C O L E C C I Ó N G R U P O S D E T R A B A J O Serie Movimientos sociales y territorialidades CONFLICTOS TERRITORIALES Y TERRITORIALIDADES EN DISPUTA RE-EXISTENCIAS Y HORIZONTES SOCIETALES FRENTE AL CAPITAL EN AMÉRICA LATINA Pabel López Milson Betancourt [Coords.] CONFLICTOS TERRITORIALES Y TERRITORIALIDADES EN DISPUTA RE-EXISTENCIAS Y HORIZONTES SOCIETALES FRENTE AL CAPITAL EN AMÉRICA LATINA Conflictos territoriales y territorialidades en disputa : Re-existencias y horizontes societales frente al capital en América Latina / Carlos Walter Porto-Gonçalves... [et al.] ; coordinación general de Pabel López ; Milson Betancourt Santiago. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2021. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-722-901-1 1. Capital. 2. Administración Territorial. I. Porto-Gonçalves, Carlos Walter. II. López, Pabel, coord. III. Betancourt Santiago, Milson, coord. CDD 306.32 Otros descriptores asignados por CLACSO: Territorialidades / Conflicto social / Movimientos Sociales / Políticas Públicas / Economía Popular / Autogestión / Colonialidad / Resistencias / América Latina Colección Grupos de Trabajo CONFLICTOS TERRITORIALES Y TERRITORIALIDADES EN DISPUTA RE-EXISTENCIAS Y HORIZONTES SOCIETALES FRENTE AL CAPITAL EN AMÉRICA LATINA Pabel López y Milson Betancourt Santiago (Coords.) Grupo de Trabajo Territorialidades en disputa y r-existencia Colección Grupos de Trabajo Pablo Vommaro - Director de la colección CLACSO - Secretaría Ejecutiva Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones Equipo Editorial Lucas Sablich - Coordinador Editorial Solange Victory - Gestión Editorial Nicolás Sticotti - Fondo Editorial Equipo Rodolfo Gómez, Giovanny Daza, Teresa Arteaga, Cecilia Gofman, Natalia Gianatelli y Tomás Bontempo © Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723. LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana Este libro fue sometido a un proceso de dictaminación por académicos reconocidos, de acuerdo con las normas establecidas por el Consejo Editorial de CLACSO, el cual dictaminó que el libro reúne las condiciones de calidad, rigurosidad, pertinencia, actualidad y originalidad para ser publicado por CLACSO. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor. La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO. Los trabajos que integran este libro fueron sometidos a un proceso de evaluación por pares. CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org> Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas. ÍNDICE | 9 Carlos Walter Porto-Gonçalves De Utopias e de topoi: espaço e poder em questão (perspectivas desde algumas experiências de lutas sociais na América Latina/Abya Yala) | 17 Maristella Svampa El Antropoceno como diagnóstico y paradigma. Lecturas globales desde el Sur | 71 Valter do Carmo Cruz O território como palavra-chave: uma abordagem territorial da geograficidade | 101 Paola Bolados García Una ecología política desde los territorios: resistencias frente al extractivismo y producción de conocimiento alternativo en Chile | 123 Milson Betancourt Santiago Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias a escala global-local: desafíos para la paz territorial en Colombia (y el mundo) | 145 Pabel C. López F. La cara neo-extractivista de la crisis socioambiental en Sudamérica: acentuación del despojo, disputa de territorialidades y horizontes alternativos | 175 Carmela Cariño Trujillo Mujeres indígenas y campesinas en defensa de la tierra-territorio. Resistencias y r-existencias desde mundos en relación | 195 Presentación PRIMERA PARTE RE-PENSANDO TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICAMENTE EL TERRITORIO Y SUS PULSIONES SEGUNDA PARTE DISPUTA DE TERRITORIALIDADES. EXPERIENCIAS CONCRETAS EN AMÉRICA LATINA Marielle Palau Territorios en disputa: agronegocios vs. agricultura campesina | 221 Leonardo Tamburini Territorio, libre determinación y autonomía indígena en el TIPNIS | 235 Beth Geglia Ciudadanía en disputa: ciudades privadas, resistencia, y construcción territorial en el sur de Honduras | 263 Alejandro Retamal Maldonado y César Pérez Guarda Zonas costeras en disputa | 287 Juan Wahren Territorialidades en disputa: movimientos sociales, autogestión y recursos naturales. El caso de la UTD de Gral. Mosconi (Salta, Argentina) | 315 Leandro Bonecini de Almeida El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis | 339 Bárbara Jerez Henríquez La colonialidad de la minería del litio sobre los salares altoandinos: conflictos socioambientales para la electromovilidad “verde” del Norte Global | 371 Alessandro Peregalli Más allá de la geopolítica: una trayectoria logística de la IIRSA | 391 Emiliano Teran Mantovani Crimen organizado, economías ilícitas y geografías de la criminalidad: otras claves para pensar el extractivismo del siglo XXI en América Latina | 419 Las autoras y los autores | 457 Tensiones y conflictos socioterritoriales en el seno de Reloncaví, Chile TERCERA PARTE MIRADAS GEOPOLÍTICAS SOBRE Y DESDE LA REGIÓN PRESENTACIÓN Los territorios, que siempre fueron territorios de vida, enfrentan en las últimas décadas desafíos añadidos a los últimos quinientos años, fruto de una primera onda de despojos múltiples. Las ondas han venido sucediéndose, asociadas a las necesidades externas/internas de “civilizarse”, “cristianizarse”, “desarrollarse”, “democratizarse” y “neoliberalizarse”, pero también las formas de existir de esos pueblos y grupo sociales han ido conformándose en las estrategias continuas de resistir. La re-existencia, por tanto, incorpora los múltiples campos de la vida, su complejidad, su densidad, las formas en que se construye y teje sus articulaciones, pero que no pierde de vista los contextos de conflicto en que se mueve: los avances y retrocesos, las huidas, los saltos y el volver a empezar, propio de enfrentar las asimetrías de la dominación. En esas dinámicas y dialécticas de re-existencia, además, aparece como punto de apoyo fundamental el conjunto de comportamientos territoriales necesarios para dar sentido a los sujetos sociales: identidad territorial en movimiento, materialidad y subjetividad de lo común, saberes situados que desafían la descontextualización auto-referenciada del sistema-mundo capitalista, estatal, patriarcal y colonial. En todo caso, las territorialidades en re-existencia con las que buscamos dialogar se conforman en una nueva articulación en función de la desregulación neoliberal de los últimos cuarenta años que 9 con diferentes ritmos aceleró y profundizó los conflictos territoriales a lo largo de toda la región. En ese sentido, las re-existencias de movimientos sociales y formas emergentes de acción colectiva fueron capaces de plantear grandes desafíos al sistema y de resistir la implantación de proyectos de extracción masiva de bienes naturales y de despojos múltiples del mal llamado “desarrollo” en sus territorios. Un escenario de acentuación y expansión del despojo, por un lado, y de proliferación de conflictos socioambientales y re-emergencia y ampliación de espacios y formas de defensa, lucha y r-existencia socioterritorial, por le otro, se ha venido desplegando en la región las última dos década, en varios casos, paradójicamente coincidente con el llamado “ciclo progresista”. De esta forma, movimientos sociales han logrado visibilizar y articular iniciativas localizadas de resistencia en una dinámica que podría ser descripta, siguiendo a Enrique Leff (2010), como ambientalización de las luchas sociales y acción colectiva “eco-territorial”. El sistema de dominación, y su desorden territorial, ha generado excedentes de población y de capital y grandes asimetrías entre seres humanos, entre las formas de vida imperial (Brandt y Wissen, 2017) en el Norte Global y las formas populares, comunitarias, solidarias y humildes de vivir en el Sur Global. Pero su impacto no es solo sobre/ entre seres humanos, sino que abarca la devastación de la naturaleza en su dinámica de acumulación y expansión que llega a los límites físicos del planeta. El sistema de dominación necesita por ello eliminar estos excedentes y apropiarse de la naturaleza deficitaria, lo que explica y determina el accionar estratégico del sistema en relación con pueblos y territorios. Esto viene provocando, además, una grave crisis migratoria global, esto es, un proceso masivo de expulsiones a nivel global-local que la investigadora Saskia Sassen ha denominado como una pérdida masiva de hábitat humano como una de las principales características de la actual brutalidad y complejidad de la economía global, fenómeno que lamentablemente se viene comprendiendo de manera aislada y fragmentada. Pese a las dinámicas de despojo capitalista y de una des-territorializacion y re-territorialización basada en la extracción primaria intensiva, este fenómeno tiene como su reverso el germen de la organización y acción colectiva mediante movilización social y/o las formas de resistencia y rebeldía sociales y la creación de alternativas ancladas en los territorios que se defienden creando y recreando sus formas de vida. En ese sentido, al ser atacados y despojados de sus espacios históricos, ancestrales y comunitarios, muchos sujetos sociales, como movimientos territorializados, reaccionan como forma de defensa y resistencia, generando un fenómeno de reconstrucción 10 Presentación... socioterritorial y ‘etnoterritorial’ y la activación de antiguas y/o generación de ‘nuevas territorialidades’ (Porto-Gonçalves, 2011). La colonialidad territorial de estos órdenes espaciales hegemónicos, hoy defendidos por los dogmas del “desarrollo” y la “superación de la pobreza”, en verdad lo que viene produciendo es hambre, exclusión, dominación, pobreza y desigualdad, racismo, devastación social y ambiental, entre otros múltiples males. Por el contrario, los ordenamientos territoriales ancestrales y la gestión comunitaria de los bienes comunes de la humanidad, a pesar de sus tensiones y contradicciones, nos han brindado múltiples bondades, diversidad de saberes y prácticas, vitales para la preservación de la vida humana y no humana, y que sirven de inspiración hacia otros horizontes de sentido. El papel del Estado en estos procesos no ha sido unánime a lo largo de toda la región, pero en todo caso, la invisibilización o el reconocimiento apenas formal de los sujetos subalternizados en re-existencia han sido claves para consolidar desde lo público (políticas públicas, tratados internacionales, etc.) el despojo privado. Y es que más allá de las formas estatales y de los tipos de gobierno, existe una coincidencia en la región y es la conformación de Estados anti-campesinistas y anti-comunitaristas, la mayor parte de la historia, anclados en estructuras burocráticas al servicio de la reproducción de unos intereses de élites nacionales vinculadas con sectores del gran capital transnacional, en cada momento. Así, lógicas territoriales del capital y de los Estados, complementarias, han sido centrales para la permanente expansión/invasión de modelos económicos y de desarrollo de base extractivistas y/o desarrollistas, asentados en la explotación intensiva de “recursos naturales”, necesarios para la reproducción del modelo capitalista global de extracción, producción, acumulación y consumo vigentes. Para ello, en la región existen diversas configuraciones extractivas: países sojeros, petroleros, mineros, bananeros, ganaderos, que no solo históricamente (desde tiempos coloniales) sino que, en las últimas décadas, han sufrido una especial aceleración y diversificación de la expansión/ invasión de múltiples fronteras del extractivismo-productivismo, hacia territorios antes considerados como “improductivos”, como la frontera energética, petrolera, minera, forestal, hídrica, agraria, biogenética, entre las predominantes; pero también, paralelo a una adecuación espacial infraestructural funcional al extractivismo, como los previstos por el IIRSA/COSIPLAN. Como fuese, América Latina, en todas sus escalas, está siendo sometida por el capitalismo transnacional neoliberal y también “posneoliberal” en crisis, a un reordenamiento territorial que intenta arrollar resistencias y autonomías (Mezzadra y Neilson, 2013), consolidando 11 su condición colonial y dependiente de abastecedora de materias primas al mercado global, en lo que Maristella Svampa (2013) denominó como el ‘consenso de los commodities’ que marcó en la década pasada el ingreso de la región en un nuevo orden económico y políticoideológico sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y la creciente demanda energética. Dicho orden, a pesar del descenso internacional de los precios del petróleo y otros commodities, que configura parte de la geopolítica global en la actualidad, iría consolidando un estilo de “desarrollo neo-extractivista” en América del Sur, tensionando aún más el arco entre la competitividad por ventajas comparativas y la activación de conflictos sociales, territoriales, ambientales y culturales, particularmente en aquellos espacios locales donde se reproducen territorialidades y formas de vida comunitaria, lo que de manera innegable es posible constatar en casi todos los países de la región. Desde el Grupo de Trabajo (GT) Territorialidades en disputa y rexistencia pensamos que, precisamente, la capacidad de re-existencia de sujetos sociales territorializados ha permitido, en buena medida, mantener en la actualidad el pensamiento crítico latinoamericano más “vivo y dinámico que nunca”, precisamente porque es desde los pueblos y procesos, desde los lugares de re-existencia, donde surgen las contribuciones teórico-políticas más frescas, fértiles, creativas y útiles para repensar la región desde la centralidad de la vida (Escobar, 2014). Es a partir de esa premisa y la necesidad de aportar al actual debate latinoamericano crítico y en compromiso con las luchas sociales y la defensa de los territorios como base para la reproducción de la vida, que este GT convoca a seguir pensando, repensando y problematizando epistémica, teórica y empíricamente las realidades latinoamericanas desde los contextos y experiencias territoriales. En ese sentido, concibiendo el territorio como el ámbito insoslayable y fundamental de los procesos de (re)producción social de la vida en general, históricamente amenazado por los procesos de subsunción/subalternización por el patrón de poder/saber del proyecto colonial-patriarcal-capitalista de la modernidad hegemónica, este GT ha hecho de tales tensiones y contradicciones el núcleo central de nuestras preocupaciones y búsquedas teórico-políticas, enfocándose en el estudio de las particularidades y novedades que emergen en el actual escenario de globalización neoliberal, exacerbación de las dinámicas destructivas y depredadoras de la acumulación capitalista, en fin, de crisis civilizatoria y, al mismo tiempo, correlativamente, de radicalización de las alternativas, o mejor, de respuestas alternativas que busca ser coherentes con el tamaño de los problemas desde sus re-existencias. 