 1 0 1 1 1 0 0 41 132 124 180 168 132 21 : Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, 2016. Los datos corresponden al periodo del 5 de octubre de 2010 al 31 de octubre de 2016. 395 Derechos Humanos Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 396 Cuadro 93. Registro de periodistas desaparecidos 2000-20161 Fuente CNDH 2000 2 FEADLE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 4 1 5 3 1 1 0 23 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 5 2 6 3 3 0 1 0 25 F : Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, 2016. 1 Los datos corresponden al periodo de enero de 2000 al 31 de octubre de 2016. 2 Los datos correspondientes a la CNDH corresponden a los comunicados de prensa que dicha dependencia emite. 3 Se registró la desaparición de dos periodistas, quienes posteriormente fueron localizados. CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. FEADLE: Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Cuadro 94. Registro de periodistas desaparecidos por entidad federativa 2005-20161 Entidad federativa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Coahuila 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 Guerrero 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Michoacán 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 Nuevo León 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Sinaloa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Sonora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tabasco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tamaulipas 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 Veracruz 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 Zacatecas 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 Total 1 1 3 1 2 5 2 6 3 0 1 0 25 F : Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, 2016. Los datos corresponden al periodo de enero de 2005 al 31 de octubre de 2016. Nota: La autoridad judicial correspondiente inició los registros de periodistas desaparecidos a partir de enero de 2005. 1 Cuadro 95. Registro de periodistas desaparecidos por región 2005-20161 Número de desaparecidos Región del país Entidades federativas Noreste Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas Noroeste Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora 2 Occidente Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro 4 Centro Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 0 Sureste Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y ucatán 6 Total F : Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, 2016. Los datos corresponden al periodo de enero de 2005 al 31 de octubre de 2016. 1 13 25 Cuadro 96. Indagatorias instruidas por periodistas desaparecidos 2010-20161 Fuente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 1 2 6 3 0 1 0 13 FEADLE 2 F : Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, 2016. 1 Los datos corresponden al periodo del 5 de octubre de 2010 al 31 de octubre de 2016. 2 Se consideró la fecha de inicio de la investigación (Actas Circunstanciadas o averiguación previa). FEADLE: Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Cuadro 97. Inicios y determinaciones de averiguaciones previas instruidas por delitos cometidos 1 en agravio de periodistas y medios de comunicación 2010-2016 Averiguaciones previas Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Existencia anterior (rezago) 18 38 82 66 121 177 220 722 Iniciadas 41 131 124 179 167 116 21 779 Inicio por incompetencia interna 0 1 0 1 1 16 0 19 Reingresos 1 6 10 9 8 10 3 47 Total en trámite 60 176 216 255 297 319 244 1,567 Incompetencias 14 74 129 74 53 42 36 422 Consignaciones 7 16 14 18 17 21 9 102 Acumulaciones 0 2 4 31 9 10 1 57 No ejercicio de la acción penal 0 1 3 11 27 20 36 98 Reserva 0 0 0 0 2 4 16 22 Otros despachos (incompetencia a otras áreas de la PGR) 1 1 0 0 12 2 1 17 Total de despachos 22 94 150 134 120 99 99 718 Pendientes 38 82 66 121 177 220 145 849 2 F : Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, 2016. 1 Los datos corresponden al periodo del 5 de octubre de 2010 al 31 de octubre de 2016. 2 Cierre anual. PGR: Procuraduría General de la Repeblica. 397 Derechos Humanos Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 398 Cuadro 98. Inicios y determinaciones de actas circunstanciadas instruidas por delitos cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación 2010-20161 Actas circunstanciadas Concepto Existencia anterior (rezago) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 10 25 8 31 46 60 70 250 25 755 2 Total Iniciadas 34 58 94 168 198 178 Total en trámite 44 83 102 199 244 238 95 1,005 9 57 60 83 84 59 11 363 10 18 11 70 100 109 62 380 0 0 0 0 0 0 17 17 Total de despachos 19 75 71 153 184 168 90 760 Pendientes 25 8 31 46 60 70 5 245 Elevadas a acción penal Archivo Elevada a carpeta de investigación F : Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, 2016. Los datos corresponden al periodo del 5 de octubre de 2010 al 31 de octubre de 2016. 2 Modiicado por ajuste de la baja de una acta circunstanciada. 1 Cuadro 99. Solicitudes de periodistas para ingresar al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 Año Presentadas 1 Admitidas No admitidas 2012 4 3 1 2013 54 49 5 2014 73 45 28 2015 80 74 6 20162 44 40 4 Total 255 211 44 F : Informe Estadístico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretaría de Gobernación, octubre de 2016. 1 Los datos corresponden al periodo de octubre a diciembre. 2 Los datos corresponden al periodo de enero a octubre. Cuadro 100. Solicitudes admitidas al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por entidad federativa 2012-2016 Entidad federativa 2012 2013 2014 2015 2016 Aguascalientes 0 1 0 0 0 1 Baja California 1 2 3 2 1 9 Baja California Sur 0 0 2 0 1 3 Campeche 0 0 1 0 2 3 Chiapas 0 6 1 5 6 18 Chihuahua 3 6 2 3 1 15 Ciudad de México 1 26 11 19 13 70 Coahuila 3 3 1 2 4 13 Colima 0 0 1 1 0 2 Durango 0 1 0 0 0 1 Estado de México 1 9 2 4 6 22 Guanajuato 0 1 1 0 0 2 Guerrero 3 3 7 10 10 33 Hidalgo 0 3 1 0 0 4 Jalisco 2 4 1 4 0 11 Michoacán 1 3 4 2 2 12 Morelos 0 1 1 2 1 5 Nayarit 0 0 0 1 0 1 Nuevo León 0 0 0 1 2 3 Oaxaca 3 6 5 2 4 20 Puebla 0 0 2 4 2 8 Querétaro 0 0 0 4 4 8 Quintana Roo 0 2 0 5 1 8 San Luis Potosí 0 2 1 3 3 9 Sinaloa 0 2 0 2 2 6 Sonora 0 3 1 2 5 11 Tabasco 0 1 2 1 1 5 Tamaulipas 1 1 2 2 2 8 Tlaxcala 0 3 0 0 0 3 Veracruz 0 9 8 24 9 50 ucatán 0 0 2 2 0 4 Zacatecas 0 1 1 0 1 3 19 99 63 107 83 371 Total Total F : Informe Estadístico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretaría de Gobernación, octubre de 2016. 399 Derechos Humanos Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 400 Cuadro 101. Total de personas beneiciarias en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 Periodistas Año Hombres 1 Mujeres Defensores de Derechos Humanos Subtotal Hombres Mujeres Subtotal Total 2012 3 0 3 10 19 29 32 2013 48 30 78 79 57 136 214 2014 34 15 49 27 16 43 92 2015 49 27 76 41 49 90 166 2016 2 34 13 47 32 40 72 119 Total 168 85 253 189 181 370 623 F : Informe Estadístico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretaría de Gobernación, octubre de 2016. 1 Los datos corresponden al periodo de octubre a diciembre. 2 Los datos corresponden al periodo de enero a octubre. Nota: Los totales pueden no coincidir por errores en la fuente original. Cuadro 102. Periodistas beneiciarios por entidad federativa del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2016 1 Entidad federativa Cuadro 103. Personas defensoras de Derechos Humanos beneiciarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2016 1 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Aguascalientes 1 1 2 Entidad federativa Aguascalientes 0 0 0 Baja California 1 2 3 Baja California 1 3 4 Baja California Sur 2 1 3 Baja California Sur 1 0 1 Campeche 2 0 2 Campeche 0 2 2 Chiapas 2 0 2 Chiapas 16 3 19 Chihuahua 10 9 19 Ciudad de México 32 39 71 Chihuahua 2 1 3 25 14 39 Coahuila 6 2 8 Coahuila 5 5 10 Colima 1 1 2 Colima 7 5 12 Durango 0 0 0 Durango Estado de México 5 3 8 Estado de México Guanajuato Ciudad de México Guanajuato 0 0 0 25 12 37 0 1 1 2 2 4 Guerrero 10 4 14 Guerrero 11 11 22 Hidalgo 0 0 0 Hidalgo 1 1 2 Jalisco 0 1 1 Jalisco 3 3 6 Michoacán 5 3 8 Michoacán 8 17 25 Morelos 1 0 1 Morelos 4 1 5 Nayarit 0 0 0 Nayarit 0 0 0 Nuevo León 1 0 1 Nuevo León Oaxaca 6 1 7 Oaxaca 0 1 1 14 9 23 Puebla 2 3 5 Puebla 2 0 2 Querétaro 2 0 2 Querétaro 3 11 14 Quintana Roo 2 1 3 Quintana Roo 3 3 6 San Luis Potosí 1 1 2 San Luis Potosí 2 1 3 Sinaloa 1 1 2 Sinaloa 1 4 5 Sonora 3 0 3 Sonora 9 4 13 Tabasco 4 0 4 Tabasco 4 0 4 Tamaulipas 9 1 10 Tamaulipas 2 0 2 Tlaxcala 1 0 1 Tlaxcala 0 0 0 Veracruz 19 12 31 Veracruz 3 9 12 ucatán 4 0 4 ucatán 0 0 0 Zacatecas Zacatecas Total 7 2 9 125 56 181 F : Informe Estadístico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretaría de Gobernación, octubre de 2016. 1 Los datos corresponden al periodo de 2012 al 31 de octubre de 2016. Total 0 2 2 169 157 326 F : Informe Estadístico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretaría de Gobernación, octubre de 2016. 1 Los datos corresponden al periodo de 2012 al 31 de octubre de 2016. 401 Derechos Humanos Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 402 Cuadro 104. Probables agresores de los beneiciarios del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 Periodistas Servidores públicos Año 1 Particulares Personas defensoras de Derechos Humanos No identiicado Total Servidores públicos Particulares No identiicado Total 3 1 0 4 8 10 4 22 2013 24 17 13 54 32 15 17 64 2014 20 16 7 43 10 4 5 19 2012 2015 31 36 41 108 17 16 24 57 2 12 13 19 44 10 19 21 50 Total 90 83 80 253 77 64 71 212 2016 F : Informe Estadístico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretaría de Gobernación, octubre de 2016. 1 Los datos corresponden al periodo de octubre a diciembre. 2 Los datos corresponden al periodo de enero a octubre. Cuadro 105. Tipo de agresiones a los beneiciarios del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 Agresiones a periodistas Secuestro/ privación de 1 la libertad Año 2 Agresión física Amenaza Agresiones a personas defensoras de Derechos Humanos Total Secuestro/ privación de la libertad Agresión física Amenaza Total 2012 1 1 3 5 1 5 15 21 2013 3 18 38 59 3 15 44 62 2014 1 19 26 46 0 6 15 21 2015 2 21 62 85 1 6 25 32 3 1 6 26 33 0 3 36 99 Total 8 65 155 228 5 35 135 235 2016 F : Informe Estadístico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretaría de Gobernación, octubre de 2016. 1 Secuestro o privación ilegal de la libertad que sufrió una persona beneiciaria anteriormente e hizo referencia al hecho al solicitar su incorporación. 2 Los datos corresponden al periodo de octubre a diciembre. 3 Los datos corresponden al periodo de enero a octubre. Nota: Los totales pueden no coincidir por errores en la fuente original. Cuadro 106. Medidas cautelares emitidas por institución u organismo en el marco del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 Periodistas Año Personas defensoras de Derechos Humanos CIDH CNDH CEDH PGR Otros Total CIDH CNDH CEDH PGR Otros Total 2012 0 0 0 0 2 2 4 3 0 1 5 13 2013 2 1 0 0 4 7 5 4 3 2 6 20 2014 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2015 0 1 1 3 16 21 0 0 1 1 2 4 20162 0 0 1 2 10 13 0 0 0 2 4 6 Total 2 2 2 8 32 46 9 7 4 7 17 44 1 F : Informe Estadístico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretaría de Gobernación, octubre de 2016. 1 Los datos corresponden al periodo de octubre a diciembre. 2 Los datos corresponden al periodo de enero a octubre. CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. CEDH: La fuente original no especiica el signiicado de las siglas. PGR: Procuraduría General de la Repeblica. 403 Derechos Humanos 404 Cuadro 107. Primeras medidas de protección a periodistas beneiciarios del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 Escolta Infraestructura Bienes físicos Telecomunicaciones Botón de pánico Patrullajes 2012 2 0 n.a. n.a. n.a. 2013 9 n.a. n.a. 2014 7 52 12 2015 10 44 19 2016 3 4 12 5 Total 30 108 36 Gestiones Directorios Manuales de autoprotección Presentación de denuncias Medidas de prevención Otras 1 Total n.a. 1 3 3 1 0 0 1 9 n.a. n.a. 22 8 22 12 3 5 54 135 6 128 22 2 25 11 3 3 34 305 10 68 18 6 44 32 0 1 39 291 0 21 7 6 4 8 1 2 11 81 16 217 70 25 98 64 7 11 133 821 F Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Año : Informe Estadístico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretaría de Gobernación, octubre de 2016. Incluye solicitudes de información sobre los avances en las averiguaciones previas, comunicación sobre la incorporación de las personas beneiciarias al Mecanismo, solicitudes de reuniones entre diversas autoridades, solicitudes de gestiones a diversas autoridades, entre otras. 2 Los datos corresponden al periodo de octubre a diciembre. 3 Los datos corresponden al periodo de enero a octubre. Nota: Los totales pueden no coincidir por errores en la fuente original. n.a. No aplica. 1 Cuadro 108. Primeras medidas de protección a personas defensoras de Derechos Humanos beneiciarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016 Año Escolta Telecomunicaciones Botón de pánico Patrullaje Gestiones Directorios Manuales de autoprotección Presentación de denuncias Medidas de prevención Otras 1 Total 11 n.a. n.a. n.a. n.a. 9 1 8 9 4 0 12 54 2013 21 n.a. n.a. n.a. n.a. 32 11 27 12 4 9 62 178 2014 14 62 25 23 166 3 3 14 5 1 2 20 338 2015 25 52 41 69 113 13 0 24 4 1 1 41 384 3 13 8 0 42 7 7 9 0 0 1 12 102 74 127 74 92 321 64 22 82 30 10 13 147 1,056 2012 2016 2 3 Total F Infraestructura Bienes físicos : Informe Estadístico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretaría de Gobernación, octubre de 2016. Incluye solicitudes de información sobre los avances en las averiguaciones previas, comunicación sobre la incorporación de las personas beneiciarias al Mecanismo, solicitudes de reuniones entre diversas autoridades, solicitudes de gestiones a diversas autoridades, entre otras. 2 Los datos corresponden al periodo de octubre a diciembre. 3 Los datos corresponden al periodo de enero a octubre. n.a. No aplica. 1 Cuadro 109. Mujeres registradas como no localizadas por entidad federativa Fuero Federal 2005-2016 Entidad federativa 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aguascalientes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baja California 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 Chihuahua 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 Ciudad de México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Coahuila 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 Estado de México 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 Guerrero 0 0 1 2 0 0 3 4 7 11 2 1 Michoacán 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 Morelos 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 0 0 Nayarit 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Nuevo León 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Oaxaca 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 Tamaulipas 0 0 0 0 0 2 3 2 4 4 3 1 Veracruz 0 0 1 0 1 3 6 3 7 5 3 0 Zacatecas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Total 1 1 3 4 5 9 16 16 26 32 12 2 F : Datos abiertos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Peblica. 1 Datos al 31 de octubre. Nota 1: Incluye menores de edad y casos donde no fue especiicada la edad. Nota 2: No se incluyó un caso en Guerrero debido a que la fuente original no indicaba la fecha en la que se le vio por eltima vez. 405 Derechos Humanos Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 406 Cuadro 110. Hombres registrados como no localizados por entidad federativa Fuero Federal 2005-2016 Entidad federativa 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aguascalientes 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baja California 1 1 4 2 1 0 0 0 1 1 3 0 Chihuahua 0 0 0 2 4 1 2 3 2 5 0 0 Ciudad de México 0 0 0 0 0 1 0 2 1 7 2 0 Coahuila 0 0 0 1 7 3 4 7 1 0 2 0 Colima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Durango 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 Estado de México 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 2 0 Guanajuato 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 Guerrero 0 0 1 5 6 18 14 22 63 78 14 7 Hidalgo 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 Jalisco 0 1 0 0 0 0 0 6 1 3 4 1 Michoacán 0 0 0 3 3 1 1 2 5 7 2 0 Morelos 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 Nayarit 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Nuevo León 0 0 0 1 0 14 4 2 1 0 0 0 Oaxaca 8 0 2 0 0 7 1 1 6 0 3 0 Puebla 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 Querétaro 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 San Luis Potosí 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 Sinaloa 0 0 0 0 2 2 0 1 5 3 2 0 Sonora 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 5 0 Tabasco 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 Tamaulipas 0 0 0 1 5 9 13 16 12 24 19 5 Veracruz 0 0 0 0 0 5 16 22 31 42 26 3 ucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Zacatecas 0 0 0 0 0 9 3 0 1 0 0 0 Total 9 4 16 15 28 82 64 86 144 181 89 16 F : Datos abiertos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica. 1 Datos al 31 de octubre. Nota 1: Incluye menores de edad y casos donde no fue especiicada la edad. Nota 2: No se incluyen cinco casos en Veracruz y uno en Guerrero debido a que la fuente original no especiica la fecha en la que se le vio por eltima vez. Cuadro 111. Personas registradas como no localizadas por rango de edad Fuero Federal 2005-2016 1 Rango de edad 0-5 2 Mujeres 5 Hombres Total 24 29 6-11 4 9 13 12-17 15 34 49 18-25 39 179 218 26-33 17 170 187 34-41 11 103 114 42-50 9 46 55 51-58 3 26 29 59-66 0 3 3 67-75 0 3 3 76-83 0 1 1 84-91 Total 0 1 1 103 599 702 F : Datos abiertos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica. 1 Datos al 31 de octubre. 2 Se excluyeron los casos en los cuales no fue especiicada la edad. Nota: La información que se presenta se reiere a personas desaparecidas cuyo paradero es investigado exclusivamente por la Procuraduría General de la Repeblica, por lo que no comprende aquellos casos en los que dicha institución auxilia o colabora con otras procuradurías o iscalías estatales para su localización. 407 Derechos Humanos Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 408 Cuadro 112. Mujeres registradas como no localizadas por entidad federativa Fuero Comen 2005-2016 Entidad federativa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aguascalientes 0 0 16 0 8 9 19 6 Baja California 0 0 1 3 3 2 5 25 Baja California Sur 0 0 0 0 0 1 0 0 Campeche 0 0 0 0 0 0 0 0 Chiapas 0 0 0 0 0 0 1 2 Chihuahua 0 2 2 8 12 11 17 Ciudad de México 0 0 1 1 49 13 98 Coahuila 3 1 16 18 27 40 70 Colima 0 0 0 1 0 2 Durango 0 2 3 4 6 6 Estado de México 2 4 29 13 38 Guanajuato 0 0 2 3 2 Guerrero 0 1 3 2 1 Hidalgo 0 3 2 1 Jalisco 0 1 9 9 Michoacán 0 0 6 10 Morelos 0 0 0 0 Nuevo León 0 1 10 15 Oaxaca 0 2 10 Puebla 1 0 0 Querétaro 0 1 Quintana Roo 0 San Luis Potosí 0 Sinaloa Sonora 2013 1 2014 2015 2016 4 7 22 10 62 57 0 48 0 0 1 0 1 5 8 6 2 1 2 10 7 9 14 22 58 46 39 20 22 4 44 22 23 17 15 1 3 5 3 3 32 6 7 1 5 1 6 24 53 53 140 170 298 588 3 4 4 3 3 12 27 3 11 14 35 46 75 73 3 5 17 13 3 2 17 0 12 11 38 36 62 42 48 42 13 13 21 35 48 25 17 4 1 0 3 3 4 10 28 34 28 115 138 67 42 48 78 65 26 1 7 7 2 24 13 2 0 5 14 6 14 12 33 84 116 215 2 2 4 6 3 7 10 17 33 51 0 3 4 4 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 2 0 0 0 0 9 6 6 17 14 18 42 50 106 101 0 0 4 8 4 10 9 18 25 83 116 53 Tabasco 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3 7 19 Tamaulipas 0 2 18 10 19 101 127 137 153 149 81 0 Tlaxcala 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 1 Veracruz 0 2 1 5 1 6 30 10 26 50 1 3 ucatán 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1 1 8 Zacatecas 0 0 0 0 5 1 6 7 14 9 7 9 Total 6 22 149 154 263 415 715 581 826 945 1,143 1,482 F : Datosabiertos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica. 1 Datos al 31 de octubre. Nota 1: Incluye a menores de edad y casos en los que no fue especiicada la edad. Nota 2: Se excluyeron los casos en donde no se identiicó la entidad federativa y la fecha en la que se le vio por eltima vez. Cuadro 113. Hombres registrados como no localizados por entidad federativa Fuero Comen 2005-2016 Entidad federativa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161 Aguascalientes 0 0 9 7 10 9 8 5 6 12 20 12 Baja California 0 0 2 22 8 6 13 53 69 122 0 67 Baja California Sur 0 0 0 2 1 2 1 3 5 4 4 0 Campeche 0 0 0 4 0 1 0 0 4 6 3 3 Chiapas 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 4 10 163 Chihuahua 6 11 82 87 134 186 191 203 173 206 226 Ciudad de México 0 0 1 1 40 21 103 62 65 37 30 17 Coahuila 3 5 35 84 193 241 266 159 97 75 72 26 Colima 0 0 0 1 1 8 19 32 36 17 6 44 Durango 0 0 6 13 22 139 53 36 21 6 5 4 447 Estado de México 5 16 59 43 80 62 113 100 192 185 247 Guanajuato 1 1 8 7 14 15 12 9 17 18 49 79 Guerrero 6 3 18 17 7 24 45 50 114 212 175 168 Hidalgo 1 0 8 14 12 14 16 3 2 1 8 0 Jalisco 1 3 45 44 77 133 253 249 465 410 350 164 Michoacán 1 3 12 22 48 81 90 132 226 125 54 27 Morelos 0 0 0 0 0 2 1 2 20 8 26 48 Nayarit 0 0 0 1 5 0 4 1 5 3 0 0 104 Nuevo León 2 4 65 40 101 530 490 164 83 55 107 Oaxaca 0 2 14 27 3 5 11 3 16 8 2 0 Puebla 1 0 3 23 29 24 32 29 31 81 114 206 Querétaro 1 0 3 0 2 16 12 17 20 27 40 64 Quintana Roo 0 0 3 7 3 3 3 2 4 5 2 0 San Luis Potosí 0 0 0 0 1 29 26 2 6 1 2 0 Sinaloa 0 3 40 71 43 181 198 176 270 274 353 382 Sonora 4 1 11 27 45 48 54 90 136 221 219 80 Tabasco 0 0 2 1 3 0 1 0 1 5 13 5 Tamaulipas 0 6 27 34 80 499 532 552 465 597 242 2 0 Tlaxcala 0 0 0 0 1 0 2 1 3 3 2 Veracruz 0 0 4 1 0 23 49 36 104 155 8 1 ucatán 0 0 0 1 2 2 1 3 8 6 8 12 Zacatecas Total 1 0 2 7 22 37 40 20 34 53 64 38 33 58 459 608 987 2,342 2,641 2,197 2,699 2,940 2,455 2,173 F : Datos abiertos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica. 1 Datos al 31 de octubre. Nota 1: Incluye a menores de edad y casos en los que no fue especiicada la edad. Nota 2: Se excluyeron los casos en donde no se identiicó la entidad federativa y la fecha en la que se le vio por eltima vez. 409 Derechos Humanos Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 410 Cuadro 114. Personas registradas como no localizadas por rango de edad Fuero Comen 2005-2016 1 Rango de edad 2 Mujeres Hombres Total 444 0-5 218 226 6-11 220 243 463 12-17 2,374 1,503 3,877 18-25 1,438 3,891 5,329 26-33 881 4,332 5,213 34-41 542 3,361 3,903 42-50 320 2,231 2,551 51-58 177 1,028 1,205 59-66 61 465 526 67-75 52 338 390 76-83 46 172 218 84-91 18 74 92 Total 6,347 17,864 24,211 F : Datos abiertos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Peblica. 