(PDF) Quiroga, C (2015)Hacia un territorio minero-campesino: propuestas territoriales desde el movimiento socioterritorial en el nordeste de Antioquia, Colombia

La pregunta principal del texto es ¿Cómo se construyen alternativas territoriales desde la comunidad minero-campesina, en contraste con la visión hegemónica planteada por el Estado y las multinacionales para el nordeste antioqueño (municipios de Remedios y Segovia), dentro del contexto de las relaciones sociales generadas por las prácticas de minería y agricultura campesina?

Biblioteca Abierta · Perspectivas Ambientales · 429 Cómo, por qué y para quién extraer los recursos del subsuelo son preguntas-ejes de debates de suma importancia para casi toda Desigualdades socioambientales en América Latina Barbara Göbel, Manuel Góngora-Mera y Astrid Ulloa (editores) América Latina y por ende para Colombia, cuyo Plan Nacional de Desarrollo ha priorizado la gran minería como motor del desarrollo, mientras otros grupos sociales preguntan qué tipo de desarrollo, Serie Perspectivas Ambientales para quién, a qué costo. Las respuestas son difíciles, pues así como Semillas de historia ambiental Stefania Gallini la extracción de los recursos naturales puede desarticular proyectos Serie Perspectivas Ambientales generar importantes recursos iscales para sustentar programas Prácticas agropecuarias y degradación del suelo en el Valle de Saquencipá, Provincia de Tunja, siglos XVI y XVII Katherine Giselle Mora Pacheco sociales dirigidos a grupos excluidos y carentes de activos. Serie Historia relevante, pues ubica el caso de Colombia en el ámbito regional, territoriales de grupos minoritarios y excluidos, a la vez puede Extractivismo minero en Colombia y América Latina Títulos en preparación En tal contexto, y con una perspectiva optimista, este libro es permitiendo una lectura comparada de los procesos en curso y combinando interpretaciones teóricas con estudios basados Perspectivas sobre el paisaje Susana Barrera Lobatón y Julieth Monroy Hernández (editoras) en arduos trabajos de campo, así como las interpretaciones Serie Perspectivas Ambientales nueva generación, todos comprometidos con la idea de que Culturas, conocimientos, políticas y ciudadanías en torno al cambio climático Astrid Ulloa y Andrea Ivette Prieto-Rozo (editoras) la investigación socioecológica puede ser indispensable para Serie Perspectivas Ambientales Mensajes signiicativos conforman la obra, pero quizá lo más Perspectivas culturales del clima Astrid Ulloa (editora) llamativo es la noción de «interdependencia» que muestra en sus Serie Perspectivas Ambientales entre escalas de análisis y acción, entre los países de la región, Historiografía y planiicación urbana en América Latina Isabel Duque Franco (editora) entre la región y otros países del mundo, y entre lo ambiental y Serie Geografía de investigadores establecidos con las de investigadores de la ir creando una Colombia y una América Latina mejores. Astrid Ulloa Grupo Cultura y Ambiente Universidad Nacional de Colombia Red desiguALdades.net Barbara Göbel Ibero-Amerikanisches Institut (Alemania) Red desiguALdades.net Catalina Caro Galvis Grupo Cultura y Ambiente (SIMAT) Universidad Nacional de Colombia Corporación Ensayos CO L E CC I Ó N G E N E R A L biblioteca abier ta Catalina Quiroga Grupo Cultura y Ambiente (SIMAT) Universidad de los Andes (Colombia) Diana Patricia Sánchez García Grupo Cultura y Ambiente (SIMAT) Universidad Nacional de Colombia Barbara Göbel Astrid Ulloa editoras Emerson A. Buitrago Grupo Cultura y Ambiente (SIMAT) Universidad Nacional de Colombia Gerardo Damonte Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) Pontiicia Universidad Católica del Perú Héctor Baca Universidad Pontiicia Bolivariana (Colombia) capítulos: entre lo social, lo económico, lo político y lo simbólico, Heidi Feldt Red desiguALdades.net Barbara Göbel Astrid Ulloa editoras Otros títulos Extractivismo minero en Colombia y América Latina Autoras y autores lo social. La conclusión es clara: la problemática de la extracción no se presta a análisis ni a respuestas políticas simplistas. Nuestras lecturas y propuestas deben ser muy matizadas y bien Ignacio Gómez Montes Investigador en asuntos ambientales Jhonnatan Fernando López Vega Grupo Cultura y Ambiente (SIMAT) Universidad Nacional de Colombia pensadas. El libro nos da un modelo para seguir este camino. Anthony Bebbington Juliana Ströbele-Gregor Red desiguALdades.net Clark University, EE.UU. University of Manchester, United Kingdom María Luisa Eschenhagen Grupo Territorio Universidad Pontiicia Bolivariana (Colombia) ISBN: 978-958-775-085-0 9 789 587 Tom Perreault Syracuse University (Estados Unidos) 75 0850 GRUPO CULTURA Y AMBIENTE BA_434_ExtMinero_Ulloa_Cubierta 1-5 16/09/14 17:02 biblioteca abier ta colección general Perspectivas ambientales Extractivismo minero en Colombia y América Latina Extractivismo minero en Colombia y América Latina Barbara Göbel Astrid Ulloa editoras FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS GRUPO CULTURA Y AMBIENTE 2014 catalogación en la publicación universidad nacional de colombia Extractivismo minero en Colombia y América Latina / Barbara Göbel y Astrid Ulloa, editoras. – Bogotá: Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Facultad de Ciencias Humanas. Grupo Cultura y Ambiente / Berlín: Ibero-Amerikanisches Institut, 2014 518 páginas: ilustraciones, mapas – (Biblioteca Abierta. Perspectivas Ambientales) Incluye referencias bibliográicas ISBN : 978-958-775-085-0 1. Extractivismo 2. Industria minera - Aspectos ambientales 3. Resguardos indígenas 4. Ecología política - América Latina 5. Medio ambiente 6. Contaminación - América Latina I. Göbel, Barbara, 1962-, editora II. Ulloa, Astrid, 1964-, editora. III. Serie CDD-21 333.85 / 2014 Extractivismo minero en Colombia y América Latina Biblioteca Abierta Colección General, serie Perspectivas Ambientales © Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, Primera edición, 2014 ISBN: 978-958-775-085-0 © Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín, 2014 © Editoras, 2014 Barbara Göbel y Astrid Ulloa © Varios autores, 2014 Con el apoyo inanciero de Bundesministerium für Bildung und Forschung Facultad de Ciencias Humanas Comité editorial Sergio Bolaños Cuéllar, decano Jorge Rojas Otálora, vicedecano académico Luz Amparo Fajardo, vicedecana de investigación Jorge Aurelio Díaz, profesor especial Myriam Constanza Moya, profesora asociada Yuri Jack Gómez, profesor asociado Red desiguALdades.net Diseño original de la Colección Biblioteca Abierta Camilo Umaña Preparación editorial Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas Esteban Giraldo González, director Felipe Solano Fitzgerald, coordinación editorial Diego Mesa Quintero, coordinación gráica editorial_fch@unal.edu.co www.humanas.unal.edu.co Impreso en Colombia Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales. Contenido Presentación 11 ba rba ra göb el y ast rid ull oa Colombia y el extractivismo en América Latina 15 PERÚ, BOLIVIA, CHILE Y ARGENTINA: REFLEXIONES SOBRE TERRITORIOS INDÍGENAS Y ÁREAS RURALES Y SUS ARTICULACIONES LOCALES-REGIONALES-GLOBALES G E R A RD O DAMONT E El modelo extractivo peruano: discursos, políticas y la reproducción de desigualdades sociales 37 M A RÍA LU I SA ES C HEN HAGEN Y H ÉCTOR BACA Comunidades aymaras y la gran minería. Una mirada a los argumentos detrás del conlicto socioambiental en Puno, Perú 75 TO M PE RREAU LT Participación y poder: la consulta previa y sus descontentos en el sector minero de Bolivia 107 J U LIA NA ST RÖB ELE-GREGOR Litio y desigualdades de conocimiento en Bolivia 137 Ba rba ra Göb el La minería de litio en Atacama: disputas sociales alrededor de un nuevo mineral estratégico 167 COLOMBIA: MINERÍA EN TERRITORIOS DE PUEBLOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS J HON NATA N F ERNAN D O L ÓPEZ V EGA ¿Coltán? ¿La respuesta es Colombia? La construcción social de un nuevo recurso mineral en tiempos de desigualdad neoliberal 197 C ATA L I NA CARO G ALV IS Minería en el Norte del Cauca Indígena. Prácticas territoriales y transformaciones socioespaciales en los resguardos indígenas nasa del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia 253 C ATA L I NA QU IRO GA Hacia un territorio minero-campesino: propuestas territoriales desde el movimiento socioterritorial en el nordeste de Antioquia, Colombia 283 E M ERS ON A. BU ITRAGO Una historia y una vida alrededor del oro: territorialidad y minería en el municipio de Vetas, Santander, Colombia 321 DIA NA PATRICIA S ÁNCHEZ GARC ÍA El conlicto por la producción del territorio en el caso del proyecto minero La Colosa, Tolima, Colombia 347 APORTES GENERALES PARA EL ANÁLISIS DEL EXTRACTIVISMO MINERO EN AMÉRICA LATINA I G NAC I O G ÓM EZ mont es Y M ARÍA LU IS A ES CH ENHAG EN Conlictos socioambientales de la minería del oro y el rol del modelo económico dominante en América Latina 389 ASTRI D U L L OA Geopolíticas del desarrollo y la confrontación extractivista minera: elementos para el análisis en territorios indígenas en América Latina 425 HEI DI F ELDT ¿Nuevas reglas de juego para el extractivismo? El papel de las iniciativas internacionales de transparencia y control para las industrias extractivas 459 Acerca de las autoras y los autores 495 Índice de materias 501 Índice de lugares 513 Hacia un territorio minero-campesino: propuestas territoriales desde el movimiento socioterritorial en el nordeste de Antioquia, Colombia* Catalina Quiroga 1 Grupo Cultura y Ambiente (SIMAT) Universidad de los Andes (Bogotá) Introducción Territorio es un espacio de libertad y dominación, de expropiación y resistencia. MILTON SANTOS, La naturaleza del espacio. Los municipios de Remedios y Segovia del departamento de Antioquia se encuentran ubicados en el costado oriental de la cordillera Central, en el sur de la Serranía de San Lucas —lugar geoestratégico de extracción minera, reserva forestal determinada por la Ley 2 de 1959 y ruta de tráico de drogas y armas— cerca del valle del río Magdalena; geográicamente su posición hace que esta región posea varios yacimientos de oro tanto de aluvión, como de veta. Estos municipios conforman la parte baja del distrito minero del nordeste antioqueño * Este artículo es el resultado del proceso de investigación para optar al título de antropóloga, titulado: «Construcción del territorio minero campesino en el nordeste de Antioquia, Colombia, movimientos socioterritoriales y derechos humanos en contra del modelo económico multinacional 19702010». Este proyecto fue inanciado a través de la Convocatoria de apoyo a trabajos de pregrado (Código Hermes del proyecto: 14768). 