12 Presentación... Asimismo, un recuento de la producción de pensamiento crítico en los últimos años en América Latina nos proporciona una serie de conceptos y teorías que permiten una estrecha articulación con el contexto expresado en el apartado anterior. Arturo Escobar (2016) propone una lista de esta diversidad de pensamientos que abren nuestra imaginación crítica y que incluiría, entre otras: “las críticas a la modernidad y a la teoría decolonial; los feminismos autónomos, decoloniales, y comunitarios; la diversa gama de debates ecológicos y de economías alternativas, la ecología política, la economía social y solidaria (ESS), las economías comunales; las diferentes propuesta de transiciones civilizatorias, el posdesarrollo, el Buen Vivir, y el posextractivismo. Desde el GT venimos trabajando el reconocer la riqueza que representa situarse en ese enclave de diálogos donde sujetos diversos construyen con fuerza pensamiento crítico situado. Las posibilidades dentro de esa lista son muchas. Para iniciar, tejemos nuestra primera red de pensamientos y relaciones alrededor de la necesidad de pensar en la “movilización social otra” que la región latinoamericana viene acogiendo, donde los múltiples sentidos y quehaceres de la re-existencia y de sus territorialidades, que tienen un protagonismo fundamental y desde donde se vienen actualizando y desafiando los límites del pensamiento crítico tradicional. Desde esa perspectiva, el presente libro colectivo que nos propusimos gestar y que ahora presentamos, tiene por objeto compendiar y difundir los avances de los procesos de diálogo de saberes y construcción de conocimiento que hemos ido produciendo en torno a las problemáticas territoriales en nuestra región, en términos de tensiones, transformaciones y re-existencias territoriales; territorios en disputa: territorialidades hegemónicas y territorialidades insurgentes. En particular, siguiendo el espíritu y las preocupaciones que dieron fundamento a la constitución del grupo, se trata de procurar una primera sistematización de los aportes y contribuciones que desde nuestros diferentes espacios hemos podido ir tejiendo, a fin de enriquecer, fortalecer, fecundar, en un marco de reciprocidad, con los diferentes procesos y experiencias de territorialidades re-existentes en Nuestra América. De esa manera, nos desafiamos a retomar la agenda de los temas inicialmente identificados por nuestro GT y abordados en los textos que componen el presente trabajo colectivo, a saber: estrategias e impactos territoriales del capitalismo neoliberal y posneoliberal global; movimientos territoriales y ‘otras territorialidades’; resistencias y re-existencias comunitarias frente al despojo; territorios de vida, comunalidad, bienes comunes y la política de lo común; luchas territoriales frente al extractivismo/neo-extractivismo y el mal llamado desarrollo; conflictos socioambientales y el rol de los sujetos 13 socioterritoriales; derechos colectivos; tejidos de resistencias entre pueblos y procesos arraigados a territorios; procesos de despojo y de construcción de re-existencias. Estos tópicos y otros conexos son los que se abordan y analizan en el presente libro, la mayoría desde enfoques inter y/o transdisciplinarios. Sin la pretensión de sintetizar o adelantar los tópicos, contextos, miradas, particularidades y densidades con que se aborda la temática territorial en cada uno de los textos que componen esta publicación, ya que creemos que se presentan por sí solos e intentar resumirlos aquí podría arriesgar a no dar cuenta de la propia fuerza, profundidad y personalidad de cada aporte, sí resulta necesario señalar que es posible comprenderlos desde al menos tres grandes ámbitos o dimensiones de reflexión y discusión. En un primer grupo de textos, tenemos contribuciones que abordan lo territorial o temas relacionados desde una perspectiva crítica de reflexión y problematización más bien de carácter teórico y epistemológico, como son los aportes de Carlos Walter Porto-Gonçalves (Brasil), Maristella Svampa (Argentina), Paola Bolados (Chile), Carmela Cariño (México), Valter do Carmo Cruz (Brasil), Milson Betancourt (Colombia) y Pabel López (Bolivia). Un segundo grupo de textos presenta trabajos que problematizan experiencias puntuales, procesos y casos concretos relacionados a movimientos sociales y/o conflictos territoriales o socioambientales en diversas geografías de América Latina, como los de Marielle Palau (Paraguay), Leonardo Tamburini (Bolivia), Beth Geglia (Estados Unidos-Honduras), Leandro Bonecini (Brasil-Perú), Alejandro Retamal (Chile), Juan Wahren (Argentina) y Pabel López (Bolivia). Finalmente, un tercer grupo de textos que reflexiona y discute la territorialidad desde una perspectiva más geopolítica en la región, como los de Bárbara Jerez (Chile), Alessandro Perigalli (ItaliaMéxico) y Emiliano Terán Mantovani (Venezuela). Así, a pesar de los diferentes énfasis mencionados, como el/la lector/a podrá constatar, cada uno de los trabajos que tejen este libro encuentran y/o atraviesan el hilo de lo territorial o socioterritorial, desde miradas críticas que aportan a pensar y repensar la región latinoamericana, como un todo y en sus múltiples escalaridades, desde el territorio y abriendo asimismo horizontes para repensar nuestras sociedades. Pabel López, Milson Betancourt 14 PRIMERA PARTE RE-PENSANDO TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICAMENTE EL TERRITORIO Y SUS PULSIONES DE UTOPIAS E DE TOPOI: ESPAÇO E PODER EM QUESTÃO (PERSPECTIVAS DESDE ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DE LUTAS SOCIAIS NA AMÉRICA LATINA/ABYA YALA) Carlos Walter Porto-Gonçalves Luta pela vida, pela Dignidade e pelo Território. Consigna das Marchas de 1990 na Bolívia e no Equador Nuestra Lucha es epistémico e política. Luis Macas/Catherine Walsh A classe trabalhadora não pode simplesmente apropriar-se da máquina do Estado tal qual é e utilizá-la para seus próprios objetivos. O instrumento político de sua escravidão não pode servir como instrumento político de sua emancipação. Karl Marx PREÂMBULO A queda do muro de Berlin (1989) e a derrocada da União Soviética (1991) se constituíram em uma fragorosa derrota para o pensamentoação antisistêmico como um todo, independentemente dos diferentes posicionamentos que existiam diante da URSS. Pode-se afirmar que ainda não conseguimos recuperar-nos dessa derrota, apesar da regressão histórica em termos de direitos e justiça nesses últimos 25 anos. Diferentemente do debate clássico no campo do pensamento/ ação crítico do século XIX e início do século XX temos, hoje, não só projetos de futuro em debate, mas uma ampla experiência concreta que nos obriga a olhar criticamente a história das lutas antisistêmicas. Afinal, depois de 72 anos da famosa palavra de ordem “todo o poder aos soviets” brandida por Lênin, em 1989 não havia nenhum soviet para defender a União Soviética. Essa é a questão que nos mobliza nesse ensaio. Para dar conta dessa questão buscamos explicitar o silêncio acerca da relação espaço-poder na tradição do pensamento ocidental, 17 Carlos Walter Porto-Gonçalves inclusive no campo do pensamento crítico. E não o faremos de modo abstrato, mas inspirando-nos em experiências em curso de alguns grupos/classes sociais/etnias/povos e nacionalidades em movimento na América Latina/Abya Yala. Procuramos colocar em diálogo o léxico téorico-político que emana dessas experiências com a tradição do pensamento/ação crítico europeu, sobretudo com o Marx tardio (Shanin, 1984). É da relação utopia-topoi que nos ocupamos. INTRODUÇÃO 01. O fantasma da utopia ronda a história do pensamento crítico. Desde Thomas Morus (1478-1535) com seu livro Utopia1; de Tomas Campanella com sua Cidade do Sol (1568-1639); de Gustavo Babeuf (1760-1797) com seu Manifesto dos Iguais; a R. Fourier (1772-1837) com seus Falanstérios; a R. Owen (17711858) com sua comunidade New Harmony (EEUU), Edouard Bellamy com seu Looking Backwards (Olhando para Trás), de 1885, e William Morris com seu News from Nowhere (Notícias de Lugar Nenhum), de 1890, que certa tradição de pensamento crítico vem se desenvolvendo em torno de utopias.2 A utopia é um não-lugar, um lugar distante, um lugar separado –uma ilha–, um lugar-nenhum, ou um lugar num outro tempo, na linha do tempo, de um tempo linear, como nas ideias de progresso onde é devir, porvir. O espaço, vê-se, é silenciado. Na tradição do pensamento ocidental o silêncio acerca do espaço tem sido um dos maiores obstáculos para a compreensão da relação histórica entre espaço e poder, uma questão-chave para a práxis emancipatória, conforme veremos nesse artigo. 02. Em 1892, Frederick Engels (1820-1895) em “Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico” pôs em questão, por idealista, a todos aqueles que não fundavam suas ideias na tradição científica3, como Owen e Fourier, cientificidade essa que, para Engels, deveria estar fundada no materialismo histórico. Chamo atenção para o carater do materialismo reivindicado, haja vista que a tradição que se desenvolveria entre os marxistas haveria de se mostrar aespacial, a-geográfica, ainda que com honrosas exceções. Eis uma primeira questão que 1 Segundo consta, T. Morus inicia seu Utopia relatando as notícias que recebera de um comandante sobre a vida boa numa terra distante, num outro lugar: na América. 2 Poderíamos recuar à Cidade de Patão (428/7-328/7 a.C.) para encontramos o modelo rigorosamente ideal das utopias. 3 Não ignoremos o significado desse novo regime de verdade (Foucault) em torno da ciência conformado desde a Ilustração, e que se popularizou no século XIX, e também sobre sua contribuição para silenciar outras racionalidades. Boaventura de Sousa Santos chamaria isso de epistemicídio. 18 De Utopias e de topoi: espaço... identificamos no interior do pensamento que se reivindica crítico ao capitalismo e, por isso, reivindicamos um materialismo históricogeográfico através da abertura que nos oferece tanto certos intelectuais que se mantém no campo do marxismo, como David Harvey (Grá Bretnanha) e Henry Lefebvre (França), como também o pensamento decolonial com Franz Fanon (Martinica), Aimé Cesaire (Martinica), C.R.L. James (Trinidad e Tobago), Ramón Grosfogel (Porto Rico), Anibal Quijano (Peru), Pablo Gonzalez Casanova (México), Rodolfo Stavenhagen (Alemanha-México), Enrique Dussel (ArgentinaMéxico), Walter Mignolo (Argentina-EEUU), Silvia Rivera Cusicanqui (Bolívia), Edgardo Lander (Venezuela) e Catherine Walsh (EquadorEEUU). Observemos que há uma geopolítica do conhecimento inscrita nos autores referidos. Os autores desse campo decolonial que sentem/pensam (Orlando Fals Borda) o sistema mundo capitalista moderno-colonial a partir do seu lado colonial. Todavia, neste ensaio buscamos um diálogo com tradições do pensamento/ação crítico europeu, como o marxismo e as tradições liberárias que, na Europa, também se colocaram como pensamento/ação crítico4 desde abajo, como se diz em bom espanhol. 03. A superação dessa armadilha epistêmico-política que privilegia o tempo em detrimento do espaço começa a ganhar fôlego a partir dos anos 1960/1970, quando começamos a experimentar um “giro espacial” no conhecimento para o que foram fundamentais as contribuições de Michel Foucault (1926-1984) e de Henry Lefebvre (1901-1991). Na tradição marxista coube a David Harvey, a partir dos anos 1970, explicitar a dimensão geográfica do desenvolvimento capitalista ensejando o nascimento de um materialismo histórico-geográfico, muito embora nesta tradição, a ênfase em desvendar a lógica do capital já havia sido capaz de apontar para outros espaços, como em Rosa Luxemburgo e Lênin, ainda que esses espaços fossem vistos na perspectiva da dinâmica do capital em expansão.5 O deslocamen4 Nossa crítica ao eurocentrismo não ignora a pluralidade de pensamentos que se desenvolveu a partir da Europa. Entretanto, não devemos deixar de reconhecer que o lugar de enunciação do discurso não diz respeito somente ao lugar (de classe) na hierarquia social, mas também ao lugar no sentido geográfico do termo que também é hierarquizado nas relações sociais e de poder (Centro? Periferia?). Não é a mesma coisa ser burguês ou proletárioa nos EEUU ou na América Latina. Mignolo, Walter. “Espacios geográficos e localizaciones epistemológicas”. Revista GEOgraphia. Programa de Posgraduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil. 5 Marx, em 1868, um ano depois de publicação de O Capital, começa a aprender russo e com isso começa a ter uma visão das contradições específicas das formações sociais na perifera de modo mais sistemático. Desafortunadamente esse Marx que 19 Carlos Walter Porto-Gonçalves to teórico-político provocado pelo “giro espacial” a partir dos anos 1960/1970 teve a virtude não só de explicitar que o poder (1) não é algo concentrado no Estado; (2) não é uma coisa ou um objeto que se pode assaltar e tomar, mas, sim, (3) que é relacional e (4) inscrito no conjunto das relações sociais por toda a sociedade nas suas diferentes escalas6 (Raffestin, 1982) e, assim, trouxe para o centro do debate a relação espaço-poder. A partir da contribuição de Michel Foucault muito se avançou na compreensão das estratégias de organização do espaço, nas técnicas de controle dos corpos, seja nas instituições totais (escolas, presídios, hospitais, manicômios, fábricas) da “sociedade disciplinar”, seja na modulação dos fluxos da “sociedade de controle” com suas câmaras que nos filmam nas ruas, nos edifícios, nos elevadores, nos hotéis, nas casas. Atentemos para o fato de ser a lógica do capital ou a lógica do controle –do Panoticum– que prevalecem nas análises foucaulteanas e não a lógica dos “dominados e sua arte da resistência” como diria James Scott, se é que cabe a expressão lógica para compreender as práticas que emanam dos grupos oprimidos/ explorados/subalternizados.7 04. O espaço, entretanto, já vinha falando a partir de grupos/classes sociais/povos etnias/nacionalidades de outros lugares que não os centros geográficos e políticos tradicionais do padrão de poder/saber do sistema mundo, um discurso urbanocêntrico8 e euurocêntrico.9 A tanto se aproxima da realidade da periferia do capitalismo é praticamente esquecido. Para ter esse Marx em conta leia-se Marx Tardío, de Teodor Shanin. 6 O que levou o geógrafo Claude Raffestin a distinguir entre Política com P maiúsculo e política com p minúsculo. Raffestin, Claude, 1982. Por Uma Geografia do Poder. São Paulo, Ed. Ática. 7 A astúcia é a arte dos fracos, segundo de Carteau, e, sabemos, se desenvolve nas circunstâncias, sabe-se lá com que lógica. 8 Na tradição marxista, o caráter urbanocêntrico se revela claramante no privilégio revolucionário que atribui à classe operária e num certo descaso do campesinato e de outras formações sociais étnicas e de outras nacionalidades. Hoje, felizmente, temos acesso a uma larga documentação de mais de 30.000 páginas deixadas por Karl Marx, depois da publicação de O Capital, onde se pode ler e verificar outra leitura dos camponeses, sobretudo com as informações que passara a ter diretamente de intelectuais russos. Numa segunda apresentação de O Capital em francês, Marx chama a atenção para os cuidados que se há de ter para interpretar outras realidades, que não a europeia, a partir de suas análises de O Capital. Sua carta em resposta à revolucionária russa Vera Zasulich é surpreendente pela importância que Marx vê nas comunas rurais russas –obschina– e no artel (trabalho comunitário) como possível base para o comunismo. 9 “Eeuurocêntrico” é um neologismo que propomos para dar conta da hegemonia europeia/estadunidense que vem colonizando o mundo desde 1492, a partir de centros imperiais variáveis: Ibérico, Europeu Norte Ocidental e Estados Unidos, todas 20 De Utopias e de topoi: espaço... primeira revolução do século XX surgira, em 1910, no México com forte protagonismo dos campesíndios/indigenatos (Armando Bartra e Darci Ribeiro) na periferia do sistema capitalista, assim como, na Rússia, em 1917, os camponeses também haveriam de ter um papel relevante na Revolução de Outubro.10 Em 1949, a Grande Marcha de milhões de camponeses tomando Pequim haveria de deixar marcas profundas, tal como John Reed (1887-1920) havia salientado em 1917 com seu livro Os Dez Dias que Abalaram o Mundo.11 05. Com o fim da 2ª guerra em 1945, o sistema mundo capitalista moderno-colonial começa a ser abertamente questionado em um dos seus múltiplos eixos hierárquicos –o moderno-colonial– com a descolonização da África e da Ásia, continentes/povos que vinham se juntar à experiência de ruptura colonial que as Américas haviam inaugurado ainda no século XIX. Haveremos de considerar a continuidade-descontinuidade do espaço-tempo de larga duração que começara ainda no século XVII com a consagração dos Estados territoriais soberanos. Afinal, vários desses estados territoriais foram criados nos inícios do século XIX na América, sobretudo na América Latina e Caribe, que no pós-segunda guerra mundial se ampliam na África e na Ásia. Assim, se afirma um dos pilares do sistema mundo moderno-colonial, o componente territorialista, irmão do outro componente desse sistema mundo, o componente capitalista. Assim, se expandia para o mundo africano e asiático uma solução europeia para os problemas europeus desde o século XVII (Tratado de Westfallia, 1648), ou seja, os estados territoriais e o sistema interestatal da ordem capitalista mundial. Sabemos no Atlântico Norte. Tudo indica que um giro geográfico está em curso em direção ao Oceano Pacífico. 10 A teoria do imperialismo de Lênin é, de certa forma, o capitalismo visto a partir da periferia russa, um dos principais fronts de expansão do capital, em que a Rúsia se mostraria “o elo fraco”, como na famosa metáfora de Lênin. É na periferia do sistema mundo que conceitos como formação social e teorias como a do desenvolvimento desigual e combinado ganharão destaque, onde o nível abstrato do conceito de modo de produção se vê menos ideal-tipo e ganha o mundo mundano. 11 A esquerda clássica que tem no marxismo sua principal corrente de pensamento, entretanto, continua a ignorar (1) que a Revolução Mexicana é a primeira grande revolução do século das revoluções como mostra quando se mobiliza para comemorar os 100 anos da revolução russa em 2017 e não o fez de modo enfático em 2010 para comemorar os 100 anos de revolução de E. Zapata e P. Villa. E, mais, em 2010 se mobilizou, sim, para comemorar os 200 do Bicentenário das independências dos países da América Latina e Caribe, olvidando que a primeira revolução digna desse nome na América fora a Revolução Haitiana, ocorrida em 1804, cujo bicentenário deveria ser comemorado em 2004, ainda que a primeira revolução que de alguma forma confronta o sistema colonial tenha sido a Revolução de Independência dos EEUU, em 4 de julho de 1776. 