1 Datos al 31 de octubre. 2 Se excluyeron los casos en donde no fue especiicada la edad y aquellos que no estaban dentro de los rangos establecidos. Cuadro 115. Nemero de denuncias recibidas por la Procuraduría General de la Repeblica referentes al delito de tortura 2006-2014 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Denuncias referentes al delito de tortura 23 11 15 20 22 109 287 1,165 2,403 4,055 Casos que se encuentran en investigación 0 1 0 2 1 19 40 199 1,622 1,884 F : Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, vía solicitud de información folio 0001700300414. Datos del 1 de diciembre de 2006 al 30 de octubre de 2014. 1 Cuadro 116. Fosas clandestinas y cuerpos encontrados 2006-2015 Entidad federativa Municipio/Delegación Número de fosas Número de cuerpos Aguascalientes Aguascalientes 1 2 Chiapas Comitán 1 3 Chihuahua Chihuahua 1 6 Ciudad Juárez 2 48 Durango Durango 7 53 Distrito Federal Tlalpan 4 4 Estado de México Ecatepec 1 1 Tlalmanalco 1 13 Guerrero Tlalnepantla 1 1 Valle de Bravo 1 2 Acapulco 39 70 Iguala 63 132 Taxco 2 42 Hidalgo Tizayuca 1 1 Jalisco La Barca 37 75 Michoacán Aguililla 1 4 Lázaro Cárdenas 2 22 Jojutla 1 2 Puente de Ixtla 1 3 Cuautla 2 119 Nuevo León Monterrey 1 2 Oaxaca Oaxaca 2 5 Salina Cruz 1 1 Hermosillo 1 3 San Bernardo 2 2 Tamaulipas Reynosa 1 5 14 120 Veracruz Altamirano 2 28 Morelos Sonora San Fernando F : Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, vía solicitud de información con folio 0001700283915. Nota: En la fuente original se cuantiican nueve fosas y doce cuerpos en el municipio de Tezayuca, Morelos. Sin embargo, tal municipio no existe en esa entidad federativa. 411 Derechos Humanos Transparencia U á para la vida de una democracia es el acceso a la información peblica. México comenzó a construir su andamiaje legal e institucional la década pasada, lo cual da cuenta de la juventud de nuestra democracia. Gradualmente la sociedad ha comenzado a ejercer este derecho por ejemplo, en el año 2003 se realizaron 22,885 solicitudes de información a las diferentes dependencias del gobierno federal, mientras que en el año 2014 sumaron 114,727. Las instituciones de seguridad y defensa son sujetos obligados a otorgar la información que se les solicite por parte de la sociedad, salvo aquella deinida como reservada. Lo anterior se establece en el Artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Peblica “Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es peblica y accesible a cualquier persona Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 414 en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las entidades federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias sólo podrá ser clasiicada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés peblico y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley”.1 El Artículo 5 de la misma Ley establece límites a lo anterior, señalando que no podrá clasiicarse como reservada aquella información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.2 Asimismo, el Artículo 113 de la Ley deine como información reservada aquella cuya publicación “Com- 1 2 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Peblica, en: http: .dof.gob.mx nota detalle.php?codigo 5391143 fe cha 04 05 2015 . Ibidem. prometa la seguridad nacional, la seguridad peblica o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable”.3 Por otro lado, de acuerdo con el Artículo 108 de la misma Ley, “La clasiicación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño”.4 Dentro de este marco legal es que se desglosan en este apartado los datos disponibles acerca de las solicitudes de información y las respuestas a las mismas instrumentadas por las instituciones relacionadas con la seguridad y la defensa de México. Se consideran cuáles son los temas con mayor interés, así como la distribución del ejercicio de este derecho por entidad federativa. 3 4 Ibidem. Ibidem. Cuadro 117. Respuesta a solicitudes de información de la Procuraduría General de la Repeblica 2000-2015 1 Tipo de respuesta Entrega de la información en medio electrónico Porcentaje 55.0 Inexistencia de la información solicitada 8.4 La información está disponible peblicamente 8.0 No es de competencia de la unidad de enlace 2.7 No se dará trámite a la solicitud 0.6 Negativa por ser reservada o conidencial 7.4 Información parcialmente reservada o conidencial 0.7 La solicitud no corresponde al marco de la ley 3.7 Requerimiento de información adicional 10.3 Respuesta a solicitud de información adicional 0.0 Respuesta del solicitante a la notiicación de entrega de información 1.1 Total de solicitudes 27,097 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Procuraduría General de la Repeblica. 1 Datos del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015. Cuadro 118. Respuesta a solicitudes de información 1 de la Procuraduría General de la Repeblica 2016 Tipo de respuesta Entrega de la información en medio electrónico Porcentaje 76.9 Inexistencia de la información solicitada 0.3 La información está disponible peblicamente 1.9 No es de competencia de la unidad de enlace 0.0 No se dará trámite a la solicitud 0.0 Negativa por ser reservada o conidencial 8.5 Información parcialmente reservada o conidencial 0.0 La solicitud no corresponde al marco de la ley 0.1 Requerimento de información adicional Total de solicitudes 10.0 2,697 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 2016. 1 Datos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016. 415 Transparencia Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 416 Cuadro 119. Respuesta a solicitudes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional 2000-2015 1 Tipo de respuesta Entrega de la información en medio electrónico Porcentaje 79.4 Inexistencia de la información solicitada 6.3 La información está disponible peblicamente 3.2 No es de competencia de la unidad de enlace 1.6 No se dará trámite a la solicitud 2 Negativa por ser reservada o conidencial 2.0 Información parcialmente reservada o conidencial 0.1 La solicitud no corresponde al marco de la ley 0.3 Requerimento de información adicional 5.3 Respuesta del solicitante a la notiicación de entrega de información 0.4 Total de solicitudes 19,834 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Secretaría de la Defensa Nacional. 1 Datos del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015. 2 En la casilla en blanco, el porcentaje no se distingue en la fuente original. Cuadro 120. Respuesta a solicitudes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional 2016 1 Tipo de respuesta Entrega de la información en medio electrónico Porcentaje 89.3 Inexistencia de la información solicitada 4.3 La información está disponible peblicamente 0.5 No es de competencia de la unidad de enlace 0.5 No se dará trámite a la solicitud 0.0 Negativa por ser reservada o conidencial 0.7 Información parcialmente reservada o conidencial 0.0 La solicitud no corresponde al marco de la ley 0.0 Requerimento de información adicional 2.0 Total de solicitudes 1,928 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 2016. 1 Datos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016. Cuadro 121. Respuesta a solicitudes de información de la Secretaría de Marina 2000-2015 1 Tipo de respuesta Entrega de la información en medio electrónico Inexistencia de la información solicitada Porcentaje 61.1 5.7 La información está disponible peblicamente 12.7 No es de competencia de la unidad de enlace 6.6 No se dará trámite a la solicitud 2.3 Negativa por ser reservada o conidencial 0.8 Información parcialmente reservada o conidencial 0.7 La solicitud no corresponde al marco de la ley 0.2 Requerimiento de información adicional 2.7 Respuesta del solicitante a la notiicación de entrega de información 0.8 Total de solicitudes 7,432 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Secretaría de Marina. 1 Datos del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015. Cuadro 122. Respuesta a solicitudes de información de la Secretaría de Marina 20161 Tipo de respuesta Entrega de la información en medio electrónico Porcentaje 73.1 Inexistencia de la información solicitada 0.5 La información está disponible peblicamente 4.2 No es de competencia de la unidad de enlace 5.1 No se dará trámite a la solicitud 3.7 Negativa por ser reservada o conidencial 0.0 Información parcialmente reservada o conidencial 0.1 La solicitud no corresponde al marco de la ley 0.9 Requerimento de información adicional 4.4 Total de solicitudes 738 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 2016. 1 Datos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016. 417 Transparencia Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 418 Cuadro 123. Respuesta a solicitudes de información de la Secretaría de Gobernación (incluye a la entonces Secretaría de Seguridad Peblica) 2000-2015 1 Tipo de respuesta Entrega de la información en medio electrónico Porcentaje 31.0 Inexistencia de la información solicitada 6.3 La información está disponible peblicamente 9.4 No es de competencia de la unidad de enlace 22.9 No se dará trámite a la solicitud 1.0 Negativa por ser reservada o conidencial 1.8 Información parcialmente reservada o conidencial 1.9 La solicitud no corresponde al marco de la ley 9.5 Requerimiento de información adicional 9.9 Respuesta del solicitante a la notiicación de entrega de información 1.4 Total de solicitudes 27,847 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Secretaría de Gobernación. 1 Datos del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015. Cuadro 124 . Respuesta a solicitudes de información de la Secretaría de Gobernación 2016 1 Tipo de respuesta Entrega de la información en medio electrónico Porcentaje 33.7 Inexistencia de la información solicitada 1.8 La información está disponible peblicamente 4.3 No es de competencia de la unidad de enlace 30.0 No se dará trámite a la solicitud 0.0 Negativa por ser reservada o conidencial 0.5 Información parcialmente reservada o conidencial 2.7 La solicitud no corresponde al marco de la ley 11.5 Requerimento de información adicional 10.6 Total de solicitudes 2,985 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 2016. 1 Datos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016. Cuadro 125. Respuesta a solicitudes de información del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 2000-2015 1 Tipo de respuesta Entrega de la información en medio electrónico Inexistencia de la información solicitada Porcentaje 26.7 9.1 La información está disponible peblicamente 15.8 No es de competencia de la unidad de enlace 25.5 No se dará trámite a la solicitud 1.5 Negativa por ser reservada o conidencial 6.3 Información parcialmente reservada o conidencial 0.0 La solicitud no corresponde al marco de la ley 4.1 Requerimiento de información adicional 2.9 Respuesta del solicitante a la notiicación de entrega de información 1.8 Total de solicitudes 3,679 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 1 Datos del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015. Cuadro 126. Respuesta a solicitudes de información del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 2016 1 Tipo de respuesta Porcentaje Entrega de la información en medio electrónico 43.6 Inexistencia de la información solicitada 13.2 La información está disponible peblicamente 5.9 No es de competencia de la unidad de enlace 22.3 No se dará trámite a la solicitud 0.4 Negativa por ser reservada o conidencial 8.8 Información parcialmente reservada o conidencial 0.0 La solicitud no corresponde al marco de la ley 1.5 Requerimento de información adicional 1.1 Total de solicitudes 273 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 2016. 1 Datos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016. 419 Transparencia Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 420 Cuadro 127. Respuesta a solicitudes de información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 2000-2015 1 Tipo de respuesta Entrega de la información en medio electrónico Inexistencia de la información solicitada Porcentaje 69.9 7.1 La información está disponible peblicamente No es de competencia de la unidad de enlace 8.8 No se dará trámite a la solicitud Negativa por ser reservada o conidencial 9.0 Información parcialmente reservada o conidencial La solicitud no corresponde al marco de la ley Requerimiento de información adicional 1.6 Respuesta del solicitante a la notiicación de entrega de información 0.6 Total de solicitudes 1,041 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. 1 Datos del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015. Nota: En las casillas en blanco, los porcentajes no se distinguen en la fuente original. Cuadro 128. Respuesta a solicitudes de información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 2016 1 Tipo de respuesta Entrega de la información en medio electrónico Porcentaje 63.3 Inexistencia de la información solicitada 0.6 La información está disponible peblicamente 0.0 No es de competencia de la unidad de enlace 10.7 No se dará trámite a la solicitud 0.0 Negativa por ser reservada o conidencial 3.8 Información parcialmente reservada o conidencial 2.7 La solicitud no corresponde al marco de la ley 0.3 Requerimiento de información adicional 8.3 Total de solicitudes 338 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 2016. 1 Datos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016. Cuadro 129. Respuesta a solicitudes de información de la Policía Federal 2000-20151 Tipo de respuesta Entrega de la información en medio electrónico Porcentaje 58.0 Inexistencia de la información solicitada 9.2 La información está disponible peblicamente 5.0 No es de competencia de la unidad de enlace 6.3 No se dará trámite a la solicitud 1.6 Negativa por ser reservada o conidencial 5.9 Información parcialmente reservada o conidencial 1.6 La solicitud no corresponde al marco de la ley 1.5 Requerimiento de información adicional 1.2 Respuesta del solicitante a la notiicación de entrega de información 1.3 Total de solicitudes 8,227 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Policía Federal antes Policía Federal Preventiva. 1 Datos del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015. Nota: De 2000 a 2009 la denominación es Policía Federal Preventiva. Cuadro 130. Respuesta a solicitudes de información de la Policía Federal 20161 Tipo de respuesta Porcentaje Entrega de la información en medio electrónico 46.7 Inexistencia de la información solicitada 16.5 La información está disponible peblicamente 2.5 No es de competencia de la unidad de enlace 7.0 No se dará trámite a la solicitud 0.0 Negativa por ser reservada o conidencial 23.4 Información parcialmente reservada o conidencial 4.2 La solicitud no corresponde al marco de la ley 1.6 Requerimiento de información adicional 6.1 Total de solicitudes 979 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 2016. 1 Datos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016. 421 Transparencia Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 422 Cuadro 131. Nemero de solicitudes de información peblica por año 2003-20151 Año Solicitudes 2003 22,885 2004 34,793 2005 44,690 2006 52,026 2007 80,495 2008 87,256 2009 97,999 2010 100,296 2011 96,520 2012 94,711 2013 109,406 2014 114,727 2015 1,056,617 F : Informe de Labores, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 2015. 1 Del 12 de junio de 2003 al 31 de diciembre de 2015. Cuadro 132. Las 20 dependencias y entidades con mayor nemero de solicitudes de información 2003-2015 Número de solicitudes Dependencias y entidades 2003-2011 2012 2013 2014 2015 Total IMSS 48,736 7,539 10,619 9,615 8,637 85,146 SEP 30,255 4,646 4,675 5,810 6,466 51,852 Secretaría de Salud 21,434 3,734 3,748 4,000 5,134 38,050 SEMARNAT 21,182 3,098 3,446 4,066 3,949 35,741 SHCP 22,576 2,970 3,233 3,029 3,240 35,048 SCT 19,055 2,691 2,570 3,161 3,474 30,951 SFP 18,521 2,729 2,600 2,561 2,757 29,168 ISSSTE 14,739 2,670 3,264 4,280 4,197 29,150 SEGOB 15,275 1,988 3,096 3,616 4,030 28,005 PGR 14,985 2,438 2,667 3,130 4,257 27,477 CFE 12,782 2,451 2,321 2,804 2,433 22,791 CONAGUA 12,766 1,736 2,098 2,483 2,713 21,796 SEDENA 11,813 1,712 2,048 2,284 2,218 20,075 SAT 11,970 1,860 2,215 1,887 1,746 19,678 INAI 10,436 1,271 1,844 1,872 2,685 18,108 SE 10,839 1,696 1,829 1,842 1,784 17,990 Pemex 10,107 1,506 1,841 2,088 2,415 17,957 Presidencia de la Repeblica 10,357 1,348 1,910 1,814 1,782 17,211 SEDESOL 10,271 1,352 1,675 1,904 1,736 16,938 4,779 1,666 3,162 3,376 3,241 16,224 Cofepris F : Informe de Labores, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 2015. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. SEP: Secretaría de Educación Peblica. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico. SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. SFP: Secretaría de la Función Peblica. ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SEGOB: Secretaría de Gobernación. PGR: Procuraduría General de la Repeblica. CFE: Comisión Federal de Electricidad. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. SAT: Sistema de Administración Tributaria. INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. SE: Secretaría de Economía. Pemex: Petróleos Mexicanos. SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. Cofespris: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 423 Transparencia Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 424 Cuadro 133. Solicitudes de información a las instituciones de Seguridad, Defensa y Justicia por entidad federativa 2016 1 SEGOB SEDENA SEMAR Policía Federal PGR Agencia de Investigación Criminal CISEN Cenapi Comisión Ejecutiva Coordinación de Nacional Atención Antisecuestro CNDH a Víctimas OADPRS STCCISJP Aguascalientes 43 16 1 20 22 1 1 0 0 9 2 1 1 Baja California 55 27 4 7 39 2 1 0 0 10 4 0 0 Baja California Sur 15 3 0 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 Campeche 12 7 2 3 7 0 0 0 0 1 0 0 0 Chiapas 10 14 1 1 5 1 0 2 0 5 0 0 1 Chihuahua 52 9 8 8 25 0 1 2 0 2 2 5 1 Coahuila 12 14 0 4 23 1 2 0 1 3 0 2 0 5 7 0 8 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1,597 1,068 449 568 1,392 24 162 13 7 207 164 186 9 7 16 9 13 23 1 0 0 0 1 1 7 0 Estado de México 405 206 75 105 279 10 26 7 1 28 51 38 16 Guanajuato 62 37 3 10 67 1 1 0 0 13 5 3 0 Guerrero 11 19 2 5 12 0 1 0 1 0 0 2 0 Hidalgo 33 25 11 15 50 20 7 2 4 14 5 1 0 Jalisco 119 76 12 69 130 2 24 0 0 16 8 22 6 Colima Ciudad de México Durango Michoacán 28 18 8 5 16 0 0 0 0 5 5 1 0 Morelos 35 15 7 8 41 1 3 1 1 2 4 3 1 0 2 2 0 6 3 0 0 0 0 0 0 4 Nuevo León Nayarit 25 28 8 6 32 1 7 1 0 12 7 3 1 Oaxaca 17 13 1 4 7 1 1 0 0 1 3 6 0 Puebla 81 49 16 16 114 4 3 2 0 10 3 4 4 Querétaro 7 23 3 3 12 1 1 2 0 1 1 2 1 Quintana Roo 15 6 4 4 6 3 0 0 0 5 2 1 0 San Luis Potosí 24 20 4 13 21 0 2 0 0 4 0 3 0 Sinaloa 28 26 19 16 39 4 3 2 0 2 1 2 0 Sonora 32 25 8 9 39 1 4 0 0 3 1 3 0 Tabasco 53 22 26 19 20 0 1 0 7 19 1 8 0 Tamaulipas 16 17 6 9 22 1 0 0 0 0 0 3 0 Tlaxcala 6 7 1 3 14 1 0 0 0 0 0 2 0 Veracruz 46 42 25 22 71 2 21 0 2 20 1 4 1 ucatán 23 7 4 4 13 2 0 0 0 4 1 0 0 Zacatecas Total 7 6 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2,883 1,870 717 985 2,563 85 273 34 24 399 272 317 42 F : elaboración CASEDE. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 2016. Datos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016. SEGOB: Secretaría de Gobernación. