Daniel
Martín Oller
Sergio Hernández
Barredo Ibáñez
Alonso
González
La Comunicación y el
Periodismo de Ecuador ante
los retos del siglo XXI
Epílogo
Ángel Páez, PhD
Universidad del Zulia, Venezuela
Prólogo
Amaro La Rosa
Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Perú
Cuadernos Artesanos de Latina / XX
1
Cuadernos Artesanos de Latina - Comité Científico
Presidencia: José Luis Piñuel Raigada (UCM)
Secretaría: Concha Mateos (URJC)
- Bernardo Díaz Nosty (Universidad de Málaga, UMA)
- Carlos Elías (Universidad Carlos III de Madrid, UC3M)
- Javier Marzal (Universidad Jaume I, UJI)
- Juan José Igartua (Universidad de Salamanca, USAL)
- Julio Montero (Universidad Complutense de Madrid, UCM)
- Marisa Humanes (Universidad Rey Juan Carlos, URJC)
- Miguel Vicente (Universidad de Valladolid, UVA)
- Miquel Rodrigo Alsina (Universidad Pompeu Fabra, UPF)
- Núria Almiron (Universidad Pompeu Fabra, UPF)
- Ramón Reig (Universidad de Sevilla, US)
- Ramón Zallo (Universidad del País Vasco, UPV-EHU)
- Victoria Tur (Universidad de Alicante, UA)
* Queda expresamente autorizada la reproducción total o parcial de
los textos publicados en este libro, en cualquier formato o soporte
imaginables, salvo por explícita voluntad en contra del autor o autora
o en caso de ediciones con ánimo de lucro. Las publicaciones donde
se incluyan textos de esta publicación serán ediciones no comerciales
y han de estar igualmente acogidas a Creative Commons. Se hará
constar esta licencia y el carácter no venal de la publicación. * La
responsabilidad de cada texto es de su autor o autora.
2
Daniel
Barredo
Ibáñez
-
Martín
Oller
Alonso
Sergio Hernández González
La Comunicación y el
Periodismo de Ecuador ante
los retos del siglo XXI
Cuadernos Artesanos de Latina / XX
Epílogo
Ángel Páez
Universidad del Zulia, Venezuela
Prólogo
Amaro La Rosa
Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Perú
3
xxº - La Comunicación y el Periodismo de Ecuador ante los
retos del siglo XXI, Daniel Barredo Ibáñez, Martín Oller Alonso y
Sergio Hernández Gonzalez | Precio social: x,x €
Editores: Concha Mateos Martín y xxx
Diseño: Juan Manuel Álvarez
Ilustración de portada: Fragmento de xxx
Imprime y distribuye: F. Drago. Andocopias S. L.
c/ La Hornera, 41. La Laguna. Tenerife.
Teléfono: 922 250 554 | fotocopiasdrago@telefonica.net
Edita: Sociedad Latina de Comunicación Social – edición no venal
- La Laguna (Tenerife), 2012 – Creative Commons
(http://www.revistalatinacs.org/12SLCS/portada2012.html)
(http://www.revistalatinacs.org/067/cuadernos/artesanos.html)
Protocolo de envío de manuscritos con destino a C.A.L.:
http://www.revistalatinacs.org/067/cuadernos/protocolo.html
ISBN – 13: 978-84-939xxx-x-x
ISBN – 10: 84-939xxx-x-x
D. L.: TF xx-2012
4
Este libro está dedicado, y es un homenaje sincero y modesto, al Dr.
Romeo Rodríguez, Rector de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, y a la Lic. Carola Donoso, comunicadora de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, fallecidos trágicamente el día 22
de noviembre de 2013 en un accidente de tráfico.
Con cariño, os recuerdan vuestros amigos:
Daniel Barredo / Sergio Hernández / Martín Oller
5
6
ÍNDICE
Epílogo
Prólogo
Introducción
17
1. CAPÍTULO I: El milagro ecuatoriano: pautas para entender el
Ecuador del siglo XXI
Daniel Barredo, Roxana Silva y Cheryl Martens
23
2. CAPÍTULO II: Políticas públicas en comunicación y sistemas 49
mediáticos. El caso de Ecuador
Palmira Chavero y Martín Oller
3. CAPÍTULO III: Ley Orgánica de Comunicación y comunicación 103
responsable
José María Pérez Zúñiga y Daniel Barredo
4. CAPÍTULO IV: El periodismo ecuatoriano en entredicho. 141
Descenso
de
credibilidad
y
nuevas
perspectivas
comunicacionales
Daniel Barredo, José María Pérez Zúñiga, Rocío Vivas y Montserrat
Fernández
5. CAPÍTULO V: El periodismo cultural: análisis de un subcampo 167
periodístico en el contexto del periodismo de investigación
Pamela Cruz
6. CAPÍTULO VI: Algunos problemas de la comunicación 189
institucional digital. Un estudio de las instituciones educativas
más prestigiosas del Ecuador
Daniel Barredo, Sergio Hernández, Jenny Basantes y Ernesto Bonilla
7
7. CAPÍTULO VII: La comunicación y la vinculación en la 211
universidad ecuatoriana. Propuesta de creación del Centro
Universitario de Jóvenes Emprendedores (CUJE) en la
Universidad de las Américas (UDLA), Ecuador
Martín Oller, Palmira Chavero, Rafael Jorda y Xavier Oviedo
8
Epílogo
Una lectura de la realidad, desde la Comunicación
Para comenzar este epílogo permítannos una reflexión personal. Casi
desde que empezamos nuestra carrera de periodista, allá por los años
60 el nombre de CIESPAL era paradigma de investigación y
desarrollo del conocimiento teórico en Comunicación en toda
América Latina y en mi país. Uno de los sueños más preciados era
estudiar en CIESPAL, lo que se convertiría en realidad hacia 1986
cuando nos becaron para estudiar el curso de Proyectos de
Comunicación: Investigación y Planificación. Una experiencia
inolvidable que marcó para siempre nuestra vida personal, profesional
y académica, enriqueciéndonos mucho. La huella de Daniel Prieto,
nuestro maestro y amigo sincero, permanece en nosotros. Hicimos allí
entrañables amistades que duran hasta hoy, así como aprendimos
mucho de la amable gente ecuatoriana, de sus paisajes, su arte, sus
sabores y sus cantares.
Es menester ahora enfocarnos, con la brevedad que exige un epílogo,
en el libro que tiene Ud. en sus manos. En esta obra que acabamos de
leer con fruición encontramos el testimonio de colegas venidos de
allende el océano quienes investigan acuciosamente la problemática de
la comunicación y no lo hacen desde fuera, mirando del país a través
de una ventana. Antes bien, sus lecturas de la realidad se nutren de las
experiencias vividas en estancias de investigación al interior de
9
instituciones académicas ecuatorianas de naturaleza diversa. Es en el
marco de ese accionar que han desarrollado las actividades de
investigación presentadas en las cuales han involucrado a especialistas
de diversas instituciones ecuatorianas.
Hay un marcado tono de optimismo en el quehacer investigativo que
se destila a lo largo de todo el libro así como en las reflexiones que se
dan a conocer. Esto constituye a nuestro modesto entender una de
sus evidentes fortalezas. Ello contradice palmariamente las que
consideramos dos falacias que hemos escuchado repetir hasta la
saciedad en diversos escenarios. La primera, presume que investigar
“es una tarea imposible pues se requieren ingentes recursos que
lamentablemente no tenemos aquí”. La segunda, la podemos
especificar en la pregunta “¿Para qué vamos a escribir si nadie nos
lee?”. Y estas visiones pesimistas, sin base en la realidad, son siempre
sostenidas por quienes ni investigan ni publican. Para investigar se
requiere antes que nada voluntad, la experticia se va adquiriendo en el
camino, se pueden realizar sin mayores recursos investigaciones de
cátedra y es posible acceder a oportunidades de financiación de
investigaciones. El escribir es una práctica que se va perfeccionando,
que una vez que la iniciamos se ve fortalecida por la pasión que
inspira e indudablemente siempre habrá gente interesada en leernos.
La introducción registra una serie de problemas que en líneas
generales hemos observado en América Latina. Solo aludiremos a dos:
La escasa ligazón de la academia con la realidad que amén de
reflejarse en la adopción de paradigmas obsoletos y el teoricismo, se
10
ha hecho evidente en la formación de profesionales de la
comunicación que no siempre coinciden con las necesidades del país.
Por otro lado, compartimos la percepción del desinterés por la
investigación como por la integración en redes, lo cual conduce a que
paradójicamente se conozca más de lo producido en el exterior que de
lo investigado en otras ciudades del propio país. Somos relativamente
pocos quienes investigamos, como puede colegirse del registro de
expositores en certámenes nacionales e internacionales así como de
las publicaciones científicas. Sin embargo, tal como Daniel y Martín lo
expresan en el último párrafo de la introducción “Queda mucho
camino por recorrer, pero algo se ha avanzado ya”. Y esto se palpa en
las nuevas generaciones de investigadores que van surgiendo en
Ecuador y en América Latina así como en las publicaciones científicas
que crecen día a día.
La falta de una cultura de participación, de la cual nos hablan Daniel
Barredo, Roxana Silva y Cheryl Martens es una constante en diversos
lugares de nuestro continente y a ello contribuye el sensacionalismo
que se preocupa de lo intrascendente, lo cual conlleva a la necesidad
de una comunicación con responsabilidad social, que contribuya al
fortalecimiento de la democracia, a lo cual se alude en varios acápites
del libro.
También se menciona la necesidad de que las universidades sean
centros de producción de conocimientos con lo cual coincidimos. Es
evidente, por ejemplo, que las universidades más prestigiosas del
11
mundo se caracterizan por el desarrollo de conocimientos científicos
generados por especialistas en sus propios centros de investigación.
La necesidad de la inclusión digital se manifiesta igualmente. Las
posibilidades de participación y el mayor acceso a fuentes de
información hacen posible que los ciudadanos comprendan mejor su
realidad. Ello en la actualidad se relaciona necesariamente con la
alfabetización digital, que hace posible optimizar las posibilidades de
interacción en el mundo globalizado de hoy así como la de dar a
conocer nuestra visión del mundo en que vivimos y hasta de aquel
que verán los seres humanos de las futuras generaciones, para quienes
la comunicación, como actividad cotidiana o como objeto de
investigación, siempre será tarea de suma importancia.
Lima, diciembre de 2014
Amaro La Rosa
Investigador. Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Perú
12
Prólogo
Esta magnífica obra sobre la comunicación y el periodismo se
convierte en una interesante radiografía de la sociedad ecuatoriana
(muy cercana a los países de la región latinoamericana), al tiempo que
ella misma se traduce en un esfuerzo por transformar una cultura
investigativa caracterizada, como lo apuntan sus autores, por un
paradigma académico irregular, la publicación de contribuciones
irrelevantes y escasamente citables, la existencia de unas universidades
identificadas por ser centros de docencia, donde se otorgaba una
escasa importancia a la generación de conocimiento, las deficientes
condiciones sociolaborales del investigador en comunicación, la
deficiente situación del acceso a recursos bibliográficos de primer
nivel, la falta de interés de los investigadores locales por insertarse en
redes académicas internacionales, la falta de conexión entre los tres
ejes habituales de la universidad (investigación / docencia /
vinculación con la sociedad) y la falta de una investigación de base y
de una cultura social de la investigación.
La obra muestra evidencias de los intentos que ha hecho Ecuador por
avanzar hacia una sociedad que centra su desarrollo en la ciencia y, en
este caso, en la ciencia de la comunicación. En el Capítulo I, Daniel
Barredo, Roxana Silva y Cheryl Martens abordan el debatido término del
milagro ecuatoriano, que en concreto se traduce en un elevado apoyo
13
que situaba a los habitantes de la República andina como los segundos
más satisfechos en la región con sus administradores.
En el capítulo sobre políticas públicas en comunicación y sistemas
mediáticos, Palmira Chavero y Martín Oller caracterizan el sistema
mediático ecuatoriano, tratando de orientar la discusión desde las
diferencias entre la libertad de prensa, que es igual a la libertad que
tienen los poderosos para fijar la agenda de temas en la opinión
pública, versus la libertad de expresión de los ciudadanos en
democracia.
Con el tema de la Ley Orgánica de Comunicación José María Pérez
Zúñiga y Daniel Barredo muestran las distintas opciones que existen
sobre el papel del Estado en la regulación de los medios. El trabajo se
presenta justo en un momento en el que en el mundo se debate sobre
la neutralidad de la red, que es un principio que establece que todos
los contenidos que circulan por Internet deben recibir tratos
igualitarios y no deben discriminarse según origen, uso o aplicación.
En otras palabras, es la última fase de la eterna discusión sobre la
regulación de los medios de comunicación1.
En el capítulo “El periodismo ecuatoriano en entredicho. Descenso
de credibilidad y nuevas perspectivas comunicacionales” Daniel
Barredo, José María Pérez Zúñiga, Rocío Vivas y Montserrat Fernández se
1
Fernández, Paola (2014). Neutralidad de la red: tensiones para pensar la regulación de
internet. Question: revista especializada en periodismo y comunicación, 1: 42,
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/2131
[recuperado
15/12/2014].
14
presentan como integrados2 a favor de las posibilidades de interacción
con las instituciones que ofrecen las TICs, pasando a un segundo
plano la mediación de los medios, en un contexto de menor
credibilidad de los mismos.
En el trabajo de Pamela Cruz se ofrece una perspectiva innovadora del
periodismo cultural como un campo específico del periodismo de
investigación en el que se proponen nuevas preocupaciones como la
indagación de los diálogos culturales y la difusión de productos
integrales narrados por sus propios actores culturales.
En el capítulo “Algunos problemas de la comunicación institucional
digital. Un estudio de las instituciones educativas más prestigiosas del
Ecuador”, Daniel Barredo, Sergio Hernández, Jenny Basantes y Ernesto
Bonilla apuestan por una tesis muy polémica: “Internet estimula a las
instituciones la posibilidad de contactar a sus públicos estratégicos sin
filtrado o intermediación, siempre y cuando se optimicen las
oportunidades sugeridas por las TICs”; sin embargo, se destaca que
en el desarrollo de la investigación, se muestran evidencias empíricas
que respaldan tal aseveración.
Y para cerrar con broche de oro y probar que el libro no se limita a la
simple retórica y a la presentación de evidencias empíricas, Martín
Oller, Palmira Chavero, Rafael Jorda y Xavier Oviedo comparten con
nosotros la experiencia de la propuesta de creación del Centro
Universitario de Jóvenes Emprendedores (CUJE) en la Universidad
2
Apocalípticos e integrados es un libro de Umberto Eco,
publicado en 1965.
15
de las Américas (UDLA), Ecuador, creado como estrategia de
vinculación con el mercado laboral, el cual permite realizar prácticas
pre-profesionales a los estudiantes dentro de la universidad.
Maracaibo, Venezuela, 13 de diciembre de 2014
Ángel Páez, PhD
Universidad del Zulia, Venezuela
16
Introducción
Un escenario en transformación: la Comunicación ecuatoriana
del siglo XXI
Numerosas circunstancias hacían de Ecuador uno de los países del
mundo en donde menos se publicaba. A partir de los gobiernos de la
Revolución Ciudadana, en cambio, se han activado iniciativas muy
concretas para conseguir una reacción en la investigación. En las
páginas siguientes enumeramos algunas de las circunstancias que nos
hemos topado en los últimos dos años, tras realizar estancias
investigativas en centros tanto públicos, como privados.
Ecuador: la investigación en formación
Durante los dos últimos años, hemos trabajado en varios centros
académicos, tanto de la capital, como de las provincias del Ecuador,
tanto de carácter público, como privado3. En el transcurso de estas
estancias, hemos experimentado numerosas deficiencias que lastran la
investigación en Comunicación, a pesar de que también hemos
notado algunos beneficios de un paradigma que, en estos momentos,
está en proceso de transformación. Las siguientes páginas son un
extracto de todas estas observaciones; citemos, por ejemplo, los
siguientes:
En concreto, hemos trabajado como investigadores Prometeos –un programa de
contratación de expertos de alto nivel- en instituciones públicas como la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo (Riobamba, Ecuador); el Centro Internacional de Estudios
Superiores de Comunicación para América Latina, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y
la Universidad Central del Ecuador (Quito, Ecuador). En los últimos meses, nos
desempeñamos en una institución privada, la Universidad de las Américas (Quito, Ecuador).
17
3
a)
La situación de un paradigma académico irregular. La mayor
parte de los esfuerzos interpretativos se concentraban en el Centro
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América
Latina, el cual –creado en XX– prácticamente aglutinaba la mayor
parte de la producción del país, sea a través de la divulgación de
investigaciones propias, sea a través de iniciativas como Chasqui,
Revista Latinoamericana de Comunicación, o bien la colección de libros
editados por el propio centro.
b)
La amplia trayectoria en el ensayo académico, así como la
publicación de contribuciones irrelevantes y escasamente citables.
Quizá por ese apego por géneros académicos de carácter teórico,
entre 1996 y 2013 únicamente se produjeron 10 documentos citables,
según leemos en SCImago:
Publicaciones en Comunicación del Ecuador (1996 – 2013), según SCImago4
19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
2
5
Fuente: elaboración propia
Curiosamente, si se observa la tabla anterior, el 80% de la producción
de alto nivel se registró entre 2011 y 2013.
c)
La existencia de unas universidades identificadas por ser centros
de docencia, donde se otorgaba una escasa importancia a la
generación de conocimiento.
4
Datos
consultados
el
08/12/2014
de
http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=3300&category=3315®ion=all&year
=all&order=it&min=0&min_type=it
18
d)
Las deficientes condiciones sociolaborales del investigador en
Comunicación, entre las cuales enumeramos los sueldos bajos, la gran
carga académica que en algunos casos superaba las dieciséis horas de
clase semanales, etcétera.
e)
La deficiente situación del acceso a recursos bibliográficos de
primer nivel, en tanto que algunos de los repositorios universitarios –
según hemos podido observar en muchos centros- están o estaban
desactualizados y/o restringían la consulta de bases de datos de
primer orden.
f)
La falta de interés de los investigadores locales por insertarse en
redes académicas internacionales, o bien la falta de recursos para
participar en eventos como congresos, simposios o talleres en otros
países.
En
ese
sentido,
hemos
percibido
algunos
factores
socioculturales -como el egoísmo o el individualismo- que bloquean la
interacción.
g)
La falta de conexión entre los tres ejes habituales de la
universidad (investigación / docencia / vinculación con la sociedad), y
la falta de incentivo de iniciativas que pudieran activar o reactivar uno
de los ejes a través del otro.
h)
La falta de una investigación de base, con la escasa existencia de
medidas para retener el talento (como por ejemplo becas propias del
19
centro académico), y la falta de orientaciones para desarrollar trabajos
de tesis con estándares de calidad internacional.
i)
La falta de una cultura social de la investigación, con medios o
departamento de comunicación incapaces de encontrar un hecho
noticioso en la divulgación científica.
Todos estos indicadores, expuestos en las líneas precedentes, señalan
un escenario en fase de desarrollo, donde predomina una cultura
investigativa con numerosas carencias pero que, sin embargo, cuenta
con el impulso renovador generado desde instancias gubernamentales.
Son problemas, sí, que dificultaban una producción académica de
calidad, con alta visibilidad internacional. Pero consideramos que, con
sus luces y sus sombras, la Revolución Ciudadana está provocando
una activación de la cuestión investigativa, primero ante el
establecimiento de diagnósticos que palían el concurso de las
circunstancias anteriores; y, segundo, ante la organización de
soluciones muy concretas –como el Proyecto Prometeo, por ejemplo,
o la categorización de las universidades– que buscan conseguir una
reacción positiva de parte de los centros académicos.
Queda mucho camino por recorrer, aunque en nuestra opinión,
gracias a la revolución educativa hay, al menos, camino. Somos ahora
los investigadores quienes debemos responder a los estímulos tanto
de las universidades como del gobierno, ante la cada vez mayor
demanda de la investigación en un país donde se publicaba tan poco.
20
Los artículos que se muestran en las páginas siguientes son un reflejo
de las investigaciones que, en conjunto con otros investigadores
nacionales e internacionales, hemos ido generando en los últimos
meses. Queda mucho camino por recorrer, pero algo se ha avanzado
ya. Y a continuación, una muestra.
Quito, 11 de diciembre de 2014,
Daniel Barredo Ibáñez, PhD
Martín Oller Alonso, PhD
21
22
CAPÍTULO I: El milagro ecuatoriano: pautas para
entender el Ecuador del siglo XXI
Daniel Barredo Ibáñez. Universidad de las Américas, Ecuador
Roxana Silva. Consejo Nacional Electoral, Ecuador
y Cheryl Martens. Universidad de las Américas, Ecuador
Introducción
Desde la victoria electoral de Rafael Correa en 2006, Ecuador ha
experimentado numerosas transformaciones sociales, económicas,
educativas y culturales, entre otras (Hawkins, 2011; Becker, 2012;
2013; Polga, 2013; Arévalo, 2014). Es cierto que la Revolución
Ciudadana -el proceso político que cobija ideológicamente al
presidente ecuatoriano-, ha sido criticada por la personalización del
movimiento en la figura del presidente (De la Torre, 2013), o por
mantener un régimen basado en el “autoritarismo competitivo”
(Levitsky y Loxton, 2013: 107), a pesar de que en menos de una
década el “apoyo a la democracia” ha aumentado en Ecuador en 13
23
puntos porcentuales (Latinobarómetro, 2013: 7). Pero no olvidemos
que Ecuador, en 2013, tenía la tasa de desempleo más baja de
América Latina, con un 4,6% de la población activa (CEPAL, 2013:
56), además de que según asegura esta fuente en la página 77, entre
2000 y 2012 se redujo la indigencia en casi ocho puntos porcentuales,
y la pobreza en alrededor de dieciocho puntos. Pero al margen del
bienestar económico –que a menudo suele simplificarse por el alza de
los precios de las materias primas (Arsel y Ávila, 2012)–, uno de los
principales avances del Ecuador ha sido la integración de los sectores
excluidos en la sociedad:
“Ecuador es una historia de éxito, con uno de los países
que tenía mayor grado de apartheid entre la población
blanca, la mestiza y la autóctona. Correa ha logrado incluir
en la ciudadanía a sectores históricamente excluidos y su
éxito se basa en ello. La democracia para los ecuatorianos
no es tanto el funcionamiento de las instituciones, sino la
inclusión social y el acceso a un mayor grado de dignidad
ciudadana en el acceso a bienes tangibles”
(Latinobarómetro, 2013: 10)
En las siguientes páginas, explicaremos algunos de los componentes
principales del llamado milagro ecuatoriano, un término muy polémico
que ha sido ampliamente discutido por muchos miembros tanto de la
sociedad de ese país, como de los países vecinos (Rodríguez Garavito,
2014, 24 de febrero; Carrión, 2014, 9 de junio; Mantilla, 2014, 16 de
24
abril; Salamea, 2014, 26 de abril), y que asimismo cuenta con
partidarios que ensalzan las transformaciones que mencionábamos al
comienzo de este trabajo (Falconí, 2014, 31 de enero; ANDES, 2014,
19 de marzo)5. Consideramos que, mediante una revisión de algunos
de esos factores estructurales que han caracterizado a los gobiernos de
la Revolución Ciudadana en estos siete años (2007 – 2014), podemos
ofrecer algunas consideraciones para situar de una forma más precisa
el debate sobre un gobierno que, en 2013, aprobaba el 73% de los
ecuatorianos (Latinobarómetro, 2013: 37), un elevado apoyo que
situaba a los habitantes de la República andina como los segundos
más satisfechos en la región con sus administradores.
2. Los primeros tiempos de la Revolución: quita de deuda y
fiscalidad
Desde mediados de los años setenta, como señala Arias (2006: 1), los
gestores del Ecuador fueron endeudando progresivamente al país a
través de la adquisición de créditos procedentes del “capital financiero
internacional”. Esto tuvo irremediables consecuencias sobre diversos
indicadores del desarrollo social, sea en ámbitos como la salud o la
educación, sea en la construcción de infraestructuras (Arias, 2006: 4 –
5). Rafael Correa, al llegar al poder en 2006, propuso un “cambio de
modelo (Luna, 2014: 2), y una de sus primeras iniciativas fue la
creación de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, una
comitiva encargada de revisar los diferentes tipos de deuda asumidos
5
También destacamos, entre esas voces afirmativas las que aparecen en el vídeo El Milagro
Ecuatoriano, publicado por la Secretaría Nacional de Comunicación. Consultado el 4 de
diciembre de 2014 de https://www.youtube.com/watch?v=8pjiAs38UDs
25
por la República andina en las últimas tres décadas6. Hawkins (2011:
42) describe cómo esta comisión detectó “numerosas irregularidades”
durante los procesos de concesión de los créditos; tras la revisión de
esas anomalías, los esfuerzos de esa Comisión consiguieron reducir la
deuda externa con los bancos estadounidenses de 3,2 billones de
dólares a 1 billón. La quita de deuda trajo algunas consecuencias,
sobre todo en lo que se refiere a las relaciones de Ecuador con otros
países, porque no se entendió el interés del gobierno ecuatoriano por
democratizar y transparentar los créditos adquiridos, ni la necesidad
de emprender mejoras laborales y fiscales. Una de las consecuencias
más obvia fue la retirada progresiva de la especulación financiera
internacional –procedente bien de EEUU, bien de Europa–, y un
relativo aislamiento que motivó la integración progresiva de Ecuador
dentro de ese llamado “mundo multipolar” (Ellner, 2012: 104)
descrito por Chávez. Es decir, el país andino tuvo que enfrentar la
búsqueda de aliados que respetasen el proceso revolucionario, tanto al
interior de América Latina –no por casualidad la sede de la Unión de
Naciones Suramericanas [UNASUR] se ha inaugurado recientemente en
Ecuador (TeleSUR, 2014, 3 de diciembre)–, como al exterior, con el
establecimiento de alianzas con países como China, a los que se ha
concedido la posibilidad de explotar los recursos del país (Polga, 2013:
137). Precisamente la explotación de los recursos fue otro de los
puntos de discordia con la inversión extranjera de carácter
especulativo; Rafael Correa optó por recuperar la iniciativa estatal en
6
Según
aclaran
en
su
página
web:
http://www.auditoriadeuda.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&catid=35
&id=44&Itemid=55 (consulta: 03/12/2014).
26
el aprovechamiento de esos recursos, e inició una importante
nacionalización de las “industrias extractivas” (Arsel y Ávila, 2012:
209), a través de las cuales el Estado ecuatoriano consiguió aumentar
enormemente la recaudación fiscal. A partir de 2010, los beneficios
petroleros se incrementaron del 13% al 87%, según explica Becker
(2012: 73), gracias a la nueva lógica de reparto de las ganancias
establecida por el gobierno de la Revolución Ciudadana. La
estatización de parte de esas industrias extractivas tuvo numerosos
beneficios, sobre todo con las políticas redistributivas de la riqueza
desarrolladas por el Estado. Según Pérez (2010: 4), el mandatario
ecuatoriano pretendía obtener “legitimidad” con estas lógicas de
redistribución, pero esta autora observaba que no había “señales de
mecanismos adecuados de petición y rendición de cuentas”. Unos
años después de estas reformas económicas, en 2013, casi seis de cada
diez ecuatorianos, esto es, el 57% de la población aseguraba disfrutar
de una “buena situación económica” (Latinobarómetro, 2013: 46).
Con todo, hay tres factores que enumera Polga (2013: 141) que
apuntalan el escenario económico del Ecuador:
a) Los débitos que se están comprometiendo con China.
b) El aumento de casi un 20% de empleados públicos entre 2007 y
2012.
c) Y la subordinación del país a las rentas petroleras.
Uno de los mayores problemas del Ecuador, en las décadas anteriores,
era la corrupción, un fenómeno que tenía indudables efectos sobre la
27
estabilidad democrática, según describe Seligson (2003: 96). Solo la
década anterior de la victoria electoral de Correa estuvo precedida por
una gran inestabilidad política (Arévalo, 2014). Estos vaivenes, en un
plano macro, estaban marcados por la aplicación de políticas
neoliberales que, de acuerdo con Hawkins (2011), iniciaron en Chile
en la década de los setenta y en los otros países de la región a partir de
los ochenta. Pero desde un punto de vista nacional, también había
factores asociados como la red clientelar, la falta de procesos públicos
transparentes, el intercambio habitual de favores, etcétera. Correa,
consciente de la necesidad de instaurar un nuevo paradigma
representativo, “rompió en pedazos las frágiles y desprestigiadas
instituciones políticas del Ecuador” (De la Torre, 2013: 36). Junto a la
transformación de las viejas instituciones ecuatorianas, la estabilidad
política se ha conseguido a través de actos simbólicos que recuperan
el protagonismo estatal, como la expulsión del ejército estadounidense
de Manta (Becker, 2013: 46)7. Asimismo, se ha impulsado la
formación del electorado ecuatoriano, y se ha aprovechado la
dolarización establecida en el año 2000, la cual “tuvo éxito en la
reducción
de
la
inflación,
consolidación
de
la
estabilidad
macroeconómica y el crecimiento” (Arévalo, 2014: 130).
Al hablar de corrupción, deberíamos más bien mencionar los
diferentes tipos o ámbitos en que tiende a darse. En primer lugar, la
judicial, que –según leemos en estudios como el de Basabe-Serrano
(2013)– presenta todavía ciertas deficiencias. En segundo lugar, la
7
Aunque como señala Dosh (2003) el gobierno ecuatoriano sigue colaborando con los EEUU en
algunos aspectos, como por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico.
28
corrupción fiscal, la cual ha sido una de las principales inquietudes del
Estado ecuatoriano. Año a año, el Servicio de Rentas Internas ha ido
incrementando el número de contribuyentes o de impuestos; Polga
(2013: 139) describe cómo solo entre 2011 y 2012 se consiguió un
aumento en la recaudación de alrededor de un 18% a través de la
carga impositiva. De igual modo que en otros ámbitos, hay todavía
algunos datos que generan la impresión de que la fiscalidad está en
proceso de desarrollo; se calcula que solo “el fraude aduanero”, por
ejemplo, es de aproximadamente el 46 del dinero que se recauda
(Núñez, 2012: 56). Sin embargo, y sin dejar de reconocer las
deficiencias que puede presentar todavía el sistema, el incentivo de la
recaudación fiscal de los gobiernos de Correa ha servido para “crear
nuevos programas sociales” (Hawkins, 2011: 42).
3. Una Revolución en un escenario de escasa participación
La Revolución Ciudadana, como fenómeno social, se enfrenta a un
grave desafío: la falta de una cultura de participación en la esfera
pública ecuatoriana, motivada tanto por “la débil cultura política de la
población” (Luna, 2014: 4), como por la falta de interés por los
asuntos que suceden en los ámbitos de la política (Coronel y Mier,
2011). Es cierto que los casos de corrupción tan característicos de las
décadas anteriores consiguieron retraer y desincentivar la movilización
ciudadana (Tibocha y Jaramillo, 2008), implementando un clima de
enorme desconfianza entre los electores y los elegidos. Quizá por ello
una de las preocupaciones de los gobiernos de Correa ha sido generar
una mayor cultura de transparencia y participación, al calor de
29
instrumentos como la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, de
9 de abril de 2009. Se han activado numerosas iniciativas
institucionales para conseguir estimular la interacción entre los
ciudadanos y sus representantes. Desde el Consejo Nacional Electoral,
por ejemplo, la Dra. Roxana Silva –Consejera Principal de la
institución– entre 2013 y 2014 puso en marcha dos plataformas que,
en el caso de Voto Transparente, buscaban precisamente involucrar a los
ecuatorianos en el control y monitoreo de las campañas electorales
(Barredo y Silva, 2014), y en el caso de la Red Ciudadanía Participativa,
pretendía servir como canal de contacto entre la sociedad y los
mandatarios. Precisamente, al estudiar Voto Transparente, percibimos
que la infraestructura se veía influenciada por la escasa movilización
social y por factores como la brecha digital que existe en el Ecuador
(Barredo y Silva, 2014). Otro de los factores que tienden a restringir la
participación, es la educación, una de las bases transformadoras más
importantes de la Revolución Ciudadana. Si en el 2001 solo 18 de
cada 100 ecuatorianos estaban en la universidad (Luna, 2014: 7), en el
año 2008 se aprobó la nueva Constitución, en la que se consagró la
educación como un derecho, por lo que las matrículas universitarias
pasaron a ser gratuitas (ANDES, 2013, 15 de abril). La trascendencia
y el valor de la educación como un vector de cambio, se observa
asimismo en la dotación de fondos gubernamentales dedicados a este
apartado. Entre el 2000 y el 2012, Ecuador multiplicó casi por cuatro
su gasto público en educación (CEPAL, 2013: 67). Todas estas cifras
no solo redundan en la inversión en infraestructura y equipamiento,
sino que se han incentivado programas específicos de contratación de
30
recursos humanos de alto nivel –como el Proyecto Prometeo8–, y se han
aprobado multitud de reglamentos y legislaciones para fomentar un
cambio del imaginario de la enseñanza: las instituciones de Educación
Superior han de convertirse, progresivamente, en centros de
investigación. Ya no basta con promover que un mayor número de
personas accedan a la educación universitaria, sino que hay que
convertir a los centros académicos en centros neurálgicos de la
producción de conocimiento, según reconocía René Ramírez,
presidente del Consejo de Educación Superior:
“Lo que tenemos que tener claro es que un profesor que
solo transmite conocimiento no es universitario, es de
escuela o colegio. Si algo le caracteriza al docente
universitario es que hace investigación y genera nuevo
conocimiento y ese profesorado en un buen porcentaje no
ha existido en el Ecuador”
(ANDES, 2012, 9 de noviembre)
Las palabras de Ramírez, en parte ciertas, no recogían algunos matices
importantes, como las malas condiciones laborales de los docentes
ecuatorianos –también mejoradas a partir de la implementación de la
Ley Orgánica del Servicio Público de 6 de octubre de 2010–, o las
exigencias que se presumían al docente universitario tan solo una
8
Este programa gubernamental promueve la contratación de investigadores y docentes de
alto nivel, tanto ecuatorianos como extranjeros; hasta noviembre de 2014, se habían
aprobado 912 proyectos de investigadores procedentes de 48 nacionalidades, según se explica
en su página web http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/logros-achievements/
(consulta: 04/12/2014).
31
década atrás; CONEA (2003: 27 - 28), el anterior organismo
acreditador
de
la
calidad
universitaria,
resumía
la
función
investigadora de las instituciones de educación superior en apenas dos
rasgos globales (poseer una “organización adecuada” y un “personal
especializado y cualificado”), con unos criterios muy abstractos, cuyo
cumplimiento parecía más optativo que obligatorio. En ese contexto
subrayamos la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior
[LOES], de 12 de octubre de 2010, en donde se establecen algunos
componentes que pueden resultar contradictorios, como por ejemplo
la “garantía de la libertad de cátedra e investigativa” (art. 146).
Escribimos contradictorios, sobre todo a la luz de la existencia del Consejo
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES)9, un organismo encargado de puntuar el
desarrollo de las actividades de las instituciones de educación
superior. El CEAACES, dentro de sus procesos de categorización de
los centros académicos, limita enormemente la capacidad productiva
de los investigadores ecuatorianos, al imponer como principal
exigencia la publicación en referentes internacionales –como Elsevier o
Thomson Reuters– alejado de las posibilidades reales de la Academia
nacional. De los 295 documentos citables de las Ciencias Sociales
ecuatorianas que se produjeron entre 1996 y 2013, 59 se publicaron
únicamente en 2013, lo que representa un aumento considerable con
respecto
9
de
2012,
en
que
se
editaron
35
documentos10.
Es un organismo encargado de evaluar la calidad de la educación superior, según se explica
en su página web: http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/mision/ (consulta: 04/12/2014).
10
Según
consta
en
el
Índice
SCImago:
http://www.scimagojr.com/countrysearch.php?country=EC&area=3300
(consulta:
04/12/2014).
32
Paradójicamente, a pesar de la exigencia gubernamental de publicar en
revistas de alto impacto, en 2013 Ecuador solo tenía una revista
indexada en SCImago en Ciencias Sociales: Chasqui, Revista
Latinoamericana de Comunicación, y posicionada entre las publicaciones
menos relevantes11. Otro de los hechos discordantes de la LOES es la
exigencia del título de doctorado o PhD (artículo 150.a) para ejercer la
titularidad en las universidades, sobre todo si pensamos que en 2012,
solo 7 instituciones de educación superior ecuatorianas estaban
autorizadas para ofertar programas de doctorado, de las cuales cuatro
aún no estaban creadas (Ecuadoruniversitario.com, 2012, 30 de
diciembre). Dos años antes, en 2010, el 1% de los docentes de las
universidades públicas tenía el título de doctor, por el 2% de los
docentes de las privadas (RevistaLÍDERES.ec, 2012, 1 de octubre).
La respuesta del gobierno ecuatoriano a estas problemáticas ha sido
incentivar la formación de los recursos humanos, como se asegura en
el Acuerdo No. 2012– 029 de Política Pública de la SENESCYT para el
Fomento del Talento Humano en Educación Superior. Además de la
integración de los investigadores Prometeos en los centros
universitarios públicos, el organismo responsable de la investigación
en el Ecuador promueve numerosas becas para cursar estudios en el
exterior. Con todo, Galarza (2014: 108), al analizar los montos
asignados para hombres o mujeres, ha calificado a los programas de
becas como “inequitativos”, ya que no se tienen en cuenta algunos
criterios relevantes para el reparto de los fondos, como el caso de las
11
En concreto en el cuarto cuartil, con un SJR marginal de 0,1:
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5700153643&tip=sid&clean=0 (consulta:
04/12/2014).