21 Carlos Walter Porto-Gonçalves o que significaram as fronteiras territoriais dos novos estados que se implantaram na Ásia e, sobretudo na África após segunda guerra, fronteiras essas em grande parte definidas com linhas geodésicas com régua e compasso na Conferência de Berlin (1884-1885) ignorando-se as geo-grafias12 ali existentes. Enfim, os “condenados da terra” (Franz Fanon, 1925-1961) começam a falar e ampliar a crítica ao capitalismo com a crítica da colonialidade que lhe é constitutiva, como reivindicou Aimé Cesaire (1913-2008) em sua carta de desfiliação ao Partido Comunista francês, e começaram a aparecer os “jacobinos negros”, título do esclarecedor livro de C.R.L James (1901-1989) sobre o Haiti e que teria um papel seminal no movimento da negritude de grande relevância na independência dos países africanos. Com eles a compreensão do caráter colonial do sistema mundo capitalista se mostrava mais profundo do que o fenômeno que ficou conhecido como descolonização na África e na Ásia. Afinal, é a partir desses autores que podemos compreender que “a colonialidade sobreviveu ao fim do colonialismo”, como diria, mais tarde, Anibal Quijano. E não é fortuito que tenha sido no Caribe que essas vozes decoloniais –Fanon, Cesaire e James– se levantassem. Afinal, foi a partir do controle do Caribe e das Índias Ocidentais que uma nova geografia mundial se desenharia, desde 1492, com a Europa passando a ser centro geopolítico e cultural, conformando um padrão de poder/saber que nos habita ainda hoje. As nomeações geográficas falam por si mesmas: chamar o continente que os ibéricos recém-dominavam de Índias Ocidentais fala menos desses lugares e de seus povos do que dos que enunciam o discurso. Quem fala de Índias Ocidentais o faz por referência a si mesmo, pois a Europa já nomeara as outras Índias como Orientais e, assim, já se colocaram como Centro, entre o Oriente e o Ocidente. Não olvidemos que até 1453-1492 todos os caminhos levavam ao Oriente, o que nos legou um verbo que indicava o “caminho a ser seguido”, Orientar-se.13 06. Somente a partir do encontro acidental com essas Índias, que melhor seriam chamadas Índias Acidentais, é que a Europa passou a ser o Norte e suas ideias a nortear o mundo: eurocentrismo. Nortear passa a ser o novo verbo a indicar o novo caminho certo. A geopolítica necessita de uma linguagem própria. A partir do encontro com/contra as Índias Acidentais surgirá o branco, o amarelo e o negro como 12 Geo-grafias é um recurso de linguagem para assinalar os processos e sujeitos que grafam, marcam a terra, deslocando a geografia de substantivo para verbo, ação: arte/fazer de grafar a terra. A geografia deixa, assim, de ser substantivo e passa a ser vista como verbo. 13 Como à época do Império Romano “todos os caminhos levam à Roma” que nos legará um verbo –Rumar, ir em direção a Roma– assim como a palavra romeiro. 22 De Utopias e de topoi: espaço... distinção, ou melhor, como sistema de poder racializado que ainda nos habita e, hoje, se exacerba na Europa com a “colonização ao revés” feita pelo imigrante in-desejado. Enfim, há um padrão de poder/ saber colonial/racializado de larga duração que habita o espaço-tempo que vivemos. E Milton Santos já nos alertara que “o espaço é acumulação desigual de tempos” (Santos, 1996). 07. Desde os primeiros momentos da configuração do sistema mundo moderno-colonial, a acumulação de capital se fez colonial com a desterritorialização de povos originários de Abya Yala-América que aqui habitavam ancestralmente a alguns milhares de anos. O Caribe, em particular, haveria de ficar negro com a introdução do trabalho escravo para acumular capital. Diga-se, de passagem, que aqui no Caribe e na América do Sul, no Brasil, em particular, os conquistadores/invasores haveriam de introduzir, já nos inícios do século XVI, as primeiras manufaturas modernas que o mundo até então conhecera: os engenhos de açúcar. E manufaturas/engenhos montada/os e voltada/os não para produzir para o lugar e para os do lugar, mas para outrem e para abastecer o mercado mundial, sobretudo europeu, e como capital enquanto relação fundada na acumulação incessante de dinheiro. Enfim, acumulação de capital com tecnologia moderna na colônia e com trabalho escravo. Enfim, na periferia, na colônia, acumulação primitiva feita pelos civilizados. Essa estrutura “estruturada” nos conforma até hoje enquanto um sistema de poder/saber geograficamente desigual, moderno-colonial. É esse sistema de saber/poder que não nos permite ver que a Europa, à época, não dispunha de manufaturas estruturadas para o mercado mundial como havia aqui no Caribe, em Cuba e Haiti e, na América do Sul, no Brasil. Não exportávamos cana de açúcar, matéria prima, mas sim açúcar, um produto manufaturado. Somos modernos a 500 anos! A modernidade, vê-se, é colonial, sua face primitiva que não quer ver como sua.14 08. A análise anterior nos permite identificar dois dos pilares em que se sustenta o sistema mundo moderno-colonial que nos habita desde 1492: o pilar capitalista e o pilar territorialista (Arrighi). Não ignoramos a heterarquia de poder que Ramon Grosfogel nos chama atenção (capitalista/burguês, colonial, patriarcal, racista, 14 Ainda está para ser analisado o fato de se chamar de primitiva a acumulação feita com violência, com o uso explícito da força. Deste modo, essas práticas são associadas aos (povos?) primitivos e são práticas quase sempre usadas nas margens geográficas do capitalismo. Enfim, estranhamente fala-se de acumulação primitiva, mas não se fala de acumulação civilizada. O que seria uma acumulação civilizada no sistema mundo capitalista? Seria melhor chamar o sistema mundo capitalista de moderno-colonial pois, assim, daríamos conta desses dois lados que o constituem desde sempre. 23 Carlos Walter Porto-Gonçalves eurocêntrico, etc.) mas, sim, que o sistema de poder/saber mundial em sua heterogeneidade histórico-estrutural (Quijano) que se desenha a partir de 1492 se conformou à escala mundial explicitamente em torno da acumulação incessante de capital e de um sistema interestatal (Wallerstein e Arrighi), este último com base no estado territorial consagrado desde Westfallia (1648). Tomar em conta o padrão de poder/saber mundial (Quijano) assim estruturado é fundamental para os movimentos antisistêmicos (Wallerstein), sobretudo na quadra histórica que se abre desde finais dos anos 1960 e, sobretudo pós 1989 com a queda da URSS. 09. A queda da URSS nos interessa, em particular, por explicitar a questão da relação entre espaço e poder, central para nossa reflexão, no interior do campo do pensamento/ação anti-sistêmico. Afinal, a Revolução Russa que tivera como palavra de ordem “todo o poder aos soviets” (Lênin), num reconhecimento explícito dos organismos de poder que se organizaram localmente por iniciativa popular. Essa revolução sucumbirá 72 anos depois, em 1989, com a crise do Estado sem que houvesse um soviet sequer para defendê-lo. Deste modo, Estado Soviético parece se mostrar uma contradição nos termos, pois a afirmação de um Estado centralizado fez desaperecer os soviets, eis um desafio teórico-político que se abre para os movimentos antisistêmicos, emancipatórios, revolucionários ou insurgentes, tome-se o nome que se queira. 10. Desde finais dos 196015, estamos mergulhados num “caos sistêmico”16 (Arrighi e Wallerstein) numa crise profunda de um pa15 Para Wallerstein, os anos 1989/1991 assinalam a culminância de um processo de transição de larga duração que teria se iniciado com a revolução de 1968. Segundo ele, 1989/1991 explicitaria os limites liberalismo e as contradições da “estratégia dos dois passos”: o primeiro passo é a tomada do poder de Estado; o segundo passo é, a partir desse lugar, transformar o mundo. Para Wallerstein, o liberalismo seria a corrente política saída da Ilustração que se colocara contra o conservadorismo e, embora progressista, se afirma por cima e com desconfiança na participação política dos “de baixo”. Hoje, já temos mais de 150 anos de experiências históricas como as jornadas de lutas de 1848, e 100 anos da Revolução Russa, que nos dão um amplo material empírico para análise para que saiamos do debate que ainda domina grande parte das esquerdas entre comunistas, que seriam estatocratas, e anarquistas, que seriam antiestatais. Me parece que essa farta experiência histórica nos permite ir além desse debate entre marxistas e anarquistas fortemente euurocentrado. 16 Para G. Arrighi o caos sistêmico é “uma situação de falta total, aparentemente irremediável, de organização. Trata-se de uma situação que surge por haver uma escalada do conflito para além do limite dentro do qual ele desperta poderosas tendências contrárias ou porque um novo conjunto de regras e normas de comportamento é imposto ou brota de um conjunto mais antigo de regras e normas sem anulá-lo, ou por uma combinação destas duas circunstâncias. À medida que aumenta o caos sistêmico, a demanda de “ordem” –a velha ordem, uma nova ordem, qualquer tipo 24 De Utopias e de topoi: espaço... drão de poder de larga duração (Quijano), enfim, “navegando em mares nunca dantes navegados”, conforme os versos do poeta português Luis de Camões (1524-1579/1580). E quando se navega em mares nunca navegados nossos mapas não servem para muita coisa. Enfim, nossos mapas cognitivos, acreditamos, não estão dando conta desse mundo em “caos sistêmico” e, tudo indica, uma transição de larga duração.17 Enfim, desde finais dos anos 1960 e sobretudo desde 1989 se abre um momento que exige ousadia política e intelectual pelos desafios que se apresentam inclusive pelas incertezas que a partir de então se colocam para o horizonte (utópico?) socialista. 11. Eis a magnitude dos desafios teórico-políticos que estamos implicados, sobretudo quando nos damos conta que se trata da crise de um padrão de poder/saber que impôs uma escala de poder mundializada, pelo menos, desde 1492. Essa estrutura sistêmica nos habita. E nos desafia a pensar/agir diante de um padrão de poder/saber que se quer universal e, assim, se coloca como modelo para colonizar o mundo.18 O Progresso, a Civilização ou o Desenvolvimento sempre vêm de fora19, na verdade, vêm nos (des) envolver com suas missões.20 Talvez tenhamos que prestar atenção ao fato que desenvolver também pode ser entendido como des-envolver, como quebrar o envolvimento do outro, (des)envolvimento e, assim, quebra de autonomia. Desde 1492, de modo mais ou menos intenso, cada lugar do mundo esteve/ está implicado com um mundo estruturado numa escala geográfica de poder que escapa ao controle e a tensão lugar-mundo que se instaura e de ordem– tende a se generalizar entre os governantes, os governados, ou ambos. Portanto, qualquer Estado ou grupo de Estados que esteja em condições de atender essa demanda sistêmica de ordem tem a oportunidade de se tornar mundialmente hegemônico” (Arrighi, 1994, p. 30). 17 Veremos mais adiante que Marx já chamara a atenção para esse caráter prolongado. Gramsci também nos falaria de revolução de larga duração e nos apontara para a importância da luta pela hegemonia enquanto questão cultural, e desde os grupos/ classes sociais subalternizados, no interior da sociedade em transformação. 18 E, ao se querer universal, se impôs a si mesmo a tarefa de colonizar o mundo e, para isso, inferiorizou o outro, o diferente, haja vista que só se coloniza quem, primeiro, é inferiorizado. Afinal, não tem o menor sentido colonizar quem é igual ou superior. Assim, Evangelizar, Cristianizar, Civilizar e Desenvolver são diferentes discursos coloniais, enfim, continuidade na descontinuidade. 19 No interior do pensamento crítico há quem afirme que “a consciência vem de fora”, frase atribuída a Lênin (1870-1924) que, entretanto, provém de Karl Kautsky (1854-1938). 20 Das missões dos cristãos dos primeiros momentos da colonização às missões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Até os anos 1930, a Inglaterra se colocava a tarefa de civilizar a África e, depois da 2ª Guerra, o Banco Mundial já não fala mais em civilizar, mas sim em Desenvolver. 25 Carlos Walter Porto-Gonçalves necessita ser decifrada. Comecemos, pois, por interrogar a questão da relação espaço-poder tal como se configura no interior do padrão de poder/saber em “caos sistêmico” em seu pilar territorialista (Arrighi). HIERARQUIZANDO OS LUGARES: ESTADO TERRITORIAL MODERNO COMO TECNOLOGIA DE PODER 12. O Estado Territorial21, como forma geográfica de organização do poder desde o século XIV, consagrado pelo Tratado de Westfalia (1648), se conformou enquanto hierarquia política e espacial, escalonando/hierarquizando espacialmente o poder.22 Portanto, se faz necessário, do ponto de vista teórico-político, explicitar a dimensão espacial das relações de poder23, mais especificamente territorial, do Estado que a partir de então se desenha e que será a base do sistema interestatal mundial. É importante explicitar a dimensão espacial, territorial, do Estado, haja vista esta ter ficado subsumida na idéia de Estado Nacional.24 Com isso, deixamos escapar as tensões territoriais internas constitutivas dos Estados, conforme bem demostrou para a Europa o historiador inglês Pierre Anderson em seu livro Origens do Estado Absolutista.25 A centralização do Poder em torno 21 Portugal e Espanha foram os primeiros estados territoriais. Diga-se, de passagem, que se constituíram com uma limpeza étnica e religiosa com a expulsão dos mouros. O Estado territorial moderno se constitui constituindo um território que se quis monocultural, nacional. Violência originária com guerras santas como guerras justas. 22 Echelle, em francês, é escada e escala. 23 Henry Lefebvre já nos alertara para o caráter espacial de certos conceitos sociológicos, como o Estado e o Camponês, para ficarmos com seus próprios exemplos. Mas poderíamos ampliar: pólis, em grego, significava primeiramente os limites territoriais entre a cidade e o campo. E, política, arte maior para os gregos, é a arte de criar limites (tirania, quando um só impõe os limites a todos; oligarquias quando poucos impõem os limites; democracia quando o povo impõe os limites). E, ainda: Burguês/Burgo; Marquês/Marquesado/Marka; Conde/Condado; Príncipe/Principado; Rei/Reino; Pays/Paysan– lugar/camponês em francês (ainda Paiysage); Comuna/communard. E por aí vai. É preciso uma genealogia que indique quando o social e o espacial se desprendem no discurso. 24 Tem sido no campo da Geografia Política e da Geopolítica que a relação entre espaço e poder tem sido salientada. Nesses campos, são privilegiadas as relações internacionais e na expressão inter-nacional, mais uma vez, é a relação entre Estados que se destaca, onde o nacional subsume o territorial e, com isso, as relações sociais e de poder que se confomam no interior dos estados ficam invisibilizadas. O território fica, assim, naturalizado como se fora base natural do Estado e, desse modo, são olvidadas as relações sociais e de poder que constituem todo e qualquer território. 25 Há um rico debate na historiografia marxista acerca da transição do feudalismo ao capitalismo. Destaca-se o papel que teve nessa transição a transformação da renda trabalho e da renda produto em renda dinheiro. Destaquemos, todavia, que embora 26 De Utopias e de topoi: espaço... de um Soberano se fez contra a explosão de revoltas camponesas que crescia na Europa desde fins do século XIV, o que levou Pierre Anderson a designar essa forma de geográfica de organizar o poder, o Estado Absolutista, como Senhorio Centralizado (Anderson, 1978; Porto-Gonçalves, 2001). Registre-se que esse Soberano que organiza a Monarquia Centralizada se afirma subordinando o poder local onde os camponeses se impunham com suas revoltas –jacqueries– contra os senhores feudais, senhores locais. Daí a precisão teóricopolítica de Pierre Anderson ao caracterizar essa nova geometria de poder como Senhorio Centralizado. Assim, o Estado territorial moderno não pode ser entendido fora do contexto das lutas de classes que o engendrou. Observe-se que a soberania deixa de ser um lugar na hierarquia social –o Rei, o Soberano– e passa a ser soberania socioespacial, ou melhor, soberania territorialmente configurada. Junto com a afirmação de um Soberano sobre um território, de um Senhorio Centralizado, para nos mantermos nos termos de Pierre Anderson, temos a negação do local, do regional, dos que são locais/ regionais, como os camponeses-camponesas, como nas periferias do sistema mundo seriam os povos/etnias/nacionalidades outras colonialmente chamadas indígenas. 