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. SEMAR: Secretaría de Marina. PGR: Procuraduría General de la Repeblica. CISEN: Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Cenapi: Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. OADPRS: Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. STCCISJP: Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 1 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina D se fortaleció gradualmente la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Primero, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se establecieron diversos acuerdos entre ambos países para el resguardo de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, con el objetivo de prevenir actos terroristas contra intereses estadounidenses. Posteriormente, se desarrollaron esquemas de cooperación para garantizar el libre ujo de bienes y personas por medio de la llamada Asociación para la Seguridad y la Prosperidad (ASPAN). Sin embargo, el combate a la delincuencia organizada que opera en ambos países fue a partir de 2008 el principal motivo de vinculación y colaboración. La Iniciativa Mérida se convirtió gradualmente en el programa de vinculación estratégica más importante. Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 426 Pensada como un programa de cooperación, la Iniciativa Mérida se enfocó en el fortalecimiento de las instituciones de defensa y seguridad peblica, al igual que aquellas relacionadas con la procuración de justicia e inteligencia. Asismismo, abrió la puerta para establecer mecanismos de diálogo de alto nivel. La conformación del Grupo de Alto Nivel entre México y Estados Unidos da cuenta que las condiciones de violencia y criminalidad forman parte de la agenda estratégica bilateral. El intercambio de inteligencia adquirió cada vez mayor relevancia, por encima de la cooperación para la reconstrucción del tejido social, lo cual no necesariamente se re eja en el presupuesto destinado para la Iniciativa Mérida. De hecho, en los eltimos tres lustros Estados Unidos ha destinado 2,250.6 millones de dólares en asistencia militar y policiaca (véase Cuadro 134). En este apartado se presentan de forma amplia los ámbitos en los cuales Estados Unidos plantea su cooperación en seguridad y defensa con México. Si bien ésta tuvo en sus inicios un componente importante en materia de equipamiento y capacitación policíaca, también lo tie- ne en los ámbitos del intercambio académico al interior de las instituciones del Estado para fortalecer sus capacidades. De igual forma se incluyen ejercicios comparativos de la capacidad militar de México en términos presupuestales y de efectivos con respecto a otros países de América Latina. En este sentido destaca que México en términos porcentuales cuenta con uno de los presupuestos militares más bajos de la región, en donde países como Brasil, Colombia o Chile sostienen presupuestos muy superiores al mexicano.1 El cambio de gobierno en Estados Unidos en enero de 2017 ha cuestionado la cooperación con México en el ámbito de la seguridad. De hecho, el presidente Donald Trump ha puesto en duda las capacidades de las instituciones mexicanas de defensa e incluso, ha planteado la posibilidad de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano. Esto pone en entredicho el principio de “responsabilidad compartida”, piedra angular de la cooperación en el marco de la Iniciativa Mérida. Además abre una hipótesis de confrontación muy peligrosa entre los dos países, lo cual se pensaba superado. 1 ñigo Guevara Moyano, “A Bond orth Strengthening. Understanding the Mexican Military and U.S.-Mexican Miitary Cooperation”, Mexico Institute, oodro ilson Center, ashington, 2013, en: http: .casede.org BibliotecaCasede Novedades-PDF InigoGuevara Mexican military.pdf . Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Cuadro 134. Presupuesto Fuerzas Armadas Mexicanas y ayuda militar-policiaca de Estados Unidos 2000-2016 Millones de dólares corrientes Sedena Semar Asistencia militar y policiaca de EE.UU. Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 2,156 2,453 2,224 2,033 2,083 2,260 2,401 2,970 2,600 3,395 3,524 3,634 4,324 4,678 4,496 4,540 3,891 53,662 842 971 834 792 758 813 845 1,010 998 1,250 1,292 1,327 1,530 1,682 1,696 1,721 1,476 19,837 1 38.0 148.4 707.9 200.1 131.6 262.0 206.7 160.0 119.0 90.6 2,250.6 3,286.2 4,018.0 3,746.4 5,352.9 5,016.1 5,092.6 6,116.0 6,566.7 6,352.0 6,380.0 5,457.6 75,749.6 4.9 11.0 37.9 13.2 38.2 40.9 3,002.9 3,435.0 3,095.9 2,838.2 2,879.2 3,113.9 40.2 F : elaboración CASEDE con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Peblico, 1996-2016. 1 Este año solamente se registraron los recursos de la Sección 1004 del Departamento de la Defensa. Nota 1: Se tomó el tipo de cambio en dólares corrientes para cada año hasta 2011 del “Anexo Estadístico”, Sexto Informe de Gobierno, 2012. A partir de 2012, se tomó el tipo de cambio en dólares corrientes para cada año del Tercer Informe de Gobierno, “Anexo Estadístico”, 2014-2015. Para 2016 se promedió el tipo de cambio del primer trimestre del año con datos del Banco de México. Nota 2: Para asistencia militar se utilizó Security Assistance Monitor, en: http: securityassistance.org data country military Section 201004 20Counter-Drug 20Assistance 2010 2017 is DOD Latin 20America 20and 20the 20Caribbean Clare Ribando Seel e (coord.), atin merican and the Caribbean llicit rug rafic ing and Counterdrug rograms, Congressional Research Service, 2011 “Biannual Report to Congress on the Use of Funds from the Drug Interdiction and Counter Drug Activities Account for Support to Foreing Governments During the Second Half of Fiscal ear 2013 and 2014” “Biannual Report to Congress on the Use of Funds from the Drug Interdiction and Counter Drug Activities Account for Support to Foreing Governments During the First Half of Fiscal ear 2015”, Department of Defense y Department of State, foreign Military Training and DoD Engagement Activities of Interest Report, 2000-2015”, en: http: .state.gov t pm rls rpt fmtrpt index.htm . Sedena: Secretaría de la Defensa Nacional. Semar: Secretaría de Marina. 427 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 428 Cuadro 135. Asistencia antinarcóticos para México a través de la Sección 1004 del Departamento de la Defensa de Estados Unidos 2000-2015 Dólares corrientes Año 2000 Concepto n Programas de inteligencia CN n Fuerza Conjunta de Tarea Interagencial del Sur 1,120,000 Subtotal 2000 537,000 4,343,000 19,000 17,730,000 n Sistema de administración de Comando CN n Programas de inteligencia CN n Fuerza Conjunta de Tarea Interagencial del Sur 665,000 11,178,000 28,000 n Fuerza Conjunta de Tarea Interagencial del Oeste 3,187,000 n Control de Información y Análisis México (IAC) 652,000 n Apoyo para la Marina-Armada 616,000 n Apoyo Operativo CN NorthCom México n Coordinación y Planeación USJFCOM Subtotal 2001 1,786,000 22,000 18,134,000 n Sistema de Administración de Comando CN n Programas de inteligencia CN n Fuerza Conjunta de Tarea Interagencial del Sur 665,000 5,536,000 17,000 n Fuerza Conjunta de Tarea Interagencial del Oeste 3,404,000 n Control de Información y Análisis México (IAC) 1,239,000 n Apoyo para la Marina-Armada 1,517,000 n Apoyo Operativo CN NorthCom México 2,448,000 n Equipos de Análisis Táctico n Coordinación y Planeación USJFCOM Subtotal 2002 2,000 20,000 14,848,000 n Sistema de administración de Comando CN n Programas de inteligencia CN n Fuerza Conjunta de Tarea Interagencial del Sur n Fuerza Conjunta de Tarea Interagencial del Oeste n Apoyo para la Marina-Armada 573,000 6,095,000 29,000 3,682,000 772,000 n Apoyo Operativo CN NorthCom Mexico 1,373,000 n Equipos de Análisis Tácticos 1,117,000 n Coordinación y Planeación USJFCOM Subtotal 2003 6,000 n Control de Información y Análisis México (IAC) n Coordinación y Planeación USJFCOM 2003 Cantidad 8,247,000 3,458,000 n Apoyo Operativo CN NorthCom México 2002 (continuación Æ) n Fuerza Conjunta de Tarea Interagencial del Oeste n Apoyo para la Marina-Armada 2001 1 de 4 14,000 13,655,000 Cuadro 135. Asistencia antinarcóticos para México a través de la Sección 1004 del Departamento de la Defensa de Estados Unidos 2000-2015 Dólares corrientes Año 2004 Cantidad 630,000 n Programas de inteligencia CN 6,270,000 n Apoyo para la Marina-Armada n Apoyo Operativo CN NorthCom Mexico n Apoyo MLO NorthCom Mexico n Equipos de Análisis Tácticos n Coordinación y Planeación USJFCOM Subtotal 2004 n Sistema de administración de Comando CN n Fuerza Conjunta de Tarea Interagencial del Sur n Apoyo Operativo CN NorthCom México 1,464,000 242,000 1,098,000 17,000 448,000 6,576,000 24,000 1,407,000 245,000 n Equipos de Análisis Tácticos 950,000 9,650,000 n Sistema de administración de Comando CN n Programas de inteligencia CN n Fuerza Conjunta de Tarea Interagencial del Sur n Apoyo Operativo CN NorthCom México 233,000 6,343,000 25,000 2,411,000 n Apoyo MLO NorthCom México 243,000 n Equipos de Análisis Tácticos 950,000 Subtotal 20061 15,166,000 n Reporte y colección bilateral marítima n Sistema de administración de Comando CN n Programas de inteligencia CN n CNIES n Detección y monitoreo de alerta n Fuerza Conjunta de Tarea Interagencial del Sur n Apoyo Operativo CN NorthCom México n Apoyo MLO NorthCom México n Apoyo a Inteligencia Marítima ONI n Equipos de Análisis Tácticos Subtotal 2007 1 741,000 n Apoyo MLO NorthCom México Subtotal 2005 2007 31,000 10,493,000 n Programas de inteligencia CN 2006 (continuación Æ) Concepto n Sistema de administración de Comando CN n Fuerza Conjunta de Tarea Interagencial del Sur 2005 2 de 4 30,000 201,000 8,912,000 286,000 1,500,000 15,000 3,473,000 352,000 36,000 769,000 15,508,000 429 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 430 Cuadro 135. Asistencia antinarcóticos para México a través de la Sección 1004 del Departamento de la Defensa de Estados Unidos 2000-2015 Dólares corrientes Año 2008 Concepto n Programa de apoyo para entrenamiento Subtotal 2008 1 2009 n Entrenamiento, apoyo para entrenamiento, bases de operaciones, intercambio de información, establecimiento de redes C4 Net or s n Sin desglose disponible n Detección y monitoreo n Equipamiento 70,648,000 3,324,000 17,811,000 1,999,000 2 30,653,000 n Infraestructura 10,322,000 n Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4 Net or s) n Reconocimiento Subtotal 2013 3 237,000 1,692,000 66,038,000 n Análisis de inteligencia n Entrenamiento n Detección y monitoreo n Equipamiento Subtotal 2014 5 77,570,000 89,749,000 n Análisis de inteligencia n Entrenamiento 2014 34,926,000 98,749,000 Subtotal 2012 1 2013 29,179,000 89,749,000 n Actividades antinarcóticos Subtotal 2011 1 2012 Cantidad 12,171,000 34,164,000 Subtotal 2010 1 2011 (continuación Æ) 12,171,000 n Programa de apoyo para entrenamiento Subtotal 2009 1 2010 3 de 4 5,562,000 13,044,000 2,881,000 4 14,240,000 n Transportación 1,131,000 n Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4 Net or s) 6,186,000 n Planiicación y supervisión 1,599,000 44,643,000 Cuadro 135. Asistencia antinarcóticos para México a través de la Sección 1004 del Departamento de la Defensa de Estados Unidos 2000-2015 Dólares corrientes Año 2015 Subtotal 2015 6 Total 4 de 4 Concepto n Análisis de inteligencia Cantidad 794,000 n Entrenamiento 3,899,000 n Detección y monitoreo 941,000 n Equipamiento 188,000 n Transportación 232,000 n Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4 Net or s) 282,000 n Planiicación y supervisión 503,000 6,839,000 602,004,000 F : Security Assistance Monitor, en: http: securityassistance.org data country military Section 201004 20Counter-Drug 20Assistance 2010 2017 is DOD Latin 20America 20and 20the 20Caribbean Clare Ribando Seel e (coord.), Latin American and the Caribbean llicit rug rafic ing and Counterdrug rograms, Congressional Research Service, 2011 Biannual Report to Congress on the Use of Funds from the Drug Interdiction and Counter Drug Activities Account for Support to Foreign Governments During the Second Half of Fiscal Year 2013 and 2014 Biannual Report to Congress on the Use of Funds from the Drug Interdiction and Counter Drug Activities Account for Support to Foreign Governments During the First Half of Fiscal Year 2015, Department of Defense. 1 El subtotal fue tomado de Ribando Seel e, atin merican and the Caribbean llicit rug rafic ing and Counterdrug rograms, op cit. El desglose fue tomado de la página Security Assistance Monitor, la cual no publica todos los rubros, por lo cual la suma no coincide con el subtotal. 2 Este rubro corresponde a la sección 1033, National Defense Authorization Act (NDAA) de 1997. 3 Los datos para este año fueron tomados del Biannual Report to Congress on the Use of Funds from the Drug Interdiction and Counter Drug Activities Account for Support to Foreign Governments During the Second Half of Fiscal Year 2013. 4 Este rubro corresponde a la sección 1033, National Defense Authorization Act (NDAA) de 1997. 5 Los datos fueron tomados del Biannual Report to Congress on the Use of Funds from the Drug Interdiction and Counter Drug Activities Account for Support to Foreign Governments During the Second Half of Fiscal Year 2014. 6 Los datos fueron tomados del Biannual Report to Congress on the use of Funds from the Drug Interdiction and Counter Drug Activities Account for Support to Foreign Governments During the First Half of Fiscal Year 2015. El subtotal corresponde sólo a la primera mitad del año iscal 2015 disponible en la fuente, por lo cual no se muestra el total. CN: Counternarcotics (Antinarcóticos). USJFCOM: United States Joint Forces Command (Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos). NorthCom: Northern Command (Comando Norte). MLO: Mexican Liaison Ofice (Oicina de Enlace Gobierno de México). IAC: Information Analysis Centers (Centros de Análisis de Información). CNIES: Cooperating Nation Information Exchange System (Sistema de Intercambio de Información con Naciones Cooperativas). ONI: Ofice of Naval Intelligence (Oicina de Inteligencia Naval). 431 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 432 1 de 2 (continuación Æ) Cuadro 136. Programas de ayuda militar y policiaca a México 2000-2015 Dólares corrientes Programa Educación y Entrenamiento Militar Internacional Control Internacional de Narcóticos y Fortalecimiento de la Ley 2000 2001 2002 2003 2004 2005 679,728 1,381,790 368,549 780,600 650,998 512,773 1,450,000 6,606,995 149,616 86,589 135,422 212,523 34,450 51,821 2,193,274 2,442,374 1,055,896 1,261,984 Ventas Militares al Extranjero Asistencia no relacionada con seguridad Programas del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa 2,130,663 65,871 8,244,383 1,088,921 Centros Regionales de Estudios Estratégicos 1,234,001 Programa de Becas Regionales de Defensa contra el Terrorismo Programa de Becas de Combate al Terrorismo, Departamento de la Defensa Aviation Leadership Program (ALP) Entrenamiento del Departamento de la Defensa Programa de Intercambio Académico Academias de Servicio Sección 1004 Asistencia contra las Drogas Sección 506 1,730,819 18,134,000 506,611 109,198 F : Department of State, Foreign Military Training and DoD Engagement Activities of Interest Report, 2000-2015, en: http: rpt fmtrpt index.htm . 1 Incluye IMET-1 e IMET-X. 2 Este año se registraron los recursos planeados, no ejecutados. Nota: En los espacios en blanco no hubo presupuesto asignado. n.d. No disponible. .state.gov t pm rls 2 de 2 2006 2007 2008 1 2009 1 2010 1 2011 1 2012 1 n.d. 78,882 366,833 570,934 1,270,266 2,093,338 1,924,528 2,424,664 2,905,981 788,874 16,798,738 n.d. 58,340 106,821 1,742,050 4,672,120 4,446,925 1,783,355 304,199 1,782,581 23,537,536 4,427,515 4,578,009 n.d. 2013 1 2014 1 150,494 2015 2 Total n.d. 2,130,663 n.d. 9,399,175 n.d. 347,692 n.d. n.d. 288,380 298,870 510,870 505,857 23,401 849,498 588,536 n.d. 1,370,554 71,112 n.d. 59,092 36,672 1,072,652 495,553 2,097,813 765,383 895,870 37,662 31,873 104,259 45,543 290,449 5,950 153,888 2,543,342 2,054,959 8,117,604 3,871,687 5,950 n.d. n.d. 22,304 2,244,228 14,830,840 13,577,709 9,325,256 15,125,703 13,891,858 155,033 308,921 7,074,914 103,358,119 n.d. 109,198 433 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 434 Cuadro 137. Ayuda de Estados Unidos a México a través del programa Control Internacional de Narcóticos y Fortalecimiento de la Ley 2000-2017 Miles de dólares corrientes Año Concepto 1 de 2 (continuación Æ) Cantidad Subtotal 2000 1,450 Subtotal 2001 10,000 Subtotal 2002 12,000 Subtotal 2003 12,000 Subtotal 2004 37,000 Subtotal 2005 39,680 2006 n Programa Anti-Narcóticos n Programa contra el Crimen Transnacional 14,562 n Programa contra el Terrorismo 14,825 n Gobernabilidad Subtotal 2006 n Programa Anti-Narcóticos n Estado de Derecho y Derechos Humanos n Programa contra el Terrorismo n Operaciones de estabilización y Reforma del Sector Seguridad n Gobernabilidad Subtotal 2007 n Programa Anti-Narcóticos 660 20,107 8,308 57 1,822 151,500 7,500 n Estado de Derecho y Derechos Humanos 70,753 n Gobernabilidad Subtotal 2008 6,548 120,657 5,000 361,958 n Programa Anti-Narcóticos 232,150 n Programa contra el Crimen Transnacional 13,000 n Estado de Derecho y Derechos Humanos 48,500 n Operaciones de Estabilización y Reforma del Sector Seguridad 61,000 n Gobernabilidad Subtotal 2009 5,350 360,000 n Programa Anti-Narcóticos 249,000 n Programa contra el Crimen Transnacional 10,000 n Estado de Derecho y Derechos Humanos 166,500 n Gobernabilidad Subtotal 2010 14,656 n Programa contra el Crimen Transnacional n Operaciones de Estabilización y Reforma del Sector Seguridad 2010 2,567 45,610 n Programa contra el Terrorismo 2009 8 48,562 n Programa contra el Crimen Transnacional 2008 520 n Estado de Derecho y Derechos Humanos n Operaciones de Estabilización y Reforma del Sector Seguridad 2007 16,080 33,500 459,000 Cuadro 137. Ayuda de Estados Unidos a México a través del programa Control Internacional de Narcóticos y Fortalecimiento de la Ley 2000-2017 Miles de dólares corrientes Año Concepto 2011 n Programa Anti-Narcóticos 30,000 n Estado de Derecho y Derechos Humanos 87,000 Subtotal 2011 2012 n Programa Anti-Narcóticos 67,000 n Programa contra el Crimen Transnacional 13,000 n Estado de Derecho y Derechos Humanos 155,500 Subtotal 2012 2013 n Programa contra el Crimen Transnacional n Estado de Derecho y Derechos Humanos n Gobernabilidad Subtotal 2013 84,557 8,500 148,131 46,999 n Programa contra el Crimen Transnacional 3,357 n Estado de Derecho y Derechos Humanos 41,404 n Gobernabilidad 18,240 Subtotal 2015 110,000 n Programa Anti-Narcóticos 7,200 n Programa contra el Crimen Transnacional 3,500 n Estado de Derecho y Derechos Humanos 28,000 n Gobernabilidad 11,000 Subtotal 2016 49,700 n Programa Anti-Narcóticos 4,849 n Programa contra el Crimen Transnacional 4,848 n Estado de Derecho y Derechos Humanos 16,969 n Gobernabilidad Total 2000-2017 50,074 n Estado de Derecho y Derechos Humanos n Programa Anti-Narcóticos Subtotal 2017 25,482 5,000 Subtotal 2014 2017 3,324 123,063 n Programa contra el Crimen Transnacional n Gobernabilidad 2016 43,208 195,077 n Programa Anti-Narcóticos 2015 13,000 248,500 n Programa Anti-Narcóticos 2014 Cantidad 117,000 n Gobernabilidad F 2 de 2 4,848 31,514 2,287,182 : Department of State, “Congressional Budget Justiication, Foreign Operations Appendix 3”, Fiscal ears 2000-2017. 