33
mujeres con hijos; asimismo, y como se hace eco Luna (2014, 8 de
marzo), menos del 10% de las becas van a parar a las “Ciencias
Sociales, Educación y Arte y Cultura”. Otro aspecto interesante
dentro del estímulo de la Educación Superior ha sido la bajada de los
tipos de interés para los llamados créditos educativos (Falconí, 2014,
31 de enero).
4. La reforma de la comunicación: hacia la comunicación
responsable
Las reformas legislativas desarrolladas en los siete años de gobierno
de la Revolución Ciudadana han sido numerosas, y han afectado a
todos los ámbitos de la vida pública, comenzando con la propuesta y
la aprobación de la Constitución de 2008, una de las “constituciones
más radicales del mundo” (Lalander, 2010: 16) por su apuesta por lo
social. Pero uno de los instrumentos legales que más nos interesa, por
su relevancia y novedad, ha sido la Ley Orgánica de Comunicación[LOC],
aprobada en el año 2013, un cuerpo legislativo que desilusionó a
algunos de los sectores intervinientes en su creación (Ramos y
Gómez, 2014), pero que sin embargo resulta de gran importancia por
su capacidad para integrar a públicos tradicionalmente excluidos
(artículo 14), por su invitación a la participación social en los medios
de comunicación (artículo 13), y por su apuesta por la transparencia
(artículo 16). Ramos y Gómez (2014: 307) critican a la LOC por la
cantidad de “actores gubernamentales” presentes en los procesos de
regulación de la comunicación, sobre todo en las dos instituciones
creadas para viabilizar los presupuestos contenidos en esta ley: el
34
Consejo
de
[CORDICOM],
Regulación
y
la
y
Desarrollo
de
la
Información
Superintendencia
de
la
Información
yComunicación [SUPERCOM]. Dentro del confuso debate que se ha
generado en prácticamente todas las esferas representativas
ecuatorianas, creemos que la aprobación de la LOC es un punto de
partida para reflejar en la gestión simbólica los cambios que se están
produciendo en el país. Al observar la comunicación de dos de las
instituciones más importantes del Ecuador, concluimos que existía
una distancia profunda entre la sociedad y esas instituciones (Barredo,
2014). Y, en ese sentido, consideramos que la LOC puede resultar
determinante para conseguir una comunicación más responsable,
según hemos expuesto en un artículo complementario a este:
“La intervención de la Administración resulta necesaria,
primero, porque la actividad informativa es un servicio público,
desde el momento que, por aplicación del principio de
territorialidad, el uso del espacio radioeléctrico está sometido a
concesión administrativa; y, segundo, porque los profesionales
de la comunicación y, fundamentalmente, los medios, no han
sabido ejercer su actividad de acuerdo a los valores jurídicos y
éticos que protegen el ejercicio de este derecho fundamental”
(Pérez Zúñiga y Barredo, en evaluación)
¿Y qué motivos pueden aducirse para la “necesaria” intervención del
Estado? A nivel latinoamericano, Ramos (2012: 66) ha alertado de una
“cruzada mediática de corte corporativo” que atenta contra el
35
desarrollo de las democracias progresistas del continente. A nivel
ecuatoriano, la regulación de las épocas anteriores no ha evitado las
duras condiciones sociolaborales de los periodistas de este país (Abad,
2010), la poca presencia de la sociedad en los medios de
comunicación o el escaso conocimiento de los medios públicos (Ayala
y Calvache, 2009), la falta de libertad de los periodistas contratados
por las organizaciones informativas que dependían de fuertes
corporaciones (Abad, 2010), e incluso la poca credibilidad de los
medios de comunicación (Vásconez, 2011; Rodrigo, 2012; Checa –
Godoy, 2012; Barredo, Pérez Zúñiga, Vivas y Fernández, 2014). Otro
aspecto que recoge la LOC, y que resulta esencial, es el
reconocimiento de la diversidad del Ecuador, cuya falta ha sido
denunciaba en artículos previos (Viteri, 1997). La pluralidad cultural y
social y lingüística ha sido una de las obsesiones del gobierno de la
Revolución Ciudadana, como demuestra el hecho de que se hayan
puesto en marcha dos Planes Nacionales del Buen Vivir, en donde -en
nuestra opinión- se ha intentado integrar institucionalmente la
cosmovisión y el pensamiento indígena, los cuales estructuran buena
parte del imaginario cultural ecuatoriano, aunque no todo él. Algunos
autores, como Vanhulst y Beling (2014: 59), señalan la “apropiación
política” de este concepto, en tanto que detectan contradicciones
entre el discurso oficial y el discurso antropológico. También, en ese
sentido, contrasta la supuesta “ocupación estatal” (Hawkins, 2011: 44)
de zonas habitadas por indígenas en aras del extractivismo petrolero,
o la minimización de organizaciones como la CONAIE (De la Torre,
2013: 41-42). Pero a menudo estos autores olvidan la principal
36
demanda que se le hace internamente a los Estados de los países en
vías de desarrollo: “cumplir con el desarrollo socioeconómico” (Arsel
y Ávila, 2012: 223), lo que en gran medida impulsa la necesidad de
explotar los recursos minerales. Hay que resaltar, asimismo, que las
organizaciones
indígenas
dependen,
en
general,
de
grandes
organizaciones políticas ecuatorianas (Becker, 2011), y, como recalca
este autor, esas organizaciones en ocasiones no actúan con sentido de
Estado. Dentro de la falta de reconocimiento de la diversidad social,
cabe subrayar la progresiva integración del colectivo LGBTIQ en la
vida pública ecuatoriana; en ese aspecto, Lind, Heintz y Keating
(2013: 530), al comparar el discurso de la Revolución con las políticas
implementadas durante la misma, han percibido un “Estado
homofóbico y un Estado homoproteccionista”. Pero por primera vez
en la historia del Ecuador, hay que reconocer que se han aprobado las
uniones de hecho entre las parejas del mismo sexo, si bien esta
aprobación aún no recoge el derecho de esas parejas a adoptar niños
(Constante, 2014, 18 de septiembre). La Revolución, como un
proceso en construcción, presenta niveles de disenso entre sus
miembros, incluso entre sus miembros más importantes. Así, por
ejemplo, cabe resaltar la aprobación de las uniones de hecho con las
declaraciones del propio presidente en las que se manifestaba en
contra del matrimonio entre homosexuales o lesbianas (El Telégrafo,
2013, 31 de mayo), en un país donde la Iglesia tiene un enorme poder,
y donde se calcula que unos ocho de cada diez habitantes son
católicos (Tibocha y Jaramillo, 2008: 23 - 24). En cuanto a la
integración de las mujeres en la vida pública, Ecuador ha sido uno de
37
los países que, junto a Bolivia, ha apostado más fuertemente por “la
paridad política” (Archenti y Tula, 2014: 51). Hay autores que, como
Ellner (2012: 108), destacan la amplitud de los procesos de inclusión
de la mujer en las distintas esferas públicas ecuatorianas, si bien otros
autores, en cambio, reprochan la falta de aplicación de las
legislaciones en la cotidianidad de las mujeres (Bernal, 2011).
5.
Conclusiones
Quizá una de las transformaciones más notables que ha promovido
Rafael Correa ha sido la recuperación del prestigio de la política: del
“que se vayan todos” de 2005 (Luna, 2014: 4), el país ha avanzado hacia
el fomento de espacios de integración de la ciudadanía dentro de las
esferas del poder. Obviamente, hay algunos huecos o insuficiencias
dentro del proceso; pero incluso los autores que critican el supuesto
“autoritarismo” presidencial (De la Torre, 2013: 35), señalan en la
misma línea su “proyecto redistributivo”. En los sistemas
democráticos, la controversia forma parte del devenir de los líderes o
de las instituciones; más, si cabe, en un proceso tan complejo y con
tantas aristas como el ecuatoriano, un contexto fuertemente inestable
donde entre 1996 y 2006, como recuerdan Tibocha y Jaramillo (2008:
23), “ningún presidente elegido por sufragio universal ha podido
llevar a buen término su mandato”. Estamos de acuerdo con Becker
(2013: 46), en que a menudo se clasifica a los gobiernos
latinoamericanos –y, sobre todo, al ecuatoriano- bajo etiquetas
superficiales como “izquierda “buena” o moderada e izquierda “mala”
o nacionalista y radical”. Estos estereotipos, lastimosamente, se
38
reproducen
desde
muchos
sectores
políticos,
académicos
y
periodísticos; y a través de la minimización, se simplifican las
realidades y las dimensiones de un país. La Revolución Ciudadana –o
incluso el socialismo, como explica Lalander (2010: 9)– no es un
concepto anclado estáticamente, sino que su interés radica en su
progresivo andamiaje. También es cierto que a menudo se olvida que
el conjunto de reformas emprendidas apenas han abarcado un lapso
muy pequeño, tan solo siete años de la historia del Ecuador, lo cual es
un gran hándicap para constituir soluciones integrales a problemas
que duran desde hace décadas o centurias:
“Al ser cuestionados por no emprender cambios más rápidos y
radicales, los defensores del proyecto de Correa aseguraron que
era imposible solucionar en cinco años problemas que se
alargaban desde hacía cinco siglos de explotación y opresión.
Otros sostenían que el tratamiento del gobierno a los sectores
más marginados de la sociedad era indicativo de las principales
prioridades de la administración”12.
(Becker, 2012: 74)
El milagro ecuatoriano tampoco puede explicarse únicamente por la
fragilidad del sistema de partidos, y por el “boom mineral” (Levitsky y
Loxton, 2013: 126) que sin duda ha ayudado a mejorar la calidad de
La traducción es de los autores. La cita literal, en ingles, afirma lo siguiente: “When
criticized for not making more rapid and radical changes, proponents of Correa’s project
argued that it was impossible to solve in five years problems that were a result of five
centuries of exploitation and oppression. Others contended that how the government treated
the most marginalized sectors of society was indicative of the administration’s ultimate
priorities” (Becker, 2012: 74).
39
12
vida de los ecuatorianos. Detrás de dicho milagro, hay un extenso
conjunto de factores contextuales, ya que de otra manera no hubiese
sido posible abarcar una cantidad tan elevada de transformaciones. La
Revolución Ciudadana tampoco debe confundirse únicamente con el
presidente Correa, sino que ha de entenderse como un fenómeno
colectivo, como el resultado de un proceso de reivindicaciones
históricas y culturales. Está por ver cuál va a ser el desarrollo de la
Revolución en los próximos años, y si será posible enderezar las
contradicciones que se han ido mostrando a lo largo de este trabajo;
desde luego, la caída drástica de los precios del petróleo (El Universo,
2014, 14 de noviembre), augura un nuevo escenario relacional y,
posiblemente, un cambio de etapa: la Revolución Ciudadana está ante
uno de sus mayores desafíos para asegurar la supervivencia de los
avances sociales cosechados en esta década.
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Agradecimientos
Los autores agradecen expresamente a la Universidad de las Américas,
por prestar indirectamente fondos para realizar este proyecto.
Asimismo, sus resultados fueron presentados en el marco del VI
Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, celebrado en
Tenerife (España) en el mes de diciembre de 2014 bajo el título
Participación ciudadana y transparencia institucional. Algunas consideraciones
sobre el milagro ecuatoriano (2007 – 2014).
48
CAPÍTULO II: Políticas públicas en
comunicación y sistemas mediáticos. El caso de
Ecuador
Palmira Chavero. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociale (FLACSO),
Ecuador
Martín Oller. Universidad de las Américas (UDLA), Ecuador
Introducción
Tradicionalmente en los estudios de comunicación, a la hora de
analizar el sistema mediático de un país, se ha acudido a la propuesta
realizada por Hallin y Mancini (2004), en la que establecen tres tipos
ideales de sistemas mediáticos en función de la interacción que se
produce entre el mercado, el Estado y los medios de comunicación.
Según la propuesta de estos autores, la configuración de un sistema
mediático concreto es el resultado de determinadas características:
a) Industria de la prensa. Al estudiar este aspecto se tiene en
cuenta el momento y la manera en que se produce el nacimiento
del mercado de los medios de comunicación, la consolidación
49
del mismo, el alcance de las tiradas y el perfil de los
consumidores de los medios. La financiación de los medios o el
grado de libertad de expresión son algunas de las variables a
estudiar en este apartado.
b) Paralelismo político. En este punto cabe estudiar la relación que
existe entre los medios de comunicación y el sistema político.
En este sentido, conviene analizar si estamos ante unos medios
con rasgos de la prensa de partido, una totalmente
independiente a cualquier adscripción política o se trata de otra
modalidad intermedia.
c) Profesionalización y autonomía de los periodistas. No se trata
aquí de analizar sólo el nivel de formación de los profesionales
de la comunicación, sino todo lo que rodea a la propia
profesión: autonomía para ejercerla, intrusismo, capacidad de
actuar como lobby, regulación, colegiación o asociacionismo,
existencia y respeto a los códigos deontológicos, etc. La escasez
de asociacionismo es, para algunos autores, consecuencia de la
falta de profesionalización (Ortega y Humanes, 2000: 165).
d) Papel del Estado. En su función de garante del cumplimiento de
algunos derechos fundamentales como el de acceso a la
información, los Estados tienen la posibilidad de intervenir de
distintas maneras: directa (como propietario de los medios de
50
comunicación y afines) e indirecta (concediendo las frecuencias
del espectro radioeléctrico o como legislador en esta materia).
La combinación de estos factores da origen, según los autores, a tres
tipos de sistemas mediáticos. El primero de ellos es el Liberal o del
Atlántico Norte, típico de países como Estados Unidos, Canadá,
Gran Bretaña o Irlanda y caracterizado por un volumen medio de
tiradas, una prensa eminentemente comercial y autónoma y buenos
niveles de profesionalización. El segundo modelo es el Democrático
Corporativo, presente en los países del Norte de Europa y con
volúmenes importantes de tirada, una prensa comercial neutral y altos
niveles de profesionalización. Por último, el sistema de Pluralismo
Polarizado, típico de los países del Mediterráneo, se caracteriza por
una tirada media, niveles relativamente bajos de profesionalización
con un alto paralelismo político y la intervención del Estado en el
sector mediático.
Sin embargo, estos modelos no sólo tienen la limitación de tratarse de
tipos ideales a los que cabría incorporar matices, sino que sus propios
autores reconocen que los modelos podrían estar cambiando, en
especial por el giro que modelos mediáticos como el estadounidense
comenzaba a dar hacia sistemas con características del Sur de Europa.
Además de esto, la propuesta de Hallin y Mancini (2004) adolece, en
lo que para este artículo interesa, de estar basada en países europeos y
norteamericanos que, si bien comparten características con América
Latina, gozan de una democracia relativamente consolidada y quedan
lejos de la idiosincrasia latinoamericana. Otros autores como Oller y
51
Meier (2012) u Oller y Barredo (2013) hablan de “Culturas
periodísticas intermedias” para definir el periodismo en países
poscoloniales,
con
regímenes
políticos
no
democráticos
y
subdesarrollados que difiere de los estándares occidentales (propuesta
que se ajusta mucho más al estudio contextualizado que pretendemos
realizar).
1.1.
Las críticas al modelo de Hallin y Mancini
Aunque tradicionalmente se ha utilizado este modelo de análisis y su
aplicabilidad ha sido demostrada para muchos países, los modelos
propuestos por Hallin y Mancini (2004) adolecen de un excesivo
funcionalismo, pues la realidad ha demostrado que los medios de
comunicación no son una parte autónoma del sistema social. Según
una lógica funcionalista, el modelo liberal funcionaría de manera
autónoma, pero los propios autores del libro Sistemas mediáticos
comparados, al hablar de “contratendencias”, se cuidan advirtiendo de
que el modelo liberal no es la tendencia a seguir. No en vano, el
propio modelo liberal es cuestionado en el momento en que una de
las “contratendencias” observadas ha sido la creciente polarización
mediática y el consiguiente alineamiento político de los medios de
comunicación en el país donde el modelo liberal encontraba su
máximo exponente, Estados Unidos. Por otro lado, esta propuesta
refleja un excesivo énfasis en la “instrumentalización” de los medios
como consecuencia de su politización, aunque otros autores han
demostrado que los medios de comunicación pueden llegar a actuar
siguiendo sus propias lógicas e intereses (Chavero et al., 2013).
52
En los últimos años, otros investigadores han destacado las
debilidades de la propuesta realizada por Hallin y Mancini en 2004.
Para Alburquerque (2012), uno de los factores de influencia es la crisis
del modelo tradicional de periodismo independiente de los últimos
años, influenciada fundamentalmente por la irrupción de los medios
digitales (blogueros progresistas). Otro de los factores que atribuye
este autor es la dependencia excesiva del punto de vista occidental,
posición que empieza a ponerse en cuestionamiento a diferentes
niveles. Una de las revisiones que propone Alburquerque es la
reconceptualización del “paralelismo político”, concepto que puede
tener dos niveles de análisis. En primer lugar, atendiendo a la relación
entre los partidos y los medios, que ha de tener en cuenta tres
variables de análisis: organización (tipo de vínculo entre el partido y el
medio: administración directa, control informal), metas partidarias
(grado en el que las posiciones del partido y el medio coinciden) y el
apoyo que brinda el partido (coherencia entre las preferencias
partidarias de los medios y de los lectores). En segundo lugar, la
relación que se da entre los sistemas de partidos y los sistemas de
medios, esto es, la relación existente entre los lectores de un medio y
los votos recibidos por los partidos con los que se asocia a ese medio.
Otra de las advertencias sobre el modelo es que la propuesta
inicial está realizada a partir del estudio de 18 países con unas
determinadas características. Sin embargo, quedarían fuera de él países
y regiones del mundo con características y procesos históricos
53
diferentes, como el caso de los países de América Latina (Pfetsch,
2013). Incluso en investigación, como afirma Mellado (2009), los
aspectos más preocupantes en periodismo en esta región es que se ha
convertido en un producto y conocimiento híbrido entre las
perspectivas norteamericanas y europeas.
Estas peculiaridades e idiosincrasia propia hacen que no sea
posible realizar una extrapolación directa de los modelos de Hallin y
Mancini a todos los países. Los países latinoamericanos quedan
incluidos en las denominadas “democracias de tercera ola”
(Huntington,
1991),
países
que
comienzan
el
proceso
de
democratización en la década de los 70; la juventud de estas
democracias, en combinación con el peso de los regímenes
autoritarios previos son elementos que terminan por influir en el
sistema mediático.
En el caso de Ecuador, según el Índice de Democracia,
elaborado por The Economist Intelligence Unit13, en 2012 Ecuador
ocupaba el puesto 87 (de un total de 167) con una puntuación de 5,78
en una escala de 0 a 10), lo que le sitúa en la categoría de “régimen
híbrido”. Atendiendo a las categorías de medición de la democracia, la
puntuación de Ecuador es la siguiente:
13
El Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia The Economist es uno de los más
utilizados para medir la calidad de la democracia. Este índice tiene cinco dimensiones de
medición: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno,
participación política y cultura política. En función del resultado, los países son clasificados
en cuatro tipos: democracias completa; democracias defectuosas; regímenes híbridos y
regímenes autoritarios.
54
Tabla 1.- Índice de Democracia 2012. Datos para Ecuador
Proceso
Funcionamient Participación
electoral y o del gobierno política
pluralismo
Ecuador
7,83
4,64
5
Fuente: The Economist Intelligence Unit, 2012
Cultura Liberta
política des
civiles
4,38
7,06
Puntua
ción
Media
5,78
Puesto
en el
ranking
87
En 2006 (primera elaboración de este Índice), la puntuación de
Ecuador era de 5,64. Los datos de este índice indican que, aunque
muchos países latinoamericanos están avanzando en democratización,
en la región siguen existiendo muchos países con democracias débiles
(14 países de la región quedan dentro de la categoría “democracias
defectuosas”), al tiempo que existen países con democracias
completas (Uruguay), reflejo de la heterogeneidad de América Latina y
de la presencia de importantes diferencias entre los países.
Existen, en definitiva, diversas razones por las que se hace
necesario presentar un modelo de análisis alternativo al occidental.
Siguiendo a Alburquerque (2010):
a) La extrapolación directa de los modelos de análisis inicial
contribuye a mantener el punto de vista de Occidente para el
análisis, al tomar como referencia las democracias occidentales.
b) Los modelos de Hallin y Mancini están realizados en base a
democracias estables y maduras, característica que no se cumple
para los países latinoamericanos. En el caso de Ecuador, en la
55
primera década del siglo XXI hubo seis golpes (o intentos) de
estado.
c) Ausencia de una perspectiva dinámica más compleja, que tenga
en cuenta un panorama de transición con una meta democrática
que no tiene por qué ser la propuesta por Occidente.
d) Los modelos de periodismo propuestos requieren de un
ambiente político competitivo y estabilidad institucional,
premisas que pueden darse (o no) en distinto grado.
La importancia de la configuración del sistema mediático reside en
el doble rol que éste desempeña: de agente económico y de agente
ideologizante (De Moraes, 2013: 41). Esto es así debido a sus propias
características, que sistematiza este mismo autor:
1. Su capacidad de fijar sentidos e ideologías, formar opiniones y
trazar líneas predominantes del imaginario social: elabora y
difunde contenidos, imponiendo sus reglas propias sin permitir
otras opciones, modificaciones o visiones.
2. Apropiación de diferentes léxicos al servicio de sus objetivos
particulares, incorporándolos en los discursos dominantes.
3. Refuerzo del mercado como el eje organizativo de la sociedad,
presentándose como el actor capaz de regular la vida
contemporánea.
4. Control selectivo de las informaciones y medidas de valor que
circulan socialmente, silenciando o descontextualizando aquello
56
que pueda convertirse en análisis crítico (De Moraes, 2013:
20ss.).
2. El sistema mediático de América Latina
Para un análisis adecuado del sistema mediático es necesario, por
tanto, tener en cuenta el contexto propio latinoamericano en
general y ecuatoriano en particular. En su historia mediática,
América Latina cuenta con algunas características comunes
(Becerra, 2014: 63):
1- Lógica comercial como protagonista del funcionamiento de las
industrias culturales.
2- Ausencia de servicios públicos no gubernamentales y uso de los
medios de gestión estatal como órganos propagadores del
discurso gubernamental.
3- Procesos de concentración de la propiedad del sistema de
medios.
4- Centralización de la producción de contenidos informativos y
de entretenimientos en los principales puntos urbanos de cada
país.
5- Sistemas poco regulados pero fuertemente controlados por la
relación que mantuvieron con los gobiernos (Becerra, 2014: 63).
En América Latina, “el conflicto entre actores industriales y
gobiernos expresa el quiebre de un modelo que Fox y Waisbord
describieron con una paradoja: “el modelo comercial del
audiovisual latinoamericano fue en muchos casos al mismo
tiempo no regulado y fuertemente controlado” (Ibíd.: 69).
57
Históricamente, los Estados latinoamericanos han tenido dificultad
para poner en marcha políticas claras de medios, a lo que hay que unir
que el modelo populista favoreció en los 40 y 50 el desarrollo de las
culturas subalternas y de las industrias culturales (Mastrini y Becerra,
2001). En el mercado de los medios, los países latinoamericanos
fueron pioneros en la introducción de la televisión, no así en el
desarrollo de las tecnologías; es en los 60 cuando se consolida el
proceso de modernización económica y renovación cultural,
fundamentalmente por la entrada de capital extranjero (ibíd.). “La
gestión de los medios tuvo un desarrollo familiar, patriarcal y artesanal
hasta la extensión del factor informacional, como medular en la
estructura económica, coincidente con el crecimiento de la
envergadura económica de los medios y su integración en un sistema
global comercial” (ibíd., 2001: 3). En los años 60 se consolida un
modelo de televisión fundamentalmente privada, con producción
concentrada en grandes ciudades y gran presencia de capital
extranjero. En algunos países comenzaba a aparecer la televisión
pública, pero aún con bajos niveles de penetración y basada en la
propaganda política del gobierno.
Si atendemos a las publicaciones diarias en Ecuador, es a finales del
S.XIX cuando se consolidan. En 1860 se fundó El Telégrafo, el primer
periódico de circulación nacional; en el siglo XX nacieron dos de los
diarios con mayor circulación: El Comercio (1906) y El Universo (1922).
Según datos de 2010, existen unos 35 diarios a nivel local, nacional y
regional. En el ámbito de la radio y teledifusión, según los datos de la
Superintendencia de Telecomunicaciones, en diciembre de 2010
58
existían 1.205 radioemisoras en onda corta, AM y FM, y 444 canales
de televisión, incluyendo las estaciones matrices y repetidoras de señal
abierta en VHF y UHF, tanto de propiedad privada como pública y
comunitaria. Según la misma institución, el 83% de las televisiones
eran de propiedad privada, el 17% de servicio público y las
comunitarias no tenían representación (0%). En cuanto a las radios, el
89% son de naturaleza privada, el 10,8% de servicio público y apenas
el 0,2% comunitarias. En 2007, con la llegada de Rafael Correa a la
presidencia, se crean los medios públicos Ecuador TV, Radio Pública de
Ecuador (reemplaza a la Radio Nacional) y El Telégrafo (incautado por
el Estado a un exbanquero14). Además, se crea el diario
gubernamental El Ciudadano y la Agencia Pública de Noticias del
Ecuador y Sudamérica (Andes) y en 2010 nace el diario público PP, El
Verdadero, impreso en las instalaciones de El Telégrafo (Unesco, 2011).
En paralelo al desarrollo del mercado de los medios, el debate
sobre el estado de la comunicación en América Latina sigue su curso.
En su congreso de 2002, la Asociación Latinoamericana de
Investigadores en Comunicación estableció algunas metas para el
debate sobre la comunicación en América Latina (Marques de Melo,
2010: 27)15:
14
La Agencia de Garantías de Depósito se lo había incautado a Fernando Aspiazu,
expropietario del Banco El Progreso.
15
Autores como Marques de Melo defienden la tesis de la sociedad de la información
entendida como una práctica para alcanzar la sociedad del conocimiento, en la que se
defiende que no basta con una dotación de equipamientos técnicos, sino que se hace
necesario poner en marcha procesos cognitivos que lleguen a toda la población y que
permitan la construcción de una nueva sociedad entre todos los ciudadanos, poniendo fin a
los procesos autoritarios en América Latina (Marques de Melo, 2010: 35 ss.).
59
a) Afrontar la comunicación como un proceso social, incentivando
estudios sobre el comportamiento de los emisores y los efectos.
b) Disponer de autonomía teórica, fomentando la crítica
metodológica. Generar conocimientos capaces de mejorar la
calidad de los productos mediáticos que demanda la sociedad.
c) Recuperar el conocimiento empírico con sus tres dimensiones:
autóctono, mestizo y popular.
Los retos en el contexto comunicativo latinoamericano parecen,
por tanto, claros: pluralismo, repartición de frecuencias y
habilitación de espacios para los diferentes tipos de medios de
comunicación (Hervieu, 2010). Cumplir con estos retos supone
avanzar en la denominada “democratización de la comunicación”,
que pretende revertir la situación actual generalizada de
concentración y poder mediático. Para alcanzar la democratización
de la comunicación, Macaroff (2010) propone actuar en tres líneas
de trabajo: fortalecer los diversos tipos de medios de
comunicación, entre ellos los públicos; trabajar en la formación de
audiencias críticas y mejorar las prácticas periodísticas.
En la actualidad, las características que definen al “cuarto poder”,
siguiendo a Pascual Serrano (2013) en De Moraes (2013: 68) son:
- Es un apéndice de los grupos económicos empresariales (por
lo general los dueños de los medios son emporios
empresariales, ni siquiera especializados en comunicación).
60
- Llega a tener más poder que los tres poderes tradicionales 16.
- No tiene legitimidad democrática, no es elegido por ninguna
institución democrática, lo que lo convierte en un poder
fáctico.
- Ha logrado importantes niveles de impunidad.
- No está sometido a controles económicos como el resto de
poderes.
- No tiene ningún contrapoder, como sí tienen los otros tres
poderes.
3. La Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador
Hasta la llegada al gobierno de Rafael Correa (Alianza País 17), la
actividad periodística en Ecuador se regía por la Ley del Ejercicio
Profesional del Periodista, de 1975, que obligaba a la titulación y
colegiación. En 2004, por iniciativa ciudadana, se aprobó la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LOTAIP), aunque su aplicación no ha resultado todo lo eficiente que
se esperaba. En 2008 se aprueba la nueva Constitución, y en ella se
reconocen los derechos de acceso a la información y libertad de
expresión. A partir de ese momento, el Gobierno da un plazo de un
año para aprobar una Ley Orgánica de Comunicación; el proyecto se
debatió en la Asamblea Nacional desde el 21 de noviembre de 2009,
pero de forma interrumpida y con discrepancias.
16
En el caso de Ecuador, cuenta con cinco poderes: a los tres tradicionales se les suma el
Electoral y el de Transparencia y Control Social.
17
Alianza País, más que un partido político, es definido como un movimiento político, que
nace en 2006 y cuyo presidente es Rafael Correa.
61
Entretanto, en 2009, el Gobierno limita la exoneración del pago de
IVA a la importación de papel periódico, con lo que Correa se gana el
descontento de los propietarios de los medios impresos. En diciembre
de 2009, el proyecto de ley se somete a una evaluación de la
Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) a
petición del Gobierno. De esta manera, se consigue consenso para
excluir cualquier censura directa. En 2010 se produce un primer
debate y, a partir de ahí, el proceso se estanca, con la dimisión incluida
de Betty Carrillo, presidenta de la Comisión Parlamentaria (Checa,
2012).
Ante la falta de consenso para la nueva ley de comunicación, Correa
decide incorporar algunas preguntas relativas a este proyecto en el
referéndum constitucional y la consulta popular que se realiza el 7 de
mayo de 2011 (con un total de 10 preguntas).
La pregunta fue
planteada en los siguientes términos:
“¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin
dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree
un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos
de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que
contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o
discriminatorios; y que establezca criterios de responsabilidad
ulterior de los comunicadores o medios emisores?”
62
Los resultados para esta pregunta fueron los siguientes:
Tabla 2.- Resultados de la pregunta 9 de la consulta popular, referida a la Ley de
Comunicación
Opción
Votos
Porcentaje
Sí
3.882.379
44,96
No
3.630.263
42,04
Voto nulo
454.337
5,26
Voto en blanco
667.397
7,73
Total
8.634.376
100%
Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en el Registro Oficial el 13 de julio
de 2011.
Con estos resultados, se trabaja el proyecto de ley existente y se
aprueba en la Asamblea Nacional el 25 de junio de 2013, con 108
votos de los 135 asambleístas presentes (en total, 137): los de Alianza
País y 3 independientes. Hasta ese momento se habían incrementado
las críticas al proceso y crece el enfrentamiento entre el Presidente y
los medios de comunicación; una de las críticas al texto final es la
inclusión de la figura del linchamiento mediático (Art. 26) la creación
de la Superintendencia de la Información y la Comunicación, entes
cuya creación no se habían debatido en el proceso (Almeida, 2014).
En este proceso, la UNESCO hizo algunas recomendaciones a
partir del proyecto de ley. En el plano jurídico, algunas de estas
sugerencias fueron la creación de un órgano regulador independiente,
la independencia editorial de intereses políticos y comerciales, la
titulación obligatoria, la penalización de la difamación y el desacato, el
derecho a la rectificación y el establecimiento de mecanismos de
responsabilidad civil, la transparencia de las instituciones pública, el
fomento de la participación
ciudadana o
63
la asunción de
responsabilidad ulterior en caso de limitar la liberta de expresión
(Unesco, 2011. 64ss.).
Contra estas recomendaciones (que dejaban ver un apoyo –con
mejoras– al proyecto de ley), la organización liberal Fundamedios
advierte de algunos riesgos (Ricaurte, citado en Checa, 2012: 48): a)
Imposición de normas de responsabilidad ulterior que actúan como
censura previa, b) profesionalización forzosa c) amplio y discrecional
régimen de sanciones d) creación de un amplio y difuso Sistema
Nacional de Comunicación e) Consejo Nacional de Información y
Comunicación con potestad para sancionar e incluso cerrar medios y
f) registro de medios que cumple las veces de un permiso de
funcionamiento previo.
Si analizamos el texto final aprobado por la Asamblea Nacional, los
puntos principales (y controvertidos) que recoge la Ley Orgánica de
Comunicación vigente en Ecuador desde 2013 pueden resumirse de la
siguiente manera:
1. Redistribución del espectro radioeléctrico (Art. 106).
Continuando la línea marcada por otros países de América
Latina, Ecuador apuesta por una redistribución de las
frecuencias que fomente los medios comunitarios y los medios
públicos (inexistentes éstos en Ecuador hasta 2008), en
detrimento de los medios de comunicación privados, hasta
ahora dueños de más del 90% de las frecuencias radioeléctricas,
según los datos de la auditoría de frecuencias elaborado por la
64
Comisión pertinente del Consejo Nacional de Radiodifusión y
Televisión (Conartel). La redistribución que marca la ley tendrá
que terminar de la siguiente manera: 33% del espectro para
medios privados, 33% para medios públicos y 34% del espectro
para los medios comunitarios. Éste es, sin duda, uno de los
grandes retos y desafíos de los organismos encargados de
realizar la redistribución, revertir el mapa mediático para que
una parte del 90% de medios privados dejen de operar y cedan
espacio a los medios comunitarios, que apenas tienen una
presencia del 3% (incluyendo medios escritos). Para lograrlo, el
Art. 106 establece que “se alcanzará de forma progresiva y
principalmente mediante la asignación de frecuencias todavía
disponibles; la reversión de frecuencias por incumplimiento de
las normas técnicas, jurídicas para su funcionamiento o fines
para los que les fueron concesionadas y su posterior
redistribución; la distribución de frecuencias que regresan al
Estado conforme a lo dispuesto por la ley y la distribución
equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización
de los sistemas de transmisión de radio y televisión. En todos
estos casos, la distribución de frecuencias y señales priorizará al
sector comunitario hasta lograr la distribución equitativa que
establece este artículo”. Sin embargo, lo cierto es que un año y
medio después de la entrada en vigor de la Ley de
Comunicación la nueva asignación de frecuencias a medios
comunitarios ha sido prácticamente nula; los medios incautados
hasta la fecha continúan en manos del Estado, que hace un uso
65
de ellos más cercano a lo oficialista que a lo público.
2. Creación de órganos de regulación (Art. 47 al Art.59). La
LOC da origen al Consejo de Regulación y Desarrollo de la
Información
y
la
Comunicación
(Cordicom)
Superintendencia de la Información y
y
a
la
la Comunicación
(Supercom), esta última aun más polémica que el primero. El
Cordicom es el órgano encargado de regular: el acceso a la
información, los contenidos y franjas horarias, además de
autorizar (mediante informe vinculante) la concesión de
frecuencias y elaborar estudios sobre el comportamiento de la
comunidad en relación a los contenidos mediáticos. Para sus
funciones se sirve de los reglamentos que el propio órgano
elabora en cada una de las áreas; hasta finales de 2014 había
emitido diez reglamentos.
Los miembros del Cordicom18 son un representante de la
Función Ejecutiva (presidente), un representante de los
Consejos Nacionales de Igualdad, un representante del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, un representante
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y uno del
Defensor del Pueblo.
Por su parte, la Superintendencia de la Información y
Comunicación es, según la define la propia ley (Art.55), “el
organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y
18
Los
integrantes
iniciales
del
Cordicom
pueden
consultarse
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/28/nota/1214086/integrantes-consejoregulacion. En 2014 uno de ellos dejó el cargo y fue sustituido.
66
en
control, con capacidad sancionatoria, de administración
desconcentrada con personalidad jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa, que
cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa
de regulación de la información y comunicación”. Entre sus
funciones, velar por el cumplimiento de la ley y los reglamentos
y
aplicar
las
sanciones
correspondientes.
3. Derecho a la reserva de la fuente (Art. 40) y derecho al
secreto profesional (Art. 41), asumiendo una de las
recomendaciones realizadas por la Unesco, con la que se
protege la actividad profesional del periodista: “El derecho a la
reserva de fuentes está legalmente protegido en la Constitución,
sin embargo, un caso reciente evidenció la posible vulneración
de este derecho. La futura ley de comunicación debería
especificar, con menciones claras y taxativas, los casos
excepcionales en los que no se reconocerá este derecho. Una
capacitación de los distintos actores del Poder Judicial en
relación a la doctrina y jurisprudencia interamericana en esta
área sería también recomendable” (Unesco, 2011: 64).
4. Derecho a la rectificación (Art. 23) y derecho a la réplica
(Art.24), con los cuales se intenta proteger al ciudadano contra
las malas prácticas periodísticas. Con respecto a la primera, los
medios tienen la obligación de publicar las rectificaciones
pertinentes en las 72 horas siguientes a la presentación de la
67
reclamación, en una publicación con las mismas características,
dimensiones, espacio/duración y sección en la que se publicó la
información errada. Ese mismo plazo de 72 horas es el que
disponen las personas o colectivos que consideren afectados sus
derechos a la dignidad, honra o reputación a ejercer su derecho
de réplica.
