Derecho Urbanistico

El control urbanístico determinado en el Reglamento de Construcciones incluye una serie de aspectos, especialmente relacionados con la tipología constructiva permitida, o mejor dicho, el establecimiento de máximas permitidas, lo cual genera no poca duda en la aplicación de estos lineamientos, por lo que se propone una herramienta de análisis crítico para la óptima aplicación de tales normas desde una perspectiva funcional técnica – jurídica.

El derecho urbanístico chileno restringe el desarrollo urbano del área rural, pero la admisión en ella de parcelaciones de media hectárea y conjuntos de viviendas subsidiadas debilita seriamente esa protección. A falta de medidas rectificatorias de fondo, estos fenómenos pueden ser parcialmente contenidos a través de la planificación urbanística, el ordenamiento territorial y la evaluación ambiental.

Con ocasión de la dictación de la Ley Nº 20.791, el texto revisa la nueva regulación de las declaratorias de utilidad pública, así como la reposición de aquellas que caducaron conforme a las leyes Nº 19.939 y 20.331. Se señala que la planificación urbana exige estos mecanismos que la Constitución autoriza en virtud de la función social de la propiedad.

Hasta el momento, Cuba no cuenta con la Ley del suelo. Los procesos de desarrollo urbano se han regulado por un deficiente Decreto de 1978. La mayor transcendencia la ha tenido la planificación económica-centralizada en detrimento de la autonomía local. La transformación urbanística de los municipios cubanos se ha visto determinada por principios y directrices nacionales alejadas de los problemas de las localidades concretas. en la presente investigación se reflexiona sobre tales circunstancias y sus consecuencias en la realidad de sus ciudades y poblaciones.

El trabajo revisa la importancia del dominio público terrestre para las ciudades y el mecanismo que contempla el derecho chileno para su generación, comparándolo con el sistema español. Junto con plantear algunas críticas se explican recientes novedades legislativas que podrían mejorar la situación.

En México, la ley urbanística señala que la Entidad federativa emita el dictamen de congruencia sobre el planeamiento urbanístico del Municipio. La escueta configuración legal deja abierta la posibilidad de la intromisión excesiva de la autoridad estatal en el modelo urbanístico aprobado por el Ayuntamiento. Este trabajo expone los lugares de riesgo para el Municipio y aporta una posible solución para delimitar las posibilidades del dictamen de congruencia estatal.

El autor realiza un análisis crítico de los problemas registrales que ha generado la vigencia de la Ley N° 30830 y la reciente modificatoria realizada al Reglamento de la Ley de regularización de edificaciones. Esto con el propósito de que los operadores puedan tener una mejor comprensión del panorama registral generado, lo cual permitirá una correcta calificación de los títulos referidos al acto denominado: declaratoria de edificación. Asimismo, rechaza las interpretaciones que implican darle efectos retroactivos a la mencionada ley.

La región Chorotega en el pacífico costarricense ha recibido una fuerte inversión por parte del sector turismo. Actualmente, procesos como el impacto del turismo residencial, la disponibilidad de recurso hídrico y la ocupación de áreas ambientalmente frágiles preocupan a diferentes sectores del gobierno y de la sociedad civil. Este es un fenómeno multicausal que abarca desde la escasa de planificación territorial, hasta la falta de recursos para los procesos de tramitación y control. La poca participación de las comunidades en la planificación y ejecución de proyectos son otros de los factores relacionados.

En Costa Rica, se está cuestionando la efectividad de la normativa para la conservación de los recursos naturales frente al desarrollo turístico. El extenso marco normativo para la regulación de las actividades turísticas presenta una serie de inconsistencias que facilitan la ocupación y sobre explotación de áreas ambientalmente frágiles.