435 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 436 Cuadro 138. Personal mexicano participante en insituciones de seguridad de Estados Unidos 1 de 3 2012-2014 Institución (continuación Æ) 2012 2013 2014 Total ACSS 1 0 0 1 AFNORTH-7 0 0 11 11 AFNORTH-8 0 0 11 11 AFNORTH-9 0 0 31 31 APSS 1 0 5 6 Armor School 0 0 3 3 Army 2 3 2 7 0 0 2 2 ARNORTH 0 222 0 222 ARNORTH-3 0 12 0 12 ARNORTH-5 0 12 14 26 ARNORTH-6 0 37 42 79 ARNORTH-17 0 17 0 17 ARNORTH 704th MI Bde-6 0 0 20 20 ARNORTH DIA-10 0 0 25 25 ARNORTH and SCARNG 0 46 0 46 ARNORTH and SCARNG-4 0 4 0 4 ARNORTH and TXANG 0 127 0 127 ARNORTH and TXANG-4 0 16 0 16 ARNORTH and TXANG-6 0 5 0 5 ARNORTH and TXANG-8 0 3 0 3 ARNORTH and TXANG-9 0 13 0 13 ARNORTH and TXANG-24 0 30 0 30 Asia Paciic Center for Security Studies 1 0 3 4 ATF-7 0 0 25 25 51 26 8 85 103 40 26 169 CBP-5 0 0 30 30 CHDS 205 0 0 205 5 4 5 14 0 7 1 8 CNATT Naval Aviation Schools Command Pensacola FL 2 2 1 5 CO Marine Corps Combat Service Support School CA 0 0 2 2 14 69 43 126 ARNG ar College arrior Training CTR Aviation Logistics School Aviation School Center for Civil-Military Relations Monterey CA CG National Motor Lifeboat School Cape Disappoinment Cogard Intl Trng Det Tracen or to n VA A Cuadro 138. Personal mexicano participante en insituciones de seguridad de Estados Unidos 2 de 3 2012-2014 Institución (continuación Æ) 2012 2013 2014 Total 13 13 9 35 Columbus AFB MS 1 0 1 2 Command 3 3 1 7 Commandant Joint Forces Staff College Norfol VA 3 0 0 3 Commanding General, Education Command Quantico VA 2 3 10 15 Conference Center of the Americas, Miami FL 0 0 1 1 Corps Recruit Depot 0 84 0 84 Cogard Training Center or to n VA General Staff College RR San Diego CA CT 4 Corpus Christi TX 0 0 1 1 CT 5 Milton FL 0 2 2 4 Defense Intelligence Agency 1 0 0 1 Defense Institute of International Legal STUD 0 0 1 1 15 23 6 44 Eastern Aviation Training Site 0 0 20 20 Eisenho er School for National Security 1 2 1 4 Expeditionary 1 0 4 5 Field Artillery School 1 2 1 4 Flight Safety International Learn Center-San Antonio TX 0 2 2 4 GMCSS 0 0 1 1 12 0 0 12 0 2 5 7 68 89 57 214 Inter-American Defense College 2 3 2 7 JFK Special 1 2 1 4 Learning Tree International Reston VA 1 0 0 1 Little Roc Air Force Base, AR 0 0 1 1 MarforNorth-4 0 120 0 120 MarforNorth-5 0 0 81 81 MarforNorth-10 0 0 1,454 1,454 MarforNorth-12 0 1,050 0 1,050 Marine Corps Detachment Naval Station Ne port RI 1 0 0 1 Marshall Center (MC) 2 0 0 2 Max ell Air Force Base, AL 3 3 4 10 Medical Education Training Campus 0 0 2 2 National Defense University 3 2 1 6 DLIELC, Lac land Air Force Base TX arfare Training Group Paciic San Diego, CA Hurlburt Field, FL Infantry School Inter-American Air Forces Academy, Lac land Air Force Base, TX arfare Center Inter American Air Forces 437 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 438 Cuadro 138. Personal mexicano participante en insituciones de seguridad de Estados Unidos 2012-2014 Institución 3 de 3 2012 2013 2014 Total National Geospatial Intelligence College 0 0 11 11 National 3 0 0 3 Naval Command College Ne port RI 0 0 2 2 Naval Postgraduate School Monterey CA 1 0 3 4 Naval School Explosive Ordinance Disposal Eglin Aire Force Base , FL 4 2 3 9 Naval Staff College Ne port RI 1 1 0 2 NAVSCSCOLCENSERVSUP Site Ne port, RI 1 2 1 4 Navy Supply Corps School Ne port, RI 1 2 0 3 NAV ARCOL CFMCC Pearl Harbor HI 0 1 0 1 Netsafa International Training Center Pensacola, FL 3 2 2 7 ONLC, Dallas TX 1 0 0 1 Randolph AFB, TX 0 1 0 1 SOCNORTH-2 0 0 50 50 SOCNORTH-8 0 0 305 305 SOCNORTH-12 0 0 30 30 SOCNORTH-18 0 0 260 260 Support SCH Camp Lejeune NC 0 1 0 1 12 2 0 14 TSC BCT (3 3 ID)-6 0 0 20 20 TSC BCT (3 3 ID)-10 0 0 305 305 TSC BCT (3 3 ID)-11 0 0 20 20 TSC BCT (3 3 ID)-12 0 0 20 20 U.S. Army Combat Readiness Center 1 0 0 1 University Virginia Darden School Charlottesville, NC 1 1 0 2 785 0 0 785 USMA 0 6 1 7 USNA 0 0 0 0 39 34 14 87 1 1 0 2 16 18 17 51 0 0 70 70 Surface ar College arfare Oficers School Command Ne port RI UNK US Nav. Small Craft Instr. and Tech. Training SCH Stennis Space Center MS USCG Aviation Technical Training CTR Elizabeth City NC estern Hemis Institute for Security Cooperation JPC F : elaboración CASEDE con base en Foreign Military Training. Joint Report to Congress, Department of Defense and the Department of State, Volume I, 2012, 2013, 2014. Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año Institución/dependencia Programa 2012 Secretaría de la Defensa Nacional 1 (Sedena) Additional Flight Hours (Deiciency) 1 de 14 (continuación Æ) Cantidad 1 Advanced English Language Instr Course (AELIC) 1 AFSOC Casualty Evacuation (CASEVAC) 6 Air Command and Staff College 1 Air Mobil OPS MTT 70 Air Mobil Urban OPS MTT 62 Air ar College 1 Aircraft Electrician (Spanish) 1 Aircraft Maintenance Oficer CRS 1 ALC Specialized English Training Only 4 ALCL ALP Scholarship 1 Anti Terrorism for PRTC LVL I 2 Anti Terrorism FRC PRTC LVL II 2 Army 1 ar College (Resident Course) Asymmetric Con ict Tactical Seminar (ACTS) MTT C-130 B E H-56 ENG TECH 58 1 Counter Drug OPS-Spanish 4 Deployment Process MTT 60 Eingeneer Operations Ethics and Values MTT 4 60 Field Artillery Captaims Career 1 Hemispheric DEF 1 Security ILE Oficer PREP 1 Information OPS-Spanish 3 Intel SMEE 49 Intelligence T3 MTT 49 Intermediate Level Education 2 International Fello s Oirentation 1 International Oficer Preparatory 1 INTL EOD PH II Surface 2 INTL EOD Phase I 2 INTL INTELL Fello s PGM 1 INTL OFF SCH (for AC SC) 1 IP INSTRMNT PROC Course 1 J-85 Engine Techician 2 Medical Assistance-Spanish 1 NationLab 2011 CESNAV 10 NationLab 2012 June-Mexico-Sedena 54 N C International Fello s 2 Perspectives on Homeland Security and Defense 1 Phase II Intel (T3) 30 439 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 440 Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año Institución/dependencia 2 de 14 Programa Cantidad Post Cooperation Stress Disorder PTSD MTT 2012 (continúa) 40 Psychological Operations Oficer 1 Rule La 1 DISCP MIL PS FOT Seminar on CBT MD (SC MD T) Social Comms MTT 2 30 Spanish IER -CN 1004 4 Spanish Instrument Refresher 1 Spanish UH-60 Instructor Pilot 2 SPEC Reaction Team Certify 1 T-6 ALP Scholarship 1 Urban OPS MTT Secretaría de Marina (Semar)2 (continuación Æ) 134 699 Special Operations-MS 1 A C Struct. Maint. Tech. 1 Aircraft Electric Fundamentals 5 Advanced Communications Oficer Course (ACOC) 1 AFSOC Casualty Evacuation (CASEVAC) 6 Aircraft Electrician (Spanish) 1 Aircraft Pneudraulics Repairer (Spanish) 3 Aircraft Po erplant Repairer (Spanish) 4 Aircraft Po ertrain Repairer (Spanish) 4 Aircraft Technician CRS 4 ALC Specialized English Training Only 3 American language Course GET and SET 1 American Language CRS General English Training Only 3 Anti Terrorism for PRTC LVL I 2 Anti Terrorism FRC PRTC LVL II 2 Aviation Maintenance Supervisor Spanish 1 Aviation Safety Oficer 1 Aviation Survival Tech. A (Rescue S immer) 1 AVTRA PRE-Flight INDOC 2 Basic OP La Training (BOLT) 1 Caribbean Defense and Security Course 1 Civil-Military Respond to Terrorism 2 Comprehensive Security Responses to Terrorism 1 Corrosion Control Tech. 3 CS12-1-Comprehensive Security Responses to Terrorism Course 1 Defense Policy Course at the Inter American Defense College Diesel Systemts Overhaul and Maintenance (DSOM) 1 12 Dive and Salvage Operations 6 Ethical Hac ing and Counter Measures 1 Expeditionary 1 arfare SCH Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año 2012 (continúa) Institución/dependencia Programa 3 de 14 (continuación Æ) Cantidad Hemispheric Defense Security Human Rights Instruction-Spanish Hyperbaric Oxygen Therapy Training mtt 1 1 21 ICAF 1 IF Preparatory Course 1 International Anti-Terrorism Anti Piracy (IATP) 1 International Counter Terrorism Fello s Program 3 International Motor LifeBoat (MLB) COXS AIN Course 4 International Oficer Supply Course (IOSCO)-Resident 1 Intl. Basic Aviation PREP 2 Intl. CIC ATCH Oficer 12 Intl Crisis CMD CTRL 2 Intl. LOG EXEC ADV DEV (ILead) 1 Intl. LOG Supply MGMT CRS 5 Intl. Maritime Oficer 2 Joint Interagency MULTI-NAT Planners CRSE (JIMPC) 1 Joint Transition Course 1 JT Comb 1 aright Linux Comprehensive Introduction 1 Maritime Prepositioning Force Staff Planning 1 Maritime Terrorism 3 MET CG Maritime La Enforcement Instructor (CG3) MLB COXS AIN HV THR NationLab 2011 CESNAV 14 3 86 NationLab 2012 June-Mexico-Sedena 5 Naval Staff COL-10 Month 1 Navy Execurive Develop Program-Strategic Thin ing 1 OJT Technical Enlisted 1 Operational Information Analyst 2 Oral Proiciency S ills Aviation 2 Outboard MTR MT 6 OVHL Patrol Craft Hull Maint. 2 Patrol Craft Oficer Coastal (PCOC) 4 Patrol Craft Oficer Riverine (PCOR) 12 Perspectives on Homeland Security and Defense 2 Search and Rescue INCLEAND PLNG 6 Search and Rescue Maritime 2 Search and Rescue Planning 2 SP AVN Safety MGT Spanish IER -CN 1005 Spanish Instrument Refresher 5 10 1 441 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 442 Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año Institución/dependencia 2012 (continúa) Estado Mayor Presidencial Programa 4 de 14 (continuación Æ) Cantidad Spanish UH-60 Aviator Qualiication 7 Spanish UH-60 Instructor Pilot 2 Strategic Level Small Craft Combtg. Terr. (SLSCCBT) 1 Strategy and Defense Policy 3 Strategy and International Security 1 UH-60 Helicopter Repairer Spanish 6 UH-60 Helicopter Repairer (TRANS) 6 UH-60M Aviator Qualiication (TRANS) 14 aterborne Instructor Course Riverine 2 Anti Terrorism for PRTC LVL I 5 Anti Terrorism FRC PRTC LVL II 5 Rule La 5 DISCP MIL PS FOT SPEC Reaction Team Certify 5 Secretaría de Gobernación (Segob)3 Strategy and Defense Policy 2 NationLab 2012 June-Mexico-Sedena 7 Policía Federal (PF) Perspectives on Homeland Security and Defense 1 Terrorism and Counterinsurgency 1 NationLab 2011 Cesnav 1 Advanced Civil-Political-Military Relations and Democratic Leadership 1 NationLab 2011 Cesnav 2 Acft. Maint. Supt. Course 2 Aircraft Electrician (Spanish) 2 Aircraft Maint. Oficer CRS 1 Centro de Investigación y Seguridad Nacional Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Aircraft Pneudraulics Repairer (Spanish) 3 Aircraft Po erplant Repairer (Spanish) 2 Aircraft Po ertrain Repairer (Spanish) 1 Aviation Maintenance Supervisor Spanish 1 Avionic Mechanic (TRANS) 2 Avionic Mechanic Spanish 2 Caribbean Defense and Security Course 2 Combating Transnational Organized Crime 1 Corrosion Control Techn. 2 Helicopter Cre Chief 2 Intl. Supply 2 arehouse PRIN NationLab 2011 Cesnav 2 NationLab 2012 June-Mexico-Sedena 6 Perspectives on Homeland Security and Defense 1 Search and Rescue Planning 4 SP AVN Safety mgt. 1 SP AVN Safety mgt cn 1004 1 Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año Institución/dependencia Programa 5 de 14 (continuación Æ) Cantidad Spanish Maintenance mgr 2012 (continúa) Spanish Air Mission Commander 1 Spanish Aviator (UH-60FS) (Refresher) 2 Spanish Instrument Refresher 1 Spanish UH-60 Aircraft Maintenance Technician 2 Spanish UH-60 Aviator Qualiication 17 Spanish UH-60 Instructor Pilot 2 Strategy and Defense Policy 3 Strategy and International Security 1 UH-60 Helicopter Repairer Spanish UH-60M Aviator QUAL IP (TRANS) UH-60M Helicopter Repairer (TRANS) 7 24 5 Procuraduría General de la República (PGR) Countering Narcotics and the Illicit Commons 1 NationLab 2011 Cesnav 3 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 4 NationLab 2011 Cesnav 2 NationLab 2012 June-Mexico-Sedena 4 Table Top Exercise JAN 2012-IADB 2013 5 1 Semar y Sedena Explosive Ordinance Diposal 15 Sedena y SSP Force Protection MTT 25 Sedena, Semar y SSP CIED MTT Phase II 30 CIED MTT Phase II 30 Counter Improvised Explosive Device (CIED) 1A MTT 16 Advanced English Language Instructor Course (AELIC) 3 5 Sedena Air Comd. Staff College Air Mobile Operations MTT (T3) 1 30 Airborne 2 ALC ALP Scholarship 1 ALC Specialized English Training Only 4 American Language Course GET and SET 1 Army ar College (Resident Course) 1 Asymetric Con ict Tactical Seminar (ACTS) 30 Avionics Comm. Nav. Equip. 1 Basic American Language Instructor Course (BALIC) 2 C-130 B E H Aircraft Technician 1 C26A Co-Pilot Recurrent 1 C26A Pilot Recurrent 1 CIED Course Phase 1 7 CIED Course Phase 2 13 Combat Camera MTT 30 Command and General Staff Oficerts Course PREP Counter Intelligence (CI) MTT 1 30 443 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 444 Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año 2013 (continúa) Institución/dependencia 6 de 14 Programa (continuación Æ) Cantidad Counter Intelligence (CI) MTT (T3) Counterdrug Operations 25 2 Digital Forensic MTT 20 FA OFF Advanced Preparatory-Allied Oficer 1 Field Artillery Captains Career 1 Hemispheric Defense 1 Security Informations Operations 2 Intel Support to C-NT (T3) 30 Intel T3 Equipment Refresher 30 Intermediate Level Education 1 International Anti-Terrorism LVL I 13 International Anti-Terrorism LVL II 13 International EOD Phase I 1 International Fello s Orientation 1 International Oficer School (For ACSC) 1 International Oficer School (For A C) 1 International Oficer Preparatory 1 IP Instrmnt. Proc. Course 2 Medical Assistance 4 Military Information Support Operations (MISO) MTT 30 Night Co BN Infantry Operations phase 1 1 Night Co BN Infantry Operations phase 2 14 Night Co BN Infantry Operations phase 3 6 Night Co BN Infantry Operations phase 4 Night Infantry Operations Phase 3 (T3) MTT 4 24 Night Squad Platton Infantry Operations Phase 2 1 Night Squad Platton Infantry Operations Phase 3 14 Night Squad Platton Infantry Operations Phase 4 6 Night Squad Platton Infantry Operations Phase 5 4 Operational Information Analyst Operations Planning and Conducting Operations (BDE) MTT 4 22 Operations Planning and Conducting Operations (BDE)MTT 3 Operations Planning and Conducting Operations (BN) MTT 25 Professional Military Education PREP (PME PREP) 2 PT-6A Engine Technician 1 Rural Operations 1 (T3) 30 Rural Operations 2 (T3) 30 Semar Intelligence T3 MTT 30 Spanish Air Mission Commander Spanish Initial Entry Rotary ing (OH-58) Special Forces Qualiication-Allied (DET OFF) 2 12 1 Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año Institución/dependencia 2013 (continúa) 7 de 14 Programa (continuación Æ) Cantidad Special Reaction Team 13 Specialized Intel Training (T3) 20 UH-60 A L Helicopter Repairer 2 Urban Operations MTT (T3) 30 USAF Aerospace Physio Training USA 6 Semar International Fello s Academic Preparation A C Structural Maintenance tech. 1 1 1 Advanced Communications Oficer Course (ACOC) 2 Advanced English Language Instructor Course (AELIC) 1 Aircraft Electrician 3 Aircraft Maintenance Oficer Course 5 Aircraft Pneudraulics Repairer 2 Aircraft Po erplant Repairer Spanish 3 Aircraft Po ertrain Repairer Spanish 3 Aircraft Structural Repairer Spanish 2 ALC Specialized English Training Only 4 American Language Course General English Training Only 3 Aviation Maintenance Supervisor 1 Aviation Survival Tech. A (Rescue S immer) 1 Avionic Mechanic 3 Avionics COMM NAV Equip. 2 Avionics COMM NAV Equip. Technician 1 Avionics Instrument Technician 2 AVTRA PRE-Flight INDOC 2 Civil Affairs ( HINSEC) 15 Civil Affairs Operations 4 Civil-Military Resp. to Terrorism 2 Combined Force Maritime Component CDR Flag Course 1 Command 1 Staff COLL USMC Corrosion Control Technician Department Resource Mgt. 5 Logistics 1 Diesel System s Overhaul and Maintenance (DSOM) 6 Eisenho er School 1 Hemispheric Defense Security 1 IF Preparatory Course 1 Instructor Development Course 6 Intermediate Level Education 1 International Basic Aviation PREP 2 International CIC 2 atch Oficer International Counterterrorism Fello s Program 2 International Crisis CMD Control 2 445 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 446 Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año Institución/dependencia 8 de 14 Programa Cantidad International EOD Phase I 2013 (continúa) 1 International LOG EXEC Advance DEV (ILEAD) 2 International Maritime OFF 3 International Maritime OFF (IMOC) 2 International Motor Lifeboat (MLB) Coxs ain Course 4 International Oficer Supply Course (IOSCO)-Resident 2 International Patrol Craft Oficer Coastal (PCOC) 6 Jr Oficer Development Course 1 Maritime Search and Rescue Planning 3 Maritime Terrorism 2 Material Management 3 MET CG Maritime La Enforcement Instructor (CG 3) 12 MET CG Maritime La Enforcement Int. Boarding OFF (CG 5) 12 MEXMAR JODC 84 THR 3 MTT Advance Port PH S SEC Vulnerability 17 MTT Outboard Motor Maintenance 16 MTT Small Boat Operations II 12 Naval Staff College 1 Navy Executive Develop Program-Strategic Thin ing 1 NCO Professional Development 80 Oral Proiciency S ills Aviation 2 Outboard MTR MT 6 OVHL Patrol Craft Oficer Riverine (PCOR) 6 Psychological Operations Oficer 1 Search and Rescue Planning (SAR) 5 Search Rescue Inland Planning 3 Spanish Aviation Safety Management 1 Spanish Initial Entry Rotary ing (OH-58) 6 Strategic Inter-Agency Planning course 1 T-6B Joint PRI Pilot Training CH-1 2 UH-60 Helicopter Repairer Spanish 3 UH-60 Helicopter Repairer Supervisor Spanish 2 Unit Level Pre-Deployment Training aterborne Instructor Course Riverine SEGOB 40 Logistics Oficer MLB Coxs ain HV 7 (continuación Æ) 1,050 4 Aircraft Maintenance Oficer Course 1 Aircraft Maintenance SUPT Course 2 Basic Instructur Course 1 C-130B E H Propeller Technician 1 Corrosion Control Technician 2 Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año Institución/dependencia 2013 (continúa) SSP 9 de 14 Programa (continuación Æ) Cantidad International LOG Supply Management Course 2 On-the-Job Training (OJT) Admin. 2 Spanish Air Mission Commander 2 Spanish Aviation Safety Management 2 Spanish Aviatior (UH-60FS) (Refresher) 3 Spanish Maintenance Manager 2 Spanish UH-60 Aviator Qualiication 4 Spanish UH-60 Maintenance Test Pilot 1 UH-60M Aviator Qualiication IP (TRANS) 5 Aircraft Electrician 1 Aircraft Pneudraulics Sys. Tech. 1 Aviation Maintenance Supervisor 1 Basic Helicopter Cre Chief 5 Helicopter Cre Chief 2 Search and Rescue Planning (SAR) 2014 8 Sedena 2 Advanced Counter Intel Analysis Course 25 Advanced Ri e Mar smanship 1 30 Advanced Ri e Mar smanship 3 30 Air Command Air Staff College (ACSC Resident Course) ar College (A C) Resident Program 1 1 Airborne 1 Airmobile Operations 30 American Language Course General English Training Only 1 Army 1 ar College (Resident Course) Aviation Leadership PGR (T-6A) (SATP) 1 Command and General Staff Oficer s Course 1 C-130 B E H T-56 Eng. Tech. 1 C-130H2 PLT Initial Qualiication SGLESHP (A S Flying) C-26 Co-Pilot Initial Comprehensive Security Responses to Terrorism 1 2 3 Convoy OPS 25 CQC 25 CQC Air Mobile Operations 25 Crisis Action Planning 1 25 Crisis Action Planning 2 25 Crisis Action Planning 3 25 CSRT14-1 Comprehensive Security Responses to Terrorism Desert Operations 1 90 Eingeneer Operations 2 EISEN México-Critical Infrastructure 1 Electronic arfare 30 447 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 448 Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año Institución/dependencia 10 de 14 Programa Cantidad ESISEN-Emergency and Crisis Management at the Local and State Level 2014 (continúa) FA off Advanced Preparatoryied Oficer 1 40 Full Mission Proile-Exercises-Jungle and Riverine 90 Hemispheric Defense 1 Security 1 Intelligence Analysis of Transnational Operations 1 Intermediate Level Education 1 International EOD PH II Surface 1 International Fello s Orientation 1 International Oficer School (FOR ACSC) 1 Medical Assitance 4 Military Information Support Operations (MISO) 20 Mounted Urban Operations 1 30 Mounted Urban Operations 2 30 Mounted Urban Operations 3 30 Program on Terrorism and Security Studies 1 PT-6A Engine Technician 2 Small Unit Leader 1 Spanish Initial Entry Rotary ing (OH-58) Special Forces Qualiicationied (Engineer SGT) Strategy and Defense Policy Semar 2 Full Mission Proile-Exercises-Desert Operations Health Care Specialists 9 (continuación Æ) 1 1 2 Tactical Combat Casualty Care 25 Tactical Combat Casualty Care 1 20 Tactical Combat Casualty Care 2 20 Tactical Combat Casualty Care 3 20 A C Structural Maintenance Technician 2 Advance MultiG MPTS-USN 2 Advanced Imagery Analysis MTT 2 Airborne 11 2 Aircraft Electricity Funadamentals Technician 4 Aircraft Electrician Spanish 2 Aircraft Pneudraulics Repairer Spanish 2 Aircraft Po erplant Repairer Spanish 2 Aircraft Po ertrains Repairer Spanish 1 Aircraft Technician Course 4 ALC Specialized English Training Only 3 Armor Basic Offcier Leader-Branch ATF International Small Arms Trafic ing Training 1 25 Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año 2014 (continúa) Institución/dependencia 11 de 14 Programa (continuación Æ) Cantidad Avionics COMM NAV Equip. Technician 1 Avionics Instrument Technician 2 AVTRA Pre-Flight INDOC 1 Basic Oficer Course USMC CBP Vehicle Stop Training Civil-Military Response to Terrorism Collection Managment ISR MSN Planning MTT 2 Combat Medicine 8 30 2 11 25 Combating Transnational Organized Crime 1 Combined Force Maritime Component Commander Course 1 Command 1 Staff COLL USMC Corrosion Control Technician 3 CSRT14-1 Comprehensive Security Responses to Terrorism 1 CTERR Policy 1 STRAT-MA Dive and S im PREP 1 EISEN México-Critical Infrastructure 2 Eisenho er School 1 EISEN-Emergency and Crisis Management at the Local and State Level 2 Expeditionary 1 arfare School Fire Support Coordination FMV ISR Tactical Controller MTT 2 4 11 Full Mission Proile-Exercises-Jungle and Riverine 30 Full Mission Proile-Exercises-Linear Targets 40 Full Mission Video 14 ISRT Tactical Controller 1 Fundamentals of Geographic Information Sys. (Co-Production) 2 Geodatabase Design and Maintenance Co-Production 3 Health Care Specialists 1 Hemispheric Defense Security 1 Human Rights Instructor 1 Incorporating Human Geography Into GEOINT 3 Instructor Development Course 6 Intel., Surv. 1 Recon. Fundamentals (ISR) Intelligence Analysis of Transnational Operations 2 Intermediate GIS for Analysis Course Co-Production 3 International Anti-Terrorism LVL I 10 International Anti-Terrorism LVL II 10 International Basic Aviation PREP 1 International Counterterrorism Fello s Program 1 International Crisis CMD Control 4 449 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 450 Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año 2014 (continúa) Institución/dependencia 12 de 14 Programa (continuación Æ) Cantidad International EOD PH II Surface 1 International EOD Phase I 1 International Log. Supply Management Course 3 International Maritime Oficer (IMOC) 3 International Oficer School (FOR A C) 1 International Oficer Supply Course (IOSCO)-Resident 1 International Operation La 2 International Patrol Craft Oficer Coastal (PCOC) 6 Introductory Air Intelligence 1 Jungle Operations 25 Legal Aspects Combating Terrorism 1 Logistics Oficer 2 Maritime Navigation 25 Maritime Search and Rescue Planning 2 Maritime Terrorism 2 Material Management 2 MDMP OPS Intel. Fusion 25 Mechanical ENGRG-MS 1 Medical Assitance 2 MET CG Maritime La Enforcement Instructor (CG3) 14 MET CG Maritime La Enforcement JNTBoarding Oficer CG5 17 MLB Coxs ain Heavy eather MTT Small Boat Operations II 1 12 Naval Command College 1 Naval Staff College-10 Month 1 NCO Professional Development 81 NIGHT OPS 25 OPS INTEL Fusion 25 Oral Proiciency S ills Aviation PLT Instrument Procedures CR Post Assault Procedures 2 1 25 Ranger Recycle Training (MCOE IMSO) 2 Ranger Training Assessment Course 2 Riverine Operations 30 Search and Rescue Planning (SAR) Spanish Initial Entry Rotary ing (OH-58) 2 17 Special Operations -MS 1 Strategy and Defense Policy 2 T-6B Joint PRI Pilot Training CH-1 Tactical Combat Casualty Care Sensitive Site Exploitation 2 25 Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año Institución/dependencia 13 de 14 Programa (continuación Æ) Cantidad Tactical Vehicle OPS 2014 (continúa) 25 Unit Level Pre-Deployment Training-Southern Border 755 Unit Level Pre-Deployment Training-Urban 699 aterborne Instructor Course Riverine 2 Estado Mayor Presidencial Program on Terrorism and Security Studies 1 Presidencia de la República ESISEN-Emergency and Crisis Management at the Local and State Level 1 10 SEGOB Aircraft Maintenance Superintendent Course 2 Aircraft Structural Repairer Spanish 1 Avionics COMM NAV Equip. Technician 1 Basic Helicopter Cre Chief 2 Civil-Political-Military Relations and Democratic Leadership 2 CSRT14-1 Comprehensive Security Responses to Terrorism 2 Cybersecurity: Issues in National and International Security 1 ESISEN-Emergency and Crisis Management at the Local and State Level 1 EISEN México-Critical Infrastructure 1 Intel., Surv. Recon. Fundamentals (ISR) 1 Medical Assitance 1 Simulator IP 4 Spanish Aviation Safety Management 2 Strategy and Defense Policy 2 Terrorism and Counterinsurgency 1 UH-60A L (Country Provides Instructor Operator) UH-60M Aviator Qualiication IP (TRANS) UH-60M Maintenance Test Pilot (TRANS) eapon Safety Centro de Investigación y Seguridad Nacional SSP 11 SRE 2 IP Instrument PROC Course 16 4 2 2 ESISEN-Emergency and Crisis Management at the Local and State Level 8 Governance, Governability and Security: Responses to Transnational Organized Crime 1 Strategy and Defense Policy 2 Strategy and International Security 1 TSC13-2 Transnational Security Cooperation 1 Strategy and Defense Policy 2 ESISEN-Emergency and Crisis Management at the Local and State Level 1 Mechanism of Exchange of Information on Capacities in Support of Natural Dissasters 1 Strategy and Defense Policy 1 451 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 452 Cuadro 139. Instituciones y dependencias mexicanas participantes en programas de entrenamiento de Estados Unidos 2012-2014 Año Institución/dependencia Programa hashingtonSecurity and Defense Seminar 2014 SEDENA y SEMAR 14 de 14 Cantidad 5 Advanced Imagery Analysis MTT 3 31 FMV 31 ISR Tactical Controller MTT 3 Military-to-Military Intel. Training (SM2M) 1 20 F : elaboración CASEDE con base en Foreign Military Training. Joint Report to Congress, Department of Defense y Department of State, Volume I, 2012, 2013, 2014. 