283 Catalina Quiroga entre los ríos Porce y Nechí, los cuales son relevantes para comprender la entrada de la gran minería a la región. Desde 1852, los gringos llegaron a Remedios y Segovia, pueblos aún no conformados legalmente y, a machete y mula, entraron las maquinarias necesarias para instalar el molino María Dama, el más importante en la región, y la mina El Silencio, una de las más profundas de Latinoamérica con cuarenta pisos bajo tierra. Esta mina, y en general la tradición británica y estadounidense, han conigurado un territorio particular que se relejó en la determinación legal de un distrito minero para el nordeste de Antioquia. Tanto así, que en sus comienzos la empresa multinacional ejercía el poder político, económico y social, por encima del incipiente Estado (CINEP 2004). El municipio de Remedios fue fundado en 15602. En un principio se coniguró como un refugio móvil de mineros quienes impulsados por el auge del oro durante el periodo de la Colonia, ocuparon y poblaron estas zonas. La llegada de la empresa Frontino Gold Mines, en la década de 1850, se debió a los nuevos auges en los ciclos extractivos. Esta multinacional, de activos estadounidenses y británicos, cumplió un papel determinante en la coniguración territorial de la región. Por su parte, Segovia es una población fundada posteriormente —en 1865— y se convirtió en el epicentro urbano de la industria del oro en Antioquia; para el año 2012 ocupó el segundo puesto a nivel nacional de extracción aurífera. Esta actividad económica es central dentro del desarrollo de la vida social, económica y política de los habitantes de los dos municipios. Adicionalmente, es importante resaltar que los pobladores de la región han pasado por momentos complicados3, en los que la palabra guerra ha sido una constante y el desplazamiento forzoso se ha convertido en uno de sus mayores miedos. Este contexto 2 3 284 Tomado de http://www.corantioquia.gov.co/docs/pgar/analisis/pdfs/2.%20 %20poblamiento%20historico.pdf. Tales como masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otros. Para más información sobre la situación de derechos humanos en la región, remitirse a documentación del CINEP, la fundación Nuevo Arcoíris y la Agencia Prensa Rural. Hacia un territorio minero-campesino... está lejos de desaparecer, pues las problemáticas en torno a la tenencia de la tierra y el derecho al territorio se han agudizado con las nuevas políticas mineras, la entrada de nuevas empresas transnacionales, la militarización del territorio y la aparición de otras actividades económicas como la extracción maderera (igura 1). La tierra 4 o su tenencia es la base primordial de todas las relaciones sociales en la región; su posesión o carencia y sus usos generan un conlicto territorial entre todos los actores que habitan el espacio geográico y quienes han decidido organizarse para buscar soluciones: algunos lo han hecho desde la institucionalidad y la presencia armada, y otros a través de la conformación de grupos de carácter político y comunitario por la defensa del territorio, tema que se trata en este artículo. Así, la pregunta principal del texto es ¿Cómo se construyen alternativas territoriales desde la comunidad minero-campesina5, en contraste con la visión hegemónica planteada por el Estado y las multinacionales para el nordeste antioqueño (municipios de Remedios y Segovia), dentro del contexto de las relaciones sociales generadas por las prácticas de minería y agricultura campesina? Es claro que la base fundamental del problema de la construcción territorial de esta región es comprender qué es el territorio y en qué medida este concepto explica las prácticas y representaciones de las comunidades minero-campesinas. Para comprender 4 5 En este texto se entiende por tierra la porción de carácter material de un espacio habitado, de la cual se obtiene beneicios económicos. Territorio, por su parte, es la construcción social de las representaciones frente al espacio habitado, sus usos, sus problemas y sus trasformaciones dentro de una dinámica histórica de poderes y de signiicados sociales. En palabras del investigador Fernandes Mançano, se deine el territorio como «El espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y mantiene a partir de una forma de poder. Ese poder […] es concebido por la receptividad. El territorio es, al mismo tiempo, una convención y una confrontación» (Fernandes s. f., 3). Esta categoría de mineros campesinos parte de una autodeterminación de la propia comunidad que tiene como objetivo deinir sus actividades económicas predominantes para describir el uso de la tierra y la construcción territorial preferida por ellos. 285 Catalina Quiroga FIGURA 1. Localización de los Municipios de Remedios y Segovia. Departamento de Antioquia. Fuente de datos: Instituto Geográico Agustín Codazzi - Portal sigot 2014. 286 Hacia un territorio minero-campesino... el problema de la construcción territorial de esta región es necesario entender qué es el territorio y en qué medida este concepto logra explicar las prácticas y representaciones de las comunidades (Santos 1996, 2000; Fernandes s. f., 2000, 2008; Rafestin 1980). De esta forma, constantemente, se producen nociones de territorios en diferentes latitudes, que parten de un análisis dinámico de su construcción y que son el resultado de un proceso de organización, de trabajo e incidencia sobre el medio físico (Agnew y Oslender 2010). Para comprender el territorio, como esta parte del todo construida por los grupos sociales que constantemente lo modiican y se identiican con él a partir de una intencionalidad particular, debemos conocer cuál es la deinición de espacio. Si entendemos el espacio como una construcción social que depende en gran medida de las relaciones sociales que sobre él se desarrollan, en esa multidimensionalidad que lo constituye, podemos pensar que este debe mirarse según la intencionalidad del grupo que lo habita. Sin embargo, cuando el espacio se percibe a través de una determinada lectura socioespacial, se construyen territorios particulares. El espacio, entonces, siempre antecede a los territorios, como lo expresa Fernandes: «El territorio (por su parte) es el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder» (1999). Otra deinición de territorio hace referencia al poder ejercido para permitir la entrada y salida de otros sujetos, como lo deine Mercier: «un territorio proviene del poder que un sujeto humano ejerce sobre una unidad espacial, sobre los seres geográicos que ella contiene y sobre los que están afuera, pero que quisieran entrar o cuya entrada fuera deseada por alguien» (Mercier s.f., 26). Es allí, en el campo de fuerzas, donde la intencionalidad toma su forma y se desarrolla en estructuras de poder particulares que contienen el espacio, territorializan intenciones y se convierten en territorios con determinadas características. De esta manera pueden coexistir muchos territorios —con diferentes intencionalidades— en un solo espacio geográico, como en el caso del nordeste antioqueño. Deinimos, justamente, el territorio como una construcción social que se produce por las relaciones conlictivas que sobre él 287 Catalina Quiroga se desenvuelven; el territorio es la materialización de una intención de un grupo social y, por lo tanto, está cargado de identidades y de relaciones de poder. Se caracteriza por una naturaleza luida, donde las fronteras son diluidas en las relaciones con otras construcciones territoriales, y por lo tanto se constituye en una realidad cambiante que requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial (Rafestin 1980; Santos 1996, 2000; Fernandes s. f., 2000; Pérez 2003). Diego Piñeiro (2004), en su análisis de la coniguración territorial latinoamericana en relación con la oleada de proyectos similares al minero colombiano en América Latina, con la construcción territorial y la estructura agraria en Colombia, identiica tres etapas históricas determinantes para su comprensión. La primera de ellas abarca desde la mitad del siglo XIX hasta 1930; se caracteriza por ser una época colonial y tener un sistema de hacienda, cuya concentración territorial dejó cientos de campesinos excluidos de un sistema de garantías, y en la que la acción colectiva ha sido catalogada como prepolítica. Posteriormente, está la etapa de sustitución de importaciones, entre las décadas de los cuarenta y cincuenta, en donde a partir del agro y la extracción minera se pretendió regular y controlar la distribución geográica territorial con varios intentos fallidos. Finalmente, está la etapa que comprende desde inales del siglo XX hasta la actualidad, cuyo enfoque central es la ruptura de la institucionalidad nacional y la reacomodación del agro y la industria extractiva de acuerdo con el orden mundial. En esta última etapa de restauración resurgen y se trasforman las formas de acción colectiva, que a su vez cambian las formas de percibir simbólica y materialmente el territorio construido. Es relevante plantear este aspecto puesto que en el país se han generado nuevas formas y usos del campo; una de ellas, y de la que se hace mención en este artículo, es la minería. En esta medida, actualmente nos encontramos en una etapa que puede ser complemento de la última mencionada por Piñeiro (2004) en su libro En busca de la identidad, la acción colectiva de los movimientos agrarios en América Latina. Estas distintas adaptaciones a un orden mundial generan nuevos intereses y por lo tanto impulsan de forma poco 288 Hacia un territorio minero-campesino... controlada, actividades de extracción urgentes para mantener un sistema global de productos. Entre ellas está particularmente la minería, donde América Latina es pensada desde las lógicas del mercado como un Sur Global donde es necesario reprimarizar las actividades económicas (Fierro 2012). Es en este contexto que las comunidades minero-campesinas del nordeste de Antioquia —organizadas en la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del nordeste antioqueño (CAHUCOPANA) y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC)—, presentan su particular deinición de territorio enmarcada en una visión integral de los derechos humanos6 y la vida digna. Las comunidades basadas en su derecho fundamental a la tierra y el territorio —eje articulador más allá del ámbito legal— identiican las falencias que se producen por la actividad minera y exigen soluciones integrales que incluyen la propiedad de la tierra y su derecho a usarla como espacio para desarrollar una vida digna7. Alrededor de estos elementos, los mineros artesanales se han organizado para defender su derecho al trabajo y a la autodeterminación, lo que para el Estado y varios estamentos legales es un delito y lo relacionan con la subversión en la región (Semana 2011). Este artículo está estructurado en cinco apartados que exponen el proceso de apropiación territorial y representaciones sociales del espacio para diferentes actores en conlicto. Las dos primeras secciones hacen referencia a los procesos históricos y a la presencia de 6 7 Es relevante comprender que los derechos humanos pasan por una lectura integral de garantías más allá del respeto por los derechos civiles y políticos, que incluyen el derecho a la vida, la protección judicial, la participación política. Los derechos para las comunidades son una forma de exigir garantías que, independientemente del enfoque