5. Defensor de las audiencias (At. 73), figura creada para
defender los intereses de las audiencias y los lectores con la que
deben contar todos los medios de carácter nacional, previo
nombramiento por el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social. El defensor de las audiencias debería entrar en
funciones en enero de 2015, pero sólo en el último trimestre de
2014 se comenzaron a debatir los requisitos, atribuciones,
salario, relación de dependencia, etc. En octubre de 2014, el
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la
Comunicación aprobó el reglamento para esta figura, en el que
sin embargo no quedan claros aspectos importantes como los
requisitos para la selección de los defensores de las audiencias y
de los lectores. Ese mismo mes, el Cordicom emitió un informe
en el que indicaba los 61 medios nacionales que deben contar
con la figura del defensor de las audiencias. La elección de esta
figura, según queda establecido en la ley, ha de ser por concurso
público.
Según lo establecido por el Cordicom en la resolución
correspondiente, son 61 los medios de comunicación de
68
carácter nacional: 34 radios, 20 canales de televisión y 7 medios
impresos. Para tal identificación, se tomaron en cuenta los
medios nacionales con cobertura de más del 30% de la
población del país con llegada al menos a dos regiones del país y
los que cuentan con más de 6 repetidoras (los audiovisuales). En
el caso de las radios se contabilizaron aquellas emisoras con
redes permanentes de radio AM, FM y Onda Corta. Para los
medios impresos, se tomaron en consideración los medios
nacionales con ediciones regionales, los medios diarios de tirada
superior a los 8.000 ejemplares y con cobertura a más del 30%
de la población del país.
6. Linchamiento mediático (Art. 26). Es una de las mayores
polémicas de la Ley Orgánica de Comunicación, que sin
embargo queda fuera del posterior Reglamento que desarrolla la
ley (enero 2014). Establece la prohibición de difundir
información que “de manera directa o a través de terceros, sea
producida de forma concertada y publicada reiterativamente a
través de uno o más medios de comunicación con el propósito
de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su
credibilidad pública”.
7. Profesionalización de la actividad periodística (Art. 42 a 44).
La LOC establece que “las actividades periodísticas de carácter
permanente realizadas en los medios de comunicación, en
cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por
69
profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de
las personas que tienen espacios de opinión y profesionales o
expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas
especializadas” (Art.42). Esta obligatoriedad no afecta, sin
embargo, a las personas que trabajen en lenguas de
nacionalidades
o
pueblos
indígenas.
La disposición transitoria 16 establece un plazo de seis años
para cumplir con esta titulación, al tiempo que compromete a
los medios de comunicación y entidades públicas a colaborar
con el proceso de profesionalización facilitando las necesidades
de los trabajadores.
8. Regulación de contenidos. Uno de los aspectos más
conflictivos a nivel internacional en una ley de comunicación
reside en la regulación de contenidos mediáticos, lo que supone
un límite a la libertad de expresión. En el caso de la normativa
ecuatoriana, la ley prohíbe (Art.62) la difusión de “contenidos
discriminatorios que tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales”, así como los contenidos que sean apología o
incitación a prácticas o actos violentos basado en mensajes
discriminatorios. También se prohíben los contenidos violentos
(Art. 67) y la difusión en horario no adulto de contenidos
sexualmente explícitos (Art.68).
70
4. Características del sistema mediático de América LatinaEcuador
La coyuntura histórica, económica, social y política de América Latina
–y, con ella, Ecuador– ha ido configurando un sistema mediático del
que se desprenden las siguientes características:
1. Fuertes niveles de concentración empresarial
Tal y como se adelantaba, las características del sistema
mediático ecuatoriano están influidas por el proceso histórico
del país y de la región. “América Latina es una región que desde
sus épocas coloniales mantiene una extrema relación de
dependencia
con
los
centros
de
poder.
Dictaduras,
desaparecidos y crisis dan cuenta de la dificultad de las clases
hegemónicas
regionales
para
articular
un
modelo
de
acumulación que integre al conjunto de las sociedades. […] El
alto grado de concentración de la propiedad de los medios, en
manos de las elites económicas y políticas, ha clausurado hasta
ahora las opciones de un desarrollo más democrático. La
concentración de la riqueza en muy pocas manos marca que
éste, desgraciadamente, no es sólo un problema del sector
audiovisual” (Mastrini y Becerra, 2001: 17).
A la hora de hacer política pública, uno de los desafíos consiste
en la heterogeneidad, es decir, “en encontrar políticas públicas
no
uniformadoras,
políticas
públicas
que
planteen
la
heterogeneidad de lo público y, por tanto, que sean capaces de
posibilitar la presencia, la visibilidad de la diversidad social”
(Martín Barbero, 2008: 11).
71
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina son los países más
activos en políticas públicas contra la concentración de los
medios. “Entre las medidas favorables al derecho a la
comunicación se incluyen nuevas leyes de radiodifusión; el
fortalecimiento de medios estatales y públicos; el apoyo a
medios alternativos y comunitarios; el fomento de la producción
audiovisual independiente; las garantías de mayor ecuanimidad
en el acceso a las tecnologías; el énfasis en la generación y
distribución de contenidos regionales y locales y la integración
cultural en bases cooperativas y no mercantiles. Los más
significativos: 1) ley de servicios de comunicación audiovisual de
Argentina 2) ley de radiodifusión comunitaria de Uruguay 3) Ley
de Cinematografía Nacional de Venezuela 4) Red de radios de
los pueblos originarios en Bolivia 5) creación de canales
estatales de televisión que ofrecen otras lógicas de programación
informativa,
cultural
y
de
entretenimiento:
Encuentro
(Argentina), Vive Tv (Venezuela), Ecuador TV, Telesur” (de
Moraes, 2013: 2)
Los principales grupos mediáticos en América Latina son
Grupo Clarín (Argentina), Organizaciones Globo (Brasil),
Grupo Televisa (México) y Grupo Cisneros (Venezuela), pero
también hay otros grupos locales como Garafulic (Bolivia),
Caracol (Colombia) y Azteca (México). También es importante
la inversión extranjera, como la del Grupo Prisa (Trejo, 2010:
25). El comportamiento de estos grandes grupos es similar al de
los actores de la escala global: “son grupos multimedia con
72
ramificaciones
a
(telecomunicaciones,
otras
actividades
informática,
comunicacionales
industria
gráfica)
pero
también a otras ramas de la industria y el comercio. Estos
grupos tienen negocios cruzados entre sí, a la vez que tejen y
destejen alianzas internacionales con los actores de mayor peso
en el mercado planetario” (Mastrini y Becerra, 2001: 8 ss.).
“América Latina se asemeja cada vez más a un gran latifundio
mediático, dominado por los poderosos grupos transnacionales
de la comunicación y sus interlocutores regionales” (Mora,
2010: 169). De Moraes utiliza la imagen de un árbol para
representar al sistema mediático, cuyas ramas serían los sectores
de información y comunicación, unidos por un hilo conductor
invisible que los entrelaza generando un circuito común de
elaboración, irradiación y comercialización de contenidos, que
finalmente quedan en manos de un reducido número de
corporaciones (De Moraes, 2013: 19).
Siguiendo la tendencia global en el mercado de la comunicación,
en Ecuador nos encontramos conglomerados de empresas de
distinto tipo que cuentan entre sus bienes con medios de
comunicación –tampoco aquí lo bancos están alejados de la
propiedad de los medios–. La crisis bancaria 1999-2001
evidenció cómo los medios eran utilizados en defensa de
intereses financieros (Checa-Godoy, 2012). En el espectro
radioeléctrico, 19 familias controlan 298 de las 384 frecuencias
de TV abierta y 45 familias el dominio de un 60% de las más de
mil concesiones de radio AM y FM (Alaniz, 2013: 8). Durante
73
décadas el único medio público era Radio Nacional, creada en
1961, único portavoz gubernamental durante años.
Antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación,
eran ocho grandes grupos de comunicación los propietarios de
los medios de comunicación, según los datos arrojados por la
Comisión de Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión:
Grupo Eljuri, Grupo Isaías, Grupo Vivanco, Grupo Egas,
Grupo Alvarado, Grupo Mantilla, Grupo Pérez y Grupo
Martínez (Unesco, 2011).
Desde la llegada de Correa (2007), son varias las medidas que se
toman para limitar la concentración mediática. En primer lugar,
se prohíbe a banqueros tener acciones en los medios de
comunicación. Así lo establece el artículo 312 de la Constitución
de 2008:
Art. 312.- “Las instituciones del sistema financiero
privado, así como las empresas privadas de comunicación
de carácter nacional, sus directores y principales
accionistas,
no
podrán
ser
titulares,
directa
ni
indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas
ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el
caso. Los respectivos organismos de control serán los
encargados de regular esta disposición, de conformidad
con el marco constitucional y normativo vigente.
Se prohíbe la participación en el control del capital, la
inversión o el patrimonio de los medios de comunicación
74
social, a entidades o grupos financieros, sus representantes
legales, miembros de su directorio y accionistas.
Cada entidad integrante del sistema financiero nacional
tendrá una defensora o defensor del cliente, que será
independiente de la institución y designado de acuerdo
con la ley”.
La Constitución ofrece un plazo de un año para revertir la propiedad
mediática de los bancos: (disposición transitoria 29):
“Las acciones y participaciones que posean las instituciones del
sistema financiero privado, así como las empresas de
comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y
principales accionistas, en empresas distintas al sector en que
participan, se enajenarán en el plazo de un año contado a partir
de la aprobación de esta reforma en referendo.
Las participaciones accionarias de las personas jurídicas del
sector financiero, sus representantes legales y miembros de
directorio y accionistas que tengan participación en el capital
pagado de medios de comunicación social, deberán ser
enajenadas en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigencia de esta Constitución.
Nota: Primer inciso sustituido por reforma aprobada en el
referéndum y consulta popular de 7 de Mayo de 2011, dada por
Resolución del Consejo Nacional Electoral No. 00, publicada en
Registro Oficial Suplemento 490 de 13 de Julio de 2011”.
75
Después de varios intentos por parte de la Junta Bancaria de
cambiar la noma y de algunas resoluciones contradictorias del propio
gobierno, finalmente se obliga a los banqueros a acatar la norma, por
la que se ven afectados 118 accionistas (Checa-Godoy, 2012).
En segundo lugar, se incautan algunos medios de comunicación,
dentro de la política ya expuesta de incautación de bienes a
exbanqueros realizada por la Agencia de Garantías de Depósitos
(ADG) como consecuencia de la crisis financiera de 1999. Entre
todos los bienes que se incautaron, algunos eran medios de
comunicación: Gamma TV, TC Televisión y Cablenoticias, además de dos
emisoras de radio (Carrusel y Super k) y dos revistas (El Agro y La
Onda). En la actualidad, estos medios incautados siguen siendo
administrados por el Estado, aunque se espera formen parte de la
redistribución del espectro radioeléctrico.
En tercer lugar, la redistribución del espectro radioeléctrico en
tercios, de manera que un 33% del espectro quede para medios
públicos, un 33% para medios privados y el 34% para los medios
comunitarios.
El objetivo principal de estas medidas es romper la tendencia
global hacia la concentración de la propiedad de los medios de
comunicación, a fin de evitar que los medios contribuyan “más bien a
un orden de gobernabilidad de corte autoritario, legitimando intereses
y acciones de élites muy particulares, imponiendo decisiones de
manera no participativa, aunque con la apariencia de consensuales y
76
legitimadas. Por consiguiente, los medios participan como obstáculos
para
una
gobernabilidad
más
ampliamente
participativa
o
democrática. A su vez, en una especie de círculo vicioso, en este
proceso de concentración –económica y política– los medios
consolidan cada vez más su estatus de poderes fácticos, lo que les
permite participar en un orden hegemónico, produciendo consenso
para un proceso de desarrollo del que se benefician unos pocos
aunque con una fachada ‘democrática’” (Sánchez Ruiz, 2007 citado en
Trejos, 2010: 48).
- Otra de las consecuencias de los altos niveles de concentración
es la discriminación a las minorías sociales, lo que se traduce en
un incremento de la exclusión de algunos sectores sociales y
colectivos en situación de especial vulnerabilidad, además de la
perpetuación de la invisibilidad a la que se somete a estos
colectivos.
“Mientras más se concentran las estaciones
televisoras o las audiencias de las cadenas, menos diversidad
existe en la televisión de cada país” (Trejo, 2010: 39). Algunos
autores extienden esa influencia incluso a los niveles de
confianza en la democracia, afirmando que existe una “mayor
confianza por la democracia en los países que tienen menos
índices de concentración televisiva” (Trejo, 2010: 46). En una
encuesta realizada a líderes políticos latinoamericanos en 2002,
el 65,2% de ellos reconoció en los medios de comunicación el
segundo mayor poder fáctico, sólo superado por los grupos
77
económicos y financieros y muy por delante de los poderes
constitucionales (Caputo, 2004 citado en Sánchez, 2009).
La concentración mediática no es importante sólo para edificar
y consolidar la democracia, sino también para la conformación de la
cultura política que toda democracia necesita (Trejo, 2010: 21).
2. Lo anterior no está reñido, sin embargo, con un relanzamiento
de los medios comunitarios y otras herramientas para alcanzar
una comunicación alternativa.
La comunicación alternativa es definida como “una herramienta
para la comunicación en el campo popular, sin dejar de lado la
militancia
social,
quedando
implícito
que
periodistas
y/o
comunicadores deben estar dentro del conflicto, siempre con una
clara tendencia a democratizar la palabra y la información”19. En
Ecuador, la Agencia Latinoamericana de Información (Alai) apuesta
por la “conformación de un nuevo tejido comunicacional,
democrático, amplio, descentralizado y pluricultural, en sintonía con
los procesos de transformación social” (De Moraes, 2013: 114).
En este contexto, conviene destacar el importante papel de las
agencias alternativas en red en América Latina por sus características
(De Moraes, 2013: 19ss.): 1) Entienden la comunicación como bien
común y derecho humano, que no puede ser apropiado ni
19
Acepción propuesta por el Foro de Medios Alternativos de la Argentina en el Encuentro
Nacional de Medios Alternativos el 9, 10 y 11 de octubre de 2004 en Neuquén (Argentina) y
recogida en De Moraes (2013: 103).
78
distorsionado por las ambiciones económicas y políticas de las
corporaciones
2)
Denuncian
y
combaten
la
concentración
monopólica de los medios 3) Buscan valorar temas sociales y renovar
las prácticas periodísticas, a través de métodos más flexibles y
colaborativos 4) Politizan el uso de las tecnologías, divulgando, lo
máximo posible, informaciones veraces y contenidos que contribuyan
a acentuar la variedad de mundos que el mundo contiene.
El auge de otro tipo de comunicación (y medios) pone de
manifiesto un cambio –a menos un intento de alcanzarlo– en
los papeles que tradicionalmente han desempeñado cada uno
de los actores de la esfera pública en Ecuador. En palabras
de Abad, “los medios y los partidos ya no miran a la
sociedad, es la sociedad la que los mira y los juzga”
(Abad, 2006: 5).
3. Intervención del Estado. En los años 70 ya algunos países
latinoamericanos
(Venezuela,
México)
hablaron
de
la
democratización de la comunicación, con conceptos como
servicio público, acceso y participación, condena al desequilibrio
en el flujo informativo internacional, derecho a la información o
derecho a la réplica (Mastrini y Becerra, 2001: 5). Pero con los
80 y el auge global de las políticas liberales vino el fracaso de
estas políticas democratizadoras. En los últimos años se ha
retomado este discurso y se están aprobando o debatiendo leyes
de
comunicación
en
un
79
gran
número
de
países
lationamericanos: Argentina en 2009, Venezuela en 2004,
Uruguay en 2007, Ecuador 2013, México debate en 2013,
Bolivia realizó cambios constitucionales que alcanzan al sector
de los medios; en Brasil y Chile desde hace varios años existen
iniciativas de la sociedad civil con un apoyo tenue del sistema
político. En casi todos estos países hay consenso en reservar
más del 30% de las licencias audiovisuales para el sector no
lucrativo de la sociedad (Becerra, 2014: 68).
Las leyes de Venezuela y Ecuador sí aluden al control de los
contenidos, no así las de Argentina y Uruguay, que se limitan al
acceso a las licencias por parte de organizaciones sin ánimo de
lucro. La intervención del Estado en el reparto de emisoras de
televisión viene a cambiar el panorama televisivo en 2008, que
se completa en el caso de Ecuador por la creación de medios
públicos y oficialistas y la incautación de varios medios de
comunicación, así como la Agencia de Noticias del Ecuador y
Suramérica (Andes), agencia de noticias pública creada en 2009.
Además de eso, el Gobierno de Rafael Correa cuenta con un
espacio semanal de rendición de cuentas (“Enlace ciudadano”,
de obligada retransmisión para las cadenas públicas, que sin
embargo traspasa la barrera de la rendición de cuentas y se
convierte
por
momentos
en
espacios
de
publicidad
gubernamental) y las cadenas nacionales, espacios dedicados a
dar a conocer las obras del gobierno.
80
En este punto, conviene diferenciar entre lo público y lo estatal:
lo público está hecho de Estado, pero también de sociedad
(Martín Barbero, 2008). Esta misma lógica cabría aplicar a los
medios de comunicación: medios públicos no son medios del
Estado, sino medios al servicio de toda la sociedad.
Además de la generación de políticas públicas y el reparto del
espectro radioeléctrico, existen otras formas de intervención del
Estado, como la publicidad oficial. En Ecuador, aunque no se
cuenta con datos oficiales, el gobierno es en los últimos años el
mayor anunciante: 5,8 millones de dólares en 2009 según
algunas estimaciones (Abad, 2010), 60 millones en 2010, 10 de
los cuales habrían sido inversión de Presidencia, según otras
(Checa, 2012). En 2009, el presidente anunció que no invertiría
publicidad institucional en medios con cuentas en paraísos
fiscales, lo que originó la movilización del accionariado de
algunos medios de comunicación.
4. Baja profesionalización en el sector, entendida ésta no sólo
como el nivel de formación de los periodistas, sino también
como su grado de autonomía, asociacionismo o intrusismo en el
ejercicio de la profesión.
América Latina es el continente que menos invierte en
publicidad (3,8%, frente a 44,2% de América del Norte o al
27,4% de Europa) en la primera parte del S.XXI (Marques de
Melo, 2010: 46). Para entender la repercusión de este dato,
81
conviene recordar que los ingresos por publicidad son la
principal fuente económica para el sector mediático privado, la
que le permite operar con cierto margen en el mercado, pero
también le vincula a otro tipo de intereses económicos e influye
en el ejercicio diario de la profesión.
Según los datos de una encuesta realizada a 372 periodistas
ecuatorianos en 2008 y 2009, el 41,4% de los periodistas
reconocía haber sufrido presiones o censura en alguna o
bastantes ocasiones (Abad, 2010), lo cual refleja la ausencia de
independencia en el desarrollo de la profesión.
Si en los 90 el salario mínimo establecido por el Gobierno para
los periodistas ecuatorianos era de 99 dólares mensuales (el
72,4% de la muestra declaraba cobrar menos de 400 dólares; el
17,3% entre 400 y 800 dólares mensuales) (Virtue, 1994); en la
actualidad, el 48% cobra entre 340 y 650 dólares mensuales, el
18% entre 651 y 900 dólares y hay un 15% de periodistas que
cobran menos del salario mínimo establecido en Ecuador (341
dólares), según los datos del Consejo de Regulación y
Desarrollo de la Información y la Comunicación20.
A mediados de los años 90, los principales problemas que
declaraban los periodistas ecuatorianos eran, en este orden: falta
de independencia (presiones de los propietarios o de intereses
políticos, bajos salarios, profesionalización y formación, acceso
a
20
las
noticias,
problemas
éticos,
seguridad
personal,
Datos disponibles en http://www.cordicom.gob.ec/resultados-de-la-encuesta-nacional-deprofesionalizacion-a-los-trabajadores-de-la-comunicacion/ (Recuperado el 10/12/2014)
82
oportunidades de trabajo y ausencia de solidaridad entre
compañeros (Virtue, 1994).
La formación de los periodistas no contiene sólo técnicas
comunicativas, sino también conocimiento sobre el contexto
político, económico, social, geopolítico (Ramonet, en De
Moraes, 2013: 96).
En Ecuador el proceso de profesionalización del periodismo está
llevando a la certificación de los perfiles ocupacionales21 de las
personas que ejercen esta actividad22, que en la actualidad asciende a
17.000 en todas las áreas de comunicación en Ecuador23. El
CORDICOM, junto a SENESCYT24, SECAP25 y SETEC26 han
realizado durante el segundo semestre de 2014 un proceso de
“reconocimiento público, documentado y formal de la capacidad
laboral demostrada por un trabajador, efectuado con base en la
evaluación de sus competencias en su desempeño laboral y sin estar
necesariamente sujeto a la culminación de un proceso educativo. En
21
Hay una clasificación de 6 categorías de perfiles ocupacionales: 1) Presentador locutor para
radio y/o televisión; 2) Trabajador de piso de televisión; 3) Fotógrafo de medios y
multimedia; 4) Coordinador técnico de programación para medios comunitarios; 5)
Camarógrafo de noticias y 6) Productor de contenidos para medios comunitarios.
22
El CORDICOM realizó una encuesta a escala nacional desde el 3 al 17 de julio de 2014
sobre el nivel de formación que tienen los trabajadores en comunicadores, los periodistas y
los
trabajadores
vinculados
y
conexos
de
la
comunicación
(http://www.cordicom.gob.ec/caminemos-juntos-hacia-la-profesionalizacion/) (Recuperado
el 21/09/14).
23
Según los datos ofrecidos por el Cordicom y
disponibles en
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/ecuador-tiene-17-mil-personas-que-trabajan-enel-area-de-la-comunicacion.html. (Recuperado el 09/12/20149.
24
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
(http://www.educacionsuperior.gob.ec/).
25
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (http://www.secap.gob.ec/).
26
Secretaría
Técnica
de
Capacitación
y
Formación
Profesional
(http://www.secretariacapacitacion.gob.ec/).
83
el Ecuador, este reconocimiento formal de las competencias implica la
expedición por parte de una institución autorizada (Organismo de
Evaluación de la Conformidad27) de una certificación que confirma
documentalmente la competencia”28 (Oller y Chavero, 2014).
5. Escasa penetración de las TICs, bajas tiradas de prensa y gran
consumo de la televisión, lo que lo convierte en un mercado
eminentemente audiovisual.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Ecuador
(2012), el 31% de los ecuatorianos dice leer la prensa, frente al
46,7% de los adolescentes que dedica de 1 a 5 horas semanales a
informarse por televisión y al 35,4% que dedica el mismo
tiempo a informarse por internet (Marín et al., 2013). Según
algunos estudios, el 26% de los ecuatorianos dedica más de tres
horas diarias a ver la televisión y el 13% entre dos y tres horas
diarias (Mitau, 2011).
En la configuración del espectro radioeléctrico, la Iglesia
(Católica y Evangélica) tiene un papel importante, ya que cuenta
con numerosas emisoras de radio, entre ellas algunas de las más
populares en la región andina. En total, existen más de 90 radios
católicas en Ecuador y unas 30 emisoras de radio evangélica
(Checa-Godoy, 2012).
Además, el índice de penetración de las tecnologías de la
información en Ecuador sigue siendo bajo: un 31,4% de la
27
http://www.inn.cl/pdfs/acreditacion/Evalu_de_la_conform.pdf
(Recuperado
el
21/09/14).
28
http://www.cordicom.gob.ec/certificacion-de-competencias-laborales/ (Recuperado el
21/09/14).
84
población accede a Internet (INEC). Atendiendo a los usos que
se le da, el 32,6% lo utiliza para comunicarse, en tanto que el
31,1%
lo hace para buscar información. El Estado tiene
pendiente, por tanto, garantizar el acceso de los ciudadanos a la
tecnología.
6. Crisis de confianza en los medios, lo que repercute en su
credibilidad y legitimidad social. Esta falta de confianza no es
exclusiva de los medios de comunicación ni tampoco de
Ecuador o América Latina.
Algo/
Much.
Tabla 3.- Confianza de los ecuatorianos en las instituciones
Gobiern Prens Asamble Poder
Partidos FF Admón
o
a a
Judicial políticos AA Pca
(TV
+)
61,9%
45%
45,8%
32,2%
33,7%
57, 49,1%
3%
Poca
26,1%
38,2%
34,5%
41,8%
37,2%
30,
2%
36,7%
50,8%
(algo:
43,8)
34,2%
Ning.
11,5%
16,2%
18,2%
24,9%
28,5%
11,
4%
17,2%
14,5%
Municipi
o
Igles
ia
Estad
o
68,5
%
49%
22,8
%
34,8%
8,1%
15,5%
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Latinobarómetro 2011
Si atendemos sólo a la confianza social en los diferentes medios
de comunicación, los datos para Ecuador son los que arroja la
siguiente tabla:
85
Tabla 4.- Confianza de los ciudadanos ecuatorianos en los medios de comunicación
(datos en porcentaje)
Nivel de
Prensa
Televisión
Radio
confianza
Mucha
6,8
8,5
6,7
Algo
38,2
41,4
38,8
Poca
38,2
35,3
38,5
Ninguna
16,2
14,3
15,5
No sabe/No
0,6
0,4
0,6
contesta
Fuente: Estudio Latinobarómetro-Ecuador 2011 (N=1.200)
Tal y como podemos observar en la tabla anterior, la televisión es
el medio en el que más confían los ciudadanos ecuatorianos, en un
contexto sin embargo dominado por la desconfianza en todos los
medios convencionales: más de la mitad de los entrevistados no
confía en ninguno de ellos. A pesar de todo, los datos de consumo
siguen siendo elevados, en especial en el caso de la televisión y la
radio.
5. El mapa mediático de Ecuador
Una vez analizadas las características del sistema característico de los
medios de comunicación ecuatoriano, a continuación se presenta la
configuración del mapa mediático del país29.
En el panorama audiovisual, la comisión encargada de realizar la
auditoría de las licencias radioeléctricas disponibles en 2009 puso de
manifiesto un gran número de irregularidades, que alcanzan el campo
político (concesiones realizadas a dirigentes). Sin embargo, casi
29
Dado que el objetivo de este trabajo no es el estudio de cada uno de los medios de
comunicación, no se detallan aquí los medios de comunicación que operan en el Ecuador.
Para conocer los medios de carácter nacional, el lector puede acudir al registro elaborado por
el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación:
http://issuu.com/cordicomec/docs/listado_de_medios_de_car__cter_naci?e=9990954/962
7320
86
ninguna de esas licencias ha sido revertida más de un año después de
la aprobación de la LOC.
En el campo de la prensa escrita, Ecuador ha contado los
últimos años con unos 35 diarios escritos, de los cuales una docena
son de difusión nacional (Checa-Godoy, 2012). El índice de lectura
en Ecuador sigue siendo bajo: un 50,3% de los ciudadanos
ecuatorianos dice leer entre una y dos horas semanales (INEC, 2012).
Tampoco los datos de tirada y difusión que ofrecen los medios de
comunicación son totalmente fiables; no en vano, una de las
obligaciones legales de la Superintendencia de la Información y la
Comunicación es establecer un sistema de medición de la difusión de
los medios de comunicación.
5.1.
Medios públicos
Los medios de comunicación públicos están regulados en los artículos
78 a 83 de la Ley Orgánica de Comunicación, que establece entre sus
objetivos “producir y difundir contenidos que fomenten el
reconocimiento de los derechos humanos, de todos los grupos de
atención prioritaria y de la naturaleza; ofrecer servicios de
información de relevancia pública, veraz, verificada, oportuna y
contextualizada, con respeto a los principios de independencia
profesional y pluralismo; facilitar el debate democrático y la libre
expresión de opiniones; fomentar la igualdad de género y la
interculturalidad; impulsar el intercambio de información y el
conocimiento mutuo ente los pueblos de América Latina y del
87
mundo; promover la producción y difusión de contenidos
audiovisuales
nacionales;
buscar
y
ejecutar
mecanismos
de
cooperación y enlace con medios públicos a nivel nacional e
internacional; implementar espacios para la promoción de las
actividades productivas del país y ofrecer contenidos educativos,
culturales, de recreación y entretenimiento que contribuyan al buen
vivir”.
Según el articulado de la ley, los medios públicos nacen por
decreto, ordenanza o resolución y su estructura está formada por un
consejo editorial y un consejo ciudadano (salvo el caso de los
oficiales). Formalmente gozan de autonomía editorial y entre sus
objetivos está la difusión de contenidos que fomenten el respeto a los
derechos humanos, transmitir información de relevancia pública,
veraz, oportuna y contextualizada, facilitar el debate democrático, la
igualdad de género, el intercambio de información y conocimiento,
estimular la producción nacional y abogar por contenidos educativos,
culturales y de recreación.
La financiación de los medios de comunicación públicos del
Ecuador (con excepción de los medios públicos oficiales) proviene de
los presupuestos propios de la institución, además de la publicidad, la
comercialización de sus productos y de donaciones.
Dentro de los medios públicos, se contempla la existencia de los
medios de comunicación públicos oficiales, que son los encargados de
88
difundir la posición oficial del Estado y de los gobiernos autónomos
descentralizados. El ciudadano y PP el verdadero son los reconocidos
como medios oficiales. La financiación de estos medios proviene de
los presupuestos de la función del Estado o del gobierno autónomo
descentralizado que lo crea, además de la venta de publicidad a
instituciones públicas.
Lo significativo, como hemos venido viendo, es que el gobierno
de Correa dota por primera vez a Ecuador de medios de
comunicación públicos, inexistentes hasta entonces. La siguiente tabla
muestra los medios de comunicación de naturaleza pública y
oficialista del Ecuador.
89
Tabla 5.- Medios de comunicación públicos de Ecuador
Medio
Ecuador TV
-
Radio Pública Ecuador
-
El Telégrafo
-
Radio Asamblea Nacional
Agencia Andes
-
-
Referencia
Primer canal público
99 estaciones
72% territorio
nacional
Contenido
cultural/noticieros
Web
Ecuadortv.ec
Noticieros y
entretenimiento
Cobertura nacional
Provincias
Una de las cinco más
escuchadas
Nacional + ediciones
locales
Información
económica, política,
cultural…
14.000 ejemplares
Fuente para 200
radios en provincias
radiopublica.ec
Agencia informativa
Multimedia
Medios de
comunicación
nacionales,
internacionales y
público en general
Español, inglés,
francés y portugués.
70.000 visitas
semanales
205 países
Andes.info.ec
Telégrafo.com.ec
Fuente: elaboración propia
Medios oficiales
En la tipología establecida por la ley, dentro de los medios de
comunicación públicos, existen los medios oficiales, encargados de
transmitir la labor y las acciones del Gobierno:
90
- El Ciudadano: periódico quincenal con una tirada de 120.000
ejemplares en 221 cantones de las 24 provincias.
- El ciudadano TV, El Ciudadano web, El ciudadano Radio, La
Ciudadana: formatos audiovisuales del periódico oficialista.
- El Gobierno a sus mandantes: espacio de la Secretaría Nacional de
Comunicación encargado de transmitir las actividades del
Presidente de la República y otras entidades públicas.
- Enlace ciudadano. Conocido popularmente como “la sabatina”, es
el espacio semanal de rendición de cuentas del Presidente de la
República, que toma como inspiración el antiguo Aló, presidente
del expresidente venezolano Hugo Chávez. Se celebra cada
sábado en una ciudad distinta de Ecuador (normalmente en
espacios públicos y siempre con una audiencia presente) y es de
transmisión obligada por todas las cadenas públicas de
televisión y radio.
- Habla Ecuador. Espacio de rendición de cuentas de las
autoridades locales.
Medios de comunicación privados
Los medios de comunicación de carácter privado están regulados por
el artículo 84 de la Ley Orgánica de Comunicación, que los define
como aquellas “personas naturales o jurídicas de derecho privado con
o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios
públicos de comunicación con responsabilidad social”.
91
En televisión, algunos de los principales canales son TC
Televisión, Gama TV (incautadas por el Estado y frecuencias no
redistribuidas aún), RTS, RTU y Oromar, entre otras.
En radio, las principales emisoras privadas son América,
Carrusel, Sucre o Caravana, entre otras.
La prensa escrita tiene entre sus cabeceras privadas principales a
El Comercio, El Universo, Hoy o Expreso, después de la desaparición en
2014 del diario Hoy (en junio la versión papel y en agosto también la
versión digital).
Medios de comunicación comunitarios
Los medios de comunicación comunitarios están regulados por el
artículo 85 de la LOC (85 a 87), donde quedan definidos como
“aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a
colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades”. El objetivo de estos medios
es promover la pluralidad, la diversidad, la interculturalidad y la
plurinacionalidad a través de contenidos educativos y culturales.
Para conseguir este objetivo, el Estado debe promover políticas
públicas para la creación y el fortalecimiento de los medios
comunitarios, a través de la facilidad de acceso a créditos preferentes
(para formación y compra de equipos), exenciones de impuestos,
acceso a la capacitación de los trabajadores, etc. La financiación de los
medios comunitarios son la venta de servicios y productos propios, la
publicidad, donaciones y los fondos de cooperación.
92
En la actualidad, tal y como se ha señalado en apartados previos,
los medios comunitarios apenas alcanzan el 3% del espectro
radioeléctrico,
siendo
en
su
mayoría
medios
locales,
fundamentalmente cadenas de radio. Uno de los proyectos más
importantes es la labor que viene realizando la Creación de Redes de
Medios Comunitarios, Públicos y Privados Locales (Corape), que
viene desarrollando su actividad desde 1990, con 45 radios y presencia
en 21 de las 22 provincias del Ecuador.
Según queda establecido en la ley, ese 3% debe convertirse en el
34% del espectro radioeléctrico, lo cual se presenta como un camino
largo y tortuoso. La primera dificultad para revertir esta situación
radica en el propio proceso de creación de medios comunitarios. Para
iniciarlo, la solicitud de creación de un medio comunitario debe ir
acompañada de una propuesta de programación y de un informe de
rentabilidad económica, lo cual es incongruente con el objeto mismo
de estos medios de comunicación, exentos de finalidad de lucro. Por
otro lado, estas condiciones sitúan a los medios comunitarios en la
misma situación que los medios de comunicación privados, lo cual
supone de origen ubicar a los medios comunitarios en una posición
de desventaja difícil de solventar si no se proponen condiciones
especiales para ellos.
6. A modo de conclusión
A lo largo de estas páginas hemos analizado la configuración del
sistema mediático ecuatoriano y el proceso de cambio –aún
93
inacabado– por el que se ha venido generando. Si bien en la literatura
académica existen modelos de estudio aceptados que se vienen
trabajando en un gran número de países, las características históricas,
sociales, políticas, económicas y culturales que definen una región
como América Latina hacen necesaria la elaboración de un modelo
propio, que atienda a las particularidades de la región y que no se
limite a asumir modelos construidos para democracias consolidadas y
países con larga tradición mediática.
La llegada al poder de Rafael Correa (2007) supuso la
continuación de las políticas públicas latinoamericanas que apostaban
por la democratización de la comunicación, y que significan la
asunción del Estado de sus responsabilidades como garante de los
derechos ciudadanos para un empoderamiento social en pro de la
igualdad y la justicia en materia de comunicación. En este sentido, en
2009 se comienza a trabajar en una Ley de Comunicación que, sin
embargo, no estará lista hasta 2013 tras un camino no exento de
polémica: acusaciones de restricción de libertades desde los medios de
comunicación privadas y demandas de mayor transparencia y
participación social desde sectores profesionales y académicos. La ley
que finalmente se aprueba en la Asamblea Nacional tiene entre sus
puntos principales la redistribución del espectro radioeléctrico, que a
partir de ahora deberá alcanzar los siguientes niveles: 33% del
espectro para medios públicos, 33% para medios privados y 34% para
medios comunitarios. Sin embargo, un año y medio después de la
aprobación de la ley pocos cambios se han producido en esta materia:
94
en torno al 90% de los medios siguen siendo privados, los
comunitarios apenas alcanzan el 3% y los medios privados incautados
por el Estado siguen estando en sus manos. Esta nueva configuración
intenta acabar con una concentración mediática que algunos autores
han denominado “latifundios mediáticos” (De Moraes) y supone que,
por primera vez, Ecuador cuente con un sistema de medios de
comunicación públicos, hasta ahora inexistentes en el país, y medios
oficiales, encargados de informar de la labor del Presidente y de otras
entidades públicas (las cinco funciones del Estado y los gobiernos
autónomos descentralizados). Otro de los puntos importantes de la
ley es la creación de órganos de regulación y vigilancia con capacidad
sancionatoria, que intentan poner fin a malas prácticas mediáticas
pero que son recibidos por los medios de comunicación privados
como mecanismos de restricción de la libertad de expresión.
Además de la Ley Orgánica de Comunicación, el gobierno de
Rafael Correa tomó otras medidas en el campo de la comunicación
por las que mantiene un enfrentamiento abierto con algunos sectores.
La más significativa es la prohibición de que los banqueros tengan
presencia en la titularidad de los medios de comunicación, medida que
se toma con el objetivo de deshacer los lazos tradicionales entre el
poder financiero y el poder mediático. Otras de las acciones
ejecutadas es la incautación, tras la grave crisis financiera ecuatoriana,
de algunos bienes, entre ellos algunos medios de comunicación.