1 Incluye al Colegio de la Defensa Nacional y Fuerza Aérea. 2 Incluye al Centro de Estudios Navales y Estado Conjunto de la Armada. 3 Incluye al Servicio de Protección Federal. 4 Incluye a la Embajada de México en ashington D.C. 5 Incluye al Colegio de la Defensa Nacional y Fuerza Aérea. 6 Incluye al Centro de Estudios Superiores Navales y Estado Mayor de la Armada. 7 Incluye a la Policía Federal. 8 Incluye al Ejército. 9 Incluye al Centro de Estudios Superiores Navales. 10 Incluye al Servico de Protección Federal y a la Policía Federal de la cual, en tres casos, no se especíica el nivel de gobierno. 11 Incluye a la Embajada de México en ashington D.C. Cuadro 140. Financiamiento a México dentro de la Iniciativa Mérida 2008-2017 Millones de dólares corrientes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Estimado) 2017 (Solicitado) 20.0 15.0 15.0 18.0 33.3 32.1 46.1 33.6 39.0 49.0 Financiamiento Militar Extranjero 1 116.5 299.0 5.3 8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley 263.5 406.0 365.0 117.0 248.5 195.1 148.1 110.0 100.0 80.0 Total 400.0 720.0 385.3 143.0 281.8 227.2 194.20 143.60 139.0 129.0 Cuenta Fondo de Ayuda Económica F : Clare Ribando Seel e, exican ecurit Cooperation he érida nitiati e and e ond, Congressional Research Service, 2013, 2015 y 2016. 1 A partir de 2012, el Financiamiento Militar Extranjero ya no formó parte de la Iniciativa Mérida. n.a. No aplica. Cuadro 141. Embajadas de México con agregados de Defensa en América Latina 2007, 2008, 2012, 2014 y 2016 2007 2008 2012 2014 2016 Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Chile Chile Chile Chile Chile Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia Ecuador Ecuador Cuba Cuba Cuba El Salvador El Salvador Ecuador Ecuador Ecuador Guatemala Guatemala Honduras Guatemala Guatemala Honduras Honduras Nicaragua Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua Pere Nicaragua Nicaragua Pere Pere Uruguay Pere Pere Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay Venezuela Venezuela F : Atlas comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe, Red de Seguridad y Defensa de América Latina, 2007, 2008, 2012, 2014 y 2016. 453 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 454 Cuadro 142. Presupuesto de Defensa comparado con otros países de América Latina 2008-2016 1 de 4 (continuación Æ) PIB Presupuesto en Defensa País Miles de millones de dólares corrientes Argentina 323.8 301.3 Bolivia Brasil Chile % PIB Año 2.6 0.80 2008 2.8 0.93 2009 344.1 3.1 0.90 2010 435.1 3.7 0.87 2011 472.8 4.3 0.93 2012 488.2 4.9 1.00 2013 404.4 4.2 1.04 2014 585.6 5.4 0.93 2015 437.8 4.2 0.98 2016 16.6 0.2 1.52 2008 17.5 0.3 1.76 2009 19.0 0.3 1.76 2010 23.8 0.3 1.54 2011 27.0 0.4 1.48 2012 29.8 0.4 1.52 2013 33.6 0.4 1.46 2014 33.2 0.5 1.64 2015 33.9 0.5 1.67 2016 1,621.2 26.2 1.62 2008 1,481.5 25.9 1.75 2009 1,910.4 33.0 1.73 2010 2,517.9 39.8 1.58 2011 2,449.7 35.5 1.45 2012 2,242.8 31.6 1.41 2013 2,215.9 31.6 1.43 2014 1,772.5 24.6 1.39 2015 1,534.7 19.9 1.30 2016 169.9 4.5 2.65 2008 150.3 4.3 2.93 2009 196.4 4.7 2.44 2010 243.0 5.5 2.26 2011 272.1 5.8 2.17 2012 276.9 5.9 2.17 2013 263.1 5.5 2.09 2014 240.2 4.7 1.96 2015 235.4 4.5 1.94 2016 Cuadro 142. Presupuesto de Defensa comparado con otros países de América Latina 2008-2016 2 de 4 (continuación Æ) PIB Presupuesto en Defensa Miles de millones de dólares corrientes País Colombia Ecuador El Salvador Guatemala % PIB Año 202.4 6.0 2.96 2008 228.6 5.5 2.41 2009 268.1 6.1 2.31 2010 321.4 6.9 2.15 2011 378.7 7.9 2.09 2012 381.8 8.4 2.20 2013 387.6 8.4 2.17 2014 293.2 5.8 1.99 2015 253.2 4.9 1.94 2016 49.5 1.3 2.80 2008 55.6 1.6 3.02 2009 61.9 2.1 3.48 2010 65.3 2.2 3.50 2011 72.4 2.3 3.31 2012 94.1 2.3 2.55 2013 101.3 2.7 2.74 2014 98.8 2.7 2.78 2015 94.0 2.5 2.67 2016 21.8 0.1 0.53 2008 22.1 0.1 0.60 2009 21.8 0.1 0.61 2010 22.6 0.1 0.64 2011 24.4 0.1 0.59 2012 24.5 0.1 0.63 2013 25.4 0.1 0.59 2014 25.7 0.1 0.58 2015 27.3 0.1 0.53 2016 35.7 0.2 0.44 2008 36.4 0.2 0.42 2009 39.7 0.2 0.40 2010 46.7 0.2 0.42 2011 50.3 0.2 0.42 2012 54.3 0.3 0.48 2013 58.4 0.3 0.44 2014 63.9 0.2 0.43 2015 68.1 0.2 0.39 2016 455 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 456 Cuadro 142. Presupuesto de Defensa comparado con otros países de América Latina 2008-2016 3 de 4 (continuación Æ) PIB País Honduras México Nicaragua Paraguay Presupuesto en Defensa Miles de millones de dólares corrientes % PIB Año 13.7 0.1 0.88 2008 14.5 0.1 0.88 2009 15.2 0.2 1.13 2010 17.2 0.2 1.02 2011 18.3 0.2 1.03 2012 18.8 0.2 1.15 2013 19.5 0.3 1.29 2014 20.2 0.2 1.41 2015 20.6 0.3 1.61 2016 949.5 4.7 0.50 2008 866.3 4.6 0.54 2009 995.9 4.8 0.49 2010 1,185.2 6.2 0.53 2011 1,207.8 6.2 0.52 2012 1,258.5 6.9 0.56 2013 1,287.5 7.2 0.57 2014 1,144.3 6.6 0.58 2015 1,082.4 5.9 0.55 2016 6.5 0.4 0.65 2008 6.2 0.4 0.59 2009 6.2 0.4 0.63 2010 7.0 0.5 0.76 2011 7.6 0.7 0.85 2012 11.2 0.9 0.75 2013 11.9 0.8 0.69 2014 12.2 0.7 0.59 2015 12.9 0.7 0.56 2016 12.0 0.1 1.24 2008 13.6 0.2 1.30 2009 17.3 0.2 1.31 2010 22.3 0.3 1.46 2011 22.3 0.4 1.93 2012 28.3 0.5 1.66 2013 29.5 0.4 1.49 2014 28.0 0.4 1.66 2015 26.8 0.3 1.33 2016 Cuadro 142. Presupuesto de Defensa comparado con otros países de América Latina 2008-2016 PIB País Pere 125.8 127.3 Uruguay Venezuela F Presupuesto en Defensa Miles de millones de dólares corrientes Repeblica Dominicana 4 de 4 % PIB Año 1.5 1.20 2008 1.5 1.25 2009 146.2 2.0 1.41 2010 168.4 2.0 1.25 2011 184.9 2.1 1.18 2012 206.5 2.5 1.22 2013 216.6 2.8 1.30 2014 192.1 2.5 1.30 2015 178.6 2.2 1.25 2016 37.6 0.3 0.71 2008 44.7 0.3 0.70 2009 50.0 0.3 0.66 2010 54.3 0.3 0.61 2011 59.4 0.4 0.59 2012 60.7 0.4 0.61 2013 62.7 0.4 0.66 2014 67.4 0.4 0.66 2015 71.4 0.4 0.64 2016 26.6 0.3 1.19 2008 31.6 0.3 1.02 2009 40.5 0.6 1.53 2010 49.4 0.7 1.46 2011 52.3 0.7 1.35 2012 56.3 0.7 1.20 2013 58.2 0.7 1.12 2014 53.7 0.8 1.49 2015 53.1 0.7 1.45 2016 334.7 3.3 1.06 2008 353.4 4.1 1.27 2009 301.0 2.5 1.85 2010 309.8 2.3 1.76 2011 337.4 3.9 1.02 2012 373.9 5.2 1.40 2013 342.0 5.5 1.63 2014 239.5 5.2 2.19 2015 185.6 8.5 4.61 2016 : Atlas comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe, Red de Seguridad y Defensa de América Latina, 2016. 457 Cooperación, Seguridad y Defensa: México, Estados Unidos y América Latina Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 458 Cuadro 143. Efectivos militares en América Latina 2007, 2012, 2014 y 2016 País 2007 2012 2014 2016 Argentina 74,125 74,624 77,066 79,845 Bolivia 41,825 40,330 34,078 34,078 Brasil 367,906 339,365 333,973 366,614 Chile 72,643 50,925 Colombia 244,564 59,031 67,683 274,543 1 268,160 265,050 2 40,242 41,403 24,799 24,023 22,326 18,181 15,550 15,216 265,812 267,656 Ecuador 38,062 38,264 El Salvador 17,860 15,770 Guatemala 15,500 15,580 Honduras México Nicaragua 8,492 10,550 245,366 261,930 9,399 10,404 2 8,850 12,221 3 113,810 106,034 4 Repeblica Dominicana 49,910 46,547 Uruguay 25,415 22,372 Paraguay Pere Venezuela 92,350 113,558 5 10,358 12,793 14,284 16,087 78,296 78,296 56,022 63,349 22,563 22,316 194,744 365,315 F : Atlas comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe, Red de Seguridad y Defensa de América Latina, 2007, 2012, 2014 y 2016. 1 Incluye al Comando General. 2 Los datos corresponden al año 2011. 3 Incluye al Comando en Jefe, Comando de las Fuerzas Militares y Comando Logístico. 4 Los datos corresponden al año 2009. 5 Incluye a la Guardia Nacional. Nota: Los efectivos militares de México, por provenir de otra fuente, no coinciden con los del cuadro 22 del apartado “Presupuestos: Seguridad y Defensa 2000-2016”. Opinión Pública L “ ” está basada en la percepción que tiene una persona sobre su condición de seguridad. Para poder captarla se han desarrollado instrumentos de medición cada vez más soisticados tanto por el gobierno federal como por organizaciones empresariales, organismos de la sociedad civil, periódicos y consultoras privadas. Esto ha permitido que se profundice en la percepción de inseguridad por tipo de delito, ubicación espacial y temporal del encuestado, por edad, por sexo, entre otras. Los resultados de las encuestas han demostrado ser etiles para el diseño de políticas en materia de seguridad peblica, prevención del delito y recientemente para la prevención de la violencia. En este apartado se ha incorporado una selección de tabulados tomados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica (Envipe), la cual ostenta reconocimiento internacional debido a la Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 460 solidez metodológica y a la amplitud de la muestra. Los cuadros seleccionados hacen un repaso de la condición de victimización por tipo de delito y lugar de ocurrencia, lo cual ofrece un panorama más preciso acerca de los niveles de inseguridad y delincuencia en el país. Es importante agregar que la Envipe también mide los niveles de desconianza hacia las instituciones de justicia. Por ejemplo, el indicador más importante al respecto es el de la llamada cifra negra, la cual en el país asciende a 9.3 de cada diez delitos no denunciados. Por otra parte, se incluye también una encuesta elaborada por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, la cual tuvo por objetivo medir el capital social a nivel comunitario en diez municipios del país. Se toman como marco teórico-conceptual tres variables que sintetizan la dinámica e interrelación de los individuos con sus estructuras sociales comunitarias. La primera de ellas se denomina “vínculo social directo” (bonding), dirigida a captar la naturaleza de las relaciones interpersonales. La segunda es “colaboración social” (bridging), orientada a identiicar la capacidad de los individuos para organizarse a través de vínculos informales. La tercera es la “institucionalización del vínculo” (bricking), la cual contabiliza la densidad de los vínculos entre individuos y el rostro formal de las estructuras sociales o instituciones, así como la calidad de estos mismos vínculos. La encuesta sobre capital social de CASEDE y SIMO es un instrumento novedoso que apuesta por encontrar la contraposición entre capital social positivo, por una parte, y capital social negativo, por la otra (véanse gráicas 11 a 53). El primero se deine como la posibilidad de los ciudadanos para vincularse entre sí, y con las estructuras sociales e institucionales de las cuales derivan un beneicio socialmente aceptado. El segundo se entiende como el distanciamiento del individuo y la comunidad del Estado de derecho, así como el rechazo de los cauces institucionales propuestos tradicionalmente por el Estado como alternativa para canalizar las demandas sociales e individuales, anteponiendo a cualquier criterio moral, o legal, el privilegio del grupo que decide movilizarse por esta vía. Los resultados de esta encuesta no son alentadores. Sin embargo, resulta un ejercicio muy interesante a la luz de la creciente demanda social por el desarrollo de políticas de prevención con enfoque social, al mismo tiempo que los tres niveles de gobierno aceptan que se requiere fortalecer el llamado tejido social, es decir, las relaciones interpersonales a nivel comunitario. Finalmente, en este apartado se incluyen también encuestas de opinión del Latinobarómetro para establecer comparativos internacionales sobre ciertos temas que importan a México relacionados con la seguridad y la transparencia. Cuadro 144. Tipo de violencia más dañina por país 2016 Violencia intrafamiliar con las mujeres País Violencia intrafamiliar con los niños Violencia en las calles Crimen organizado Maraspandillas Bullying Violencia verbal Violencia de Estado NS/NR Ecuador 82 73 67 60 53 44 43 35 1 Paraguay 76 69 73 60 48 30 28 28 2 Chile 74 67 69 49 55 49 42 45 3 Colombia 71 76 64 55 58 40 46 45 1 Argentina 69 64 73 52 50 38 49 51 1 Bolivia 67 58 47 37 56 31 33 28 3 Repeblica Dominicana 67 63 53 39 31 28 25 30 2 Uruguay 65 68 66 43 35 35 38 32 2 México 65 55 60 73 48 48 33 44 1 Venezuela 64 59 82 69 60 43 58 57 0 Costa Rica 62 64 59 63 55 51 46 44 1 Pere 60 58 59 57 57 42 37 28 3 Panamá 59 55 49 41 47 30 34 26 1 Nicaragua 57 44 39 33 37 35 24 24 5 Guatemala 57 56 53 42 65 33 30 32 4 Brasil 52 54 52 48 33 21 21 37 2 El Salvador 45 48 49 45 66 31 35 36 1 Honduras 35 35 43 52 60 24 19 29 2 F NS/NR: : Informe Latinobarómetro 2016. No sabe No respondió Cuadro 145. Percepción de la inseguridad por país 2015 País F Cuadro 146. Tasa de victimización por país 2015 Porcentaje País Victimización Venezuela 84 Venezuela 89 El Salvador 83 México 57 Brasil 77 Pere 51 Guatemala 72 Brasil 48 Argentina 71 Argentina 47 Pere 71 Paraguay 45 México 70 Colombia 44 Costa Rica 67 Uruguay 41 Honduras 65 Bolivia 39 Paraguay 65 Repeblica Dominicana 39 Repeblica Dominicana 62 Guatemala 38 Panamá 61 Costa Rica 37 Uruguay 59 Honduras 37 Chile 55 Ecuador 36 Colombia 53 Chile 36 Bolivia 52 El Salvador 34 Ecuador 42 Panamá 32 Nicaragua 28 Nicaragua 30 : Informe Latinobarómetro 2015. F : Informe Latinobarómetro 2015. 461 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 462 Cuadro 147. ¿Ha sido víctima de un delito?, por país 2016 País Victimización Venezuela 48 México 46 Argentina 41 Repeblica Dominicana 41 Pere 39 Honduras 38 Brasil 37 Chile 37 Guatemala 36 Paraguay 35 Uruguay 35 Costa Rica 35 Colombia 34 Panamá 32 El Salvador 31 Nicaragua 31 Bolivia 30 Ecuador 29 F : Informe Latinobarómetro 2016. Cuadro 148. Porcentaje de personas que perciben la delincuencia como el problema más importante en su país 2016 País Delincuencia Pere 52 El Salvador 48 Repeblica Dominicana 35 Uruguay 33 Chile 32 Honduras 30 México 30 Panamá 22 Guatemala 20 Argentina 18 Paraguay 17 Colombia 17 Brasil 17 Bolivia 14 Costa Rica 12 Venezuela 9 Ecuador 7 Nicaragua 2 F : Informe Latinobarómetro 2016. Cuadro 149. Aprobación presidencial en América Latina 2002-2016 País 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015 2016 Argentina 14 86 73 71 73 52 34 25 40 57 43 42 40 Bolivia 42 24 48 60 54 60 53 57 46 41 55 71 52 Brasil 34 62 53 47 62 58 79 84 86 67 56 29 22 Colombia 13 64 75 69 70 68 75 72 75 75 53 51 32 Costa Rica 52 37 50 32 56 55 45 75 53 48 22 36 30 Chile 50 54 64 66 67 55 59 85 55 28 29 49 28 Ecuador 30 27 20 24 23 74 66 59 58 64 73 50 40 El Salvador 35 48 57 58 48 54 51 83 71 63 66 37 33 Guatemala 12 15 36 44 45 28 46 52 47 43 47 38 56 Honduras 57 52 44 39 57 56 35 n.d. 51 52 32 62 47 México 47 46 41 41 60 60 58 52 59 59 46 35 25 Nicaragua 84 32 30 32 23 54 32 37 58 50 60 60 69 Panamá 23 14 20 39 57 37 41 80 59 62 43 62 33 29 Paraguay 5 8 57 39 33 17 86 69 55 49 30 26 23 10 8 16 57 29 14 26 30 52 39 24 19 n.d. n.d. 21 62 61 46 50 47 45 36 74 82 76 Uruguay 30 16 12 72 63 61 61 74 75 63 61 72 43 Venezuela 51 35 43 65 65 61 48 45 47 49 47 30 20 Pere Repeblica Dominicana 3 F 1 2002 Opinión Pública : Informe Latinobarómetro 2016. Los datos corresponden al mes de enero febrero de 2015, con excepción de México, cuyo terreno se realizó en noviembre de 2014 y Ecuador, cuyo terreno se realizó entre agosto y septiembre de 2015. 2 Datos obtenidos entre el 15 de mayo y el 15 de juio de 2016. 3 La medición de Repeblica Dominicana se aplica desde 2004. n.d. No disponible. 1 463 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 464 Cuadro 150. Percepción de transparencia del gobierno 2015 País Porcentaje Uruguay 61 Ecuador 59 Repeblica Dominicana 56 Bolivia 47 Chile 44 Nicaragua 43 Panamá 37 Argentina 34 Venezuela 33 Honduras 32 Paraguay 31 Costa Rica 27 El Salvador 27 México 26 Guatemala 24 Pere 24 Colombia 24 Brasil 16 F : Informe Latinobarómetro 2015. Cuadro 151. Satisfacción con la vida por país 2016 País F Porcentaje Repeblica Dominicana 88 Costa Rica 87 Panamá 86 Colombia 83 Nicaragua 81 Argentina 80 Uruguay 79 Guatemala 77 El Salvador 77 México 74 Honduras 73 Ecuador 70 Chile 70 Paraguay 68 Bolivia 66 Pere 66 Brasil 61 Venezuela 58 : Informe Latinobarómetro 2016. Cuadro 152. Tasa de prevalencia delictiva por entidad federativa 2010-2015 Por cada 100 mil habitantes Tasa de prevalencia Entidad federativa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aguascalientes 36,285 25,668 27,225 26,784 33,376 30,721 Baja California 30,943 30,549 36,579 39,507 37,583 30,786 Baja California Sur 23,280 26,939 27,043 24,746 30,310 24,212 Campeche 17,260 17,191 21,991 23,710 22,639 19,469 Chiapas 12,814 12,526 12,620 16,445 15,352 21,501 Chihuahua 35,828 30,417 32,567 27,344 22,395 24,244 Coahuila 25,203 22,944 19,540 24,040 17,080 14,347 Colima 17,224 21,069 24,908 22,059 21,562 23,993 Distrito Federal 32,340 33,256 31,675 33,068 36,019 38,475 Durango 20,418 19,839 24,232 22,157 22,949 22,260 Estado de México 27,957 30,920 41,048 47,778 45,139 28,035 Guanajuato 21,100 24,488 28,861 27,293 31,659 31,344 Guerrero 20,216 20,249 26,789 26,002 27,721 19,245 Hidalgo 20,225 21,787 19,451 19,890 18,420 33,800 Jalisco 24,454 25,505 31,861 33,029 31,375 45,795 Michoacán 15,106 20,805 20,354 20,002 21,311 19,784 Morelos 21,898 22,956 29,310 26,146 29,647 29,139 Nayarit 23,106 20,804 19,169 18,535 22,052 19,941 Nuevo León 27,962 25,063 31,316 26,516 24,250 25,203 Oaxaca 16,189 17,524 14,335 16,291 20,061 18,382 Puebla 21,441 22,591 22,733 23,585 23,741 22,959 Querétaro 19,062 21,022 24,002 23,554 25,660 28,128 Quintana Roo 28,419 26,603 29,703 26,519 28,638 29,321 San Luis Potosí 22,503 24,662 26,810 25,710 25,873 21,280 Sinaloa 26,056 23,836 26,141 23,588 22,063 20,263 Sonora 29,008 29,980 29,131 27,395 24,246 29,587 Tabasco 24,480 19,217 20,837 22,725 24,759 25,910 Tamaulipas 22,661 18,067 21,407 17,570 23,339 18,908 Tlaxcala 20,874 18,135 18,150 21,924 26,012 26,905 Veracruz 16,900 17,708 18,733 20,246 17,208 18,422 ucatán 17,715 14,816 19,548 18,438 22,860 20,491 Zacatecas 22,247 20,137 20,337 20,863 22,924 17,635 Tasa total de prevalencia 23,993 24,317 27,337 28,224 28,200 28,202 F : elaboración CASEDE con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011-2016. Nota: La tasa se calculó dividiendo el nemero total de víctimas en cada entidad entre la población de 18 años y más residente en ella, multiplicando este valor por 100,000. 