académico del cual que se les dote, deben ir en una estrecha relación con los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la tierra y al territorio son entonces la bandera organizativa en la región, en la construcción de un territorio campesino. La vida digna se entiende para los campesinos como una opción donde el acceso a los derechos de todas las generaciones sea garantizado y donde la comunidad sea la base de la toma de decisiones. Esta deinición es tomada de los textos y comunicados publicados por CAHUCOPANA y ACVC. 289 Catalina Quiroga la multinacional por más de un siglo y medio en la región, y expone las relaciones que existen entre la ocupación del territorio y los habitantes del mismo. Además, presentan algunos principios de la posición y el papel del Estado y las políticas nacionales en términos mineros. El tercer apartado presenta la visión territorial desde la perspectiva de las comunidades minero-campesinas y las organizaciones sociales, enfatizando en las construcciones espaciales de estas. Se usan como referentes la construcción del territorio desde la cotidianidad de las personas y las actividades económicas, así como las formas de organización de los movimientos socioterritoriales para la defensa del derecho a la tierra y al territorio. En la cuarta sección se presenta la alternativa de participación denominada Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, igura jurídica que permite proteger a la población campesina de los posibles desplazamientos y que brinda una relativa seguridad frente a la titulación y propiedad de la tierra, además de generar un signiicado territorial en el que las comunidades son las gestoras de su futuro. El último apartado presenta algunas conclusiones preliminares de varios conlictos socioterritoriales y sus posibles impactos sociales, territoriales y ambientales. Contexto nacional de las políticas mineras del oro El oro es uno de los metales preciosos que se ha explotado durante más tiempo en el país. Desde la Colonia existían grandes grupos de hombres y mujeres quienes, a través de la técnica de aluvión, extraían alrededor del 95% del oro del Virreinato de la Nueva Granada, el cual iba directamente a la Corona Española y de allí era vendido o pagado por deudas a otras monarquías (Ramos 2011, 15). Este metal tenía un gran prestigio y era comparado con el valor de la moneda: esta era equivalente a una pepa de oro. El valor económico del oro aún prevalece: en 2010 y 2011 el precio de una onza alcanzó 1.800 dólares8. 8 290 Valor tomado de http://www.preciooro.com/valor-oro.html. Hacia un territorio minero-campesino... En los últimos años, y con el ánimo de comprender el contexto actual de la minería en Colombia, se puede decir que las cifras más optimistas permiten proyectar al país como uno de los primeros en producción de oro en el continente. Esto se aprecia a través de los siguientes hechos9: • Entre el 2004 y el 2011 los títulos inscritos ante Ingeominas pasaron de 2.056 a 5.903. • Las inversiones en temas de minería superan los 24.000 millones de dólares. • Los recursos mineros aportan el 2,2% del producto interno bruto (PBI) de Colombia, lo cual equivale a 9,8 billones de pesos. La meta es que en el 2014 el PBI minero nacional supere el 3,6% y los empleos que esta actividad generaría sean alrededor de los trescientos sesenta mil. Estas estadísticas permiten pensar que las cifras se triplicarán en los próximos diez años y, por lo tanto, en la proyección y el fortalecimiento del sector. La producción minera en el nordeste de Antioquia, como se mencionó anteriormente, se ha dado desde la Colonia y permite pensar que «[…] durante tres siglos y algo más, la minería neogranadina trabajó de esta forma simple y primitiva, en unos casos en “reales de minas” que eran propiedades del lejano rey de España, y en otros casos en minas de particulares, quienes debían entregar al gobierno virreinal una royalty del 20% de su producción (llamada el quinto real), para ser enviado a la metrópoli» (Duarte 2012, 5). En 1587, luego del descubrimiento de las minas de oro en Zaragoza —localidad cercana al nordeste antioqueño— se dictaron dos ordenanzas o regulaciones en términos mineros: la primera de ellas, la Ordenanza de Rodas, se convirtió en la primera legislación que hablaba sobre la propiedad de subsuelo; la segunda, la Ordenanza de Mon y Velarde, contenía un elemento muy interesante sobre la propiedad de la tierra, los intentos de reforma agraria y la necesidad 9 Estos datos son tomados de la edición especial de la revista Semana, «Colombia minera: mitos y realidades». 291 Catalina Quiroga de promover la agricultura como una forma de sobrevivencia de la fuerza de trabajo de las minas. Para la época de la Independencia el oro cobró una gran importancia. El naciente Estado, en medio de las guerras civiles, vio la necesidad de pensar en estos recursos como propios, y empezó a usarlos y a apropiarse de ellos en pro de una guerra nacional: […] en 1829 el entonces presidente de la República Simón Bolívar, expidió en Quito el «Reglamento de Minas» adoptando para la gran Colombia las Ordenanzas de Minería de Nueva España. Tanto el Reglamento de Minas como la Ley de minas de 1823 nacionalizaban las riquezas minerales. […] A pesar que el Reglamento sobre Minas mantenía el principio de propiedad por parte del Estado, el Gobierno podía conceder las minas en propiedad o posesión a los ciudadanos que así lo solicitaran, pero sujetos a su explotación y al pago de un tributo sobre el valor y la cantidad del mineral extraído. (Duarte 2012, 7) La Constitución Política de 1886 reconoció el valor de los recursos del subsuelo y ratiicó la propiedad estos por parte del Estado. Para entonces, la empresa Frontino Gold Mines hacía parte del principio de accesión de minas a particulares; a esta empresa le habían entregado títulos mineros a perpetuidad como pago de la deuda externa. Estos títulos estuvieron contemplados en el artículo 45 de la Ley 292 de 1875, que continuaría vigente hasta la expedición de la Ley 20 de 1969, por la cual se dictaron algunas disposiciones sobre minas e hidrocarburos. Comenta Duarte, al referirse a la primera mitad del siglo XX, que «[…] en la gobernabilidad minera del país signiicó un retroceso para las capacidades de administración de los Recursos mineros de parte del Estado, y el privilegio de la iniciativa privada foránea por medio del modelo de Concesión» (Duarte 2012, 16). Para esta misma época, una de las falencias evidentes en el sector minero colombiano radicó en el poco interés que había por los temas ambientales. La primera vez que se declararon zonas prohibidas para la extracción minera fue en el año de 1988, con el Código Minero. Estas normas ambientales preveían un impacto ambiental 292 Hacia un territorio minero-campesino... mayor al ya producido por años de extracción minera. La protección de zonas exclusivas para agricultura y la ganadería también se incluyó, «[…]en este sentido el Decreto 501 de 1996 estableció que la ejecución de trabajos autorizados por las licencias de explotación de contratos de concesión requieran de Licencia Ambiental como requisito para la inscripción en el Registro» (Duarte 2012, 17). Durante el proceso de construcción de la Constitución Política de 1991 se retomaron las ideas sobre la propiedad estatal del subsuelo, en plena entrada del proyecto neoliberal al país. La discusión sobre la propiedad del subsuelo se consignó en el Artículo 332 de la siguiente forma: «El Estado es propietario del subsuelo y los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las Leyes preexistentes»10. En la actualidad el Código Minero está vigente bajo la Ley 685 del 2001. Allí se retoma la idea de la propiedad estatal del subsuelo colombiano; en esta medida se piensa que los recursos del subsuelo constituyen un potencial importante y deben protegerse. Sin embargo, según Duarte (2012, 24), a partir de 1992 y hasta el año 2004 la visión minera del país se transformó desde dos perspectivas: 1) las empresas estatales mineras y energéticas se convirtieron en organismos mixtos al integrar la participación de capitales privados en su funcionamiento, y 2) los aparatos estatales se adaptaron a las exigencias de una minería de enclave exportador. Es así como se abrieron las puertas al capital extranjero en el país, y con ellas el camino a la actual coyuntura de legislación minera y de entrada masiva de activos internacionales para la producción11. Tomado de la Constitución Política de Colombia del año 1991, Título XII, sobre el Régimen Económico y de la Hacienda Pública, Capítulo I. De las Disposiciones Generales. 11 En términos ambientales «El Capítulo XXII Aspectos Ambientales de la Ley 685, ofrece ventajas destructivas a las grandes empresas, en un país con un entorno ambiental sensible como el colombiano. En este sentido los artículos 207 y 208 permiten la expedición de una sola licencia ambiental, para todo el periodo de la concesión, sin que la autoridad ambiental pueda cambiar esta decisión así ocurran violaciones graves a la legislación ambiental» (Duarte 2012, 30). 10 293 Catalina Quiroga En el año 2011 se creó la Agencia Nacional Minera como parte del Ministerio de Minas y Energía, con el objetivo de asumir los procesos de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, promoción y vigilancia de las obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras. Entre sus principales funciones se encuentra el promover la incorporación de la actividad minera en los planes de ordenamiento territorial, lo que permite territorializar el espacio donde se están implantando estos proyectos. A pesar de la creación de nuevos organismos de control y manejo en temas mineros, continúa siendo insuiciente la regulación minera en términos formales, de impuestos y regalías; la invisibilización de pequeñas mineras ha contribuido a generar espacios de conlicto donde es más fácil criminalizar y someter, antes que buscar alianzas o brindar apoyos reales a las comunidades que históricamente han sobrevivido de la minería. El poco conocimiento del sector en términos de investigación de los recursos y características del subsuelo y la corrupción que está presente en esta actividad a escala internacional y nacional han sido solo algunos de los vacíos que impiden que la minería se desarrolle en términos justos y equitativos. Así, el sistema económico mundial de orden capitalista crea y conigura espacios, construyendo territorios de acuerdo con sus lógicas, intereses y dinámicas. Según David Harvey (2007), la institucionalidad y la noción de subsuelo para el Estado y la empresa multinacional generan apropiaciones particulares del territorio basadas en modelos de acumulación de capitales, especialmente por desposesión, a través del uso de la guerra, el desplazamiento y la expropiación, entre otras modalidades. La proyección de políticas públicas es un elemento vital en este entramado de relaciones; ellas legitiman una presencia institucional dedicada a la explotación de oro, conciben el espacio como una oportunidad económica y generan alternativas de organización del mismo en pro de los intereses de la locomotora del desarrollo del gobierno nacional para el periodo de 2011-2014, y con proyección nacional hacia el 2019, cuando Colombia se proyecta como una potencia minera de Latinoamérica y del mundo. 