95
Con todo ello, se pretende romper la tendencia generalizada al
proceso de concentración de propiedad de los medios de
comunicación y situar al Estado y al ciudadano como ‘propietarios’
del proceso comunicativo, en la medida en que las políticas públicas
aplicadas protegen al ciudadano frente al poder mediático. Se trata, en
todo caso, de un proceso que apenas acaba de comenzar en Ecuador
y al que le falta un largo recorrido, para lo cual se hace necesario el
apoyo estatal con mecanismos
que permitan la verdadera
participación ciudadana y protejan asimismo al periodista en un
mercado demasiado dependiente de los devenires económicos.
En trabajos posteriores analizaremos las consecuencias de este
sistema mediático en el ejercicio de la profesión periodística
ecuatoriana y su relación con los órganos de poder y la toma de
decisiones políticas.
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101
102
CAPÍTULO III: Ley Orgánica de Comunicación y
comunicación responsable
José María Pérez Zúñiga. Universidad de Granada, España
y Daniel Barredo Ibáñez. Universidad de las Américas, Ecuador
Introducción
La Ley Orgánica de Comunicación ha recibido en los últimos
meses, desde su puesta en marcha en 2013, numerosas críticas en
ámbitos nacionales e internacionales. En este capítulo, desde el
ámbito del Derecho, reflexionamos sobre la pertinencia de este
instrumento legal. Asimismo, comparamos el clima regulador
establecido en Ecuador con un equivalente internacional: la
jurisprudencia española, la cual introduce pautas que sirven para
aclarar aspectos como el régimen jurídico del derecho a la
información o el linchamiento mediático. Desde nuestro punto de
vista, la intervención de la Administración ecuatoriana resulta
necesaria, tanto porque la actividad informativa es un servicio público,
como por el hecho de que los profesionales –y fundamentalmente los
medios- no han sabido ejercer su actividad.
103
La comunicación como servicio público en la LOC
Lo primero que llama la atención de la Ley Orgánica de
Comunicación (en adelante, LOC) es el objeto de regulación y su
ámbito de aplicación, pues, en sintonía con el artículo 16 de la
Constitución de la República de Ecuador de 2008 (CEc, en adelante),
al que se remite, regula el derecho a la comunicación, un término más
omnicompresivo que el tradicional derecho a la información,
entendido como un derecho complejo que engloba el derecho a
comunicar y recibir información veraz y a la libertad de expresión
(transmisión de ideas, pensamientos y opiniones), fundamentalmente,
como establecen el artículo 13 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos y el artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y que han tomado como modelo Constituciones
como la española, a la que nos referiremos por afinidad cultural y
jurídica y porque la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) español
(verdadero artífice del régimen jurídico del derecho a la información
en España) nos parece ejemplar en este ámbito, no habiendo
jurisprudencia relevante al respecto de la Corte Constitucional del
Ecuador. Este planteamiento revela la preocupación del legislador por
transformar el mercado de la información (no el derecho a la
información, que por ser uno de los derechos fundamentales y
universales no puede transformarse por voluntad del legislador
nacional, reconocido expresamente a lo largo del texto constitucional:
artículos 16, 17, 18, 19, 20, 66.6 y 384 CEc) y convertirlo en un
servicio público, como lo define el artículo 71 de la LOC: “la
104
comunicación social que se realiza a través de los medios de
comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con
responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación
establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y
contribuyendo al buen vivir de las personas”. Así, se trata de un
servicio público prestado bajo la tutela de la Administración pero
también, por la especial configuración del derecho a la información,
de un derecho fundamental de los ciudadanos, verdaderos titulares del
mismo, pues constituye la base de una opinión pública libre y, por
tanto, del propio Estado democrático, como han reiterado el Tribunal
Constitucional español y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. En este sentido, resulta esencial la “publicatio”, que es la
declaración que hace esta ley de la comunicación social como servicio
público. Pues, cuando una actividad es declarada como servicio
público, se convierte también en una actividad administrativa, lo que
no significa que el Estado preste el servicio de manera monopolística,
algo expresamente prohibido por la CEc (ar. 17.3) y por la propia
LOC, que permite prestar este servicio en régimen de concurrencia de
empresas públicas, privadas y comunitarias, como veremos a
continuación. Podemos considerar servicios públicos estatales
aquellas actividades prestacionales de titularidad del Estado. Garrido
Falla (1981: 225 y ss) señala que el concepto de servicio público en el
Derecho Administrativo tradicional es el de “una actividad de
prestación y satisfacción de necesidades colectivas cuya titularidad,
precisamente por esto, asume el Estado”, advirtiendo expresamente:
“obsérvese que hablamos de titularidad, no de gestión”. Para Ariño
105
Ortiz (1981: 13 y ss), “la declaración de una actividad como servicio
público ha de ser hecha por ley formal y supone el reconocimiento de
la titularidad estatal sobre aquélla: la actividad queda desde ese
momento incorporada al quehacer del Estado en régimen de reserva,
y se le reconoce a ésta, al menos potencialmente, el derecho
excluyente a su prestación”. Como explica Fernández González
(1995: 148), “esta concepción del servicio público como actividad
prestacional cuya titularidad corresponde al Estado tiene una
consecuencia trascendental desde el punto de vista de los títulos que
legitiman la actuación de las Administraciones Públicas, pues supone
que el Estado, titular del servicio, se convierte el dominus del mismo, lo
cual produce el efecto de legitimar al Estado para llevar a cabo una
gestión monopolística del servicio en cuestión”, si así lo quisiera. De
este modo, continúa el autor, en las actividades declaradas de servicio
público del Estado, éste podrá, en cuanto titular de las mismas, excluir
de su prestación a la iniciativa particular –también la iniciativa pública
de otras Administraciones distintas- y prestar el servicio en régimen
de monopolio; produciéndose, así, una identificación entre los
servicios públicos estatales y los servicios esenciales reservados a
favor del Estado, por lo que en la esfera estatal puede mantenerse un
concepto de servicio público comprensivo de aquellas actividades
prestacionales de titularidad del Estado y, por tanto, reservadas a su
favor (Fernández González, 1995: 149). Sin bien, como añade Sala
Arquer (1992: 412-413), “cada vez son más numerosas las actividades
tradicionalmente consideradas de “servicio público” que se
transforman en actividades de mercado”; por lo que López Pellicer
106
(1973:266) define servicio público como “la actividad de prestación
cuya titularidad corresponde legalmente a la Administración Pública,
de modo exclusivo o en concurrencia de los particulares, y que tiene
por objeto la satisfacción de una necesidad general o colectiva”. Por
tanto, podemos afirmar que serán servicios públicos los que así
califique la legislación del Estado. De ahí el objeto y ámbito de la ley
descritos en el artículo 1 LOC: “desarrollar, proteger y regular, en el
ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación
establecidos constitucionalmente”; lo que significa no someter a tutela
administrativa el derecho a la información considerado de un modo
abstracto, sino, como concreta el artículo 3 LOC (contenido
comunicacional), “todo tipo de información u opinión que se
produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de
comunicación social”, definidos en el artículo 5, como: “las empresas,
organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como las
personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que
prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como
herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y
vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o
replicados por el medio de comunicación a través de internet”; en lo
que incide el artículo 4 del Reglamento que desarrolla la LOC
(Decreto Ejecutivo 214. Registro Oficial Suplemento 170 de 27-ene2014): “Para efectos regulatorios, se entenderá por actividad
comunicacional exclusivamente a aquellas actividades que realizan los
medios de comunicación social definidos como tales en el artículo 5
de la Ley Orgánica de Comunicación”. Quedando así expresamente
107
fuera de esta regulación la información u opinión que, de un modo
personal se emita a través de internet (por medio de un blog, por
ejemplo, o utilizando las redes sociales), según el artículo 4 LOC y el
artículo 2 del Reglamento: “Están excluidos del ámbito de regulación
y control administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos
y las personas jurídicas en sus blogs, redes sociales y páginas web
personales, corporativas o institucionales”. Incluso los medios de
comunicación privados (artículo 84 LOC) son definidos como
“personas naturales o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad
de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de
responsabilidad social”. No obstante, el artículo 3 del Reglamento
parece referirse únicamente como medios de comunicación a las
personas jurídicas (entidades mercantiles) y no a las personas físicas, al
establecer: “Son también medios de comunicación aquellos que
operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya
sido obtenida en Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y
de opinión, los cuales tienen los mismos derechos y obligaciones que
la Ley Orgánica de Comunicación establece para los medios de
comunicación social definidos en el Art. 5 de dicha Ley”; creando
además el artículo 37 de este mismo cuerpo normativo un Registro
Público de Medios, dependiente del Consejo de Regulación y
Desarrollo de la Información y Comunicación. Es decir, esta ley se
circunscribe al ejercicio del derecho a la información por aquellas
empresas o entidades que tengan a la comunicación como base de su
actividad social (de societaria), mercantil o económica, y por los
profesionales que trabajen o colaboren en ellas. Pero expliquemos
108
primero el régimen jurídico del derecho a la información y la libertad
de expresión.
1. Derecho a la información y libertad de expresión:
diferencias y límites
Sin duda, “es más fácil dejarse llevar por una intuición presentida de la
libertad, que implica aparentemente una ausencia de ataduras, que
comprender la dialéctica del derecho cuya complejidad técnica
solamente dominan los iniciados y, por tanto, escapa al arbitrio
espontáneo individual” (Desantes-Guanter, 2004: 85). Esto explicaría
muchas de las manifestaciones que hemos podido leer en los medios
últimamente a propósito de la libertad de expresión a raíz de la
aprobación de la LOC, pues cuando hablamos de derechos y
libertades, casi en cualquier ámbito, a menudo se imponen nociones
intuidas más que un debate serio que lógicamente debe partir de su
regulación legal. En este sentido, no podemos sino constatar que el
origen del derecho a la información es el mismo que el del resto de los
derechos fundamentales. Desde una somera perspectiva histórica, ya
en las primeras Declaraciones universales se recoge la libertad de
expresión y el derecho a la información, si bien se pone el énfasis en
la difusión de las ideas políticas. Así ocurre en la Declaración de
Derechos del Buen Pueblo de Virginia (1770) y en la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) y, en España, en la
Constitución de Cádiz de 1812. Más modernamente, y en lo que a
nosotros nos interesa, el derecho humano a la información es
reconocido por primera vez en el artículo 19 de la Declaración
109
Universal de Derechos Humanos de 1948, y, aunque “esto no era
suficiente para garantizar su efectividad en los ordenamientos
jurídicos de las naciones” (Azurmendi, 2001: 54), fue después
recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y
en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, si bien
en este último texto utiliza el epígrafe Libertad de Pensamiento y de
Expresión para referirse al conjunto de libertades protegidas por el
derecho a la información. Un concepto, el del derecho a la
información30, que es sin duda complejo, y para cuya interpretación
debemos acudir a la misma Declaración de 1948, porque nos ofrece
una visión completa y abierta de la comunicación considerada como
derecho fundamental y por la importancia del instrumento jurídico
donde se recoge, que constituye una “conciencia jurídica de la
humanidad” (Truyol, 1968: 25). Así, el art. 19 proclama: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Una
redacción paralela a la del artículo 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, que pone su énfasis en la libertad de
pensamiento y opinión y la prohibición de censura previa y de
restricciones en la actividad informativa; y que incluye dentro de las
30
No está de más que hagamos en este momento una pequeña precisión terminológica. Los
términos derecho a la información y Derecho de la Información irrumpen con el estudio
encargado por la UNESCO al francés Fernand Terrrou en un libro clásico (Terrou, Fernand
y Solal, Lucien (1952). El Derecho de la Información. París: UNESCO), en el que por primera vez
se denomina derecho a la información al conjunto de libertades proclamadas en el artículo 19
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y derecho de la información a las
legislaciones que se sintetizan en el estudio, por lo que no es correcto utilizar el término
“derecho de la información” para referirse al derecho fundamental.
110
libertad de pensamiento y de expresión “la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole”. Como ha explicado
Desantes-Güanter (1974: 35), este derecho recoge en realidad “un haz
de derechos que, apreciados en su conjunto, pueden considerarse
como integrantes de un derecho homogéneo y complejo, que es el
que merece llamarse derecho a la información”; y que el mismo
artículo 19 DUDH denomina derecho a la libertad de opinión y de
información. Como señala también Díaz Arias (2000: 53), “se enlaza
así con el término venerable de libertad de expresión, pero el
contenido que de este modo se rotula supera, con mucho, lo que
tradicionalmente se había entendido por libertad de expresión y
opinión, pues su objeto son todas las formas posibles de mensajes (y
ya no sólo los ideológicos) y se atiende tanto a las etapas activas del
proceso (difundir), como a las previas y finales (investigar y recibir)”.
La Constitución de la República de Ecuador de 2008 también recoge
un haz de derechos en los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 66.6 y 384, bajo
los rótulos “comunicación e información”, “derechos de libertad” y
“comunicación social”:
- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y
participativa (artículo 16 CEc).
- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación
(artículo 16 CEc).
- La creación de medios de comunicación social, y al acceso en
igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro
radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión
111
públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación
de redes inalámbricas (artículo 16 CEc).
- El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con
discapacidad (artículo 16 CEc).
- La asignación de las frecuencias del espacio radioeléctrico (artículo
17 CEc).
- La creación y el fortalecimiento de medios de comunicación
públicos, privados y comunitarios (artículo 17 CEc).
- Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,
verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca
de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con
responsabilidad ulterior (artículo 18 CEc).
- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el
secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen,
emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de
comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación
(artículo 20 CEc).
- El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en
todas sus formas y manifestaciones (artículo 66.6 CEc).
Y, por
último, establece un mandato en el ámbito de la
Comunicación Social:
- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los
derechos de la comunicación, la información y la libertad de
expresión, y fortalecerá la participación ciudadana (artículo 384 CEc).
112
Además, la CEc prohíbe expresamente la existencia de monopolios y
oligopolios en el mercado de la información (artículo 17 CEc), y
señala ese papel vigilante y regulador del Estado al establecer: “La ley
regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,
educativos y culturales en la programación de los medios de
comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de
la producción nacional independiente; prohibiendo la emisión de
publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la
toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda
aquella que atente contra los derechos” (artículo 19 CEc). Por lo que
debemos destacar que la tutela administrativa y el control de la
actividad informativa por parte del Estado es un mandato
constitucional, del que la actual LOC no es más que una
consecuencia. Si bien creemos que dentro del ámbito del derecho a la
información debemos entender comprendidos el derecho a recibir y
comunicar información veraz y la libertad de expresar ideas,
pensamientos y opiniones, siendo el resto de libertades meras
garantías para hacerlo posible dentro del mercado de la información.
La Constitución española de 1978 también reconoce un haz de
derechos (artículo 20, dentro del Título I, “De los derechos y deberes
fundamentales”):
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de
reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
113
d) A comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier
medio de difusión.
Reconociendo también la cláusula de conciencia y al secreto
profesional en el ejercicio de estas libertades, y prohibiendo la censura
previa. De la simple lectura de los artículos citados podemos inferir
que las facultades reconocidas dentro de este derecho complejo son:
difundir ideas, difundir opiniones, creación intelectual (literaria,
científica, técnica), creación artística, difundir informaciones y recibir
informaciones. Libertades que podrán ejercerse mediante los medios
naturales o de reproducción (libertad de expresión) y difusión
(libertad de información) y que podemos considerar –recurriendo al
criterio interpretativo de las Declaraciones internacionales- como
universales. En torno a estas dos libertades se estructuran el resto de
los elementos para hacerlos posibles. Podemos clasificarlos en
garantías institucionales y límites. La garantía básica es la prohibición
de la censura, en la tradición de que la comunicación no puede ser
sometida a control previo e, íntimamente ligada con ésta, la garantía
de limitar el secuestro de los soportes informativos al decretado por
resolución judicial; cláusula de conciencia y secreto profesional son
garantías institucionales para el ejercicio de estas libertades mediante
la práctica profesional. Además, para comprender la amplitud de este
derecho, hay que destacar la interpretación del TC (recordemos que
en España no existe una ley que desarrolle el contendido del derecho
a la información, sí una Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual, por lo que la jurisprudencia del TC es
esencial), cuando señala (STC107/1988) que “las libertades del
114
artículo 20 de la Constitución no sólo son derechos fundamentales de
cada persona, sino que también significan el reconocimiento y
garantía de la opinión pública libre, que es una institución ligada de
manera imprescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado
democrático, estando dotadas por ello esas libertades de una eficacia
que trasciende a la que es común y propia de demás derechos
fundamentales” (F.Jº. 2º). Un argumento análogo al utilizado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Claude Reyes y
otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de
septiembre de 2006. Serie C No. 151, Párrafo 87): “El control
democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública,
fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la
responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública”;
considerando a la libertad de expresión: “como piedra angular de una
sociedad democrática, es una condición esencial para que ésta esté
suficientemente informada” (Corte IDH. Caso “La Última Tentación
de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, Párrafo
66). Y: “La Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que
[la] función supervisora [de la Corte le] impone [...] prestar una
atención extrema a los principios propios de una 'sociedad
democrática'. La libertad de expresión constituye uno de los
fundamentos esenciales de tal sociedad, una de las condiciones
primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres. El
artículo 10.2 [de la Convención Europea de Derechos Humanos] es
válido no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente
115
recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino
también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a
una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del
pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no
existe una 'sociedad democrática'. Esto significa que toda formalidad,
condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser
proporcionada al fin legítimo que se persigue” (Párrafo 69).
2. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español
El Tribunal Constitucional analiza las diferencia de las distintas
libertadas contenidas en el derecho a la información, tal y como lo
vemos configurado en las declaraciones internacionales de derechos y
en las constituciones ecuatoriana y española. Fundamentalmente, la
distinción entre las libertades de expresión e información se basa en el
distinto alcance y protección dada a una y a otra por el Tribunal
Constitucional a la hora de resolver el conflicto entre el derecho a la
información y los derechos de la personalidad, por encima de todos,
el derecho al honor. Así, desde sus primeras sentencias, el Tribunal
afirma el carácter institucional del derecho reconocido en el artículo
20, su función pública, que no es otra que el mantenimiento de una
comunicación pública libre: “El artículo 20 de la Constitución, en sus
distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación
pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros
derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las
instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de
legitimidad democrática que enuncia el art. 1º, apartado 2 de la
116
Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídicopolítica” (STC 6/1981, F. J. 4º). En cuanto a los medios, incluidos la
radio, el cine y la televisión, la STC 76/1995 concreta esa función
pública como función constitucional, pues su actividad forma parte
del sistema de frenos y contrapesos en que consiste la democracia. A
decir de Díaz Arias (2000: 117), pronto esta dimensión institucional se
interpreta como “garantía de una institución política fundamental, que
es la opinión pública libre” (STC 12/1982, F. J. 3º). El Tribunal (STC
6/1988) delimita ambas libertades en estos términos: “En el art. 20 de
la Constitución la libertad de expresión tiene por objeto
pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del que
deben incluirse también las creencias y los juicios de valor. El derecho
a comunicar libremente información versa, en cambio, sobre hechos
o, tal vez más restringidamente, sobre aquellos hechos que pueden
considerarse noticiables. Es cierto que, en los casos reales que la vida
ofrece, no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas
y opiniones de la estricta comunicación informativa, pues la expresión
de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de
hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o de noticias no se
da nunca en un estado químicamente puro y comprende, casi siempre,
algún elemento valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la
formación de una opinión. Ello aconseja, en los supuestos en que
pueden aparecer entremezclados elementos de una y otra
significación, atender (...) al elemento que en ellos aparece como
preponderantes” (F. J. 5º). Esta sentencia interpreta la veracidad,
exigida por el propio texto constitucional, como deber de diligencia
117
profesional: “Cuando la Constitución requiere que la información sea
“veraz” no está tanto privando de protección a las informaciones que
pueden resultar erróneas –o sencillamente no probadas en juiciocuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el
informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita
como “hechos” haya sido objeto de previo contraste con datos
objetivos, privándose, así, de la garantía constitucional a quien,
defraudando el derecho de todos a la información actúe con
menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado...” (F. J. 5º).
Además, para que el ámbito de los derechos de la personalidad de los
otros pueda ser invadido, la información debe versar sobre asuntos de
interés general y relevancia pública (STC 171/1990). Por resumir esta
doctrina en los términos de la STC 190/1996: “Forma parte del
acervo jurisprudencial de este Tribunal el criterio de que la
comunicación que la Constitución protege es la que transmite
información veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia
pública (entre otras muchas, SSTC 6/1988, 171/1990). Información
veraz es, al respecto, ante todo, información verdadera. No obstante
la trascendencia constitucional en una sociedad democrática de un
flujo informativo libre y sin cortapisas (SSTC 6/1981, 159/1986,
240/1992, 78/1995, 132/1995, 19/1996) impone bajo la égida de la
libertad analizada aquellas informaciones de relieve público que,
aunque puedan resultar falsas a posteriori hayan sido debidamente
contrastadas ex ante por su agente (SSTC 6/1988, 105/1990,
223/1992, 132/1995, 61/1996). La identificación de la veracidad con
la objetividad (STC 143/1991) o la “realidad incontrovertible” (STC
118
41/1994) constreñiría inevitablemente el cauce comunicativo al
acogimiento de aquellos hechos que hayan sido plena y exactamente
demostrados (STC 143/1991)” (F. J. 3º). No debe confundirse la
relevancia pública con el carácter noticioso del hecho de que se
informa, ni la determinación de esa relevancia pública puede quedar al
arbitrio del medio de comunicación, pues, según declara la STC
134/1999: “Ni son los medios de comunicación los llamados por la
CE para determinar qué sea o no de relevancia pública, ni esto puede
confundirse con el difuso objeto de un inexistente derecho a satisfacer
la curiosidad ajena (STC 20/1992, F. J. 3º). El artículo 20. 1 d) CE, al
garantizar los derechos a comunicar y a recibir libremente
información, no protege la satisfacción de la mera curiosidad de los
que componen el público en general, sino el interés colectivo de la
información, lo que no debe identificarse sin más con lo que para el
medio de comunicación puede resultar noticioso (SSTC 105/1983,
159/1986 y 168/1986)” (F. J. 8º). Por lo demás, la libertad de
expresión –más amplia que la libertad de información, porque no
opera para ella el requisito interno de la veracidad (STC 107/1988)- se
evalúa sobre todo como libertad de crítica, muy amplia cuando se
proyecta sobre personajes públicos, hasta el punto de que sólo quedan
excluidas las expresiones injuriosas (STC 3/1997): “Cuando se ejercita
la libertad de expresión (...) los límites permisibles de la crítica son
más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a
actividades públicas están expuestas a un riguroso control de sus
actividades y manifestaciones que si se trata de simples particulares sin
proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores
119
democráticos, la sujeción a esta crítica es inseparable de todo cargo de
relevancia pública (...). La crítica legítima en asuntos de interés público
ampara incluso aquellas que puedan molestar, inquietar, disgustar (...)
(aunque) no puede estar amparado por la libertad de expresión quien,
al criticar una determinada conducta, emplea expresiones que resultan
lesivas para el honor de la persona que es objeto de la crítica, aun
cuando ésta tenga carácter público (...) (pues) una cosa es efectuar una
evaluación personal, por desfavorable que sea... y otra cosa distinta el
empleo de expresiones o calificativos que, apreciados en su
significado usual y en su contexto, no guardan relación con la
formación de la opinión pública libre” (F. J. 6º). En el mismo sentido:
SSTC
6/2000,
49/2001,
204/2001).
Y
añade
el
Tribunal
Constitucional en su ST 20/2002: “...pues así lo requieren el
pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no
existe “sociedad democrática”; remitiéndose a la doctrina del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 23 de abril de 1992,
Castells c. España, 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c.
España, 43). Y especifica a continuación: “...el artículo 20.1 a) de la
CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo
demás, incompatible con la norma fundamental (SSTC 204/1997,
134/1999, 6/2000, 11/2000, 110/2000, 297/2000, 49/2001 y
148/2001)” (F. J. 4º). Como vemos, para el Tribunal Constitucional,
lo relevante es si se trata de informaciones de hechos o bien entramos
en el terreno de la opinión, distinguiendo por tanto entre la libertad
de información –en la que opera siempre el requisito interno de la
veracidad-, y la libertad de expresión, que es más amplia. En el primer
120
caso, el Tribunal exige siempre un deber de diligencia profesional; así,
la información veraz sería la información verdadera, entendiendo por
tal la debidamente contrastada, pudiendo incluso resultar falsa a
posteriori, lo cual no invalidaría su consideración de información
veraz, siempre que se hubiera cumplido el correspondiente deber de
diligencia. En el segundo, los límites se encontrarían en la relevancia
pública de la información y en el honor de la persona que pueda
resultar afectada, si bien el Tribunal considera más importante el
derecho a la información como garantía de una “opinión pública
libre”; no pudiendo confundirse la relevancia pública con el carácter
noticioso del hecho de que se informa, cuestión que tampoco puede
quedar al arbitrio del medio de comunicación: “el art. 20.1 no protege
la satisfacción de la mera curiosidad de los que componen el público
en general, sino el interés colectivo de la información”. Por tanto, la
libertad de expresión –más amplia que la libertad de información,
porque no opera para ella el requisito interno de la veracidad– se
evalúa sobre todo como libertad de crítica, tolerada cuando se
proyecta sobre personajes públicos hasta el punto de que sólo quedan
excluidas las expresiones injuriosas; pues, según el Tribunal
Constitucional, así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu
de apertura, sin los cuales no existe “sociedad democrática”. Aunque
aclara que el artículo 20.1 a) de la CE no reconoce un pretendido
derecho al insulto, que sería incompatible con la norma fundamental.
Un criterio al que parece acogerse el artículo 7 del Reglamento
cuando desarrolla el concepto de “Información de relevancia pública
o de interés general” contenido en el artículo 7 de la LOC: “Es
121
información de relevancia pública la que puede afectar positiva o
negativamente los derechos de los ciudadanos, el orden constituido o
las relaciones internacionales, que se difunde a través de los medios de
comunicación social. Las opiniones sobre asuntos de relevancia o
interés público no están sujetas a las condiciones establecidas en el
Art. 22 de la Ley Orgánica de Comunicación. La difusión de
información de relevancia o interés público está sujeta a lo establecido
en el Art. 19 de la Ley Orgánica de Comunicación”. Como podemos
observar, este artículo distingue entre información y opinión,
excluyendo en el caso de las opiniones la exigencia de que la
información sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada
(artículo 22 LOC), si bien se remite expresamente a la responsabilidad
ulterior (artículo 19 LOC) como límite de la libertad de expresión, así
como al linchamiento mediático (artículo 16 LOC), al que nos
referimos a continuación.
3. El linchamiento mediático
Visto el régimen jurídico del derecho la información y la libertad de
expresión, así como sus límites, analicemos ahora una de las figuras
contenidas en esta ley y que han generado mayor controversia: el
linchamiento mediático. Si acudimos a la regulación de la LOC, el
artículo 26 dispone: “Queda prohibida la difusión de Información
que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma
concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios
de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona
natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.
122
De esta redacción podemos destacar dos elementos:
1-. La difusión de una información de manera reiterada, ya sea
directamente o a través de terceros, de manera concertada.
2-. Que esa información tenga por objeto desprestigiar a una persona
natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.
Dejando de lado por circunstancial el elemento de la reiteración, el
segundo nos recuerda a la concepción del TC sobre los límites de la
libertad de expresión. Pues el límite se encuentra precisamente en la
lesión del honor de la persona, es decir, en la injuria (“no existe un
derecho al insulto”, dice el TC). Y creemos que la regulación de la
figura del linchamiento mediático encuentra su lógica interna en la
protección del derecho al honor y el derecho a la intimidad personal y
familiar, protegidos expresamente por el artículo 66, numerales 18 y
20 CEc, que además recoge (numeral 7) “el derecho de toda persona
agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por
medio de comunicación social, a la correspondiente rectificación,
réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el
mismo espacio u horario”; precisamente las consecuencias que el
artículo 29 de la LOC prevé para el linchamiento mediático, “sin
perjuicio de que los autores de la infracción respondan por la
comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación
integral”. Es decir, como en el caso español, si se ha cometido un
delito de injuria, definido por el artículo 489 del Código Penal de
Ecuador como: “La injuria es: calumniosa, cuando consiste en la falsa
imputación de un delito; y, no calumniosa, cuando consiste en toda
otra expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio de
123
otra persona, o en cualquier acción ejecutada con el mismo objeto”. A
nuestro juicio, éste debe ser entonces el criterio para entender si ha
habido linchamiento mediático o no: si se ha lesionado el honor de la
persona o, como diría el TC español, si se ha producido un insulto o
una calumnia. Una acción que puede castigar en virtud de la LOC en
el ámbito administrativo, o por la jurisdicción penal, si alcanza la
categoría de delito. Se trata, por tanto, de criterios jurídicos que
pueden servirnos de guía a la hora de interpretar el alcance de la ley y,
sobre todo, para su aplicación al caso concreto.
4. Derecho a la información y mercado de la información: la
comunicación responsable
En este sentido, hay que resaltar que, más que el régimen jurídico del
derecho a la información y a la libertad de expresión y sus límites
jurídicos y éticos, la verdadera piedra de toque de la actividad
informativa hoy día en todos los países es la regulación o no del
mercado de la información, cuya actividad ha venido determinada por
intereses económicos y comerciales que nada tienen que ver con los
bienes internos de la comunicación como expresión de un derecho
fundamental del ser humano. Como escribió Kapucinski (2002: 36),
“en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en estos últimos
años, tras el fin de la guerra fría, con la revolución de la electrónica y
de la comunicación, el mundo de los negocios descubre de repente
que la verdad no es importante, y que ni siquiera la lucha política es
importante: que lo que cuenta, en la información, es el espectáculo. Y
una vez que hemos creado la información-espectáculo, podemos
124
vender esa información en cualquiera parte. Cuanto más espectacular
es la información, más dinero podemos ganar con ella. De esta
manera la información se ha separado de la cultura: ha comenzado
fluctuar en el aire; quien tenga dinero pude cogerla, difundirla, y ganar
más dinero todavía”. Y es que en los medios de comunicación
confluyen tanto las exigencias de su configuración empresarial dentro
de un mercado muy competitivo, como las exigencias de operar con
un bien fundamental para las sociedades y las personas: la difusión de
información y otros contenidos. Unas exigencias que a menudo
colisionan entre sí, como la historia reciente del Ecuador ha venido
demostrando, con prácticas abusivas de algunos grupos económicos,
con las que ha querido acabar este Gobierno. Sin embargo, siempre
que se regula el mercado de la información, el regulador es objeto de
críticas, siendo la acusación de censura la más habitual, cuando lo
cierto es que lo que se regula en la mayoría de los casos no es el
ejercicio del derecho a la información, sino la actividad empresarial y
económica que opera un con servicio y un producto especial: el
derecho fundamental a la información, que no es un derecho de las
empresas ni de los profesionales de la comunicación, sino un derecho
de la sociedad en su conjunto y delegado tácitamente por la sociedad
en estos actores del mercado de la información, como señalaba el
Tribunal Constitucional español. Así, para asegurar que esa actividad
se realice de acuerdo a los bienes internos de la comunicación o, lo
que es lo mismo, según los valores constitucionales y universales, se
han seguido tradicionalmente dos caminos: el de la regulación
(elaboración de normas jurídicas) y el de la autorregulación
125
(elaboración de normas éticas y de deontología profesional por los
propios actores de la comunicación: empresas, medios, profesionales
y el propio público), al que últimamente se ha unido una tercera
práctica: la corregulación, donde se funden normas éticas y jurídicas
por la iniciativa gubernamental y de los actores de la comunicación y
donde, a nuestro juicio, habría que incluir esta Ley Orgánica de
Comunicación, pues responde a un clamor popular refrendado por la
consulta de 7 de mayo de 2011, en la que los ciudadanos apoyaron
masivamente la iniciativa política para eliminar la influencia del poder
económico y político sobre los medios de comunicación del Ecuador
y mejorar los contenidos de su oferta informativa. Además, la LOC
establece la obligación para los medios de expedir códigos
deontológicos (artículo 9 LOC), el mecanismo de autorregulación por
excelencia de la actividad informativa, señalando las normas
deontológicas que deben contener (artículo 10 LOC). Hay que decir,
sin embargo, que desde el momento en que se recogen en la ley, estas
normas deontológicas se convierten en normas jurídicas y, por tanto,
de obligado cumplimiento. De hecho, señala la ley que “el
incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este
artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización
ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que,
luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una
amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que
amerite otra sanción o medida administrativa contenida en la ley”. Un
párrafo que contiene formas de actuar propias de mecanismos de
autorregulación (denuncia pública y amonestación), pero que también
126
incluye otras formas propias del procedimiento administrativo
(regulación) que, sin embargo, también practican los Consejos
Audiovisuales en España, como explicaremos a continuación, un
organismo creado por una ley que señala sus competencias, entre ellas
también la potestad sancionadora (hay consejos audiovisuales en las
Comunidades Autónomas de Andalucía y Cataluña, no a nivel estatal,
aunque España es actualmente el único país de la Unión Europea que
no cuenta con un Consejo Audiovisual de competencia estatal31).
Porque lo que diferencia a las normas jurídicas de las normas éticas (y
las normas de deontología profesional son normas éticas aplicadas a
un determinado ámbito profesional), es que las primeras son
coactivas, llegando a aplicarse por la fuerza en caso de
incumplimiento. No obstante, normas éticas y jurídicas persiguen los
mismos fines: proteger los bienes internos de la comunicación, como
derecho protegido constitucionalmente. El Derecho establece un
mínimo común denominador que todos los medios y los
profesionales deben respetar y cumplir, pero entre ese mínimo
garantizado por el Derecho y una comunicación guiada por criterios y
principios éticos resta un espacio muy amplio. Y ésta es la tarea de la
autorregulación: tratar de cubrir la distancia entre el mínimo regulador
del Derecho y el ideal ético exigible en una esfera de la actividad
social, propiciando que cada uno asuma su parte correspondiente de
responsabilidad (Aznar, 2005: 30). Así, la diferencia principal que hay
entre ellas es que en la regulación hay una acción coercitiva y
31
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, creó en su
Título V el Consejo de Medios Audiovisuales, pero este título fue derogado por la letra g) de
la disposición derogatoria de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia («B.O.E.» 5 junio).Vigencia: 6 junio 2013.
127
correctora por parte del Estado, y en la autorregulación es la misma
sociedad la que pone en marcha mecanismos para orquestar esta
actividad; en especial, las sociedades que las ejercen y los ciudadanos
afectados por ellos.
Tradicionalmente, los mecanismos de autorregulación más habituales
son los códigos deontológicos, los principios editoriales, los libros de
estilos, los consejos de medios, el ombudsman, estatutos de redacción,
cláusula de conciencia, etc., pero lo característico de la LOC es que los
convierte en mecanismos de regulación, pues los establece de forma
obligatoria, caso de los códigos deontológicos citados (artículo 9
LOC), de los principios editoriales (artículo 6 LOC), de la cláusula de
conciencia –que suele ser recogida en las constituciones y las leyes por
sus consecuencias jurídicas, como la indemnización por despido
improcedente- (artículo 39 LOC), del defensor de las audiencias
(artículo 73 LOC) y de la Superintendencia de Comunicación e
Información (artículo 55 LOC) que, aunque es una figura
constitucional y que opera también en otros ámbitos, tiene muchas
cosas en común con los Consejos Audiovisuales españoles. Se trata
del mecanismo creado por esta ley que ha generado mayor polémica, y
al que nos referiremos a continuación.
5. La Superintendencia de la Información y Comunicación
La Superintendencia de la Información y Comunicación –y las
Superintendencias en general- es un organismo técnico de vigilancia
previsto, sin embargo, por el artículo 213 CEc para la intervención y
control de todas las actividades económicas, sociales y ambientales
128
prestadas por entidades públicas y privadas, no sólo en el ámbito de la
comunicación; cuyos superintendentes son nombrados por el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social de una terna enviada por
la Presidencia de la República; algo completamente normal dentro de
un régimen presidencialista como es el Ecuador, y que además
recuerda a la forma de elección de los miembros de los Consejos de
Medios Audiovisuales en España, según la mayoría parlamentaria de
los partidos en los parlamentos autonómicos32, órganos que también
ejercen una potestad administrativa que se torna en sancionadora
llegado el caso. La Superintendencia de la Información y
Comunicación hay que diferenciarla del Consejo de Regulación y
Desarrollo de la Información y Comunicación (artículo 47 LOC) que,
fundamentalmente, es un órgano de regulación (artículo 49 LOC),
integrado por un representante de la Función Ejecutiva, un
representante de los Consejos Nacionales de Igualdad, un
representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social,
un
representante
de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados y un representante del Defensor del Pueblo (artículo
48 LOC); la Superintendencia, por su parte, es un órgano de
fiscalización, supervisión y control (artículo 56 LOC), pero que
también actúa como nexo con el público y los ciudadanos en general
al atender y resolver reclamaciones y denuncias, lo que la asemeja a
32
El artículo 5 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de Creación del Consejo Audiovisual de
Andalucía, señala: “El Consejo Audiovisual de Andalucía estará integrado por once
miembros, elegidos por el Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos de sus
miembros, y nombrados por el Consejo de Gobierno”. (…) “Los miembros del Consejo
Audiovisual de Andalucía serán elegidos entre personas de reconocido prestigio profesional
en el ámbito de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural o social.” Una
fórmula que, en España, que fomenta la iniciativa parlamentaria en vez de la presidencial, se
utiliza para la elección de los órganos de mayor relevancia pública.