465 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 466 1 de 2 (continuación Æ) Cuadro 153. Distribución de la población de 18 años y más por entidad federativa, segen condición de victimización 2010-2015 Entidad federativa Población de 18 años y más Población Víctimas No víctimas de 18 años Absolutos Relativos Absolutos Relativos y más 2012 2 20111 2010 Víctimas Absolutos Relativos Población No víctimas de 18 años Absolutos Relativos y más Víctimas No víctimas Absolutos Relativos Absolutos Relativos Aguascalientes 764,579 277,426 36.3 487,153 63.7 796,927 204,556 25.7 591,957 74.3 827,499 225,286 27.2 600,635 72.6 Baja California 2,206,528 628,761 30.9 1,523,767 69.1 2,247,880 686,716 30.5 1,560,598 69.4 2,275,576 832,394 36.6 1,441,384 63.3 Baja California Sur 453,125 105,487 23.3 347,638 46.7 471,807 127,100 26.9 344,707 73.1 494,923 133,844 27.0 359,335 72.6 Campeche 561,712 96,951 17.3 464,761 82.7 570,462 98,066 17.2 472,126 82.8 606,073 133,281 22.0 471,964 77.9 Chiapas 2,941,726 376,950 12.8 2,564,776 87.2 3,073,631 385,003 12.5 2,683,082 87.3 3,123,975 394,250 12.6 2,717,697 87.0 Chihuahua 2,388,904 855,907 35.8 1,532,997 64.2 2,456,361 747,152 30.4 1,706,762 69.5 2,495,287 812,647 32.6 1,680,352 67.3 Coahuila 1,853,555 467,155 25.2 1,386,400 74.8 1,861,117 427,021 22.9 1,432,489 77.0 1,954,341 381,884 19.5 1,564,203 80.0 454,938 78,357 17.2 376,581 82.8 474,859 100,048 21.1 374,142 78.8 486,244 121,112 24.9 364,750 75.0 Distrito Federal 6,616,535 2,139,795 32.3 4,476,740 67.7 6,708,730 2,231,083 33.3 4,470,873 66.6 6,664,266 2,110,923 31.7 4,536,082 68.1 Durango 1,057,990 216,020 20.4 841,970 79.6 1,096,889 217,607 19.8 879,030 80.1 1,123,794 272,317 24.2 847,911 75.5 Colima Estado de México 10,553,146 2,950,389 28.0 7,602,757 72.0 10,566,163 3,267,079 30.9 7,299,084 69.1 10,943,451 4,492,074 41.0 6,445,483 58.9 Guanajuato 3,575,351 754,389 21.1 2,820,962 78.9 3,613,675 884,901 24.5 2,725,078 75.4 3,742,878 1,080,223 28.9 2,646,648 70.7 Guerrero 2,041,141 412,647 20.2 1,628,494 79.8 2,110,375 427,336 20.2 1,679,407 79.6 2,139,666 573,203 26.8 1,526,872 71.4 Hidalgo 1,730,964 350,094 20.2 1,380,870 79.8 1,781,728 388,193 21.8 1,391,845 78.1 1,841,722 358,240 19.5 1,477,606 80.2 Jalisco 4,978,924 1,217,557 24.5 3,761,367 75.5 5,090,250 1,298,290 25.5 3,791,960 74.5 5,216,434 1,662,031 31.9 3,543,277 67.9 Michoacán 2,852,078 430,837 15.1 2,421,241 84.9 2,916,659 606,799 20.8 2,303,621 79.0 2,910,364 592,390 20.4 2,289,064 78.7 Morelos 1,205,950 264,078 21.9 941,872 78.1 1,225,772 281,386 23.0 942,945 76.9 1,249,257 366,162 29.3 879,467 70.4 741,213 171,262 23.1 569,951 76.9 748,588 155,739 20.8 591,738 79.0 770,633 147,720 19.2 620,840 80.6 Nuevo León 3,286,530 918,990 28 2,367,540 72 3,380,441 847,226 25.1 2,533,215 74.9 3,482,301 1,090,503 31.3 2,389,194 68.6 Oaxaca 2,412,853 390,627 16.2 2,022,226 83.8 2,493,575 436,973 17.5 2,056,326 82.5 2,538,774 363,939 14.3 2,165,741 85.3 Puebla 3,650,931 782,805 21.4 2,868,126 78.6 3,825,671 864,276 22.6 2,946,417 77.0 3,869,810 879,716 22.7 2,979,932 77.0 Querétaro 1,215,080 231,613 19.1 983,467 80.9 1,248,297 262,419 21.0 982,247 78.7 1,266,266 303,926 24.0 959,970 75.8 930,452 264,423 28.4 666,029 71.6 977,366 260,011 26.6 714,378 73.1 1,009,715 299,914 29.7 705,045 69.8 San Luis Potosí 1,687,339 379,694 22.5 1,307,645 77.5 1,723,425 425,029 24.7 1,296,173 75.2 1,746,166 468,140 26.8 1,273,939 73.0 Sinaloa 1,926,834 502,064 26.1 1,424,770 73.9 1,927,503 459,449 23.8 1,464,561 76.0 1,999,213 522,613 26.1 1,469,921 73.5 Sonora 1,816,418 526,899 29 1,289,519 71 1,899,033 569,329 30.0 1,327,396 69.9 1,910,297 556,484 29.1 1,350,965 70.7 Tabasco 1,417,844 347,087 24.5 1,070,757 75.5 1,474,050 283,266 19.2 1,181,291 80.1 1,517,936 316,290 20.8 1,199,131 79.0 Tamaulipas 2,262,286 512,658 22.7 1,749,628 77.3 2,301,357 415,789 18.1 1,884,071 81.9 2,349,835 503,023 21.4 1,825,760 77.7 Tlaxcala 752,234 157,023 20.9 595,211 79.1 766,593 139,025 18.1 624,151 81.4 797,688 144,782 18.2 649,374 81.4 Veracruz 5,142,364 869,039 16.9 4,273,325 83.1 5,206,153 921,894 17.7 4,278,992 82.2 5,267,140 986,674 18.7 4,250,966 80.7 ucatán 1,336,818 236,822 17.7 1,099,996 82.3 1,381,319 204,661 14.8 1,174,429 85.0 1,421,180 277,812 19.5 1,139,065 80.1 964,734 214,628 22.2 750,106 77.8 988,293 199,011 20.1 788,041 79.7 984,386 200,193 20.3 776,921 78.9 75,781,076 18,128,434 24.0 57,598,642 76.0 77,404,949 18,822,433 24.3 58,493,132 75.6 79,027,090 21,603,990 27.3 57,149,494 72.3 Nayarit Quintana Roo Zacatecas Total F : elaboración CASEDE con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011-2016. Se excluyen los casos en los cuales el informante no respondió si fue víctima o no. A nivel nacional fueron 89,384 casos. 2 Se excluyen los casos en los cuales el informante no respondió si fue víctima o no. A nivel nacional fueron 273,606 casos. 3 Se excluyen los casos en los cuales el informante no respondió si fue víctima o no. A nivel nacional fueron 321,972 casos. 4 Se excluyen los casos en los cuales el informante no respondió si fue víctima o no. A nivel nacional fueron 322,727 casos. 5 Se excluyen los casos en los cuales el informante no respondió si fue víctima o no. A nivel nacional fueron 443,206 casos. 1 2 de 2 Población de 18 años y más 2013 3 Población Víctimas No víctimas de 18 años Absolutos Relativos Absolutos Relativos y más 2015 5 2014 4 Población Víctimas No víctimas de 18 años Absolutos Relativos Absolutos Relativos y más Víctimas No víctimas Absolutos Relativos Absolutos Relativos 830,115 222,342 26.8 603,013 72.6 826,776 275,943 33.4 548,198 66.3 843,788 259,219 30.7 583,940 69.2 2,285,025 902,742 39.5 1,372,583 60.1 2,324,817 873,739 37.6 1,445,620 62.2 2,417,854 744,356 30.8 1,670,042 69.1 497,268 123,053 24.7 373,163 75.0 513,401 155,612 30.3 355,925 69.3 539,742 130,684 24.2 408,727 75.7 597,703 141,714 23.7 452,606 75.7 609,644 138,017 22.6 467,897 76.7 622,864 121,266 19.5 500,085 80.3 3,109,939 511,439 16.4 2,582,581 83.0 3,171,336 486,876 15.4 2,653,061 83.7 1,960,866 421,615 21.5 1,536,656 78.4 2,368,009 647,519 27.3 1,710,392 72.2 2,452,925 549,331 22.4 1,895,392 77.3 505,836 122,635 24.2 382,195 75.6 1,910,550 459,293 24.0 1,444,461 75.6 1,931,814 329,961 17.1 1,600,319 82.8 3,207,922 460,243 14.3 2,742,792 85.5 490,590 108,217 22.1 380,460 77.6 495,710 106,887 21.6 385,894 77.8 2,529,903 606,995 24.0 1,912,123 75.6 6,725,007 2,223,804 33.1 4,469,290 66.5 6,885,392 2,480,058 36.0 4,395,357 63.8 6,805,124 2,618,238 38.5 4,149,259 61.0 1,126,212 249,538 22.2 871,519 77.4 1,145,726 262,938 22.9 878,711 76.7 1,162,319 258,732 22.3 901,987 77.6 11,184,994 5,343,975 47.8 5,794,693 51.8 11,458,236 5,172,098 45.1 6,260,251 54.6 3,859,532 1,082,015 28.0 2,772,051 71.8 3,695,098 1,008,486 27.3 2,676,674 72.4 3,683,034 1,166,013 31.7 2,509,327 68.1 2,273,493 712,604 31.3 1,553,565 68.3 2,177,517 566,201 26.0 1,603,467 73.6 2,218,531 615,001 27.7 1,589,322 71.6 1,931,600 371,745 19.2 1,552,247 80.4 1,883,513 374,625 19.9 1,491,815 79.2 1,927,642 355,073 18.4 1,565,840 81.2 5,370,491 1,815,211 33.8 3,541,296 65.9 5,192,251 1,714,968 33.0 3,466,473 66.8 5,261,794 1,650,874 31.4 3,578,373 68 11,698,207 5,357,213 45.8 6,147,183 52.5 2,929,255 585,900 20.0 2,336,311 79.8 3,015,726 642,672 21.3 2,364,184 78.4 3,111,957 615,659 19.8 2,487,568 79.9 1,310,351 342,602 26.1 963,154 73.5 1,319,461 391,187 29.6 921,762 69.9 1,344,344 391,726 29.1 950,104 70.7 795,462 147,438 18.5 646,690 81.3 815,389 179,807 22.1 633,767 77.7 833,547 166,214 19.9 663,144 79.6 3,461,927 917,975 26.5 2,534,057 73.2 3,519,863 853,553 24.2 2,654,862 75.4 3,579,298 902,080 25.2 2,667,973 74.5 2,599,628 423,511 16.3 2,159,402 83.1 2,586,646 518,915 20.1 2,054,957 79.4 2,655,574 488,136 18.4 2,117,847 79.8 3,943,835 930,137 23.6 2,984,331 75.7 3,943,603 936,258 23.7 2,984,908 75.7 4,104,708 942,396 23.0 3,156,010 76.9 1,294,794 304,972 23.6 985,062 76.1 1,335,421 342,668 25.7 989,448 74.1 1,365,684 384,134 28.1 979,465 71.7 1,006,462 266,906 26.5 737,650 73.3 1,034,056 296,135 28.6 733,926 71 1,094,796 321,006 29.3 771,970 70.5 1,760,397 452,596 25.7 1,297,265 73.7 1,774,437 459,094 25.9 1,306,617 73.6 1,826,071 388,594 21.3 1,422,578 77.9 1,991,590 469,783 23.6 1,516,753 76.2 2,000,620 441,389 22.1 1,550,876 77.5 2,030,436 411,430 20.3 1,603,397 79.0 1,919,739 525,904 27.4 1,385,259 72.2 1,973,052 478,379 24.2 1,481,286 75.1 1,999,857 591,707 29.6 1,404,907 70.3 1,528,812 347,430 22.7 1,175,821 76.9 1,558,732 385,920 24.8 1,165,811 74.8 1,573,096 407,582 25.9 1,163,171 73.9 2,370,221 416,436 17.6 1,946,260 82.1 2,405,118 561,339 23.3 1,827,489 76 2,446,787 462,638 18.9 1,981,438 81.0 818,086 179,360 21.9 635,381 77.7 834,657 217,113 26 612,411 73.4 853,298 229,582 26.9 621,546 72.8 5,373,638 1,087,937 20.2 4,270,838 79.5 5,472,670 941,759 17.2 4,513,774 82.5 5,538,448 1,020,298 18.4 4,505,340 81.3 1,434,836 264,560 18.4 1,165,427 81.2 1,424,466 325,632 22.9 1,088,633 76.4 1,469,414 301,104 20.5 1,157,984 78.8 1,001,101 208,859 20.9 788,880 78.8 992,468 227,518 22.9 758,479 76.4 1,008,528 177,853 17.6 828,678 82.2 79,613,925 22,470,222 28.2 56,821,731 71.4 80,913,163 22,817,759 28.2 7,772,677 71.4 82,565,384 23,284,910 28.2 58,837,268 71.3 467 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 468 1 de 2 (continuación Æ) Cuadro 154. Distribución de los hogares por entidad federativa, segen condición de victimización 2010-2015 Fueron víctimas Entidad federativa 2012 3 2011 2 2010 1 No fueron víctimas Fueron víctimas No fueron víctimas Fueron víctimas No fueron víctimas Total Total Total de hogares Absolutos Relativos Absolutos Relativos de hogares Absolutos Relativos Absolutos Relativos de hogares Absolutos Relativos Absolutos Relativos Aguascalientes 301,300 134,747 44.7 165,812 55.0 310,141 94,544 30.5 215,320 69.4 321,966 102,479 31.8 219,487 68.2 Baja California 920,313 375,466 40.8 542,681 59.0 926,999 309,757 33.4 617,242 66.6 944,617 371,982 39.4 572,053 60.6 Baja California Sur 189,650 56,012 29.5 133,517 70.4 199,385 58,115 29.1 141,270 70.9 210,774 61,957 29.4 148,182 70.3 Campeche 223,878 62,388 27.9 160,835 71.8 228,263 47,812 20.9 180,280 79.0 241,310 60,816 25.2 180,416 74.8 Chiapas 1,171,071 250,134 21.4 918,495 78.4 1,195,351 199,210 16.7 995,334 83.3 1,217,237 200,023 16.4 1,016,230 83.5 Chihuahua 986,343 476,306 48.3 507,978 51.5 1,075,914 375,526 34.9 700,057 65.1 1,052,755 386,031 36.7 665,979 63.3 Coahuila 743,508 236,438 31.8 506,257 68.1 770,191 216,599 28.1 552,931 71.8 781,305 180,540 23.1 597,916 76.5 72.1 Colima 186,927 55,213 29.5 131,454 70.3 192,527 46,039 23.9 146,345 76.0 199,293 55,501 27.8 143,616 2,559,301 1,312,451 51.3 1,246,595 48.7 2,693,384 1,077,745 40.0 1,614,638 59.9 2,623,907 1,025,298 39.1 1,592,181 60.7 431,369 134,332 31.1 297,037 68.9 437,996 104,769 23.9 333,101 76.1 439,091 120,861 27.5 317,642 72.3 Estado de México 4,002,353 1,809,940 45.2 2,183,079 54.5 3,954,097 1,653,012 41.8 2,301,085 58.2 4,098,494 2,048,559 50.0 2,049,935 50.0 Guanajuato 1,346,542 466,890 34.7 878,581 65.2 1,336,799 389,894 29.2 946,905 70.8 1,369,244 480,031 35.1 886,957 64.8 Guerrero 881,546 247,654 28.1 632,860 71.8 905,462 236,534 26.1 668,928 73.9 907,092 271,888 30.0 619,569 68.3 Hidalgo 684,053 188,823 27.6 493,287 72.1 697,173 200,689 28.8 495,849 71.1 756,246 162,006 21.4 591,650 78.2 Jalisco 1,902,874 742,894 39.0 1,157,212 60.8 1,967,067 636,928 32.4 1,330,139 67.6 2,013,380 745,499 37.0 1,265,646 62.9 Michoacán 1,147,080 279,482 24.4 867,598 75.6 1,174,280 276,435 23.5 895,915 76.3 1,188,210 284,880 24.0 901,270 75.9 Morelos 473,193 171,165 36.2 300,977 63.6 490,477 149,930 30.6 339,958 69.3 494,027 177,012 35.8 317,015 64.2 Nayarit 319,328 109,449 34.3 209,879 65.7 308,051 84,582 27.5 222,786 72.3 325,466 77,738 23.9 247,728 76.1 1,270,839 522,469 41.1 746,555 58.7 1,321,234 406,037 30.7 915,197 69.3 1,352,123 524,742 38.8 826,079 61.1 954,193 240,705 25.2 711,928 74.6 1,013,668 219,004 21.6 794,526 78.4 1,047,715 183,503 17.5 862,665 82.3 1,417,310 519,374 36.6 895,493 63.2 1,447,390 431,293 29.8 1,010,594 69.8 1,462,321 409,213 28.0 1,050,595 71.8 71.6 Distrito Federal Durango Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro 478,201 136,411 28.5 341,790 71.5 495,643 127,991 25.8 365,574 73.8 489,512 137,051 28.0 350,521 Quintana Roo 385,804 162,471 42.1 222,291 57.6 405,591 131,881 32.5 273,182 67.4 421,513 144,776 34.3 276,074 65.5 San Luis Potosí 669,659 220,701 33.0 448,285 66.9 694,155 215,416 31.0 477,125 68.7 701,710 218,912 31.2 481,930 68.7 Sinaloa 751,955 274,717 36.5 475,259 63.2 759,786 227,258 29.9 531,276 69.9 783,329 245,103 31.3 536,054 68.4 Sonora 770,825 261,159 33.9 509,293 66.1 764,923 277,912 36.3 486,434 63.6 771,626 259,317 33.6 511,890 66.3 Tabasco 588,251 222,376 37.8 365,091 62.1 606,609 153,867 25.4 449,251 74.1 611,158 153,047 25.0 457,731 74.9 Tamaulipas 928,044 262,675 28.3 663,471 71.5 965,318 227,500 23.6 737,394 76.4 973,780 247,638 25.4 719,618 73.9 Tlaxcala 290,261 94,741 32.6 194,409 67.0 290,521 68,696 23.6 221,375 76.2 299,493 66,169 22.1 233,078 77.8 Veracruz 2,086,214 504,865 24.2 1,577,762 75.6 2,154,454 506,893 23.5 1,645,006 76.4 2,176,646 494,415 22.7 1,674,607 76.9 ucatán 525,451 134,630 25.6 390,266 74.3 536,626 111,889 20.9 424,319 79.1 554,822 137,514 24.8 416,825 75.1 Zacatecas 389,700 123,159 31.6 266,306 68.3 407,431 88,039 21.6 319,059 78.3 400,239 90,512 22.6 309,377 77.3 29,977,336 10,790,237 36.0 19,142,333 63.9 30,726,906 9,351,796 30.4 21,348,395 69.5 31,230,401 10,125,013 32.4 21,040,516 67.4 Total F : elaboración CASEDE con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011-2016. 1 Se excluyen las opciones de respuesta “No sabe” y “No responde”, las cuales representan a nivel nacional 44,766 casos estimados. 2 Se excluyen las opciones de respuesta “No sabe” y “No responde”, las cuales representan a nivel nacional 26,715 casos estimados. 3 Se excluyen las opciones de respuesta “No sabe” y “No responde”, las cuales representan a nivel nacional 64,872 casos estimados. 4 Se excluyen las opciones de respuesta “No sabe” y “No responde”, las cuales representan a nivel nacional 56,474 casos estimados. 5 Se excluyen las opciones de respuesta “No sabe” y “No responde”, las cuales representan a nivel nacional 39,209 casos estimados. 6 Se excluyen las opciones de respuesta “No sabe” y “No responde”, las cuales representan a nivel nacional 30,096 casos estimados. Nota: Los datos corresponden a los hogares en los cuales alguno de sus integrantes fue víctima de algen delito durante los años establecidos. 2 de 2 Fueron víctimas 2015 6 2014 5 2013 4 No fueron víctimas Fueron víctimas No fueron víctimas Fueron víctimas No fueron víctimas Total Total Total de hogares Absolutos Relativos Absolutos Relativos de hogares Absolutos Relativos Absolutos Relativos de hogares Absolutos Relativos Absolutos Relativos 325,126 98,949 30.4 225,461 69.3 338,202 122,186 36.1 214,883 63.5 347,080 123,540 35.6 223,540 986,847 421,062 42.7 564,649 57.2 988,948 418,938 42.4 568,048 57.4 1,010,016 360,616 35.7 648,711 64.4 64.2 212,300 58,598 27.6 153,554 72.3 223,008 74,593 33.4 148,415 66.6 239,037 65,799 27.5 173,146 72.4 230,845 68,939 29.9 161,213 69.8 238,852 66,672 27.9 172,079 72.0 248,042 59,259 23.9 188,680 76.1 1,251,901 242,109 19.3 1,006,148 80.4 1,256,881 234,954 18.7 1,016,513 80.9 822,592 209,362 25.5 612,852 74.5 1,028,987 318,548 31.0 708,837 68.9 1,058,283 260,437 24.6 795,904 75.2 215,525 61,059 28.3 154,466 71.7 784,651 231,681 29.5 551,133 70.2 802,703 164,627 20.5 637,330 79.4 1,311,663 242,606 18.5 1,068,747 81.5 204,793 52,988 25.9 151,433 73.9 209,393 55,132 26.3 154,107 73.6 1,085,252 296,164 27.3 789,088 72.7 2,651,708 1,083,733 40.9 1,565,229 59.0 2,709,534 1,236,781 45.6 1,471,323 54.3 2,767,402 1,210,611 43.7 1,552,853 56.1 447,648 123,390 27.6 323,576 72.3 451,377 120,637 26.7 330,611 73.2 470,552 123,498 26.2 346,612 73.7 4,155,230 2,377,109 57.2 1,765,257 42.5 4,309,655 2,292,575 53.2 2,017,080 46.8 1,507,711 542,200 36.0 964,874 64.0 1,416,093 476,709 33.7 937,177 66.2 1,443,831 529,543 36.7 913,703 63.3 941,685 364,360 38.7 576,236 61.2 903,417 278,723 30.9 623,669 69.0 929,048 303,449 32.7 622,440 67.0 783,264 186,133 23.8 595,776 76.1 744,464 179,852 24.2 561,599 75.4 777,492 170,091 21.9 606,654 78.0 2,124,179 873,933 41.1 1,247,195 58.7 2,053,294 812,594 39.6 1,238,918 60.3 2,105,681 777,093 36.9 1,326,133 63.0 4,501,680 2,560,761 56.9 1,933,623 43.0 1,180,647 289,810 24.5 887,167 75.1 1,233,792 298,971 24.2 934,089 75.7 1,262,348 290,678 23.0 970,946 76.9 510,304 173,504 34.0 336,093 65.9 533,304 194,069 36.4 338,032 63.4 533,264 197,259 37.0 335,771 63.0 337,268 86,494 25.6 250,455 74.3 343,200 94,153 27.4 248,869 72.5 358,633 80,331 22.4 277,479 77.4 1,337,828 419,674 31.4 916,620 68.5 1,381,195 409,291 29.6 970,916 70.3 1,441,079 432,308 30.0 1,008,215 70.0 1,027,847 224,786 21.9 801,555 78.0 1,054,794 251,479 23.8 801,489 76.0 1,071,600 262,464 24.5 809,136 75.5 1,526,437 443,706 29.1 1,078,296 70.6 1,533,870 437,295 28.5 1,093,910 71.3 1,585,345 448,842 28.3 1,135,644 71.6 522,048 148,068 28.4 372,523 71.4 533,971 156,031 29.2 377,578 70.7 536,941 171,152 31.9 365,569 68.1 420,480 135,804 32.3 284,064 67.6 430,292 145,737 33.9 284,312 66.1 474,915 161,764 34.1 312,763 65.9 725,976 224,084 30.9 501,102 69.0 739,151 223,740 30.3 515,090 69.7 765,305 199,192 26.0 565,394 73.9 783,066 233,293 29.8 548,596 70.1 812,571 216,200 26.6 595,427 73.3 819,625 199,304 24.3 619,400 75.6 821,432 261,530 31.8 557,609 67.9 851,923 242,477 28.5 608,800 71.5 845,133 293,303 34.7 551,382 65.2 607,598 179,687 29.6 427,506 70.4 624,884 187,833 30.1 436,346 69.8 637,156 201,895 31.7 434,738 68.2 971,303 216,971 22.3 753,720 77.6 1,009,469 267,299 26.5 738,520 73.2 1,027,804 245,002 23.8 782,082 76.1 302,787 82,234 27.2 219,972 72.6 304,493 96,282 31.6 208,076 68.3 322,359 104,840 32.5 216,809 67.3 2,239,508 556,411 24.8 1,681,658 75.1 2,287,443 483,599 21.1 1,800,835 78.7 2,357,257 533,813 22.6 1,820,930 77.2 552,183 137,289 24.9 414,894 75.1 564,992 159,851 28.3 404,194 71.5 584,888 157,867 27.0 426,664 72.9 419,853 102,810 24.5 316,573 75.4 423,167 109,029 25.8 313,440 74.1 428,929 96,759 22.6 332,170 77.4 31,683,869 10,741,139 33.9 20,886,256 65.9 32,505,399 10,801,044 33.2 21,665,146 66.7 33,428,261 11,356,674 34.0 22,041,491 65.9 469 Opinión Pública 470 Medida de protección adoptada 2010 Medida de protección Medida de protección adoptada 2012 Medida de protección adoptada 2013 Medida de protección adoptada 2014 Medida de protección adoptada 2015 Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos n.a. n.a. 10,677,939 34.8 11,732,362 37.6 13,554,128 42.8 13,583,757 41.8 13,360,006 40.0 Cambiar o colocar cerraduras y o candados 5,444,789 18.2 6,578,181 21.4 7,299,474 23.4 8,510,798 26.9 8,442,008 26.0 9,001,364 26.9 Cambiar puertas o ventanas 3,272,388 10.9 3,575,312 11.6 4,580,810 14.7 5,569,839 17.6 5,417,185 16.7 7,547,681 22.6 Colocar rejas o bardas 3,273,819 10.9 3,383,306 11 3,922,853 12.6 4,578,907 14.5 4,539,176 14.0 5,027,463 15.0 Realizar acciones conjuntas con sus vecinos 2,552,000 8.5 2,786,061 9.1 3,263,263 10.4 4,445,756 14.0 4,412,250 13.6 3,404,000 10.2 Comprar un perro guardián 1,531,355 5.1 1,115,724 3.6 1,430,677 4.6 1,839,676 5.8 1,752,210 5.4 1,640,029 4.9 Hogares con alguna medida de protección 1 Absolutos Medida de protección adoptada 2011 2,680,455 8.9 2,254,808 7.3 2,897,727 9.3 3,327,181 10.5 3,296,412 10.1 3,103,801 9.3 Hogares sin alguna medida de protección n.a. n.a. 19,856,172 64.6 19,142,505 61.3 17,837,692 56.3 18,459,803 56.8 18,898,893 56.5 No especiicado 3 n.a. n.a. 192,795 0.6 355,534 1.1 292,049 0.9 461,839 1.4 1,169,362 3.5 18,754,806 n.d. 50,420,298 n.d. 54,625,205 n.d. 59,956,026 n.d. 60,364,640 n.d. 63,152,599 n.d. Otra medida Total 2 F : elaboración CASEDE con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011-2016. Cada hogar pudo haber tomado más de una medida de protección. 2 Incluye algunas de las siguientes medidas: instalar alarmas, contratar vigilancia privada en la calle o colonia, contratar seguros, adquirir armas de fuego, cambiarse de vivienda o lugar de residencia, comprar un perro guardián y otras precauciones. 3 Hogares con respuesta “No sabe”, “No responde”. Estos datos sólo son de carácter informativo pero no para obtener conclusiones a partir de ellos. n.a. No aplica. n.d. No disponible. 1 Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Cuadro 155. Hogares por medidas de protección, segen condición de adopción de las mismas para protegerse del delito 2010-2015 Cuadro 156. Robo total de vehículo,1 segen lugar de ocurrencia 2011-2015 Lugar de ocurrencia del delito En la calle En su casa Total de delitos ocurridos2 Absolutos Relativos Absolutos 2011 611,371 448,179 73.3 2012 622,462 426,799 68.6 2013 601,157 430,586 2014 545,052 2015 452,001 Total 2,832,043 1,995,846 Año En su trabajo Relativos Absolutos Relativos 71,465 11.7 13,727 2.2 80,541 12.9 21,357 3.4 71.6 62,458 10.4 15,339 2.6 383,883 70.4 60,952 11.2 10,574 1.9 306,399 67.8 57,191 12.7 11,857 2.6 332,607 72,854 F : elaboración CASEDE con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012-2016. 1 De conformidad con las prácticas internacionales, la estimación para los delitos de robo total de vehículo, robo de accesorios, refacciones o herramientas de vehículos y robo en casa habitación se generó a partir del factor de expansión de vivienda, por tratarse de delitos del hogar. 