Derecho, Estado y Poder
Aproximaciones teóricas y análisis
de casos: México y América Latina
Derecho, Estado y Poder
Aproximaciones teóricas y análisis
de casos: México y América Latina
Juan Manuel Gatica
Pierre Gaussens
René Torres-Ruiz
(coordinadores)
Universidad Iberoamericana
Juan Pablos Editor
México, 2021
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO.
BIBLIOTECA FRANCISCO XAVIER CLAVIGERO
[LC] KG 99 D47.2021
[Dewey] 340 D47.2021
Derecho, Estado y Poder. Aproximaciones teóricas y análisis de casos: México y
América Latina / Juan Manuel Gatica, Pierre Gaussens, René Torres-Ruiz (coordinadores); [autores] Jorge Daniel González Hernández … [et al.]. – México:
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 2021 – 270 pp. – 14 x 21 cm.
– ISBN: 978-607-417-752-7
1. Derecho – México. 2. Derecho – América Latina. 3. Estado – México – Siglo
XXI. 4. Estado – América Latina – Siglo XXI. 5. Derecho constitucional – México. 6. Sociedad Civil – América Latina. 7. Poder (Ciencias Sociales). I. Gatica
Carmona, Juan Manuel. II. Gaussens, Pierre. III. Torres-Ruiz, René. IV. González Hernández, Jorge Daniel. V. Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Ciencia Sociales y Políticas. VI. Juan Pablos Editor.
Primera edición, 2021
D.R. © 2021, Universidad Iberoamericana
Prol. Paseo de la Reforma 880
Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón
México, 01219, Ciudad de México
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2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19
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México, 04100, Ciudad de México
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ISBN: 978-607-417-752-7 Universidad Iberoamericana
ISBN: 978-607-711-611-0 Juan Pablos Editor
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Impreso en México/Reservados los derechos
Índice
Introducción
Ivette Ayvar Acosta
7
PRIMERA PARTE
DERECHO Y ESTADO
Estado, derechos de ciudadanía y sociedad civil:
una aproximación teórica
Jorge Daniel González Hernández
19
El Derecho de representación política:
la Constitución como asociación de dominación
Juan Manuel Gatica
65
SEGUNDA PARTE
DERECHO Y PODER
Derecho y poder económico: repensar la empresa
y el Derecho Mercantil desde la economía
social y solidaria
Ivette Ayvar Acosta
Estado y corporativismo en México:
continuidad y cambio
Aldo Muñoz Armenta
[5]
99
137
6
ÍNDICE
TERCERA PARTE
DERECHO, ESTADO Y PODER EN AMÉRICA LATINA
Rutas y enclaves del debate liberal sobre Estado,
democracia y ciudadanía. Algunas reflexiones
sobre América Latina
René Torres-Ruiz y Gerardo Covarrubias
161
Cambiar para conservar. Estado y revolución conservadora
en América Latina: el caso ecuatoriano (2007-2013)
Pierre Gaussens
197
Contrarreforma constitucional en Bolivia:
del horizonte plurinacional a la restauración
neocolonial del Estado nación
Pabel C. López F.
229
Contrarreforma constitucional en Bolivia:
del horizonte plurinacional a la restauración
neocolonial del Estado nación
Pabel C. López F.*
IntroduccIón
Si, por una parte, la región en la actualidad parece estar atravesando un momento que muestra claros signos de contraste o de retroceso en relación con el escenario sociopolítico que se había
configurado en la década anterior y que permitió caracterizar
la como un “cambio de época” para América Latina, que en algunos
casos como Bolivia o Ecuador se tradujo en procesos constitu
yentes que produjeron nuevas Constituciones que colocaban como
su epicentro la plurinacionalidad en la transformación refundacio
nal del Estado, hoy parece mostrar señales de reflujo en la energía
social transformadora y de cambio. Así, el actual contexto regio
nal se presenta como una clara reconfiguración política respecto al
decenio precedente.
En ese sentido, el actual escenario sociopolítico en la región, por
un lado, estaría marcado por el reflujo de la movilización social o
acción colectiva a gran escala, al menos con la fuerza y densidad
con la que aconteció en la década pasada, que tuvo incluso la ca
pacidad de cambiar gobernantes, modificar la relación de fuerzas
o poner en crisis a sistemas políticos y/o abrir procesos de trans
* Abogado boliviano; doctor en Sociología Política por la Escuela Normal
Superior de la Universidad de Milano y maestro en Políticas Sociales por la Uni
versidad de BoloñaItalia. Fue coordinador del grupo de trabajo “Territorialida
des en disputa y reexistencia” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSo).
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formación o refundación estatal; por otro lado, se manifiesta un
avance de fuerzas políticas conservadoras en la región, en unos ca
sos representativas de los sectores más neoliberales, capitalistas
y reaccionarios, como en Brasil y Argentina. Sin embargo, uno de
los aspectos que más llama la atención dentro del contexto regio
nal en evidente reconfiguración, son los procesos de regresión o
retroceso que se manifiestan y se evidencian en los países que,
precisamente, presentaban horizontes más claros (al menos en
relación con el resto de la región) de transformación, democratiza
ción, descolonización o emancipación generados a partir de la
potencia de movimientos sociales, en particular de sujetos comu
nitarios, como en los casos de Bolivia y Ecuador.
En estos casos se trataría, acaso, de procesos de regresión y re
troceso que paradójicamente se producen como resultado de las
propias orientaciones y políticas desplegadas por los mismos deno
minados “gobiernos progresistas radicales”, tal como fueron nom
brados —entre otros denominativos que los diferenciaban del resto
de “progresismos” en la región— los diversos gobiernos de Evo
Morales en Bolivia. Dichos gobiernos, con casi una década y me
dia al mando o control de las estructuras estatales (léase no sólo de
gobierno) y más allá de los discursos que emiten y proyectan den
tro y fuera de sus respectivos países, o más allá de las diferencias
y particularidades entre ambos procesos, presentan caracterís
ticas similares y rasgos comunes, no sólo en cuanto a las modali
dades de las políticas económicas centradas en la expansión e
intensificación extractivista o a las formas y el ejercicio de gobier
no, con claras señales de excesiva concentración del poder políti
co en el órgano ejecutivo y en particular en la figura presidencial
(híperpresidencialismo), sino en relación con el alejamiento y, se
gún el caso, a la vulneración o contradicción con los supuestos,
mandatos y horizontes de los textos constitucionales en ambos paí
ses, y los efectos de esta tendencia respecto a la relación entre el
Estado y buena parte de sus sociedades, en particular a la relación
con organizaciones sociales de base comunitaria que fueron quie
nes, en gran medida, posibilitaron y apoyaron inicialmente a dichos
gobiernos.
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En el caso particular de Bolivia, a partir del periodo que puede
nombrarse como posconstituyente (despues de promulgarse la
actual Constitución Política del Estado), se asiste a un sistemático
proceso de promulgación e implementación de normas (leyes y
decretos) por parte del partido gobernante del Movimiento al So
cialismo (MAS) que, en gran medida, van a contramano del espí
ritu transformador y, en algunos casos, de explícita contradicción a
los mandatos del texto constitucional, lo que sugiere que se viene
operando una des-constitucionalización desde el propio Estado y
produciendo, por tanto, un evidente retroceso en el horizonte de
transformación estatal en el país, lo que se traduciría en un cierre
de las condiciones de posibilidad de construcción e implementa
ción de un Estado plurinacional y, más aún, de su descolonización
y democratización.
En ese sentido, partiendo de un rápido repaso en perspectiva
de la historia política reciente en Bolivia, en la década anterior
asistimos a una época de articulación de un horizonte de trans
formación y descolonización en la región que se expresó a partir
de ciclos de movilización y procesos de rearticulación societal en
países de la región, principalmente a través de sujetos comuni
tarios indígenas que, a partir de reivindicaciones históricas y de
mandas políticoterritoriales, activaron y combinaron la crítica al
neoliberalismo y a la continuidad neocolonial con la crítica a las
estructuras del Estado nación monocultural. Ese horizonte de trans
formación, en el caso concreto de Bolivia, se expresó en la aper
tura de un proceso constituyente (20032008) y la aprobación de
una Constitución (2009) cuyo principal fundamento y mandato
establece el tránsito hacia un Estado plurinacional y descoloniza
do, lo que implicaba romper con el monopolio liberalrepublicano
(eurocéntrico) de la política presente en toda la historia estatal en
Bolivia que reproducía esquemas de colonialidad, exclusión y do
minación en sus estructuras y prácticas.
Asimismo, este proceso implicó el reconocimiento y, en parte,
la incorporación constitucional del carácter “multisocietal” (Tapia,
2002) y con una importante base comunitaria de este país, abriendo
la reorganización de otra estatalidad que reflejara la pluralidad,
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diversidad y, precisamente, su plurinacionalidad. No obstante, en
los últimos años se habría pasado de un momento constituyente
generado por sujetos subalternizados, particularmente por mo
vimientos campesinoindígenas, hacia un periodo en el que desde
estructuras gubernativas se implementa una política de intensifi
cación y expansión del modelo extractivista sobre territorios in
dígenas, vulnerando derechos colectivos de pueblos, desplegando
además una faceta monológica —con momentos de despliegue au
toritario— del Estado.
Esta tendencia gubernamental en la orientación y el manejo del
Estado en Bolivia, en los últimos años ha implicado, por un lado,
un proceso de desconstitucionalización o desplurinacionalización de los principales fundamentos, principios y mandatos de
transformación y descolonización estatal, sobre todo de los más
innovadores y transformadores, presentes en el texto constitucio
nal, así como en el conjunto de normas posteriores, es decir, en la
actualidad se haría evidente un proceso de contarreforma estatal
desde el propio Estado. Por otro lado, se asiste, paradójicamente, a
un retroceso en la posibilidad de desorganización/superación del
Estado nación y, por el contrario, a un despliegue de modalida
des de su restauración o recreación nacionalista y recolonizadora
o neocolonial. Esto habría implicado que, en cierta medida, se
fueron cerrando las condiciones materiales e históricas de construc
ción de un Estado plurinacional desde las propias estructuras es
tatales, haciéndose evidente una rearticulación de una condición
monológica que define la reorganización estatal en Bolivia.