129
mecanismos de autorregulación como el ombudsman (defensor del
lector o espectador) y, sobre todo, a los Consejos Audiovisuales
europeos; ambos forman parte del Sistema de Comunicación Social
(artículos 45 y 46 LOC), cuyo objetivo es “lograr el pleno ejercicio de
los derechos de la comunicación reconocidos en la Constitución, en
esta Ley y en otras normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano”
(artículo 46 LOC). Pero, como decíamos, la Superintendencia se
parece más a los Consejos Audiovisuales europeos. Así, tomaremos
como referencia la Ley 1/2004, de 17 de diciembre (artículo 1), que
crea el Consejo Audiovisual de Andalucía (España) como “autoridad
audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los
derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el
ámbito de los medios audiovisuales en Andalucía y por el
cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de
publicidad, de acuerdo con los principios de actuación y funciones
que establece la presente Ley”. Y comparémosla con el artículo 55
LOC: “La Superintendencia de la Información y Comunicación es el
organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con
capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,
presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias atribuciones
para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y
Comunicación”. En los dos casos, se trata de organismos de derecho
público de carácter autónomo, creados por una ley y que actúan con
facultades delegadas de la Administración que tiene atribuidas las
competencias para regular el mercado de la información dentro de su
130
circunscripción territorial: la Junta de Andalucía, en el ámbito regional
de la Comunidad Autónoma Andaluza (España), y el Estado
ecuatoriano en el ámbito territorial del Ecuador. Así, el artículo 57 de
la LOC, establece expresamente que el procedimiento de actuación de
la Superintendencia de la Información y Comunicación será un
procedimiento administrativo; y el artículo 12 Ley 1/2004, de 17 de
diciembre, otorga al Consejo Audiovisual de Andalucía potestad
sancionadora: “El Consejo Audiovisual de Andalucía ejercerá la
potestad sancionadora que las leyes reguladoras de la comunicación
audiovisual y de la publicidad otorguen a la Administración de la Junta
de Andalucía, en lo referente al ámbito de actuación y las funciones
del Consejo Audiovisual de Andalucía establecidas en la presente Ley,
elaborando también las correspondientes propuestas de sanción”.
Como vemos, se trata, en los dos casos, de una potestad delegada por
la Administración competente. Así, en los dos casos nos encontramos
en un ámbito de regulación del mercado de la información, lo que se
ha convertido en un algo común en muchos países. Y lo que debemos
preguntarnos es por qué se convierte en algo necesario regular, en el
ámbito administrativo, el ejercicio del derecho a la información,
creando, para ello, organismos de control.
6. El ámbito administrativo de la actividad informativa
¿Por qué es necesario que intervenga la Administración? Pues primero
porque la actividad informativa es un servicio público, desde el
momento que, por aplicación de un principio básico del Derecho
Administrativo como es el principio de territorialidad, el uso del
131
espacio radioeléctrico está sometido a concesión administrativa (“el
espacio radioléctrico es un bien de dominio público, cuya
administración y aprovechamiento es competencia del Estado
central”, señala el artículo 105 de la LOC); y segundo, porque los
profesionales de la comunicación y, fundamentalmente, los medios,
no han sabido ejercer su actividad de acuerdo a los valores jurídicos y
éticos que protegen el ejercicio de este derecho fundamental. La
primera cuestión nos conecta con la definición que hace la LOC de
los medios de carácter nacional, la regulación de la publicidad y la
asignación de frecuencias y la protección y estímulo de las
producciones audiovisuales ecuatorianas, materias reguladas en los
artículos 70 y ss. de la LOC. Así, la regulación de la publicidad en esta
ley encuentra su razón de ser en que la publicidad es una forma de
comunicación caracterizada por su finalidad comercial, por lo que
debe aplicársele el régimen jurídico del derecho a la información, lo
que se evidencia en la prohibición de la publicidad engañosa (artículo
94 LOC), que es aquella que por cualquier medio, incluida su forma
de presentación, induce o puede inducir a error a su destinatario,
modificando su comportamiento económico, y que está conectada
con el criterio principal que rige el derecho a comunicar y recibir
información, como es la veracidad. Por su parte, los criterios para la
asignación (durante un plazo de 15 años, artículo 116 LOC el mismo
que establece el artículo 28 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General
de la Comunicación Audiovisual española) y distribución de
frecuencias (33% para los medios públicos, 33% para la operación de
los medios privados y 34% para la operación de medios comunitarios)
132
responden a la influencia, también en este ámbito, de uno de los
principios fundamentales que vertebran la CEc, como es la
participación ciudadana en todas las actividades del Estado (artículos
56, 57, 61, 95, 96, 102, 103, 104, 105, 204, 207, 208 CEc). Y el
fomento progresivo de la producción nacional y producción nacional
independiente (que deberá ser del 20% en el primer año, el 40% el
segundo y el 60% el tercero, para las producciones audiovisuales;
25%, 35% y 50%, respectivamente para los contenidos musicales,
según la Disposición Transitoria Sexta; siempre para medios de
comunicación audiovisual cuya señal es de origen nacional, según el
artículo 97 LOC), y estaciones de radiodifusión sonora que no tengan
carácter telemático o especializado (artículo 103 LOC) es algo lógico
desde la perspectiva nacional, y común en la normativa de la mayoría
de los países, que la protegen en mayor o menor medida (en España
tienen competencias en esta materia tanto el Estado, como las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales).
La segunda cuestión –nuestra incapacidad, al parecer, para ejercer el
derecho a la información de acuerdo a los valores internos de la
comunicación- nos lleva a hablar, para concluir, de la lamentable
desvirtuación de la actividad informativa en la mayoría de los países,
ejercida por empresas que buscan la obtención del máximo beneficio
y no los objetivos sociales y culturales que se le presuponen a la
misma. Estos factores, a los que Aznar (2005) se refiere como
“problemas éticos derivados de la estructura empresarial de los
medios”, son la competencia, la publicidad, la propiedad y la
concentración empresarial, que se convierten en un problema cuando
133
la competencia de entre las empresas no promueve los valores
propios de la comunicación.
Muy al contrario, las empresas trasladan sus exigencias competitivas a
los medios, condicionando los contenidos y mensajes que difunden, y
el lugar que deberían ocupar los criterios y valores éticos de la
comunicación lo ocupan los criterios y requisitos del marketing, como
han destacado Day (1991), Kovach y Rosenstiel (2003), Riviére (2003)
o Lipovetsky (1994), quien alertaba de los shocks informativos y la
puesta en escena emocional.
No vamos a ahondar aquí más en estas cuestiones de sobra
conocidas, pero nos gustaría concluir este artículo con una reflexión
de Desantes-Guanter (2004: 85), que debería inspirar cualquier
regulación de la actividad informativa: “La propiedad es una
institución que confiere unos derechos o unas facultades erga omnes,
excluyentes, frente a todos. La información, como fenómeno natural
y como institución jurídica, es algo que tan sólo tiene sentido si se
produce propter omnes, para todos, a disposición de todos, en favor
de todos y a la vista de todos”.
7. Conclusiones
Lo primero que llama la atención de la LOC es su ámbito: la
comunicación social, definida como un servicio público, realizado por
medios de comunicación social. En este sentido, resulta esencial la
“publicatio”, que es la declaración que hace la LOC de la
comunicación social como servicio público. Cuando una actividad es
declarada como servicio público, se convierte también en una
134
actividad administrativa, lo que no significa que el Estado preste el
servicio de manera monopolística, algo expresamente prohibido por la
CEc y por la propia LOC, que permite prestar este servicio en
régimen de concurrencia de empresas públicas, privadas y
comunitarias. Un debate serio sobre los límites de la libertad de
expresión debe partir de su configuración legal. El origen del derecho
a la información es el del resto de los derechos fundamentales, lo que
determina su configuración legal.
La CEc recoge un haz de derechos agrupados en un concepto
complejo: el derecho a la información. Para comprender la amplitud
de este derecho, acudimos a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, para quien las libertades agrupadas por el derecho a la
información y la libertad de expresión no sólo son derechos
fundamentales de cada persona, sino que también significan el
reconocimiento y garantía de la opinión pública libre, que es una
institución ligada de manera imprescindible al pluralismo político,
valor esencial del Estado democrático.
La distinción entre las libertades de expresión e información se basa
en el distinto alcance y protección dada a una y a otra a la hora de
resolver el conflicto entre el derecho a la información y los derechos
de la personalidad, por encima de todos, el derecho al honor. Desde
sus primeras sentencias, el TC afirma el carácter institucional del
derecho a la información, su función pública, que no es otra que el
mantenimiento de una comunicación pública libre, distinguiendo
entre la libertad de información –en la que opera siempre el requisito
interno de la veracidad- y la libertad de expresión, que es más amplia.
135
En el primer caso, se exige siempre un deber de diligencia profesional;
la información veraz sería la información verdadera, entendiendo por
tal la debidamente contrastada. En el segundo, los límites se
encontrarían en la relevancia pública de la información y en el honor
de la persona que pueda resultar afectada; no pudiendo confundirse la
relevancia pública con el carácter noticioso del hecho de que se
informa, cuestión que tampoco puede quedar al arbitrio del medio de
comunicación.
Por lo demás, la libertad de expresión se evalúa sobre todo como
libertad de crítica, tolerada cuando se proyecta sobre personajes
públicos hasta el punto de que sólo quedan excluidas las expresiones
injuriosas, ya que no se reconoce un pretendido derecho al insulto.
Pensamos que estos criterios jurídicos deben servirnos de guía para
interpretar figuras como el linchamiento mediático y la aplicación de
la LOC. Uno de los mecanismos creados por esta ley y que han
generado mayor polémica, ha sido la Superintendencia de la
Información y Comunicación, un organismo técnico de vigilancia
previsto, sin embargo, por el artículo 213 CEc para la intervención y
control de todas las actividades económicas, sociales y ambientales
prestadas por entidades públicas y privadas, no sólo en el ámbito de la
comunicación.
La Superintendencia de la Información y Comunicación, es un órgano
de fiscalización, supervisión y control, pero que también actúa como
nexo con el público y los ciudadanos en general al atender y resolver
reclamaciones y denuncias, lo que la asemeja a mecanismos de
autorregulación como el ombudsman (defensor del lector o espectador)
136
y, sobre todo, a los Consejos Audiovisuales europeos. En los dos
casos, se trata de organismos de derecho público de carácter
autónomo, creados por una ley y que actúan con facultades delegadas
de la Administración que tiene atribuidas las competencias para
regular el mercado de la información dentro de su circunscripción
territorial.
La intervención de la Administración resulta necesaria, primero,
porque la actividad informativa es un servicio público, desde el
momento que, por aplicación del principio de territorialidad, el uso
del espacio radioeléctrico está sometido a concesión administrativa; y,
segundo,
porque
los
profesionales
de
la
comunicación
y,
fundamentalmente, los medios, no han sabido ejercer su actividad de
acuerdo a los valores jurídicos y éticos que protegen el ejercicio de
este derecho fundamental. Pero la información, como fenómeno
natural y como institución jurídica, es algo que tan sólo tiene sentido
si se produce propter omnes, para todos, a disposición de todos, en
favor de todos y a la vista de todos.
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139
140
CAPÍTULO IV: El periodismo ecuatoriano en
entredicho. Descenso de credibilidad y nuevas
perspectivas comunicacionales
Daniel Barredo Ibáñez. Universidad de las Américas (UDLA), Ecuador
José María Pérez Zúñiga. Universidad de Granada, España
Rocío Vivas. Universidad Central del Ecuador, Ecuador
Montserrat Fernández. Universidad Central del Ecuador, Ecuador
Introducción
La crisis del periodismo parece un hecho sintomático de las
sociedades contemporáneas, como ya describimos en algunos trabajos
anteriores (Barredo, 2013a; 2013b). Son muchos los factores que
apuntalan un descreimiento cada vez más generalizado de los
contenidos que producen los medios; el Grupo Infotendencias (2012:
22) señala, por ejemplo, el impacto de la crisis económica y las
"dificultades estructurales" como causas que socavan la reputación de
quienes, hasta hace unos años, monopolizaban la gestión de la
información. En ese sentido, el uso cada vez más generalizado de las
TICs ofrece a los ciudadanos la posibilidad de interactuar con las
141
instituciones, sin una necesidad aguda de acudir a la mediación de los
medios; han aparecido, bajo la premisa de la autoproducción
comunicativa, el periodismo participante (Bowman y Willis, 2003)33, y
el periodismo ciudadano (García de Torres, Yerzers’ka, Rojano et al.,
2009)34. La eclosión de plataformas informativas ciudadanas, de
contenidos originados lejos de las redacciones profesionales, y la
influencia de Internet sobre las rutinas interpersonales, son algunos de
los factores que están reconfigurando el espacio simbólico:
“The new, symbolic space includes a dramatic increase
of hidden marketing tactics, but it is also the emergence
of a form of collective intelligence <...> leading to a
deeper fragmentation, paradoxically, to a deeper
connection between the users or devisers <...>”35
(Barredo, Oller y Buenaventura, 2013: 85).
En el caso ecuatoriano, estos cambios se producen a una velocidad
más reducida que en los países occidentales, debido a las bajas tasas
de conexión que registra el país andino: unos tres de cada diez
habitantes, según explica Villacís (s.f.) tenían conexión a Internet en
2010. El crecimiento, sin embargo, parece constante: en 2013, tres
Se describe como “el acto de un ciudadano, o grupo de ciudadanos, jugando un rol activo
en el proceso de recoger, cubrir, analizar y diseminar noticias e información” (Bowman y
Willis, 2003: 9) [traducción propia].
34
El periodismo ciudadano ha sido definido como "<...> práctica no profesional que se sitúa
en la periferia de los medios" (Barredo, 2013a: 104).
35
"El nuevo espacio simbólico incluye un notable incremento de las tácticas del marketing
encubierto, pero también representa la emergencia de una forma de inteligencia colectiva
<...> la cual conlleva una mayor fragmentación que, paradójicamente, promueve una mayor
interconexión entre los usuarios o ideantes <...>" [traducción propia].
142
33
años después, cuatro de cada diez ecuatorianos navegaban en el
ciberespacio (Ministerio de Telecomunicaciones, 2014, 19 de mayo).
Sin embargo, hay otros factores que intervienen al margen de la falta
de infraestructuras en algunas zonas del país, o la carestía de los
equipos de conexión. Dentro de esas problemáticas, por ejemplo,
destaca el hecho de que según cifras oficiales alrededor del 20,8% de
la población del Ecuador, en 2013, fuera clasificada como analfabeta
digital (INEC, s.f.: 26). En líneas generales, según hemos percibido en
algunas investigaciones complementarias (Barredo, 2014; Barredo y
Silva, 2014), en 2014 predominan en el contexto mediático
ecuatoriano sobre todo dos grupos de usuarios de los medios de
comunicación:
a)
Quienes carecen de cultura digital o dispositivos y, por tanto,
centran su interés en los canales mediáticos convencionales, sea
televisión, prensa o radio.
b)
Quienes utilizan dispositivos de conexión a Internet –tanto
computadores como teléfonos inteligentes– y optimizan sus
posibilidades de interacción.
Ambos tipos (el primero: mayoritario; el segundo: minoritario, pero
creciente), asisten a la reinterpretación paulatina del concepto de
comunicación que se está dando desde instancias gubernamentales. A
modo de breve síntesis, estos son los hechos que deben tenerse en
cuenta para tener una mayor perspectiva de los cambios registrados
en el paradigma comunicativo del Ecuador:
143
1)
La poderosa influencia del Estado ecuatoriano sobre los medios,
habida tanto por el fuerte impacto estatal en la publicidad (Checa –
Godoy, 2012), como por la incautación pública de canales privados o
la inauguración de medios estatales a partir de la llegada al poder de
Rafael Correa (Punín, 2010).
2)
La presencia de una sociedad con escasa participación en los
medios de comunicación (Ayala y Calvache, 2009) y en la arena
política (Coronel y Mier, 2011).
3)
La escasa credibilidad de los medios de comunicación,
vinculados a su anterior pertenencia a corporaciones (Checa – Godoy,
2012), o por el sometimiento profesional a los intereses de las
organizaciones informativas (Abad, 2010).
Dentro de este último rasgo –el de la escasa credibilidad– estudios
previos como el de Vásconez (2011) o Rodrigo (2012) apuntalan la
caída progresiva que señala el distanciamiento entre la valoración
social y los medios de comunicación ecuatorianos. Pero la principal
innovación sucedió en 2013, cuando se aprobó la Ley Orgánica de
Comunicación[LOC], un instrumento legal que comenzó a gestarse en
2009, coincidiendo con la oleada reguladora de la comunicación
surgida en la región latinoamericana (Ávila, 2013). En 2013, para
algunos autores, se produjo “el afianzamiento del modelo autoritario
– competitivo del gobierno de Rafael Correa” (Basabe-Serrano y
Martínez, 2014: 146). Otros autores, sin embargo, opinan que la LOC
fue una respuesta del Estado ecuatoriano para devolver a lo público lo
que estaba en manos privadas:
144
“Hasta este gobierno, la histórica privatización del
espacio
mediático
se
encontraba
completamente
naturalizada pues los ecuatorianos nunca nos habíamos
preguntado si era legítimo -o si era democrático- que los
propietarios de medios utilicen el tiempo de aire y las
páginas de diarios y revistas según sus conveniencias e
intereses
particulares.
Tampoco
se
nos
ocurrió
impugnar las relaciones, con frecuencia incestuosas y
promiscuas, entre las empresas de comunicación y el
capital financiero”
(Ramos, 2012: 69).
Recordemos que, hasta la llegada al poder de Rafael Correa en 2007,
Ecuador no solo no tenía una televisión del Estado, sino que la
inmensa de los medios pertenecían a corporaciones financieras, como
explica Checa – Godoy (2012). Lo cierto es que como resalta el
Latinobarómetro (2013: 6), entre 1995 y 2013, se ha producido un
aumento de “más de 10 puntos” de apoyo a la democracia en la
República andina, e incluso la misma fuente, en su página 9, subraya el
“impacto positivo” del triunfo electoral de Rafael Correa. Y en esos
dieciocho años resumidos, hasta un 59% de la población ecuatoriana
se encuentra satisfecha con la democracia, siendo Ecuador el segundo
país latinoamericano en nivel de satisfacción, solo por detrás de
Uruguay (Latinobarómetro, 2013: 36). En términos generales, este
clima de confianza en las acciones gubernamentales ha sido posible,
en parte, gracias a un incentivo progresivo de una comunicación más
145
responsable, en que se promueve una mayor integración de las
distintas naciones que componen al Ecuador36. El estímulo de esos
vectores aparece entre los objetivos esenciales organizados por el
gobierno ecuatoriano en el llamado Plan Nacional del Buen Vivir
(Senplades, 2013). En su objetivo 1, por ejemplo, se establece
consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular, mientras
que el objetivo 4 apuesta por fortalecer las capacidades y potencialidades de la
ciudadanía; ambos objetivos –aunque podríamos haber citado alguno
más– están íntimamente relacionados con el desarrollo de una
comunicación plural y crítica. Quizá por la importancia que tiene la
comunicación en el proceso revolucionario ecuatoriano, el presidente
Correa suele reivindicar constantemente una mayor regulación de ese
ámbito fundamental de la democracia:
“<…> se denunció el ataque brutal que tiene Ecuador
de la prensa corrupta, un poder tan grande, tan ilegítimo
que está atentando contra la democracia. Privatizaron la
libertad de expresión, resulta que la libertad de
expresión es solo de los medios de comunicación, éste
es un derecho de todos los ciudadanos. <…> Mi deber
principal más que dejar carreteras, escuelas, hospitales,
es dejar un país que viva permanentemente en la verdad,
combatiendo a esta prensa corrupta”
(ElComercio.com, 2011, 10 de diciembre).
36
Por ejemplo, en los artículos 35 y 36 de la citada LOC.
146
Este tipo de declaraciones suele ser habitual dentro de los Enlaces
Ciudadanos, unos espacios comunicacionales de la Presidencia de la
República, de unas tres horas de duración, que se emiten los sábados
en las radios y en las cadenas de televisión del Estado; LaRepublica.pe
(2011, 31 de julio) asegura que son “monólogos”, e incluso autores
como Basabe-Serrano y Martínez (2014) los han catalogado dentro de
las herramientas de persecución utilizadas por el Estado. Pero este
formato, que tiene un promedio de ochocientos mil espectadores por
emisión (Andes, 2014, 28 de noviembre), también sirve para rendir
cuentas y activar medidas de transparencia activa, con las cuales
semana a semana la Presidencia de la República contacta a la
ciudadanía sin necesidad de filtrar sus mensajes a través de los
profesionales de la información. Esta posibilidad de dirigirse
abiertamente a la nación, ayuda a comunicar los avances que se van
generando en los diversos ámbitos representativos; no olvidemos que
Ecuador tiene un grave problema al describir los hallazgos que se dan
en ámbitos como el científico, según demostró Barredo (2014) al
comparar
la
gestión
comunicacional
de
dos
instituciones
representativas del país. Por otro lado, Ramos (2012: 66) ha advertido
la presencia de una “cruzada mediática de corte corporativo” en
muchos de los países latinoamericanos –entre ellos, obviamente,
Ecuador– que emprenden reformas estructurales de corte progresista;
desde los Enlaces ciudadanos, según esa perspectiva, Rafael Correa
replicaría a todos aquellos medios que intentan desestabilizar a la
Revolución Ciudadana mediante campañas financiadas por los rivales
147
políticos. El propio presidente recalca este propósito a menudo;
veamos las siguientes declaraciones (el subrayado es nuestro):
“En diario La Hora redactan: “Cada candidato se refuerza a su
modo” donde dicen que hay una concentración de apoyo para el
uno y ayuda para otro. Ponen que es ayuda de otras provincias
para el candidato de la revolución ciudadana, aquí no hará nada
el CNE. Es una prensa deshonesta y corrupta. Mientras haya
esta clase de prensa cada semana habrá enlace ciudadano”
(ElComercio.com, s. f.).
Esta agitación que promueve el presidente configura, para Ramos
(2013: 76), un “activismo estatal”, gracias al cual el Estado
ecuatoriano recupera el protagonismo perdido en las décadas
anteriores. Quizá uno de los mayores problemas del novedoso ámbito
regulatorio comunicacional ecuatoriano es la presencia de lagunas y
deficiencias, motivadas –desde nuestro punto de vista– por la
complejidad y la ambición de las propuestas. Hay muchos aspectos
“de carácter superficial”, en opinión de Ramos y Gómez (2014: 309),
que esquivan una democratización real del paradigma comunicacional
del Ecuador. Pero resultan indudables los esfuerzos del gobierno de
este país por promover una comunicación no necesariamente ligada a
las organizaciones mediáticas convencionales; se busca, sobre todo, la
organización social alrededor de la comunicación comunitaria, como
también la normalización de aspectos –como la “prohibición de
censura previa” (art. 18) o el “derecho a la réplica” (art. 24)
148
propuestos por la LOC– que entran en conflicto con el todo vale
habitual del neoliberalismo informativo. Y para viabilizar estos
impulsos transformadores, se crearon tanto el Consejo de Regulación
y Desarrollo de la Información y Comunicación[CORDICOM], como
la
Superintendencia
de
la
Información
y
Comunicación[SUPERCOM], organismos encargados de vigilar y
asegurar el cumplimiento de la LOC. Una de las mayores críticas que
se le plantea al sistema de medios reconfigurado por los gobiernos de
Correa, es la presencia abrumadora de “actores gubernamentales”
(Ramos y Gómez, 2014: 307) encargados de abordar unos ámbitos tan
sensibles, en detrimento de actores procedentes de esferas como la
académica, la profesional o la civil. En cualquier caso, consideramos
que el debate descrito sucintamente en las páginas anteriores está
todavía en proceso de conclusión, por lo que resulta complicado
definir un semblante exacto. Sin embargo, al calor de unas reformas
históricas que cristalizaron con la entrada en vigor de la LOC en 2013,
creemos que resulta pertinente evaluar las percepciones de dos grupos
de ciudadanos ecuatorianos sobre la credibilidad de los medios de
comunicación, así como anotar los posibles factores (educativos o
etarios) que pueden influir en el desarrollo de esos imaginarios. Son
los anteriores los objetivos principales alrededor de los cuales hemos
trazado este proyecto. Los resultados, en nuestra opinión, permitirán
observar de manera exploratoria hasta qué punto se están
incentivando las capacidades de la ciudadanía, es decir, algunas de las
pautas esenciales contenidas en el Plan Nacional del Buen Vivir.
149
1. Metodología
Se ha propuesto un método exploratorio, con un enfoque basado en
una técnica cuantitativa tan empleada en las Ciencias Sociales, como
explica Ander-Egg (1993), como es la encuesta. Las 20 preguntas que
integraban el cuestionario estaban divididas en tres bloques:
Fig. 1 Bloques temáticos del cuestionario y sus objetivos fundamentales
Contextualización
• Variables vinculadas a la
caracterización del
encuestado
Perfiles de uso
• Variables que
catalogaban los perfiles
de uso de Internet o de
las redes sociales
Proyecto experimental
• Variables que
examinaban las
percepciones íntimas de
los encuestados
Fuente: elaboración propia
A través de estos bloques, buscábamos tanto clasificar aspectos
socioculturales de los encuestados, como sus perfiles de uso de las
redes sociales o de Internet; en las páginas siguientes se ofrecerá
únicamente un extracto de dicha catalogación. Pero quizá la
particularidad más interesante de la encuesta fue un experimento
trazado a partir de las experiencias demoscópicas de Noelle –
Neumann (1995) y replicadas en algunos trabajos posteriores
(Barredo, 2011; 2013c). Este experimento consistió en confrontar a
los encuestados con un diálogo entre dos contertulios; al terminar
dicho debate, las personas que integraron la muestra tenían que
decantarse por una u otra opción. Por último, se escogió un muestreo
no probabilístico, aleatorio y por cuotas. En concreto, nos centramos
en dos entornos urbanos muy representativos del Ecuador: Quito,
capital del país, radicada en Pichincha, donde se encuentra el mayor
número de personas que empleaban computador y teléfonos celulares
150
en 2013 (INEC, s.f.). Y Riobamba, capital de Chimborazo, la décima
provincia del Ecuador en el uso de computadores y la última en el
número de teléfonos celulares activados, según la misma fuente. La
información correspondiente a Riobamba fue levantada durante el
mes de noviembre de 2013 con la colaboración del Grupo de Alto
Rendimiento de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; la de
Quito, en cambio, fue tomada entre los meses de marzo y junio de
2014 con la ayuda de varios cursos de estudiantes de la Facultad de
Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. El principal
problema de los proyectos no financiados –como el presente, el cual
únicamente incluyó los recursos económicos de los propios
investigadores– es tener que enfrentar determinados desafíos, como la
falta de entrenamiento de los encuestadores, la falta de expectativa o
interés por el proyecto, etcétera. En ese sentido, tras tomar las
muestras solicitadas, percibimos algunos problemas vinculados a la
inexperiencia de los encuestadores, y puesto que el muestreo por
cuotas "no contempla la revisita para solucionar el problema de las
ausencias" (Núñez, 2005: 228), observamos una descompensación
parcial de las muestras, lo que menoscaba la equivalencia exigida de
antemano. En cualquier caso, advertimos que los resultados que se
ofrecerán en las páginas siguientes no pueden generalizarse, algo
habitual en los muestreos no probabilísticos (Casal y Mateu, 2003),
aunque sin embargo pueden ofrecer algunas sugerencias sobre el
estado en que se encuentra el objeto de estudio analizado.
151
1.1. Descripción de la muestra
En Riobamba se consiguieron 547 opiniones; en Quito, por el
contrario, se consolidaron 526 opiniones de calidad, es decir, sin
errores de escritura o datos repetidos o faltantes:
Fig. 2 Descripción de los casos analizados
Variable
Riobamba
%
Quito
%
Sexo
Hombres
Mujeres
Educación
Escuela
Secundaria
Licenciatura /
Ingeniería
Maestría
PhD
Ninguno
Otros
No registrados
Residencia
En la capital o en la
provincia
Fuera de la
provincia, pero en
Ecuador
Fuera del Ecuador
No registrado
Edad
5 – 20 años
21 – 35 años
36 – 50 años
51 – 65 años
66 – 80 años
No registrados
547
277
270
547
113
251
130
100
50,6
49,4
100
20,7
45,9
23,9
526
237
289
526
110
196
153
100
45,1
54,9
100
20,9
37,3
29,1
27
2
7
17
0
547
515
4,9
0,4
1,3
3,1
0
100
94,1
18
0
38
11
0
526
515
3,4
0
7,2
2,1
0
100
97,9
27
4,9
11
2,1
5
0
547
108
107
114
108
110
0
0,9
0
100
19,7
19,6
20,8
19,7
20,1
0
0
0
0
0
526
100
104
19,8
135
25,7
93
17,7
103
19,6
91
17,3
0
0
Fuente: elaboración propia
Según puede contemplarse en las columnas de la figura anterior, se ha
demandado una gran equivalencia entre las dos muestras recabadas en
una ciudad y otra, aunque los errores y la precisión y estabilidad
152
exigida a los datos, conllevan una varianza de hasta nueves puntos
porcentuales entre algunos ítems.
2. Resultados
En las zonas urbanas del Ecuador, en 2013, el 47,6% de las personas
se conectaron a Internet, de los cuales el 64% lo hacían a diario
(INEC, s.f.: 14 - 18). En Riobamba, el 69,1% (n=378) de los
encuestados reconocía que se había conectado alguna vez a Internet,
de los cuales el 65,6% (n=248) lo hacía prácticamente a diario; y, en
ese sentido, el 90,5% (n=342) de las personas que se conectaban a
Internet afirmaban que la red era importante o más o menos
importante en relación con sus vidas. En Quito, el 89,7% (n=472) de
las personas encuestadas reconocían que se conectaban a Internet, de
los cuales el 49,8% (n=262) lo hacía prácticamente a diario; asimismo,
el 72,2% (n=380) aseguraba que la red era importante o más o menos
importante en relación con sus vidas. Pero a pesar de las diferencias
en cuanto al uso de las conexiones a Internet, observamos una
sorprendente homogeneidad entre las opiniones de las dos muestras
dentro del experimento que planteamos para averiguar las
percepciones íntimas sobre la credibilidad de los medios:
153
Fig. 3 La credibilidad en los medios o en las redes sociales, según los encuestados en
Riobamba y Quito (2013 - 14)
Riobamba
Quito
Las redes sociales me
27,1%
30,8%
interesan más que los
medios de comunicación
tradicionales. No confío
en los periodistas.
Yo, para informarme,
72,9%
69,2%
prefiero los medios de
comunicación
tradicionales. Las redes
sociales no me parecen
fiables.
Fuente: elaboración propia
Alrededor de un tercio de las personas consultadas, según muestra la
figura 3, preferían acudir a las redes sociales para informarse, tanto en
Quito, como en Riobamba. En otro estudio a nivel nacional se
determinó que solo el 55% de los ecuatorianos mantenía su confianza
en los medios de comunicación (Andes, 2014, 29 de septiembre). Al
examinar a las personas que marcaron la opción favorable a las redes
sociales, anotamos la importancia de un importante factor como la
edad de los encuestados:
154
Fig. 4 La credibilidad (en %) en las redes sociales por estratos etarios, según los
encuestados en Riobamba y Quito (2013 - 14)
Las redes sociales me interesan más que los medios de comunicación tradicionales.
No confío en de los periodistas.
100%
90%
80%
5,6
10,8
10,5
18,9
13
70%
60%
66 - 80 años
25,7
38,3
50%
36 - 50 años
40%
30%
21 - 35 años
21,6
5 - 20 años
20%
10%
51 - 65 años
32,7
23
0%
Riobamba
Quito
Fuente: elaboración propia
Los mayores porcentajes –más pronunciados en el caso de Quito– se
registraron en esos estratos poblacionales que, por cuestiones de edad,
tenían un mayor manejo de la conexión a la red. Pero también
encontramos que un estrato adaptado a las rutinas del ciberespacio –
las personas que contaban entre 36 y 50 años–, en el caso de
Riobamba era el que menos confiaba en los medios de comunicación.
Por otra parte, también deseábamos observar si la falta de confianza
en los medios de comunicación estaba vinculado al nivel de estudios
de los encuestados:
155
Fig. 5 La credibilidad (en %) en las redes sociales por estratos educativos, según los
encuestados en Riobamba y Quito (2013 - 14)
Las redes sociales me interesan más que los medios de comunicación tradicionales.
No confío en de los periodistas.
100%
90%
80%
0,7
4,7 4,1
0 8,6
4,3
31,8
70%
Ninguno
30,9
60%
PhD
50%
40%
Maestría
39,9
35,8
30%
Licenciatura / Ingeniería
Secundaria
20%
10%
Otros
Escuela
18,9
18,5
0%
Riobamba
Quito
Fuente: elaboración propia
Si se observa la figura anterior, la mayor credibilidad otorgada a las
redes sociales frente a los medios de comunicación aparecía en
personas que tenían estudios de secundaria o licenciatura, dos de los
principales estratos educativos del Ecuador.
Pero a pesar de que un tercio de los ciudadanos otorgaban una mayor
credibilidad a las redes sociales, en Riobamba, el 60% (n=328) de los
encuestados reconocía que se había conectado alguna vez a las redes,
de los cuales el 53% (n=174) lo hacía prácticamente a diario; y, en ese
sentido, el 81,4% (n=267) de las personas que se conectaban a las
redes sociales, afirmaban que éstas eran importantes o más o menos
importantes en relación con sus vidas. En Quito, por su parte, el 80%
156
(n=421) de los encuestados aseguraron que se habían conectado
alguna vez a las redes sociales, de los cuales el 37,7% (n=343) lo hacía
prácticamente a diario; unas seis de cada diez personas que se
conectaban a las redes –el 58% (n=305)– afirmaban que las redes eran
importantes o más o menos importantes en relación con sus vidas.
Si atendemos al consumo frecuente o muy frecuente de los medios de
comunicación en las localidades estudiadas, anotamos unas
coincidencias estructurales muy significativas, dentro de las cuales en
primer lugar se encontraban los medios nacionales no digitales,
seguidos por los medios locales no digitales:
Fig. 6 Consumo frecuente o muy frecuente (en %) de medios, según los encuestados en
Riobamba y Quito (2013 - 14)
13,5
13,9
Blogs, foros y otros portales web
22,8
15,2
Medios digitales locales
42,6
43,3
Medios locales no digitales
Quito
37,3
Redes sociales
Riobamba
26,7
28,7
27,1
Medios digitales nacionales
62,4
Medios nacionales no digitales
73
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Fuente: elaboración propia
El número de usuarios que frecuentaban las redes sociales para
informarse era superior en Quito que en Riobamba, aunque en la
figura 6 puede anotarse una escasa distancia porcentual entre los
157
consumidores frecuentes o muy frecuentes de medios digitales
nacionales o de blogs, foros y otros portales web.
Nuevamente, como en el caso de la credibilidad, la influencia de las
edades de los encuestados impactaba en la creación de tendencias
dentro de los grupos:
Fig. 7 Consumo frecuente o muy frecuente (en %) de medios desagregado por edades,
según los encuestados en Riobamba y Quito (2013 - 14)
20
17,3
18
16
16,2 16
14,4
14
12,2
12
11
10,2 9,7
9,9
10
8,2
21 - 35 años
8
8
6,9
6,2 6,4
6
4,6
4
2
5 - 20 años
1,6
36 - 50 años
6,4
5,5
51 - 65 años
5,1
4,4
3,5
3,5
66 - 80 años
3,5
1,5 1,6
0,9
2,6
2,6 2,2
0,2
0
Medios
Medios
Redes
nacionales digitales
sociales
no digitales nacionales
Medios
locales no
digitales
Medios
digitales
locales
Blogs,
foros y
otros
portales
web
Fuente: elaboración propia
El primer grupo, integrado por personas de menores edades,
frecuentaba sobre todo las plataformas digitales, mientras que un
segundo grupo, de edades más avanzadas, prefería consumir medios
de comunicación convencionales.
158
3. Conclusiones
En general, según ha podido percibirse en las páginas anteriores,
hemos observado una corriente social crítica con los contenidos que
producen los medios de comunicación convencionales; en ese
sentido, casi un tercio de los ciudadanos encuestados aseguraban que
las redes sociales les parecían unos canales más confiables que los
medios de comunicación. Dicha falta de confianza estaba
fundamentalmente marcada por variables como la edad o la educación
de los encuestados, pero también hemos anotado otro tipo de
factores vinculados sobre todo a la realidad comunicacional que se
está fraguando en el país andino. La constante pérdida de credibilidad
de los medios ecuatorianos tiene que contextualizarse en un
emplazamiento que asiste a su segundo Plan Nacional del Buen Vivir,
dentro de cuyos objetivos estratégicos se ha erigido -como
explicábamos en las páginas anteriores- el fortalecimiento de las
capacidades críticas de la ciudadanía. Una mayor formación colectiva
equivale a una ciudadanía más crítica con los mensajes que difunden
los gestores simbólicos. Pero detrás de esa progresiva falta de
confianza en la intermediación, hay que situar también a la activación
del Estado ecuatoriano (Ramos, 2013), con la anulación parcial de los
intermediarios profesionales con el fin de interactuar abiertamente
con la sociedad, y las continuas campañas de desprestigio orquestadas
desde la Presidencia de la República contra los mensajes originados
dentro de las organizaciones periodísticas. Pero a pesar de esta
corriente que desconfiaba de los medios convencionales, esos mismos
159
medios seguían siendo responsables de la formación y la difusión,
según reconocía la mayor parte de los encuestados.
