Interseccionalidad y políticas públicas LGBTI en
Colombia: usos y desplazamientos de una noción crítica*
Camila Esguerra Muellev - Jeisson Alanis Bello RamírezD
Fecha de recepción: 15 de julio de 2013
Fecha de aceptación: 18 de enero de 2014
Fecha de modiicación: 10 de marzo de 2014
DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res49.2014.02
RESUMEN
Este artículo es una aproximación a las experiencias de formación de políticas públicas en Colombia que han hecho uso de
la noción de interseccionalidad, especíicamente, las políticas dirigidas a los sectores LGBTI en Bogotá, Valle del Cauca y
Colombia. Planteamos un ejercicio analítico de estas experiencias de las que hemos sido partícipes, cada una de nosotras en
distintos momentos, y que representan el reto de llevar propuestas de los movimientos sociales y la academia, en particular
de los feminismos negros y de color, al escenario estatal. Nuestra participación en la formación de dichas políticas y, ahora, la
escritura de este artículo nos permiten buscar porosidades y vínculos en y entre distintos escenarios: el estatal, el académico
y los movimientos sociales.
PALABRAS CLAVE
Interseccionalidad, LGBTI, políticas públicas, sexualidad, género.
Intersectionality and LGBTI Public Policies in Colombia: Uses and Displacements of a
Critical Notion
ABSTRACT
This article offers an approach to the experiences of public policy formation that have used the concept of intersectionality, in
particular, those policies aimed at LGBTI people in Bogota, Valle del Cauca and Colombia in general. We propose an analytical
exercise of these experiences, in which we have each participated at different times. These exercises have challenged us in
terms of bringing proposals from social movements and academia—such as black feminism and feminisms of color, among
other actors—to the realm of the state. Our participation in the formation of these policies, and in writing this article, let us
seek strategies that allow for movements among different political arenas and discursive practices, illuminating porosities in
and linkages among different scenarios: the state, academia and social movements.
KEY WORDS
Intersectionality, LGBTI, public policies, sexuality, gender.
*
v
D
Este artículo es producto de la relexión lograda luego de la construcción del “Marco político y conceptual de la política pública nacional colombiana
para la garantía de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex) y de las personas con
identidades sexuales y de género no normativas”, elaborado para el Ministerio del Interior (Colombia) mediante contrato 26345-170-2012, otorgado por
concurso de méritos.
Maestra en Género y Etnicidad de la Universidad de Utrecht, Holanda, y Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora de la Universidad Nacional de Colombia, la Pontiicia Universidad Javeriana y la Universidad Externado de Colombia. Investigadora asociada del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género (GIEG) de la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “Saying ‘Nosotras’: Speech
Acts and Collective Lesbian Identities”. En Colombia Sexuality, Culture and Politics: A South American Reader, eds. Horacio Sivori, Sérgio Carrara, Jane
Russo, Maria Luiza Heilborn, Anna Paula Uziel y Bruno Zilli. Río de Janeiro: Cepesc (2013), 326-345, y la reseña del libro De la cama a la calle: perspectivas
teóricas lésbico-feministas de Jules Falquet. Graduate Journal of Social Science, 2009. Correo electrónico: cesguerram@unal.edu.co
Maestra en Estudios de Género y Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora asociada del Grupo Interdisciplinario de Estudios
de Género (GIEG) de la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “Género, belleza y apariencia: la clientela de
peluquerías en Bogotá”. Revista Nómadas 38 (2013), y “Peluqueros, estilistas y barberos: hegemonías masculinas e identidades laborales en peluquerías
y barberías bogotanas”. La Manzana, Revista Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades, 2012. Correo electrónico: jbellor@unal.edu.co
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Interseccionalidade e políticas públicas LGBTI na Colômbia:
usos e deslocamentos de uma noção crítica
RESUMO
Este artigo é uma aproximação às experiências de formação de políticas públicas na Colômbia que têm feito uso da noção de
interseccionalidade, especiicamente, as políticas dirigidas aos setores LGBTI em Bogotá, Valle del Cauca e Colômbia. Propomos
um exercício analítico dessas experiências das quais temos sido partícipes, cada uma de nós em diferentes momentos, e que
representam o desaio de levar propostas dos movimentos sociais e da academia, em particular dos feminismos negros e de
cor, ao cenário estatal. Nossa participação na formação dessas políticas e, agora, da construção deste artigo, nos permitem
buscar porosidades e vínculos em e entre diferentes cenários: o estatal, o acadêmico e os movimentos sociais.
PALAVRAS-CHAVE
Interseccionalidade, LGBTI, políticas públicas, sexualidade, gênero.
Introducción
E
Es de anotar que estas políticas de reconocimiento no
han sido suficientes en cuanto a la transformación de
estructuras históricas de dominación que son una talanquera a la redistribución de capitales materiales y
simbólicos, de la cual han sido exceptuados las personas y los colectivos de los llamados sectores LGBTI.
Esta progresiva ganancia de reconocimiento se produjo gracias a las luchas sociales de los llamados movimientos gais y lésbicos, feministas, y luego LGBT, pero
también debido al marco multiculturalista propuesto
por la Constitución Política de 1991, enmarcada en un
proyecto político y económico liberal de administración de las diferencias culturales —entendidas como
diversidad— y la exacerbación de las desigualdades
económicas, políticas y sociales. Sin embargo, este
aparente clima de reconocimiento está atravesado por
posiciones adversas muy preocupantes como la persistente amenaza del principio de laicización del Estado,
la creciente escalada de violencia contra las personas
LGBTI tanto por agentes estatales como paraestatales,
y la escasa voluntad política para reconocer y evitar las
violencias que se ejercen contra estos sectores.
Por otra parte, la adopción acrítica de un modelo
identitario multiculturalista ha hecho que no se reconozca el cruce de las matrices de opresión de género
y sexualidad con las matrices y los sistemas de raza/
racialización/racismo, clase, modernidad/colonialidad, heterosexualidad obligatoria como régimen
político, cisgenerismo, sistema etario, segregación y
jerarquización territorial, discapacidad física, mental, sensorial y múltiple. Esto ha generado una parcelación identitaria que fragmenta las luchas políticas
y debilita la articulación con otros sectores sociales,
lo que genera tensiones interculturales que el Estado
no parece estar dispuesto a entender, mientras que
los movimientos sociales se adaptan a estas condiciones y se enzarzan en una competencia por la atención
y los escasos recursos estatales. Con esto no queremos decir que no sea necesario reconocer la especificidad de las reivindicaciones, sino que es necesario
ver cómo se constituyen unos a otros los sistemas de
opresión en los que se ubican sujetos múltiples. Esta
miopía es fácilmente perceptible en la adopción de
políticas con enfoque poblacional que reducen a las
personas y sus colectividades a una identidad estable
marcada por unos cuantos atributos que las definen
de manera metonímica.
n Colombia hemos pasado de la criminalización de la homosexualidad —penalización vigente hasta 1980, enmarcada en el proyecto de
la Constitución Política de 1886— a una paulatina ganancia de terreno en cuanto a reconocimiento de los sujetos políticos, de derechos y sociales
que, desde inicios de los años 2000, empezaron a denominarse, primero, sector social LGBT (lesbianas, gais,
bisexuales y transgeneristas), y de manera más reciente,
sectores sociales LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans
e intersex), en consonancia con agendas internacionales
importadas principalmente desde Estados Unidos, que
fueron consideradas como lugares estratégicos de acción
social, y también fueron idealizadas como modelos progresistas de transformación y visibilización.