2 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Peblico. Nota: El coeiciente de variación de una estimación es una medida relativa de su precisión conforme sus valores son más próximos a 0 indican que la estimación es más precisa y viceversa. Los datos corresponden a estimaciones que tienen coeicientes de variación menores o iguales al 15 . Estimaciones con coeicientes de variación mayores al 15 y menores o iguales al 25 . Cuadro 157. Robo parcial de vehículo,1 segen lugar de ocurrencia 2011-2015 Año Total de delitos ocurridos2 2011 2,549,418 2012 2013 Lugar de ocurrencia del delito En la calle Absolutos En su casa En su trabajo Relativos Absolutos Relativos 1,963,292 77.0 343,460 13.5 47,271 1.9 3,340,576 2,424,713 72.6 553,567 16.6 63,153 1.9 3,358,372 2,558,700 76.2 420,974 12.5 62,684 1.9 2014 3,408,567 2,516,325 73.8 471,071 13.8 59,717 1.8 2015 2,854,511 2,067,716 72.4 423,768 14.8 52,995 1.9 Total 15,511,444 11,530,746 2,212,840 Absolutos Relativos 285,820 F : elaboración CASEDE con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012-2016. 1 De conformidad con las prácticas internacionales, la estimación para los delitos de robo total de vehículo, robo de accesorios, refacciones o herramientas de vehículos y robo en casa habitación, se generó a partir del factor de expansión de vivienda, por tratarse de delitos del hogar. 2 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Peblico. Nota: El coeiciente de variación de una estimación es una medida relativa de su precisión conforme sus valores son más próximos a 0 indican que la estimación es más precisa y viceversa. Los datos corresponden a estimaciones que tienen coeicientes de variación menores o iguales al 15 . 471 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 472 Cuadro 158. Robo o asalto en calle, lugar peblico o transporte peblico,1 segen lugar de ocurrencia 2011-2015 Lugar de ocurrencia del delito Año Total de delitos ocurridos2 Absolutos Relativos 2011 6,633,702 3,802,792 57.3 En la calle En un lugar público Absolutos 291,802 Relativos 4.4 En el transporte público Absolutos 2,072,993 Relativos 31.2 2012 7,931,693 4,258,814 53.7 423,118 5.3 2,545,059 32.1 2013 9,787,891 4,508,253 46.1 711,807 7.3 3,928,980 40.1 2014 9,631,471 4,676,513 48.6 483,650 5.0 3,812,740 39.6 2015 8,252,297 4,380,526 53.1 362,987 4.4 2,989,880 36.2 Total 42,237,054 21,626,898 2,273,364 15,349,652 F : elaboración CASEDE con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012-2016. 1 Incluye robo relacionado con una visita a un banco o cajero automático. 2 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Peblico. Nota: El coeiciente de variación de una estimación es una medida relativa de su precisión conforme sus valores son más próximos a 0 indican que la estimación es más precisa y viceversa. Los datos corresponden a estimaciones que tienen coeicientes de variación menores o iguales al 15 . Cuadro 159. Lesiones, segen lugar de ocurrencia 2011-2015 Lugar de ocurrencia del delito En un negocio o establecimiento Año Total de delitos ocurridos1 Absolutos Relativos Absolutos Relativos 2011 927,501 637,230 68.7 145,560 15.7 51,413 5.5 23,725 2.6 2012 1,087,761 641,708 59.0 241,839 22.2 29,227 2.7 37,869 3.5 2013 1,038,026 614,608 59.2 249,082 24.0 48,780 4.7 32,992 3.2 2014 1,159,244 715,444 61.7 238,046 20.5 66,008 5.7 19,304 1.7 2015 1,072,610 635,606 59.3 228,161 21.3 52,650 4.9 32,925 3.1 Total 5,285,142 3,244,596 En la calle En su casa 1,102,688 En su trabajo Absolutos 248,078 Relativos Absolutos Relativos 146,815 F : elaboración CASEDE con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012-2016. 1 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Peblico. Nota: El coeiciente de variación de una estimación es una medida relativa de su precisión conforme sus valores son más próximos a 0 indican que la estimación es más precisa y viceversa. Los datos corresponden a estimaciones que tienen coeicientes de variación menores o iguales al 15 . Estimaciones con coeicientes de variación mayores al 15 y menores o iguales al 25 . Estimaciones con coeicientes de variación mayores al 25 . Cuadro 160. Distribución de los delitos ocurridos por tipo de delito, segen cifra negra 2012, 2014 y 2015 Cifra negra 2012 2 Delitos ocurridos1 Absolutos 622,462 208,120 Robo parcial de vehículo 3 3,340,576 Robo en casa habitación 3 Robo o asalto en calle o transporte peblico 4 Cifra negra 2014 2 Delitos ocurridos1 Absolutos 33.4 545,052 166,063 3,181,473 95.2 3,408,567 2,099,285 1,852,787 88.3 7,931,693 7,488,866 94.4 396,846 347,087 Fraude 6 2,622,599 Extorsión 5,994,034 Amenazas verbales Lesiones Tipo de delito Robo total de vehículo 3 Robo en forma distinta a las anteriores 5 Otros delitos distintos a los anteriores 7 Total Cifra negra 2015 2 Delitos ocurridos1 Absolutos 30.5 452,001 153,783 34.0 3,242,150 95.1 2,854,511 2,706,591 94.8 2,050,088 1,811,596 88.4 2,061,119 1,833,667 89 9,631,471 9,019,073 93.6 8,252,297 7,908,574 95.8 87.5 1,192,869 1,063,717 89.2 1,088,607 1,021,597 93.8 2,416,349 92.1 3,442,757 3,280,014 95.3 3,225,165 3,029,447 93.9 5,863,253 97.8 7,969,585 7,888,053 99.0 7,100,878 6,989,151 98.4 2,854,710 2,552,108 89.4 3,324,903 2,997,449 90.2 2,340,636 2,092,574 89.4 1,087,761 907,746 83.5 1,159,244 913,453 78.8 1,072,610 931,130 86.8 819,481 755,411 92.2 979,496 892,092 91.1 860,326 799,527 92.9 27,769,447 25,573,200 85.4 33,704,032 31,273,660 92.8 29,308,150 27,466,041 93.7 Relativos Relativos Relativos F : elaboración CASEDE con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013, 2015 y 2016. 1 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Peblico. 2 Se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue especiicado si se denunció o si se inició averiguación previa, entre el total de delitos por cien. 3 De conformidad con las prácticas internacionales, la estimación para los delitos de robo total de vehículo y robo de accesorios, de refacciones o herramientas de vehículos y robo en casa habitación, se generó a partir del factor de expansión de vivienda, por tratarse de delitos del hogar. 4 Incluye robo relacionado con una visita a un banco o cajero automático. 5 Incluye carterismo. 6 Incluye fraude bancario (dinero falso o uso de chequera, nemero de tarjeta o cuenta bancaria para hacer cargos o extraer dinero) y fraude al consumidor (entrega de dinero por un producto o servicio que no se recibió conforme a lo acordado). 7 Incluye secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales, tales como hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y violencia sexual. Nota: El coeiciente de variación de una estimación es una medida relativa de su precisión conforme sus valores son más próximos a 0 indican que la estimación es más precisa y viceversa. Los datos corresponden a estimaciones que tienen coeicientes de variación menores o iguales al 15 . 473 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 474 Cuadro 161. Distribución de los delitos sin denuncia declarada por tipo de delito, segen causas de la no denuncia 2012, 2014 y 2015 Tipo de delito Delitos sin denuncia declarada 1 Por causas atribuibles a la autoridad 3 Absolutos Relativos Causas de la no denuncia 2015 8 Causas de la no denuncia 2014 5 Causas de la no denuncia 2012 2 Delitos sin denuncia declarada 4 Por causas atribuibles a la autoridad 6 Absolutos Relativos Delitos sin denuncia declarada 7 Por causas atribuibles a la autoridad 9 Absolutos Relativos Robo total de vehículo 10 111,639 67,359 60.3 90,781 57,821 63.7 89,959 56,623 62.9 Robo parcial de vehículo 10 3,042,512 2,283,963 75.1 3,116,300 2,384,494 76.5 2,586,960 1,985,759 76.8 Robo en casa habitación 10 1,717,282 1,019,418 59.4 1,681,839 984,258 58.5 1,668,585 975,404 58.5 Robo o asalto en calle o transporte peblico 11 7,184,453 5,228,443 72.8 8,685,476 6,367,216 73.3 7,597,639 5,948,401 78.3 326,092 182,525 56.0 1,005,459 549,545 54.7 951,509 498,547 52.4 Fraude 13 2,357,977 1,415,808 60.0 3,224,235 2,000,961 62.1 2,896,561 1,548,495 53.5 Extorsión 5,691,775 3,027,012 53.2 7,738,946 4,343,342 56.1 6,851,387 3,815,491 55.7 Amenazas verbales 1,375,302 Robo en forma distinta a las anteriores 12 2,393,239 1,146,250 47.9 2,831,731 48.6 1,950,678 901,334 46.2 Lesiones 810,641 394,271 48.6 854,465 431,607 50.5 850,835 399,922 47.0 Otros delitos distintos a los anteriores 14 738,200 312,451 42.3 875,524 489,610 55.9 773,934 396,079 51.2 24,373,810 15,077,500 61.9 30,104,756 63.1 26,218,047 16,526,055 63.0 Total 18,984,156 F : elaboración CASEDE con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2013, 2015 y 2016. 1 El total nacional se conforma por 24,174,183 delitos no denunciados y 199,627 casos en los que no se especiicó si otro integrante del hogar denunció. 2 No incluye las opciones “no sabe” y “no responde”, las cuales representaron 97,703 delitos. 3 Incluye las opciones “por miedo a que lo extorsionaran”, “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconianza en la autoridad” y “por actitud hostil de la autoridad”. 4 El total nacional se conforma por 30,075,526 delitos no denunciados y 29,230 casos en los que no se especiicó si otro integrante del hogar denunció. 5 No incluye las opciones “no sabe no responde”, las cuales representaron 137,093 delitos. 6 Incluye las opciones “por miedo a que lo extorsionaran”, “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconianza en la autoridad” y “por actitud hostil de la autoridad”. 7 El total nacional se conforma por 26,170,258 delitos no denunciados y 47,789 casos en los que no se especiicó si otro integrante del hogar denunció. 8 No incluye las opciones “no sabe no responde”, las cuales representaron 149,024 delitos. 9 Incluye las opciones “por miedo a que lo extorsionaran”, “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconianza en la autoridad” y “por actitud hostil de la autoridad”. 10 De conformidad a las prácticas internacionales, la estimación para los delitos de robo total de vehículo y robo de accesorios, de refacciones o herramientas de vehículos y robo en casa habitación, se generó a partir del factor de expansión de hogar, por tratarse de delitos del hogar. 11 Incluye robo relacionado con una visita a un banco o cajero automático. 12 Incluye carterismo. 13 Incluye fraude bancario (dinero falso o uso de chequera, nemero de tarjeta o cuenta bancaria para hacer cargos o extraer dinero) y fraude al consumidor (entrega de dinero por un producto o servicio que no se recibió conforme a lo acordado). 14 Incluye secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales, tales como hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y violación sexual. Nota: El coeiciente de variación de una estimación es una medida relativa de su precisión conforme sus valores son más próximos a 0 indican que la estimación es más precisa y viceversa. Los datos corresponden a estimaciones que tienen coeicientes de variación menores o iguales al 15 . Estimaciones con coeicientes de variación mayores al 15 y menores o iguales al 25 . Cuadro 162. Distribución de la cifra negra por entidad federativa y los tres delitos reportados con mayor frecuencia 2015 Entidad federativa Tres delitos reportados con mayor frecuencia Delitos ocurridos 1 Estados Unidos Mexicanos 29,308,150 1 de 4 (continuación Æ) Cifra negra por delito 2 Absolutos Relativos Extorsión 6,989,151 98.4 Robo o asalto en calle o transporte peblico 3 7,908,574 95.8 Robo parcial de vehículo 4 2,706,591 94.8 Otros delitos distintos a los anteriores 5 18,218 100.0 Fraude 6 28,085 96.9 44,353 96.1 184,763 96.6 89,315 94.2 109,178 93.8 5,889 98.4 19,473 97.2 23,231 93.4 1,970 100.0 Aguascalientes 299,182 Extorsión Baja California 792,047 Extorsión Fraude 6 Robo parcial de vehículo 4 Baja California Sur 138,048 Lesiones Fraude 6 Extorsión Campeche 137,739 Otros delitos distintos a los anteriores 5 Robo parcial de vehículo 4 11,964 96.6 Extorsión 24,163 96.3 17,470 100.0 Chiapas 535,317 Otros delitos distintos a los anteriores 5 Extorsión 128,903 98.2 30,004 94.6 Extorsión 176,288 99.3 Robo parcial de vehículo 4 100,821 93.6 84,780 92.5 94,596 99.3 Robo parcial de vehículo 4 Chihuahua 791,199 Amenazas verbales Coahuila 486,299 Extorsión Otros delitos distintos a los anteriores 13,146 95.0 509,29 94.9 Extorsión 46,709 97.0 Robo parcial de vehículo4 14,358 93.0 18,268 91.6 84,949 100.0 88,053 100.0 710,923 98.3 5 Fraude 6 Colima Fraude 136,802 6 Distrito Federal 3,587,509 Robo en forma distinta a las anteriores 7 Otros delitos distintos a los anteriores Extorsión 5 475 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 476 Cuadro 162. Distribución de la cifra negra por entidad federativa y los tres delitos reportados con mayor frecuencia 2015 Entidad federativa Tres delitos reportados con mayor frecuencia Durango Delitos ocurridos 1 2 de 4 (continuación Æ) Cifra negra por delito 2 Absolutos Relativos 5,204 100.0 298,019 Robo en forma distinta a las anteriores 7 Extorsión 69,178 97.6 Robo parcial de vehículo 4 32,693 93.4 1,395,424 99.3 Estado de México 6,648,721 Extorsión Robo o asalto en calle o transporte peblico 3 Lesiones Guanajuato 3,216,705 98.1 8,9978 94.6 25,025 100.0 1,279,604 Otros delitos distintos a los anteriores 5 Extorsión 248,954 98.7 Robo parcial de vehículo 4 211,293 96.5 545,854 99.6 71,609 99.4 131,892 99.0 Guerrero 1,224,853 Extorsión Robo en forma distinta a las anteriores 7 Fraude 6 Hidalgo 408,703 Extorsión Amenazas verbales Robo parcial de vehículo 4 Jalisco 96.6 34,486 94.8 47,606 94.5 697,186 98.9 2,266,586 Extorsión Robo en forma distinta a las anteriores 7 Robo parcial de vehículo 4 Michoacán 148,679 98.1 325,344 95.6 220,930 98.3 97,354 98.1 75,179 96.3 179,972 98.6 143,130 93.2 54,392 93.1 743,017 Extorsión Fraude 6 Robo parcial de vehículo 107,614 4 Morelos 583,699 Extorsión Robo o asalto en calle o transporte peblico 3 Fraude 6 Nayarit 177,447 Fraude 6 19,892 95.3 Extorsión 43,809 93.8 18,258 89.9 30,912 100.0 39,029 98.5 182,609 96.5 Robo parcial de vehículo 4 Nuevo León 938,521 Robo en forma distinta a las anteriores 7 Otros delitos distintos a los anteriores 5 Robo o asalto en calle o transporte peblico 3 Cuadro 162. Distribución de la cifra negra por entidad federativa y los tres delitos reportados con mayor frecuencia 2015 Entidad federativa Tres delitos reportados con mayor frecuencia Oaxaca Delitos ocurridos 1 3 de 4 (continuación Æ) Cifra negra por delito 2 Absolutos Relativos 5,837 100.0 662,866 Otros delitos distintos a los anteriores 5 Extorsión 205,736 98.9 35,705 97.6 Extorsión 259,707 98.5 Fraude 124,094 95.1 125,761 95.1 9,193 100.0 Robo parcial de vehículo 4 Puebla 1,130,036 6 Robo parcial de vehículo 4 Querétaro 423,237 Otros delitos distintos a los anteriores 5 Extorsión Robo parcial de vehículo 4 Quintana Roo 95.0 70,910 94.6 86,751 99.1 390,175 Extorsión Otros delitos distintos a los anteriores 100,337 5 Robo o asalto en calle o transporte peblico 3 San Luis Potosí 8,461 92.0 70,382 91.1 10,348 100.0 471,819 Robo en forma distinta a las anteriores 7 Extorsión 112,257 98.5 Lesiones 40,444 96.9 135,499 98.2 Sinaloa 461,923 Extorsión Robo en forma distinta a las anteriores 18,897 96.7 47,027 96.4 Otros delitos distintos a los anteriores 5 5,8967 100.0 Extorsión 76,912 98.8 Robo en forma distinta a las anteriores 7 61,740 97.5 81,921 97.8 42,599 96.1 110,515 96.1 7 Robo parcial de vehículo 4 Sonora Tabasco 809,269 478,361 Extorsión Fraude 6 Robo o asalto en calle o transporte peblico 3 Tamaulipas 522,700 Extorsión 177,011 99.4 Amenazas verbales 49,403 98.9 Fraude 6 50,117 96.1 8,690 100.0 35,325 100.0 88,729 97.8 Tlaxcala Robo en forma distinta a las anteriores 7 Fraude 6 Extorsión 261,953 477 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 478 Cuadro 162. Distribución de la cifra negra por entidad federativa y los tres delitos reportados con mayor frecuencia 2015 Entidad federativa Tres delitos reportados con mayor frecuencia Veracruz Delitos ocurridos 1 Cifra negra por delito Absolutos Relativos 1,227,175 Robo en forma distinta a las anteriores 7 Fraude 6 Robo parcial de vehículo 4 de 4 2 4 Yucatán 7 Robo o asalto en calle o transporte peblico 3 Zacatecas 100.0 97.7 79,323 97.6 71,240 97.4 380,019 Extorsión Robo en forma distinta a las anteriores 43,392 132,924 56,155 94.7 31,210 93.6 216,843 Extorsión 78,431 99.5 Lesiones 10,260 93.8 Robo parcial de vehículo 4 28,474 93.2 F : Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016. 1 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Peblico. 2 Se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue especiicado si se denunció o si se inició averiguación previa, entre el total de delitos por cien. 3 Incluye robo relacionado con una visita a un banco o cajero automático. 4 De conformidad con las prácticas internacionales, la estimación para los delitos de robo total de vehículo y robo de accesorios, refacciones o herramientas de vehículos y robo en casa habitación se generó a partir del factor de expansión de hogar, por tratarse de delitos del hogar. 5 Incluye secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales, tales como hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y violación sexual. 6 Incluye fraude bancario (dinero falso o uso de chequera, nemero de tarjeta o cuenta bancaria para hacer cargos o extraer dinero) y fraude al consumidor (entrega de dinero por un producto o servicio que no se recibió conforme a lo acordado). 7 Incluye carterismo. Nota: El coeiciente de variación de una estimación es una medida relativa de su precisión conforme sus valores son más próximos a 0 indican que la estimación es más precisa y viceversa. Los datos corresponden a estimaciones que tienen coeicientes de variación menores o iguales al 15 . Estimaciones con coeicientes de variación mayores al 15 y menores o iguales al 25 . Estimaciones con coeicientes de variación mayores al 25 . Estimación cualitativa sobre la posible ausencia (caso absoluto 0 y relativo 0.0 ) o generalidad del fenómeno (caso absoluto igual al universo y relativo 100 ), ya que por el tamaño de la muestra las estimaciones que se obtienen podrían estar sesgadas. Cuadro 163. Distribución de los delitos ocurridos con víctima presente por condición de portación de armas y condición de agresión física,1 segen sexo de la víctima 2015 Delitos con víctima presente Condición de portación de armas Condición de agresión física D 2 Delitos con víctima presente C 3 4 Con agresión física 5 Sin agresión física No especiicado (violencia) 6 Delitos en los que la víctima estuvo presente y pudo observar el delito Sexo de la víctima Hombre Mujer Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos 29,308,150 100.0 15,011,134 100.0 14,297,016 100.0 17,126,120 58.4 8,942,971 59.6 8,183,149 57.2 7,743,139 45.2 4,800,072 53.7 2,943,067 36.0 351,128 4.5 240,197 5.0 110,931 3.8 7,390,011 95.4 4,558,119 95.0 2,831,892 96.2 2,000 0.0 1,756 0.0 244 0.0 S 6,136,421 35.8 2,647,003 29.6 3,489,418 42.6 Con agresión física 5 1,345,738 21.9 684,470 25.9 661,268 19.0 4,773,531 77.8 1,952,631 73.8 2,820,900 80.8 Sin agresión física No especiicado (violencia) N 6 (portación de arma) 6 Con agresión física 5 Sin agresión física No especiicado (violencia) 6 17,152 0.3 9,902 0.4 7,250 0.2 3,246,560 19.0 1,495,896 16.7 1,750,664 21.4 109,493 3.4 52,933 3.5 56,560 3.2 2,746,442 84.6 1,273,405 85.1 1,473,037 84.1 390,625 12.0 169,558 11.3 221,067 12.6 F : elaboración CASEDE con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Peblica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016. 1 La condición de agresión física es la situación que reiere la víctima respecto de haber o no sufrido una acción deliberada para provocarle un daño físico por parte del agresor. 2 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Peblico. 3 Corresponde a aquellos delitos donde la víctima estuvo presente en el momento en que se cometieron y en los que observó la ejecución de los mismos. 4 Incluye armas de fuego, armas blancas y objetos contundentes, como palos, varillas, tubos y similares. 5 Se deine como la agresión física sufrida con un arma u otro tipo de violencia. 6 Se reiere a la opción “No sabe”, “No responde”. Nota: El coeiciente de variación de una estimación es una medida relativa de su precisión conforme sus valores son más próximos a 0 indican que la estimación es más precisa y viceversa. Los datos corresponden a estimaciones que tienen coeicientes de variación menores o iguales al 15 . Estimaciones con coeicientes de variación mayores al 15 y menores o iguales al 25 . Estimaciones con coeicientes de variación mayores al 25 . 