13. Enfim, subjacente ao Estado Nacional há tensões territoriais. O interior das fronteiras dos Estados abriga múltiplas formações societárias, e como essas formações não são abstratas, implicam sempre modos próprios de dizer/fazer suas relações de apropriação das condições materiais da existência (a terra e tudo que nela está implicado: vida, energia, água, solo e subsolo), conformando outras territorialidades-territórios. Afinal, não há cultura sem seus modos práticos/ materiais de se fazer a si própria. Assim, há um colonialismo interno (Gonzalez Casanova) no interior dos mal-chamados estados nacionais que opera por meio da desqualificação dos modos próprios de dizer e de fazer de cada grupo ou classe social/etnia/nação subalternizado no interior das fronteiras do Estado e que são vistos como não tendo línguas próprias, mas dialetos; como indolentes e preguiçosos e atrasados, segundo um relógio dominante; de não serem urbanos, mas rurais; de não trabalharem com a mente, mas com as mãos e, mais grave ainda se são camponeses, pois trabalham com as mãos e com a fosse isso que se passava, era mais que isso, pois essa transição implicou também a negação dos modos próprios de pesar e medir das distintas formações camponesas. A introdução de um sistema de pesos e medidas presumidamente universal se constituiria numa violência epistêmica contra essas outras formas de sentir/pensar/ agir dos diferentes grupos/classes sociais/povos/etnias/nacionalidades. Boaventura de Sousa Santos chamaria de epistemicídio. 27 Carlos Walter Porto-Gonçalves terra; por serem regionais e locais e não nacionais, entre tantas outras formas de discriminar cada qual segundo a posição social e geográfica que ocupam. 14. Assim, o Estado territorial que emerge da experiência europeia desde os finais da Idade Média consagrado em 1648 é, desde o início, um estado centralizado e absolutista onde o centro implica uma hierarquia espacial onde há uma cidade capital que, como tal, é cabeça (capita) que comanda um corpo (biopolítica, geopolítica). Enfim, há uma cidade que não só é sede de poder, mas também sedenta de poder. Desde então, e acreditou-se definitivamente, a hierarquia espacial foi consagrada e naturalizada. Karl Marx (1971) observara que o Estado moderno é “criação da classe média, primeiro como meio para quebrar o feudalismo, logo como meio para esmagar as aspirações emancipatórias dos produtores, da classe trabalhadora”.26 Suas raízes, no caso francês que Marx considera clássico, se assentam no período do Absolutismo, quando “a variada (fracionada) anarquia dos poderes medievais” foi deslocada pelo “plano controlado de um poder estatal, com uma sistemática e hierárquica divisão do trabalho”. Segundo Karl Marx, o primeiro Napoleão aperfeiçoou esta “[excrecência] parasitária sobre a sociedade civil” subjugando as liberdades populares no interior da França e criando no estrangeiro “Estados mais ou menos semelhantes ao francês” (p. 149). A revolução de 1789 estendera “o alcance e os atributos” do Estado e com isto sua “independência, e seu predomínio sobrenatural sobre a sociedade real”; “sua tarefa era fundar a unidade nacional (criar uma nação), e para isto devia destruir toda independência local, territorial, cidadã e provincial” (Marx, 1971, p. 148). Marx sinaliza que a unidade nacional, “embora tenha sido originalmente alcançada pela força política”, se converteu em um “poderoso fator de produção social”. E, sublinhemos, para Marx, a política é um “fator de produção social” poderoso. E o saber/poder nela implicado nos limita teórica (e politicamente) ao naturalizarmos essa forma geográfica de organizar o poder –o estado territorial– que os europeus inventaram e impuseram ao mundo como um dos pilares do sistema de poder/saber mundial consubstancial à acumulação incessante de capital. 26 A fonte aqui utilizada é Sayer e Corrigan que se apoiam em H. Draper, (Ed.), Writings on the Paris Commune, Nova York, 1971. O Notebook on the Paris Commune (Caderno sobre a Comuna de Paris) com recortes da imprensa que Marx guardava, também está publicado (ed. H. Draper, Berkeley, 1971, pp. 75, 150). 28 De Utopias e de topoi: espaço... O ESPAÇO E A AS CLASSES CAPITALISTAS: DE BURGUESES E DE GESTORES 15. Já vimos acima como o estado se constituiu na Europa com a centralização do poder nas mãos de um Senhorio Centralizado unificando “a variada (fracionada) anarquia dos poderes medievais” (Marx) e que se deu contra os camponeses, conforme Pierre Anderson. Apesar de ter sido afirmado e repetido ad nauseam que “o capital não tem pátria”, o fato é que à medida em que o capitalismo foi se desenvolvendo se desenvolveram estados territoriais, que lhes dá suporte jurídico –a propriedade privada e todo tipo de monopólio como, por exemplo, as patentes; político– todos os mecanismos de controle social e o reivindicar para si “o monopólio da violência”, o que por si só indica uma das suas funções principais; e cultural, a unificação do sistema de pesos e medidas está longe de ser um problema técnico. Afinal, os distintos povos e nacionalidades e os camponeses com suas culturas medem e pesam de um modo próprio. A unificação dos sistemas de pessoas e medidas favoreceu amplamente a burguesia em sua expansão permanente para/contra outros lugares/regiões e sobre/contra povos/etnias/nacionalidades/grupos-classes sociais outros, assim como um poderoso sistema interestatal (Fiori, Arrighi, Wallerstein). Afinal, controlar maior ou menor extensão territorial é controlar maior ou menor riqueza material. O mesmo com uma população maior ou menor, afinal, o homem é a maior força criativa/produtiva. Assim, há que se aprofundar a análise das formações sociais em sua dimensão espacial não somente nas relações exteriores entre estados. No interior dos espaços delimitados territorialmente onde impera a dinâmica capitalista como produção de mercadoria se impõe a divisão do trabalho tanto técnica como social, o que implica uma divisão espacial/ territorial do trabalho. 16. O desenvolvimento das forças produtivas e sua divisão social, técnica e territorial do trabalho enseja a necessidade de desenvolvimento de condições gerais de produção como, por exemplo, a organização do espaço geográfico para adequá-lo às necessidades das unidades privadas de produção, com melhores transportes, comunicações, energia, a circulação da moeda (crédito)27 para facilitar a fluidez e a diminuição do tempo de rotação do capital e, assim, aumentar a produtividade social total e a massa de mais valia disponível a ser apropriada e acumulada. Emerge, assim, do interior das relações sociais e de poder analisadas espacialmente uma racionalidade própria 27 Poder-se-ia incluir aqui, também, as exigências de educação e saúde, inclusive de saúde pública. 29 Carlos Walter Porto-Gonçalves conformada por um lugar próprio na hierarquia/estrutura social que empresta um lugar de destaque à Gestão das condições gerais de produção. Os estabelecimentos concretos das unidades particulares de produção, como as propriedades privadas da burguesia, se distribuem dispersamente no espaço geográfico. Todavia, a própria divisão do trabalho exige que essas unidades privadas de produção, os estabelecimentos das empresas, se comuniquem através das condições gerais de produção, como as acima citadas, entre outras. Enfim, a complexificação do desenvolvimento capitalista das forças produtivas engendra uma conformação das classes sociais com a expropriação dos produtores diretos não só da propriedade/posse dos meios de produção, mas também da gestão. Admitimos, assim, com base no livro Marx Crítico de Marx, de João Bernardo, que se conformam duas classes capitalistas na medida em que ambas vivem da extração de mais valia: os Gestores e a Burguesia. Os Gestores não são proprietários privados28 dos meios de produção como o é a Burguesia. Desde os anos 1970, depois da visita de Henry Kissinger à China que se observa uma aproximação do capitalismo estadunidense com os Gestores do Partido Comunista Chinês, aliança essa que se afirmará, não sem contradições, depois da queda da URSS. Podemos ver aqui, com mais clareza, a aliança do Capitalismo Monopolista de Estado, sob hegemonia das grandes corporações da burguesia estadunidense, com o Capitalismo de Estado Monopolista, sob hegemonia dos Gestores do partido comunista Chinês. A inversão da ordem de quem monopoliza, se o Estado ou o Capital, dá conta da hegemonia ou da Burguesia ou dos Gestores. Os gestores de fundos de pensão, por exemplo, sejam eles sindicalistas ou não, tratam os recursos captados entre os trabalhadores investindo-os no mercado financeiro e, assim, trabalhadores se apropriam de mais valia. Marx não houvera previsto essa aproximação de trabalhadores com o capital, embora sua compreensão do capital como uma relação social dê conta da questão que enunciamos. Assistimos hoje à mais intensa aproximação de interesses entre o Capital e os Gestores à escala global que, inclusive, submete o estado territorial à lógica da acumulação e, assim, à sua des-nacionalização e des-democratização no sentido que Aníbal Quijano atribui a esses termos. E, não olvidemos, tudo isso para extrair mais valia.29 28 Um outro lugar onde podemos ver emergir Gestores, sobretudo nas últimas três décadas, está ligado aos fundos de pensão que, em 2011, já reunia em todo o mundo um montante de capital maior do que o PIB dos EEUU. 29 Vários dirigentes importantes do PT, no Brasil, foram diretores de fundos de pensão, como Ricardo Berzoini e Luiz Gushiken. 30 De Utopias e de topoi: espaço... 17. A divisão social, técnica e territorial do trabalho faz com que cada setor da economia e cada lugar/região fique dependente de cada lugar/região/país configurando o que Marx chamou de socialização das forças produtivas. Essa socialização das forças produtivas, todavia, é acompanhada por um processo de apropriação privada da riqueza social (mais valia) cujo aumento é proporcionado, inclusive, pela divisão social, técnica e territorial do trabalho. Não descartemos, no entanto, que se trata de uma socialização capitalista das forças produtivas, na medida em que é uma socialização engendrada num contexto de relações sociais e de poder caracterizadas pela dominação dos expropriados, inclusive, através das técnicas, que se bem aumentem a produtividade, nunca são elaboradas somente para dominar a natureza, mas também para dominar os homens e as mulheres que trabalham.30 As forças produtivas nunca são externas às relações sociais e de poder no interior das quais se desenvolvem. Não há contradição entre forças produtivas e relações sociais, mas sim contradições no interior das relações sociais (entre classes/grupos sociais) entre quem controla e empreende dinamismo às forças produtivas e aquele/as que r-existem. 18. Em determinadas circunstâncias históricas os Gestores podem se aliar politicamente com os que vivem do trabalho, sejam operários, sejam camponeses, como parece ter ocorrido nos casos das revoluções que se reivindicaram socialistas.31 Os Gestores, todavia, não 30 A passagem da manufatura (de manu, mão, que faz: manfatura) para a maquinofatura (quando que faz é máquina) não se dá simplesmente porque a segunda é mais produtiva que a primeira, mas porque na segunda o poder foi deslocado dos corpos dos trabalhadores para quem controla as máquinas: o capital. Há, aqui, deslocamento no interior das relações sociais e de poder pelo capital que, assim, aumenta seu poder sobre quem trabalha. Assim, a passagem da manufatura para maquinofatura é uma mudança nas relações sociais e de poder, portanto, uma mudança política, que se faz por meio de uma mudança técnica. Charles Chaplin em seu Tempos Modernos fez a crítica dessa visão, não só vendo os trabalhadores com seus gestos mecanizados no interior das fábricas, como também viu suas consequências fora desse espaço quando Carlitos persegue uma mulher para apertar os botões que sobrepõem seus seios como se fossem os parafusos que apertava na linha de montagem. Sobre esse mesmo tema consultar Porto-Gonçalves, 2007. “De sementes, de saberes e de poderes ou de OGMs e OLMs: em busca de precisão conceitual” em http://alainet. org/active/19504&lang=es e Porto-Gonçalves, 2008 “As conseqüências sociais e ambientais da prioridade ao monocultivo” em http://alainet.org/active/31211&lang=es e Porto-Gonçalves, 2014, La Globalizacion de la Naturaleza e la Naturaliza de la Globalización, CIDECI-Universidad de la Tierra, San Cristobal de las Casas, Chiapas, México. 31 Às vésperas do outubro de 1917, os camponeses haviam iniciado a apropriação direta das terras e os operários das fábricas. Os bolcheviques, por seu lado, se apropriaram do Estado, lugar da mediação, da Gestão. Rosa Luxemburgo em seu ensaio 31 Carlos Walter Porto-Gonçalves abrem mão do seu lugar no interior das relações sociais e de poder, quase sempre de mediação, de sua racionalidade própria quase sempre reivindicando a ciência e a técnica na qual fundam a gestão. A isso Imanuel Wallerstein chama a geocultura liberal que se impôs ao mundo desde 1848. Assim, as tensões entre autogestão e gestão centralizada não me parece, simplesmente, uma questão ideológica em que, de um lado, se encontram os anarquistas e, de outro lado, os comunistas, como o debate até aqui tem sido conduzido no seio das forças que se reivindicam antisistêmicas. Como se vê, a tensão entre a gestão e a autogestão se inscreve no interior mesmo da conformação das classes sociais em formações socioespaciais com dominância capitalista, é o que nos proporciona uma análise espacial da conformação das classes sociais. Com a hegemonia dos Gestores se afirma a socialização capitalista das forças produtivas, onde o planejamento centralizado se apresenta como a “mão visível” que substitui a anarquia do mercado capitalista e “sua mão invisível”. Ou seja, o planejamento gestorial centralizado (dos Gestores) pensa o país/a sociedade e a divisão territorial do trabalho como se fora a divisão técnica do trabalho tal como se dá no interior do estabelecimento empresarial.32 Eis a questão de fundo que os desurbanistas russos dos anos 1920 anunciaram e que talvez, hoje, estejamos vivendo de modo mais aberto e desafiados a tratar depois da tragédia que o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas vem provocando, como o aquecimento global, como crise hídrica, enfim, com a destruição generalizada das fontes de vida. A Revoluçlão Russa parece ter vislumbrado as consequências dessa relação entre os bolcheviques e os que protagonizavam o controle direto das terras e das fábricas. Por aqui talvez possamos entender parte da tensão entre autogestão e planejamento centralizado. Tudo indica que a curto prazo a centralização do poder tenha sido vitoriosa, ainda que tendo que defender a palavra de ordem que vinha desde abajo: “todo o poder aos soviets. A derrota de 1989 parece indicar que essa teria sido uma vitória de Pirro. 32 Cuba se viu diante do dilema de não ter o que comer no “período especial” com a queda da URSS, porque a divisão do trabalho estabelecida através dos Gestores com o planejamento centralizado, via COMECOM, decidiu que o país deveria continuar fazendo monocultura de cana de açúcar e recebendo tudo de outros lugares/regiões/ países do “bloco socialista” que também estavam cada um deles especializado em algum setor da produção. Ou seja, uma divisão racional do trabalho em que todos ficam dependentes dos gestores. Assim, a anarquia do mercado era substituída pelos Gestores que racionalmente faziam com que cada lugar, cada região e mesmo cada país recebesse dos demais o que deixavam de produzir por si mesmos. Quando da queda da URSS, Cuba não mais recebendo o que antes recebia, e não tendo para onde vender tanta cana de açúcar descobriu que deveria diversificar sua produção e garantir sua soberania alimentar, enfim, teve que fazer uma revolução dentro da revolução. Pode-se imaginar o custo energético de se levar até a ilha de Cuba, desde a Europa Central, tudo que era necessário para abastecer os 10 milhões de cubanos, assim como para transportar a cana para o leste europeu! Haja carvão, haja petróleo! 32 De Utopias e de topoi: espaço... 