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Interseccionalidad y políticas públicas LGBTI en Colombia
Camila Esguerra Muelle, Jeisson Alanis Bello Ramírez
Dossier
Sobre este marco complejo de luchas y reivindicaciones
políticas proponemos en este artículo una reflexión en
torno a los usos, desplazamientos y avatares que ha tenido la categoría epistémica y política de interseccionalidad en las experiencias de políticas públicas dirigidas
a los sectores sociales LGBTI en Bogotá, Valle del Cauca
y Colombia. Reconstruimos un mapa de la adopción de
dicha categoría en diversas experiencias de formación
de instrumentos de gestión pública para las personas y
los colectivos con identidades sexuales y de género no
normativas en el país, con el propósito de evidenciar
cómo la interseccionalidad se ha convertido de manera
paulatina en una herramienta del Estado para administrar las desigualdades sociales. Dicha adopción no
ha sido automática y ha estado atravesada por diferentes controversias tanto dentro como fuera del aparato
gubernamental y el movimiento social LGBTI.
Las experiencias de Bogotá
y Valle del Cauca
A mediados de 2006 se llevó a cabo la consulta participativa para la formulación de la política pública dirigida a los
sectores LGBTI en Bogotá. En esa oportunidad la preocupación por cómo se incardinaban sistemas de opresión
y, a la vez, distintos locus de agencia, no fue llamada explícitamente perspectiva interseccional; sin embargo,
en esa ocasión perseguíamos dos objetivos. En primer
lugar, intentamos cuestionar con el grupo de trabajo que
finalmente desarrolló el documento técnico (Esguerra et
al. 2006), la noción de “endodiscriminación”, que obliteraba la operación de unos sistemas sociales de opresión
más generales, expresados en racismo, sexismo, clasismo y otras formas de discriminación y fobias sociales, al
situar el fenómeno como un problema de falta de educación o carencia en la formación política de las y los activistas o personas en general de los llamados, ya para ese
momento, sectores LGBT.
En un primer momento, haremos una breve reseña de
las experiencias de formación y ejecución de políticas
dirigidas a los sectores LGBTI en Bogotá y Valle del
Cauca, para luego, en un siguiente apartado, pasar a
hacer un análisis más profundo sobre las implicaciones de una perspectiva interseccional en la formación
de la Política Pública Nacional dirigida a los sectores
LGBTI en Colombia [PPNLGBTI]. Debemos aclarar que
hablaremos desde nuestra participación, por un lado,
en el trabajo de consulta participativa para la formación de las políticas públicas en Bogotá (Esguerra et
al. 2006) y Valle del Cauca (Esguerra y Guerrero 2011),1
y luego, de manera conjunta, sobre la investigación
para la formulación del Marco político y conceptual de la
política pública nacional colombiana para la garantía de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI y de las
personas con identidades sexuales y de género no normativas (Esguerra y Bello 2013).
La noción de endodiscriminación reproducía la lógica
binaria que separa el espacio identitario homosexual del
heterosexual, como si se tratase de dos sistemas o mundos mutuamente excluyentes con lógicas propias, en
donde no es posible ver la operación de sistemas de opresión actuando de manera transversal. En segundo lugar,
y como un intento de llevar a la práctica los múltiples
debates académicos en torno a la interrelación simultánea de opresiones (Viveros 2009 y 2012), buscamos como
activistas ver de qué manera estos sistemas se yuxtaponían y se entretejían unos con otros en los procesos de
construcción de nuestras experiencias cotidianas y nuestras subjetividades. La experiencia en los movimientos
sociales nos permitía saber que las cuestiones de clase,
edad, raza, género, capacidad física, mental o sensorial,
eran estructurantes de las relaciones dentro de las organizaciones sociales, pero a la vez, de las organizaciones y
sus miembros con el entorno.
Por último, plantearemos un conjunto de inquietudes personales, políticas y académicas, alrededor de
la instrumentalización de la categoría interseccionalidad como discurso disidente dentro de la maquinaria
biopolítica del Estado multicultural, y señalaremos algunas posibles líneas de acción política que permitan
hacer un uso estratégico de estos saberes insurgentes
en un marco progresivo de cooptación, privatización y
despolitización de los movimientos sociales.
1
Una de las recomendaciones hechas en el documento
final (Esguerra et al. 2006) fue precisamente tener en
cuenta para lo subsiguiente del proceso, que el racismo,
la xenofobia, el sexismo, el clasismo, entre otros ejes,
afectan de manera simultánea la realización de derechos y la construcción y el ejercicio de subjetividades
de las personas y colectividades de los sectores LGBTI.
Sobre la órbita de este marco interpretativo, se indicó la
necesidad de excluir el uso del término “endodiscriminación” y reconocer que las personas de estos sectores estaban imbricadas en estas prácticas de segregación, no
sólo como objetos, sino como agentes, y no sólo dentro
Estos dos procesos fueron coordinados por Camila Esguerra Muelle
y adelantados con personas que también han trabajado en la ejecución de políticas públicas dirigidas a los sectores LGBTI y que han
sido activistas de éstos y otros movimientos sociales.
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de esa aparente “comunidad” delimitada por las identidades contempladas en la sigla LGBTI, sino como actores
de una sociedad organizada sobre la operación de estos
diversos sistemas de clasificación y opresión.
en el ámbito de las relaciones intersectoriales, se logró
introducir una discusión más profunda sobre el asunto
de la interseccionalidad, a partir de dos foros llevados a
cabo durante los meses de junio y julio de 2011. Uno con
los profesores Mara Viveros Vigoya y Franklin Gil, de la
Escuela de Estudios de Género (EEG) —llevado a cabo en
la Escuela Superior de Administración Pública, con muy
poca concurrencia; era de esperarse el poco interés que
un asunto apenas conocido suscitaría en la escuela que
forma de manera más oficial a servidoras y servidores
públicos—, y otro con estudiantes de la EEG de la asignatura “Sistema sexo género postcolonialidad y globalización” (llevado a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, que contó con más asistencia que el anterior, en
particular por parte de activistas de los llamados sectores LGBT). El recuento general de cómo fue introducida
la perspectiva interseccional a la política LGBT de Bogotá
puede observarse en el documento “Balances y perspectivas: política pública para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBTI en Bogotá”
(Mesa intersectorial de diversidad sexual 2011).