479 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 480 TEMA: RESPETO AL ESTADO DE DERECHO Gráfica 11. ¿Qué tan de acuerdo o nada de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen para ejercer justicia por su propia mano? CARMEN 6% 22% 15% 57% 18% 55% CAMPECHE 12% CAMPECHE COAHUILA TORREÓN ESTADO DE MÉXICO TOLUCA HIDALGO 14% 19% 24% 21% ECATEPEC 16% PACHUCA DE SOTO 18% CUERNAVACA 16% 41% 17% 40% 22% 34% 24% 25% 1% 25% 11% 46% 21% 30% 1% 11% 38% MORELOS 29% CUAUTLA CULIACÁN 11% AHOME 14% 25% 15% 29% 31% 20% 40% 18% 41% SINALOA 0% 27% 10% Muy de acuerdo 20% 30% Algo de acuerdo 40% 50% Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 60% 70% Algo en desacuerdo 80% 90% Muy en desacuerdo 100% No responde Gráfica 12 . Cuando cree que usted está en lo correcto, ¿estaría dispuesto a actuar en contra de lo establecido por la ley? CARMEN 2% 10% 12% 1% 75% CAMPECHE 13% CAMPECHE COAHUILA TORREÓN ESTADO DE MÉXICO TOLUCA PACHUCA DE SOTO 9% 11% 44% 26% 19% 29% 14% 16% 1% 50% 28% 14% CUERNAVACA 17% 17% 6% 2% 1% 68% 28% 6% ECATEPEC HIDALGO 7% 18% 1% 28% 1% 60% 20% 46% MORELOS CUAUTLA 22% 14% CULIACÁN 13% 21% 19% 1% 41% 27% 41% SINALOA AHOME 20% 22% 0% 10% Siempre 20% 30% Casi siempre 20% 40% Casi nunca 50% 38% 60% Nunca 70% No sabe 80% 90% No responde 100% TEMA: CULTURA DE LA SUPERVIVENCIA Y EMPATÍA SOCIAL ¿Con qué frecuencia los enunciados que le voy a mostrar describen mejor su manera de ver las cosas? Gráfica 13. Considero que cada uno de nosotros debería participar en actividades políticas CARMEN 32% 21% 17% 19% 11% 25% 7% CAMPECHE 36% CAMPECHE COAHUILA TORREÓN ESTADO DE MÉXICO TOLUCA 7% 44% 39% 27% PACHUCA DE SOTO 25% CUERNAVACA 11% 44% 25% ECATEPEC HIDALGO 24% 19% 10% 38% 16% 42% 11% 36% 21% 41% 17% 1% 6% 11% 1% 9% 3% 3% 13% 13% 9% 15% 9% MORELOS CUAUTLA 16% CULIACÁN 15% 31% 37% 11% 14% 13% 5% SINALOA AHOME 36% 34% 0% 10% 20% Siempre 30% Casi siempre 40% 50% 15% 60% Frecuentemente 70% Casi nunca 10% 80% 5% 90% 100% No sabe Nunca Gráfica 14. Siento que es importante entender el punto de vista político de las personas con las que no estoy de acuerdo 60% CARMEN 4% 3% 3% 30% CAMPECHE 44% CAMPECHE COAHUILA TORREÓN ESTADO DE MÉXICO TOLUCA 56% 27% PACHUCA DE SOTO 21% CUERNAVACA 11% 3%1% 18% 46% 36% 5% 7% 41% 30% 9% 6% 42% 43% ECATEPEC HIDALGO 36% 41% 6% 3% 1% 7% 2% 2% 10% 21% 12% 7% 1% 5% MORELOS 21% CUAUTLA CULIACÁN 45% 16% 12% 49% 35% 10% 6% 5% 1% SINALOA AHOME 47% 29% 0% Siempre 10% 20% Casi siempre 30% 40% 50% Frecuentemente 6% 2%1% 15% 60% Casi nunca 70% 80% Nunca 90% 100% No sabe 481 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 482 Gráfica 15. Considero que trabajando en conjunto las personas pueden cambiar a la sociedad para hacerla más justa y equitativa para todos 81% CARMEN 18% 1% CAMPECHE 70% CAMPECHE COAHUILA TORREÓN ESTADO DE MÉXICO 9% 33% 48% PACHUCA DE SOTO 18% CUERNAVACA 15% 45% 49% 48% 2% 1% 8% 56% 30% ECATEPEC HIDALGO 40% 48% TOLUCA 5% 3% 1% 21% 3%1% 4% 1% 5% 1% 24% 9% 1% 7% 2% MORELOS 30% CUAUTLA 47% CULIACÁN 15% 42% 43% 10% 5% 1% 11% 4%1% SINALOA AHOME 45% 39% 0% 10% Siempre 20% 30% 40% Casi siempre 50% Frecuentemente 60% 70% Casi nunca 80% Nunca 90% 100% No sabe TEMA: CULTURA DE LA SUPERVIVENCIA: AVERSIÓN AL RIESGO Gráfica 16. ¿Qué tan riesgoso o nada riesgoso considera que es portar armas en la calle? 1 n = 600 2 3 4 5 6 CARMEN 6.90 CAMPECHE 6.39 TORREÓN 6.47 TOLUCA 6.42 CAMPECHE n = 596 n = 597 COAHUILA n = 575 ESTADO DE MÉXICO n = 600 n = 600 HIDALGO n = 600 ECATEPEC 6.36 PACHUCA DE SOTO 6.70 CUERNAVACA 5.47 CUAUTLA 5.68 CULIACÁN 5.23 AHOME 5.65 MORELOS n = 599 n = 599 SINALOA n = 600 7 Gráfica 17. ¿Qué tan riesgoso o nada riesgoso considera que es realizar alguna denuncia contra grupos de la delincuencia organizada? 1 n = 600 2 3 4 5 6 CARMEN 6.70 CAMPECHE 6.11 TORREÓN 6.64 TOLUCA 6.15 7 CAMPECHE n = 593 n = 590 n = 575 COAHUILA ESTADO DE MÉXICO n = 591 n = 597 HIDALGO n = 600 ECATEPEC 6.26 PACHUCA DE SOTO 6.44 5.73 CUERNAVACA MORELOS n = 600 6.03 CUAUTLA n = 600 CULIACÁN 5.63 AHOME 5.80 SINALOA n = 598 ¿Qué tan probable es que en alguna situación usted realizara alguna de estas acciones? Gráfica 18. Consumir más de cinco vasos de alcohol en una noche 1 n = 600 CARMEN 2 3 4 5 6 7 1.67 CAMPECHE n = 600 n = 599 n = 575 n = 600 n = 600 2.06 CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO TORREÓN 1.72 TOLUCA 1.98 2.14 ECATEPEC HIDALGO n = 600 PACHUCA DE SOTO 1.98 CUERNAVACA 1.70 CUAUTLA 1.90 MORELOS n = 598 n = 600 CULIACÁN 2.04 AHOME 2.21 SINALOA n = 597 483 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 484 Gráfica 19. Estar en desacuerdo con su padre o pareja en temas importantes 1 n = 600 2 3 4 5 6 7 6 7 4.09 CARMEN CAMPECHE n = 599 n = 598 n = 575 COAHUILA ESTADO DE MÉXICO n = 591 n = 599 3.21 CAMPECHE HIDALGO n = 600 TORREÓN 2.35 TOLUCA 2.87 ECATEPEC 2.54 PACHUCA DE SOTO 2.73 CUERNAVACA 2.65 CUAUTLA 2.81 MORELOS n = 598 n = 600 CULIACÁN 3.38 AHOME 3.16 SINALOA n = 600 Gráfica 20. Caminar solo en la noche por lugares inseguros 1 n = 600 CARMEN 1.24 CAMPECHE 1.91 TORREÓN 1.77 TOLUCA 1.63 2 3 CAMPECHE n = 600 n = 600 n = 576 n = 600 n = 600 COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 2.51 ECATEPEC HIDALGO n = 600 PACHUCA DE SOTO 1.40 CUERNAVACA 3.26 CUAUTLA 3.43 MORELOS n = 598 n = 597 CULIACÁN 1.96 SINALOA n = 597 AHOME 2.90 4 5 TEMA: VENTANAS ROTAS, PERCEPCIÓN INDIVIDUAL DE INSEGURIDAD Gráfica 21. ¿Qué tan buena o mala considera usted que es la seguridad dentro de su casa? CARMEN 60% 19% 2% 19% CAMPECHE CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO TORREÓN PACHUCA DE SOTO 64% CUERNAVACA 14% CUAUTLA 12% 3% 17% 24% 12% 4% 9% 13% 52% 4% 2% 12% 17% 60% 14% 4% 12% 49% 20% TOLUCA ECATEPEC HIDALGO 74% 10% 7% 1% 16% 50% 2% 10% 24% MORELOS 60% CULIACÁN 5% 1% 22% 35% 42% 12% 10% 1% 10% 1% SINALOA AHOME 42% 33% 0% 10% 20% 30% Muy buena 40% 50% Buena 14% 60% Regular 70% 80% 90% 100% Muy mala Mala Gráfica 22. ¿Qué tan buena o mala considera usted que es la seguridad en el transporte público? CARMEN 19% 25% 19% 37% CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO CAMPECHE 1% 27% TORREÓN 1% 27% TOLUCA 1% ECATEPEC HIDALGO 34% 30% 19% 8% 22% CUERNAVACA 1% 11% 34% 5% 3% 45% 26% PACHUCA 1% DE SOTO 27% 13% 49% 47% 29% 16% 39% 1% 16% 20% 3% 7% 1% 36% MORELOS CUAUTLA 1% 38% CULIACÁN 3% 38% 30% 20% 36% 3% 2% 2% 27% SINALOA AHOME 5% 0% 43% 10% Muy buena 20% 30% Buena 28% 40% Regular 50% 60% Mala 2% 2% 20% 70% 80% Muy mala 90% 100% No responde 485 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 486 Gráfica 23. ¿Qué tan buena o mala considera usted que es la seguridad en los parques y espacios públicos? 14% CARMEN 46% 20% 20% CAMPECHE 31% CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 1% 25% TOLUCA 1% 25% TORREÓN PACHUCA DE SOTO 31% 22% 23% 1% 1% 11% 31% 37% 3% 18% 41% 33% 13% 4% 12% 33% 34% 1% CUERNAVACA 2% 22% 28% 13% ECATEPEC HIDALGO 43% 12% 27% 2% 19% MORELOS CUAUTLA CULIACÁN 25% 10% 4% 38% 32% 20% 31% 7% 6% 1% 26% SINALOA AHOME 6% 41% 0% 10% 20% Muy buena 27% 30% Buena 40% 50% 60% Regular 22% 70% 80% 4% 90% Muy mala Mala 100% No responde ¿Qué tan probable o nada probable es que existan en su colonia los siguientes casos? Gráfica 24. Existen pandillas o bandas CARMEN 36% 31% 23% 10% CAMPECHE CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 28% 14% TORREÓN TOLUCA 16% 41% 31% 24% 30% 10% 1% 10% 1% 20% 32% 18% CUERNAVACA 19% 41% 32% PACHUCA DE SOTO 32% 38% 32% ECATEPEC HIDALGO 26% 8% 26% 34% 24% 12% MORELOS CUAUTLA 41% CULIACÁN 31% 35% 12% 20% 31% 8% 22% SINALOA AHOME 27% 9% 0% 10% Muy probable 20% 32% 30% Algo probable 40% 50% Poco probable 1% 31% 60% Nada probable 70% 80% No responde 90% 100% Gráfica 25. Existen grupos delictivos CARMEN 26% 20% 27% 27% CAMPECHE CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 8% 29% TORREÓN 26% TOLUCA ECATEPEC PACHUCA DE SOTO HIDALGO 39% 32% 32% 29% 37% 11% 23% CUERNAVACA 27% CUAUTLA 36% 37% 26% 21% 13% 22% 12% 21% 1% 2% 1% 12% 2% 36% 28% 24% 37% 1% 11% MORELOS CULIACÁN 20% 29% 20% 38% 2% 13% 19% 23% SINALOA AHOME 14% 0% 22% 10% 20% Muy probable 37% 27% 30% 40% Algo probable 50% 60% Poco probable 70% Nada probable 80% 90% 100% No responde Gráfica 26. Existe consumo de alcohol en las calles CARMEN 29% 43% 21% 7% CAMPECHE CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO TORREÓN 30% TOLUCA 28% ECATEPEC HIDALGO 42% 21% 42% 21% 8% 8% 21% 28% 36% CUERNAVACA 23% 30% 17% 14% 39% 41% 30% PACHUCA DE SOTO 23% 8% 1% 24% 32% 1% 24% 8% MORELOS CUAUTLA 42% CULIACÁN 35% 30% 17% 6% 1% 16% 30% 23% SINALOA AHOME 31% 14% 0% 10% 20% Muy probable 30% Algo probable 32% 40% 50% Poco probable 60% 23% 70% Nada probable 80% 90% 100% No responde 487 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 488 Gráfica 27. Existe venta de droga en la calle CARMEN 12% 29% 13% 2% 44% CAMPECHE CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 20% 9% TORREÓN TOLUCA 35% 30% 21% 16% 22% 26% 22% CUERNAVACA 4% 26% 37% 9% 2% 22% 19% 25% PACHUCA DE SOTO 5% 53% 26% 15% ECATEPEC HIDALGO 13% 11% 5% 44% 22% 5% 27% 2% 27% MORELOS 29% CUAUTLA CULIACÁN 13% AHOME 12% 26% 21% 30% 4% 20% 27% 28% 2% 29% 2% SINALOA 29% 0% 10% 20% Muy probable 28% 30% 40% Algo probable 50% 60% Poco probable 70% 80% Nada probable 90% 100% No responde Gráfica 28. Existen agresiones contra las mujeres CARMEN 10% 25% 22% 1% 42% CAMPECHE CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 17% 8% TORREÓN TOLUCA PACHUCA DE SOTO 33% 29% 19% 15% 1% 28% 28% 24% 15% CUERNAVACA 21% 23% 33% 24% 5% 3% 46% 34% 12% ECATEPEC HIDALGO 26% 14% 2% 54% 33% 1% 23% 27% 2% 25% 3% MORELOS CUAUTLA 20% CULIACÁN 30% 22% 26% 10% 30% 34% SINALOA AHOME 22% 8% 0% 10% 20% Muy probable 27% 30% Algo probable 40% 43% 50% Poco probable 60% 70% Nada probable 80% 90% No responde 100% Gráfica 29. Existen agresiones contra los hombres CARMEN 10% 24% 19% 46% 1% 45% 2% CAMPECHE CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 17% 7% TORREÓN 13% TOLUCA 16% ECATEPEC PACHUCA DE SOTO HIDALGO 29% 26% 34% 34% 35% 20% 13% 5% 2% 28% 1% 30% 25% 18% CUERNAVACA 21% 25% 1% 14% 2% 55% 29% 21% 2% 30% MORELOS CUAUTLA 20% CULIACÁN 11% AHOME 11% 23% 27% 29% 4% 26% 26% 34% SINALOA 0% 22% 10% 20% 24% 30% Muy probable 40% Algo probable 1% 42% 50% 60% Poco probable 70% 80% Nada probable 90% 100% No responde Gráfica 30. Existe cobro ilegal de derecho de piso CARMEN 5% 5% 22% 68% CAMPECHE CAMPECHE 4% 10% 13% COAHUILA TORREÓN 4% 9% 14% ESTADO DE MÉXICO TOLUCA HIDALGO 10% PACHUCA DE SOTO 1% 6% CUERNAVACA 11% 9% 56% 28% 11% 8% 65% 17% 8% ECATEPEC 73% 23% 12% 6% 32% 3% 78% 18% 25% 1% 45% MORELOS CUAUTLA 16% 15% CULIACÁN 7% AHOME 6% 19% 21% 3% 47% 25% 47% SINALOA 0% 18% 10% 22% 20% Muy probable 30% Algo probable 54% 40% 50% Poco probable 60% 70% Nada probable 80% 90% 100% No responde 489 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 490 Gráfica 31. Existe venta de armas de fuego 21% CARMEN 3%3% 73% CAMPECHE CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO TORREÓN TOLUCA ECATEPEC 3% 12% 3% 7% 77% 16% 5% 13% CUERNAVACA 8% 8% 65% 23% 1% 5% 6% 68% 9% 6% PACHUCA DE SOTO HIDALGO 8% 27% 9% 35% 10% 3% 81% 12% 28% 3% 49% MORELOS 13% CUAUTLA 17% CULIACÁN 4% 24% 24% 6% 40% 21% 51% SINALOA AHOME 4% 11% 0% 17% 10% 20% Muy probable 2% 66% 30% 40% 50% Algo probable 60% Poco probable 70% 80% Nada probable 90% 100% No responde TEMA: CONFIANZA Gráfica 32. ¿Qué tanto confían entre sí las personas de su colonia o comunidad? 9% CARMEN 78% 13% CAMPECHE 16% CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO TORREÓN 24% TOLUCA 26% ECATEPEC HIDALGO 71% 49% PACHUCA DE SOTO 14% 20% CUERNAVACA 5% 1% 21% 42% 14% 1% 12% 4% 1% 27% 61% 24% 61% 23% 48% 1% 2% 1% 31% MORELOS 27% CUAUTLA 47% 31% CULIACÁN 2% 24% 34% 31% 4% 28% 5% 1% SINALOA 23% AHOME 0% 10% Más que en otras 43% 20% 30% Igual que en otras 40% 50% 60% Menos que en otras 70% No sabe 80% 90% No responde 100% TEMA: RELACIÓN INDIVIDUO-SOCIEDAD ¿Participa en alguna de las siguientes organizaciones? Gráfica 33. Partido político o asociación política nacional 1% CARMEN CAMPECHE 2% CAMPECHE 3% COAHUILA TORREÓN ESTADO DE MÉXICO TOLUCA 2% 5% ECATEPEC HIDALGO PACHUCA DE SOTO 2% CUERNAVACA 1% CUAUTLA 1% MORELOS CULIACÁN 4% AHOME 4% SINALOA 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Respuesta afirmativa Gráfica 34. Grupos deportivos 12% CARMEN CAMPECHE 8% CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 15% TORREÓN 4% TOLUCA 11% ECATEPEC HIDALGO PACHUCA DE SOTO 7% 18% CUERNAVACA MORELOS 14% CUAUTLA 13% CULIACÁN SINALOA 12% AHOME 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Respuesta afirmativa 491 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 492 Gráfica 35. Voluntariado, servicio a la comunidad 1% CARMEN CAMPECHE 2% CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 7% TORREÓN 1% TOLUCA 10% ECATEPEC HIDALGO PACHUCA DE SOTO 3% 13% CUERNAVACA MORELOS 16% CUAUTLA 2% CULIACÁN SINALOA 5% AHOME 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Respuesta afirmativa Gráfica 36. Grupo religioso 13% CARMEN CAMPECHE 20% CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 23% TORREÓN 18% TOLUCA 11% ECATEPEC HIDALGO PACHUCA DE SOTO 12% 17% CUERNAVACA MORELOS 25% CUAUTLA 29% CULIACÁN SINALOA 24% AHOME 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Respuesta afirmativa 35% ¿Qué tan frecuente, existe ese conflicto dentro de su comunidad? Gráfica 37. Por el origen étnico de los vecinos CARMEN n=3 100% CAMPECHE CAMPECHE n = 16 n=3 COAHUILA TORREÓN n=9 ESTADO DE MÉXICO TOLUCA n = 20 17% CUERNAVACA 43% 17% 8% 49% 17% 35% 15% 11% 11% 36% 13% 1% 33% 33% 78% PACHUCA DE SOTO HIDALGO 56% 38% 33% ECATEPEC n = 53 n=6 6% 45% 5% MORELOS n = 98 CUAUTLA n=7 20% 22% 14% CULIACÁN 14% 2% 2% 40% 29% 57% SINALOA n = 15 AHOME 33% 7% 0% 10% Muy frecuente 33% 20% Algo frecuente 30% 40% Poco Frecuente 50% 7% 20% 60% 70% Nada Frecuente 80% No sabe 90% 100% No responde Gráfica 38. Presencia de pandillas CARMEN n = 121 5% 5% 49% 41% CAMPECHE CAMPECHE n = 87 n = 94 n = 74 n = 62 ESTADO DE MÉXICO HIDALGO n = 144 15% TORREÓN COAHUILA n = 208 57% 8% 33% 7% TOLUCA 1% 2%1% 31% 36% 4% 9% 39% 7% 50% ECATEPEC 19% 42% 37% 2% PACHUCA DE SOTO 16% 47% 32% 3% 2% 56% CUERNAVACA 28% 15% 1% MORELOS n = 223 53% CUAUTLA n = 109 24% 22% CULIACÁN 34% 13% 1% 9% 33% 11% SINALOA n = 44 AHOME 0% Muy frecuente 30% 11% 10% Algo frecuente 20% 30% Poco Frecuente 41% 40% 50% Nada Frecuente 60% 18% 70% No sabe 80% 90% 100% No responde 493 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 494 ¿Con qué frecuencia utiliza como fuente de información …? Gráfica 39. Periódicos 1 n = 598 2 3 4 CARMEN 4.06 CAMPECHE 4.53 5 6 7 5 6 7 CAMPECHE n = 600 n = 598 n = 576 COAHUILA ESTADO DE MÉXICO n = 599 n = 593 TORREÓN 2.85 TOLUCA 2.85 3.56 ECATEPEC HIDALGO n = 600 PACHUCA DE SOTO 2.73 CUERNAVACA 3.52 CUAUTLA 3.15 CULIACÁN 3.18 AHOME 3.51 MORELOS n = 599 n = 600 SINALOA n = 598 Gráfica 40. Radio 1 n = 599 2 3 4 3.94 CARMEN CAMPECHE n = 600 n = 599 COAHUILA n = 576 ESTADO DE MÉXICO n = 599 n = 593 4.38 CAMPECHE HIDALGO n = 600 TORREÓN 3.13 TOLUCA 3.06 ECATEPEC 3.79 PACHUCA DE SOTO 3.07 CUERNAVACA 3.41 CUAUTLA 3.08 MORELOS n = 599 n = 600 CULIACÁN 2.99 SINALOA n = 600 AHOME 3.58 Gráfica 41. Televisión 1 n = 599 2 3 4 5 CARMEN 5.64 CAMPECHE 5.77 TORREÓN 5.25 6 7 CAMPECHE n = 600 n = 599 COAHUILA n = 576 ESTADO DE MÉXICO n = 599 n = 593 HIDALGO n = 600 4.62 TOLUCA ECATEPEC 4.82 PACHUCA DE SOTO 4.05 5.04 CUERNAVACA MORELOS n = 600 n = 599 CUAUTLA 4.87 CULIACÁN 4.73 AHOME 4.99 SINALOA n = 600 Gráfica 42. Internet 1 n = 598 CARMEN 2 3 4 5 6 7 2.96 CAMPECHE n = 600 n = 512 COAHUILA n = 576 n = 596 n = 593 ESTADO DE MÉXICO HIDALGO n = 599 CAMPECHE 3.07 TORREÓN 3.26 TOLUCA 2.60 ECATEPEC 2.87 PACHUCA DE SOTO 2.92 CUERNAVACA 2.83 CUAUTLA 2.32 CULIACÁN 2.64 MORELOS n = 596 n = 599 SINALOA n = 598 AHOME 3.19 495 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 496 Gráfica 43. En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha sido voluntario en algún organismo de la sociedad civil? 1% CARMEN CAMPECHE 2% CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO HIDALGO 3% TORREÓN 1% TOLUCA ECATEPEC 4% PACHUCA DE SOTO 4% 11% CUERNAVACA MORELOS 8% CUAUTLA 7% CULIACÁN SINALOA 11% AHOME 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Respuesta afirmativa TEMA: RELACIÓN INDIVIDUO-GOBIERNO Gráfica 44. En una escala del 1 al 7, donde 1 es muy malo y 7 es muy bueno, ¿cómo calificaría el sistema de justicia de su estado? 1 n = 598 2 3 CARMEN 3.51 CAMPECHE 3.88 TORREÓN 3.69 TOLUCA 3.33 CAMPECHE n = 592 n = 594 n = 560 n = 590 n = 573 COAHUILA ESTADO DE MÉXICO ECATEPEC HIDALGO n = 596 PACHUCA DE SOTO 2.98 3.80 CUERNAVACA 3.51 CUAUTLA 3.80 CULIACÁN 3.63 AHOME 3.96 MORELOS n = 593 n = 600 SINALOA n = 592 4 5 6 7 TEMA: VIOLENCIA Gráfica 45. De los siguientes lugares que le voy a decir, ¿cuál diría usted que es donde ocurren con mayor frecuencia incidentes de violencia? CARMEN 29% 62% 9% CAMPECHE CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 1% TORREÓN 5% TOLUCA 3% 11% PACHUCA DE SOTO 2% CUERNAVACA 3% 72% 12% 18% 65% 14% 1% 82% 7% 11% 1% 73% 9% 2% 8% ECATEPEC HIDALGO 16% 3% 76% 9% 21% 63% 13% MORELOS CUAUTLA 5% CULIACÁN 4% AHOME 5% 24% 62% 9% 26% 2% 1% 56% 11% SINALOA 0% 29% 10% En los trabajos 20% 30% En los hogares 40% 4% 50% 12% 50% En la escuela 60% 70% En la calle 80% 90% No sabe 100% No responde A continuación le voy a leer una serie de afirmaciones, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con ellas? Gráfica 46. Si un hombre maltrata continuamente a una mujer, la culpa es de ella por permitirlo CARMEN 49% CAMPECHE 50% 3%2% 6% 40% CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO HIDALGO TORREÓN 38% TOLUCA 38% ECATEPEC 34% PACHUCA DE SOTO 34% CUERNAVACA 4% 5% 32% 31% 14% 11% 6% 34% 23% 1% 8% 15% 6% 7% 11% 4% 38% 54% 7% 8% 40% 9% 1% 14% 6% 1% 6% 10% MORELOS CUAUTLA 49% CULIACÁN 11% 25% 24% 38% 7% 8% 13% 18% 7% SINALOA AHOME 19% 0% 10% Muy de acuerdo 20% 30% Algo de acuerdo 20% 14% 30% 40% 50% Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 60% Algo en desacuerdo 70% 17% 80% Muy en desacuerdo 90% 100% No sabe 497 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 498 A continuación le voy a leer una serie de afirmaciones, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con ellas? Gráfica 47. A veces es necesario darle un golpe a un niño para corregirlo a tiempo CARMEN 10% 61% 23% 6% CAMPECHE CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO TORREÓN TOLUCA 39% 11% 32% 26% 5% 1% 40% 23% 3% 26% 23% 31% 7% 29% 5% 25% 18% 6% 30% 9% CUERNAVACA 40% 30% 8% 12% PACHUCA DE SOTO 54% 23% 4% 18% 4% ECATEPEC HIDALGO 18% 1% MORELOS CUAUTLA 9% 30% CULIACÁN 3% 27% 29% 21% 11% 27% 30% 13% SINALOA AHOME 23% 8% 0% Muy de acuerdo 10% 20% 30% Algo de acuerdo 24% 33% 12% 40% Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 50% 60% Algo en desacuerdo 70% 80% 90% Muy en desacuerdo 100% No responde TEMA: PERCEPCIONES SOBRE EL GOBIERNO Y EL CRIMEN ¿Cree usted que el (…) ha sido corrompido por el narcotráfico, o no? Gráfica 48. Ejército 55% CARMEN 4% 41% CAMPECHE 49% CAMPECHE COAHUILA 31% TORREÓN ESTADO DE MÉXICO ECATEPEC HIDALGO 10% 59% 49% TOLUCA 6% 45% 4% 41% 55% PACHUCA DE SOTO 5% 46% 44% 4% 52% 65% CUERNAVACA 3% 32% MORELOS 58% CUAUTLA 44% CULIACÁN 5% 7% 3% 53% SINALOA 50% AHOME 0% 10% 20% 1% 49% 30% 40% 50% 60% Sí 70% 80% No 90% 100% No responde Gráfica 49. Marina 56% CARMEN 4% 4% CAMPECHE 47% CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 18% TORREÓN 9% 73% TOLUCA 40% ECATEPEC 50% PACHUCA DE SOTO HIDALGO 5% 48% 7% 53% 1% 49% 36% 5% 59% 48% CUERNAVACA 4% 48% MORELOS 42% CUAUTLA 38% CULIACÁN 6% 52% 2% 60% SINALOA 37% AHOME 0% 10% 1% 62% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Sí 80% 90% No 100% No responde Gráfica 50. Policía Estatal 65% CARMEN 4% 31% CAMPECHE 56% CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO HIDALGO 65% TORREÓN TOLUCA 73% ECATEPEC 83% PACHUCA DE SOTO 4% 40% 9% 26% 5% 12% 72% 4% 24% 83% CUERNAVACA 6% 21% 12% 1% MORELOS 83% CUAUTLA 13% 40% CULIACÁN 4% 2% 58% SINALOA 39% AHOME 0% 10% 20% 1% 60% 30% 40% 50% 60% Sí 70% 80% No 90% 100% No responde 499 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 500 Gráfica 51. Policía Municipal CARMEN 5% 30% 65% CAMPECHE CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO TORREÓN 69% TOLUCA 76% ECATEPEC 9% 22% 6% 18% 5% 11% 84% PACHUCA DE SOTO HIDALGO 4% 40% 56% 4% 24% 72% 89% CUERNAVACA 1% 10% MORELOS CUAUTLA 85% CULIACÁN 4% 11% 2% 53% 45% SINALOA AHOME 0% 10% 20% 1% 55% 44% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Sí No 90% 100% No responde Gráfica 52. Policía Federal CARMEN 5% 32% 63% CAMPECHE CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 42% 54% TORREÓN 55% TOLUCA 65% ECATEPEC HIDALGO 4% 9% 36% 4% 43% 53% 70% CUERNAVACA 6% 22% 72% PACHUCA DE SOTO 6% 29% 2% 28% MORELOS CUAUTLA 73% CULIACÁN 4% 23% 2% 61% 37% SINALOA AHOME 0% 10% 20% 1% 61% 38% 30% 40% 50% 60% 70% Sí 80% No 90% 100% No responde Gráfica 53. ¿En su opinión está el gobierno ganando la guerra contra el narcotráfico, o no? 22% CARMEN 1% 77% CAMPECHE 18% CAMPECHE COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 39% TORREÓN 2% 73% 3% 85% 12% PACHUCA DE SOTO 31% 5% 64% 14% CUERNAVACA 5% 56% 25% TOLUCA ECATEPEC HIDALGO 3% 79% 1% 85% MORELOS 22% CUAUTLA 78% 31% CULIACÁN 69% SINALOA 30% AHOME 0% 10% 1% 69% 20% 30% 40% 50% 60% Sí 70% 80% No 90% 100% No responde 501 Opinión Pública Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 Se terminó de imprimir en febrero de 2017 en Ediciones de Lirio, Azucenas nem. 10, colonia San Juan Xalpa, México, D. F. El tiraje constó de 1,000 ejemplares más sobrantes para reposición. Se imprimió sobre papel Eucalipto de 90 gramos, en técnica de impresión offset. El cuidado de la edición y corrección de estilo estuvieron a cargo de Diego Ignacio Bugeda Bernal y Elizabeth Díaz Aguirre El diseño y formación estuvieron a cargo de atril, excelencia editorial, tel. 1517 8736.

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