En las siguientes páginas, el propósito no es realizar una disec
ción detallada y un análisis jurídicopolitológico de lo que se ha
denominado desconstitucionalización del texto constitucional bo
liviano, que actualmente es parte de un trabajo más extenso, sino
que se propone abordar de manera breve y desde una perspectiva
crítica parte del actual contexto sociopolítico del país a partir de
algunos efectos de las normas y políticas de los últimos gobiernos
del MAS a la cabeza de Evo Morales, en relación con la orientación
y los mandatos constitucionales que fundamentan la construc
ción plurinacional del Estado en Bolivia, así como los efectos de
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dichas políticas en la relación entre el Estado y la sociedad, en par
ticular con los movimientos y organizaciones indígenas y campe
sinoindígenas y sus territorios.
Si bien el análisis en este texto, escrito en 2017, se centra en los
últimos gobiernos del MAS, es necesario señalar que, con la cri
sis sociopolítica que se produjo en octubre y noviembre de 2019
en este país en torno a un polémico y cuestionado proceso elec
toral y a la situación política resultante en un gobierno “transito
rio”, con señales políticas y medidas gubernamentales también
cuestionadas actualmente, la situación referida al proceso de con
trarreforma constitucional o desconstitucionalidad y de conti
nuidad neocolonial que se analiza, lejos de cambiar, sólo parece
presentar características diferentes, acaso ahora con un perfil ya
no “progresista” sino conservador, sobre lo que actualmente vengo
escribiendo.
La crIsIs deL estado nacIón:
eL proceso constItuyente en BoLIvIa
La ola neoliberal de las décadas de los ochenta y noventa significó
en Bolivia una crisis del Estado nación estructurado por el na
cionalismo de mediados de siglo y su rol centralista, monocultu
ral y homogeneizante de la “identidad nacional”, como sucedió en
gran parte de América Latina, a partir del ingreso del desmante
lamiento material e ideológico del Estado mediante políticas de
privatización, liberalización económica, flexibilización laboral, in
greso de capitales extranjeros en áreas antes estratégicas, imposi
ción de políticas multiculturalistas y un conjunto de reformas
constitucionales. Por otra parte, es posible afirmar que, con base
en lo que se ha denominado el ciclo de “movilizaciones antineo
liberales”, desde el año 2000 en Bolivia se ha venido produciendo
una ruptura y una reconfiguración radical del campo político que
irá mucho más allá de una impugnación y rechazo al modelo neo
liberal y al sistema políticopartidario —aunque éstos serán los dis
positivos convocantes, articuladores y movilizadores en un inicio
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y en parte importante de las consignas de los movimientos socia
les de 2000 a 2005— y se caracterizará por la paulatina impug
nación y crítica social a las estructuras y esquemas que sustentaban
al propio Estado nación neoliberal y neocolonial. Esto se podría
identificar, siguiendo a Luis Tapia (2008), como el paso de las for
mas clásicas de movimientos sociales simplemente reivindica
tivos o con demandas de tipo sectorial, siempre dentro de los
esquemas y los parámetros del Estado, a formas de movilización
y politización de la sociedad en su conjunto y a movimientos so
ciales que cuestionan las estructuras mismas y los fundamentos
de ese Estado, es decir, la manifestación de “movimientos socie
tales”. De esa manera, como señala Tapia,
[…] en países multisocietales como Bolivia algunos procesos no
se manifiestan solamente en movimientos sociales, es decir de
movilización y acción política de algunas fuerzas con la finalidad
de reformar algunas de sus estructuras, sino que también son
movimiento de sociedades, en proceso de conflicto más o menos
colonial y, en ese sentido movimientos societales, por eso, antico
loniales (Tapia, 2008:4547).
Así, lo que se generó en Bolivia con particular intensidad y
visibilidad desde la primera década de este siglo son formas de
movilización societal, conformadas en su gran mayoría por mo
vimientos indígenas y campesinoindígenas, que serán los prota
gonistas de las reivindicaciones e impugnaciones al Estado, pero
además de que son sujetos sociales y políticos portadores de las
principales propuestas de transformación de las estructuras esta
tales y de modificación de las relaciones entre el Estado y las so
ciedades en este país y que conformarán las fuerzas sociales más
importantes en la demanda de apertura de un proceso refundacio
nal o “coyuntura fundante” (zavaleta, 2009).
En ese marco, lo que hoy se denomina Estado plurinacional de
Bolivia sería el resultado de un proceso de acumulación histórica
de ciclos de crisis, resistencia, luchas y transformaciones sociales,
políticas, culturales y territoriales ocurridos desde la época de la
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dominación colonial hasta nuestros días, donde los diversos mo
mentos de la historia de este país presentan una inmensa cantidad
y significaciones de hechos y procesos sociopolíticos que fueron
conformando y transformando los imaginarios colectivos de una
sociedad complejamente constituida o con una “conformación so
cial abigarrada” (zavaleta, 2009), y de sus formas y entramados de
relaciones entre ésta y el Estado, también reconformado como tal
en sus distintas etapas históricas, por lo que es posible asumir la
pertinencia de la categoría de “condición multisocietal” (Tapia,
2002) para pensar dicha complejidad sociocultural, económica y
política de un país como Bolivia.
En ese sentido, algunos de los procesos políticos generadas en
el anterior decenio en América del Sur, en particular en países co
mo Bolivia, se habrían planteado el desaf ío de transformar la es
tructura estatal y sacudirla de su peso neocolonial y neoliberal, lo
que implicaba a la vez su “refundación” (Santos, 2010) para reflejar
y expresar la diversidad de pueblos, culturas, procesos históricos,
así como de formas de concebir y ejercer el derecho, la autoridad, la
autonomía, la política y la democracia. Esto implicaría esfuerzos
realmente históricos, insurgentes y trascendentales no sólo para
esos países, sino para toda América Latina, que en ese sentido vi
vió cambios, innovaciones y rupturas históricas,
[…] las que señalan y perfilan nuevas formaciones, construccio
nes y articulaciones sociopolíticas y epistémicas de Estado y de
sociedad, y que son resultado y parte de las estrategias de acción
y lucha de los movimientos ancestrales, de su insurgencia políti
caepistémica que, sin duda, abrieron camino a la posibilidad de
un nuevo horizonte (giro) de carácter descolonial (Walsh, 2008).
Así, estos procesos de transformación estatal con perfil “des
colonial” plantearon, en el caso de Bolivia en particular, la premisa
de la descolonización misma del Estado como condición para la
construcción de un Estado Plurinacional, lo que no vendría sólo
de algunos contenidos y enunciados del actual texto constitucio
nal, sino de la potencia y resistencia de los imaginarios y memorias
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de los pueblos indígenas y originarios que estuvieron latentes du
rante siglos de dominación colonial y que resurgieron de manera
contundente en los ciclos de movilización social a finales del siglo
xx e inicios del siglo xxI. En este sentido, el proceso constituyen
te habría sido abierto de forma radical desde la “crisis” del Esta
do nación (Tapia, 2011) que se manifiesta en el año 2000 en Bolivia
y desde entonces ha venido removiendo las estructuras simbóli
cas y materiales del campo político boliviano, desorganizando y
desestructurando los supuestos e imaginarios sobre los que se es
tructuraba un Estado nación neocolonial y que encontrará co
mo clímax político la realización de una asamblea constituyente
(20062007) y la consecuente aprobación de una nueva Constitu
ción (2009), como síntesis, articulación y expresión de esa energía
descolonizadora que se expresará fundamentalmente en el man
dato de construcción de un “Estado Plurinacional Comunitario y
Autonómico” (artículo 1, CPE, 2009).
Asimismo, se podría afirmar que, dentro de los intensos proce
sos sociopolíticos y paradigmáticos “procesos de cambio” estatal
que se desarrollaron en la región andina del subcontinente, lo que
se podría denominar un proceso “contrahegemónico” frente a la
hegemonía del proyecto neoliberal en la región de la última década
del siglo xx encontró uno de sus ejes de articulación, construc
ción e irrupción en los procesos de organización, unificación, creci
miento y despliegue de capacidad de proyecto político que se dio
en el seno de las organizaciones indígenas durante la primera dé
cada del presente siglo. Así, como veremos más adelante, en los
últimos años se asistiría a otra época de rearticulación de horizon
te contrahegemónico en el contexto posconstituyente boliviano,
que se manifiesta a partir de procesos de movilización y, precisa
mente, reemergencia “societal” desde movimientos comunitarios
indígenas, los que parecen reactivar y combinar, a partir de la de
fensa y lucha por sus derechos políticoterritoriales, lo anticolo
nial y una crítica a la continuidad neocolonial, con la crítica a las
estructuras del Estado y al capitalismo en clave neoextractivista.
Así, uno de los elementos de ese horizonte contrahegemónico
sería la disputa por hacer efectivo el Estado Plurinacional, y en par
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ticular la institución y el pleno ejercicio de los derechos colecti
vos como pueblos dentro de sus territorios, lo que implica romper
con el monopolio (y la pretensión del monopolio) de la política pre
sente en toda la historia de los Estados modernos (Tapia, 2011), es
to es, implicaría la instauración y el desarrollo de una pluralidad
de espacios y formas de autogobierno.
Los pueBLos Indígenas y La propuesta
de estado pLurInacIonaL
Dentro de las formas de unificación política de las organizacio
nes indígenas y campesinas de Bolivia en los últimos tiempos, en
2004 tendrá lugar uno de los hitos más importantes en la historia
de los movimientos sociales de carácter indígena y campesino de
este país, ya que surgirá el Pacto de Unidad1 como un espacio/mo
mento de articulación política de las distintas organizaciones de
pueblos indígenas, naciones originarias y federaciones campesinas
tanto de “tierras altas” como de “tierras bajas”. Esta unificación del
movimiento indígenacampesino se expresará en un documento
que tendrá como objetivo la convocatoria a la Asamblea Cons
tituyente para refundar Bolivia y construir un nuevo Estado. En ese
sentido, la expresión más acabada de proyecto político campesino
indígena ha sido, sin duda, el Pacto de Unidad y las propuestas
tanto de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituye en 2004 y
la propuesta de Constitución Política del Estado (CPE) en 2006, co
mo una prueba elocuente de la apuesta realizada por importantes
1 Las organizaciones involucradas en tal propuesta fueron: la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Confedera
ción de Pueblos Indígenas del oriente Boliviano (CIDoB); Confederación Sin
dical de Colonizadores de Bolivia; Federación Nacional de Mujeres Campesinas
de BoliviaBartolina Sisa (FNMCBS); Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del
Qullasuyo; Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz; Movimiento Sin
Tierra de Bolivia; Asamblea del Pueblo Guaraní; Confederación de Pueblos Étni
cos Moxeños del Beni.