La propuesta de esta perspectiva interseccional hacía temblar, a ojos de algunos participantes de la consulta, la base
segura de un sustrato de identidad esencial, que sólo podía
estar definido por la llamada “orientación sexual”. En esa
oportunidad, se comenzó a plantear que la identidad de género tenía una relación vectorial con la identidad basada en
la orientación sexual, de tal manera que se pidió a los asistentes participar en grupos según su identidad de género o
sexual. También fue introducido, de manera explícita, el
reconocimiento del cruce del sistema etario como una matriz que generaba unas formas de opresión específicas. Por
esta razón, se conformaron grupos de discusión con personas menores de 18 años y mayores de 60.
Sin embargo, el intento de introducir el asunto de raza o
clase no fue muy bien recibido, al igual que el problema
del sexismo, aunque experiencias organizativas anteriores —en particular las organizaciones de mujeres lesbianas o trans, dentro de las cuales vale la pena destacar la
red Nosotras LBT2— ya habían hecho una denuncia de
las formas de misoginia y transfobia que se reproducían
dentro de los llamados sectores sociales LGBT, en particular, desde la hegemonía masculina representada por los
varones gay. También logró hacerse un reconocimiento
de la diferente situación en las redes de poder de las personas con discapacidades, en particular, personas lesbianas, gay y bisexuales sordas.
En ese documento se hace evidente que no hay una operación concreta del término; sin embargo, en él se intentó abrir el debate sobre la necesidad de ir más allá de una
perspectiva poblacional y de entender que las desigualdades sociales generadas por la heterosexualidad obligatoria y el cisgenerismo prescriptivo son estructuras
de poder que afectan a toda la ciudadanía, y que, por lo
tanto, deben problematizarse las nociones de “diversidad sexual” y “diversidad de géneros”. Estas categorías
asumen la sexualidad como una marca que recae sobre
ciertos sujetos, y no como un asunto que es de carácter
público y macrosocial. A pesar de estos esfuerzos, la
comprensión de los sistemas de opresión como ejes articulados, mutuamente constituidos y cómplices, no se
aterrizó en la construcción de dicha política.
En esta primera experiencia de formulación de una política pública dirigida a personas de los sectores LGBT
logró darse apertura a la discusión de cómo las diferentes
matrices de opresión se imbrican para generar distintos
lugares de ubicación de los sujetos en las redes de poder.
Con posterioridad, dentro de la ejecución de dicha política, y como parte del equipo de trabajo del IDPAC (Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal),3
2
Esta red de mujeres lesbianas, trans y bisexuales fue conformada luego
de un encuentro del Proyecto Planeta Paz en 2002, como un acto separatista frente a los varones gay, en particular por una serie de eventos
misóginos y transfóbicos sucedidos en ese encuentro. El proyecto Planeta Paz, financiado por el Gobierno noruego, articuló diversos sectores
sociales tradicionalmente no escuchados, en torno a la búsqueda de una
salida política al conflicto armado y social en Colombia.
3
Ésta fue, junto con la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte (Bogotá), una de las entidades donde empezaron a gestionarse
asuntos relativos a los derechos de personas de los sectores LGBT, incluso antes de la promulgación de la política pública dirigida a estos
sectores, en 2008.
Ganada esta experiencia en Bogotá, en la formulación de
la política pública dirigida a los sectores LGBTI, la experiencia de Valle del Cauca se caracterizó porque se hizo
explícito el uso de la perspectiva interseccional (Esguerra
y Guerrero 2011). En esa oportunidad, el trabajo se realizó
con un equipo distinto que, a partir del piloto de la política pública de Bogotá, ya había logrado una aproximación a la discusión sobre cómo se imbrican las distintas
matrices de opresión y de la performatividad discursiva,
entendida como el acto de repetir un discurso para ganar
autoridad, que se había propuesto de manera deliberada
en los espacios intersectoriales de gestión de la política
LGBT en la capital.
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Interseccionalidad y políticas públicas LGBTI en Colombia
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Dossier
En la experiencia de formulación de esta política se
tuvo en cuenta, incluso desde el momento de la convocatoria, la necesidad de dar voz a distintas experiencias, en donde se pudiera ver el entrecruzamiento
entre sexualidad, raza/racialización, etnicidad, edad,
género, clase, capacidad/discapacidad. Por esta razón,
se propuso un trabajo grupal en cuatro perspectivas,
una diferencial (buscaba establecer las experiencias
específicas de cada una de las identidades agrupadas
en el acrónimo LGBTI), una de derechos (buscaba ver
las experiencias específicas de personas de los sectores LGBTI en relación con la realización de derechos),
una territorial (que pretendía explorar las tensiones,
jerarquías, dificultad en la delimitación rural/urbano)
y otra interseccional (dirigida en particular a ver la intersección sexualidad, género, raza, etnia, residencia,
edad, clase, capacidad y discapacidad). De esta manera, los asistentes tuvieron oportunidad de participar
con distintas personas en la discusión propuesta desde
las cuatro perspectivas.
La Ordenanza Departamental del Valle del Cauca número 339 de 2011,5 en su artículo 2, establece que entre las
perspectivas que orientan la formulación, la ejecución,
la evaluación y el seguimiento de la política, la interseccionalidad debe ser un elemento indispensable:
e. Perspectiva interseccional: se refiere a la mirada que
reconoce que en las y los sujetos se intersectan distintos
sistemas de opresión: sexo-género, raza/racializacón/
racismo, etnicidad, clase, etario, entre otros, y que, por
lo tanto, hay que establecer una visión no poblacional,
sino de atención integral y de defensa y protección de
derechos teniendo en cuenta la multidimensionalidad
de las y los sujetos de la presente política. (Gobernación
del Valle del Cauca 2011)
Sin embargo, es importante mencionar que en la ordenanza finalmente aprobada por la Asamblea del Valle del
Cauca no se incluyó la desagregación en programas prioritarios diferenciales y con perspectiva interseccional,
que sí fueron señalados en la propuesta que realizamos
para la consultoría de dicha política. Las propuestas no
incluidas fueron las siguientes:
La formación de la política partía de la idea de una
situación instalada de vulneración de derechos y recurrentes violencias contra personas y colectivos de
los llamados sectores LGBTI. Con el fin de introducir
desde el proceso de formación de la política la perspectiva interseccional, se intentó identificar la manera
en que se entrecruzan distintas matrices de opresión,
por lo menos: la etaria; la de raza/racialización/racismo; etnicidad; clase; género; orientación sexual; ruralidad, y condición motora, mental o sensorial, para
buscar alternativas de solución y posicionamientos de
agencia en relación con los problemas detectados. Durante las conversaciones se tuvieron en cuenta tanto
el consenso como los disensos, pues era importante
escuchar las voces de aquellas personas con experiencias divergentes y localizadas.