294 Hacia un territorio minero-campesino... Este contexto de favorabilidad gubernamental hacia la entrada de empresas extranjeras genera una disputa entre los actores que también están dentro del espacio geográico. En términos de Bebbington, es relevante entender que «[…]en una sociedad dada, la deinición dominante de desarrollo y por lo tanto la relación deseada entre desarrollo y medio ambiente, no es otra que un artefacto de poder» (2007, 31). Es frente a esta estructura de poder que se dan las respuestas de los otros actores habitantes del espacio, entre ellos la comunidad minero-campesina, quienes desarrollan su vida y construyen desde lo cotidiano otras nociones referentes al territorio y establecen una relación diferente con el medio ambiente. La Frontino Gold Mines y la presencia histórica de las multinacionales en el nordeste de Antioquia La llegada de la Frontino Gold Mines (FGM) al nordeste de Antioquia representó un choque de varios mundos en una región apartada de los centros administrativos del momento. Con el establecimiento de esta empresa, el Virreinato de la Nueva Granada fue testigo del arribo de barcos y mulas que traían la maquinaria y los ingenieros de minas, que eran parte de este proyecto colonizador 12 y extractivo en términos económicos. El siguiente fragmento hace parte de un discurso pronunciado por el doctor Wilfredo López, representante de la empresa, el 20 de abril del 2002 en la conmemoración de los ciento cincuenta años de la FGM. Cuando el vicepresidente Santander se enfrentó a la tarea formidable de crear una República de la nada, en el caos y en la ruina dejados por las guerras de Independencia, y apremiado por Bolívar para obtener más recursos y materiales para liberar al Perú, no tuvo más remedio que acudir al crédito insistentemente ofrecido por Inglaterra a la joven Colombia. Fue de esta manera como se le dio a 12 Cuando en el nordeste de Antioquia todavía se habla de valores o pesos del oro como castellanos, que equivalen a 4,6 gr, o tomines, que son 12 gramos de oro o reales, se reieren a escalas de valor impuestas por los colonizadores. 295 Catalina Quiroga los banqueros ingleses todas las facilidades y garantías para establecerse en el país, por encima de los intereses nacionales. Después de irmado el acuerdo en Londres en 1825 empiezan a llegar la compañías inglesas a Colombia; con ellas llegaron los primeros ingenieros de minas europeos. Aquellos ingenieros nos trajeron la mineralogía, la geología, la hidráulica, […] conocimientos de invaluable utilidad que dieron un nuevo y gran vigor a la minería. (López 2002) En 1851, compañías inglesas particulares nombraron como agente en Colombia al exministro de hacienda Florentino González, quien compró en 1852 algunas minas en el municipio de Frontino por ciento cinco mil pesos y la mina Bolivia, localizada en lo que hoy sería Remedios, por tres mil pesos. De esta manera se conformó la empresa he Frontino and Bolivia Company. El 21 de abril de 1852 nació la casa matriz llamada Compañía La Nueva Granada, con un capital de doscientos cincuenta mil libras esterlinas y con sede en la ciudad de Londres (López 2002). La Frontino inicialmente comenzó su operación en el municipio del mismo nombre, en Antioquia. Sin embargo, en el año de 1855 se trasladaron a lo que hoy es Segovia, debido a que sus intereses no estaban siendo satisfechos y ante el rumor de una mayor abundancia de oro en esa región. Llevaron sus equipos por la trocha de Guarachas, que era la vía de acceso desde Medellín a estos terrenos, los cuales ya eran explotados por empresas francesas dueñas de las minas de San Nicolás y de Cristales, en el conjunto de minas llamado el Ñemeñeme. En este nuevo territorio, La Frontino inició la explotación de algunas minas —que hasta hoy todavía se están trabajando— como El Silencio, Bolivia, Manzanillo, Marmajito, Cogote, Córdoba y después se abrieron las minas de San Nicolás, Tres y Media y La Italia. Fue tanto el éxito de esta empresa en la región, que en su apogeo (1939-1942) la FGM extraía y molía dieciocho mil toneladas de mineral al mes. La creación de los asentamientos y pueblos en la región no se pueden pensar por fuera de la inluencia de la empresa, pues esta «[…] como un reconocimiento a la población decidió legalizar los predios y fue así como en 1888, la compañía Frontino and Bolivia 296 Hacia un territorio minero-campesino... le cede bajo escritura pública de una forma gratuita al distrito de Segovia una área de 83,5 hectáreas para ubicar el asentamiento» (López 2002). Así, sobre el caserío llamado Tierra Adentro desde el año de 1865, se funda el municipio de Segovia el 15 de junio de 1885. Esta compañía se vio afectada por los ciclos mundiales de poderes económicos. Durante las primeras décadas del siglo XX, Inglaterra decayó como potencia a la vez que cobraban importancia los grupos económicos y capitales norteamericanos, quienes adquirieron la gran mayoría de las empresas inglesas en el mundo. Eso fue lo que sucedió con la actividad minera de Antioquia, pues en 1910 la corporación norteamericana International Mining Corporation le compró a los ingleses todos sus derechos sobre la empresa he Frontino and Bolivia Company, que en ese momento cambia su nombre a Frontino Gold Mines (López 2002). Para la década de los setenta, tras una crisis en la década de los años cuarenta, los conlictos sociales que se habían desatado en toda América Latina generaron antagonismos sobre la propiedad de la tierra y el monopolio de la explotación. El nordeste antioqueño no fue ajeno a estas dinámicas, que arruinaron a la multinacional y dieron paso a una cadena de sucesiones hasta el 2011. Para el año 2012 arribaron a la región dos grandes grupos: la AngloGold Ashanti, que se ubicó en los límites con el sur de Bolívar y la serranía de San Lucas —que llega tras el boom minero del 2000—, y la Gran Colombian Gold y su iliales: la Zandor Capital y la Medoro Resources, que son las nuevas dueñas de las concesiones de la desaparecida FGM. En términos generales, la presencia de las multinacionales en la región ha estado marcada, a lo largo de los diferentes periodos históricos, por momentos de relativa simpatía hacia la comunidad. Está demostrado que la liquidada empresa FGM colaboró con grupos paramilitares en las décadas de los años setenta y ochenta y se convirtió en enemiga de un pueblo con el que anteriormente solía tener buenas relaciones. Los gringos13 son recordados por 13 Término usado en la región para referirse a los ingleses. 297 Catalina Quiroga muchos habitantes que de niños gozaron los beneicios que esta empresa le brindaba al pueblo. Los gringos formaban parte de una empresa que se suponía próspera y que contaba con el respaldo de la población minera campesina de la región; sin embargo, luego de su venta a empresas de capital norteamericano, se inició un proceso de separación con las comunidades. Como consecuencia de esta situación se empleó mano de obra de otras regiones y se precarizaron las condiciones de vida de la comunidad. Ya para los años ochenta y noventa se optó por la presencia de grupos privados de seguridad —paramilitares—, lo cual contribuyó al recrudecimiento del conlicto social y armado, y paralelamente se inició un proyecto de despojo de tierras y desplazamiento forzado hacia las zonas altas. Para los años 2011 y 2012 las multinacionales redujeron los empleos directos y comenzaron a perseguir las prácticas de hecho y artesanales de la extracción de oro, monopolizando la venta y el valor de compra del mismo. En este contexto, la agencia de las poblaciones minero-campesinas quedó por fuera de la organización territorial. Esto, junto con el conlicto social y armado —que ya contaba con varias masacres, ejecuciones extrajudiciales y despojos, además de una reconocida alianza entre las fuerzas militares y paramilitares—, llevó a la conformación de organizaciones sociales. Ellas, como única salida a esta situación, le apostaron a la lucha por conformar una Zona de Reserva Campesina y un territorio minero-campesino. Un campo pensado por los mineros campesinos La historia de la colonización de territorios baldíos, la usurpación de esos territorios por poderes regionales y nacionales, y la implantación de proyectos de desarrollo desigual o de otros desarrollos, propuestos por un Estado preferente que no garantiza el respeto por los derechos humanos ni los estándares mínimos de calidad de vida, son solo algunas de las causas del problemático contexto actual en el nordeste de Antioquia. El territorio, como se ha comentado, es un escenario construido donde las luchas de 298 Hacia un territorio minero-campesino... poder generan tensiones y a su vez reacomodan e identiican posibilidades de sobrevivencia y de explotación de lo brindado por la tierra. En el caso de esta región, las tensiones entre los actores reacomodan, desplazan, especializan, territorializan y generan comunidades de sentido. Así, comprender la visión de los mineros campesinos del lugar nos permite ver una parte del entramado de las relaciones que modiican el espacio habitado y generan territorios de sentido, donde la identidad como minero campesino se convierte en el principio fundamental para entender la posesión de la tierra y su utilización. La historia del nordeste de Antioquia se releja en las dinámicas de colonización y de migración laboral del sector primario de la economía: en el caso particular de la minería en las actividades de explotación de veta, socavón, dragado y barequeo. En los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, estas tierras fueron el refugio de cientos de personas que huían de los conlictos bipartidistas desde el interior del país (Molina 2010, 22); las dos décadas siguientes fueron de relativa calma hasta entrados los años setenta, cuando se presentó un ascenso de la presencia paramilitar y vigilancia estatal para proteger los intereses de las multinacionales por medio del hostigamiento y el ejercicio del poder sobre las comunidades campesinas y mineras allí asentadas (Colombia Nunca Más 2000; CINEP 2004). Entonces, comprender la complejidad del conlicto armado y los actores que forman parte de él es determinante para pensar en la construcción territorial, pues son estos quienes generan las lógicas de apropiación del espacio habitado. Eso para mencionar que no solo la presencia de la población minera campesina deine la lógica territorial en la zona, sino también las políticas nacionales en términos mineros y territoriales, de la mano de la presencia constante de grupos armados, generan otro tipo de identidades frente al mismo territorio. Así, la comunidad minero-campesina no está por fuera de un contexto de violencia que determina el uso