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organizaciones sociales, de carácter indígena y rural, respecto de
los objetivos que originalmente planteaba la Asamblea Consti
tuyente (Svampa, 2010). De esa manera, se podría señalar que el
Pacto de Unidad, como proyecto político que unificaba a las prin
cipales organizaciones sociales indígenas y campesinas, articulaba
una alternativa de desmontaje del “colonialismo interno” (Gonzá
lez Casanova, 1969; rivera, 2010), a la vez que sintetizaba la idea
de “Estado plurinacional”.
Así, como lo señala Tapia (2014), frente a la recomposición neoli
beral del colonialismo interno y la recomposición del neocolo
nialismo en el contexto mundial (con la globalización neoliberal),
en Bolivia se desplegaría como una acumulación más o menos larga
la reconstitución de varios sujetos sociales; entre las más impor
tantes está el proceso de organización y unificación de los pueblos
indígenas y culturas originarias de tierras bajas y tierras altas, que
nunca antes habían experimentado tal grado de articulación. En
ese sentido, el Pacto de Unidad será la forma de unidad entre orga
nizaciones campesinas e indígenas que se convertirá en el núcleo
de elaboración del proyecto político y ahí mismo se elaborará la
propuesta de CPE que contiene la idea de Estado plurinacional. En
otras palabras, se trataba de una propuesta que “constitucionali
zara” lo que Bolivia es en realidad como país, lo cual, entre otros
aspectos, implicaba el reconocimiento de la preexistencia de pue
blos indígenas y naciones originarias, de derechos colectivos —ya
reconocidos internacionalmente— y de las autonomías indíge
nas. Ya en 1995, en las llamadas “tierras bajas”, la CIDoB (Con
federación de Pueblos Indígenas del oriente Boliviano) propuso
la realización de una asamblea constituyente. Asimismo, en rela
ción propiamente con las autonomías indígenas —que en un princi
pio fue una demanda que se fue gestando en las movilizaciones
indígenas desde la década de los noventa—, entre 2000 y 2005 irá
articulada a la idea de Estado plurinacional. Así, para el Pacto de
Unidad:
La autonomía indígena originaria y campesina es la condición y el
principio de libertad de nuestros pueblos y naciones como cate
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goría fundamental de descolonización y autodeterminación; está
basada en principios fundamentales y generadores que son los mo
tores de la unidad y la articulación social, económica y política
al interior de nuestros pueblos y naciones y con el conjunto de la
sociedad. Se enmarca en la búsqueda incesante de la construc
ción de la vida plena, bajo formas propias de representación, ad
ministración y propiedad de nuestros territorios.2
En otro orden, el Pacto de Unidad contemplaba también un
nuevo régimen de tierra y territorio sobre la base del “dominio
originario” de los recursos no renovables en manos de las nacio
nes originarias y pueblos indígenas y campesinos. Sin embargo, los
acuerdos posteriores se orientaron hacia el reconocimiento de una
propiedad compartida entre dichas naciones y pueblos indígenas
y el Estado unitario plurinacional. Dicho régimen incluía no sólo
la participación en las decisiones mediante consultas populares
vinculantes, sino también otras demandas como la cogestión y la
coadministración con el Estado plurinacional, vinculada a los recur
sos naturales (Svampa, 2010).
Así, el Pacto de Unidad, en tanto macroalianza estratégica y
expresión de la articulación de las diferentes organizaciones socia
les rurales, indígenas, campesinoindígenas y oNG, como propues
ta sintetizaba por primera vez un proyecto político indígena en el
cual se apuntaba a un cambio de las condiciones materiales (una
transformación económicosocial centrada en una reconducción
de reforma agraria y la nacionalización de los hidrocarburos) y, al
mismo tiempo, se avanzaba sobre aspectos considerados menos
“tradicionales”, como la constitucionalización de la justicia comu
nitaria, el reconocimiento de diferentes tipos de autonomía políti
ca y la elección de representantes según “usos y costumbres”. Son
estas cuestiones, asociadas al proceso de descolonización estatal,
las que colocan el caso boliviano en un campo constitucional no
2 Conceptualización elaborada por la Asamblea del Pueblo Guaraní y enri
quecida por las diferentes organizaciones participantes del proceso del Pacto de
Unidad (6 de julio de 2006), en Svampa (2010).
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vedoso y plantean un reto al pensamiento jurídicopolítico con
temporáneo (Santos, 2007).
En resumen, se puede afirmar que, en su forma política más
sólida y articulada, las propuestas de los movimientos y organi
zaciones sociales indígenas estuvieron formuladas a partir de una
crítica radical a lo que denominaron como “Estado colonial de ex
clusión, discriminación y dominación” (zegada et al., 2011:100),
vigente a lo largo del periodo republicano y orientado a la des
articulación de las comunidades indígenas. De ese modo, estas
estructuras coloniales, que en gran medida continuarían durante la
constitución de Bolivia como república, habrían consolidado un
“Estado homogeneizante, de corte liberal en manos de una ‘mi
noría de herencia colonial’ que excluía la diversidad cultural de Bo
livia” (Pacto de Unidad, 2006: 13). Es bajo esta visión crítica y de
memoria colectiva histórica sobre la conformación del Estado
en Bolivia, que las organizaciones indígenas y campesinas más
representativas proponen la construcción de un Estado plurina
cional, pluricultural y multilingüe, descentralizado y con autono
mía territorial, como puede expresar su propuesta de 2006 (Pacto
de Unidad 2006: 5). Así, una definición congruente a esta últi
ma es la propuesta de un “Estado Plurinacional Comunitario”, que
reconoce el pluralismo jurídico, político, cultural y lingüístico;
descentralizado y con autonomías territoriales (Pacto de Unidad,
2006:2).
De ese modo, el carácter “comunitario” del Estado o “Estado
comunitario”, así como la demanda de autonomía territorial se
rán, junto con la propuesta de “descolonización estatal”, ejes cen
trales para entender el sentido de plurinacionalidad como núcleo
que articularía en el periodo constituyente a la gran mayoría de las
organizaciones indígenas y campesinas del país. En ese sentido, la
demanda central de esta unificación de organizaciones indígenas
y campesinas será constitucionalizar el Estado boliviano como “plu
rinacional”; es decir, desarticular la vieja estructura del Estado mo
nocultural y homogeneizante y conformar una estatalidad en
torno al reconocimiento e integración efectiva de las diversas nacio
nes e identidades que coexisten en el territorio boliviano. Así, en la
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propuesta colectiva del Pacto de Unidad se indica que la cons
trucción de un Estado plurinacional debe trascender “el modelo
de Estado liberal y monocultural cimentado en el ciudadano in
dividual” para fundamentarse en los pueblos como “sujetos co
lectivos” (Asamblea Nacional del Pacto de Unidad, 2006:4, citado
en zegada et al., 2011:101). Este planteamiento, como se verá más
adelante, será el núcleo de transformación estatal y se articulará
con la discusión en la Asamblea Constituyente como el “momento
fundante” de la primera década de este siglo en Bolivia.
En ese escenario, una de las demandas centrales de gran par
te de los sujetos sociales comunitarios, la descolonización, más
allá de ser un término recurrente en la nomenclatura meramente
declarativa del actual texto constitucional, o un componente dis
cursivo en la retórica gubernamental, no parece haber encontra
do ningún espacio de materialización o implementación, ni
mucho menos formaría parte de las prioridades estatales o de las
políticas gubernamentales. Por el contrario, como veremos en se
guida, desde los años inmediatamente posteriores a la promulga
ción de la actual constitución boliviana, resulta cada vez más
innegable la tendencia y el proyecto oficialista de una recoloniza
ción multidimensional de los sujetos colectivos que habían pro
tagonizado el ciclo rebelde, junto con los espacios de la autonomía
societal desde los cuales había surgido el proyecto mismo de una
descolonización emancipadora (Makaran y López, 2018).
La asamBLea constItuyente,
La nueva constItucIón poLítIca deL estado (cpe)
y eL estado pLurInacIonaL: ¿refundacIón
o reforma deL estado?
La Asamblea Constituyente (AC) en Bolivia, que se realizó en 2006
2008, será el resultado de ese proceso de acumulación histórica
abierto por las luchas sociales, así como el escenario desde donde
repensar, de manera plural, ese cambio y transformación estatal y
societal. De esa manera, desde el primer año de gestión del gobier
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no de Evo Morales (2006), el escenario sociopolítico y el principal
campo de conflicto girará en torno a la reforma del Estado a tra
vés de la convocatoria a la AC como un eje central de la llamada
“agenda de octubre”,3 resultado de las masivas e intensas movili
zaciones sociales de los años precedentes. Así, la AC rápidamen
te se convertirá en el epicentro de disputa política en el país y se
constituirá en el escenario que reunirá a gran parte de las fuer
zas políticas y sociales que entonces, conformaban el campo po
lítico boliviano. Con todo, en un escenario por demás polémico y
contradictorio en el que, más allá de las efectivas concesiones rea
lizadas desde el texto originalmente aprobado por la AC en 2007 y
“pactado” por una comisión parlamentaria en 2008, la nueva Cons
titución Política del Estado (CPE) será aprobada por referéndum
en enero de 2009 y promulgada luego por el Poder Ejecutivo, en
trando en plena vigencia en febrero de 2009.
El texto constitucional, a pesar del intrincado camino que de
bió recorrer, representa un hecho histórico sin precedentes en la
historia republicana de Bolivia, por el carácter estructuralmente
transformador y refundacional que tiene y, en particular, por el pi
lar de plurinacionalidad que instituye en las estructuras del Esta
do, ya que conlleva, entre otros varios ejes transformadores, una
ampliación de derechos políticos y sociales, e introduce una serie
3 Lo que se denominó “agenda de octubre” tuvo como ejes principales: la
“nacionalización de los hidrocarburos”; una “nueva política económica” que de
jará atrás el neoliberalismo, y la convocatoria a una “asamblea constituyente”. En
2005 el Movimiento al Socialismo (MAS) gana las elecciones y resulta electo pre
sidente, con 54% de apoyo del electorado, Evo Morales Ayma como el primer
presidente de origen indígena y dirigente de los campesinoscocaleros, dando
inicio al llamado “proceso de cambio” en Bolivia y teniendo como programa y
misión central el cumplimiento de la “agenda de octubre”, promovida por los mo
vimientos sociales populares y campesinoindígenas del país, en particular en
torno a la “nacionalización de los hidrocarburos” y la convocatoria a una “asam
blea constituyente”. La convocatoria y realización de la asamblea constituyente
(20062007), como estandarte de los movimientos sociales bolivianos, implicará
una articulación muy compleja y comprehensiva de los diferentes actores socia
les en escena y se insertará en un escenario muy dinámico, polémico y conflicti
vo (Svampa, 2010).