Quizá el mayor inconveniente de este estudio es la imposibilidad de
generalizar los resultados; sin embargo, consideramos que las ideas
contenidas en las páginas anteriores pueden servir de gran ayuda para
reconstruir parte de la situación de la comunicación ecuatoriana meses
después de la aprobación de la LOC. Aún están por ver los efectos
que tendrá esta ley en el imaginario de los ecuatorianos. En futuros
estudios, será interesante afianzar los resultados mostrados, y analizar
en qué medida influye la LOC en el desarrollo de una comunicación
mediada más rigurosa y confiable, entre otras líneas.
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165
Agradecimientos
Los autores agradecen expresamente al Proyecto Prometeo de la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
de la República del Ecuador, así como a la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, al CIESPAL y a la Universidad Central
del Ecuador, por prestar indirectamente fondos para realizar este
proyecto. Asimismo, sus resultados fueron presentados en el marco
del VI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social,
celebrado en Tenerife (España) en el mes de diciembre de 2014 bajo
el título La crisis del periodismo ecuatoriano: algunas reflexiones a partir de una
encuesta en Riobamba y Quito (2013 – 14).
166
CAPÍTULO V: El periodismo cultural: análisis de
un subcampo periodístico en el contexto del
periodismo de investigación
Pamela Cruz37. Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador
Introducción
Este capítulo tiene por objeto explicar cómo el periodismo cultural es
un campo específico dentro del campo general del periodismo, en
términos de Pierre Bourdieu, desde el cual se puede ejercer la
investigación. Si bien hay una escasa producción de conocimiento
alrededor del periodismo cultural en América Latina, un análisis a los
contenidos de un grupo de medios de comunicación de Ecuador
evidencia que lo cultural es un tema de interés público, como lo son la
economía o la política, que, no obstante, se ha limitado a relatos
coyunturales que reducen la cultura a lo estético, con esporádicas
37
Ecuatoriana, periodista e investigadora, coordinadora de la carrera de Periodismo de la
Universidad Tecnológica Equinoccial. Escribió este artículo cuando ejercía como
coordinadora del Centro Editorial y Documentación del CIESPAL. Email:
lipj555@gmail.com
167
incursiones a lo popular, la memoria o el patrimonio. En esa
dinámica, están involucrados tanto las industrias mediáticas,
incluyendo los reporteros, como el público y los gestores de cultura.
Desde la perspectiva del periodismo de investigación, que se
diferencia de la investigación como instrumento del quehacer
periodístico porque requiere de contextualizaciones y explicaciones, se
propone un periodismo cultural con nuevas preocupaciones, más que
recetas: la indagación de los diálogos culturales que se están
produciendo, sus actores e intereses, y la difusión de productos
integrales en los cuales los actores culturales sean los narradores de
sus propios relatos.
1. El punto de partida: el periodismo de investigación como
especialidad periodística
Según George Brock, ex editor ejecutivo The Times de Londres, cuatro
son las actividades que conforman la esencia del periodismo: la
verificación, la lógica, el registro de los testimonios presenciales y la
investigación (Dinges, 2013).
En este artículo, me centraré en la última de esas actividades porque
considero que la investigación es una oportunidad para formar
periodistas especializados.
Como lo sostiene José Manuel de Pablos, catedrático de la
Universidad de La Laguna (Tenerife), el investigar está íntimamente
unido al periodismo. Es su esencia misma porque permite conseguir
los datos que darán forma a una noticia, un informe o un reportaje.
168
Es decir, por medio de la investigación se tiene un periodismo bien
hecho.
Con esta postura, coincide, por ejemplo, Gabriel García Márquez,
periodista y ex Premio Nobel de Literatura (1982), quien ha afirmado
que uno de los pilares de la formación periodística universitaria es que
“el periodismo debe ser investigativo por definición” (El País, 20-1096 en Caminos, 1997:13). Esta postura plantea que periodismo más
investigación es una redundancia, como decir: avión para volar o
barco para navegar (Ayala, 2010: 86).
Sin embargo, el punto de partida que planteo es ir más allá de la
investigación
como
instrumento
del
quehacer
periodístico,
situándonos en la investigación como especialidad periodística. ¿La
razón? Indagar un tema requiere de un proceso por medio del cual se
contextualiza un hecho o una tendencia, se lo explica, se descubren
sus causas y sus consecuencias.
Desde esa ubicación, no solo puedo referirme a la práctica del
periodismo de investigación sino a cómo el periodismo cultural se
constituye en un campo específico del campo general del periodismo,
en términos de Pierre Bourdieu, desde donde ejercer la investigación
como especialidad. De hecho, este es el objetivo de este documento.
Si bien el periodismo de investigación ha sido fuertemente
relacionado como una práctica exclusiva de los reporteros de las
secciones de política y economía, porque se ha centrado en develar
temas relacionados con la corrupción política y la gestión pública,
debemos reconocer que el ámbito del periodismo de investigación no
169
se limita a esas dos secciones, ni a las llamadas “secciones fuertes” de
un medio de comunicación.
Esta idea pongo sobre la mesa, a pesar de que es muy común ubicar
en los libros y artículos sobre periodismo de investigación un
recuento de casos investigativos sobre la corrupción política,
empezando por el caso Watergate que en junio de 2013 pasado
cumplió 41 años desde que el periódico Washington Post inició una
investigación que terminó con la renuncia del presidente Richard
Nixon.
Como lo señala José Caminos, considero que:
los textos de investigación aparecen publicados en cualquier
sección del diario, y esto es así porque la investigación
periodística abarca todas las áreas de la información: política,
económica, social, cultural, deportiva… Su ubicación, por tanto,
está siempre condicionada por el tema que aborda (1997:21).
Un tema trabajado desde el periodismo de investigación, entonces, es
distinto a una nota del día no solo por el factor tiempo. Es decir, el
par de horas con las que cuenta un reportero para conseguir la
información, redactar los datos y registrarlos en una maqueta de
diseño para periódicos o armarlo audiovisualmente para un medio
radial, televisivo o el Internet.
Se constituye en un tema del periodismo de investigación porque su
objetivo es profundizar en un asunto de interés social, no solo de
carácter público sino también privado, que no era tan evidente para la
sociedad en general.
170
Por medio de datos que se han obtenido de fuentes propias y
contrastadas, el periodista investigativo es quien presenta una
adecuada complementación de textos, imágenes y/o audios,
contribuyendo al establecimiento sistemático de la verdad de lo que
pasa en la sociedad, como lo dice el periodista Brock, del The Times. Y
esto es válido para cualquier campo periodístico específico, como lo
es el periodismo cultural.
2. Cartografía del periodismo cultural
Para cumplir con el objetivo de este artículo que está relacionado con
la explicación de cómo el periodismo cultural es un campo específico
dentro del campo general del periodismo desde el cual se puede
ejercer la investigación, es preciso hacer algunos trazos, a manera de
un mapa o una cartografía, que nos orienten sobre la cultura, las
demandas informativas que genera, la oferta periodística que existe y
lo que debería ofrecerse (Cfr. Abad, 2012: 207).
Siguiendo la propuesta del teórico francés Pierre Bourdieu, el trabajo
de los periodistas
responde a una lógica cuyas características lo
configuran como un microcosmos particular, lo que se conoce como
campo, dentro de un cosmos social (Bourdieu y Wacquant, 2005:150).
En ese campo, que se ha ido estructurando históricamente,38 hay
actores que ponen en juego estrategias para conservar o incrementar
su capital o la posición que han alcanzado en ese campo. Siguiendo la
38
Históricamente, los medios de comunicación y, específicamente, los periódicos nacieron en
el sistema capitalista de la mano de las personas reunidas en la esfera de la publicidad
burguesa que se apropiaron de la publicidad reglamentada desde arriba (Estado e iglesia), para
concertar, a través del raciocinio (discusión, debate), la regulación de la sociedad civil
(Habermas, 1994).
171
lógica de Bourdieu, estaría en juego, por ejemplo, el reconocimiento
de un periodista por parte de sus colegas o por parte de sus lectores,
oyentes o televidentes.
Al igual que otros campos específicos del periodismo, como el
político o el judicial, el periodismo cultural se ocupa de temas de
interés público, caracterizándose porque privilegia la información de
la producción, circulación y consumo de productos simbólicos o de
sentidos.
Sin embargo, el periodismo cultural puede considerarse un actor en
desventaja dentro del periodismo porque no ha logrado el mismo
espacio y la misma importancia que otras áreas informativas
(2012:207).
Para ejemplificar esto, debo señalar que en la investigación El
periodismo cultural en los medios ecuatorianos, desarrollada en 2010 por
Ciespal con el aval del Ministerio Coordinador de Patrimonio, se
observó que en seis periódicos ecuatorianos con cobertura nacional el
espacio destinado a las notas culturales no era el mismo de lunes a
viernes y en fines de semana.
En los días laborables, su extensión dependió mucho de la publicidad
que ingresó en las páginas, mientras que en sábados y en domingos
tuvo más espacio porque el número de notas de los “temas duros”
fue, en general, reducido. En ese sentido, una de las conclusiones a las
cuales se llegó es que lo cultural es una información ornamental de la
prensa.
Alrededor de esa situación, Pierre Bourdieu reconoce dos criterios
según los cuales se jerarquiza la información que se procesa en un
172
medio de comunicación: el mercado y la disyuntiva entre un polo
cultural y uno comercial (Cruz y Rosero, 2012: 43). Sobre esas fuerzas
puestas en juego, el sociólogo francés dice:
Como en el campo literario, en el periodístico la jerarquía según
el criterio externo, el éxito de ventas, es prácticamente la inversa
de la jerarquía según el criterio interno, la “seriedad” periodística.
Y la complejidad de esta distribución según una estructura de
enlaces múltiples (que también es la de los campos literario,
artístico o jurídico), se ve incrementada por el hecho de que nos
volvemos a encontrar en el seno de cada medio de comunicación
con la oposición entre un polo “cultural” y un polo “comercial”
que organiza el conjunto del campo, de modo que nos hallamos
ante una serie de estructuras imbricadas (Bourdieu: 1995:96).
A partir de esa cita, podría decirse, entonces, que el carácter mercantil
cruza las construcciones de sentido que sobre cultura produce el
periodismo cultural. Y por ello, quizá, los reporteros culturales están
apostando más por el desarrollo de prácticas relacionadas con lo
cotidiano, lo coyuntural, más que a la investigación o la
profundización de narrativas sobre las transformaciones culturales
que se están dando hoy en día.
Por coyuntura, entiendo ese criterio noticiable que privilegia el
seguimiento puramente fáctico de los acontecimientos culturales, y en
general de los acontecimientos mediáticos, para producir un
despliegue informativo breve. Lo coyuntural es, entonces, contrario a
un acercamiento profundo de los temas que rondan el ámbito cultural
173
y que permanecen en él como potenciales disparadores de debate y
reflexión (Cruz y Rosero, 2012: 39).
Retomando los resultados de la investigación El periodismo cultural en los
medios ecuatorianos, los temas culturales tienen presencia permanente en
la agenda informativa de prensa y televisión; no obstante, los temas
que más publicaciones presentan son los que tienen relación con el
cine, los espectáculos y las actividades de la agenda cultural.
Por fuera, en cambio, se están dejando un catálogo de actos y
expresiones culturales que no necesariamente tienen que ver con las
industrias culturales (Hollywood, Team Producciones), los museos o
las galerías de arte.
Otro indicador de que el periodismo cultural está privilegiando el
seguimiento puramente fáctico o inmediato de los acontecimientos
culturales, produciendo un despliegue breve y una enunciación
parcializada, son los géneros periodísticos que está utilizando.
Según esa misma investigación, las notas culturales más frecuentes
correspondieron al género informativo - 85% en prensa y el 65% en
televisión, siendo las noticias las que más se difundieron; luego,
estuvieron los cortos, las notas breves y los perfiles.
Estos datos no son solo una evidencia de un problema de tratamiento
periodístico, sino de una concepción de lo que es el periodismo
cultural (Cfr. Abad, 2012: 209) y su potencial para ser un espacio
desde el cual se ejerza el periodismo de investigación.
174
3. Las preocupaciones del periodismo cultural
El primero de los intereses del periodismo cultural es, obviamente, la
cultura. Para la Antropología, este es su concepto central. Y a ello se
ha llegado a través de la etnografía, que define y vigila las fronteras del
oficio del antropólogo (Cfr. Gupta y Ferguson, 1997).
A lo largo del tiempo, las ideas sobre la cultura han ido cambiado; por
ejemplo, Cliford Geertz (2001) propuso que se la trate como un texto
con significados mientras James Clifford (2001) sostuvo que no se
puede concebir la diversidad humana como algo inscrito en culturas
cerradas e independientes sino en algo multívoco donde se construye
la otredad. El lugar desde donde hablar y desde donde leer a la cultura
globalizada es la desterritorialización, según Arjun Appadurai. Esa
desterritorialización está asociada a las transformaciones tecnológicas,
financieras y, principalmente, mediáticas y migratorias que no
implican la desaparición de las coordenadas de ubicación y
localización geográficas.
En esa diversidad de propuestas, la cultura puede definirse como “un
modo de hacer y producir, un modo de pensar y sentir y un modo de
sentir y narrar” (Abad, 2010). En ese concepto, hay dos componentes:
a) los aspectos prácticos, que están ligados a lo cotidiano y b) los
aspectos imaginarios, que están relacionados con jugar, reír, soñar.
Pero, ¿qué cultura es la que está narrando el periodismo cultural en
América Latina y en Ecuador?
Si hacemos una revisión histórica de la práctica del periodismo
cultural, concluiremos que este campo específico del periodismo se ha
175
enfrentado a la disyuntiva de qué aspectos de los reconocidos como
culturales se deben cubrir.
Eso le llevó, por un lado, a ajustarse a la concepción ilustrada de las
manifestaciones artísticas y culturales, restringiendo su labor al ámbito
de las “bellas artes” (artes escénicas, plástica, música y literatura).
Desde ahí, se promovía un modelo de cultura erudita, dando cuenta
de las aspiraciones de poder de determinados grupos sociales (Rivera,
1995: 15). Esto sigue vigente, reforzando así la dicotomía
culto/popular que presenta una relación de dominación: lo culto es el
sujeto que define y lo popular es el objeto de la definición (Cfr.
Passeron y Grignon, 1978).
En la investigación citada anteriormente, el 29% de las notas de
prensa y un 21% de las notas de televisión estuvieron relacionadas
con representaciones de “bellas artes” o la “cultura de élite”.
A partir de la expansión de las perspectivas de la antropología
cultural, el radio de enfoque del periodismo cultural se amplió.
Siguiendo la propuesta de E.B. Taylor, la cultura se entendió como un
conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral,
ley, costumbres y hábitos sociales.
Sin embargo, el periodismo cultural que acuñó esta manera de ver la
cultura y amplió las prácticas de cobertura, fue criticado de inclinarse
hacia la vulgarización o divulgación masiva e indiscriminada de una
cultura general y difusa.
Con el tiempo, la práctica del periodismo cultural se dirigió a la
perspectiva más aglutinadora y diversa, en una muestra de interés por
aprehender lo extenso y lo heterogéneo del tejido social. Lo que
176
García Canclini llamaría “culturas híbridas” en América Latina, es
decir esos cruces de las herencias indígenas y coloniales con el arte
contemporáneo y las culturas electrónicas.
Pese a esa tendencia, la expansión de la cultura – en sus dimensiones
culta, masiva y popular- no ocurre del mismo modo en las distintas
secciones mediáticas. Aunque hay pocos estudios empíricos alrededor
del periodismo cultural, uno de García Canclini (2000) en periódicos
mexicanos evidenció que lo local, lo nacional y lo global se organiza
de modos diversos en distintos campos culturales. Por ejemplo, lo
global se limita a los espacios de espectáculos, mientras lo nacional y
lo local va en las secciones etiquetadas como “cultura”, donde hay
más espacio para los bienes de la “alta cultura”.
Trayendo a colación los resultados del estudio El periodismo cultural en
los medios ecuatorianos, las representaciones de cultura en la prensa
registraron un 53% de notas que correspondió a actividades culturales
mediadas por la tecnología. En el caso de la televisión, un 41% de las
notas estuvo relacionado con esa “cultura masiva”, es decir, cine
industrial, best sellers, conciertos, shows, producción de videojuegos.
A partir de esos datos, se concluye que ese énfasis de la prensa
ecuatoriana en la cultura mediada por la tecnología podría trasladar
una imagen sesgada de lo que es la cultura y se hace un llamado de
atención para que quienes producen los contenidos culturales ensayen
proyectos claros de lo que se busca que sea este complejo subcampo
del periodismo.
En esa misma línea de llamados de atención, Gustavo Abad (2013)
plantea que el periodismo cultural debe mirar al espacio virtual que ha
177
potenciado las posibilidades de que cada individuo se constituya en
una fuente de discursos artísticos y culturales, como creador o crítico,
consumidor o promotor, ejecutante o espectador.
De allí que este periodista y académico ecuatoriano enfatice en que “el
periodismo cultural tiene que replantear su trabajo de mediación, que
no es otra cosa que la intervención intencional y consciente entre los
hechos y los significados” (2012: 212). En ese replanteamiento, se
proponen como líneas de trabajo: a) la identificación de nuevas voces
que estén fuera de la institucionalidad y los escenarios tradicionales
(instituciones públicas de cultura, museos, colectivos artísticos); b) la
investigación de qué tipo de diálogos culturales se producen en la
sociedad, entre qué actores y con qué intereses (Por ejemplo, qué
beneficios obtienen los creadores de música electrónica de los avances
del software libre), y c) el diseño de espacios de participación de esos
nuevos actores en el proceso informativo, como narradores de su
propia condición.
Considero que esas líneas de trabajo pueden contribuir a que los
espacios que ocupa el periodismo cultural en los medios de
comunicación deje de ser esa sección donde “cabe todo y nada al
mismo tiempo”. Es decir, todos los géneros periodísticos (notas de
hechos culturales en forma de reportajes, entrevistas, crónicas,
comentarios y cortos), las manifestaciones típicas de estilo ameno
(cuentos, novelas, chistes, fotografías, crucigramas, pasatiempos) y las
críticas de arte, de cine, de televisión…
178
4. Nuevas preocupaciones para el periodismo cultural
De lo que se ha dicho hasta el momento, queda claro, entonces, que el
periodismo cultural es un campo periodístico complejo en el cual los
actores-periodistas no pueden limitarse al conteo de los libros
publicados en un año o las películas estrenadas en el último mes.
Tampoco, pueden ceñirse a solo lo “estético”, “lo culto”, “lo
popular” o “lo masivo”.
No es un campo en el cual no se pueda visibilizar la fina línea que
separa entre la información y la interpretación; es decir, el periodismo
cultural se ha movido principalmente entre la reseña informativa y la
crítica. Esta última entendida únicamente como la posibilidad para
emitir juicios de valor bipolares: bonito – feo, bueno – malo, bien
trabajado – mal trabajado.
La tarea del periodismo cultural no está en concentrarse en una
producción simbólica, sino en lo que está detrás de ella: líneas de
pensamiento (por ejemplo, en la historia de la literatura ecuatoriana, la
creación dramatúrgica o el patrimonio material e inmaterial).
En pocas palabras, el periodismo cultural debe dar cuenta de las
características de una determinada producción simbólica y, a partir de
ellas, propiciar una reflexión para entender en qué circunstancia
histórica se dio, por qué razones y cuáles son sus implicaciones.
Lo que Gustavo Abad, basándose en el planteamiento en el libro
Cuestión de énfasis de Sontag, plantea: un periodismo cultural habilitado
para “hacer cruces, encontrar las relaciones y proponer una manera de
entender los acontecimientos culturales en su dimensión histórica y
política” (2012: 216).
179
En ese escenario, el campo específico del periodismo cultural requiere
de actores-reporteros que proyecten de un modo intencional, y no
reactivo, los discursos informativos sobre la cultura que no son
evidentes para la sociedad.
Aquí, entonces, queda claramente explicitado un cruce del periodismo
cultural con el periodismo de investigación, entendido como:
la reportería que se realiza a través de la iniciativa y trabajo del
periodista, sobre asuntos de importancia que alguna persona u
organización desean mantener en secreto (Robert Greene,
fundador
de
la
Asociación
de
Reporteros
y
Editores
Investigativos).
A continuación, me referiré a otros puntos de encuentro entre el
periodismo cultural y el periodismo de investigación. También, me
referiré a los retos que el periodismo de investigación le presenta al
periodismo cultural.
5. El periodismo cultural en el contexto del periodismo de
investigación
La determinada actitud del actor-reportero cultural, que se plantea
como necesaria en ese campo específico del periodismo, es una de
las entradas para relacionar al periodismo cultural con el periodismo
de investigación.
Este último, como especialidad periodística, requiere de reporteros
que entiendan que la base de un trabajo periodístico bien hecho no
está en los datos o hechos noticiables, sino en la manera en cómo
se abordan los mismos, procurando de-construir su complejidad
180
por medio de su contextualización histórica y profundización de las
relaciones que están inmersas en ellos.
Un segundo cruce está en la búsqueda de nuevas voces que están
fuera de la institucionalidad y los escenarios tradicionales de lo
cultural. En el periodismo de investigación, es un periodismo que
no se apoya en las fuentes de información oficiales (Caminos, 1997:
24). El periodista es quien busca fuentes diversas que proporcionen
información que pueda contrastarse con lo que se dice desde la
institucionalidad o esos escenarios cotidianos.
En cuanto a los retos que se plantea desde el periodismo de
investigación al periodismo cultural, están: la agenda informativa, la
formulación de las preguntas que están detrás de una producción
cultural y la mirada periodística.
Sobre la agenda informativa, el periodista investigador tiene una
agenda paralela a la que cubre lo cotidiano, lo coyuntural. Es una
composición trabajada en cuanto a temas de su propia iniciativa que
no, necesariamente, requieren de las fuentes oficiales para ser
desarrollados y sí de fuentes que aporten con datos importantes
para un trabajo contextualizado.
Para el periodismo cultural, eso implica que no solo se tenga una
agenda por medio de la cual se informe sino por medio de la cual se
medie. Es decir, se registren hechos y se busquen sus significados
en un contexto determinado (Abad, 2012: 223). La mediación es un
proceso que requiere de formularse inquietudes, la aplicación de
observación y recogida de datos, la sistematización y evaluación de
181
los mismos. Estos pasos son parte del proceso que sigue el
periodismo de investigación, desde la pesquisa hasta la publicación.
Para Abad, la agenda en el periodismo cultural es:
el punto de partida para llevar a la práctica el registro de las
demanda culturales y la búsqueda de respuestas tanto de la
institucionalidad estatal como del conjunto de las instituciones y
de los sectores sociales (2012: 223).
En la reconstrucción de la agenda, se requiere que el periodista
seleccione
entre
todos
los
hechos
relacionados
con
las
producciones culturales aquellos a partir de los cuales se pueden
hacer narraciones periodísticas que contribuyan a la reflexión crítica
de lo que está sucediendo.
Para la selección de los hechos de producciones simbólicas, el
actor-reportero debe preguntarse más allá de lo cuantitativo; por
ejemplo, sobre ¿qué ha pasado con las personas o instituciones
involucradas durante un corte de tiempo temporal? ¿Qué rol
cumplen las políticas públicas y el marco constitucional vigente en
un
determinado
hecho
cultural,
como
la
producción
cinematográfica? ¿A qué responde el auge o la decadencia de un
determinado hecho cultural?
Del estudio realizado por Ciespal, con el aval del Ministerio
Coordinador de Patrimonio, se observó que hay temas culturales
que están, prácticamente, excluidos de la agenda informativa del
periodismo cultural. Sobre ellos, vale la pena el empezar a generar
interrogantes.
182
Entre esos temas están, por ejemplo, el patrimonio, la memoria o el
tráfico de bienes patrimoniales. Sobre el patrimonio, muy poco se
conoce por los medios de comunicación que es un activo que
transcurre en el tiempo y que está relacionado con la herencia de los
padres y de la naturaleza, y lo que queremos heredar a nuestros
hijos y a las generaciones futuras. Es muy limitada la información
que se tiene de su valor simbólico (lo que representa en el presente)
o el marco legal que lo protege.39
Una agenda bien estructurada permite una mirada periodística más
crítica. En ese sentido, se espera que el actor –reportero se ubique
en una posición determinada (explicar, promover la reflexión,
denunciar) y desde ahí empiece por evidenciar esas relaciones que
se dan alrededor de una producción cultural, jerarquizando lo
nuevo sobre la información agotada, desechando los lugares
comunes y los estereotipos.
Por ejemplo, una posición crítica sobre el Centro Histórico de
Quito trabajaría porque se considere a ese espacio no solo como el
relicario del arte religioso nacional sino que, desde las últimas
administraciones de los alcaldes, es un espacio que está siendo reurbanizado o re-conolizado por personas de gran poder adquisitivo,
dando paso a la creación de hoteles cinco estrellas.
Ensayar esas nuevas miradas, profundizadas y contextualizadas, es
otro punto de unión entre el periodismo cultural y el periodismo de
investigación.
39
En el caso de la Sierra Centro, por ejemplo, el patrimonio material, como las iglesias,
cuenta con protección constitucional porque la protección del patrimonio es un principio
fundamental para el Estado y es un objetivo del Régimen de Desarrollo.
183
6. Las oportunidades legales para un periodismo cultural
de investigación
En el periodismo de investigación, las referencias sobre los límites
al ejercicio de esa especialidad periodística son frecuentes. Se habla,
por ejemplo, de límites económicos, del propio medio de
comunicación y legales.
Con la Ley Orgánica de Comunicación, considero que, más que
límites o dificultades para la investigación, hay un reconocimiento a
la investigación como parte de los derechos laborales de las y los
trabajadores de la comunicación.
En el artículo 44 de ese articulado, numeral 4, se señala que los
comunicadores tienen derecho a:
A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar
investigación en el campo de la comunicación, necesarios para el
ejercicio de sus funciones (2013).
A mi criterio, esta sección legal es significativa porque establece una
obligación para que las industrias mediáticas destinen personal y
dinero para la realización de investigaciones. Y abre la oportunidad
para la institucionalización de unidades de investigación que
trabajen en la diversidad de temas sobre los cuales ya me había
referido antes.
Desde el periodismo cultural de investigación, considero que se
puede contribuir a disminuir los ataques contra la prensa que, en
muchas ocasiones con razón, ha sido criticada porque muchos de
184
los medios de comunicación se han convertido en herramientas de
intereses privados, tanto políticos como económicos.
Estoy segura que desde este campo en un contexto de periodismo
de investigación no solo se pueden difundir hechos confiables y
contrastados sobre producciones culturales y simbólicas, sino que
se puede contribuir a una reflexión crítica sobre lo que está
aconteciendo en los distintos ámbitos de la cultura actual.
Referencias bibliográficas
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campo en movimiento”. En
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medios ecuatorianos.
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__________ (2010) Reporteros: cultura periodística, censura y autocensura.
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investigación. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales,
sede
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investigación. Semejanzas y diferencias”. En Revista Chasqui
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España:
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Quito: Editorial Quipus – Ciespal.
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sustancia. Las cinco “p” del
Periodismo de Investigación. En Revista Mexicana de
Comunicación (2004). México D.F. Págs. 30-36.
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gobiernos para el beneficio de la democracia: reflexiones
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La Piqueta.
Rivera, Jorge (1995) El periodismo cultural. Argentina: Paidós SAICF.
187
188
CAPÍTULO VI: Algunos problemas de la
comunicación institucional digital. Un estudio de
las instituciones educativas más prestigiosas del
Ecuador
Daniel Barredo Ibáñez. Universidad de las Américas, Ecuador
Jenny Basantes. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador
Ernesto Bonilla. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador
Juan Pablo Trámpuz. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador
Silvia Vega. Universidad de Cádiz, España
Introducción
Internet estimula a las instituciones la posibilidad de contactar a sus
públicos estratégicos sin filtrado o intermediación, siempre y cuando
se optimicen las oportunidades sugeridas por las TICs. Pero el
aprovechamiento de los canales exteriores digitales depende
enormemente de factores contextuales, como la tasa de conexión a
Internet o algunos factores de carácter sociocultural, como el grado
de interacción y transparencia. En ese sentido, en este capítulo
estudiamos la gestión externa de las redes sociales de las instituciones
189
educativas más prestigiosas del Ecuador. Los resultados señalan una
gestión deficiente o infrautilización en algunos de esos centros, como
también un enorme potencial para crear comunidades de usuarios
alrededor de las organizaciones ecuatorianas.
1. Internet, el nuevo paradigma
A nivel mundial se está produciendo un “cambio de paradigma” (en
Barredo, Oller y Buenaventura, 2013: 79), el cual establece nuevas
formas de aproximación social. El puesto referencial que ocupaba la
televisión desde el punto de vista mediático, progresivamente, queda
relegado a un segundo plano en favor de Internet, como avistara Bucy
(2003) hace ya una década. Desde su nacimiento, la ciberesfera
destaca por las enormes posibilidades plásticas mencionadas por Micó
y Masip (2008), las cuales fusionan o integran en el lenguaje
multimedia determinadas soluciones que anteriormente aparecían
aisladas en cada uno de los medios. Así, la multimedialidad resulta en
una mayor pluralidad informativa (Carpenter, 2010), el usuario recibe
la oportunidad de adentrarse en una mayor variedad de recursos, y se
produce una mayor flexibilidad general en los contenidos (Sundar,
2000).
La red, para el usuario, no solo ofrece ventajas, sino que hay
determinadas problemáticas asociadas a su emergencia, como una
relativa ausencia de representatividad social en determinados
contextos, un desequilibrio regional o internacional, un desperdicio de
los canales en formas de entretenimiento o el advenimiento de la
llamada “publicidad encubierta”, como explicábamos en un trabajo
190
anterior (Barredo, 2013: 109). Una de las respuestas de las
organizaciones
periodísticas
-principales
afectadas
por
el
resurgimiento de esta comunicación no profesionalizada- ha sido la
hibridación de las redacciones a través de fórmulas como el
periodismo ciudadano (Bowman y Willis, 2003). Las instituciones, por
su parte, no pueden permanecer ajenas a estos cambios decisivos en la
forma en que se expande y se genera el conocimiento. Por el
contrario, la consolidación de Internet como una prolongación del
espacio público contemporáneo ha determinado la necesidad
organizacional de adaptar los canales exteriores de comunicación.
Internet “mejora” la difusión (Harlow y Harp, 2012: 211), en tanto
que prolonga las posibilidades de promoción y/o información. Las
instituciones y los ciudadanos, en ese sentido, dependen menos en
estos comienzos del siglo XXI de la gestión simbólica que realizan los
medios de comunicación, ya que en el paradigma contemporáneo se
anula gran parte de la intermediación (Barredo, Oller y Buenaventura,
2013), gracias a la aparición de espacios de intercambio como los que
abanderan las redes sociales.
1.1. Claves para entender el contexto ecuatoriano
Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC)
se extienden escalonadamente, como aseguran Howard y Muzammil
(2011), sea entre países, regiones, instituciones u organizaciones. Es
decir, la implementación digital depende de factores socieconómicos,
como por ejemplo la consolidación de la banda ancha, la posibilidad
de acceder a equipos informáticos, los niveles de educación, etcétera.
191
A continuación, vamos a mostrar algunos datos reveladores del
contexto ecuatoriano, correspondientes a 2011, los cuales permiten
definir el tipo de acceso a las NTIC que se registró en el país andino 40:
- Solo el 6,6% de la población reconocía utilizar un teléfono celular de
tipo Smartphone.
- El 60,9% de la población afirmaba no haber empleado un
computador en los últimos doce meses.
- El 65,6% de la población sostenía no haberse conectado a Internet
en los últimos doce meses.
- El 14,3% de la población se conectaba a Internet al menos una vez
al día, en tanto que el 10,7% accedía a la red al menos una vez a la
semana.
Sin embargo, el dato más interesante aparece al observar cuál era el
uso dado a Internet según los datos oficiales del Instituto Nacional de
Estadística y Censos en 2011:
- El empleo más frecuente de la red, para el 35,5% de la población,
era la consulta de servicios de educación y aprendizaje, en tanto que el
28,5% utilizaba Internet para obtener información, y el 28% sostenía
acceder a la ciberesfera para recabar comunicación en general.
Las cifras anteriores, según se desprende, presentan una radiografía
sociológica escalonada desde el punto de vista del acceso a Internet;
había, en 2011, una parte de la sociedad influenciada aún por el
paradigma anterior, en tanto que un segmento poblacional
40
Datos elaborados el 11/11/2013 a partir de las estadísticas oficiales ofrecidas por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/banco-de-informacion/
192
aprovechaba las posibilidades de interacción y de conexión ofrecidas a
partir de los canales digitales.
3. Objetivos
Las páginas que continúan se han fijado como objetivos:
1 - Describir cuantitativamente la popularidad de las páginas oficiales
de las 14 Universidades y Politécnicas de categoría A del Ecuador.
2 - Determinar qué factores pueden impulsar un mayor impacto social
en la ciberesfera.
3 – Analizar globalmente la situación de comunicación digital de las
instituciones de educación superior más importantes de la República
andina.
4. Metodología
Este trabajo se ha operado a través del análisis de contenido manual,
una metodología que busca la cuantificación sistemática de las
variables de un objeto, según explica Igartua (2006). Para tal fin, se ha
empleado una ficha de análisis que contenía 16 variables, la cuales
recogían las propiedades visibles41 de cada una de las redes sociales.
Para la confección de la muestra se han tenido en cuenta los estudios
precedentes de Reina, Fernández y Noguer (2012) y Guzmán, Del
Moral, González y Gil (2013). En paralelo, se ha consultado el nivel
de visibilidad otorgado por Alexa.com a las páginas web del país:
Facebook.com es la segunda página más vista en la República del
Gaitán y Piñuel (1998: 282) afirman que el análisis de contenido ha de centrarse en el “sentido
latente”.
41
193
Ecuador, en tanto que YouTube.com es la tercera, y Twitter.com la
novena42. Son, por lo tanto, las principales redes sociales de la
República andina.
Asimismo, se han escogido como unidades de observación las 14
Universidades y Politécnicas de clase A catalogadas por la máxima
institución educativa de Ecuador, la Secretaría de Educación Superior
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República del Ecuador
(SENESCYT)43. Estos centros académicos, según este organismo
regulador de la educación, destacan por su elevada calidad, un factor a
tener en cuenta durante el procesamiento de los datos, ya que los
resultados que van a presentarse en las páginas siguientes mostrarán la
gestión digital que realizan algunas de las Universidades y Politécnicas
más importantes del país. Por último, la observación se gestionó
durante el mes de julio de 2013.
5. Resultados
5.1. Tráfico de las web
Según los resultados ofrecidos por el popular auditor de páginas web,
Alexa.com, las principales instituciones ecuatorianas registran un
elevado tiempo medio de navegación, un indicador estrechamente
vinculado con factores como la utilización de recursos digitales en el
transcurso de la docencia (como las aulas virtuales), los cuales
consiguen una mayor permanencia del usuario y, por lo tanto, una
prolongación de su estancia en el entorno virtual institucional:
42
43
Datos consultados el 11/11/2013 de: http://www.alexa.com/topsites/countries/EC
Datos consultados el 19/07/2013 de: http://www.senescyt.gob.ec/UNIVERSIDADES.pdf
194
Tabla 1. Páginas de Universidades y Politécnicas ecuatorianas de clase A (2013)
Institución
URL
Posición
Ecuador
Páginas
visitadas
por usuario
Tiempo medio
de navegación
por usuario
Universidad Técnica
Particular de Loja
www.utpl.edu.ec
79
7,10
9:31
Escuela Politécnica
del Ejército
www.espe.edu.ec
141
9,20
8:24
Escuela Superior
Politécnica del Litoral
www.espol.edu.ec
142
3,09
3:36
Universidad Central
del Ecuador
www.uce.edu.ec
271
4,10
4:37
Escuela Superior
Politécnica de
Chimborazo
www.espoch.edu.ec
291
4,10
5:26
Universidad de
Cuenca
www.ucuenca.edu.ec 412
3,50
3:59
Universidad Técnica
de Ambato
www.uta.edu.ec
436
3,50
5:07
Escuela Politécnica
Nacional
www.epn.edu.ec
496
2,60
3:46
Pontificia Universidad www.puce.edu.ec
Católica del Ecuador
531
2,90
3:21
Universidad San
Francisco de Quito
www.usfq.edu.ec
610
4,30
4:28
Universidad Andina
Simón Bolívar
www.uasb.edu.ec
647
1,76
2:25
Universidad del
Azuay
www.uazuay.edu.ec
783
2,90
4:09
Instituto de Altos
Estudios Nacionales
www.iaen.edu.ec
1710
2,90
2:57
Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales
www.flacso.org
No
disponible
1,20
0:52
Fuente: elaboración propia / Alexa.com44
44
Datos consultados el 19/07/2013 de Alexa.com
195
Pero el elevado tiempo de navegación de los usuarios revela,
asimismo, otro conjunto de factores más bien relacionados con los
problemas de acceso, como por ejemplo la existencia de servidores o
servicios de Internet de tipo básico, dispositivos relativamente
desfasados, etcétera. La media de páginas visitadas por usuario en
estas importantes instituciones de Ecuador es de 3,79 páginas,
mientras que en conjunto todas ellas consiguen una media de 4:25
minutos de navegación por usuario:
Tabla 2. Media de páginas y minutos en Ecuador (2013)
Media de páginas visitadas por usuario en Tiempo medio de navegación por usuario en
U. y P. de tipo A
U. y P. de tipo A
3,79
4:25
Fuente: elaboración propia / Alexa.com45
Algunos campus con un gran prestigio académico en el país derivado
de sus actividades de transferencia de resultados científicos, no
despiertan un elevado interés según su tráfico web, un indicativo de
una pobre gestión en la ciberesfera.