y la movilidad en sus propios espacios. Las trochas prohibidas para el comercio, las veredas tomadas por los frentes armados, los batallones o bloques 299 Catalina Quiroga y los retenes viales, entre otras modiicaciones espaciales implantadas por las lógicas del conlicto, también juegan un papel relevante en esta discusión territorial. La militarización es fundamental para comprender cómo las comunidades minero-campesinas reaccionan frente a estos actores en particular y cuán importante es su inluencia en la construcción territorial. La presencia armada modiica de forma radical las rutas de comercio, de tránsito y de desplazamiento forzado en la región y se coniguran como otro elemento en este entramado de relaciones donde conviven las visiones antagónicas del territorio. Paralelamente, más allá de las relaciones ya expuestas, existen otras formas de apropiación material. La inca, por ejemplo, es el centro de la organización territorial; desde allí se comprenden todas las relaciones económicas en la región. Incluso la explotación minera artesanal o la presencia de dragas es pactada con los dueños de incas o con las familias allí asentadas. En todos los casos, sobre todo en las sociedades mineras de hombres jóvenes o de campesinos asociados para obtener mayores recursos, la mina, dependiendo de su forma, requiere un trato con el dueño de la tierra, o sea con el propietario de la inca. Cuando la minería es de socavón, a este se le paga por el uso de la tierra con un número determinado de bultos de la producción. Si la minería es de draga, los servicios de alimentación y mantenimiento en general (lavado de ropa, medicamentos, etc.), deben ser comprados al dueño de la tierra por donde están dragando el río. En el caso del bareque, la actividad se realiza de manera comunal. La vida en el campo, entonces, depende enteramente de las actividades de sobrevivencia; en esta medida, la propiedad es vital para el desarrollo de las familias y comunidades de mineros campesinos. La construcción territorial es, como lo vimos anteriormente, el resultado del uso del suelo, de las formas de organización socioeconómica y especialmente de la relación de profunda necesidad del ser humano con la naturaleza y de las relaciones sociales entre los seres humanos, generadores de comunidades, antagonismos y relaciones de poder. A continuación se presenta una descripción del espacio de una inca tipo del nordeste de Antioquia (igura 2), útil para tener una imagen de las apropiaciones materiales en la región: 300 Hacia un territorio minero-campesino... La inca como centro de las actividades se conigura en pequeños lugares, con un sector desmontado y otro con algunas partes de bosques de galería, y cultivos originarios de la zona (yuca, plátano, frutales). Las zonas desmontadas son mucho más grandes y se ven en ellas varias vacas y novillos cebú. Las casas están ubicadas en un sector plano; son casas de madera (la misma madera que se comercializa) con dos o tres cuartos y la cocina; este modelo es la constante en la construcción de vivienda de cientos de campesinos. Las familias más organizadas tienen cocinas que funcionan con leña y por lo general alrededor de la casa crían algunos marranos y unas pocas gallinas (valga aclarar que los pollos, son un recurso escaso en la zona), tienen árboles frutales, en zadas y espacios de sombra para pasar la tarde. Estos son los elementos construidos por el hombre que modiican el paisaje natural de la espesa selva de esta parte del país. Las familias en su mayoría son extensas, con varios niños al cuidado de las mujeres. En aquellos hogares con capacidad adquisitiva vive un campesino que trabaja por jornal. La mayoría de estas incas, como se demostrara más adelante, no están tituladas; por lo tanto, la labor de construir y de destruir la cerca es bien importante, y la adquisición de esos materiales se convierte en un reto para los campesinos pobres y un poco menos para los de medianos recursos. (Diario de campo 2011-2012) Ahora, en términos de la práctica económica de la minería cabe anotar que los oicios derivados de esta actividad son diversos y la división del trabajo familiar y comunal es un punto clave. Así, la relación entre actividades económicas derivadas de la minería y las actividades agrícolas es muy estrecha y presenta otro tipo de relación con el espacio, lo cual es una característica importante en la construcción territorial. La autoidentiicación como mineros campesinos parte de la premisa de que las actividades mineras aportan a la economía familiar que, para los casos de inca estudiados, hacen parte de una economía campesina. Resulta, entonces, una pregunta sobre las posibles relaciones entre estas dos actividades económicas. Lejos de responderla, quisiera anotar que para el caso del nordeste 301 Catalina Quiroga FIGURA 2. Diagrama de usos de suelo inca tipo 1. Fuente: Elaboración propia. Este esquema fue el resultado de una entrevista realizada en campo con el dueño de la inca, un líder campesino de CAHUCOPANA. antioqueño se requiere profundizar sobre estas relaciones y los posibles signiicados culturales y territoriales de sus prácticas. A continuación presento la descripción de una de las minas que incluye varios trabajos y diversas formas de distribución del espacio; también cobija otros elementos que se retoman más adelante: la organización social y la asociación de vecinos y productores. Esta mina en particular tiene dos actividades diferentes en el mismo territorio: una de ellas es la actividad tradicional de la minería de socavón y la otra es el trabajo de las chatarreras. Estas son mujeres madres cabeza de familia que combinan el cuidado de sus hijos y la casa con la recolección de los residuos producidos por la minería de veta; ellas, que actúan en asocio con otras vecinas en iguales condiciones, trabajan a contra jornada de las escuelas del casco urbano, en especial del municipio de Segovia, durante más de 8 horas diarias. 302 Hacia un territorio minero-campesino... Mineros asociados extraen diariamente kilos de piedras que pueden contener una buena cantidad de oro; de la pureza de este depende la primera selección del minero. Luego de elegir el material, cierta cantidad, por lo general pequeña, es vendida a los entables a muy bajo costo; la tercera parte, considerada menos pura, es desechada para que las mujeres tamicen el material y subsistan de la recolección de la basura del oro. Durante todo el día, las mujeres recogen en baldes las piedras que tienen partes de oro «en remojo», eligen las mejores «pepitas» y las llevan ya pesadas al entable, donde obtiene su dinero. Los barrenderos son grupos que familiares que viven muy cerca de las minas o de los caminos que conducen a ellas. Estas personas, que tienen otros oicios para sostener a su familia, barren en sus patios y caminos cercanos a las minas, y así, de forma paulatina, van completando bultos enteros de polvo que a simple vista es completamente inservible. Sin embargo, al llevarlo a un entable, este bulto de tierra genera ganancias extras para el grupo familiar. (Diario de campo 2011-2012) En conclusión, paso a paso, las comunidades minero-campesinas, campesinas y mineras del nordeste de Antioquia reproducen en la tierra habitada sus nociones territoriales y sus necesidades básicas de sobrevivencia, que se materializan en la práctica cotidiana de las labores económicas de la comunidad y de las estrategias de sobrevivencia en un contexto de violencia histórica en la región. Proyección hacia la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra La Zona de Reserva Campesina (en adelante ZRC) se convirtió para las comunidades del sector en una alternativa jurídica para contrarrestar la entrada acelerada de las empresas multinacionales y de una política estatal permisiva con vacíos jurídicos en el momento de entregar titulaciones y generar prohibiciones de la explotación de la pequeña minería. Las ZRC fueron reglamentadas desde el año 1996 con el Decreto 1777 expedido durante el gobierno de Ernesto Samper y 303 Catalina Quiroga antecedido por la Ley 160 del año de 1994 en su capítulo 13 sobre «Colonización de baldíos», promovida por el mismo gobierno. Las ZRC se reglamentaron en un contexto político y social marcado por varias movilizaciones agrarias en el país, con el objetivo de fomentar y estabilizar las economías campesinas de los colonos, así como para evitar la concentración de la propiedad territorial (Fajardo 2002). Así, las ZRC comienzan un largo camino en el proceso de aceptación por parte de las organizaciones campesinas regionales, ACVC y CAHUCOPANA. La ACVC nació en 1998 tras las marchas campesinas hacia la ciudad de Barrancabermeja, realizadas ese mismo año y en 1996, para exigir al gobierno central «[…] garantizar el derecho a la vida de los campesinos, perseguir a los grupos paramilitares, castigar a los militares y agentes del Estado culpables, por omisión o acción directa, de las graves violaciones de derechos humanos en la región» (ACVC 1998). Como resultado de las marchas, el gobierno precedido por Andrés Pastrana irmó con las comunidades un acuerdo de seguimiento y de garantías a la movilización14. Firmados estos acuerdos, el gobierno central se comprometió a cumplir las exigencias de la masiva protesta y brindar recursos para la realización 14 304 Estos acuerdos se irmaron el 4 de octubre de 1998 en la ciudad de Barrancabermeja y en esas negociaciones el entonces presidente Andrés Pastrana airmó: «El Gobierno Nacional ante los hechos que violan los DDHH, la Constitución y las leyes, efectuados por grupos paramilitares contra la población civil del Magdalena Medio por más de una década, rechaza, condena y repudia la presencia pública, abierta y permanente de dichos grupos en esta región. Estos grupos paramilitares han utilizado sistemáticamente la práctica de desaparición forzada de personas, torturas, masacres, asesinatos y desplazamientos forzados masivos e individuales y demás actividades criminales ejecutadas en personas ajenas al conlicto armado, generalmente campesinos pobres. El Gobierno reitera su convicción de llevar adelante una política de Estado contra el paramilitarismo, que oriente a la fuerza pública en su eicaz combate y neutralización». Tomado de http://tlahui.com/politic/politi00/politi10/ co10-5.htm. Hacia un territorio minero-campesino... de un plan de manejo y sostenibilidad de derechos humanos, como primer requisito para elaborar el Plan de Desarrollo de la ZRC. Esos acuerdos fueron incumplidos, por lo cual la Asociación Campesina decidió generar espacios de interlocución nacional e internacional con el in de lograr lo pactado en ellos. De esta forma, la ACVC alcanzó un reconocimiento regional que le permitió no solo aumentar el número de personas ailiadas, sino resigniicar un territorio que actualmente es de gran relevancia: la noción de sentirse parte del Magdalena Medio. Desde entonces, la Asociación ha desarrollado un trabajo comunal que incluye varias líneas de acción política, como lo son el fortalecimiento