19. Enquanto ainda foi possível algum debate entre os revolucionários russos, até o final dos anos 1920, o movimento dos desurbanistas33 bem que tentou demonstrar que a forma espacial é formada (Rodrigues, 1974) e, como tal, tende a reproduzir as relações sociais e de poder que por meio das formas se afirmam, se conformam, se me permitem levar às últimas consequências esse caráter formado das formas. Assim, há uma relação de imanência entre espaço-forma e formação social. Os desurbanistas à época colocaram a questão do que fazer com as formas espaciais socialmente formadas quando se quer trans-formar a sociedade? O espaço se coloca assim como um container de poder no sentido forte da palavra, na medida em que abriga as relações de poder que o engendra. Assim, é nos topoi que haveremos de nos inspirar. NEM COM O ESTADO, NEM SEM O ESTADO 20. O sociólogo estadunidense Imanuel Wallerstein tem nos alertado para os dilemas que enfrentam os movimentos antisistêmicos, sobretudo depois dos anos 1960. Chama-nos a atenção para o mapa do mundo nos anos 1960 que nos mostrava vários movimentos políticos que, em algum momento de sua história se colocaram como antisistêmicos, ocupando o Estado centralizado: a socialdemocracia, na maior parte dos países europeus; os comunistas, na Europa Oriental, na China e em Cuba, e o nacionalismo revolucionário, em grande parte da Ásia, da África e na América Latina. A estratégia de conquista do Estado para, num segundo momento e a partir desse lugar de poder privilegiado, mudar a sociedade, a chamada estratégia dos “dois passos” (Wallerstein, 200)34, começava a mostrar seus limites. A expressão derradeira dos limites dessa estratégia foi a queda da URSS, em 1991. Chama-nos a atenção, como já assinalamos no início deste artigo, não haver em 1991, nenhum soviet se levantando para defender o Estado que se erigiu com seu nome. Isso nos parece mais importante diante dos desafios que hoje se nos apresentam, do que a crítica que os liberais e os conservadores, por razões que lhes são próprias, faziam/fazem às Revoluções e aos revolucionários que se colocam como antisistêmicos. 33 Os desurbanistas russos (Rodrigues, 1974. Urbanismo e Revolução. Porto: Ed. Afrontamento) e certas tradições socialistas não-hegemônicas, como a de William Morris, por exemplo, assumem um lugar importante nesse debate teórico-político por terem colocado explicitamente a questão da relação sociedade-natureza em termos políticos e considerado a questão da relação cidade-campo e do ordenamento territorial. 34 Wallerstein, Imanuel, 2008. História e dilemas de los movimentos anti-sistémico. México. 33 Carlos Walter Porto-Gonçalves Que o poder do Estado não deixara de ser um núcleo duro da dominação das classes capitalistas (Burgueses e Gestores), como acreditaram alguns teóricos das revoluções moleculares, prova-o o mapa de ditaduras que se conformou em nossa região sobretudo depois da primeira experiência neoliberal que o mundo conhecera, no Chile, com o General Augusto Pinochet e seus assessores, os Chicago’s Boys. Não nos iludamos, pois, como se o mundo tivesse se tornado mais justo e mais democrático desde então, com a crítica às hierarquias e aos centralismos do estado, dos partidos e dos sindicatos e o elogio do molecular, do local, do cotidiano, como um certo pós-modernismo35 quiz nos fazer crer. A contrarrevolução neoliberal que se implanta desde então se encarregará de demonstrar, mais cabalmente do que nunca, que o Estado não é algo que se possa descartar36 desde uma perspectiva política que se queira emancipatória. 21. Desde os anos 1970 aos nossos dias experimentamos os 30/40 anos mais devastadores do ponto de vista socioambiental que a história da humanidade já registrou. Essa onda devastadora esteve associada a uma grande onda de expropriação, a maior que a humanidade já experimentou em toda sua história num período de 30/40 anos. A América Latina e o Caribe e, depois, a Ásia e a África, experimentaram um intenso processo de des-ruralização e sub-urbanização que nos levaria ao Planeta Favela (Mike Davis), sobretudo com a expansão da revolução (nas-relaçõessociais-e-de-poder) verde.37 Essa onda expropriatória em direção às cidades levou a que, hoje, 2/3 da população urbana do planeta esteja na América Latina, África e Ásia onde a maior parte dessa população vive precariamente (Amim, 2003). 35 David Harvey acertou quando demonstrou que o pós-modernismo que se queria indeterminado tinha suas condições de determinação: o mundo financeirizado como “condição pós-moderna”, aliás título de seu livro publicado em 1989, hoje um clássico do pensamento crítico. 36 Em nome da crítica ao Estado, fosse socialista, nacional popular ou socialdemocrata, os novos liberais dele se apoderaram invertendo a própria tradição liberal em que o mundo privado deveria ser protegido pelo Estado, passando o poder público a ser submetido ao poder privado. Eis, em essência, o neoliberalismo: a colonização do público pelo privado, onde o privado já não é mais o indivíduo, como no liberalismo clássico, mas a (grande) empresa corporativa. O empreendedorismo será sua nova ideologia. 37 El Alto, na Bolívia, só para tomar um exemplo, tinha aproximadamente 80 mil habitantes em meados da década de 1970 e, hoje, mais de 900 mil. Essa explosão da sub-urbanização explicita as contradições e os limites do processo civilizatório em curso. 34 De Utopias e de topoi: espaço... Classes Sociais Da População Urbana Mundial38 (milhões de habitantes) Classes Médias e Ricas Classes Populares Estabilizados Precários Total das Classes Populares Total Geral CENTRO 330 PERIFERIA 390 MUNDO 720 390 270 660 990 330 1.290 1.620 2.010 720 1.560 2.280 3.000 Fonte: Samir Amim39, 2003 As periferias sub-urbanizadas são o grande fenômeno sociogeográfico contemporâneo. Sete de cada dez habitantes urbanos do mundo estão na Ásia, África e na América Latina em cidades que nada têm das cidades-luz que nos foram prometidas pela ideologia urbanocêntrica que tão bem caracteriza o pensamento eurocêntrico, ideologia essa ainda mais forte depois do Iluminismo. Entretanto, consideremos que embora tenhamos um intenso processo de expropriação nesse período, hoje temos mais camponeses e outros habitantes não-urbanos que em qualquer outra época histórica. Se em 1960 tínhamos aproximadamente 3 bilhões de habitantes no planeta e, destes, 1,8 bilhões eram rurais e 1,2 bilhões era urbanos, hoje temos aproximadamente 7 bilhões de habitantes, sendo que 3.4 bilhões são rurais e 3,6 bilhões são urbanos. Não nos iludamos, pois, se a população urbana se multiplicou por três nesses últimos 50/60 anos, a população rural passou de 1,8 bilhões para 3,4 bilhões, um aumemto também espetacular de 77.8% no período. Enfim, nunca tivemos tantos camponeses e indígenas e outros povos nos campos, nas florestas, nas estepes, nos manguezais, nos páramos, nas punas e nas tundras do que temos hoje. Se a pressão por matéria e energia para abastecer as cidades é um argumento que as grandes corporações bradam para justificar sua expansão sobre territórios outros, não nos iludamos que temos hoje mais gente nos espaços não-urbanos do que em qualquer outra época histórica. E toda essa enorme demanda de matéria e energia se faz em nome do abastecimento urbano, mas não considera que em 2016, segundo a ONU, havia mais população vivendo fora das cidades (camponeses, indígenas, quilombolas, pescadores, populações coletoras/ extrativistas) do que a população total do planeta em 1960! 38 Amin, Samir 2003, O Capitalismo e a Nova Questão Agrária. Fórum do Terceiro Mundo, Senegal. http://resistir.info/samir/pobreza_mundial.html. 39 Amin, Samir 2003, O Capitalismo e a Nova Questão Agrária. Fórum do Terceiro Mundo, Senegal. http://resistir.info/samir/pobreza_mundial.html. 35 Carlos Walter Porto-Gonçalves Não olvidemos as profundas alterações metabólicas derivadas da retirada de grandes volumes de minérios (e seus rejeitos?); de matérias primas agrícolas que, com suas grandes extensões de monoculturas indicam que sua produção não visa as escalas locais e/ou regionais/ nacionais, mas sim mercados globais; a necessidade de abastecimento de água para as cidades, cada vez mais captadas a grandes distâncias. E haja energia para transportar toda essa matéria/energia de um lado a outro, de um continente a outro, quando tudo isso poderia ser solucionado com a diversificação produtiva, com o fortalecimento dos mercados locais, enfim, reconhecendo que a diversidade cultural e as diversas territorialidades são mais compatíveis com a diversidade ecológica do planeta indicando que a questão é, sobretudo, política. Talvez o grito e a r-existência desses grupos/classes sociais não-urbanos devam ser mais ouvidos que em qualquer outra época histórica, até porque nos alertam para a violência que se acomete não só contra eles, mas também contra a natureza, violência que vem aumentando nos últimos anos e tende a aumentar ainda mais com o quadro acima analisado. Tudo indica que o discurso/prática colonial, com toda sua violência simbólica (progresso, desenvolvimento, criminalização) e física (expropriação, assassinatos, desmatamento, poluição do ar e da água), se coloca no horizonte atualizando um passado de larga duração que, hoje, atua com recursos de morte muito mais potentes. Capitalismo e colonialidade se mostram como duas faces da mesma moeda. 22. É dos escombros desses 30/40 anos mais devastadores e dessa que é a maior onda expropriatória de povos/etnias/grupos e classes sociais que a humanidade conheceu que recém-experimentamos, que veremos emergir à cena política uma nova constelação de forças sociais que envolve desde o movimento ambientalista até as mais diversas campesinidades e etnicidades, além de sem-terras40 num amplo processo de luta pela reapropriação social da natureza onde uma outra agenda política vem sendo engendrada. Eis uma questão global que emana de múltiplas experiências locais: topoi. 40 Essa invenção identitária de sem-terra indica a recusa a se tornarem proletários, pois continuam se referindo à terra como horizonte de vida, apesar de expropriados. Na Bolívia, a partir das políticas de ajuste estrutural aplicadas à risca, sobretudo depois de 1985, houve a quebra da indústria mineira e um intenso processo de desproletarização ou recampesinização, sobretudo em direção ao Chapare com a colonização cocalera. A cultura sindical obrera se imbricará com as tradições de lutas campesino-indígenas e forjará um dos mais importantes movimentos populares de toda a América Latina que culminará com a eleição do cocalero Evo Morales Ayma em dezembro de 2005. 36 De Utopias e de topoi: espaço... UMA NOVA AGENDA TEÓRICO-POLÍTICA: A LUTA PELA VIDA, PELA DIGNIDADE E PELO TERRITÓRIO 23. O ano de 1990 será tomado aqui como “momento constitutivo” (Luis Tapia e Zavaleta Mercado) de uma nova agenda teórico-política. Nesse ano, tanto na Bolívia como no Equador duas grandes marchas partiram das suas regiões mais periféricas, das terras baixas e da Amazônia, brandindo o slogan: Luta pela Vida, pela Dignidade e Pelo Território. Ressaltemos, de início, que se trata de uma outra agenda teórico-política que não se referencia nos marcos da Ilustração da Liberdade, Igualdade e Fraternidade. E não há como deixar de identificar nessas palavras de ordem um diálogo com os temas contemporâneos, como a ecologia, a diversidade/identidade e a questão do poder. E o faziam numa perspectiva original, propriamente latinoamericana, mais ainda, da América Profunda (Rodolfo Kusch) dos povos originários, dos cimarrones-quilombolas, dos camponeses, dos campesíndios/indigenato (Armando Bartra/Darci Ribeiro) e seus parentes das recém-urbanizadas periferias.41 Veríamos, desde então, no continente uma atmosfera política rica justamente num momento em que a esquerda tradicional vivia seu pior momento com a queda da URSS. Observemos que se trata de um léxico político que se constitui não mais em torno dos ideais que se forjaram a partir da Revolução francesa –Liberdade, Igualdade e Fratenidade– e que nos legara as filosofias Liberal e Socialista, ainda que dialogando com/contra eles, como não poderia deixar de ser. Apesar de haver intelectuais que souberam avaliar a relevância dos camponeses, dos negros e dos povos indígenas para os processos emancipatórios42, as esquerdas políticas dominantes entre nós não honraram essa tradição. Os revolucionários bolivianos de 1952, por exemplo, dividiram os ayllus –territórios comunitários no mundo 41 Não olvidemos o Caracazzo, de 27 de fevereiro de 1989, quando milhares de pessoas são assassinadas na Venezuela, na primeira grande manifestação contra as políticas neoliberais que se tem notícia no mundo. 42 Cabe destacar o pioneirismo do uruguaio José Artigas (1764-1850) cuja presença entre os “libertadores da América” gerará desconfortos políticos entre as oligarquias criollas por seu apoio à Reforma Agrária, aos povos indígenas e à libertação dos escravos. Ainda hoje é injustamente dos menos lembrados entre os libertadores da América. Mais tarde, já no século XX, o peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930) destacará a relevância dos povos indígenas para os processos revolucionários no mundo andino, apesar de seu preconceito para com os negros, conforme destaca Catherine Walsh. Não olvidemos que o mundo andino também nos legou um Estado imperial, o Império Inca, sob hegemonia quéchua. Os aymaras sabem bem o que significou esse Império, ainda que Tupac Katari e Bartolina Sissa se unissem a Tupac Amaru para lutar contra o inimigo comum que, à época, era o Império espanhol. 37 Carlos Walter Porto-Gonçalves andino quéchua-aymara– em pequenas propriedades privadas camponesas em nome da Reforma Agrária. O carater comunal dos ayllus não foram tomados em conta para construir um mundo que se quer socialista e/ou comunista, ao ignorar o social-comunitário de fato. Sequer foram capazes de se inspirar no conceito híbrido colonial-indígena dos ejidos consagrados pela revolução mexicana de 1910. A Revolução nicaraguense comandada pela esquerda sandinista (1979-1989) se viu em conflito com os indígenas miskitos que recusaram a perspectiva desenvolvimentista eurocêntrica que a revolução abraçara. Humberto Cholango, dirigente da CONAIE, haveria de explicitar que antes da Grande Marcha de 1990, se apresentava como camponês e, depois, passara a se identificar como indígena. O mesmo se deu com Felipe Quispe, uma das principais lideranças entre os grupos subalternizados na Bolívia, antes marxista convicto e, depois, se reivindicando indígena aymara. O mesmo com Hugo Blanco líder revolucionário peruano, que fora marxista, hoje um dos editores de Lucha Indígena. O próprio zapatismo se vê cada vez mais indígena, além de campesino.43 Não há como deixarmos de ver a continuidade com o que Aimé Cesaire havia asinalado em sua carta de desfiliação do Partido Comunista francês. Vejamos mais de perto cada uma dessas dimensões desse novo léxico teórico-político inscrito na “Luta pela Vida, pela Dignidade e pelo Território”. 24. A Luta pela Vida. Essa consigna se inscreve num diálogo com/ contra o debate ecológico. Não há dúvida que o protagonismo desses velhos/novos grupos/classes sociais, povos/etnias/nacionalidades em movimento põem a natureza em questão, mas o fazem indicando um caminho próprio, não-eurocêntrico. Um momento emblemático dessa afirmação se deu em 1992, quando trouxeram ao debate os 500 anos de história do sistema mundo capitalista moderno-colonial, associando esse ano de 1992 a 1492, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a RIO 92. Com isso atualizaram a história de larga duração –500 anos!– que ainda nos habita. E o faziam reivindicando, com autoridade, seus conhecimentos, isto é, o conhecimento dos que habitam as regiões do mundo onde maior é a diversidade de vida e onde é maior a disponibilidade de água, como a Amazônia44, região que habitam/sabem a mais de 10.000 anos. Não há 43 Darci Ribeiro já tinha chamado atenção para isso ao designar como indigenato aos “camponeses etnicamente diferenciados”, da Bolívia, Peru, Equador, Guatemala e México. Armando Bartra chama-os, hoje, de campesíndio em El Hombre de Hierro. Los límites sociales y naturales del capital. UACM, 2008. 