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de innovaciones que incluyen el carácter comunitario del Estado.
Un aspecto importante que reconfiguraría y acentuaría el proce
so de la AC es la contradictoria, conflictiva y asimétrica relación
entre el gobierno/liderazgo de Evo Morales y las organizaciones
sociales indígenas y campesinoindígenas, lo que marcará tanto el
contexto constituyente como posconstituyente y que será par
te fundamental de los escenarios todavía abiertos actualmente en
este país. En este sentido, las históricas reivindicaciones y de
mandas de los movimientos indígenas en Bolivia, particularmente
de los pueblos y organizaciones de “tierras bajas”, si bien no serán
recogidas en su totalidad y toda su dimensión en el nuevo texto
constitucional, sí lograron ser incorporadas parcialmente en la
CPE, representando una conquista histórica para los sectores socia
les, particularmente los sujetos indígenas del país en relación con
derechos sobre sus territorios, su autodeterminación y autogobier
no, es decir, para la “autonomía indígena”. Así, parte del preámbu
lo del texto constitucional vigente señala que:
El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad
de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la subleva
ción indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas popu
lares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales,
en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y
territorio, construimos un nuevo Estado […] (CPE, 2009:2).
El núcleo central de la transformación estatal, que instituye el
nuevo marco constitucional, es el carácter de “Estado Plurinacio
nal” que se reconoce en el país y que es la base y el horizonte de
construcción de una nueva institucionalidad política, así como el
referente que resume el nuevo “pacto social” que permitiría “refun
dar el Estado” (Santos, 2010) en Bolivia. En ese sentido, el artículo
1 de la CPE establece que:
Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plu
rinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrá
tico, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se
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funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídi
co, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país
(CPE, 2009:3).
otros de los aspectos centrales que reconfiguran estructural
mente el carácter de la nueva estatalidad boliviana, que está rela
cionado con el sustento mismo del carácter de plurinacionalidad,
tiene que ver con el reconocimiento de la preexistencia de los
pueblos indígenas y naciones originarias. Así, el artículo 2 de la CPE
señala:
Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas
originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territo
rios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad
del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogo
bierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la
consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Cons
titución y la ley (CPE, 2009:3).
En relación con el modelo de gobierno que se instituye con la
actual Constitución, el artículo 11 establece lo siguiente: “La repú
blica de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática
participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de
condiciones entre hombres y mujeres” (CPE, 2009:5). Este punto
involucra no sólo el reconocimiento formal sino la organización y
gestión política de la pluralidad sociocultural del país y un desa
fío de mucha complejidad como modelo político y de gobierno, que
es lo que permite, junto con los otros ejes y aspectos innovadores
del texto constitucional, que se caracterice a la CPE de Bolivia co
mo vanguardia del llamado “constitucionalismo transformador”
(Santos, 2010). Asimismo, la organización y estructura territorial
del Estado Plurinacional de Bolivia ha sido objeto de un importan
te y trascendental cambio, al transitar de un tipo de Estado simple
mente ‘unitario’ (aunque administrativamente descentralizado)
hacia un Estado con una tipología compuesta y más compleja, ya
que se define como “unitario” y “autonómico” a la vez, lo que invo
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lucra una redefinición políticoterritorial y una democratización
del poder como estatalidad.
En ese sentido, el artículo 269 de la CPE señala que: “Bolivia se
organiza territorialmente en departamentos, provincias, munici
pios y territorios indígena originario campesinos” (CPE, 2009:58).
Además, la autonomía según el artículo 279 constitucional, “impli
ca la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los
ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el
ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora
y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito
de su jurisdicción, competencias y atribuciones” (CPE, 2009: 59).
Este tránsito a una tipología de “Estado con autonomías”, si bien
no es nueva dentro de las modalidades de estatalidad en el nivel
internacional, sí constituye una gran innovación por el reconoci
miento de la Autonomía Indígena originaria Campesina (AIoC)
en su estructura territorial.
reconfIguracIón de La FORMA PRIMORDIAL
en eL actuaL “estado pLurInacIonaL”
A partir del hecho de haberse constitucionalizado la condición
plurinacional de la realidad social, cultural, política y territorial de
Bolivia, también se habría reconfigurado, al menos formalmen
te, la modalidad de forma primordial (zavaleta)4 que caracteriza
ba la conformación sociopolítica de este país, esto es, su condición
estructural monocultural y mononacionalista. Así, con la redefi
nición del carácter del Estado como “plurinacional”, también se
operaría una recomposición de las relaciones entre las formas po
4 rené zavaleta Mercado [1982] (2009) propuso la noción de forma primordial para pensar en el modo o los modos en que históricamente se produce la
articulación entre Estado y sociedad civil en cada formación social o en cada
país. Es decir, “la forma primordial sería un modo de nombrar, de manera sinté
tica, el esquema analítico que está presente en una buena parte de la historia del
pensamiento político moderno, es decir, la distinción y articulación entre Esta
do y sociedad civil” (Tapia, 2013).
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líticosociales modernas (occidentales) y el conjunto de las formas
sociales, jurídicas y políticas de autogobierno de pueblos, cultu
ras y territorialidades de matriz y base comunitaria, o con otras
formas societales. Es decir, se asumiría el desaf ío de reflejar, al me
nos declarativamente en el texto constitucional, la “condición mul
tisocietal” de Bolivia (Tapia, 2002).
En ese sentido, las modalidades de reconfiguración de la forma
primordial se expresarían desde el primer artículo de la actual
CPE, en la fórmula de “Estado unitario, plurinacional, comuni
tario y con autonomías”, que complejiza y pluraliza la mayor parte
de las estructuras del Estado y sus diferentes componentes jurídi
cos, económicos, políticoterritoriales en relación con el conjun
to de la(s) sociedad(es) en Bolivia. Es, además, desde este primer
artículo del texto constitucional donde quedan evidenciadas las
diversas vertientes o tradiciones políticoconstitucionales que, en
rigor, permiten asumir la Constitución boliviana como de “transi
ción” más que de “transformación”.
Asimismo, algunos ejes transversales5 claves para entender el
sentido y carácter transformador de la CPE boliviana están relacio
nados, por un lado, con la noción de descolonización, que es presen
tada como el núcleo estratégico que marca el sentido y alcance
anticolonial que tendría el texto constitucional y que recogería la
histórica reivindicación de los pueblos indígenas del país; por otro
5
Entre los aspectos importantes de destacar se puede mencionar que el
nuevo texto constitucional establece transformaciones entre otras tantas inno
vaciones donde se “transversaliza” el contenido de plurinacionalidad estatal en
temáticas como: el tema de la “justicia”, que reconoce y vincula en un plano de
igualdad a las “otras” jurisdicciones tradicionales existentes en el país con la
justicia modernaoccidental, estableciendo la “Jurisdicción Indígena origina
ria Campesina” dentro de los territorios reconocidos como indígenas; el tema
de la “democracia” y el “régimen de gobierno”, en el que se reconocen tres ti
pos de democracia: la democracia representativa, la democracia participativa y
la democracia comunitaria; la temática del régimen económico, estableciendo el
reconocimiento de la pluralidad de tipos de “economías” existentes en el país
(como las economías comunitarias); entre otras novedades de la CPE, como la
gran e innovadora ampliación del catálogo de derechos, incluyendo exhaustiva
mente derechos sociales y culturales o la nueva estructura y organización terri
torial del Estado con la organización de un régimen de autonomías.
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lado, la noción del “vivir Bien” como un principio y filosof ía cons
titucional, que aparece recurrentemente a lo largo del articulado
de la Constitución y que está inspirado en ideas de matriz comuni
taria como el suma qamaña (aymara), el sumak kausay (quechua)
o el teko kavi (guaraní), entre otros, y que es asumido además
como un horizonte alternativo a la idea de “desarrollo” convencio
nal y que, bajo otros parámetros, superan el antropocentrismo de
la “modernidad” occidental, en armonía con la naturaleza.
Una de las principales innovaciones del actual texto constitu
cional boliviano tiene que ver con el rediseño políticoterritorial
que se instituye a partir del régimen de autonomías en la nueva es
tructura y organización territorial del Estado Plurinacional, lo que,
se pensaba, implicaría un proceso de desconcentración, democra
tización y redistribución del poder político en el territorio, ya que
se suponía que el Estado cambiaría sustancialmente su carácter y
que su diseño involucraba diversos niveles de administración con
base territorial. En ese escenario, la Constitución boliviana introdu
jo la figura de autonomía indígena originaria campesina (AIoC)
como nivel autonómico y entidad territorial específica, estable
ciendo que la misma consiste en el autogobierno como ejercicio de
la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, recono
ciendo organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y
económicas propias. De esta manera, el actual texto constitucio
nal boliviano coloca como uno de sus núcleos de transformación
políticoterritorial, que innovan y trastocan la estructura misma
del Estado, a la temática de las autonomías indígenas. En rigor,
estas últimas se convierten en uno de los principales ejes de reorga
nización territorial del Estado y uno de los aspectos que más le
imprimen a éste su condición “plurinacional”, ya que implican no
sólo el reconocimiento de tipo cultural a la autonomía territorial,
sino el desafío de descolonizar los históricos esquemas territoriales
de poder.