5.2. Facebook
Al observar los resultados relativos a las cuentas de Facebook anotamos
un hecho recurrente: las cuentas con un mayor número de Me gusta
(un indicador de la popularidad social de las instituciones analizadas)
están relacionadas con la fecha de creación. Así, esas Universidades y
45
Datos consultados el 19/07/2013 de Alexa.com
196
Politécnicas que crearon primero sus cuentas en esta conocida red de
contactos, tienden a recibir un mayor aplauso colectivo46:
Tabla 3. Facebook de Universidades y Politécnicas ecuatorianas de tipo A (2013)
Institución
Creación
Me
gusta
Persona
s
habland
o
Evento Fotografía
s
s
pasados
Vídeo
s
Carpeta
s
Universidad
San Francisco
de Quito
17/06/200
8
19822
9
3362
6
1945
2
53
Escuela
Superior
Politécnica del
Litoral
08/09/200
8
39845
473
6
1289
2
22
Universidad
Técnica
Particular de
Loja
02/10/200
8
27760
590
13
945
14
35
Escuela
Politécnica del
Ejército
17/11/200
9
25126
386
18
587
4
19
Pontificia
Universidad
Católica del
Ecuador
01/03/201
0
22940
111
2
713
0
34
Universidad del 23/02/201
Azuay
0
13651
874
26
+4000
5
+200
Escuela
Superior
Politécnica de
Chimborazo
17/03/201
1
9850
56
0
242
0
4
Instituto de
Altos Estudios
Nacionales
14/03/201
2
9337
193
12
188
0
13
Universidad de
Cuenca
09/03/201
1
8852
252
2
514
1
48
46
La relación de direcciones consultadas de las páginas oficiales de Facebook se entrega en el
anexo 6.1. de este trabajo.
197
Universidad
Técnica de
Ambato
28/02/201
1
5337
37
0
26
0
4
Universidad
Central del
Ecuador
2009
5000
NO
+100
190
3
7
Universidad
Andina Simón
Bolívar
10/12/201
0
2898
124
+100
1345
2
95
Facultad
Latinoamerican
a de Ciencias
Sociales
05/03/200
9
2829
110
14
918
0
6
Escuela
Politécnica
Nacional
26/10/201
2
2440
39
0
157
0
17
Fuente: elaboración propia / Facebook.com47
El ítem Personas hablando no dependía, en cambio, del número de
personas registradas en los diferentes Me gusta, sino que estaba
vinculado a factores cualitativos como por ejemplo la frecuencia de
actualización de los estados. En ese sentido, la Universidad Técnica
Particular de Loja, a pesar de tener en su cuenta alrededor de doce mil
usuarios menos que la Escuela Superior Politécnica del Litoral,
contaba con más de cien personas interactuando con los contenidos
institucionales.
El número de eventos, en general, denotaba una organización muy
irregular; en tanto que la universidad más popular del país, la
Universidad San Francisco de Quito, únicamente había invitado a sus
usuarios a seis eventos (el día, obviamente, de la consulta), algunas
universidades con un menor índice de aceptación (como la
47
Datos consultados el 22/07/2013 de Facebook.com
198
Universidad Central del Ecuador o la Universidad Andina Simón
Bolívar) habían generado más de cien eventos.
Según los resultados de la tabla 3, había muy pocos vídeos
implementados en los Facebook oficiales, a pesar de que muchas de
estas
instituciones
poseen
importantes
departamento
de
Comunicación Social o de Relaciones Públicas, así como canales
específicos de YouTube.
Más utilizadas fueron las fotografías, si bien algunos centros
académicos como la Universidad Técnica de Ambato apenas
mostraron 26 imágenes en más de dos años de existencia del espacio
social.
En la observación contabilizamos asimismo el número de carpetas,
una variable que podía determinar el nivel de gestión digital de estas
páginas institucionales. Solo una de las universidades, la Universidad
del Azuay, poseía más de doscientas carpetas, o sea, tendía a
segmentar y a ordenar la información para facilitar la navegación del
usuario. La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en cambio,
agrupaba en solo 4 carpetas un total de 242 fotografías, lo que
dificultaba enormemente la localización de contenidos específicos y,
con ello, la difusión de los hechos pasados.
5.3. Twitter
En cuanto a Twitter, anotamos un escalonamiento en la gestión de las
cuentas de las principales instituciones de educación superior del
Ecuador:
199
Tabla 4. Twitter de Universidades y Politécnicas ecuatorianas de tipo A (2013)
Institución
Cuenta
Seguidores Tweets Siguiendo
Universidad San Francisco de Quito @USFQ_Ecuador
13075
14107
3595
Universidad Técnica Particular de
Loja
@utpl
12530
8402
306
Escuela Superior Politécnica del
Litoral
@espol
11904
7737
45
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales
@FLACSOec
8370
4729
79
Universidad del Azuay
@uazuay
6118
6677
56
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador
@NoticiasPUCE
5270
948
3092
Universidad de Cuenca
@udecuenca
3546
1383
123
Instituto de Altos Estudios
Nacionales
@IAENEDU
2376
1489
282
Escuela Politécnica Nacional
@EPNEcuador
1598
790
744
Universidad Central del Ecuador
@UCentralEcuador 944
50
101
Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo
@EspochRio
734
201
128
Universidad Andina Simón Bolívar
@u_andina
117
157
18
Escuela Politécnica del Ejército48
Universidad Técnica de Ambato
NO ENCONTRADA
Fuente: elaboración propia / Twitter.com49
Así, según la tabla anterior, las instituciones que producen una mayor
cantidad de tweets tienden a su vez a acaparar un mayor número de
seguidores. Es esta una particularidad que se mantiene invariable al
menos en el análisis de las cinco instituciones más populares del
Ecuador. A medida que desciende el número de seguidores -y en
concreto a partir de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador- el
48
49
El día de la consulta, 23/07/2013, la cuenta de esta institución había sido suspendida.
Datos consultados el 23/07/2013 de Twitter.com
200
número de tweets no equivale a una mayor popularidad, sino que
aspectos como el tamaño del campus o el prestigio consolidado offline
parecen introducir una dispersión en el fenómeno observado en los
primeros tramos.
Muchos de los principales centros académicos ecuatorianos son
renuentes a seguir a otros usuarios, es decir, blindan sus cuentas e
introducen porcentajes de interacción cercanos o inferiores al 1% del
global de sus seguidores.
5.4. YouTube
Al revisar los resultados correspondientes a YouTube observamos que
la popularidad en esta red no está vinculada a la fecha de creación del
canal o a la cantidad de vídeos publicados50:
Tabla 5. YouTube de Universidades y Politécnicas ecuatorianas de tipo A (2013)
Institución
Fechas
Nº
de Nº de Nº
de Última
visitas
vídeos
suscriptores
actividad
globales
Escuela Superior
Politécnica del Litoral
03/09/2008 5674720
1587
12268
1 semana
Universidad Técnica
Particular de Loja
08/11/2006 2727858
1881
2400
3 días
Escuela Politécnica
Nacional
12/03/2010 333411
351
521
4 semanas
Universidad Andina
Simón Bolívar
28/01/2009 70239
113
170
18 horas
Pontificia Universidad
Católica del Ecuador
04/11/2009 70048
101
264
2 meses
Universidad San
01/04/2012 47906
50
238
1 semana
50
La lista completa de las direcciones consultadas de las páginas institucionales de YouTube se
adjunta como anexo 6.2. de este trabajo.
201
Francisco de Quito
Instituto de Altos
Estudios Nacionales
06/07/2011 30172
90
116
5 días
Universidad Central del
Ecuador
30/04/2010 22984
31
62
2 semanas
Escuela Politécnica del
Ejército
14/05/2010 21450
24
87
3 meses
Universidad del Azuay
24/08/2010 9209
34
34
2 meses
Escuela Superior
Politécnica de
Chimborazo
24/06/2011 2634
8
36
11 meses
Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales
22/04/2008 868
2
11
5 años
Universidad de Cuenca
NO ENCONTRADO
Universidad Técnica de
Ambato
NO ENCONTRADO
Fuente: elaboración propia / YouTube.com51
Es muy indicativo del funcionamiento de esta red que, por ejemplo, la
Escuela Superior Politécnica del Litoral, con casi trescientos vídeos
menos que la Universidad Técnica Particular de Loja, posee casi tres
millones de visitas más. Las retóricas persuasivas, distintivas de los
momentos audiovisuales anteriores, resultan contraproducentes en la
esfera digital en tanto que socavan “credibilidad y expectación” a la
imagen corporativa (en Barredo, 2013: 118).
Nuevamente, como en otros apartados de este trabajo, apuntamos la
existencia de un escalonamiento digital entre las dos primeras
instituciones y el resto. Entre la Escuela Superior Politécnica del
Litoral (primera clasificada, por número de usuarios) y la Escuela
Politécnica Nacional (tercera clasificada), hay una diferencia de más de
51
Datos consultados el 23/07/2013 de YouTube.com
202
cinco millones de usuarios. Las universidades mejor clasificadas, por
número global de visitas, concentraban también una mayor actividad
general, en tanto que había centros que, como la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, parecían haber abandonado su
cuenta en esta conocida red de intercambio de vídeos.
6. Conclusiones
Las principales instituciones de educación superior en el Ecuador,
según los resultados precedentes, están escalonadas desde el punto de
vista de su gestión digital. Hay instituciones que, como la Escuela
Superior Politécnica del Litoral o la Universidad San Francisco de
Quito, mantienen unos altos niveles de gestión en sus canales de la
ciberesfera. Otras instituciones, sin embargo, mantienen perfiles bajos
de adaptación al lenguaje de Internet. Es esta una conclusión
relacionada con la escasa importancia otorgada a los canales digitales,
en tanto que aún no se perciben como los principales generadores de
impacto mediático en la República.
En las redes sociales, según se desprende de los resultados mostrados
en las páginas precedentes, una mayor participación institucional en
general equivale a una mayor activación de las audiencias. Por
participación, en concreto, entendemos el nivel de integración de los
recursos multimedia; la organización de los recursos mediante la
utilización de carpetas clasificadoras u otros instrumentos de gestión;
la complementación de la presencia de la institución en otras redes
sociales, o las frecuencias de actualización, factores que inciden
directamente en el nivel de popularidad de la comunicación digital.
203
Según Barredo, Oller y Buenaventura (2013: 83) el paradigma
contemporáneo “<…> posee un sistema nervioso central propio, en
conexión cercana con el de nuestros cuerpos”. Es esta una
particularidad que distingue entre los usuarios pasivos, característicos
de las sociedades anteriores a la revolución digital, y los usuarios
activos, característicos del actual periodo:
“<…> esa actividad generalizada estimula la aparición de unos
nuevos
emisores,
no
ya
específicamente
profesionales,
encargados de distribuir y de manipular el conocimiento. Los
nuevos emisores trascienden el sentido de la distinción clásica
entre emisores/receptores”
(Barredo, 2013: 114)
Por el contrario, una menor participación introduce sensaciones de
decaimiento, hasta el punto de que algunas instituciones -muy
conocidas por su prestigio académico- son incapaces de establecer un
contacto con sus públicos internos y externos.
Cada una de las redes sociales descritas presenta unas particularidades
definidas por unos valores de uso y unas tradiciones propias. Así, en
el caso de las cuentas de YouTube, el número global de vídeos
publicados no es un factor que determina el mayor número de visitas.
En este caso, una mayor popularidad parece estar relacionada con
factores cualitativos, como el interés o el aspecto atractivo de las
contribuciones audiovisuales.
La popularidad en la red no se consigue únicamente mediante la
inyección económica, sino que como afirmamos anteriormente está
204
íntimamente relacionada con factores de calidad. Así, durante el
trabajo de campo, hemos visibilizado algunas instituciones que, con
un menor número de contribuciones, cosecharon un mayor número
de visitas globales en sus redes sociales. Curiosamente, las
instituciones con menores presupuestos pueden obtener un mayor
impacto que esas otras instituciones con mayores ingresos
económicos y, por tanto, una mayor facilidad de difusión en los
canales tradicionales a través de soluciones de marketing directo.
En trabajos posteriores, convendría realizar un análisis de perfil
cualitativo de los canales analizados, así como una revisión temática
de los contenidos producidos desde las instituciones. Cuestiones estas
que, lejos de plantearse como un déficit de esta contribución, se fijan
como complementos que desarrollaremos en siguientes etapas.
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organizaciones periodísticas: hacia la Sociedad de los Ideantes.
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cibermedios españoles. Análisis del uso del vídeo en El País.com, El
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y Twitter. Revista Internacional de Relaciones Públicas, 4(II), 123 - 144.
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Perception of Online News: A Study of Picture, Audio, and Video
206
Downloads. Journalism & Mass Communication Quarterly, 77(3), 480 499.
Anexos
Anexo 1: direcciones de Facebook
Anexo 1. Facebook de Universidades y Politécnicas ecuatorianas de tipo A (2013)
Institución
Dirección
Universidad
Técnica Particular
de Loja
https://www.facebook.com/utpl.loja?fref=ts
Escuela Politécnica https://www.facebook.com/ESPE.U?fref=ts
del Ejército
Escuela Superior
Politécnica del
Litoral
https://www.facebook.com/espol?fref=ts
Universidad
Central del
Ecuador
https://www.facebook.com/universidadcentral.delecuador.9
Escuela Superior
Politécnica de
Chimborazo
https://www.facebook.com/eduespoch?fref=ts
Universidad de
Cuenca
https://www.facebook.com/ucuenca?fref=ts
Universidad
Técnica de
Ambato
https://www.facebook.com/pages/Universidad-T%C3%A9cnica-deAmbato-UTA/106026499473091
Escuela Politécnica https://www.facebook.com/pages/EPN-Escuela-Polit%C3%A9cnicaNacional
Nacional/435216793209022
Pontificia
Universidad
Católica del
Ecuador
https://www.facebook.com/pontificiauniversidadcatolicadelecuador
Universidad San
https://www.facebook.com/USFQEcuador?fref=ts
Francisco de Quito
Universidad
Andina Simón
Bolívar
https://www.facebook.com/universidadandinasimonbolivar?fref=ts
207
Universidad del
Azuay
https://www.facebook.com/uazuay?fref=ts
Instituto de Altos
Estudios
Nacionales
https://www.facebook.com/IAENUNIVERSIDAD?fref=ts
Facultad
Latinoamericana
de Ciencias
Sociales
https://www.facebook.com/pages/FLACSO-Sede-Ecuador
Fuente: elaboración propia / Facebook.com52
2. Anexo 2: direcciones de YouTube
Anexo 2. YouTube de Universidades y Politécnicas ecuatorianas de tipo A (2013)
Institución
URL
Escuela Superior Politécnica del
Litoral
http://www.youtube.com/user/espol50/
Universidad Técnica Particular de Loja http://www.youtube.com/user/utpl
Escuela Politécnica Nacional
http://www.youtube.com/user/EPNEcuador
Universidad Andina Simón Bolívar
http://www.youtube.com/user/uasbecuador
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador
http://www.youtube.com/user/videosPUCE
Universidad San Francisco de Quito
http://www.youtube.com/user/USFQEcuador
Instituto de Altos Estudios Nacionales
http://www.youtube.com/user/iaenuniversidad
Universidad Central del Ecuador
http://www.youtube.com/user/UCEVideo
Escuela Politécnica del Ejército
http://www.youtube.com/user/espe2web
Universidad del Azuay
http://www.youtube.com/user/uazuay
Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo
http://www.youtube.com/user/ESPOCHCLASEA
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales
http://www.youtube.com/user/Flacsoecuador
Universidad de Cuenca
NO ENCONTRADO
Universidad Técnica de Ambato
NO ENCONTRADO
52
Datos consultados el 22/07/2013 de Facebook.com
208
Fuente: elaboración propia / YouTube.com53
Agradecimientos
Los autores agradecen expresamente al Proyecto Prometeo de la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
de la República del Ecuador por prestar indirectamente fondos para
realizar este proyecto. Asimismo, sus resultados fueron presentados
en el marco del V Congreso Internacional Latina de Comunicación
Social, celebrado en Tenerife (España) en el mes de diciembre de
2013 bajo el título La importancia de la comunicación digital en las
instituciones: un estudio a partir de las Universidades y Politécnicas ecuatorianas
de clase A (2013).
53
Datos consultados el 23/07/2013 de YouTube.com
209
210
CAPÍTULO VII: La comunicación y la
vinculación en la universidad ecuatoriana.
Propuesta de creación del Centro Universitario de
Jóvenes Emprendedores (CUJE) en la Universidad
de las Américas (UDLA), Ecuador
Martín Oller. Universidad de las Américas (UDLA), Ecuador
Palmira Chavero. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
Ecuador
Rafael Jorda. Universidad de las Américas (UDLA), Ecuador
Xavier Oviedo. Universidad de las Américas (UDLA), Ecuador
Introducción
En este capítulo se propone la creación del Centro Universitario de
Jóvenes Emprendedores (CUJE) en la Universidad de las Américas
(UDLA). El CUJE es creado como estrategia de vinculación con el
mercado laboral, el cual permite realizar prácticas pre-profesionales a
los estudiantes dentro de la universidad, cumpliendo con lo citado en
211
el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador donde
señala que “son fines de la Educación Superior la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la
innovación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país y la relación con los objetivos
del régimen de desarrollo”.
Además el CUJE busca capacitar a universitarios capaces de ejercer
todas las responsabilidades que se presentan en el mercado laboral de
hoy en día. De esta manera se incentiva que los estudiantes
desarrollen un criterio propio, analítico y profesional según lo cita el
Art. 8 de la LOES en su literal b) donde indica que “uno de los fines
de la Educación Superior es fortalecer en las y los estudiantes un
espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un
marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico”.
La UDLA nació en el año 1995, actualmente está compuesta por las
Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA),
Arquitectura,
Comunicación,
Derecho,
Ingeniería
y
Ciencias
Agropecuarias; la Escuela de Ciencias Sociales, las Facultades de
Turismo y Hospitalidad, Ciencias de la Salud, Odontología y
Medicina, las Escuelas de Música y Cine y la Facultad de Formación
General. La UDLA es una de las universidades privadas más grandes
del país con casi 16.000 estudiantes y ofrece 41 carreras de pregrado
distribuidas en modalidades presenciales y semipresenciales en
horarios diurno, vespertino y nocturno. En 2005 crea la Escuela de
212
Tecnologías y se incorpora a la Red Laureate International Universities; en
2006 aparece la oferta de posgrados.
La FACEA está integrada en la UDLA y cuenta con las carreras de 1)
Administración de empresas, 2) Economía, 3) Finanzas, 4) Negocios
Internacionales, 5) Marketing, 6) Negocios y marketing deportivo54.
Los estudiantes de la UDLA, en los últimos años han venido
investigando y desarrollando una serie de ideas de negocio y
productos que han recibido el reconocimiento a nivel nacional e
internacional55. Sin embargo, estos aún adolecen de algunos de los
mecanismos necesarios para que sus propuestas obtengan el efecto
social deseado y ayudar, de este modo, a la acreditación56 de la
universidad según estipula el Gobierno y el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES).
La finalidad de este proyecto es la creación de una organización de
servicios empresariales dentro de la universidad gestionada a nivel
operativo íntegramente por estudiantes y que permita contribuir a su
formación integral y a su vinculación con la sociedad.
54
Datos consultados el 10/12/2014: http://www.udla.edu.ec/carreras/programasacademicos/pregrados/facultad-de-ciencias-economicas-y-administrativas/
55
P.E. Un grupo de estudiantes de la FACEA fueron seleccionados por la Red Laureate para
participar en el concurso James McGuire.
56
Es un proceso de evaluación institucional de la calidad de la educación superior de las
universidades de Ecuador llevado a cabo por el CEAACES que se inició en abril de 2012.
213
1. La comunicación y la vinculación en la universidad de
Ecuador
Las funciones principales de la universidad son la formación o
docencia, la investigación y la extensión (Castro y col., 2009;
Gutiérrez, 2007; Moncada, 2008; Revelo, 2004). Esta, como principal
institución de educación superior, debe fomentar: en primer lugar, la
educación que posibilite a la ciudadanía obtener los recursos y la
formación necesaria para acceder a una profesión. Gutiérrez (2007)
señala que la función de formación permite a los individuos el
refinamiento de sus capacidades y el acceso a las expresiones más
elaboradas de la cultura, haciéndolos partícipes y, a la vez,
constructores de esta. En segundo lugar, la investigación orientada al
desarrollo de procesos complejos que permita llegar a nuevos
conocimientos. Por último, en tercer lugar, la vinculación que
desarrolle un proceso comunicacional efectivo y eficiente entre la
universidad, la comunidad y la sociedad.
En la medida en que las inquietudes y necesidades de las sociedades se
han transformado, las funciones de las universidades igualmente lo
han hecho, redefiniendo sus características y principios, para
responder a su entorno (Pineda, Morales y Ortiz, 2011). Sin embargo,
la vinculación entre la Universidad y la Empresa todavía es muy débil
en Latinoamérica. Según Jiménez y Castellanos (2008), las limitaciones
más destacadas son: a) la falta de claridad en la normatividad estatal e
institucional, que responda a las necesidades en investigación,
desarrollo científico y tecnológico y propiedad intelectual y patentes,
lo cual ha causado una inadecuada definición de las funciones de estos
214
organismos y b) las condiciones socioculturales adversas que se han
visto reflejadas en las fuertes separaciones entre la academia y la
industria.
Una de las principales falencias de la universidad en América Latina
radica en la falta de construcción de estrategias de desarrollo de los
canales de comunicación que proporcionen un mayor aperturismo de
la comunidad académica y de los estudiantes. Por este motivo, las
universidades, conscientes del limitado aporte que han hecho hasta
ahora a la cultura emprendedora, están iniciando programas de
nuevos emprendimientos, introduciendo materias relacionadas en los
programas de estudio de otras carreras profesionales y desarrollando
trabajos de investigación sobre múltiples aspectos del fenómeno de la
creación de empresas. También están aumentando las conferencias y
los congresos —varios de ellos con convocatoria internacional— en
muchos de los países de la región, muestra del renovado interés que
despierta el tema en la sociedad civil y la académica (Kantis y col.,
2004).
A través de la implantación del Centro Universitario de Jóvenes
Emprendedores en la UDLA se pretende intensificar los procesos de
vinculación en esta institución, tanto a nivel interno como externo. A
pesar de que se ha teorizado acerca de la necesidad de una relación
mucho más dinámica entre la universidad y la sociedad, en la praxis,
aún debe generarse un plan que fomente nexos comunes que lleven,
en primer lugar, a los estudiantes a aumentar su capacidad competitiva
e innovadora dirigida a una mayor y más efectiva inserción en el
mundo profesional, tanto a nivel nacional como internacional y, en
215
segundo lugar, a la sociedad para que a partir de la transferencia de los
conocimientos profesionales y técnicos generados en la universidad se
palie las demandas, las necesidades y los problemas de la sociedad
ecuatoriana. La función de extensión, también llamada la tercera
misión de las universidades, se refiere a todas aquellas actividades a
través de las cuales la Universidad se relaciona con su entorno, es
decir, con la sociedad, las empresas y el Estado (Bueno, 2007).
Hoy en día es necesario para las instituciones educativas influir en su
entorno de una forma más activa, pasando de un estado inicial, en
donde el incentivo era básicamente académico, a un estado en el que
se aplica el conocimiento a la satisfacción de necesidades o a la
resolución de problemas del medio. A partir de la formación en áreas
como el emprendimiento, la innovación, el liderazgo y la
responsabilidad social, los conocimientos no solo se producen y
transmiten, sino que se registran, se aplican, se patentan, se
comercializan, se asocian, se exportan y se importan (Moncada, 2008).
La creación de estructuras como el CUJE dentro de la colectividad
académica articula distintos campos de trabajo académicos,
investigativos y profesionales en busca de un proceso de vinculación
que implemente formulas colaborativas efectivas. Para ello, estos
procesos de vinculación se formulan como acciones dirigidas a la
inserción de la comunidad universitaria ecuatoriana en la economía
social -global- del conocimiento y en la construcción de nuevos
servicios sociales y procesos productivos que permitan un desarrollo
integral y proporcionado de Ecuador.
216
2. La regulación de las universidades en Ecuador
La universidad ecuatoriana se sustenta en la base legal que regula sus
procesos y estructuras, permitiendo su homologación. Estas
normativas favorecen el carácter innovador y vinculante de esta
respecto al resto de instituciones y la sociedad. Así lo estipula la
legislación vigente:
CONSTITUCIÓN.- El Art. 350 de la constitución señala que “son
fines de la Educación Superior: Formación académica y profesional
con visión científica y humanista; la innovación científica y
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, el relación con los objetivos del régimen de
desarrollo”.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- El Art. 3
señala: “Fines de la Educación Superior.- La educación superior de
carácter humanista, cultural y científica constituye un derechos de las
personas y un bien público social que, de conformidad con la
Constitución de la República, responderá al interés público y no estará
al servicio de intereses individuales y corporativos”.
El Art. 8 señala: “Son fines de la Educación Superior.- La educación
superior tendrá los siguientes fines:
Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la producción de las transferencias e
innovaciones tecnológicas.
217
Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al
logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de
pensamiento y de pluralismo ideológico.
Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico,
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y
protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable
nacional.
Contribuir al desarrollo local y nacional de manera permanente, a
través del trabajo comunitario y extensión universitaria”.
El Art. 13, literal b señala: “Funciones del sistema de educación
superior.- Son funciones del sistema de educación superior:
Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia,
la técnica, la tecnología y la cultura”.
REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR.- El Art. 7 señala: “De los servicios a la
comunidad.-Los servicios a la comunidad se realizarán mediante
prácticas y pasantías pre profesionales, en los ámbitos urbano y rural,
según las propias características de la carrera y las necesidades de la
sociedad”.
2.1.
Los estatutos de la Universidad de las Américas57
Aunque existe una regulación externa a las universidades de Ecuador,
todas las instituciones académicas de educación superior del país
57
El documento citado ha sido extraído del informe que realiza el Consejo de Educación
Superior de Ecuador (CES) acerca de los estatutos presentados por la UDLA para su
aprobación final. Este se encuentra disponible en su web: http://www.ces.gob.ec/
218
cuentan con sus propias normas de funcionamiento, las cuales tienen
que pasar por la aprobación del Consejo de Educación Superior
(CES). Estas normas internas actúan como punto de partida para el
correcto funcionamiento de la institución basado en parámetros como
el de responsabilidad, eficiencia, utilidad y eficacia. Concretamente, el
artículo sexto de los estatutos de la UDLA apoya la incorporación de
organizaciones con las características del Centro Universitario de
Jóvenes Emprendedores (CUJE) a partir de los siguientes literales:
Literal A: Aportar a la sociedad mediante el cultivo, el progreso
creativo y la transmisión del saber superior;
Literal B: Aportar a la sociedad a través de la formación de personas
que, de conformidad con los principios morales propios de nuestra
cultura, alcancen la capacidad física e intelectual que les permita hacer
prosperar a la comunidad, contribuir positivamente al desarrollo de
las ciencias, las artes, las letras y las técnicas o en el desempeño de una
actividad técnica o profesional;
Literal C: Contribuir al desarrollo del raciocinio, la cultura y el saber
superior, para atender adecuadamente los intereses y necesidades de la
comunidad y sus miembros, con el más alto nivel de excelencia;
Literal D: Contribuir al desarrollo espiritual y cultural de la sociedad y
sus integrantes y a la difusión de los principios de libertad,
espiritualidad, moralidad y solidaridad social;
El artículo séptimo señala que para el cumplimiento de sus objetivos,
la Universidad desarrollará durante su existencia las siguientes
actividades:
219
Literal C: Cormará, capacitará, especializará a graduados y
profesionales idóneos y actualizará los conocimientos de estudiantes y
profesionales en los niveles de pre-grado y postgrado, en las diversas
especialidades y modalidades para el cabal y correcto ejercicio de sus
respectivas actividades;
Literal F: Convendrá con otros establecimientos educacionales
nacionales y extranjeros, en especial con las universidades y escuelas
politécnicas, actividades de colaboración mutua;
Literal H: Organizará y pondrá en funcionamiento programas de
formación profesional en las distintas áreas del saber;
Literal I: Se relacionará con el Estado, entidades públicas, empresas
públicas,
mixtas,
colegios
profesionales,
entidades
gremiales,
establecimientos educacionales, empresas privadas y con los
particulares en general;
Literal M: Realizará cualquier otra actividad destinada a lograr, directa
o indirectamente, sus propios objetivos;
Literal Ñ: Organizará y dictará cursos, seminarios, simposios, mesas
redondas y otros, en las distintas áreas del saber;
Literal P: Garantizará el ejercicio de los derechos de los miembros de
la comunidad con capacidades especiales previstos en la Constitución
y en Ley Orgánica de Educación Superior, incluyendo el
cumplimiento de la accesibilidad a servicios de interpretación y los
apoyos técnicos necesarios.
220
3. El
concepto
de
Centro
Universitario
de
Jóvenes
Emprendedores (CUJE)
Según Etzkowitz (1995 y 2000), para maximizar la capitalización del
conocimiento, la academia debe integrarse estrechamente con las
firmas
industriales.
El
Centro
Universitario
de
Jóvenes
Emprendedores es una organización de estudiantes universitarios sin
ánimo de lucro, que nace con la idea de mejorar la formación
académica
y
la
vinculación
profesional
de
los
estudiantes
universitarios. Se trata de un concepto relativamente nuevo en el país,
creado con el objetivo de ser un complemento práctico de la
enseñanza teórica que los universitarios adquieren en sus estudios y
como iniciativa de mejora de la relación entre el mundo universitario y
el empresarial.
En algunos países desarrollados existe una tendencia creciente, de las
corporaciones privadas, a desarrollar alianzas estratégicas con
universidades. Muchos de estos países están aprobando nuevas
legislaciones y llevando a cabo innovaciones institucionales de
diferentes tipos, así como descubriendo sus propios caminos de
interacción y desarrollo. Algunos de los mecanismos empleados son
las incubadoras de empresas, los parques científicos y tecnológicos, las
pasantías y prácticas profesionales, las consultorías, los programas de
educación continuada, los centros de investigación cooperativa y de
tecnología, las organizaciones regionales de innovación, las alianzas
estratégicas o consorcios, los centros o unidades empresariales y las
políticas institucionales y nacionales, entre otros (Pineda, Morales y
Ortíz, 2011).
221
El CUJE es dirigido y gestionado por y para estudiantes en busca de
la diversificación de la oferta/demanda educativa y profesional de la
universidad. Para ello, los estudiantes trabajarían en colaboración con
organizaciones públicas y privadas, adquiriendo de este modo la
preparación práctica que les facilitaría su incorporación al mundo
laboral a través de algunos de los mecanismos vistos anteriormente.
Los proyectos llevados a cabo en el centro estarán relacionados con la
formación y las áreas de estudio de los estudiantes dentro de sus
carreras universitarias. Para facilitar el trabajo de los estudiantes que
forman parte del CUJE, este cuenta con la infraestructura necesaria
dentro de la universidad: un espacio físico, material informático,
acceso a los distintos servicios ofertados (biblioteca, bases de datos,
etc.) y el asesoramiento y orientación por parte de un equipo de
profesores de la facultad.
Una parte de los ingresos por servicios prestados revierte en los
propios integrantes de cada uno de los proyecto en concepto de becas
compensatorias. Otra parte se integra en el fondo social del CUJE,
destinado a la propia sostenibilidad del centro y los proyectos de
formación continua de los asociados y del resto de la comunidad
universitaria.
En Latinoamérica, son muy recientes y reducidos los esfuerzos para el
establecimiento de una infraestructura física y social para el
fortalecimiento de la relación Universidad-Empresa (Pineda y
Morales, 2010), parte de ello se evidencia en los escasos proyectos de
investigación, realizados a partir de alianzas entre el sector productivo
y académico, la falta de claridad sobre el manejo de propiedad
222
intelectual y patentes, niveles de emprendimiento bajos, que en su
mayoría son por necesidad y no por oportunidad (Arraut y col., 2009).
El CUJE a través de su actividad pretende conseguir tres grandes
objetivos:
1) Generar un espacio permanente dentro de la UDLA en el que
los universitarios puedan crear y generar, a partir de su autoorganización, insumos y dinámicas -planificación, gestión y
evaluación- propios de una empresa; favoreciendo la interacción
y la comunicación entre ellos, los distintos estamentos
universitarios, el mundo empresarial y la sociedad.
2) Optimizar los sistemas de vinculación entre la universidad y la
sociedad a partir del fortalecimiento de estrategias y políticas
educativas que impulsen el trabajo colaborativo, dinámico y
profesional de los estudiantes.
3) Crear redes y políticas universitarias de inclusión para llegar a lo
propuesto por el Plan Nacional del Buen Vivir, contribuyendo
al aumento de oportunidades y posibilidades de los estudiantes y
de la sociedad ecuatoriana.
La razón de ser del CUJE es la formación, la capacitación y la
vinculación de los estudiantes con el tejido empresarial de la región en
las distintas áreas de estudio que conforman la FACEA -área de
Marketing, Gestión Deportiva, Administración de Empresas,
Finanzas y Negocios internacionales-.
Existen actores en la Universidad que contribuyen a alcanzar estos
objetivos y que se complementarían al trabajo del CUJE: 1) la
223
Asociación de Estudiantes de la UDLA (ASEUDLA), encargada de
organizar
eventos
de
vinculación,
como
conferencias,
que
complementan la formación de las carreras de la FACEA y 2) el
departamento de Bolsa de Empleo, que mantiene el compromiso de
vincular a los estudiantes con las necesidades de las empresas. Sin
embargo, se observa que no existe ningún actor que ofrezca servicios
profesionales a la comunidad, ya sea a organizaciones públicas,
privadas o sin ánimo de lucro. Por lo que la principal propuesta del
CUJE es ofrecer servicios profesionales relacionados con el área de 1)
marketing, 2) finanzas personales, 3) finanzas corporativas, 4) estudios
sectoriales, 5) planes de exportación/importación, 6) logística, 7)
gestión deportiva y 8) responsabilidad social.
3.1.
El Centro de Investigación Económica (CIE) de la
UDLA
El Centro de Investigación Económica (CIE) está conformado por
profesores de la FACEA que busca desarrollar para el Ecuador y para
América Latina análisis sobre algunos de los principales temas de
economía y finanzas para incentivar el desarrollo de personas,
empresas y países en la región.
En el CIE se llevan a cabo proyectos de investigación y análisis
económico del Ecuador y la región con organismos internacionales
como el Banco Mundial, la Comunidad Andina (CAN), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados
Americanos (OEA), entre otros. Estos estudios buscan profundizar el
conocimiento sobre la economía ecuatoriana y latinoamericana, así
224
como contribuir al desarrollo de mejores políticas y programas
económicos para el país y la región. También prestan servicios de
consultoría económica y financiera a importantes empresas
ecuatorianas. Estas consultorías buscan desarrollar herramientas
analíticas que permitan un mejor entendimiento de los mercados, sus
fortalezas, debilidades y acciones destinadas a mitigar riesgos y
aprovechar oportunidades de negocio con la finalidad de mejorar la
calidad y la interpretación de la información disponible para la toma
de decisiones de negocio.
Un importante objetivo del CIE es fusionar las dos facetas claves de
la formación universitaria: la academia y la investigación. En esta
dirección, sus proyectos combinan la experiencia del equipo de
investigación, formado por profesores investigadores de la FACEA,
con las capacidades y el deseo de aprender de destacados estudiantes
de la UDLA. Adicionalmente, a través de la publicación de una serie
de working papers, el CIE auspicia la investigación académica en
economía, negocios y finanzas en el país. Estos trabajos de
investigación académica contribuyen a incrementar el entendimiento
de la sociedad sobre el desarrollo de la economía ecuatoriana y de la
ciencia económica en general58.
58
Datos consultados el 10/12/2014: http://cie.udla.edu.ec/ElCIE.aspx
225
3.2.
Relación entre el Centro Universitario de Jóvenes
Emprendedores (CUJE) y el Centro de Investigación
Económica (CIE)
El CUJE es una organización sin ánimo de lucro formada por
estudiantes universitarios con el objetivo de ser un complemento
práctico de la enseñanza teórica que los universitarios adquieren en su
formación. Se pretende con esta iniciativa conseguir un mayor
acercamiento del mundo universitario al mundo empresarial. Por su
parte, El CIE busca estimular la investigación científica, en especial
aquella que contribuya al progreso económico y social del país,
promoviendo una interacción entre los sectores público y privado con
la universidad.