del sector productivo, la sostenibilidad ambiental, la investigación, el desarrollo y la constante actualización del Plan de Desarrollo Regional —léase también Plan de Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra—, y la formación permanente de las comunidades campesinas. CAHUCOPANA, por su parte, nació el 4 de diciembre del 2004 tras un desplazamiento interveredal en el que alrededor de trescientos campesinos tuvieron que dejar sus hogares de forma temporal y asentarse en la vereda Lejanías, ubicada en la parte alta de la zona rural del municipio de Remedios; esta migración se debió al rumor de la presencia de hombres vestidos de negro (paramilitares) que rondaban la región. CAHUCOPANA deinió a sus miembros como «defensores y defensoras de derechos humanos; nuestra organización tiene como fundamento la defensa de la tierra del territorio y nuestro lema es por la vida digna del campesinado colombiano» (2010). Es una organización con más de trescientos campesinos ailiados que hacen parte de las Juntas de Acción Comunal de toda la región. Tiene en su cabeza a dieciséis miembros que conforman la junta directiva, todos ellos campesinos, lo que le ha permitido consolidarse en la región del nordeste antioqueño como la única opción de visibilización y de acción jurídica y política. La historia de la organización social en la región es primordial en términos territoriales. La presencia histórica de todo tipo de 305 Catalina Quiroga estructuras organizadas, desde los partidos políticos (Unión Patriótica, Ligas Campesinas, Partido Comunista Colombiano, MOIR15) hasta los grupos insurgentes (FARC-EP 16 y ELN 17), genera una conluencia de diversos puntos de vista en términos de reivindicaciones, derechos y propuestas de cada una de estas formas de expresión social. Los movimientos sociales son generados históricamente en un determinado tiempo y sufren de ciclos cortos o largos de auge político, de los cuales se deriva el potencial de su accionar como conjunto de individuos. Para Edelman «La fuerza política de los movimientos sociales tiende a expandir y a disminuir durante periodos de mediana duración en ciclos de protesta […] el éxito de un movimiento social no radica necesariamente en la formación de organizaciones largas y duraderas» (2003, 3). Así, aunque el tiempo es importante, entender el movimiento social como un proceso que no debe ser caliicado por su duración sino por su accionar territorial, nos brinda la primera característica para pensar los movimientos sociales en el nordeste antioqueño: los pobladores del valle del río Cimitarra, y puntualmente las comunidades minerocampesinas, conforman un movimiento social que ha desarrollado su lucha sobre la base territorial y ha dependido del contexto nacional e internacional para modiicar sus estrategias de acción política, proponiendo sus visiones del mundo y del desarrollo como alternativas válidas dentro de esta disputa territorial. Para Anthony Bebbington (2007), y en la línea de la ecología política, es importante comprender que los actores sociales van antes que las estructuras sociales y tienen que ver con el medio que los rodea. El movimiento social es una estructura social y debe comprenderse desde la diversidad de los actores y desde las escalas espaciotemporales. Por otro lado, estos procesos de resistencia han sido vistos desde dos perspectivas: la primera de ellas es la realizada desde la respuesta cotidiana, o lo que Scott (citado por Bebbington Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. 17 Ejército de Liberación Nacional. 15 16 306 Hacia un territorio minero-campesino... 2007) llamó en su texto «Las armas de los débiles» como infrapolítica; y la segunda perspectiva se da desde la articulación no solo de las microrresistencia, sino del conjunto del accionar político de comunidades organizadas, que genera movimientos sociales (2007). Esto es relevante pues el movimiento campesino del nordeste de Antioquia y más allá del valle del río Cimitarra se conigura como una mezcla de estos dos tipos de resistencia, dado el origen diverso de sus pobladores, las actividades económicas que realizan y, sobre todo, la concepción de los individuos de su accionar político, cuya única motivación es la posesión de la tierra y lo que esto signiica dentro de una lectura de derechos integrales a la vida digna. En esta medida, el movimiento minero-campesino del nordeste de Antioquia se convierte en un movimiento socioterritorial, un término desarrollado por Fernandes (s. f.), en el que puntualiza dos aspectos que son determinantes para comprender el conlicto presente en el nordeste de Antioquia: Los movimientos socioterritoriales (y no son diferentes a los movimientos sociales, solo que estos tiene un énfasis de análisis territorial y geográico) tienen el territorio no solamente como objeto, sino que este es esencial para su existencia. Los movimientos campesinos, los indígenas […] pueden construirse en movimientos socioterritoriales y socioespaciales porque crean relaciones sociales para tratar directamente sus intereses y así producen sus propios espacios y sus territorios. (Fernandes s. f., 9) Rafestin, también apoya esta visión territorial, basado en la idea de que para algunos movimientos el territorio es su triunfo y, por lo tanto, la razón de su existencia (1980). Teniendo en mente el énfasis territorial del accionar de las organizaciones sociales mencionadas, se debe comprender qué es una ZRC y cuáles son sus antecedentes jurídicos. Así, las ZRC18 18 Entre los ines de la ZRC se pueden señalar: 1) protege y asegura la propiedad de la tierra en manos de pequeños campesinos, previene el desplazamiento forzado y permite combatir el latifundio; 2) representa una oportunidad para construir un modelo de desarrollo rural y paz; 3) ofrece una oportunidad para la generación de empleo rural ligado 307 Catalina Quiroga nacen como alternativa territorial que se debe entender como un intento incompleto de ley de reforma agraria en el nuevo modelo de apertura económica (contrario a las exigencias de la base campesina del momento), donde el mercado de la tierra es un eje principal y la intervención del Estado en la repartición de la misma es fundamental como organizador territorial legal19. De esta manera, la democratización de la tierra y el interés por evitar su concentración, que venían desde la Constitución de 1991, son las premisas de este modelo de una incipiente reforma agraria de mercado asistido. Sin embargo, y como lo analiza Darío Fajardo en su libro Para sembrar la paz: hay que alojar la tierra, estos proyectos fueron en detrimento de la eicaz repartición de la tierra y por el contrario, a mediados de los años noventa ya la concentración de la tierra en Colombia era más acentuada que en los tiempos de las leyes de reforma agraria antes de la constituyente (Fajardo 2002, 78). La ZRC del Valle del Río Cimitarra es la iniciativa de organización territorial por parte de comunidades organizadas que tienen inluencia en los municipios de Remedios y Segovia en el nordeste de Antioquia, sobre todo en la zona rural del municipio de Remedios; Segovia, dada su cercanía, tiene alguna inluencia de este halo de organización pero territorialmente no hace parte de esta igura legal. Sin embargo, siendo uno de los referentes que permiten pensar esta construcción territorial desde las comunidades minero-campesinas, los pobladores de los dos municipios se sienten parte de la región del Magdalena Medio y se piensan a la soberanía alimentaria; 4) permite avanzar en la erradicación de cultivos de uso ilícito; 5) permite sumar recursos estatales y de la cooperación internacional hacia una inversión dirigida y concertada; 6) es una oportunidad para la adecuada regulación del uso de los recursos naturales y su protección (ACVC y Humanidad Vigente 2010). 19 Las ZRC están previstas en el capítulo 13 sobre colonización de baldíos de la Ley 160 de 1994: «Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones». 308 Hacia un territorio minero-campesino... dentro de la acción social y política de las organizaciones campesinas presentes. Más allá de la legalidad de la ZRC del Valle del Río Cimitarra, esta está legitimada como igura por la práctica económica, social y cultural de las comunidades allí asentadas. El simple hecho de que la ZRC ya estuviera funcionando antes del levantamiento de su suspensión20, releja que para las comunidades la organización y defensa de su territorio es una opción posible y sustentable para sus vidas. Trabajando en la bufalera, me es más fácil todo, yo tengo mi tierra pero igual tengo búfalos allá que los cuidan los pelados, o ellos viene para acá y yo me quedo acá, la ACVC me dio 10 machos y 2 hembras, hace como unos tres años… ahora tengo como 15 hembras y cuatro machitos no más... esos casi no se crían, pero igual la leche y el resto es muy bueno de eso. (Wilson Torres, 45 años, líder campesino ACVC) Cada familia de la región tiene contacto con alguno de los proyectos21 que se adelantan en la ZRC; además, son responsables de mantener el bosque de galería y, en el caso del nordeste, la zona de reserva forestal debe ser protegida no solo por estar dentro de la Ley Con base en la Ley 160, el Gobierno dio inicio al Proyecto Piloto. Entre 1997 y el año 2002 se conformaron seis ZRC, una de las cuales fue la del Valle del Río Cimitarra, creada en diciembre de 2002 en los municipios de Yondó y Remedios (Antioquia) y Cantagallo y San Pablo (sur de Bolívar). Con el argumento de que la ZRC suscitó conlictos sociales en la región, el gobierno de Álvaro Uribe suspendió la ZRC del Valle de Río Cimitarra el 10 de abril del 2003. En su labor de defensa de los derechos del campesinado, la ACVC exigió desde entonces el levantamiento de la suspensión. Su labor tuvo frutos cuando en febrero del 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos la reactivó, con lo cual se beneician hoy 8.935 familias (PBI 2011, 3). 21 Algunos de los proyectos adelantados en la zona son: 1) desarrollo agroindustrial de la caña en la parte alta y media del valle del río Cimitarra; 2) proyecto de ganadería campesina de búfalos en el valle del río Cimitarra; 3) proyecto de acueducto veredal en Puerto Matilde; 4) proyecto de construcción y dotación de estanques para desarrollar un programa ictiológico bajo el concepto de seguridad alimentaria, en las veredas La Poza y Puerto Matilde; 5) proyecto de saneamiento básico y mejoramiento de vivienda en los municipios de Yondó y Remedios (Becerra 2005). 