Estos componentes innovadores, nociones y categorías trans
formadoras, principios y ejes transversales, por mencionar algu
nos de los más novedosos, hacen seguramente de la Constitución
boliviana un texto de vanguardia dentro del constitucionalismo
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en América Latina. Es así como la CPE plantea no sólo el desaf ío
del desmontaje de las estructuras y esquemas del Estado nación en
Bolivia (tanto en su versión nacionalista como en la neoliberal) y
los esquemas históricocrónicos de “colonialidad del poder” (Qui
jano, 2000), a partir de su eje descolonizador y la construcción de
una estatalidad que, en cierta medida, exprese, contenga y orga
nice la pluralidad y la diversidad de culturas y sociedades presen
tes en el país (Tapia, 2002), sino que también abre un horizonte
estatal que con principios como el vivir Bien desaf ía las visiones
que ponían en el centro de la “razón del Estado” al “desarrollo” co
mo una finalidad a partir de ideas de “progreso”, “calidad de vida”,
“desarrollo humano”, etcétera.
Sin embargo, a pesar de todas estas innovaciones y transfor
maciones del texto constitucional boliviano, sigue manteniendo
en buena medida un carácter de inspiración liberaloccidental con
base en un republicanismo cívico (García, 2010), ya que, en rigor,
la nueva Carta Magna está lejos de romper la tradición y el paradig
ma constitucional modernos, pues el Estado sigue manteniendo
en varias dimensiones una organización, estructura, principios y
paradigmas del constitucionalismo de inspiración europea. En ese
sentido, como lo señala Prada (2010), se trataría de una Consti
tución de transición que no deja de ser liberal, aunque en su ver
sión más bien pluralista es a la vez una Constitución indígena y
popular al ser de tipo plurinacional. Así, a pesar de la transforma
ción constitucional boliviana, que abre un horizonte para pensar
la democracia intercultural (varias formas de democracia), el centro
de la política moderna dentro y fuera del país no registra cambios
cualitativos en la idea básica de oposición que gesta la política
moderna: esto es, un nacionalismo cívico, libertades individuales
y principios de igualdad de derecho como elementos base para
construir o definir el interés común; interés distante de expresio
nes particulares que se desencadenan en la identidad cultural, y el
reclamo de trato diferenciado para grupos específicos.
Por otra parte, retomando algunas ideas planteadas por el his
toriador indio Partha Chatterjee (2008) sobre la temática de la hete
rogeneidad para pensar la nación, ergo el Estado, hay elementos
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valiosos para desmovilizar la raíz conceptual del Estado y la nación
convencional, y abrir verdaderamente espacios políticos para la li
bre determinación de los pueblos. La identificación de cuál es el
interés común en un Estado plurinacional supone poner en en
tredicho la generalización de “unos intereses” que son definidos
desde un locus de enunciación ligado al poder estatal. Ello implica
que la construcción de lo general, de “lo común” en una sociedad
plurinacional, requiere de una condición fundamental: el recono
cimiento de la existencia de subjetividades heterogéneas con in
tereses heterogéneos que están pugnando y luchando por definir
algunos factores comunes para, a su vez, definir intereses comunes
(Paz, 2012). Ciertamente, esto plantea la necesidad de una delibe
ración democrática que se rige no sólo con criterios “cívicos uni
versales”, sino también con criterios y factores de los pueblos que
demandan autodeterminación.
El supuesto es entonces que aquellos factores cívicouniver
sales, que han sido el campo privilegiado para la definición de lo
común, hoy día sean reconocidos como factores que han estan
darizado la construcción de lo común. Empero, una estandariza
ción saturada de dominación y poder. En este caso, el concepto
de “tiempo heterogéneo de la nación” como una manera de con
trastar con las nociones de tiempo homogéneo del Estado y la na
ción (Chatterjee, 2008) nos ayuda a pensar, en cierta medida, por
qué la dimensión plurinacional no es una dimensión abstracta de
la política y del Estado, no es una dimensión a la que definimos
desde ningún lugar, es decir, no es una definición abstracta de
“unos intereses”, más al contrario, obliga a pensar el contexto de la
construcción de intereses comunes en el marco de intereses es
pecíficos de una pluralidad de pueblos. En ese sentido, el “tiempo
heterogéneo” es disparejamente denso y la construcción de intere
ses en las diversas subjetividades se muestra con distintos ritmos
y distintos alcances. De ese modo, una raíz conceptual como lo
“plurinacional” abre la posibilidad de trastocar y trascender con
ceptos de Estado y nación (ergo de Estado nación) convenciona
les y la posibilidad de deliberar los criterios de interés común más
allá del locus del poder estatal (Paz, 2012).
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En ese sentido, es posible pensar en el marco de un complejo
proceso de reconfiguración de las relaciones entre Estado y buena
parte de la sociedad boliviana. Esto, a partir de dar cuenta de los
cambios producidos en lo que zavaleta (2009) propuso pensar co
mo forma primordial, como aquel modo en que se relacionan
Estado y sociedad civil, como un proceso de construcción histó
rica sujeta a cambios y transformaciones, así como el conjunto de
mediaciones a través de las cuales se produce esa articulación. Es
decir, pensar la dimensión intraestatal bajo el eje del tipo de ar
ticulación Estadosociedad, que permite analizar los procesos de
democratización en el seno del “Estado moderno” (Tapia, 2013).
En ese sentido, en un espacio como Bolivia, uno de los límites a la
pretensión del monopolio legítimo de la fuerza consiste precisamen
te en la existencia de una diversidad de sociedades, por lo general
de carácter comunitario, que son una diversidad de 36 diferentes
pueblos y culturas en estos territorios.
La existencia de esas estructuras de autoridad no significa que
en estos territorios nunca tenga presencia el Estado boliviano, sino
que cuando lo hace, por lo general es de manera discontinua en el
tiempo, apareciendo como una estructura paralela y sobrepuesta
de carácter más o menos colonial. De ese modo, este tipo de “abi
garramiento” (zavaleta, 2009) implicaría que el Estado boliviano
tuviera una presencia discontinua en el país, tanto en términos espa
ciales como temporales. Sobre todo en aquellos territorios donde
existen otras estructuras de autoridad y autogobierno, la presencia
del Estado ha sido y es más o menos aún colonial, es decir, “una for
ma de dominación externa, que en algunos casos se articula a
formas de desigualdad y jerarquización interna” (Tapia, 2002:106).
Así, desde la perspectiva histórica, las estructuras de poder polí
tico poscoloniales que empiezan a proclamarse como “Estado bo
liviano” se caracterizaron sistemáticamente por desconocer las
estructuras políticas, de autoridad y autogobierno de los pueblos y
culturas que seguían bajo una condición de subordinación colo
nial en el seno del Estado. Esto no significa que efectivamente se
haya eliminado este conjunto de estructuras comunitarias en es
tos territorios, por el contrario, ésta sería una de las causas por
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las que en Bolivia se configuró lo que zavaleta (2009) llama un Estado aparente.
Con estos elementos, en el contexto boliviano actual sería po
sible distinguir fuerzas y procesos en la reconstitución de la forma
de dominación o del conjunto de relaciones que configuran la
base de la forma de dominación denominada “colonialismo inter
no” (González Casanova, 1969). Por una parte, un conjunto de
prácticas políticas y de despliegue de fuerzas y estructuras de domi
nación que son recientes —posconstituyentes—, aunque recicla
rían relaciones y formas previas de dominación. Habría, además,
un proceso de largo/mediano plazo, que es posible asumir como
proceso de acumulación histórica (Tapia, 2014). En Bolivia, el
componente abigarrado de la sociedad hizo posible que algunos
movimientos sociales irrumpieron como un “flujo subterráneo de
procesos sociales desarticuladores del orden estatal y económico
nacional” (Tapia, 2008:53) en la escena política, en este caso, a par
tir de formas de acción y de (auto)gobierno ancladas en esas otras
sociedades que existen de manera yuxtapuesta y subordinada a
la sociedad criolla/mestiza hegemónica del Estado nación boliviano.
El desaf ío de la construcción de un Estado Plurinacional, enton
ces, también consiste en el reto de creación de una nueva insti
tucionalidad que dé cuenta de esas “otras sociedades y culturas”, así
como de las formas alternativas de habitar y practicar los terri
torios y de los modos de relacionamiento con la naturaleza, co
mo aspectos que constituyen algunos de los principales nudos de
conflicto y motivos de disputa que viene marcando el contexto so
ciopolítico boliviano en los últimos años y que puso en evidencia
las fisuras, contradicciones, rupturas y retrocesos que atraviesa el
denominado “proceso de cambio” en Bolivia.
eL goBIerno deL mas y eL “proceso de camBIo”
en eL “estado pLurInacIonaL”
La idea de “proceso de cambio” en el decenio anterior se ha natu
ralizado en el discurso gubernamental como un sinónimo del go
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bierno del MAS, particularmente personificado en la figura del
presidente Evo Morales, la cual, desde el primer gobierno en el pe
riodo 20062010 es presentada como parte de la retórica oficialista
para tratar de marcar una diferencia radical y una clara ruptu
ra con la época neoliberal y el sistema de partidos del que es co
rrelato. resulta fundamental, por tanto, recordar que la noción y
denominación de “proceso de cambio” en Bolivia (también nom
brado “proceso de transformación”) surge como resultado del nue
vo escenario sociopolítico que se abre en Bolivia a partir del ciclo
de protestas sociales a inicios de este siglo, dentro de la atmósfe
ra que generan las movilizaciones, rebeliones sociales y populares
desde el año 2000 como la “Guerra del agua”, luego de la “Guerra del
gas” en octubre de 2003, la huida del último presidente de la cama
da neoliberal y, sobre todo, desde la agenda sociopolítica que dejan
estos intensos acontecimientos sociopolíticos. Todo ello confi
gura el contexto en el cual comienza a transformarse radicalmen
te la correlación de fuerzas en el país y a reconfigurarse el campo
político, lo cual se condensa en la llamada “agenda de octubre” y
conduce en 2005 a Evo Morales a la presidencia de Bolivia, cuyo
gobierno tiene como principal mandato cumplir dicha agenda.
No obstante, a partir del 2006 la “agenda de octubre” co
mienza a mostrar señales de un cumplimiento parcial, ya que la
convocatoria a la Asamblea Constituyente resulta desde su inicio
encadenada a los parámetros y prácticas del viejo sistema políti
copartidario,6 sin dejar de mencionar el control que durante su
funcionamiento ejerce el poder constituido (concretamente, el go
bierno) sobre los asambleístas en tanto poder constituyente. Esta
situación se traduce en un conjunto de imposiciones desde el go
bierno del MAS, que resulta en una permanente dinámica de di
reccionamiento vertical de aquello que se discute en el cónclave,
6 Desde la misma Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, que sólo
habilitaba a los representantes de los principales partidos políticos, incluido el
oficialista, y excluía a otras fuerzas políticas, en particular aquellas que repre
sentaban a organizaciones sociales, muchas de las cuales habían exigido la rea
lización misma de una Asamblea Constituyente, tales como la Coordinadora de
Defensa del Agua y algunas organizaciones indígenas.