•
•
•
•
•
•
•
En el documento técnico resultado de la consulta participativa (Esguerra y Guerrero 2011) —y a partir del cual
se redactó el proyecto de ordenanza 490 de 2011,4 que
buscaba la institucionalizacion de la política LGBTI en el
Valle del Cauca—, se concluía que la participación de los
sectores sociales LGBTI seguía manteniendo una inercia
en cuanto a las tendencias de exclusión por razones étnico-raciales, de género, edad, condición física, sensorial,
mental, y exclusión del sector rural.
4
•
•
•
“Por el cual se establecen los lineamientos de la política para la garantía y la exigibilidad de derechos de las personas lesbianas, gay,
bisexuales, transgeneristas e intersexuales en el Valle del Cauca y se
dictan otras disposiciones”.
5
23
La atención integral para personas LGBTI en proceso
de envejecimiento.
La prevención en salud, en las áreas de atención hospitalaria y de salud pública.
El acceso a planes de empleo, emprendimiento y productividad.
La promoción de ambientes laborales incluyentes
tanto en el sector público como en el privado.
La investigación y construcción de conocimiento
colectivo.
La identificación, promoción y difusión de expresiones artísticas, patrimoniales y culturales de los sectores LGBTI.
La adecuación de proyectos educativos institucionales (PEI), manuales de convivencia y Planes de Educación Sexual (PES) en la escuela.
La permanencia y no deserción escolar de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes de los sectores LGBTI e
hijos e hijas de familias homoparentales o trans.
La profesionalización y educación “extraedad” para
personas LGBTI excluidas del sistema educativo.
El acceso igualitario a servicios de recreación y deporte y a espacios públicos de recreación.
“Por medio de la cual se establecieron los lineamientos de la política
para la garantía y la exigibilidad de derechos de las personas
lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales en el
Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones”.
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El equipo encargado de hacer la consulta participativa,
previendo que habría temas de difícil comprensión en
un ambiente de representantes no familiarizados con
determinadas filigranas de los debates sociales, diseñó
una estrategia de antesala y cabildeo para asegurarse de
que las apuestas políticas presentes en las perspectivas
rectoras de la política, entre ellas la interseccional, se
mantuvieran y sobrevivieran a los debates.
Es posible inferir de estos dos ejercicios la evidente necesidad de hacer transformaciones epistémicas que afecten
la manera en que se conciben los sujetos sociales. De esta
forma, resulta muy evidente que la incorporación de una
perspectiva interseccional a un proyecto social concertado que se refleje y se sirva de maneras de gestión de lo
público y caminos para la búsqueda del bienestar y del
buen vivir, es una senda larga y compleja que va a requerir desestructuraciones y reestructuraciones de modos de
pensar lo público y lo común.
De esta experiencia, para la formulación del Marco
Político y Conceptual de la política LGBTI en Colombia
(Esguerra y Bello 2013), quedó una preocupación sobre
cómo hacer operativo el concepto de interseccionalidad
sin soslayar que se trata de una noción compleja, de una
aproximación epistémica que no puede ser reducida a
procedimientos o herramientas de gestión simples.
Sin embargo, vale la pena comparar el salto cualitativo entre una y otra propuestas. El Marco Conceptual y
Político de la PPNLGBTI (Esguerra y Bello 2013) propone
una ruta operativa y, dentro de ella, unos esqueletos de
posibles actos administrativos en los cuales establece
lo siguiente, en particular, para la puesta en marcha
de una perspectiva interseccional:
•
•
Veremos a continuación las reflexiones arrojadas por
el ejercicio investigativo, argumentativo y de imaginación de posibles rutas para pensar y hacer una gestión
pública con perspectiva interseccional que tuvo como
fin la construcción del Marco Político y Conceptual de la
Política Pública Nacional dirigida a los sectores LGBTI.
Intentaremos, además, ir más allá de lo que este ejercicio nos planteó, con el ánimo de complejizar el debate
sobre la relación entre la noción de interseccionalidad y
la gestión de lo social.
Interseccionalidad y Política Pública
Nacional dirigida a los sectores
LGBTI: posibles aperturas
Creación del Programa nacional de investigación participativa en género y sexualidad para caracterizar colectivos
y proponer diálogos sociales e interculturales que
permitan ver los cruces entre fenómenos sociales
como la construcción de identidades sexuales y de
género, el sexismo, la relación racialización-racismo, etnicidad-xenofobia, y, en general, adelantar
estudios comparativos entre diversos sistemas sexo
género en el país; sistemas etarios, sobre territorio, territorialidad y territorialización; sobre sistemas culturales e interculturalidad, acerca de clase
y situación social y económica; sobre situación de
discapacidad, marginación urbana y adelantos en
normativa y jurisprudencia sobre género y sexualidad, entre muchos otros. Este programa debe articular instituciones de educación superior públicas
de todo el país.
Diálogos sociales, diálogos públicos: consistirá en establecer una metodología de construcción participativa de
agendas cruzadas y comunes entre, primero, distintos movimientos sociales y el llamado movimiento
LGBTI o los movimientos singulares de a) mujeres
trans, b) hombres trans, c) mujeres lesbianas y feministas lesbianas, d) hombres gais, e) personas bisexuales, f) personas intersex y, segundo, entre todos
estos actores sociales y las instituciones estatales. Estará liderado por el Ministerio del Interior (Esguerra y
Bello 2013, 235).
La Constitución Política colombiana de 1991, que concibe
la identidad nacional como pluriétnica y multicultural,
de manera paradójica ha dado lugar a una continuidad
del proyecto liberal de intervención estatal que interpreta las acciones institucionales, las movilizaciones sociales y los objetivos que rigen las políticas en cuanto a la
administración de poblaciones diversas, minoritarias, o
grupos vulnerables o en riesgo.
Más allá, podría decirse, siguiendo a Maldonado (2007),
que el proyecto multiculturalista de la Constitución
de 1991 es una profundización del proyecto liberal, por
cuanto oblitera la producción de la otredad como constitutiva de las relaciones coloniales y como sustrato de
la desigualdad material y simbólica, y la sitúa, por el
contrario, como un asunto de apariencia, que está en un
lugar distinto al problema de la redistribución de las riquezas, es decir, a la administración de los bienes simbólicos y materiales de la nación.