A impressão que tenho é de que, no curso desses vinte anos, nós (quero dizer, nós pesquisadoras e teóricas, de distintas filiações, compromissadas com o direito à cidade), por algum motivo, evitamos o tema da justiça, embora ele atravesse ininterruptamente (não saberia
afirmar se sempre de modo sincero) nossas preocupações e nossa produção. Talvez isso tenha acontecido porque o imaginássemos solucionado e superado, talvez porque o considerássemos fora de moda, talvez porque nossos consórcios disciplinares se estabeleceram, por afinidades eletivas, com áreas não dedicadas particularmente a problemas como os da justiça. Porém, quando reviramos os casos concretos, quando entrevistamos autoridades e funcionários, quando trabalhamos na ou com administração pública, quando peticionamos em juízo, quando lutamos ao lado de movimentos sociais e comunidades cuja a vida está sob ameaça, não é difícil constatar que a (in)justiça está por toda a parte e, por toda parte controvertida: às vezes, como premissa (declarada ou tácita), às vezes, como promessa, como
reinvindicação, como mote ou meta. Não será, então, uma de nossas tarefas – e me refiro às “tarefas”, às construções (opera) porque descobri-las ou inventá-las parece ser uma das funções de um balanço),
retomar a questão da justiça e, mais precisamente, da justiça urbana, cuja exploração pode se dar, entre outros caminhos, pela interrogação sobre o que, afinal, podemos extrair de uma diretriz como a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização? Não tenho a resposta, obviamente, mas intuo que há mais coisas a se fazer com ela do que recuperar mais-valias, sua explicação mais corriqueira. Portanto, penso que seria interessante nos determos nisso que é lexicalmente anterior aos resultados práticos dos instrumentos urbanísticos, algo menos pretensioso do que uma teoria e mais operativo do que um imaginário: quem sabe um vocabulário da justiça urbana que, ao mesmo tempo, não ignore as gramáticas do cálculo e não se renda a elas. Isso nós teremos de fazer (refiro-me, agora, a um “nós” muito mais abrangente do que o universo acadêmico) premidas por um tempo de urgências e sem nome, desafiadas pela crise (da teoria) urbana e pelo assombro (do imaginário) do estado de bem-estar social quando nem “cidade” nem “justiça” estão dadas ou podem ser localizadas sem percalços.

Pocos espacios como el litoral presentan un régimen jurídico tan complejo con la intervención administrativa sobre el dominio público y los terrenos próximos al mar de tres administraciones -Estado, comunidad autónoma y ayuntamiento- y la superposición de instrumentos de planeamiento y de normativa internacional, estatal y autonómica.Todo ello sumado a los importantes cambios que se han sucedido en esta materia en los últimos años, con la aprobación de instrumentos autonómicos de ordenación del litoral, el traspaso de competencias en materia de dominio público a la Generalitat de Catalunya y a la Junta de Andalucía, las innumerables reformas de la legislación urbanística y del suelo y la reciente reforma de la Ley de costas, operada por la Ley 2/2013 y su nuevo reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 876/2014, dan fe de la dificultad de la materia. El Régimen jurídico del litoral catalán se adentra en este galimatías normativo, definido de problemático por muchos,con el estudio en el primer capítulo de la evolución del marco jurídico y competencial en la ordenación del litoral, dedicando especial atención a las nuevas competencias y a los condicionantes que la jurisprudencia constitucional impone a su interpretación.Con el objeto de analizar las experiencias de diferentes modelos de ordenación similares, que nos ayuden a configurar un modelo más ambicioso de protección de nuestra costa, en el segundo capítulo se hace un doble análisis de derecho comparado extranjero -francés, italiano y estadounidense- e interno con el resto de CCAA con litoral propio en el Estado español.El tercero de los capítulos se dedica a estudiar el elemento central de la actual ordenación del litoral catalán: los planes directores urbanísticos del sistema costero. Se desarrolla un estudio detallado de su adecuación al principio de autonomía municipal, al planeamiento territorial y municipal y de la eventual responsabilidad patrimonial que operó en su aprobación -auténtico talón de Aquiles de todos los instrumentos de ordenación del litoral-. Finalmente, en el último capítulo se analizan las principales novedades de la reciente reforma de la Ley de costas y su nuevo reglamento de desarrollo y se concluye defendiendo la necesidad una Ley de ordenación del litoral catalán, la memoria previa de la cual ha sido aprobada justamente coincidiendo con la publicación de este libro y se fundamenta en las tesis del mismo.

https://www.editorialreus.es/libros/la-nulidad-de-la-clausula-suelo-por-falta-de-transparencia/9788429020663/
Extracto de "La nulidad de la cláusula suelo por falta de transparencia", de Tania Vázquez Muiña. ¿Cómo se determina la naturaleza jurídica y económica de la conocida cláusula suelo? Esta obra ofrece una configuración del control de transparencia, que sirve de mecanismo de enjuiciamiento de dicha cláusula, y aborda la problemática originada por la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas y los interrogantes que suscita la STJUE de 21 de diciembre de 2016. ISBN: 978-84-290-2066-3