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todo hacia la validación de las “líneas oficiales” que son bajadas
desde el palacio de gobierno. Sin embargo, el aspecto que puede
identificarse como una “traición” o retroceso de las aspiraciones
de transformación y descolonización estructural del Estado que
provenían de las organizaciones y movimientos sociales, parti
cularmente indígenas y campesinos en torno al Pacto de Unidad,
tiene que ver con las “negociaciones” y “acuerdos” entre actores
políticos del poder constituido (entre el gobierno del MAS y, pri
mero, las fuerzas cívicas regionales conservadoras y, después, la
derecha política parlamentaria) para modificar la propuesta ori
ginal de nueva Constitución surgida de la Asamblea Constituyente.
Como resultado de estas negociaciones entre el gobierno del
MAS y la entonces “derecha políticamente derrotada” en Bolivia,
se dan grandes retrocesos en temas fundamentales donde, entre
otros aspectos, se evita afectar los privilegios de los sectores his
tóricamente dominantes del país, como en el tema de la tierra, el
control sobre los recursos naturales y las competencias en el nuevo
régimen autonómico. Pero a pesar de este hecho, la mayoría de
los bolivianos aprueban el nuevo texto constitucional en 2009, el
cual expresa o representa una suerte de base para la transforma
ción del Estado.
Ahora bien, lo que desde entonces viene sucediendo con la
CPE boliviana poco tiene que ver con el tan evocado “proceso de
cambio”, más allá de la insistente elocuencia en un discurso guber
namental que difunde dentro y fuera del país esa idea. Igualmente,
tampoco tiene mucho que ver con el “proceso de cambio” el Plan
de Desarrollo del gobierno de Evo Morales, que comienza a ser
implementado desde 2010 y que va claramente a contramano de
los principales principios constitucionales más transformadores,
mostrando y consolidando una clara orientación económica ex
tractivista, que actualmente queda explicitada en la llamada Agenda
Patriótica 2025 presentada al país por el partido gobernante. En
tonces, la idea de plurinacionalidad, con el alejamiento creciente
del Pacto de Unidad respecto de la línea del MAS, es más simbólica
y discursiva, aunque el carácter de “Estado plurinacional y comu
nitario” que está consagrado en el actual texto constitucional si
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gue representando una conquista de los sujetos sociales indígenas
y campesinoindígenas al lograr influir en el proceso constituyen
te y marcar un horizonte de transformación estatal.
Luego de aprobada la actual Constitución boliviana, su imple
mentación en la materialidad institucional, jurídica y territorial del
Estado va adquiriendo un sentido más bien declarativo, presen
te dentro de casi toda la normatividad posterior (leyes de desarro
llo constitucional) y de las políticas gubernamentales, las cuales, en
cambio, están orientadas a hacer efectivos los proyectos extrac
tivistas del gobierno del MAS. En ese sentido, la plurinacionali
dad como el núcleo principal del nuevo texto constitucional para
la construcción de otro Estado, como nuevo “pacto social” que
deje atrás al Estado nación neocolonial, monocultural, racista y
excluyente, si bien es recurrente en la normatividad posconstitu
yente y en la retórica gubernamental, no parece encontrar aún
una efectiva realización en el ámbito de la transformación efectiva
y descolonizadora del Estado.
Esto parece evidente a la hora de considerar los componen
tes centrales donde cobra densidad y materialidad la construcción
de un Estado plurinacional y comunitario, como con el tema de las
autonomías indígenas. En efecto, a pesar de las experiencias de
municipios indígenas que iniciaron —y en unos casos inclusive
concluyeron— los procesos de constitución o conversión en au
tonomías indígenas tuvieron que retroceder o someter mucho de
su potencial de autodeterminación y alcance de autogobierno,
con base en sus usos y formas propias, ante la imposición de limites
por parte del Estado monopolizado por el MAS. Igualmente con el
tema de la justicia comunitaria, que en la práctica y según las nor
mas posconstitucionales continúa siendo subordinada a la justicia
ordinaria modernoliberaloccidental. Esto, para no mencionar lo
que sucede en el caso de la tan evocada descolonización, que cier
tamente no se produce en la realidad del aparato y gestión pública
estatal, más allá de un folclorizado discurso por parte del gobierno.
Asimismo, mucho menos se puede afirmar que el Estado plu
rinacional tiene sentido en un esquema político donde la mayoría
de las “nacionalidades” del Estado no están representadas, o lo es
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tán de forma irrisoria dentro del órgano legislativo, que poco tie
ne de “descolonizado” y “plurinacional”. Por otra parte, buena parte
de esas naciones que componen y justifican la plurinacionalidad,
actualmente son objeto de políticas de despojo territorial, de des
trucción de territorialidades comunitarias o de vulneración de
sus derechos más básicos como pueblos por parte de un gobierno
que dice representarlos y que se asume como encarnación del Es
tado plurinacional, sin dejar en la práctica de recrear una versión
monológica del Estado nación.
La idea de un “Estado plurinacional”, como una forma de desor
ganización/reorganización y superación de los supuestos, prin
cipios y esquemas del Estado nación republicano, monocultural,
excluyente y neocolonial surgió y se proyectaba como una moda
lidad con la que habría un nuevo horizonte de transformación en
Bolivia. Al contrario, hoy este último no sólo ha dejado de dar se
ñales concretas de hacerse efectivo, sino que sus posibilidades co
mo una alternativa políticoestatal y societal parecen alejarse cada
vez más. En consecuencia, muy poco de “cambio” es posible en
contrar en las sucesivas leyes y normas posconstitucionales7 ges
tadas y aprobadas por el segundo gobierno del MAS (20102014),
que en su contenidos y alcances apuntan a des-constitucionalizar
(Prada, 2012; Exéni, 2015) más que a cumplir la actual CPE “plu
rinacional”.
Asimismo, mucho menos tiene que ver con una transformación
descolonizadora del Estado, las políticas represivas, antiindígenas
y neocoloniales que en los últimos años despliega el gobierno del
MAS en los territorios comunitarios, en particular en las “tierras
bajas” del país, afectando directamente poblaciones locales, vulne
rando formas de vida ancestrales y destruyendo irreversiblemente
ecosistemas naturales a través de un extractivismo salvaje y en
7
En referencia a una serie de leyes de “desarrollo constitucional” que, en su
contenido y orientación, terminan cercenando el espíritu transformador del
texto constitucional (“Ley Marco de Autonomías y Descentralización”, 2010), con
tradiciendo los principios constitucionales (“Ley Marco de la Madre Tierra y
Desarrollo Integral para vivir Bien”, 2012) o vulnerando y torciendo sus manda
tos (“Ley de Minería y Metalurgia”, 2014).
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nombre de las tan anheladas aspiraciones de “desarrollo”, “moder
nización” y “progreso” que postula el régimen políticoeconómico
del MAS.
pLurInacIonaLIdad o La faceta autorItarIa
deL estado nacIón en BoLIvIa
La ola expansiva del horizonte contrahegemónico que se abrió
en la “coyuntura fundante” (zavaleta, 2009) boliviana a inicios del
siglo xxI y produjo una Asamblea Constituyente y reformas es
tructurales del Estado, en la actualidad estaría volviendo a reple
garse a los núcleos de resistencia indígena (Tapia, 2011). Lo que
se habría puesto en evidencia con los conflictos socioterritoriales
entre el gobierno de Evo Morales y varios pueblos y organizacio
nes indígenas (como el conflicto del TIPNIS, entre otros más re
cientes),8 representan lógicas y formas de negación y bloqueo del
sentido profundo de los derechos colectivos internacionalmente
reconocidos, así como del carácter mismo de la autonomía indí
gena establecida en la actual CPE, la cual recoge el convenio 169
de la organización Internacional del Trabajo (oIT) y la Declara
ción de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas que recono
cen el derecho fundamental de los pueblos y naciones originarias a
su autodeterminación. Este principio, en los casos de resistencia,
movilización y defensa indígena en los últimos años en Bolivia, es
el que se ha vulnerado. Por un lado, al no haberse realizado un ver
dadero proceso de Consulta Previa (libre, informada y de buena fe),
8
El conflicto sociopolítico y territorial en los años 2011 y 2012 en torno al
TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure), donde el gobier
no del MAS dispuso la construcción de una carretera, hizo visible las contradic
ciones y disputas en torno al Estado Plurinacional y al paradigma/proyecto de
matriz comunitaria denominado vivir Bien, frente a un gobierno que retóricamen
te plantea la aplicación de principios económicopolíticos plurales, los cuales
en realidad quedan contrariados por un modelo de desarrollo extractivista predo
minante en las políticas estatales. Este conflicto políticoterritorial puso de relie
ve las tensiones entre el gobierno del MAS y el movimiento indígena en Bolivia.
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tal como lo establecen las normas nacionales e internacionales;
por otro lado, desconociendo las organizaciones históricas y re
presentativas de los pueblos indígenas y sus procesos y formas de
autoridad propia; y finalmente, vulnerando derechos colectivos fun
damentales y desplegando acciones represivas y autoritarias para
la imposición de políticas gubernamentales extractivistas.
Así, el actual carácter de “plurinacionalidad” del Estado en Bo
livia ha sido desmentido por la normas y políticas emanadas desde
estructuras gubernativas del actual “Estado Plurinacional”, don
de parecen predominar visiones y políticas económicas basadas
en modelos de “desarrollo” neoextractivistas, las que estarían con
tradiciendo el sentido y alcance de las autonomías políticoterri
toriales de los pueblos indígenas establecidas en el actual texto
constitucional, afectando de esa manera territorios y comunidades
indígenas, lo que a su vez está generando e intensificando con
flictos socioambientales (Martínez, 2004) y movimientos sociote
rritoriales (Mançano Fernandes, 2005) para impugnar y disputar
los sentidos de la “plurinacionalidad’ como nuevo horizonte polí
tico de transformación estatal.