Así, el Estado colombiano ha organizado sus políticas
públicas en grupos poblacionales: mujeres, jóvenes,
niñez, adulto mayor, afrodescendientes, indígenas,
personas en situación de discapacidad y sectores sociales LGBTI, entre otros. Esto, en realidad, muestra cómo
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Interseccionalidad y políticas públicas LGBTI en Colombia
Camila Esguerra Muelle, Jeisson Alanis Bello Ramírez
Dossier
no hay interés en desmontar el habitus estatal, que se
vuelve estructural y estructurante del juego social, no
interpela al Estado “blanco-mestizo”, heterocentrado,
cisgenerista, clasista, etcétera, sino que mantiene su
lógica y su juego de producción propios de la alteridad,
en lugar de intentar ver cómo en sus propias estructuras y en los discursos multiculturalistas se cuelan los
gérmenes que dan lugar a desigualdades en los órdenes
simbólico y material. Una alternativa de análisis la ofrece Brown (2006), quien a partir de una noción foucaultiana de poder propone investigar los rasgos del Estado
que representan y mantienen la dominación masculina, en particular en el caso estadounidense. La autora
propone su análisis a partir de cuatro dimensiones que
estructuran esta forma de dominación desde el Estado:
la legislativa o liberal, la capitalista, la prerrogativa
política y, por último, la burocrática. Estas múltiples
dimensiones se entroncan con el sistema sexo género y
otros sistemas que están en la base de la reproducción
social y del devenir histórico de las sociedades.
rechos a través de las políticas públicas, y en Colombia
dichas herramientas han sido decisivas para ampliar los
límites de la ciudadanía y el reconocimiento material
y simbólico de los grupos minoritarios; este reconocimiento, sin embargo, es problemático, puesto que, como
observa el antropólogo Franklin Gil, la perspectiva poblacional deja consecuencias en la manera de representar a
dichos grupos, tanto en la forma de hacerse una imagen
de ellos como de organizarse para hablar en nombre de
ellos (Gil 2011, 89).
Las personas de los sectores sociales LGBTI se han organizado y movilizado de forma estratégica con el propósito de cuestionar la heterosexualidad obligatoria y el
cisgenerismo como sistemas de opresión excluyentes
que niegan la ciudadanía. Pero la lógica multiculturalista ha hecho que estos sectores adopten una visión
“étnica” de su activismo y asimilen sus reivindicaciones a movilizaciones identitarias —algunas veces
esencialistas— que limitan el alcance de sus apuestas
políticas y obnubilan el reconocimiento de desigualdades internas en el acrónimo.6
De esta manera, podemos ver que dicho modelo de política pública responde a profundas lógicas históricas de
dominación cultural, en las que los grupos subordinados son comprendidos como el otro de la nación: un otro
discreto, identitariamente delimitado y concebido como
radicalmente diferente al conjunto de la población “mayoritaria”. El modelo multiculturalista asegura el mantenimiento de esta alteridad que genera la sensación de
pluralismo, que, sin embargo, no toca en nada las bases
materiales ni simbólicas de las desigualdades.
Frente a este panorama político, optamos por apropiar la
interseccionalidad como una perspectiva y un enfoque
críticos de análisis de las desigualdades sociales, para
enfrentar las nociones poblacionales, identitarias y multiculturalistas con las que tradicionalmente operan las
prácticas de formación de política pública. En el Marco
Político y Conceptual de la Política Pública Nacional de
los sectores sociales LGBTI apostamos por una comprensión compleja de las desigualdades, en donde las jerarquías sexuales y de género no pueden ser intervenidas
desde la política pública, si no se considera su inseparable relación con las jerarquías de clase, raza-etnia, edad,
territorio, capacidad física, motora, sensorial, entre
otras (Esguerra y Bello 2013).
Esta frontera discursiva entre lo “mayoritario” y lo “minoritario” es ante todo una delimitación ideológica, que
sirve como fundamento para la construcción de un gobierno multicultural de las diferencias sociales. En este modelo de gobierno, los grupos dominantes se conciben como
no marcados por los regímenes de opresión, y los grupos
minoritarios se codifican como colectivos con atributos
esenciales e invariables, cuya subordinación es entendida
como derivada y a la vez constitutiva de su identidad. De
esta forma, las desigualdades sociales se reducen a diferencias identitarias, y las políticas públicas se asumen de
forma reduccionista como herramientas para la inclusión
de la “diversidad”, pero no como instrumentos transformativos que contribuyan a desmontar las estructuras
históricas de dominación (Lozano y Peñaranda 2007; Restrepo 2004; Zambrano y Chaves 2006).
Las propuestas teóricas y metodológicas que empleamos en la construcción de dicho documento introdujeron, de manera incisiva e indispensable, la
interseccionalidad como un vector estructurante de
todo el proceso de formación de la política pública. En
esa medida, tejimos nexos con otros enfoques (como el
6
No obstante todo lo anterior, los movimientos sociales
han encontrado importantes herramientas para exigir
la promoción, el respeto, defensa y garantía de sus de-
25
En ese sentido, la defensa del matrimonio entre parejas del mismo
sexo se ha posicionado públicamente como el más importante
objetivo de lucha del movimiento LGBTI, lo que ha subsumido otras
demandas, como las de las personas trans e intersex. No sólo existen
dificultades internas sino también externas al movimiento LGBTI;
en cuanto a la articulación con otros movimientos sociales, ha sido
difícil, y ha estado poco abierto a incorporar una perspectiva de lucha
interseccional y basada en coaliciones.
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de género, el de derechos humanos, el territorial y el
diferencial), con el propósito de incitar a las formadoras y los formadores de la política, y a las organizaciones LGBTI, a emprender la construcción de una política
pública que elimine el dualismo particular-universal.
terseccionalidad, donde retomamos los aportes del black
feminism, el feminismo de Mujeres de Color y los feminismos descolonizadores de América Latina y del Caribe
(hooks 2004; Crenshaw 2002; Collins 1998; Davis 2004;
Lugones 2008). Sintetizamos la interseccionalidad como
un enfoque y una perspectiva que buscan comprender
el funcionamiento de las opresiones entrelazadas como
una “matriz de dominación” (Collins 1998), en la cual
no existen categorías de poder jerarquizadas o sumadas,
sino ejes de poder entretejidos que configuran redes de
posiciones sociales estructuradas por la inseparabilidad de las categorías de género, raza, clase, sexualidad,
edad, capacidad, entre otras categorías de diferencia (Esguerra y Bello 2013).
Esto implica que, por un lado, esta política necesita ser
particular y focalizada, propender a la igualdad y la inclusión de las personas de los sectores sociales LGBTI,
pero, al mismo tiempo, debe exigir una radical transformación de lo universal desde una perspectiva crítica y situada de las diferencias sexuales y de género:
Se trata de construir un “universalismo crítico” (noción
usada por Mara Viveros en mesa de trabajo) que afecte
Quisimos privilegiar los aportes de Viveros (2009), Collins (1998), Lugones (2005) y Dorlin (2009), en directo
diálogo con el trabajo de Kimberlé Crenshaw (1994 y
2002), ya que la noción de interseccionalidad acuñada
por esta última autora, cuyo impacto en la administración pública global ha sido bien asimilada, ha sido
objeto de revisiones, ampliaciones y críticas desde diversos ámbitos.
todas las políticas públicas macrosociales y macroeconómicas, que tengan como principio ético la justicia
social redistributiva, en la cual el objetivo final será
generar un piso de equidad para todas-os las-os ciudadanas-os (principio igualitario), y a la vez producir un
reconocimiento de las historias particulares de opresión con el objetivo de superarlas (principio diferencial).