20 309 Catalina Quiroga 2 de 1959, sino además por ser parte de la zona amortiguadora de la cual es responsable la comunidad que es beneiciada por esta igura. Así, comprender esta apropiación social de la igura nos permite ver que más allá de la legalidad y de la propuesta gubernamental por facilitar el acceso a la tierra a campesinos pobres, estos se organizan de tal forma que pueden generar representaciones sociales tan fuertes que construyen una identiicación puntual con un proyecto y generan una propuesta de desarrollo y territorio alternativo en sus propios términos, lo que se puede resumir en una construcción histórica de un territorio de lo campesino. Territorialidades superpuestas: apuestas territoriales desde el movimiento social y la cotidianidad minero-campesina La tenencia de la tierra en términos económicos es, sin lugar a dudas, una fuente de creación de poderes regionales, nacionales e internacionales, más allá del espacio geográico. La construcción del territorio, como espacio de identidades, se materializa en un sinnúmero de posibilidades para varios actores, quienes representan sus intereses y construyen sus identidades a través de este. La situación del nordeste de Antioquia permite ver las posibilidades y nociones que recaen sobre el término «territorio». La práctica del territorio modiica la percepción de un lugar que ya era convulsionado por el conlicto armado y social. Al ser esta región un espacio geográico de interés minero nacional e internacional y encontrarse en el centro de los planes nacionales de desarrollo como una zona de interés industrial, las comunidades minero-campesinas, el Estado y la empresa multinacional entran en conlicto permanente generando formas territoriales de organización de acuerdo con los intereses particulares. Para la comunidad minero-campesina, este conlicto socioterritorial pasa por una reivindicación del derecho al territorio de forma integral22 pues es allí donde se reproduce la vida y la cultura, lo que 22 310 El territorio integral es deinido por las organizaciones campesinas que hacen presencia en la región como la posibilidad de poseer el derecho de Hacia un territorio minero-campesino... promueve la construcción alternativa de escenarios de resistencia, hibridación y negociación. De otro lado, encontramos un contexto de acumulación y concentración de la propiedad en manos de las grandes empresas mineras y de exclusión y olvido de las comunidades por parte del Estado, que a partir de la concesión de títulos mineros ha privilegiado a estas grandes multinacionales en contraposición con los pequeños mineros y mineros artesanales (actividad de subsistencia), y solamente ha hecho presencia en la región a través de políticas asistencialistas y de la fuerza armada. Es así que —dependiendo de los intereses económicos, políticos, sociales y culturales de cada grupo social, y construyendo diferentes visiones y formas de apropiación del territorio, que entran en conlicto y contradicción—, el nordeste de Antioquia es un «territorio de resistencia»23 para los campesinos; es la «ZRC del Valle del Río Cimitarra»24 para los movimientos socioterritoriales; es «un pueblo de tradición minera»25 para las alcaldías, y un «Distrito minero y de inversión» para el Estado y las multinacionales; visiones que, como ya se ha señalado, entran en conlicto y contradicción. El nordeste de Antioquia es entonces, en un primer nivel, una región construida desde la cotidianidad de las prácticas de las familias dedicadas a la minería y a la agricultura, quienes se autodenominan mineros campesinos, y quienes —a través del reconocimiento geográico y el aprovechamiento del suelo— generan un territorio donde la garantía de la calidad de vida en términos económicos es su base fundamental, y donde la combinación de esfuerzos físicos da como resultado la sobrevivencia diaria. propiedad y, además, tener la garantía de acceso a los derechos económicos, sociales, políticos y culturales, tales como la educación, la salud, la libre movilización, etc. 23 Expresión obtenida en campo. Entrevista a campesino del municipio de Remedios. Agosto del 2011. 24 Expresión obtenida en campo. Entrevista a líder campesino del municipio de Segovia. Agosto del 2011. 25 Expresión obtenida de la página oicial del municipio de Remedios: http:// remedios-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml. 311 Catalina Quiroga Ahora, en un segundo nivel y en el contexto de la globalización nacieron las políticas nacionales que daban prioridad a la entrada de las multinacionales y criminalizaban a la pequeña minería. Todo esto en contraposición a las comunidades mineras campesinas, habitantes de la región, quienes se identiican con el trabajo de la minería artesanal y el desarrollo rural alternativo. Es entonces cuando surgen las respuestas legales, institucionales, políticas, armadas y económicas en contra de este modelo territorial impuesto y la comunidad se organiza comunicándose y generando alianzas, a través del conocimiento, con vecinos y amigos del territorio que ellos representan. La respuesta armada es una consecuencia de estas dos representaciones territoriales —nivel uno y nivel dos— que conviven en el espacio geográico de los municipios de Remedios y Segovia. La presencia histórica de las multinacionales —y por ende del mundo europeo y norteamericano, que intenta adaptarse con mucho esfuerzo a las condiciones ambientales, políticas y sociales de una región como el nordeste de Antioquia—, no logran sentirse en casa, en contraposición con una comunidad minera campesina organizada, que en la defensa del derecho al territorio ha aprendido y modiicado sus formas de lucha de manera coyuntural pero continua. Estas dos estructuras superpuestas dieron como resultado una serie de respuestas que desencadenaron en la confrontación armada e ilegal y la lucha continua por medios legales, como la constitución de la ZRC. La construcción del movimiento social en Colombia y su fortalecimiento, que ya es de vieja data, evidencia un camino de cambios relevantes en términos de institucionalidad y de percepción del mismo movimiento frente a un tema puntual como las políticas mineras en el país. Los periodos de crisis sociales coniguraron la entrada de políticas de despojo —donde primaba el capital por encima del bienestar de las comunidades que son excluidas con el argumento de su poco o nulo aporte al desarrollo en el país, al cuidado del medio ambiente y la promoción de programas verdes en torno a la minería—. 312 Hacia un territorio minero-campesino... Este ordenamiento territorial —pensado desde la ganancia económica y desde el capital, aplicado sin cambios a un contexto histórico, social, político, económico y particular de cada uno de los países latinoamericanos— está desencadenando una oleada de respuestas sociales de diferentes tipos y características, cada una de ellas con su visión de territorio y con sus propias discusiones, que claramente parten de una lectura comunal del momento histórico en particular y de las necesidades particulares de la vida cotidiana de las comunidades, en este caso minero-campesinas. En este sentido la expansión minera en estas tierras constituye una suerte de competencia entre dos proyectos geográicos: un proyecto que implica una gobernanza de territorios que permite la ocupación por múltiples actores y otro que implica una gobernanza que asegure la ocupación por un solo actor. El primero implica cambios territoriales sucesivos, cotidianos y marcados por continuidades con signiicados históricos; el segundo implica cambios territoriales drásticos, no bien entendidos por la población local y que traen consigo una combinación de mayor riesgo e incertidumbre bajo la excusa de promover modernidad. (Bebbington 2007, 25) Entonces, el impulso de la ZRC del Valle del Río Cimitarra como herramienta jurídica de reivindicación del derecho al territorio; la adopción de una región vecina como el Magdalena Medio dentro de la identiicación territorial de las comunidades minero-campesinas del nordeste de Antioquia; la construcción de identidades como mineros campesinos, y la lucha por los derechos integrales, son solo algunas de las características que estos pobladores generaron en la defensa del territorio. El pertenecer a una región, la apropiación de instrumentos legales de reivindicaciones y la constante movilización son las herramientas y las oportunidades que estas personas vieron para contrarrestar un panorama que los excluía, los estigmatizaba y los perseguía por vivir en una de las zonas más ricas en oro de Colombia. Esta nueva forma de organización social se sale de los parámetros de estructuras organizativas tradicionales, como lo comenta 313 Catalina Quiroga Molina: «Esta igura (ZRC) se convierte en un modelo para la ordenación territorial rural en Colombia que trasciende los límites político-administrativos tradicionales (municipio, provincia, departamento, entre otros)» (2010, 22). Se puede decir, además, que esta apuesta territorial está construida por cercanías de tipo comunitario, donde la identiicación regional pasa por una coincidencia en las labores económicas y las prácticas culturales de esta comunidad minera campesina. La minería, como se vio, es una actividad en boga desde los últimos años de la década del 2000, y está en el marco de una legislación que, como lo comentan investigadores de CENSAT, [...] le ha quitado todas las funciones al Estado y se las ha trasferido al actor empresarial privado bajo el pretexto de que las reglas y exigencias ambientales del mercado le llevarían al autocontrol, lo cual tampoco resulta cierto. Así mismo, la legislación es débil para conminar a las empresas mineras a preservar el capital natural de una sociedad, pues no puede obligarlas a resarcir sus pasivos ambientales y su deuda ecológica. Hacer que ello se produzca es más bien una tarea de los ecologistas y ambientalistas. (Idárraga, Muñoz y Vélez 2010, 9) Son estos elementos los que permitieron que el movimiento minero-campesino de la región se posicionara en términos locales, regionales y nacionales, con una discusión que —sin lugar a dudas— es una respuesta factible a un problema histórico, como lo es la injusta repartición de la tierra y la exclusión de comunidades pobres, primero de las grandes urbes y luego de las periferias territoriales. Sin presencia estatal en su desarrollo, este movimiento social de la minería artesanal o de hecho en el nordeste de Antioquia se gestó como un micropoder que es señalado como problemático y es sobre todo criminalizado por el Estado, dada la presencia de grupos al margen de la ley. Posiblemente, muchos de los temas mencionados en este capítulo requieren de una amplia profundización; en todo caso, este trabajo permitió apreciar un mosaico de percepciones sobre el uso 314 Hacia un territorio minero-campesino... de la tierra y representaciones del territorio de un determinado espacio geográico. Fue una investigación que se realizó de manera conjunta con las comunidades minero-campesinas del nordeste de Antioquia, y pone en evidencia cómo dentro de los planes nacionales existen aún vacíos normativos en la implantación de proyectos extractivos, que no responden de forma completa a la diversidad de las visiones y construcciones territoriales locales ni ofrecen garantías de derechos a estas. Referencias Obras citadas ACVC. 1998. Acuerdo entre el gobierno nacional y la Mesa Regional del Magdalena Medio de trabajo permanente por la paz. Barrancabermeja. ACVC y Humanidad Vigente. 