En este escenario, separaciones, paradojas y retrocesos marcan
con particular tensión la coyuntura posconstituyente del llamado
“proceso de cambio” en Bolivia, evidenciando los contradictorios
terrenos en los que se disputa la transformación del Estado y su
construcción plurinacional. De ese modo, algunas de las duali
dades que el jurista portugués Boaventura de Sousa Santos (2010)
advertía en los procesos que se perfilaban como refundacionales
en la región, como en Bolivia (¿recursos naturales o Pachamama?,
¿desarrollo o vivir Bien?, ¿tierra para reforma agraria o territorio de
dignidad e identidad?, ¿Estado nación o Estado plurinacional?,
¿descentralización o autogobierno indígena?), encuentran en los
últimos años una apuesta clara desde las orientaciones, políticas y
acciones gubernamentales, donde se impone de forma autorita
ria una inclinación por las opciones más conservadoras de dichas
dualidades y se va relegando, desechando e instrumentalizando
retóricamente los principios y contenidos más transformadores del
Estado. Además de dichas dualidades, en el periodo posconstitu
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yente boliviano se habría pasado a una fase de “separaciones” (Ta
pia, 2011) que ocurrieron en un momento de despliegue de unas
políticas cada vez más represivas por parte de la nueva burocra
cia estatal, la cual paradójicamente llegó al poder producto de las
olas de movilización indígena.
El actual escenario que presenta parte del contexto sociopolí
tico en Bolivia, además de ilustrar el desenlace estatal de las men
cionadas dualidades que en su momento advertía Santos (2010)
y de marcada acentuación de separaciones entre organizaciones
indígenas y el gobierno (Tapia, 2014), también se caracteriza por
grandes paradojas que tienen que ver con las formas en que se de
sarrollan las disputas por los sentidos y la condición de posibilidad
de la plurinacionalidad del Estado boliviano. Una de esas paradojas,
tal vez la más contrastante, es la que tiene que ver con la expan
sión y consolidación del modelo extractivista de despojo en el país
impulsado por el gobierno, desechando principios como el vivir
Bien, la autonomía, la descolonización y la construcción misma
del Estado plurinacional. En ese sentido, estaríamos asistiendo a un
contexto de retroceso y a la vez de disputa por el ejercicio de la au
tonomía indígena y de la plurinacionalidad estatal en Bolivia, don
de la exigencia de respeto a los supuestos y principios básicos de
la plurinacionalidad, establecidos en el texto constitucional, pro
vienen de sujetos indígenas que son los que la promovieron y de
fendieron en el proceso constituyente de la década pasada y son los
que aún hoy, desde espacios de resistencia, defensa o construc
ción socioterritorial, invocan la CPE ante la imposición unilateral
y autoritaria de una modalidad estatal monológica, extractivista y
antiindígena.
Asimismo, esas paradojas actualmente se estarían configurando
y desplegando en un contexto que, por un lado, presenta un escena
rio que se podría calificar de “desplurinacionalización unilateral
del Estado” por parte del propio Estado y del gobierno del MAS,
que expresa una visión y accionar monológico bajo esquemas que
caracterizaron históricamente al Estado nación y desde donde se
realiza tan sólo un uso retórico e instrumental de la plurinacio
nalidad, mientras que en la práctica se despliega una dinámica de
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recentralización estadocéntrica de la política, de la economía y
de control del territorio. Por otro lado, empero, se estarían tam
bién configurando escenarios que podríamos denominar de “replu
rinacionalización (societal) del Estado”, que se manifiestan a partir
de las movilizaciones, reivindicaciones, resistencias y disputas por
parte de movimientos sociales territorializados, principalmente
indígenas, hacia (frente) el Estado para la demanda de cumplimien
to de la Constitución, la exigencia del respeto a las autonomías
indígenas y los derechos colectivos internacional y constitucio
nalmente establecidos. En fin, la exigencia de una real y efectiva
transformación plurinacional del Estado.
¿descoLonIzacIón o recoLonIzacIón deL estado?
Aquí hay otro de los temas que han adquirido centralidad en buena
parte de los imaginarios colectivos en Bolivia y se ha posicionado
con gran fuerza durante el proceso constituyente de la década pa
sada, sobre todo luego de aprobada la actual Constitución. En
efecto, la reivindicación en torno a la descolonización del Estado
es nuevamente reactivada desde principios del siglo xxI en Boli
via, ya no sólo en el discurso teóricopolítico sino en la práctica de
las movilizaciones sociales y la acción colectiva de los sujetos sub
alternos, y estará de alguna forma presente en algunas de las mo
vilizaciones sociales y rebeliones populares (en particular, en las
consignas de las luchas indígenas desde el 2000) y la misma se reavi
vará en el proceso constituyente a partir de las propuestas de desco
lonización del Estado que defienden los representantes del Pacto
de Unidad. Es más, fue precisamente gracias a las propuestas del
Pacto de Unidad y a la defensa de las reivindicaciones de los pue
blos indígenas y originarios que se logró incorporar el tema de la
descolonización en el actual texto constitucional, donde aparece
este término declarativamente en varios de sus artículos.
No obstante, al igual que en el caso del vivir Bien, la categoría
constitucionalizada de “descolonización”, pese a ser un concepto
novedoso e innovadoramente provocador en el nuevo horizonte
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estatal, parece haber quedado en un simple término declarativo
dentro del texto constitucional, como uno de los aportes de mayor
radicalidad dentro del llamado “constitucionalismo transforma
dor” (Santos, 2010) de los que se produjeron en la región andina
en la década anterior. Así, es por demás evidente que más allá de
su evocación retórica en el cuerpo constitucional y de su repeti
tiva enunciación en algunas normas posconstitucionales y, desde
luego, más allá de los rimbombantes discursos políticos oficialis
tas, este concepto no encuentra hasta ahora una materialización
efectiva en la realidad estatal, política, económica y territorial del
país. Tanto en la estructura organizativa del Estado, su gestión pú
blica, su estructura y funcionamiento territorial, como en el di
seño de la composición de la representación política (legislativa)
o en las formas de entender, organizar y practicar la política y de
ejercer el gobierno, la simple incorporación de la categoría de “des
colonización” no termina cambiando, afectando y mucho menos
rompiendo con esquemas y mecanismos neocoloniales y de colo
nialidad aún vigentes en las estructuras, lógicas y prácticas de
dominación y exclusión del Estado nación monocultural y en va
rias otras dimensiones del actual “Estado Plurinacional”, en el cual
tampoco se habría dado señales claras y efectivas de sacudirse de
su “sustrato colonial” (rivera, 2010), al contrario, se lo sigue re
creando y reproduciendo.
Asimismo, este tema ha sido argumentado y analizado en va
rios trabajos y análisis9 en relación con interrogantes que ponen en
cuestión lo que viene sucediendo en Bolivia después de aprobada
la Constitución, que lejos de expresar un proceso de descoloniza
ción estatal/societal, más bien representa una secuencia de retro
cesos en esta perspectiva. Así, resulta fundamental precisar que
esta categoría se ha convertido en los últimos años en otro de los
instrumentos discursivos del que el Estado y el gobierno del MAS
echan mano para encubrir las modalidades con las que desplie
gan procesos más bien neocoloniales, sobre todo en los niveles po
9
Silvia rivera (2010, 2014); raúl Prada (2010, 2012); Juan José Bautista
(2014); Fernando Garcés (2013), entre otros.
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lítico y territorial o, como señala Tapia (2014), dinámicas y formas
de recreación del colonialismo interno en Bolivia impulsados por el
actual partido gobernante. De esa manera pueden nombrarse las
modalidades y tonalidades que han adquirido las acciones y dis
cursos gubernamentales de desorganización y negación de otras
formas políticas en la sociedad, que se expresan con la interven
ción y división de organizaciones sociales comunitarias indígenas
como la CoNAMAQ o la CIDoB, donde la “visión” absolutista y
señorial del poder del Estado, concentrado en el gobierno y en la
figura presidencial, parecen desconocer y neutralizar cualquier otra
forma de expresión política que no se someta a su voluntad. Di
cho de otro modo, hoy se asiste con frecuencia a manifestaciones
políticas de neocolonialidad anticomunitaria que se ejercita como
una forma de monopolio político desde el gobierno del MAS.
Empero, donde se expresa más claramente no sólo un retroce
so en relación con un horizonte de descolonización sino moda
lidades de reproducción de esquemas coloniales, está en una di
mensión económica y territorial en la que, como se ha señalado
anteriormente, se consolida y expande un modelo capitalista en la
política del Estado con un núcleo extractivista (por tanto, neoco
lonial) de despojo de los bienes comunes naturales, en algunos
casos, bienes vitales para las poblaciones locales, con el fin de ga
rantizar la acumulación capitalista desde el Estado. Este carácter
de extractivismo neocolonial es justificado desde el gobierno como
un “mal necesario” para el bienestar del país, es decir, un proceso de
intensificación y expansión del capitalismo extractivista que se con
vierte en un modo de excusa y descargo por parte del discurso
gubernamental para ocultar o disimular las actuales modalida
des de recolonización económica y territorial, ya que la mayoría de
los territorios donde se expande e intensifica la extracción y el
despojo socioambiental son, precisamente, los más ricos en “re
cursos naturales”, pero también donde habitan pueblos y formas
de vida comunitaria ancestrales, objetos históricos de este neoco
lonialismo estatal. Esto es lo que revelaron en buena medida los
conflictos del TIPNIS (20112012) y de Takovo Mora (2015), aún vi
gentes en las tierras bajas de Bolivia: comunidades, organizacio
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nes y pueblos indígenas se resisten a que se recolonicen sus terri
torios y se destruyan sus formas de vida ancestral, y para que se
respeten sus derechos colectivos como pueblos, como a ser con
sultados por el Estado sobre las políticas y proyectos que afec
ten sus territorialidades y formas de vida.
El horizonte de posibilidad de un proceso de descolonización
y democratización plural del Estado, que ha sido abierto de forma
radical desde la “crisis” del Estado nación (Tapia, 2011) desde el
año 2000 en Bolivia, ha venido removiendo las estructuras simbó
licas del campo político boliviano, desorganizando y desestruc
turando los supuestos e imaginarios sobre los que se estructuraba
un Estado nación de matriz colonial, republicana y nacionalista,
encuentra como clímax político el proceso constituyente, la reali
zación de una asamblea constituyente y la consecuente aprobación
de una nueva Constitución en la década pasada. Este momento
constituyente fue el resultado de la movilización y acción política
de movimientos sociales y sujetos políticos que también fueron
movimientos de sociedades en proceso de conflicto más o menos
colonial, en ese sentido, movimientos societales (Tapia, 2002) y, por
eso mismo, anticoloniales. Movimientos anticoloniales, en tanto se
asume una matriz neocolonial con formas de colonialismo interno
en Bolivia.