La relación entre un CUJE y el CIE en la Universidad de las Américas
(UDLA) se basa en el planteamiento de propuestas y estrategias de
progreso en distintos ámbitos como consultoría y asesoría
empresarial, promoción de la investigación académica, etc. Con lo
cual,
se
pretende
brindar
soluciones
a
las
necesidades
y
requerimientos que se presentan en los sectores productivos y
sociales; ayudando así, al progreso económico y social del país.
La puesta en marcha del CUJE se apoya en el CIE, ya que es una
organización que está consolidada en el mercado y acumula más de 5
años de experiencia llevando a cabo proyectos de consultoría en el
ámbito de la economía y los negocios en Ecuador. Los profesores
investigadores que trabajan en este centro son los mentores de los
estudiantes que conforman el CUJE, actuando como supervisores.
Además se comparte el networking del CIE con el CUJE, generando
226
sinergias entre ambos centros. El trabajo conjunto entre el CIE y el
CUJE ofrecere un servicio de consultoría en el ámbito empresarial a
pequeñas y medianas empresas del Ecuador, lo cual permite a los
estudiantes acumular experiencia laboral antes de graduarse e incluso
supone la oportunidad para incorporarse en algunas de las empresas
colaboradoras. El CUJE se convierte en un sólido puente entre la
Universidad y la Empresa, acercando a los alumnos al tejido
empresarial de la zona. Además, los servicios ofrecidos por el CUJE
son muy atractivos para las empresas debido a que obtienen un
servicio de calidad en unas condiciones económicas muy favorables y
competitivas basadas en parámetros profesionales de alta calidad.
4. Propuesta de creación del Centro Universitario de Jóvenes
Emprendedores (CUJE)
4.1.
Denominación
El Centro Universitario de Jóvenes Emprendedores (CUJE) es una
asociación de carácter no lucrativo constituido y gestionado por
estudiantes que opera dentro de la FACEA, desde el que ofrece sus
servicios a las empresas y a la comunidad estudiantil en materias
relacionadas con sus estudios y capacitaciones.
Conviene destacar el hecho de que al estar encuadrado dentro de la
Universidad, obtiene un apoyo en forma de asesoramiento técnico
por parte de sus departamentos, lo cual, junto con el soporte de las
diferentes áreas, garantiza la calidad de sus servicios.
227
Los beneficios obtenidos son destinados a otras actividades que
complementan la formación de los estudiantes del centro a través de
cursos, seminarios, conferencias, mesas redondas; así como a
fomentar el contacto con las otras instituciones académicas, tanto de
Ecuador como del resto de Latinoamérica.
El CUJE es una organización dinámica, encontrándose sus asociados
en permanente renovación, puesto que es condición indispensable
para pertenecer al CUJE estar matriculado en una de las 6 carreras de
las que se compone la FACEA.
4.2.
Visión
Romper el tradicional circulo en el que para conseguir trabajo
hace falta experiencia. Este objetivo se consigue a partir de la
propia creación del CUJE, pues es una forma de generar trabajo,
y por tanto experiencia, que parte de la iniciativa de los propios
estudiantes.
Conseguir una formación práctica y real que complemente a la
formación académica. Este objetivo de perfeccionamiento
formativo se consigue a través de la realización de los trabajos
encargados por las empresas, así como la reinversión en
formación que realiza el CUJE con los beneficios obtenidos a
partir de la realización de trabajos, cursos, capacitaciones, etc.
Llegar a ser un sólido puente entre la Universidad y la Empresa,
incrustando el mercado y la estructura empresarial dentro de la
propia vida académica y universitaria; acercando así el mundo
universitario al tejido empresarial, produciéndose grandes
228
efectos sinérgicos en esta necesaria interacción “UniversidadEmpresa”.
Conseguir una cantera de jóvenes emprendedores y de futuros
directivos que asuman todas las responsabilidades que se les
exigirán cuando estén inmersos en el mundo laboral de Ecuador
u otros países. Este objetivo se consigue cuando todo el
personal dentro del CUJE asume esas responsabilidades, como
en cualquier otra empresa en la que ellos trabajarán en un futuro
inmediato.
4.3.
Misión
La misión del Centro Universitario de Jóvenes Emprendedores
(CUJE) es solucionar una de las asignaturas pendientes de la UDLA;
proyectar a sus estudiantes hacia el mundo laboral y profesional. El
problema que encontramos en las universidades ecuatorianas es que
existe una profunda formación teórica, obviando la capacitación
práctica y la integración de los estudiantes en el mundo laboral a partir
de una vinculación profesional sólida.
4.4.
Fines
Los fines a los que se pretende llegar son:
Ofertar y ofrecer al alumno todas las posibilidades educativas y
profesionales que existen hoy en día.
Preparar al alumno de forma integral, con una capacitación
tanto teórica como práctica.
229
Canalizar toda la información, tanto profesional como
académica, que le llega a los alumnos.
Gestionar
y
fomentar
la
relación
entre
el
binomio
profesor/alumno para conseguir el mayor número de ventajas
para ambos.
Completar la formación de los estudiantes.
Fomentar la relación y la integración de la UDLA con y dentro
del entorno social, político y económico de Ecuador.
5. Los
estatutos
del
Centro
Universitario
de
Jóvenes
de
Jóvenes
Emprendedores (CUJE)
CAPITULO PRIMERO
DENOMINACION
Artículo1.-Estatutos
del
Centro
Universitario
Emprendedores (CUJE) de la Universidad de las Américas.
El Centro Universitario de Jóvenes Emprendedores se regirá por los
preceptos de las citadas Leyes de Asociaciones, por los presentes
Estatutos en cuanto no estén en contradicción con la Ley, por los
acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de gobierno,
siempre que no sean contrarios a la Ley y/o a los Estatutos, y por las
disposiciones reglamentarias que apruebe el Gobierno Ecuatoriano,
que solamente tendrán carácter supletorio.
1. FINES QUE SE PROPONE
Artículo2.- Los fines de (CUJE) son:
230
Coordinar las actividades de los miembros, velando por la
observación de las obligaciones impuestas por la legislación
vigente y sus respectivos Estatutos.
Potenciar los vínculos de unión entre las distintas instituciones
de la UDLA con el fin de mantener contactos e intercambiar
información sobre las respectivas actividades.
Tratar de que cada uno de los departamentos desarrollen al
máximo los fines previstos en sus Estatutos.
Promocionar, expandir y consolidar el Centro Universitario de
Jóvenes Emprendedores en el ámbito universitario ecuatoriano.
Defender los intereses de los miembros.
Representar a los miembros.
Constituirse como juez ante litigios que se presenten entre los
miembros.
Controlar las actuaciones de las Asociaciones miembros de
manera que se ciñan al espíritu del Centro Universitario de
Jóvenes Emprendedores.
Sin perjuicio de las actividades descritas en el apartado anterior, el
Centro, para el cumplimiento de sus fines podrá:
Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a
la realización de sus fines o a allegar recursos con ese objetivo.
Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título,
así como celebrar actos y contratos de todo género.
Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus
Estatutos.
231
a. DOMICILIO SOCIAL
Artículo 3.- El domicilio principal de este centro estará ubicado en la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Av. Granados y
esq. Colimes. Quito, Ecuador.
b. AMBITO TERRITORIAL
Artículo 4.- El ámbito territorial en el que desarrollara principalmente
sus funciones, será en la cuidad de Quito, provincia de Pichincha,
región sierra norte del Ecuador.
c. DURACIÓN Y CARÁCTER DEMOCRÁTICO
Artículo 5.- El centro se constituye con carácter permanente, y solo se
disolverá por acuerdo de los miembros integrantes del (CUJE)
dispuesto en el Capítulo VI o por cualquiera de las causas previstas
en las Leyes.
La organización interna y el funcionamiento del (CUJE), deberán ser
democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno
derecho los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que
desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental del
centro.
CAPÍTULO SEGUNDO
1. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Artículo 6.- El gobierno y administración del CUJE estarán a cargo de
los siguientes órganos colegiados:
La Asamblea General de Socios, como órgano supremo.
La
Junta
Directiva,
como
dirección permanente.
232
órgano
colegiado
de
a. LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 7.- La Asamblea General, integrada por los representantes de
todas las instituciones asociadas, es el órgano de expresión de la
voluntad de estos. Se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.
Son facultades de la Asamblea General los acuerdos relativos a:
La aprobación del plan general de actuación del CUJE.
El examen y aprobación de las cuentas anuales.
El examen y aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente.
El examen y aprobación del informe de gestión de la Junta
Directiva.
La elección de los miembros de la Junta Directiva.
La Fijación de las cuotas ordinarias o extraordinarias.
La modificación de Estatutos.
La disolución del centro.
La asociación con otros centros, o el abandono de algunas
de ellos.
La disposición o enajenación de bienes.
La elección y el cese del presidente o la presidenta, el secretario
o la secretaria, del tesorero o la tesorera, el o los vicepresidentes
o vicepresidentas y, si lo hubiere, de los demás miembros del
órgano de gobierno colegiado, así como
control.
su supervisión y
El acuerdo de remuneración de los miembros del órgano de
gobierno, en su caso.
233
La adopción del acuerdo de separación definitiva de las
personas asociadas.
Cualquier otra competencia no atribuida a otro órgano social.
Artículo 8.- La Asamblea General se reunirá en sesiones
ordinarias y extraordinarias.
Articulo 9.- La Asamblea General deberá ser convocada en sesión
ordinaria, al menos una vez al año, dentro del último trimestre, a fin
de adoptar los Acuerdos previstos en el artículo 7-a), b), c), d) y e).
Articulo 10.- La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria
cuando así lo acuerde la Junta Directiva, bien por propia iniciativa, o
porque lo soliciten más del 50% de los asociados, indicando los
motivos y fin de la reunión y, en todo caso, para conocer y decidir
sobre las siguientes materias:
La modificación de Estatutos.
La disolución del centro.
La asociación con otros centros, o el abandono de algunas de
ellas.
La disposición o enajenación de bienes.
Artículo 11.- Las convocatorias de las Asambleas Generales se
realizaran por escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión, así
como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar.
Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la
Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos siete
días naturales, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera, la
234
fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria,
sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media hora.
Junto a la convocatoria de la Asamblea General se deberá hacer llegar
a los socios la documentación necesaria sobre los puntos a tratar en el
orden del día.
Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias,
quedaran válidamente constituidas en primera convocatoria, cuando
concurran a ella la mitad más uno de los asociados con derecho a
voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de
asociados con derecho a voto presente.
Podrá asistir, con voz pero sin voto, a las Asambleas cualquier
miembro del movimiento CUJE. Y a propuesta de alguno de los
miembros, o por propia iniciativa, la Junta Directiva podrá invitar
personas ajenas al movimiento.
Artículo 12.- Los acuerdos de la Asamblea General se adoptaran por
mayoría simple de las personas presentes o representadas, cuando
los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán
mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que
resultara cuando los
votos
afirmativos superen la mitad de los
válidamente emitidos, los acuerdos relativos a la disolución del centro,
la modificación de estatutos y la disposición o enajenación de bienes.
Artículo 13.- Los socios podrán otorgar su representación, a los
efectos de asistir a las Asambleas Generales, en cualquier otro socio.
Tal representación se otorgará por escrito, y deberá obrar en poder
del Secretario de la Asamblea, al comienzo de la sesión. Los socios
que residan en ciudades distintas a aquella en que tenga su domicilio
235
social la Asociación, podrán remitir por correo electrónico el
documento que acredite la representación.
b. LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 14.- La Junta Directiva es el órgano de representación que
gestiona y representa los intereses del CUJE, de acuerdo con las
disposiciones y directivas de la Asamblea General. Solo podrán
formar parte del órgano de representación los asociados.
La Junta Directiva estará integrada por un Presidente, un Secretario,
un Tesorero y uno o dos Vicepresidentes.
Deberán reunirse al menos una vez al trimestre y siempre que lo exija
el buen desarrollo de las actividades sociales.
Artículo 15.- La falta de asistencia a las reuniones señaladas, de los
miembros de la Junta Directiva, en 2 ocasiones sin causa justificada,
dará lugar al cese inmediato en el cargo respectivo.
Articulo 16.- Los cargos que componen la Junta Directiva, se elegirán
por la Asamblea General y duraran un periodo de un año, salvo
revocación expresa de aquella, pudiendo ser objeto de reelección.
Dichos cargos se renovaran de forma total.
Artículo 17.- Para pertenecer a la Junta Directiva serán requisitos
indispensables:
Ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y
no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos
en la legislación vigente.
Ser designado en la forma prevista en los Estatutos.
236
Articulo 18.- El cargo de miembro de la Junta Directiva se asumirá
cuando, una vez designado/a por la Asamblea General, se proceda a
su aceptación o toma de posesión.
La Asamblea General podrá establecer, en su caso, el abono de dietas
y gastos de los miembros de la Junta Directiva.
Artículo 19.- Los miembros de la Junta Directiva cesaran en los
siguientes casos:
Expiración del plazo de mandato.
Dimisión.
Incursión en causa de incapacidad.
Revocación acordada por la Asamblea General en aplicación de
lo previsto en el artículo 16 de los presentes Estatutos.
Fallecimiento.
Cuando se produzca el cese por la causa prevista en el apartado a, los
miembros de la Junta Directiva continuaran en funciones hasta la
celebración de la primera Asamblea General, que procederá a la
elección de los nuevos cargos.
En los supuestos b), c), d) y e), la propia Junta Directiva proveerá la
vacante mediante nombramiento provisional, que será sometido a la
Asamblea General para su ratificación o revocación, procediéndose,
en este último caso, a la designación correspondiente.
Todas las modificaciones en la composición de este órgano serán
comunicadas al Registro de Asociaciones.
Artículo 20.- Las funciones de la Junta Directiva son:
237
Dirigir la gestión ordinaria del centro, de acuerdo con las
directrices de la Asamblea General y bajo su control.
Programar las actividades a desarrollar por el CUJE.
Someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto
anual de gastos e ingresos.
Someter a la aprobación de la Asamblea General el estado de
cuentas del año anterior, así como el informe de gestión del año
anterior.
Confeccionar el Orden del Día de las reuniones de la Asamblea
General, así como acordar la convocatoria de las Asambleas
Generales ordinarias y extraordinarias.
Atender las propuestas o sugerencias que formulen
los
socios/as, adoptando al respecto, las medidas necesarias.
Interpretar los preceptos contenidos en estos Estatutos y cubrir
sus lagunas, sometiéndose siempre a la normativa legal vigente
en materia de asociaciones.
Ejercitar aquellas competencias que le otorgue la Asamblea
General mediante Acuerdo expreso, siempre que no sean de su
exclusiva competencia.
Artículo 21.- La Junta Directiva celebrara sus sesiones cuantas veces
lo determine la Presidencia, o la Vicepresidencia en su caso, bien a
iniciativa propia, o a petición de cualquiera de sus componentes. Sera
presidida por el Presidente, y en su ausencia, por la Vicepresidencia y,
a falta de ambos, por la persona de la Junta que tenga más edad.
238
Para que los acuerdos de la Junta sean válidos, deberán ser adoptados
por mayoría de votos de las personas asistentes, requiriéndose la
presencia de la mitad de los miembros.
De las sesiones, el Secretario levantara acta que se transcribirá al Libro
correspondiente.
c. ÓRGANOS UNIPERSONALES
PRESIDENTE/A
Artículo 22.- El Presidente del CUJE asume la representación legal de
la misma, y ejecutara los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y
la Asamblea General, cuya presidencia ostentara respectivamente.
Artículo 23.- Corresponderán al Presidente/a las siguientes facultades:
Convocar y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la
Asamblea General, dirigir las deliberaciones de una y otra, y decidir un
voto de calidad en caso de empate de votaciones.
Proponer el plan de actividades de la Federación a la Junta Directiva,
impulsando y dirigiendo sus tareas.
Ordenar los pagos acordados válidamente.
Resolver las cuestiones que puedan surgir con carácter urgente, dando
conocimiento de ello a la Junta Directiva en la primera sesión que se
celebre.
Ejercitar aquellas competencias que le otorgue la Asamblea General
mediante acuerdo expreso, siempre que no sean de su exclusiva
competencia.
VICEPRESIDENTE/A
239
Artículo 24.- El Vicepresidente asumirá las funciones de asistir al
Presidente y sustituirle en caso de imposibilidad temporal de ejercicio
de su cargo. Asimismo, le corresponderán cuantas facultades le
delegue expresamente la Presidencia.
SECRETARIO/A
Artículo 25.- Corresponderán al Secretario las siguientes facultades:
Custodiar los libros de actas y de registro de socios, documentos y
sellos del CUJE.
Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso, además de llevar el
fichero y el Libro de Registro de Socios
Atender a la custodia y redacción del Libro de Actas.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en
materia del Centro, custodiando la documentación oficial de la
Entidad, certificando el contenido de los Libros y archivos sociales, y
haciendo que se cursen a la autoridad competente las comunicaciones
preceptivas sobre designación de Juntas Directivas y cambios de
domicilio social.
Las Actas vendrán firmadas por el Presidente y Secretario, y las
correspondientes certificaciones que expida el Secretario en nombre
del centro deberán ir acompañadas por el visto bueno del Presidente.
TESORERO/A
Artículo 26.- Corresponderán al Tesorero las siguientes facultades:
Llevar veraz y puntualmente los libros de contabilidad del CUJE.
Preparar los balances, inventarios y presupuestos del CUJE para su
aprobación por la Asamblea General, tras el visto bueno de la Junta
Directiva.
240
Custodiar, recaudar y gestionar los fondos del CUJE.
Buscar, gestionar y justificar las posibles subvenciones a las que pueda
optar CUJE.
Velar por el cumplimiento fiel de las obligaciones tributarias que
conciernan a CUJE.
COLABORADORES
Artículo 27.- La Junta Directiva podrá nombrar los Colaboradores
que considere necesario, siempre que el número de colaboradores no
sea superior al número de miembros de la Junta Directiva. Dichos
Colaboradores no pertenecerán a la Junta Directiva.
Sus funciones serán definidas por la Junta Directiva en cada caso,
alrededor de un área específica.
CAPITULO TERCERO
1. DE LOS SOCIOS: REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE
ADMISIÓN Y CLASES
Artículo 28.- La adquisición de la condición de miembro vendrá
determinada por la adquisición del carácter de “Centro Universitario
de Jóvenes Emprendedores Aspirante¨ o, en su defecto, por la
posesión del carácter de CUJE de pleno derecho.
Articulo 29.- Aquellos miembros que pretendan adquirir el carácter de
Centro Universitario de Jóvenes Emprendedores Aspirante. Deberán
presentar una solicitud por escrito firmada o enviada en formato
digital.
241
Junto con esta solicitud, deberán presentar la documentación
necesaria para avalar la concurrencia del solicitante, de los requisitos
abajo mencionados, así como la declaración de conocer y asumir en
caso de admisión, las obligaciones propias de todo miembro del
centro.
Al ser miembro del Centro Universitario de Jóvenes Emprendedores
Debiendo aportar el acuerdo expreso de su órgano competente, en el
que se manifestara su voluntad asociativa.
Pertenecer a la Universidad de las Américas.
Total compatibilidad de sus normas estatutarias y reglamentarias, así
como de sus objetivos y métodos marcados por CUJE.
Quienes deseen pertenecer a CUJE, lo solicitaran por escrito avalado
por dos miembros y dirigido al Presidente, quien, dará cuenta a la
Junta Directiva, que resolverá sobre la admisión o inadmisión,
pudiéndose recurrir en alzada ante la Asamblea General.
Articulo 30.- A todo aquel grupo de personas con intención de ser
futuros socios del CUJE, se le otorgara la condición de miembro de
pleno derecho del Centro, pero da lugar a unos derechos y
obligaciones distintos a los que se atienen a cumplir.
Artículo 31.- La designación como Centro Universitario de Jóvenes
Emprendedores de pleno derecho corresponderá a la iniciativa como
poseedor
de
la
marca
Centro
Universitario
de
Jóvenes
Emprendedores, la misma que se consolidara como red estudiantil a
nivel nacional.
Artículo 32.- El CUJE, por acuerdo de la Junta Directiva, podrá
otorgar la condición de socio honorario a aquellas personas que,
242
reuniendo los requisitos necesarios para formar parte de aquella, no
puedan servir a los fines sociales con su presencia física. La calidad de
estos socios es meramente honorifica y, por tanto, no otorga la
condición de miembro, ni derecho a participar en los órganos de
Gobierno y Administración de la misma, estando exento de toda clase
de obligaciones.
La asamblea será quien decidirá si se otorga o no por mayoría simple.
El secretario/a llevara el registro de todos los miembros
nombrados honorarios.
a. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS/AS
Artículo 33.- Toda persona asociada tiene derecho a:
Impugnar los acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley de los
Estatutos, dentro del plazo de cuarenta días naturales, contados a
partir de aquel en que el/la demandante hubiera conocido, o tenido
oportunidad de conocer, el contenido del acuerdo impugnado.
Conocer, en cualquier momento, la identidad de los demás miembros
del centro, la composición de los órganos de gobierno y
representación del CUJE, su estado de cuentas y desarrollo de su
actividad.
Ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales,
pudiendo conferir, a tal efecto, su representación a otros miembros.
Participar, de acuerdo con los presentes Estatutos, en los órganos de
dirección del CUJE, siendo elector para los mismos.
Figurar en el fichero de Socios previsto en la legislación vigente, y
hacer uso del emblema del CUJE.
243
Poseer un ejemplar de los Estatutos y del Reglamento de Régimen
Interno si lo hubiere, y presentar solicitudes y quejas ante los órganos
directivos.
Disfrutar de los beneficios del CUJE según sus propias normas y
asistir a cuantos actos públicos organice el Centro para la promoción
y consolidación.
Ser oído por escrito, con carácter previo a la adopción de medidas
disciplinarias, e informado de las causas que motiven aquellas, que
solo podrán fundarse en el incumplimiento de sus deberes como
socios.
Darse de baja en cualquier momento, sin perjuicio de los
compromisos adquiridos pendientes de cumplimiento.
Artículo 34.- Son deberes de los socios/as:
Prestar concurso activo para la consecución de los fines del CUJE,
colaborando positivamente en las actividades que se organicen.
Facilitar información veraz y sin dilaciones de cuanto le sea interesado
por órganos superiores en el ejercicio de sus funciones, así como
informar a los mismos, a iniciativa propia, cuando se hayan producido
situaciones de tal relevancia que puedan afectar al buen
funcionamiento y nombre del CUJE.
Asistir, con puntualidad e interés a las Asambleas Generales.
Contribuir al sostenimiento de los gastos con el pago de las cuotas,
derramas y otras aportaciones que se establezcan por la Asamblea
General.
Observar una conducta leal con el CUJE y con el resto de los
miembros.
244
Acatar y cumplir lo presentes Estatutos, así como el Reglamento de
Régimen Interno del CUJE y los acuerdos válidamente adoptados por
sus órganos directivos.
Artículo 35.- El carácter de “Centro Universitario de Jóvenes
Emprendedores Futuro socio”, pese a no suponer la titularidad como
socio del Centro, también supone un vínculo en el mismo y dará al
“Centro Universitario de Jóvenes Emprendedores Futuro socio”
derecho a:
Tomar parte en las Asambleas Generales, con voz pero sin voto.
Derecho a beneficiarse de los servicios ofrecidos como miembro del
Centro Universitario de Jóvenes Emprendedores.
Poseer un ejemplar de los Estatutos y del Reglamento de Régimen
Interior si lo hubiera.
Artículo 36.- El carácter de “Centro Universitario de Jóvenes
Emprendedores Futuro socio”, pese a no suponer la titularidad como
socio del Centro, también supone un vínculo entre ambas.
Por ello el “Centro Universitario de Jóvenes Emprendedores Futuro
socio¨ adquiere las siguientes obligaciones:
Esforzarse en la pronta consecución del carácter del Centro
Universitario de Jóvenes Emprendedores de pleno derecho.
Responder veraz y puntualmente ante el CUJE.
Observar una conducta leal con el CUJE.
Someterse en su actuación a los Estatutos de la Federación y a
su Reglamento de Régimen Interno.
245
b. REGIMEN SANCIONADOR
Artículo 37.- Las personas asociadas podrán ser sancionadas por la
Junta Directiva por infringir reiteradamente los Estatutos o los
acuerdos de la Asamblea General o de la Junta Directiva.
Las sanciones pueden comprender desde la suspensión de los
derechos, de 15 días a un mes, hasta la separación definitiva, en los
términos previstos en los artículos 39 al 42, ambos inclusive.
A tales efectos, la Presidencia podrá acordar la apertura de una
investigación para que se aclaren aquellas conductas que puedan ser
sancionables. Las actuaciones se llevaran a cabo por la Secretaria, que
propondrá a la Junta Directiva la adopción de las medidas oportunas.
La imposición de sanciones será facultad de la Junta Directiva, y
deberá ir precedida de la audiencia de la persona interesada.
Contra dicho acuerdo, que será siempre motivado, podrá recurrirse
ante la Asamblea General, sin perjuicio del ejercicio de acciones
previsto en el artículo 33-(a.
En la situación particular de falta de asistencia a las reuniones, de los
socios del CUJE, durante 2 veces consecutivas sin causa justificada,
podrá ser considerado como suficiente para dar lugar al cese de dicha
sociedad como miembro del CUJE.
c. SUPUESTO Y PERDIDA DE LA CONDICION DE
SOCIO/A
Artículo 38.- La condición de socio/a se perderá en los casos
siguientes:
Por disolución del CUJE.
246
Por separación voluntaria, solicitando la baja mediante escrito al
Presidente/a del Centro, al que se acompañara el acuerdo
adoptado por el órgano de la entidad que corresponda en tal
sentido.
Por separación por sanción, acordada por la Junta Directiva,
cuando se den algunas de las siguientes circunstancias:
incumplimiento grave, reiterado y deliberado, de los deberes
emanados de los presentes Estatutos y de los acuerdos
válidamente adoptados por la Asamblea General y Junta
Directiva.
Por egresar la carrera su respectiva unidad académica.
Articulo 39.- Por impago de la cuota en un máximo de 3 meses, el
CUJE será propuesto para su expulsión ante la asamblea general.
Articulo 40.- En caso de incurrir un socio en cualquiera de los
supuestos regulados en el artículo 38-(c, la Presidencia podrá ordenar
a la Secretaria la práctica de determinadas diligencias previas, al objeto
de obtener la oportuna información, a la vista de la cual, la
Presidencia podrá mandar archivar las actuaciones o iniciar un
expediente sancionador.
Articulo 41.- Si se iniciara un expediente sancionador por cualquiera
de los supuestos regulados en el artículo 38-(c, el Secretario, previa
comprobación de los hechos, remitirá a la persona interesada un
escrito en el que se pondrán de manifiesto los cargos que se le
imputan, a los que podrá contestar alegando en su defensa lo que
estime oportuno en el plazo de 15 días transcurridos los cuales, en
247
todo caso, se incluirá este asunto en el Orden del día de la primera
sesión de la Junta Directiva, la cual acordara lo que proceda, con el
“quorum” de 2/3 de los componentes de la misma.
El acuerdo de separación será notificado a la persona interesada,
comunicándole que, contra el mismo, podrá presentar recurso ante
la primera Asamblea General Extraordinaria que se celebre, que, de
no convocarse en tres meses, deberá serlo a tales efectos
exclusivamente. Mientras tanto, la Junta Directiva podrá acordar que
la persona inculpada sea suspendida en sus derechos como socio/a y,
si formara parte de la Junta Directiva, deberá decretar la suspensión
en el ejercicio del cargo.
En el supuesto de que el expediente de separación se eleve a la
Asamblea General, el Secretario redactara un resumen de aquel, a fin
de que la Junta Directiva pueda dar cuenta a la Asamblea General del
escrito presentado por la persona inculpada, e informar debidamente
de los hechos para que la Asamblea pueda adoptar el correspondiente
acuerdo.
Articulo 42.- El acuerdo de separación, que será siempre motivado,
deberá ser comunicado a la persona interesada, pudiendo esta recurrir
a los Tribunales en ejercicio del derecho que le corresponde, cuando
estimare que aquel es contrario a la Ley o a los Estatutos.
Artículo 43.- Al comunicar a un socio su separación del CUJE, ya sea
con carácter voluntario o como consecuencia de sanción, se le
requerirá para que cumpla con las obligaciones que tenga pendientes
para con aquella, en su caso.
248
CAPITULO CUARTO
1. PATRIMONIO FUNDACIONAL Y REGIMEN
PRESUPUESTARIO
Artículo 44.- El CUJE carece de patrimonio fundacional.
Artículo 45.- Los recursos económicos previstos por el CUJE para el
desarrollo de las actividades sociales, serán los siguientes:
Las cuotas de entrada.
Las cuotas periódicas que acuerde la misma.
Los productos de los bienes y derechos que le correspondan, así
como las subvenciones, legados y donaciones que pueda recibir
en forma legal.
Los ingresos que obtenga la Federación mediante las actividades
licitas que acuerde realizar la Junta Directiva, siempre dentro de
los fines estatutarios.
El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá
lugar el 31 de diciembre de cada año.
Los beneficios obtenidos por el CUJE, derivados del ejercicio de
actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios,
deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines.
CAPITULO QUINTO
1. DE LA MODIFICACION DE ESTATUTOS
Articulo 46.- La modificación de los Estatutos habrá de acordarse en
Asamblea General de socios convocada específicamente con tal
objeto, cuando así lo acuerde la Junta Directiva, bien por propia
249
iniciativa, o porque lo soliciten 2/3 partes de los asociados. En
cualquier caso, la Junta Directiva designara una Ponencia formada por
tres personas, a fin de que redacte el proyecto de modificación,
siguiendo las directrices impartidas por aquella, la cual fijara el plazo
en el que tal proyecto deberá estar terminado.
Artículo 47.- Una vez redactado el proyecto de modificación en el
plazo señalado, el Presidente lo incluirá en el Orden del Día de la
primera Junta Directiva que se celebre, la cual lo aprobara o, en su
caso, lo devolverá a la Ponencia para nuevo estudio.
En el supuesto de que fuera aprobado, la Junta Directiva acordara
incluirlo en el Orden del Día de la próxima Asamblea General que se
celebre, o acordara convocarla a tales efectos.
Articulo 48.- A la convocatoria de la Asamblea se acompañara el texto
de la modificación de Estatutos, a fin de que los socios puedan dirigir
a la Secretaria las enmiendas que estimen oportunas, de las cuales se
dará cuenta a la Asamblea General, siempre y cuando estén en poder
de la Secretaria con dos días de antelación a la celebración de la
sesión.
Las
enmiendas
podrán
ser
formuladas
individualmente
o
colectivamente, se harán por escrito y contendrán la alternativa de
otro texto. Tras la votación de las enmiendas, la Asamblea General
adoptara el Acuerdo de modificación estatutaria, el cual solo
producirá efectos ante terceros desde que se haya procedido a su
inscripción en el Registro General.
250
CAPITULO SEXTO
1. DE LA DISOLUCION DE LA ASOCIACIONES Y
APLICACION DEL PATRIMONIO SOCIAL
Artículo 49.- La Federación se disolverá por las siguientes causas:
Por voluntad de los socios, expresada en Asamblea General
convocada al efecto, con el voto favorable de la mayoría
absoluta de los/las presentes.
Por sentencia judicial.
El cumplimiento del plazo o condición fijados en los estatutos.
La absorción o fusión con otras asociaciones.
La falta del número mínimo de personas asociadas legalmente
establecido.
La imposibilidad de cumplimiento de los fines sociales.
Artículo 50.- En caso de disolverse el CUJE, la Asamblea General
que acuerde la disolución, nombrara una Comisión Liquidadora,
compuesta por dos personas miembros extraídas de la Junta
Directiva, la cual se hará cargo de los fondos que existan.
Una vez satisfechas las obligaciones sociales frente a los/las
socios/as y frente a terceras personas, el patrimonio social sobrante,
si lo hubiere, será entregado a las asociaciones que reúnan el
requisito de ser asociaciones sin ánimo de lucro.
2. DISPOSICION FINAL
La Asamblea General podrá aprobar un Reglamento de Régimen
Interno, como desarrollo de los presentes Estatutos, que no alterara,
en ningún caso, las prescripciones contenidas en los mismos.
251
5. Discusión
Esta propuesta busca implementar una nueva política en la creación
de nuevos procesos de vinculación en la universidad a partir de la
participación activa de los estudiantes en su formación educativa y
profesional. Estos procesos parten de una mejora comunicacional,
tanto interna como externa; basada en la creación de vínculos y
redes que creen un colectivo profesional en periodo de aprendizaje
que ofrezca sus primeros frutos durante la formación de los
estudiantes.
La necesidad que se ha ido creando en las universidades
ecuatorianas, de igual modo en la UDLA, está llevando a los
organismos del gobierno ecuatorianos encargados de regular las
instituciones de educación superior a plantear estrategias que
favorezcan la vinculación. Por este motivo, en colaboración con las
propuestas del Estado ecuatoriano y las necesidades creadas en la
UDLA, la creación del Centro Universitario de Jóvenes
Emprendedores garantiza la puesta en práctica de un mecanismo
que favorece la participación de los estudiantes en el desarrollo del
Sistema Nacional de Educación Superior. Como estipula la Ley de
Educación Superior “las instituciones de educación superior del
Ecuador tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo
de la cultura universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la
tecnología, mediante la docencia, la investigación y la vinculación
con la colectividad”.
Este proceso de vinculación entre los estudiantes, la comunidad
universitaria y la sociedad permitirá crear contactos y relaciones
252
duraderas, creando una imagen integral y unificada de los distintos
organismos y sistemas -educativo, político, social, comunicativo y
económico- que estructuran la sociedad de Ecuador. De modo que
el CUJE ayudará a los estudiantes -y a la universidad- a adentrarse en
un proceso de autoformación que les permitirá convertirse, en
primer lugar, en profesionales emprendedores que busquen el
liderazgo en su vida profesional y, en segundo lugar, en ciudadanos
íntegros que contribuyan en el desarrollo del país.
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participación de la Universidad Tecnológica de Bolívar en la
creación de empresas de base tecnológica en la ciudad de
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en los países miembros del Convenio Andrés Bello. Bogotá: Convenio
Andrés Bello.
255
256
Coordinadores
Daniel Barredo Ibáñez, doctor en Periodismo por la Universidad
de Málaga (España), además de licenciado en Filología Hispánica,
licenciado en Comunicación Audiovisual y máster en Comunicación
por la Universidad de Granada (España). Es autor de más de una
treintena de artículos científicos, además de ocho monografías y
cinco libros de creación artística. Ha impartido más de cuarenta
conferencias en lugares como la Universidad de Oxford (Reino
Unido), la Université Sorbonne Paris IV (Francia), la Pontificia
Javeriana (Bogotá, Colombia), o la Universidad de Navarra
(España), entre otras. Su tesis doctoral fue el primer trabajo que
analizó la comunicación de la monarquía española, fruto del cual
publicó en 2013 “El Tabú Real. La imagen de una monarquía en
crisis”, un libro considerado “importante en su ámbito” según el
prólogo del Dr. John Balmer, director del Grupo de Investigación
en Marketing de la Brunel University de Londres (Reino Unido).
Entre 2013 y 2014, trabajó como investigador Prometeo para el
Gobierno del Ecuador. En la actualidad, ejerce como investigador y
docente en el departamento de Periodismo de la Universidad de las
Américas (Ecuador).
Martín Oller Alonso, doctor en Periodismo por la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid (2012). Máster Universitario en Estudios
257
Avanzados en Comunicación por la Universidad de Murcia (2009).
Licenciado en Periodismo (2008), Publicidad y Relaciones Públicas
(2011) y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD) por la
Universidad de Murcia y la Universidad Católica de Murcia
(UCAM). Se encuentra involucrado en varios proyectos de
investigación internacionales (World of Journalism Study, Journalistic Role
Performance around the World y Cultura Periodística de Ecuador)
basados en el análisis comparativo internacional del periodismo.
Además, ha escrito 10 libros científicos, colaborado en más de una
docena de libros como coautor, elaborado casi una treintena de
artículos científicos y participado como ponente en más de 40
congresos en varios países alrededor del mundo. Ha residido en
Zúrich y St. Gallen (Suiza); Manchester (Inglaterra); París (Francia) y
Murcia y Madrid (España). Actualmente reside en Quito (Ecuador)
donde se desarrolla su labor docente e investigadora en la
Universidad de las Américas (UDLA).
Sergio Hernández González, licenciado en Estadística por la
Universidad Veracruzana, México; Maestría en Matemáticas
(Mención Probabilidad y Estadística), por la Universidad de la
Habana, Cuba y Ph. D. en Estadística Multivariante Aplicada, por la
Universidad de Salamanca, España. Catedrático de Tiempo
Completo de la Facultad de Estadística e Informática desde hace 30
años, Profesor con Perfil PROMEP desde el año 2005 y Miembro
del Sistema Nacional de Investigadores a partir del año 2012.
Actualmente es investigador y docente en la Universidad
258
Veracruzana, además de Presidente de la Asociación Mexicana de
Estadística (AME).
259