Este enfoque crítico cuestiona el dualismo universalparticular para dar paso a la construcción de políticas
Principalmente, planteamos que es preciso superar la
comprensión categorial de las opresiones de género, clase,
raza y sexualidad, puesto que estas redes no se cruzan, en
cuanto categorías separadas y separables. Más bien, las
redes de opresiones afectan a los agentes sociales, las estructuras y las instituciones, sin ninguna posibilidad de
separación (Lugones 2005, 69). A esta forma analítica de
comprender la inseparabilidad de las redes de opresiones,
la denomina Lugones (2005) como una lógica de fusión,
de emulsión o de trama.
públicas que articulen sus acciones desde una perspectiva histórica, interseccional y con un sentido de justicia social transformadora. (Esguerra y Bello 2013, 96)
La incorporación del enfoque interseccional en políticas
públicas dirigidas a los sectores sociales LGBTI es relativamente reciente en el país, y, en ocasiones, su adopción
entre los encargados de formar las políticas y de ponerlas
en marcha, se lleva más como un gesto de corrección política o como un requisito técnico exigido, que se enuncia
y no se ejecuta, pues se comprende como un saber poco
práctico para la tecnocracia gubernamental (Gil 2011;
Hankivsky y Cormier 2010).
La sexualidad y el género, como estructuras de opresiones fusionadas con otros regímenes de poder, no definen
la posición de los sujetos como simples víctimas; también
constituyen interrelaciones con estructuras de prestigio y
privilegio; de este modo, las intersecciones no producen
ni absolutos opresores ni víctimas puras. La perspectiva
de fusión se opone a la concepción aditiva de las opresiones. Esta última considera que las categorías de opresión se
suman imponiendo penalidades a los individuos; establece
que estos ejes de diferencia son separables y actúan individualmente; y que los agentes inmersos en esa sumatoria
acumulan desventajas sin ninguna capacidad de agencia,
oposición o resistencia (Dorlin 2009).
Si bien comprendemos que no siempre es posible ni deseable traducir el lenguaje conceptual de los movimientos
sociales en el contexto de la gubernamentalidad estatal,
sí apostamos por una reflexión profunda de la interseccionalidad como una metodología desestabilizadora. Esta
metodología es capaz de modificar la maquinaria estatal
de producción de diferencias y desigualdades, siempre y
cuando tanto el movimiento social LGBTI como otros movimientos se articulen en la exigencia de nuevas formas de
interpretar y objetivar los “problemas sociales”, los actores
políticos y las políticas públicas.
Dicha comprensión segmentada desconoce que las
redes de opresión comparten algunos dispositivos comunes de funcionamiento (como la naturalización, la
Con este propósito, en el Marco Político y Conceptual de
la PPNLGBTI presentamos un amplio debate sobre la in-
26
Interseccionalidad y políticas públicas LGBTI en Colombia
Camila Esguerra Muelle, Jeisson Alanis Bello Ramírez
Dossier
racialización del otro, el uso de la dupla naturalezacultura), que estas estructuras de opresión se constituyen mutuamente; que no es posible comprender
género y sexualidad en Colombia sin la dimensión étnico-racial (Viveros 2009); y por último, que todas las
posiciones sociales, dominantes y dominadas, ocupan un lugar particular en la matriz de dominación,
y dicho lugar no es fijo o estable, puesto que las redes
de opresión no definen la posición de un agente de una
vez y para siempre. La clasificación de una persona en
el orden racial, sexual, de clase y de género dependerá
de las relaciones que definen su posición en un momento dado y en un campo determinado, y se modifica con la agencia de los sujetos, el tiempo y el espacio
(Arango 2007, 37).
4.
La interseccionalidad alienta a ver de una forma diferente todos los aspectos de la política pública, el modo en
que se definen los problemas, la manera en que se determina quiénes son los sujetos de la política, cómo son
desarrolladas las soluciones y cómo se evalúan. En este
sentido, proponemos que este enfoque puede alterar las
prácticas de formación de políticas públicas en los siguientes aspectos:
5.
1. Al no jerarquizar las opresiones y al comprenderlas
en su vínculo fusionado, las políticas públicas pueden producir un efecto diferente al de la “sectorización” y evitar lo que Hankivsky y Cormier (2010)
denominan como la “olimpiada de las opresiones”.
En estas “olimpiadas”, los grupos oprimidos o “sectorizados” rivalizan entre ellos para posicionar su
subordinación y recibir apoyos por parte del Estado
multicultural. Las políticas públicas con enfoque
interseccional pueden ser útiles, siempre y cuando
se propongan actuar sobre las matrices de dominación, y no sobre “sectores sociales” alterizados
y fragmentados.
2. Es preciso que la interseccionalidad se adopte de
forma transversal en todas las instituciones encargadas de formación de políticas públicas; esto permitiría una interlocución más eficaz entre las diferentes
instancias de gubernamentalidad estatal y el trabajo
articulado en torno a objetivos comunes.
3. La adopción de una perspectiva interseccional para
la formación de políticas públicas debe fomentar la
participación política de los diversos grupos sociales desde una visión articulada de las luchas y los
diálogos entre movimientos sociales y políticos.
Destruir la lógica sectorial y diferencialista con la
cual operan las políticas de reconocimiento del Estado y los movimientos sociales ha de ser un paso
6.
7.
27
necesario para superar las luchas por identidades
o “compartimentos estancos” que se acoplan a la
colección de diferencias hechas por el Estado (Esguerra y Bello 2013).
La interseccionalidad permite interrumpir el efecto de marcación de los grupos subordinados que
se opera a través de la focalización de las políticas
públicas. Al pensar que los sujetos de la política
son poblaciones problemáticas, vulnerables o peligrosas que requieren apoyo institucional, se deja
intacta la lógica de las matrices de dominación y,
en ese sentido, se legitima la marca de diferencia
que se establece sobre los grupos marginados. La
interseccionalidad, sugerimos, debe permitir trabajar de modo provisional con políticas focalizadas
que favorezcan, en este caso, a los sectores sociales
LGBTI, pero al tiempo debe renunciar a su pretensión otrificadora. La política también debe actuar
sobre los “agentes estatales y sociales que requieren
ser atravesados por cambios sociales, culturales e
institucionales, para dar cumplimiento a los principios de igualdad y universalidad de los derechos
humanos” (Esguerra y Bello 2013, 202).
En el caso particular de las políticas públicas dirigidas a los sectores sociales LGBTI, la interseccionalidad es una herramienta fundamental para poner
de relieve las relaciones de violencia, inequidad y
segregación que se establecen entre las diferentes
identidades que componen el acrónimo. Los sectores sociales de mujeres lesbianas, trans, bisexuales, personas intersex, hombres trans, bisexuales
y gais, son muy distintos entre sí y requieren acciones, planes y programas estatales que reconozcan
sus genealogías diferenciadas y operen desde una
óptica de opresiones fusionadas, que produzcan
cambios culturales y políticos que generen, en últimas, formas de convivencia más equitativas.