Hoy día, este tipo de movimientos societales anticoloniales
vuelve a emerger y a reactivarse en el país a partir principalmente
de movimientos indígenas y de resistencias comunitarias en defen
sa, precisamente, de territorios y derechos colectivos ante el des
pliegue de políticas extractivistas de despojo impulsadas desde el
gobierno, con virulencia desde el periodo posconstituyente boli
viano y que a partir del conflicto del TIPNIS muestran un carácter
abiertamente antiindígena. Así, es posible evidenciar que en estas
resistencias territoriales está implicada una lógica de poder don
de emerge el elemento de cierta “neocolonialidad” estatal (rivera,
2014) en la forma de entender el territorio, ya sea como esquema
histórico sobre el que se impone el Estado nación territorial, hacia
otros imaginarios y construcciones societales comunitarias, y
con una actual política extractivista sobre el territorio. En ese senti
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do, estos movimientos societales y de resistencia indígena en las
tierras bajas de Bolivia impugnan una lógica histórica de carácter
colonial sobre territorios ancestrales, que en la actualidad se pre
sentan bajo modalidades recolonizadoras de “territorialidad ex
tractiva” y de “territorialidad de la dominación” (Ceceña, 2001).
En consecuencia, las contradicciones que se expresan entre
el texto constitucional boliviano, el discurso oficial del gobierno y
las políticas realmente desplegadas por éste, ponen en evidencia el
predominio de una visión gubernamental y estatal que recrea for
mas de neocolonialismo políticoterritorial en la Bolivia de hoy.
Así, si por un lado, la nueva Constitución reconoce una diversi
dad de pueblos y culturas en su primeros artículos y principios, por
el otro, en las normas de desarrollo posteriores y en las “políticas
de Estado” se desconoce y niega la posibilidad de que estos pue
blos puedan decidir sobre sus territorios. De ese modo, por una
parte, la CPE reconoce la ‘territorialidad’ indígena y por otra, la
política gubernamental la niega y despliega políticas y emprendi
mientos que afectan o destruyen esa territorialidad, negando así a
los pueblos y culturas su derecho a ser consultados.
La negación del derecho a la codecisión o a la consulta reve
la un claro componente del colonialismo interno aún vigente en la
forma de entender y asumir la política en este país. En este senti
do, es posible señalar que se viene produciendo una recreación de
formas de colonialismo interno similares a las que se organizaron
y produjeron desde la fundación de Bolivia y se reprodujeron a lo
largo de la historia republicana, liberal y nacionalista del país, los
mismos que curiosamente hoy se continúan manifestando en un
Estado que se asume constitucionalmente como plurinacional y
descolonizado (o descolonial). De ese modo, lo que estaría ocu
rriendo en Bolivia no es un proceso de cuestionamiento, nega
ción o superación del colonialismo sino, a decir de Tapia (2014),
un proceso de recreación en torno principalmente a la recreación
del momento constitutivo colonial, que es la conversión, a través de
la conquista, de pueblos agrarios en pueblos extractivos, de cam
pesinos en mineros, de culturas libres en sociedades mutiladas por
el colonialismo. Esto en Bolivia se ha reproducido de manera his
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tórica durante la república, el Estado nación y hoy está siendo
reproducido por el actual gobierno del MAS.
concLusIón: contrarreforma
y desconstItucIonaLIzacIón
estataL en BoLIvIa
En estos últimos años en Bolivia, en particular en el segundo dece
nio de este siglo, hemos pasado de un proceso constituyente genera
do por movimientos indígenas a un periodo en que el gobierno del
MAS expande e intensifica el despliegue de políticas extractivis
tas sobre territorios indígenas, ignorando o vulnerando los dere
chos colectivos de los pueblos indígenas, en particular el derecho
internacional y constitucionalmente reconocido de Consulta Pre
via, afectando directamente territorios y territorialidades comuni
tarias que, en la mayoría de los casos, son de carácter y propiedad
colectiva, también reconocidos constitucionalmente. De esa ma
nera, hemos transitado a un momento en el que, por ejemplo, se
ha roto la alianza campesinoindígena en Bolivia, lo cual implicaría
acabar con las condiciones materiales e históricas para la cons
trucción de un Estado plurinacional y, después de varias décadas
de despliegue de un horizonte contrahegemónico en la región, re
tornar a la articulación de una condición neocolonial que define
la reorganización estatal (Tapia, 2011).
Sin embargo, este horizonte contrahegemónico en Bolivia mos
tró estar rearticulándose, básicamente, a partir de las manifesta
ciones de resistencias comunitarias contra la expansión del modelo
neoextractivista. Dichas resistencias socioterritoriales se están
expresando en la defensa de derechos colectivos, de autodetermi
nación y autogobierno, con base en la reafirmación y defensa de
autonomías indígenas y los derechos colectivos. En ese sentido, la
ola de expansión del horizonte contrahegemónico que consiguió
abrir una “coyuntura fundante” e instalar una asamblea constitu
yente y producir un nuevo texto constitucional en Bolivia, en la
actualidad estaría volviendo a replegarse a los núcleos de resisten
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cia indígena frente a una tendencia de potenciamiento y avance
del neoextractivismo como una modalidad del capitalismo que,
paradójicamente, viene siendo impulsado desde las propias es
tructuras de un Estado constitucionalmente declarado como “plu
rinacional” y por un gobierno identificado, en un inicio, como
“gobierno de los movimientos sociales”.
Por tanto, es posible afirmar que desde el periodo posconstitu
yente (que aquí identificamos, para fines analíticos, desde la apro
bación de la Constitución en 2009 hasta el momento más tenso
del conflicto del TIPNIS entre 2011 y 2012), en lo posterior y has
ta la actualidad se han ido haciendo cada vez más evidentes y
frecuentes modalidades de desconstitucionalización sistemática
de los contenidos más transformadores de la CPE, o las más radica
les (Tapia, 2011) del potencial carácter plurinacional, tanto en la
orientación como en el cuerpo de las normas posteriores al texto
constitucional (y demás normativa reglamentaria). Esto comienza
a ser evidente desde la promulgación de la “Ley Marco de Auto
nomías y Descentralización” (2010) y su posterior norma regla
mentaria, pero también en un conjunto de otras normas centrales,
como la “Ley Marco de la Madre Tierra y de Desarrollo Integral
para vivir Bien” (2012), la “Ley de Minería y Metalurgia” (2014),
el Decreto Supremo Nº 2366 (2015) sobre el aprovechamiento de
recursos hidrocarburíferos en áreas protegidas, hasta llegar a una
situación de innegable ecocidio con los descomunales incendios
forestales de mediados de 2019, provocados por normas del go
bierno del MAS que habilitan la expansión de la frontera agrope
cuaria en las tierras bajas de Bolivia (Fundación Tierra, 2019), sólo
por mencionar algunas.
De esta forma, resulta innegable y por demás explicita la con
cepción y el núcleo extractivista del gobierno del MAS que, más
allá de alguna consideración meramente económica de su carác
ter y orientación claramente alejado y a contramano del espí
ritu plurinacional en relación con el mandato constitucional de
“economía plural”, está teniendo impactos socioterritoriales con
evidentes señales autoritarias desde el Estado. Es justamente este
aspecto el que muestra de forma más contundente una clara ten
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dencia antiplurinacional por parte del gobierno del MAS en los
últimos años, lo que a su vez estaría mostrando una tendencia po
líticojurídica gubernamental de ir en contra de las principales
reformas e innovaciones incorporadas y establecidas en el actual
texto constitucional boliviano. Por tanto, se asiste a un escenario,
que ya lleva algunos años, en el que tiene lugar una suerte de con
trarreforma por parte de un “extractivismo progresista” en contra
de los componentes más transformadores de la actual Constitu
ción boliviana.
Diez años han pasado desde que Evo Morales llegó a la presi
dencia de Bolivia, y hoy transita en su tercer mandato. Como lo
señala Svampa (2010), son pocos los gobiernos latinoamericanos
que han estado caracterizados por fuertes rupturas políticosim
bólicas y por conflictos sociales como este gobierno. Así, los de
saf íos de materializar la construcción de un “Estado Plurinacional”
entra en contradicción en los últimos años, entre otras cosas, con
la necesidad por parte del gobierno del MAS de ejercer un mono
polio de la política mediante un “Estado nacionalista”, a partir del
despliegue de un núcleo de economía extractivista y de una cla
ra política de reconcentración y monopolio del poder político en
el gobierno y en torno a la figura del presidente. Este vasto proceso
marca un conflictivo entramado sociopolítico. En él, la reemer
gencia de movimientos sociales/societales de base comunitaria,
que todavía siguen disputando el sentido y necesidad de cumplir
con la Constitución, mantiene abierta la posibilidad de hacer rea
lidad y efectivo un Estado Plurinacional en Bolivia en contra de “su”
gobierno.
En la actualidad las condiciones del contexto boliviano se han
reconfigurado, luego de la intensa crisis sociopolítica que atrave
só a fines del 2019, marcada por un proceso electoral fraudulento,
una rebelión ciudadana y una conflictividad social e incertidum
bre política general, que entre otros efectos resultara en la renuncia
de Evo Morales junto a varias autoridades de su gobierno y del
Parlamento, así como en la instalación de un gobierno de carácter
transitorio por sucesión constitucional. Precisamente el actual go
bierno, que lleva varios meses en ejercicio, parece haber rebasado
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su carácter transitorio, ha generado muchas críticas por las atribu
ciones que se arroga y por el perfil conservador y los rasgos auto
ritarios del manejo estatal que despliega, por lo que es innegable
que el escenario sociopolítico ha cambiado y se ha desplazado bas
tante desde el momento en que se escribió este texto. Sin embar
go, el actual contexto político por el que atraviesa Bolivia en 2019,
complejizado con la actual situación de la pandemia del Covid19,
por razones obvias no son analizados o problematizados aquí, lo
que sin duda resultaría más que necesario y pertinente en el caso
de Bolivia y del escenario regional.
BIBLIografía
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