2010. Historia de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Bogotá: O. V. M. Procesos Editoriales. Agnew, J. y U. Oslender. 2010. Territorialidades superpuestas, soberanía en disputa: lecciones empíricas desde América Latina. Revista Tabula Rasa, n.° 13: 191-213. Bogotá. Bebbington, A. 2007. Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales. Perú: Instituto de Estudios Peruanos, Centro Peruano de Estudios Sociales. Becerra, S. 2005. Convicción, esperanza y trabajo. La experiencia de una comunidad en resistencia: El caso de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). Monografía para optar al título de Politóloga, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. CAHUCOPANA. 2010. CAHUCOPANA se une a la lucha por la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra. http://www.prensarural.org/ spip/spip.php?article4511. CINEP. 2004. Banco de Datos (Centro de investigación y educación popular). Bogotá. Colombia nunca más. 2000. Crímenes de lesa humanidad. Zona 14 19662000:375-526. Bogotá. 315 Catalina Quiroga Duarte, C. 2012. Gobernabilidad minera: cronologías legislativas del subsuelo en Colombia. Bogotá: Centro de Pensamiento RAIZAL. Edelman, M. 2003. Movimientos sociales y campesinado. Algunas relexiones. Charla en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, 1 de julio. Costa Rica. Fajardo, D. 2002. Para sembrar la paz, hay que alojar la tierra. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-IDEA. Fernandes, B. s. f. Territorios en disputa: campesinos y agribusiness. http://www.landaction.org/article.php3?id_article=515&lang=en. . s. f. Sobre la tipología de los territorios. http://web.ua.es/es/ giecryal/documentos/documentos839/docs/bernardo-tipologia-deterritorios-espanol.pdf. . 2000. Movimientos socioterritoriales y movimientos socioespaciales: Contribución teórica para una lectura geográica de los movimientos sociales. CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ sursur/moyo/15Fernandes.pdf. . 2008. La ocupación como una forma de acceso a la tierra en Brasil: una contribución teórica y metodológica. En Recuperando la tierra: el resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina, eds. S. Moyo y P. Yeros, 335-357. Buenos Aires: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). Fierro, J. 2012. Políticas mineras en Colombia. Bogotá: ILSA. Harvey, D. 2007. Espacios del capital. Madrid: Akal. Idárraga, A., D. Muñoz y H. Vélez. 2010. Conlictos socioambientales por la extracción minera en Colombia: casos de la inversión británica. Bogotá: CENSAT Amigos de la Tierra Colombia. López, W. 2002. Historia del oro en Segovia y Remedios. Discurso celebración 150 años Frontino Gold Mines LTD. http://segovia mineragold.blogspot.com/2010/03/historia-del-oro-en-segoviay remedios.html. Mercier, G. s.f. Hacia una teoría del lugar. http://www.humanas.unal. edu.co/nuevo/iles/4113/4736/0490/geograia_Lectura_Examen_ Admisin_2012G.Mercier.pdf. 316 Hacia un territorio minero-campesino... Molina, A. 2010. La Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra: un ejercicio inconcluso de participación ciudadana y manejo colectivo del territorio. Cuadernos de Geografía 20, n.° 2: 21-33. PBI (Peace Brigades International). 2011. Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. http://www.pbi-colombia.org/ield-projects/ pbi-colombia/about-pbi-colombia/accompanied-organizations/ peasant-farmer-association-of-the-cimitarra-river-valley/. Pérez, M. 2003. La conformación territorial en Colombia, entre el conlicto, el desarrollo y el destierro. Cuadernos de Desarrollo Rural 51: 61-90. Piñeiro, D. 2004. En busca de la identidad. La acción colectiva en los conlictos agrarios de América Latina. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. http://bibliotecavirtual.clacso. org.ar/clacso/becas/20110120045806/pineiro.pdf Quiroga, C. 2011-2012. Diario de Campo. Inédito. Rafestin, C. 1980. Pour une géographie du pouvoir, tomo 13 de Géographie économique et sociale. París: Librairies Techniques (LITEC). Ramos, G. 2011. Riqueza inmortal. Revista Semana: Colombia minera: mitos y realidades, 14-16. Santos, M. 1996. De la totalidad al lugar. Barcelona: Oikos-Tau. . 2000. La naturaleza del espacio. Madrid: Editorial Ariel. Semana. 2011. La pequeña minería es clave. Especial Colombia minera: mitos y realidades, 106-107. Obras consultadas ACVC. s. f. Proyecto de desarrollo humano y agropecuario sostenible en la zona del Valle del Río Cimitarra y parte baja de los ríos Ité y Tamar, municipio de Yondó. Barrancabermeja: Valle del Río Cimitarra. . s. f. Desarrollo agroindustrial del arroz en la parte media del Valle del Río Cimitarra con comunidades campesinas en desplazamiento interno. Valle del Río Cimitarra. . 2003. Magdalena Medio, derechos humanos y desarrollo regional. Barrancabermeja. 317 Catalina Quiroga América Economía. 2010. Zandor Capital adquiere Frontino Gold Mines. Abril 04. http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ zandor-capital-adquiere-frontino-gold-mines. Benavides Mora, C. 2007. Movilización regional y sujetos regionales. Una relexión a partir de la experiencia de movilización de los pobladores del sur de Bolívar. ¿Quiénes son los campesinos hoy? Diálogos en torno a la antropología y los estudios rurales en Colombia, XII Congreso de Antropología en Colombia, Bogotá. CAHUCOPANA. 2004. La realidad sitiada: Informe inal de la acción humanitaria al nordeste antioqueño. http://www.prensarural.org/ cahucopana/nordeste20040414.htm. . 2006a. Informe inal de la Tercera Acción Humanitaria al Nordeste Antioqueño. Lejanías. http://www.prensarural.org/cahucopana/ INFORME_CAHUCOPANA_TERCERA_ACCION.doc. . 2006b. En el segundo aniversario de Cahucopana. Seguimos construyendo futuro. http://www.prensarural.org/spip/spip. php?article155. . 2006c. Hacia la tercera acción humanitaria al nordeste antioqueño. Situación de derechos humanos. http://www.prensarural. org/cahucopana/cahucopana20060307.htm. . 2007. Nordeste antioqueño: recursos naturales, derechos humanos y resistencia campesina. http://www.prensarural.org/spip/spip. php?article390. . 2009. En la vereda Puerto Nuevo Ité (Remedios, Antioquia) del 15 al 19 de mayo de 2009: Cuarta acción humanitaria al nordeste antioqueño. http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article2005. Delgado, O. y G. Montañez. 1998. Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional. Cuadernos de Geografía 7 nn.° 1-2: 120-134. Fals Borda, O. 2000. Acción y espacio: autonomías en la nueva república. Bogotá: Tercer Mundo Editores. García, C. 1994. Territorios, regiones y acción colectiva: Caso del Bajo Cauca Antioqueño. En Territorio, Regiones y Sociedades, ed. R. Silva, 34-62. Bogotá: CEREC. García, R. 2011. Y llegaron los místeres. Semana (especial Colombia minera: mitos y realidades), 18-21. 318 Hacia un territorio minero-campesino... Gaviria, C. y J. Muñoz. 2007. Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia, 1996-2004. Lecturas de Economía 66: 9-46. Gutiérrez, R. 2005. Relexión sobre las perspectivas de la emancipación social a partir de los levantamientos y movilizaciones en México y Bolivia. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21627. Harvey, D. 2004. El nuevo imperialismo. Madrid: Akal. Hill Davey, M. 1998. Oro y selva: relatos del nordeste. Medellín: Asomineros. Instituto Geográico Agustín Codazzi, Gobernación de Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia. 2007. Antioquia. Características geográicas. Bogotá: Imprenta Nacional. Jerez, C. 2005. La AngloGold Ashanti Mines tras el oro del sur de Bolívar y del nordeste antioqueño. http://www.ecoportal.net/content/view/ full/51440. Lozano, F. 2009. Prólogo a Las coniguraciones de los territorios rurales en el siglo XXI, eds. F. Lozano y G. Ferro. Bogotá: Pontiicia Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Machado, A. 2009. Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la Colonia a la creación del Frente Nacional. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Molano, A. 2009. En medio del Magdalena Medio. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. Montañez, G. 2001. Razón y pasión del espacio y el territorio. En Espacio y territorios: razón, pasión e imaginarios, 15-33. Bogotá: RET / Universidad Nacional de Colombia. Ordóñez, F. 2011. Nordeste antioqueño: territorio en disputa entre la acumulación del capital y la alternativa campesina. Bogotá: CAHUCOPANA / ILSA. Oslender, U. 2008. Comunidades negras y espacio en el Pacíico colombiano: hacia un giro geográico en el estudio de los movimientos sociales. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Osorio, F. E. 2009. Recomposición de territorios en contextos de guerra. Relexiones desde el caso colombiano. En Las coniguraciones de los territorios rurales en el siglo XXI, eds. F. Lozano y G. Ferro, 417444. Bogotá: Pontiicia Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. 319 Catalina Quiroga PR News Wire. 2011. Gran Colombia Gold Announces Production Update and Conirms Reduction in Production Costs. http://www. prnewswire.com/news-releases/gran-colombia-gold-announcesproduction-update-and-conirms-reduction-in-productioncosts-133334413.html. Quijano, A. 1966. Los movimientos campesinos contemporáneos en Latinoamérica. Revista Mexicana de Sociología, 28, n.° 3: 603-629. http://www.jstor.org/stable/3539193. Rincón, Soler. s.f. Contexto legal e institucional de la minería a pequeña escala en Colombia. Bogotá: CENSAT. Scott, J. 2000. Los dominados y el arte de la resistencia. México: Era. Semana. 2011. La pequeña minería es clave. Especial Colombia minera: mitos y realidades, 106-107. Torres, Y., A. M. Orozco, L. P. Montoya, R. D. Manrique, A. Pérez y O. Giraldo. 2002. Comportamiento de la mortalidad violenta en Antioquia 1990-2000. Revista CES Medicina 16, n.° 3: 41-66. Ulloa, A. 2010. Reconiguraciones conceptuales, políticas y territoriales en las demandas de autonomía de los pueblos indígenas en Colombia. Revista Tabula Rasa 13 (julio-diciembre): 73-92. UPME. 2005. Distritos mineros: exportaciones e infraestructura del transporte. Bogotá: UPME. . 2006. Colombia país minero. Plan Nacional para el desarrollo minero. Visión al año 2019. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Minero Energética. Zibechi, R. 2003. Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos. (OSAL, Observatorio Social de América Latina) http://www. pensamientocritico.org/rauzib1003.htm. . 2009. Los territorios como sustento del conlicto social. En Las coniguraciones de los territorios rurales en el siglo XXI, eds. F. Lozano y G. Ferro, 317-332. Bogotá: Pontiicia Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. 320

RELATED PAPERS

RELATED TOPICS

Log In

Quiroga, C (2015)Hacia un territorio minero-campesino: propuestas territoriales desde el movimiento socioterritorial en el nordeste de Antioquia, Colombia

Quiroga, C (2015)Hacia un territorio minero-campesino: propuestas territoriales desde el movimiento socioterritorial en el nordeste de Antioquia, Colombia

Related Papers

RELATED PAPERS

RELATED TOPICS