44 Em boa parte, a conferência da ONU de 1992, se realizou no Rio de Janeiro em função da repercussão mundial do assassinato de Chico Mendes, em dezembro de 38 De Utopias e de topoi: espaço... como deixar de registrar o protagonismo dos autodenominados Povos da Floresta que, como indica sua própria autodesignação, considera que na floresta tem gente –são “Povos da Floresta”– e que não é um “vazio demográfico”, conceito colonial, diga-se de passagem. Em suma, não mais defesa da natureza sem gente, como nas tradições (liberal e socialista) hegemônicas eurocêntricas. Pachamama não é o mesmo que a tradição ocidental chama natureza, mas fonte de toda a vida e implica a montanha, o lago, o rio, o glaciar, as plantas, os animais, os espíritos, os parentes, os vizinhos conformando ao mesmo tempo um espaço enquanto comunidade de vida. As vastas áreas ricas em vida que os campesíndios ocupam são áreas não-desenvolvidas no jargão ocidental, e são também áreas exploradas ancestralmente por povos/culturas que, de um modo ou de outro, souberam explorar criativamente a produtividade biológica primária (neguentropia). Não são áreas intangíveis, como as vê as tradições de pensamento ocidentais hegemônicas, à direita e à esquerda.45 Assim, a natureza é politizada. A natureza será inscrita como portadora de direitos, uma inovação epistêmico-política, na Constituição boliviana e equatoriana. Surgem desses movimentos propostas inovadoras diferentes do capitalismo verde, onde a natureza é mercadoria. Desses povos/etnias/ nacionalidades e seus aliados urbanos, sobretudo certas vertentes do ecologismo, também surgiu a proposta do Parque Nacional de Yasuni, na Amazônia equatoriana, que propunha deixar o petróleo e o gás no subsolo sem explorar proposta em troca de contribuições de recursos da comunidade internacional para buscar alternativas energéticas e compensação que apoiassem às comunidades do entorno do Parque Yasuni.46 Assim, esse novo léxico teórico-político oferece ao debate alternativas ao desenvolvimento e não de desenvolvimento, com a proposta de vida em plenitude, que alguns vêm chamando buen vivir, ou suma kawsay, ou suma qamaña entre tantas outras designações possíveis. 1988. Chico Mendes protagonizara, junto com Ailton Krenak, quem sabe pela primeira vez do ponto de vista político, a Aliança dos Povos da Floresta, entre camponeses e indígenas a partir da Amazônia brasileira. Nessa mesma época a Revista Time elegera o Planeta Terra como Personagem do Ano mostrando que o mundo estava ligado ao que se passava na Amazônia. 45 Recentemente, na Bolívia, essa ideia eurocêntrica de natureza intangível foi invocada pelo governo Evo Morales-Garcia Linera no affair do TIPNIS olvidando que, para os povos que ali habitam –os tsimanes, mojeño-trinitários e os yuracares– o que chamamos natureza jamais deixou de ser usada, jamais foi área intocada como pensa a tradição eurocêntrica, diga-se de passagem, à direita e à esquerda. 46 De início a proposta contou com apoio do Presidente Rafael Correa, inclusive em sua campanha eleitoral que, mais tarde, abandonou. 39 Carlos Walter Porto-Gonçalves Não há modelos. De um modo próprio esses grupos/classes sociais se abrem ao debate com correntes de pensamento que fazem a crítica ao crescimento e/ou buscam um diálogo sociedade-natureza nos marcos do pensamento científico, como Frederick Soddy (1877-1956), Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) e, nos dias que correm, Serge Latouche, Juan Manoel Naredo, Elmar Altvater, Juan-Martinez Alier e Enrique Leff entre outros. 25. A Luta pela Dignidade – Com essa consigna esses movimentos trazem ao debate a questão da diferença, com a afirmação dos povos/etnias/nacionalidades e grupos/classes sociais subalternizados. Com isso a diversidade se politiza. A Whipala é sua bandeira. Não mais o privilégio de uma cor qualquer, seja Verde ou Vermelha. Ou o privilégio de uma classe revolucionária a que outros povos/etnias/ nacionalidades e grupos/classes sociais deveriam estar subordinados. A condição para a igualdade é o respeito à Dignidade e o ser digno indica claramente que querem romper a camisa de força da opressão. A diferença não se opõe à igualdade: é a sua condição (Diaz-Polanco).47 Como o fisósofo catalão-boliviano Xabier Albó bem destaca: “devemos ver a realidade com dois olhos: com o de classe, como camponeses explorados, junto com todos os explorados; e com o de etnia, junto com todas as nações oprimidas” (Albó, 2008, p. 240). O modo como a diferença foi significada entre nós na América Latina/Abya Yala estruturou a injustiça e a desigualdade de nossa formação social com etnia/ raça e classe se imbricando. Opressão e exploração se complementam entre nós (Aníbal Quijano e Florestan Fernandes). As políticas neoliberalizantes pós-anos 1980 no seu afã de desqualificar as teorias que falavam em classes, em particular das lutas de classes, promoveram uma série de políticas48 para afirmar a diferença 47 Sabemos que outras vertentes de esquerda já vinham desenhando e explicitando o debate da cultura, e não de modo abstrato, como certo multiculturalismo pósmoderno. Refiro-me aqui à Revolução Cultural chinesa, dos anos 1960, onde centralidade da urbano-industrialização é questionada. Mas nem só de flores vive essa tradição, como se viu na tragédia do Cambodja, com sua desurbanização forçada de que as esquerdas não podem silenciar, até porque Pol Pot e seu Khmer Vermelho se reivindicavam anti-capitalistas, questão central na tradição das esquerdas. Herbert Marcuse pode ajudar na crítica desse “homem unidimensional” e seu tecnocentrismo, em nome da “razão e revolução” (parodio aqui o título de uma das suas principais obras). 48 A Constituição brasileira de 1988, além de reiterar a reconhecimento de direitos dos indígenas sobre a exploração de recursos naturais em seus territórios, reconhece pela primeira vez o direito das comunidades negras terem seus espaços de liberdade reconhecidos formalmente (territórios das comunidades remanescentes de quilombos); a Constituição da Colômbia de 1991 deixa na suas disposições transitórias brechas para a afirmação dos afrocolombianos; a Constituição do Peru de 1993, sob 40 De Utopias e de topoi: espaço... e, contraditoriamente, acabaram por contribuir para afirmar grupos e/ou segmentos sociais subalternizados49. Reflitamos sobre o que significa afirmar a diferença indígena num país, como a Bolívia, em que 62% da população se autoidentifica como tal, sobretudo num contexto histórico de extrema despossessão, onde se fala em desordem ecológica global e pós-queda do muro de Berlin e a consequente perda de legitimidade de um discurso/prática política socialista que, embora se quisesse crítico, olvidava a questão étnico-racial.50 Muitas lideranças indígeno-campesinas e de afrodescendentes acumularam uma importante experiência política e administrativa, um importante efeito não desejado dessas políticas. Assim, as teorias pós-modernas e o multiculturalismo por aqui, na América Latina, tiveram um efeito não imaginado por seus formuladores do Norte, ao contribuírem para afirmar grupos subalternizados, não porque assim o desejassem, mas porque aqui a diferença estrutura a desigualdade e o moderno tem que tomar em consideração seu par necessário olvidado: o lado colonial. Assim, mais que pós-modernidade ou multiculturalismo, temos aqui decolonialidade e interculturalidade. As idéias não são alheias à geografia. Elas têm lugar51 (Mignolo, 2006). Mais além do que formularam as teorias pós-modernas por aqui os grupos subalternizados o neoliberal Alberto Fujimori, reconhece o caráter pluricultural do país; o mesmo, a Constituição do Equador em 1998, majoritariamente neoliberal, em parte respondendo a forte presença de lideranças indígenas e as fortes mobilizações iniciadas em 1990; a Bolívia também reconhece o caráter pluricultural em sua Constituição de 1994, além de um indígena ter se tornado Vice-presidente da república num governo neoliberal. Não se pode deixar de lado que os indígenas souberam se apropriar dessas “concessões” mesmo tendo que, para isso, se afirmar contra a crítica que à época sofreram das esquerdas tradicionais que acusavam de estarem sendo submetidas à lógica multiculturalista pós-moderna do neoliberalismo. 49 Por exemplo, as políticas de descentralização das políticas públicas, com o chamado desenvolvimento local promovido pelo Banco Mundial. 50 De minha parte destaco dois exemplos que caminham em direção antagônica: 1) Não olvidemos o destacado papel que desempenhou na América Latina a chamada Teologia da Libertação que uniu duas tradições de pensamento que, na Europa, haviam permanecido não só separadas como antagônicas: o catolicismo e o marxismo (mais uma vez a antropofagia calibanesca). Muitas lideranças populares, sobretudo camponesas e indígenas, se alfabetizaram em movimentos de educação de base desde os anos 1960 (Paulo Freire, Orlando Fals Borda); 2) Ao contrário do destino das teorias liberais nos Estados Unidos, por exemplo, as oligarquias conservadoras brasileiras delas se apropriaram para fazer a defesa não da propriedade, mas da sua grande propriedade (latifúndio), privando, assim, a maior parte da sociedade de propriedade. O liberalismo entre os estadunidenses teve um papel mais democrático do que entre nós. 51 São complexas esas relações entre “espaço geográfico e localizações epistemológicas”, como bem assinalou Walter Mignolo. 41 Carlos Walter Porto-Gonçalves confrontaram o padrão de poder moderno-colonial instituído no sistema mundo e seu sistema de estados. Assim, com a luta pela dignidade, a descolonização do pensamento se coloca de modo explícito. A crítica não é só ao capitalismo, mas também, e ao mesmo tempo, à colonialidade. E, atenção, como diz a CONAIE em carta recente ao Papa Francisco: “Nuestra consigna es nada solo para los indios”.52 Os zapatistas dizem o mesmo “para todos tudo; somente para os indígenas nada”. Assim, recusam o essencialismo e outros centrismos, seja o andinocentrismo ou pachamamismo oferecendo ao debate a interculturalidade (Catherine Walsh). Como nos ensina Xabier Albó (2008): “Interculturalidad es para todos, sin renunciar a las propias identidades” (p. 240). Enfim, a cultura é politizada e como a cultura empresta sentido às práticas sociais implica necessariamente as condições materiais para sua existência. Por isso, mais que terra exigem território. 26. A Luta pelo Território – Essa consigna retira o caráter substantivo desse conceito, até recentemente visto como base natural do Estado. Até então, o território estava naturalizado. Com a consigna “luta pela vida, pela dignidade e pelo território” o conceito de território é desnaturalizado. Ao ressignificarem o conceito de território, resolvem a velha demanda campesina por terra e, ao mesmo tempo, a demanda pelo reconhecimento étnico-cultural, onde muitos desses movimentos querem ser reconhecidos como povos, nacionalidades (Equador) ou comunidades (Bolívia). Enfim, Território é igual a Terra+Cultura através das relações de poder. O conceito de território é, assim, deslocado do seu sentido jurídico-político consagrado como “base do estado” e passa a ser disputado por diferentes segmentos da sociedade que portam diferentes sentidos para estar na terra, indicando que não há território sem territorialidade e, assim, desnaturalizam esse debate chamando a atenção para o processo de apropriação do espaço geográfico-processo de territorialização.53 O Estado Territorial 52 Diz a Carta de modo mais amplo: “Los pueblos indígenas nos hemos mantenido en lucha permanente: defendimos nuestra independencia y civilización frente a la invasión y colonización europea; y fuimos fundamentales en las luchas por la Independencia y durante la conformación de la República y el Estado nación. En todos estos procesos hemos sufrido muchas derrotas, pero seguimos en pie y movilizados. Luchamos por destruir toda forma de dominación, discriminación y explotación, nos levantamos contra el capitalismo y el sistema neocolonial en tanto formas que oprimen y explotan a las mayorías de la humanidad. Nuestra consigna es “nada solo para los indios”. La reforma agraria para la redistribución de la tierra y la devolución”. 53 A Guerra del Água, em Cochabamba, em 2000, foi como ficou conhecido o movimento que expulsou a empresa estadunidense Bechtel que havia conseguido a privatização da água. Esse movimento pode ser entendido como parte dessas tensões de 42 De Utopias e de topoi: espaço... consagrado no Tratado de Westfalia, em 1648, base do direito internacional em vigor, já o indicamos, silencia sobre o colonialismo interno que constituiu os mal-chamados estados nacionais modernos. Assim, ao desnaturalizarem o conceito de território, com a tríade conceitual território-territorialidade-territorialização, os movimentos sociais latino-americanos mostram que não há território que não comporte uma territorialidade (um sentido para ser/estar no mundo) que não seja um processo de territorialização. Explicitam o colonialismo interno e colocam na agenda teórico-política a questão da plurinacionalidade. A Bolívia e o Equador, países onde maior foi o protagonismo do movimento camponês-indígena, consagrarão nas suas novas Cartas Magnas o princípio não mais de Estado Nacional, mas sim de Estados Plurinacionais. E a Bolívia acrescentou ainda o caráter Comunitário: Estado Plurinacional Comunitário. O conceito de comunidade volta ao debate no campo do pensamento-ação anti-sistêmico. 27. Assim, o tema da autonomia territorial se coloca na agenda política. Sublinhe-se que não é de soberania que se está falando, mas sim de outra relação entre comunidades, lugares, regiões, territóriosterritorialidades, de outra articulação supralocal que não seja jerquizada, como tradicionalmente faz o Estado Territorial com seu colonialismo interno, como bem destacamos na primeira parte de nosso ensaio. E, mais, indicam com isso que haja reconhecimento das identidades coletivas e/ou comunitárias, para além da cidadania individualizada, como insistiram e insistem os zapatistas com os Acordos de San Andrés.54 Na Bolívia essa questão se coloca desde que, em 1990, partira de Trinidad, no então PNIS-Parque Nacional Isiboro Secure, a Iª Grande Marcha que daria origem a uma nova unidade político-territorial, a saber, as Terras Comunitárias de Origem-TCO. Desde então, o PNIS se transformará em TIPNIS-Terra Indígena Parque Nacional Isiboro Secure. A tensão territorial se mostra explícita com duas categorias coloniais criadas pelo Estado, a de Parque Nacional, unidade de conservação da natureza, e a de Terra Indígena, olvidando as territorialidades ancestrais que ali viviam. 28. Enfim, mais além do “desenvolvimento”, falam de respeitar seu envolvimento próprio, sua autonomia. Autonomia significa em grego dar-se as próprias normas, enfim, ter o controle de seu territorialidades onde a privatização da água, e toda a episteme que subjaz a essa política individualista-liberal que mercantiliza tudo, entra em confronto com as práticas comunitárias indígeno-campesinas de gestão desse bem comum. Registrese, no caso, o papel que ativistas ambientalistas tiveram no desencadear dessa luta (Revista OSAL, 2). 54 Agradeço à socióloga Diana Itzu Guterrez por esse esclarecimento. 43 Carlos Walter Porto-Gonçalves destino-envolvimento. Autonomia é, então, recuperar o controle sobre nossos destinos e, deste modo é, rigorosamente, o outro do “des-envolvimento”. E, não olvidemos, tal e como todo ser vivo, toda autonomia tem poros, aberturas para relacionar-se com o outro. A vida nos ensina: nenhuma autonomia é absoluta. Sempre se necessita do outro! Daí interculturalidade. 29. Autonomia, Plurinacionalidade, Interculturalidade, Direitos da Natureza e Buen Vivir eis uma agenda que surge desde os grupos e classes sociais em situação de subalternização, enfim, de topoi múltiplos (pensamento decolonial, transmodernidade de Dussel, interculturalidade).55 O levante zapatista de 1994 dá maior visibilidade a essas questões, mas não as inventa. Sua maior contribuição se inscreve na releitura da questão do poder e, sobretudo na autocrítica prática da via insurrecional, da luta armada.56 Em lugar da vanguarda sugerem o “mandar obedecendo”. Em lugar de uma via única, nos propõem “um mundo onde caibam muitos mundos”. Enfim, como estruturar relações de poder supra-locais que não seja de modo hierárquico, ou seja, enquanto relação de dominação, como soe acontecer nos estados atuais em maior ou menor grau? Na Bolívia, o impasse territorial permanece, no TIPNIS, por exemplo. Na Venezuela, na Sierra de Perijá e no lago Maracaibo (conflito com os Annu, Wayuu, Yukpa e Bari). No Equador, em Yasuni e no afastamento da CONAIE do governo Rafael Correa, entidade que formulara algo muito próximo do zapatismo em torno da “construção do poder” –uma confederação de comunidades57– e não mais “tomada do poder”. A questão territorial permanece pendente também no campo anti-sistêmico. 30. Há uma crise do sistema de estados fruto, de um lado, das lutas emancipatórias dos vários movimentos sociais (Zapatismo, Via Campesina e as Cumbres Continentais de los Pueblos e Nacionalidades Indígenas del Abya Yala) e, de outro, das forças que procuram reorganizar a dominação e o controle dos recursos e dos povos em outra escala (neoliberais e neodesenvolvimentistas).58 Novas territorialida- 55 http://amawtaywasi.edu.ec/web/index.php?option=com_content&view=article&i d=43&Itemid=27&lang=es. 56 Por exemplo, nenhum membro do EZLN pode exercer funções políticas nas Juntas de Bom Governo que instituem em seus Caracoles. Afinal, o Exército implica hierarquia e disciplina o que não é compatível com a vida em liberdade. 