Estudios internacionales

Esta la introducción del libro "Derechos humanos en política exterior. Seis casos latinoamericanos" co-editado por Natalia Saltalamacchia y Ana Covarrubias, publicado por ITAM/Porrúa, México, 2011.

El libro contiene estudios de caso de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua y México.

Participan como autores Francisco Corigliano, Par Engstrom, JoAnn Aviel, Sandra Borda, Gilberto Aranda y José Morandé.

Libro coordinado con Guadalupe González y Olga Pellicer. Incluye un capítulo de mi autoría titulado: “Entre liberales y estatistas: México en la gobernanza global en materia de derechos humanos” sobre la participación del país en el régimen de derechos de Naciones Unidas.

En este artículo se argumenta que la CELAC se encuentra en una etapa de gran debilidad, en la cual está en juego no solo su relevancia sino su misma existencia. La parálisis política que se ha generado a raíz de las francas divisiones entre sus Estados miembro ha obligado a repensar tanto su lógica como sus formas de operación. La estrategia adoptada apunta a conservar a flote el foro mediante un enfoque de corte funcionalista: se busca separar el campo político del campo técnico y basar la cooperación en temas sectoriales que pueden prescindir de la interlocución entre las máximas autoridades políticas nacionales. Esta modalidad tiene, desde luego, un impacto en el tipo de interacción con los socios extrarregionales; en particular, induce a su despolitización y a enfatizar su desarrollo por la vía de canales técnicos y burocracias especializadas.

Desde mediados de los años ochenta del siglo XX, en el continente americano se ha desarrollado progresivamente un régimen internacional de promoción y protección de la democracia. La institución central de dicho régimen es la Organización de Esta-dos Americanos (OEA) y su fundamento normativo se encuentra en una serie de reformas a la Carta de la organización, así como en varias resoluciones de la Asamblea General que culminaron con la adopción de la Carta Democrática Interamericana en 2001. Dicha resolución establece que "los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla". Para cumplir con este objetivo, el régimen opera en el nivel político-diplomático y en el nivel de la asistencia técnica. La actividad más importante y visible en el campo de la asistencia técnica, es la de las misiones de observación electoral (MOE). Desde 1989, la OEA ha realizado alrededor de 195 misiones en 28 de los 34 países miembro, para lo que cuenta con un servicio permanente y profesional de especialistas en la materia (OEA, 2020). En términos generales, este instrumento ha gozado de credibilidad y ha contribuido positivamente a la construcción democrática en América Latina y el Caribe. Dicha credibilidad, sin embargo, se ha visto empañada recientemente por la participación de la OEA en la elección presidencial en Bolivia del 20 de octubre de 2019. Por un lado, porque existen críticas a la metodología estadística que la MOE utilizó para cuestionar los resultados de la primera vuelta electoral. Por el otro, porque la conducta del secretario general, Luis Almagro, introdujo importantes dudas respecto a su imparcialidad e independencia en este proceso; un proceso que, por cierto, tuvo lugar en el marco de su apuesta para reelegirse en el cargo, lo que ocurrió el 20 de marzo de 2020. Este documento analiza ambas cuestiones. El caso de Bolivia es importante porque, como se sabe, la elección abrió una dinámica política que culminó con la dimisión forzada del presidente.