En esta lógica, la interseccionalidad cuestiona las
identidades universales y estables; por lo tanto, retomamos el acrónimo LGBTI como una plataforma de
acción estratégica para asumir discriminaciones y reclamar derechos. En ningún momento esta sigla es
generalizable para comprender las prácticas, identidades y experiencias de las personas con identidades
sexuales y de género no normativas en todo el territorio nacional, principalmente, entre las naciones indígenas, grupos afrocolombianos y sectores rurales.
Universalizar esta sigla implicaría incurrir en prácticas de violencia epistémica.
Por último, la interseccionalidad pone en crisis el
modelo de gubernamentalidad liberal y la administración de poblaciones, y a la vez, por supuesto, las
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políticas identitarias. A este respecto, podemos citar,
por ejemplo, el debate sobre la inclusión de las personas intersex en la política que hemos analizado. Si
bien resulta arbitrario agrupar a estas personas con
los sectores cobijados por la sigla LGBT, es importante
decir que no es menos arbitrario agrupar a personas
trans (definidas metonímicamente por su identidad
de género) y personas gais o lesbianas (definidas
metonímicamente por su identidad sexual). Sin
embargo, es evidente que todas ellas (trans, lesbianas, bisexuales, intersex) comparten, en definitiva, una oposición óntica a un sistema sexo género
dimórfico, binario y cisgenerista.
ción de la “perspectiva de género”. Hablar de género y
no de feminismo no sólo implicó una transformación
semántica sino también política. Al reducir la “estridencia” crítica de la palabra “feminismo”, ésta se hizo
más asimilable y, por lo tanto, más fácil de integrar a
las instituciones, sin que ello altere el orden de poder
masculinista y heterocentrado (Curiel 2006).
El Estado no es un actor neutro en las relaciones de
poder, y aunque en su interior existen múltiples luchas y posiciones heterogéneas, su autoridad simbólica ejerce un fuerte influjo, ya sea para perpetuar o
redefinir las desigualdades de género, raza, clase y
sexualidad. Conscientes de la instrumentalización de
los conceptos críticos del feminismo que se adelantan
en la arena de la gubernamentalidad estatal, tuvimos
que sortear una serie de interrogantes relacionados
con la pertinencia de traducir la interseccionalidad,
para hablar de políticas públicas dirigidas a los sectores sociales LGBTI.
Podría entonces pensarse que la cuestión es decidir si se
incluye a las personas intersex en la gestión de la política
LGBT, convirtiéndola en LGBTI, o si se las hace sujetos de
otras políticas, por ejemplo, como lo plantea Prada (2013),
en la política de discapacidad, postura de la que diferimos
por otras razones adicionales a la del tratamiento de los
sujetos como población. Sin embargo, la perspectiva interseccional va más allá de esto, pues supone entender a
los sujetos no como estables y, por tanto, clasificables, al
imponer el reto de un sujeto no unívoco, y, por tanto, la
radicalización de la universalidad que entienda que todas
las políticas públicas y sociales, incluida la económica,
deben tener en mente sujetos individuales y colectivos
inestables, multidimensionales, atravesados de distintas
maneras por sistemas de opresión, situados de formas variadas por sus diversas prácticas de agencia. Es decir, la
perspectiva interseccional exige una complejización de los
sujetos contemplados en todas las políticas.
¿Son incompatibles e irreconciliables los conocimientos insurgentes (la interseccionalidad) con relación a
los contextos gubernamentales de formación de políticas públicas? ¿Debemos las feministas, el movimiento
LGBTI y otros grupos minoritarios rehusarnos a trabajar
en el Estado y con el Estado? ¿Es posible hacer política
de cambio y de ampliación de la ciudadanía desde el
Estado? Y por último, si el Estado está apropiándose de
los conceptos críticos de los movimientos sociales, ¿qué
debemos hacer? ¿Le damos la espalda, colaboramos con
él o diseñamos estrategias de vigilancia e intervención
sobre sus técnicas de gobierno?
Instrumentalización de la
interseccionalidad, límites y
perspectivas críticas
Trabajar como parte del Estado en la construcción de
instrumentos de gobierno y biopolítica desde la asunción de una perspectiva feminista e interseccional no
fue una tarea sencilla, y aun así, no tenemos certeza
de que lo dicho altere el rumbo de la PPNLGBTI. Hubo
momentos en los cuales nos sentimos frustradas, y
fue recurrente la sensación de que los objetivos políticos de la interseccionalidad no son realizables en
el seno del Estado. En una ocasión, una funcionaria
del Ministerio del Interior nos conminó para que erradicáramos del documento la palabra “feminismo”,
porque esto le quitaba “seriedad, objetividad y neutralidad” a nuestros análisis. De la misma forma, se produjo violencia simbólica y censura frente a nuestras
opiniones cuando señalábamos con datos académicos
y con informes de defensores, la sistemática violación
de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI
por parte de instituciones y funcionarios del Estado.
Introducir los saberes insurgentes de los feminismos
críticos para la construcción de gubernamentalidad
estatal no es una tarea libre de controversias; mucho
menos si tenemos en cuenta que en el actual contexto
multicultural, neoliberal y de privatización del conocimiento, los saberes producidos por los movimientos
sociales están siendo cooptados por los Estados y los organismos internacionales, con el propósito de institucionalizar las luchas, despolitizar las agendas sociales
y reforzar mecanismos de dominación (Alexander y Mohanty 2010; Fischer 2005).
Prueba de esto es lo sucedido en América Latina y el
Caribe desde los años noventa, con la institucionaliza-
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Interseccionalidad y políticas públicas LGBTI en Colombia
Camila Esguerra Muelle, Jeisson Alanis Bello Ramírez
Dossier
Nos sorprendió que en este marco la categoría interseccionalidad no recibiera un trato estigmatizante o de rechazo;
paradójicamente, es bien aceptada por funcionarios y activistas, sin importar o sin saber que sus orígenes residen en
los feminismos radicales de mujeres de color.
centro privado de consultoría para asesorar políticas
públicas en diferentes partes del mundo. Este centro
de investigación tiene como interlocutores especiales
los Estados, los fondos multilaterales y las universidades, no las comunidades oprimidas.
Creemos que la interseccionalidad ha sido aceptada
relativamente en diferentes experiencias de formación de políticas públicas LGBTI en el país, no tanto
por las demandas que realizan los movimientos sociales de este tipo de aproximaciones, sino porque es un
enfoque potable para la administración multicultural
(Curiel 2007). La interseccionalidad ha sido entendida, de manera conveniente, como un asunto individual de cruce de identidades estigmatizadas, donde es
posible eximir al Estado de su responsabilidad en la
reproducción de estas violencias y desigualdades que
sustentan las dominaciones intersecadas.