57 O geógrafo brasileiro Milton Santos falou de uma “confederação de lugares” em seu último livro-manifesto “Por uma outra globalização” de 2001. 58 A Iniciativa de Integração Regional Sul Americana (IIRSA); o Plano de Aceleração do Crescimento, PAC, dos governos Lula da Silva/Dilma Rousseff; o Plano Mesoamérica, antigo Plan Puebla Panamá e suas versões atualizadas; o Plan 44 De Utopias e de topoi: espaço... des estão em curso como se pode ver nas relações transterritoriais de comunidades indígeno-camponesas da América Latina/Abya Yala com as periferias das grandes cidades, inclusive com cidades estadunidenses e européias onde o envio de remessas de dólares revela uma economia submersa que já se coloca como uma das principais fontes de ingresso de moeda forte para os países periféricos feito pelos imigrantes. Os braceros mexicanos costumam dizer: “Nós não atravessamos as fronteiras. As fronteiras é que nos atravessaram”. 31. Os processos em curso na América Latina/Abya Yala nos permitem afirmar que os movimentos sociais, mais que os partidos políticos59, têm tido um papel decisivo na mudança da agenda política, sobretudo na debilitação da agenda neoliberal. Todavia, os movimentos sociais, ao contrário do que propagavam as teorias sobre o tema, não deixaram de colocar na sua agenda a questão do Estado. Esses movimentos sociais colocaram a questão do Estado de modo próprio, como no caso do IPSP- Instrumento Político para a Soberania dos Povos que, na Bolívia, se associará a uma sigla –MAS-Movimento Al Socialismo– para participar da agenda eleitoral. Observemos que falam de Instrumento e de Movimento e não de partido. E, mais ainda, falam de soberania dos povos e não do povo. O Movimento Zapatista, no México, insistiu nos Acordos de San Andres e, assim, num diálogo com o Estado em torno da autonomia. O mesmo pode ser visto nas Rondas Campesinas, no Peru; no –CRIC-Conselho Regional Indígena de Cauca, na Colômbia; no Logko mapuche; nas autodefesas comunitárias de Guerrero, México. E, como já indicamos, nas Cartas Magnas do Equador e da Bolívia onde inscrevem o caráter plurinacional e, na Bolívia, ainda o caráter comunitário. São muitas as experiências locais em curso e os desafios permanecem, sobretudo o de estabelecer uma relação entre os lugares –o espaço como um todo– que não seja hierárquica ou que a hierarquia seja controlada desde a escala local, ao contrário do que até aqui têm prevalecido nos Estados Territoriais. A ênfase na escala local se dá como uma questão de princípio, considerando que todos e todas sempre vivemos em um local determinado e se as decisões não se dão nessa escala isso indicaria que estará em algum outro lugar. Cabe, então, a pergunta: quem terá essa prerrogativa e de onde? Talvez devamos estar atentos que sendo o poder não uma coisa que se toma, mas relacional, seu exercício não está, na verdade, em nenhuma escala, mas na capacidade de cada grupo social Colômbia. 59 A rigor, os partidos políticos são protoestados na medida em que se estruturam conforme a estrutura hierárquica de poder da sociedade em que operam. 45 Carlos Walter Porto-Gonçalves saber/poder manejar as múltiplas escalas. No entanto, as sociedades cindidas hierarquicamente em classes/estamentos/castas sempre fazer fluir a riqueza material entre os diversos grupos/classes sociais e a riqueza, embora seja sempre significada simbolicamente, é parte do fluxo metabólico da reprodução onde os corpos que conformam os espaços-tempos com suas relações estão sempre localizados. O local volta a cobrar sua importância. Afinal, do espaço não dá para tirar o corpo fora. Creio que devamos explicitar essa problemática sob pena de que seu olvido nos deixe escapar toda a energia criativa que advém dos movimentos sociais em luta para emancipar-se da exploração/opressão. Assim, mais do que manter as tradições normativas das ciências sociais da ordem, é necessário que identifiquemos nos modos de produção das lutas sociais60, as novas relações sociais/espaciais que estão sendo engendradas. DIALOGANDO COM A TRADIÇÃO DO PENSAMENTO/AÇÃO REVOLUCIONÁRIO EUROPEU 32. Observamos, assim, os processos através dos quais se institui um outro léxico teórico-político a partir das lutas contemporâneas na América/Abya Yala, sobretudo pós anos 1990 com as Marchas pela Vida, Dignidade e Território, onde: (1) a natureza não se apresenta mais como externa –res extensa– a ser submetida, como desde o antropocentrismo renascentista levado ao paroxismo no Iluminismo; (2) a Tecnociência euurocêntrica, subordinada à lógica da acumulação incessante do capital, coloniza o mundo e, com isso, “desperdiça experiências humanas” (Sousa Santos) de outros modos de fazer/saber alimentar-se (múltiplas culinárias), curar-se (múltiplas medicinas), de habitar-se (múltiplas arquiteturas) e de inventar sentidos para a vida (múltiplas formas societárias de convivência humana com a vida, com o cosmos); (3) as formas de ordenamento territorial são desnaturalizadas e, assim, o espaço enquanto container de poder está aberto ao debate e não mais inerte congelando as relações sociais e de poder. As formas territoriais estão abertas à história, elas que costumam tornar naturais61, enquanto espaço banal, as relações sociais e de poder. 60 Provoco aqui, conscientemente, a ideia de “modo de produção” ou das “relações de produção” das lutas para tentar romper com a leitura que reduz a dinâmica social à sua dimensão econômica que, a nosso ver, só tem sentido na sociedade capitalista. Ainda que o fazendo com o recurso da ideia de produção, talvez fosse melhor dizer, com Castoriadis, instituição em seu sentido processual, qual seja, de processos instituintes de “magmas de significação” societários. 61 Costuma-se dizer que se é natural de um país pelo fato de ter nascido num esta- 46 De Utopias e de topoi: espaço... Passemos, agora, a dialogar com uma das mais importantes tradições de pensamento-ação crítico ao capitalismo europeu –o marxismo– e que emana desde os espaços urbanos desde abajo naquele continente, sobretudo do seio da classe operária. Assim, a crítica ao eurocentrismo não recusa a um diálogo horizontal com o pensamento europeu sobretudo daquele que emana de seus grupos/classes sociais em situação de subalternização na Europa. Marx, sobretudo depois de sua aproximação com os intelectuais russos, com quem apreendera acerca das dinâmicas históricas distintas da Europa Ocidental a que estava familiarizado quando escrevera O Capital, e depois do impacto da Comuna de Paris, nos oferecerá um legado teórico-político com o qual muito temos para aproveitar, se não por outras razões, pela aguda crítica ao capitalismo que nos oferece, mas também pela abertura que Marx apresenta para a importância dessas outras formas societárias não marcadas pelo destino capitalista, ainda que tendo que lutar contra ele. Assim, dialogaremos (1) com Marx sobretudo com esse Marx que nos deixou mais de 30.000 páginas escritas depois de O Capital (Shanin, 1984); (2) com o debate entre os socialistas em torno das nacionalidades (da cultura) e da questão do ordenamento territorial tal e qual se colocou entre os socialistas já em finais do século XIX e, sobretudo na Rússia pós Revolução de Outubro, com os Desurbanistas. Para isso, acompanharemos de perto as contribuições de Carlos Vainer, de Teodor Shanin, Derek Sayer, Phillip Corrigan e Haruki Wada. Tudo nos leva a crer que a crítica ao capitalismo e seu sistema de organização geográfica do poder em torno do estado territorial é necessária, mas não é suficiente para a instituição de uma outra sociedade, se é que devemos continuar falando no singular e não no plural. 33. Muito embora as lutas emancipatórias em curso na América/ América Latina/Abya Yala tenham pautado determinadas questões como a autonomia, não era a primeira vez que experiências de lutas emancipatórias traziam à luz questões como o lugar/local, a comunidade, a diversidade e a autonomia que, por si mesmas, implicam as relações de poder que atravessam/constituem o espaço-tempo mundano. Durante os 72 dias da Comuna de Paris, em 1871, “sob a liderança dos blanquistas e, secundariamente, proudhonianos e bakuninistas, os communards organizaram o primeiro poder revolucionário a adotar uma ideologia abertamente (...) proletária” (Vainer, 2006). A Comuna: mais que um simples nome, mais que um mero remetimento ao Conselho do territorial que, em si mesmo, como vimos, não é natural. Enfim, não se pode ser natural de algo que não é natural, a não ser por meio da ideologia, no caso, o nacionalismo. 47 Carlos Walter Porto-Gonçalves Geral de Paris eleito democraticamente, a adoção orgulhosa do nome trazia consigo toda uma concepção e programa de organização social. Contra o Estado autocrático centralizado e centralizador –do poder e da riqueza–, os revolucionários conclamam todas as comunas a se insurgirem contra o poder central e a assumirem o poder em suas respectivas jurisdições, a fim de que se possa constituir uma livre federação de livres comunas. A esse respeito, escreveu Marx (1871, p. 25): A Comuna de Paris havia de servir de modelo a todos os grandes centros industriais da França. Uma vez estabelecido em Paris e nos centros secundários o regime comunal, o antigo governo centralizado teria de ceder lugar também nas províncias ao governo dos produtores pelos produtores. No breve esboço de organização nacional que a Comuna não teve tempo de desenvolver, diz-se claramente que a Comuna deveria ser a forma política inclusive das menores aldeias do país (Marx, 1871, apud Vainer, 2006). 34. Voltaremos, mais adiante, à questão da centralidade da Comuna no debate sobre o ordenamento territorial entre os revolucionários. Retenhamos, agora, a questão das nacionalidades colocada pelos socialistas, inclusive na Comuna de Paris, pela importância que tem para o diálogo com a questão da Dignidade, da diversidade tal e como analisamos acima. Sobre o tema da diversidade, o legado do socialismo libertário de origem europeu é mais ambíguo do que sobre a questão da Comuna. Prevalece na tradição hegemônica no campo socialista os ideais da Revolução Francesa, onde o povo-nação deveria “representar o interesse comum em oposição ao interesse privado e o bem comum em oposição ao privilégio” onde “as especificidades étnicas eram secundárias”, como destacara Eric Hobsbawn. 35. A chamada “questão das nacionalidades” exigiu muito debate entre os socialistas. Se em Marx e no Manifesto prevalecia a ideia de que “a unificação universal do gênero humano, iniciado pelo capital sob a égide do mercado mundial, seria completado pela vitória do proletariado socialista” (...) “no Partido Austríaco, em vez da marcha inexorável para o apagamento de todas as fronteiras e toda a diversidade, o caminho a ser trilhado seria o da valorização dessa diversidade” (Vainer, 2006). Carlos Vainer identifica ali “duas utopias” ambas reivindicando o socialismo: “numa, o universalismo se realiza pela unificação num único gênero humano e numa única literatura universal, como prenunciava o Manifesto; noutra, a utopia do universalismo se realiza pela convivência do diverso. Em Otto Bauer essa segunda utopia vai ser radicalizada. Mais que comunidade cultural e lingüística, a Nação é agora definida 48 De Utopias e de topoi: espaço... como “comunidade de destino”. Em outras palavras: a nacionalidade, o pertencimento e a identidade nacionais não estão ancorados apenas no passado – patrimônio cultural e linguístico herdados, mas também e, sobretudo, no futuro, num destino (imaginário) compartilhado. A Nação e os particularismos deixam de ser o adversário a combater para transformarem-se em objetivo a alcançar no embate com a vocação homogeneizadora do mercado mundial. Cabe aos socialistas preservar as nações e suas culturas, em vez de completar a obra destrutiva do capital” (Vainer, 2006). Segundo Otto Bauer, “A diversidade das nações e, portanto, a existência mesma das nações, é um projeto de futuro, posto que, até hoje, os trabalhadores estiveram excluídos da Nação. A educação e a superação do capitalismo como envelope econômico da sociedade permitirão o pleno florescimento das nações como comunidade da educação, do trabalho e da cultura. A Nação e seu (re)encontro com os trabalhadores seria, pois, um dos objetivos dos socialistas. A tarefa da Internacional deve e pode ser não o nivelamento das especificidades nacionais, mas a realização da unidade internacional na diversidade nacional” (Bauer, apud Vainer, 2006). 36. “Esse ideal de república federativa comunal, como chamou atenção Korsch (1929), estava muito mais próximo do federalismo de blanquistas e proudhonianos que das teses marxistas” (Vainer, 2006). Na melhor tradição iluminista e suas pretensões universalistas, vale a advertência de que a comuna revolucionária nada tem a ver com nenhum tipo de comunidade, fundada em laços de sangue, língua, cultura ou territoriais. Ela é uma comunidade de cidadãos, e não de linhagens ou de vizinhos. (...) Da mesma maneira, encontramos aqui também a forma federativa proposta, alguns anos mais tarde, por Renner e Bauer: a federação dos communards é de base territorial, e não de base nacional, étnica e/ou cultural. Marx imediatamente incorpora (a Comuna) em seu esquema escalar. Citemos Marx: A Comuna era, pois, a verdadeira representação de todos os elementos sãos da sociedade francesa e, portanto, o governo nacional autêntico. Mas, ao mesmo tempo, como governo operário e campeão intrépido da emancipação do trabalho, era um governo internacional no pleno sentido da palavra. Ante os olhos do exército prussiano, que havia anexado à Alemanha duas províncias francesas, a Comuna anexou à França os operários do mundo inteiro (Marx, 1871, apud Vainer, 2006). Havia “ministro” alemão nomeado pela Comuna de Paris. 37. Como se vê há uma “comunidade de cidadãos” e não de “linhagens”, “étnicas”, “raciais” ou de “laços de sangue”. Tudo parece indicar que Walter Mignolo tem razão ao dizer que teria faltado 49 Carlos Walter Porto-Gonçalves ao marxismo “a experiência colonial”. Mas que, como vimos, não teria faltado aos revolucionários socialdemocratas austríacos no Congresso de Brünn, de 1899, sobretudo a Renner e a Otto Bauer. “À noção de autodeterminação e soberania, Renner e o Partido Austríaco opunham a noção de autonomia. E não apenas reconheciam virtudes na organização do Estado imperial dual austríaco e húngaro, como defendiam que essas virtudes fossem aprofundadas, ampliadas, radicalizadas. As escolas deveriam adaptar-se a essa realidade e ensinar também em checo, croata e outras línguas. Separar as nacionalidades que já estavam unidas no Império seria empurrar para trás, e não para a frente, a luta internacionalista pela integração de todos os povos. Um império democratizado, respeitador das autonomias culturais seria, de alguma maneira, um prenúncio do mundo socialista. As posições de Renner foram adotadas pelo Congresso de Brunn, quando, pela primeira vez, um partido socialista assumia, formal e abertamente, um programa nacional. E (...) propugnava a transformação da Áustria numa democrática federação de nacionalidades. No lugar do exclusivismo dual austro-húngaro, constituirse-iam corpos auto-administrados de todas as nacionalidades do império, dotados de autonomia cultural e linguística, respeitados em todos os territórios os direitos das minorias, garantidos por lei adotada pelo Parlamento federal”. 38. Esse rico legado da tradição revolucionária europeia merece entrar em diálogo com o rico léxico teórico-político advindo das experiências de lutas emancipatórias62 na América/América Latina-Abya Yala e que alcançaram sua máxima expressão política nos novos textos constitucionais da Bolívia e do Equador explicitando questões como a plurinacionalidade e, no caso boliviano, também do comunitarismo (ali o Estado foi refundado como Plurinacional e Comunitário e não mais Estado Nacional) e, também, entre os zapatistas, o CRIC, na Colômbia, entre tantos lugares/povos/comunidades. Entre nós, a interculturalidade é introduzida como meio de evitar-se as xenofobias, 62 Iniciadas pela Revolução Haitina, em 1804, por seu caráter anticolonial e antiescravagista, pela Revolução Mexicana, de 1910 e, mais recentemente, com o affair Miskitos/Revolução Sandinista (1979-1989), com a experiência dos seringueiros da Amazônia brasileira (Aliança dos Povos da Floresta), com o Caracazzo venezuelano (1989), com a luta atual dos povos indígenas Wayuu, Annu, Yukpa e Bari, na Venezuela, com as Grandes Marchas na Bolívia e Equador (1990), das lutas recentes dos mapuche, no Chile, dos tsimanes, yucarares, mojeño-trinitarios do TIPNIS, na Bolívia, no Conselho Regional Indígena de Cauca, na Colômbia, nos Caracoles Zapatistas, nas Autodefesas Comunitárias de Guerrero, México, nas Rondas Campesinas, no Peru, na luta Mapuche, no Chile, e outras lutas em curso na América/América Latina-Abya Yala que sinalizam outras conformações territoriais. 