La contradicción yace en lo que Alexander y Mohanty
(2010) denominan como cartografías neoliberales del conocimiento, donde se dibuja una jerarquía de saber/poder
entre los espacios académicos privatizados, los centros
de consultoría, las ONG expertas y los espacios comunitarios. La interseccionalidad poco a poco se ha ido convirtiendo en un concepto técnico de la administración
pública para gobernar los grupos “diferentes” dentro del
Estado-nación. En esa medida, la instrumentalización
ha significado un despojo de las herramientas de lucha
de los movimientos sociales y la confiscación de sus saberes emancipatorios y contrahegemónicos.
Es posible rastrear esta interpretación entre lo que los
sectores LGBTI han llamado “endodiscriminación”. Este
término se usa de forma acrítica y remite a comprender las discriminaciones de género, étnico-raciales, de
clase, edad, entre otras, que suceden dentro del sector,
como un “problema intracomunitario”, y no un problema afincado en las matrices de dominación y en la incapacidad o inacción del Estado para promover la garantía
y el respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, creemos que la estrategia que deberían
poner en marcha los feminismos críticos, las organizaciones LGBTI y otros grupos oprimidos no es la de dar la
espalda a trabajar en y con el Estado. Negarse a intervenir críticamente el campo estatal es asumir una posición ciega de las formas relacionales en que se producen
las jerarquías sociales. Con cerrar los ojos ante el Estado
no se desaparecen sus efectos en la constitución de la
realidad y el orden social. No se trata, en consecuencia,
de asumir el Estado como la única arena de transformación social; al contrario, consideramos que éste es un
lugar estratégico cuyas representaciones sobre los grupos subordinados pueden ser contestadas, disputadas y
objetivadas como sitios de lucha.
La gubernamentalidad requiere reproducir las jerarquías, con el propósito de asegurar el orden multiculturalista hegemónico. En esa medida, “interseccionalidad”
suena más “técnico” y “objetivo” para dichos propósitos,
ya que evita referirse a la lucha articulada contra el régimen heterosexual, el cisgenerismo, el capitalismo, el
racismo, entre otros sistemas de opresión imbricados.
Así mismo, es preciso descartar las visiones maniqueas que existen sobre el Estado, ya que si optamos
por oponernos a las visiones hegemónicas con las
que se construyen las políticas públicas, requerimos
concebir el Estado, no como un aparato unitario monolítico que persigue estrategias bien definidas y
homogéneas, sino como un campo en movimiento y
constante redefinición (Bourdieu 1997). Si observamos
desde este punto de vista, podemos prestar atención a
las coyunturas políticas que podrían abrir puntos de
acceso a través de los cuales los grupos subordinados
pueden a veces promover políticas favorables y articuladas desde una movilización interseccional.
Quizás, el éxito en la apropiación que ha tenido esta
categoría en la gubernamentalidad estatal, por encima de otros conceptos más radicales como los de “fusión”, “matriz de dominación” y “simultaneidad de
opresiones”, se deba a su talante pro institucionalista.
Distintas feministas afrolatinoamericanas, lesbianas,
autónomas y poscoloniales han señalado las contradicciones políticas del enfoque acuñado por Kimberlé
Crenshaw. Una de ellas apunta que en Estados Unidos
esta feminista y otros académicos crearon el Instituto de
la Interseccionalidad para la investigación y la política7 como un
7
Así, la PPNLGBTI puede constituir un sitio de acción crítica y contestación de representaciones estatales, en el
cual se negocian las estructuras sexuales y de género
que rigen la sociedad, así como la posibilidad de exten-
Para mayor información sobre el “Institute for Intersectionality
Research and Policy”, puede consultarse su página web <http://
www.sfu.ca/iirp/>.
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der una reflexión más amplia sobre las matrices de dominación interrelacionadas.
contar para su propia transformación o explosión.
En ese sentido, hay tal vez que confiar en la capacidad performativa del aparato lingüístico y pensar en
transformaciones a largo plazo, buscando intersticios
y porosidades en un aparato estatal que no podemos
imaginar como monolítico, ni unívoco, y que debe
considerarse un terreno de lucha ineludible, configurado por tensiones e incluso por subjetividades en
pugna, que hay que considerar como un terreno fértil
para la desestabilización de estructuras que sin duda
tienen que ser desestructuradas.
Nos parece muy sugerente el llamado que Sonia Álvarez (1998) hace a los grupos feministas para conformar
estrategias de “veeduría discursiva contestataria” de
las políticas públicas y de los ejercicios gubernamentales del Estado. Estas “veedurías” constituyen una
estrategia excéntrica que trabaja tanto dentro como
fuera del Estado y traslada el ámbito de las políticas
públicas al campo de lo social. Lo “social” se entiende
como un contexto conflictivo entre interpretaciones
rivales de las necesidades de las personas. Es, simultáneamente, una nueva arena de actividad estatal y,
de igual importancia, un terreno de disputa política
más amplia.
Esta tarea indiscutiblemente tiene que estar acompañada de un ánimo contradictor desde los movimientos
sociales y un espíritu de cuestionamiento constante por
parte de la academia. No se trata de una simple instrumentalización de una noción producida por movimientos sociales que incluso propugnan el cambio total de
estructuras y sistemas, entre ellas el Estado; se trata
también de poner en juego la capacidad transformadora
de ideas que, como hemos discutido, pueden ser, o rechazadas de plano, o fagocitadas por un sistema organizado en la autoconservacion de las relaciones de poder
que lo reproducen incesantemente.
Las veedurías discursivas nos comprometen a reelaborar de forma continua estrategias de vigilancia y
discursos contrahegemónicos sobre las políticas públicas y los enfoques interseccionales, de género y
sexualidad que adopta el Estado, para evitar que las
limitaciones de esas políticas reinscriban marcas de
dominación y restrinjan la ciudadanía de los grupos
minorizados. Si abandonamos la arena estatal de los
dispositivos gubernamentales, coludimos con nuestro
silencio e inacción a que las matrices de dominación
se instauren como legítimas y deseadas.
El reto consiste en dar poder de infección a este cuerpo
teórico e ideológico antes que permitir un uso domesticado de sus apariencias externas. La tarea no es fácil, y
el terreno, definitivamente, sí muy movedizo, pero tal
vez es un momento para plantearse la capacidad perturbadora que tiene por ofrecer el entretejer distintas estrategias de tres escenarios políticos como son la academia,
el Estado y los movimientos sociales.
A modo de conclusión
El planteamiento de la interseccionalidad o de la matriz de sistemas de opresiones, es sin duda una herramienta política y conceptual potente para entender
de manera compleja la configuración política de las
sociedades; sin embargo, cuando es puesta en tensión
dentro del campo de la acción estatal, supone fuertes
contradicciones, precisamente porque los Estados liberales han fundamentado su existencia en la estabilización de un sujeto universal abstracto, a la vez que
encarnado en la corporalizacion “apta” de una serie
de privilegios de raza, etnia, clase, género y sexualidad, y mediante la agrupación homogeneizadora de
individuos en poblaciones o segmentos de población
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parece tampoco una buena salida, no si consideramos
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