50 De Utopias e de topoi: espaço... os essencialismos. O catalão-boliviano Xabier Albó que acompanha de perto as lutas dos campesíndios/indigenatos em “nuestra América” (José Martí) é enfático: El estado “monocultural” ya no cabe; decir que es “pluricultural” no es más que una constatación empírica; y llamarlo “plurinacional” es un sueño legítimo que sólo será viable y deseable si, para ello, todo él y su sociedad es profundamente “intercultural”. Si esto sólo se exigiera de los pueblos indígenas, sería sólo una refinada táctica asimilacionista. Si ahora sólo se exigiera a los no-indígenas, acabaríamos en el “mestizaje al revés” (…), es decir, otra forma de exclusión (Sanjinés 2004). Interculturalidad es para todos, sin renunciar a las propias identidades. No sustituye a la plurinacionalidad sino que la complementa para hacer viable la convivencia en un país unitario, una nación a la vez plurinacional. Este es el nuevo y mejor nombre para expresar y vivir el pluralismo de manera constructiva y mantener a la vez la neutralidad que todo estado necesita (Albó, 2008, p. 240). 39. Voltemos a Marx, para quem “a Comuna aporta o meio racional por meio do qual a luta de classes pode percorrer suas diversas fases de forma mais racional e humana” (Marx, apud Sayer e Corrigan, 2012, p. 110). Segundo Sayer e Corrigan, Marx extraiu disto uma conclusão nada ambígua: “A classe trabalhadora não pode simplesmente apropriar-se da máquina do Estado tal qual é e utilizá-la para seus próprios objetivos. O instrumento político de sua escravidão não pode servir como instrumento político de sua emancipação” (p. 110). Marx reitera esse ponto de vista “no segundo rascunho de A guerra civil e o inclui no texto final (...) como autocrítica no Prefácio de 1872 no Manifesto [Comunista], frente às “medidas revolucionárias” deste último, quando havia defendido precisamente a “centralização... em mãos do Estado”.63 Engels, igualmente em 1885, escreveu que seus apelos e os de Marx, em 1850, a que “o partido realmente revolucionário [na Alemanha] levará adiante a centralização mais estreita” haviam se “baseado em uma compreensão errônea” da história da França (p. 111). No mínimo, a tese da centralização política não se coloca como uma questão de princípio para Marx e Engels. A experiência histórica concreta fez com que eles revissem algumas teses sem abandonar, ou melhor, para melhor compreender e afirmar os processos emancipatórios que 63 Manifesto of the Communist Party, Moscou, 1973, pp. 7-9 (Prefácio), pp. 74-75 (as “medidas revolucionárias” criticadas). [Ed. Castelhana: Moscou: Manifiesto del Partido Comunista. Obras Escogidas Ed. Progreso, vol. I, p. 99]. 51 Carlos Walter Porto-Gonçalves puderam ver de perto. A ênfase no centralismo das revoluções que se reivindicaram socialistas no século XX são manifestações empíricas que nos permitem ir além o debate em torno de projetos (utopias?), como o debate se apresentou entre os clássicos nos finais do século XIX e inícios do século XX. 40. Para Marx, a Comuna era uma forma racional de emancipação do trabalho, porque e na medida em que não era um Estado; e esta foi a lição que sacara de 1872, sobre o que foi absolutamente claro: Esta foi... uma Revolução não contra esta ou aquela forma de poder estatal, seja legítima, constitucional, republicana ou imperialista. Foi uma revolução contra o Estado mesmo, contra este fracasso sobrenatural da sociedade; um reassumir, pelo povo e para o povo, sua própria vida social. Não foi uma revolução para transferir o poder de uma fração da classe dominante a outra, senão uma Revolução para destruir a própria máquina horrenda da dominação de classes... O Segundo Império foi a forma final desta usurpação por parte do Estado. A Comuna foi sua negação definitiva e, portanto, o início da Revolução social do século XIX (p. 111. Os grifos são meus CWPG). 41. Ainda segundo Sayer e Corrigan, “o Estado como uma forma de organização do poder de classe é um tema bastante comum na teoria marxista. Essa perspectiva que domina as correntes marxistas segue, no entanto, o Anti-Dühiring64 que identifica o Estado como governo das pessoas (em oposição a administração das coisas) em geral, e vê o Estado como coextensivo à sociedade de classes. A análise de Marx é historicamente mais específica sendo o Estado um fenômeno moderno: uma forma de organização do poder de classe da burguesia, criado nas lutas contra o feudalismo e aperfeiçoado nas lutas contra o proletariado. Obviamente que Marx não ignorava que o governo coercitivo manifestamente é muito anterior à burguesia. Para Marx, a formação do Estado era inseparável da construção do modo de produção capitalista e o Estado segue sendo uma relação essencial da sociedade burguesa e não uma mera “superestrutura”, em qualquer sentido forte da palavra. Como disse Marx em A Ideologia Alemã, a “bürgerliche Gesellschaft” –em alemão, significa sociedade civil ou burguesa–, “deve afirmar-se em suas relações externas como nacionalidade e internamente deve organizar-se a si mesma como Estado” (p. 114). 64 “Não negamos que Marx utilize o termo “Estado” mais amplamente também em outros textos; mas aqui o que importa é a substância da análise e não a semântica da terminologia”. Herr Eugen Dühring’s revolution in sciense [Anti-Dühring], Nova York, 1972, pp. 306, 308 (Sayer e Corrigan, 2012, p. 113). 52 De Utopias e de topoi: espaço... 42. Segundo Sayer e Corrigan, “para Marx o que dá ao Estado, no sentido em que ele utiliza o termo, sua especificidade histórica é sua separação com respeito da “sociedade civil”. O Estado “este fracasso sobrenatural da sociedade”, como dissera. A novidade da organização burguesa enquanto poder coletivo de classe reside no exercício deste poder através de uma política distinta, um “interesse geral” que se contrapõe a uma sociedade civil “não política”, considerada como o terreno dos interesses particulares, individuais e privados. Marx havia identificado esta relação constitutiva da civilização burguesa já em 1843: A constituição política como tal surge somente quando as esferas privadas ganharam existência independente. Ali aonde o comércio e a propriedade da terra não são livres e ainda assim não se tornaram independentes, a constituição política tampouco existe... A abstração do Estado como tal pertence somente aos tempos modernos, porque a abstração da vida privada também pertence somente aos tempos modernos. A abstração do Estado político é um produto moderno (p. 115). 43. A formação do Estado é o outro aspecto dessa transformação monumental, na qual, como diz Marx em O Capital, “a propriedade, recebe sua forma puramente econômica eliminando seus adornos anteriores e associações políticas e sociais”65, convertendo-se em algo livre e disponível. Esta separação entre o Estado e a sociedade civil –é instrutivo que Marx eleja ressuscitar este último conceito em A guerra Civil na França– é central tanto para a análise do Estado que se desenvolve em seus últimos escritos como para a forma com que nós compreendemos a convocação de Marx a destruí-lo. Não é meramente o Estado como instrumento burguês (para citar outro dos últimos textos), senão “o Estado na medida em que, enquanto tal, constitui através da divisão do trabalho um organismo especial, separado da sociedade”66, o que Marx quer destruir. O novo nos escritos de Marx de 1870, em comparação com os escritos de 1840, é sua concentração especial sobre esta divisão do trabalho (Sayer e Corrigan). 44. O “último Marx”, para usar a expressão de Teodor Shanin, generaliza a experiência da Comuna de Paris, afirmando a urgência com que se coloca o problema do Estado para uma estratégia socialista. “Uma leitura possível de A guerra civil na França é simplesmente 65 O Capital, III, Moscou, 1971, pp. 617-618. 66 Crítica del Programa de Gotha. Obras Escogidas. Ed. Castelhana, vol. III, p. 5. 53 Carlos Walter Porto-Gonçalves considerá-la como um manifesto pela máxima democracia política67. Efetivamente, Marx dá boas-vindas à capacidade da representação real da Comuna, “nunca as eleições foram mais investigadas, nunca houve delegados que representaram tão plenamente às massas de que haviam surgido” (Sayer e Corrigam, 2012, p. 116), e a genuína responsabilidade pública na esfera política, assegurada pelo público nas reuniões da Comuna, a publicação de suas resoluções e a revogabilidade de seus delegados. Mais interessante, ainda, é perceber que essas análises que Marx faz sob o impulso da Comuna de Paris revela continuidade com seus textos de inícios dos anos 40 como, por exemplo, n’A Questão Judaica de 1843, onde desenvolve uma crítica da democracia meramente política, argumentando que “a mesma existência de uma esfera política separada representa uma alienação dos poderes sociais humanos, esta deve necessariamente considerar-se como uma emancipação muito parcial. “Somente quando o homem tenha reconhecido e organizado suas ‘forças próprias’ como forças sociais, por conseguinte já não separe o poder social de si mesmo sob a forma de poder político, somente então se terá conseguido a emancipação humana”, (Marx apud Sayer e Corrigan, 2012, p. 116). 45. “A extensão pela Comuna dos princípios de eleição e revogabilidade dos funcionários administrativos e judiciais tanto como dos políticos, por exemplo, representou uma extensão da esfera de controle social mais além do espaço que a política tem dentro da sociedade burguesa. No mesmo sentido atuaram as intervenções da Comuna na “jurisdição privada”, que os patrões aplicavam em “suas” fábricas, uma das poucas medidas que Marx considera como “para a classe operária”. A Crítica do Programa de Ghota (1875) amplia esta consciência da necessidade de efetuar irrupções despóticas sobre o direito burguês (Marx apud Sayer e Corrigam, 2012, p. 117). Mas, geralmente, Marx celebrava o fato de que “a iniciativa em todos os aspectos da vida social devia ficar reservada à Comuna” (p. 117). O que impediria que isto se converta em um modelo de crescimento totalitário de um Estado central forte em que as formas através das quais deve exercerse esse controle social não eram elas mesmas nem centralizadas nem estatais, senão parte de uma revolução mais ampla da sociedade civil contra semelhante alienação dos poderes sociais. A extensão da democracia puramente política era parte disto, mas não era o todo. Marx sabe bem que a Comuna pretendia uma redução, de uma vez 67 Sayer e Corrigan afirmam que esta é a leitura de Lênin em El Estado y la revolución. (2012, p. 118). 54 De Utopias e de topoi: espaço... por todas, do custo, escala e poder de qualquer autoridade central da sociedade. Prefigurou “uma França totalmente organizada em comunas trabalhadoras e autogovernadas... [com] a eliminação do exército de parasitas estatais... [e] as funções estatais reduzidas a umas poucas funções de objetivo nacional geral” (p. 118). 46. Os marxistas europeus e russos acertaram ao identificar o papel que o Estado centralizado cumpre enquanto estratégia de dominação. Passaram, então, a disputá-lo, ao contrário dos anarquistas que o recusavam identificando-o como portador de todo o mau. A tomada do poder entendido como o poder centralizado no Estado, tornouse uma verdadeira obsessão, variando as táticas para ocupá-lo. Paul Mattik (1904-1981), intelectual belga que seguia Rosa Luxemburgo, afirmara que a diferença entre os bolcheviques e os socialdemocratas estava na forma de tomada do poder –um pela via de reformas sucessivas, a socialdemocracia, e outro pela via insurrecional, como os bolcheviques– e não na forma Gestorial de exercê-lo, com a política separada do povo enquanto gestão. Segundo Mattik68 o poder era exercido igualmente por ambos de forma centralizada e burocrática. A construção de novas/outras relações sociais e de poder acabou por ficar submetida às perspectivas teórico-políticas centralizadas, como os efeitos hoje bem conhecidos por mais de 100 anos de experiências concretas. 47. Deixemos de lado, para fins analíticos, a questão das relações de poder fundamentais para a construção de formas societárias que possam apontar dialeticamente para além do capitalismo, para nos dedicar a uma outra dimensão dessa busca, qual seja, à questão da divisão territorial do trabalho que, em si mesma, implica dimensões técnicas, políticas e culturais. A Revolução Cultural chinesa, cujo auge se deu nos 1960, abrira espaço novamente no interior do campo da esquerda para a crítica ao desenvolvimentismo das forças produtivas e sua visão industrializante, “Servir-se da agricultura como base e da indústria como fator dominante”, dizia Mao Tse Tung. Assim, atualizase o debate teórico-político proposto pelos desurbanistas russos nos anos 1920. Sublinhe-se o fato da Revolução chinesa, até os inícios dos anos 1970, se querer Cultural e inspirar, na Europa, uma das vertentes do movimento ecológico de esquerda (Rodrigues, 1974). 48. Como indicamos acima, os revolucionários desurbanistas russos dos anos 1920 já apontavam para a necessidade de reorganizar territorialmente a sociedade –sua forma espacial– como parte 68 Mattick, Paul, 1977. Integração capitalista e ruptura operária. Edições Apartado, Porto, Portugal. 55 Carlos Walter Porto-Gonçalves do processo de trans-formação societária, como se dava na Rússia daqueles anos. Diga-se, de passagem, que esse debate já se dava na literatura utópica russa desde finais do século XIX, A. L. Morton, na sua obra L’Utopie Anglaise, já destacara duas concepções muito diferentes de socialismo, através da oposição entre E. Bellamy e William Morris. O próprio W. Morris num artigo da Revista da Socialist League, Commonweal, de 22 de janeiro de 1889, criticando o livro de Bellamy, dizia ser necessário “rejeitar categoricamente o modelo de uma sociedade socialista fundada essencialmente na técnica, ligado à tradição do comunismo militarizado, como o de Cabet, por exemplo (Rodrigues, 1975, p. 57). A mesma polêmica pode ser vista onde se destacava, de um lado, Tchernichevsky com seu romance “Que fazer?”, onde “a organização do espaço toma uma dimensão qualitativa nova (...) favorecendo a livre repartição dos habitantes no território [e] uma maior socialização (...) em que as cidades não subsistem senão como centro de comunicações e de transbordo, junto dos melhores portos”; e, de outro lado, Bogdanov, evolucionista e positivista que em seus dois romances utópicos A estrela Vermelha (1908) e O Engenheiro Menine (1912) dava um lugar de honra ao maquinismo e todos os seus requintes e aperfeiçoamentos na crença de que serão os êxitos técnicos que imprimirão a mudança social. Na URSS dos anos 1920, os desurbanistas “queriam uma sociedade cuja organização espacial favorecesse a repartição da responsabilidade coletiva entre os múltiplos centros, onde a agricultura e a indústria pudessem se desenvolver numa relação dialética. Era uma tentativa de resolver a contradição cidade/campo, indústria/agricultura” (p. 60). Rompendo com a visão tecnicista que predominava entre os arquitetos, os desurbanistas insistiam que eram os horizontes de sentido ético-morais e políticos que deveriam informar as normas sanitárias, técnicas. As normas da temperatura, do volume e da luz emanam das condições sociais – do modo de produção. Estas normas mudam. A revolução no modo de produção, a revolução social, conduz inevitavelmente à revolução nas nossas noções de mínimo fisiológico (esta mesma noção de mínimo tornar-se-á supérflua), da necessidade absoluta, da eternidade da vida sedentária e da norma imóbil, geralmente permanente. (...) A cidade deve perecer nas ruínas do modo de produção capitalista, porque a cidade era uma necessidade da sociedade capitalista de mercadorias. Estas necessidades desaparecerão, a própria cidade desaparecerá, enquanto produto destas. A cidade é a forma, a condição das relações sociais desta sociedade (Marx apud Sayer e Corrigam, 2012, p. 118). 56 De Utopias e de topoi: espaço... 49. Deixamos para o final o traço mais importante do informe de Marx. Os meios com os quais esta revolução seria possível consistiam em um ataque sustentado contra as divisões do trabalho que convertem as administrações e o governo em “mistérios, funções transcendentes que só podem ser confiadas as mãos de uma casta treinada” (p. 118). É da maior importância, primeiro, que Marx qualificaria a isto de “engano” (p. 118) e, segundo, que seja um engano que (insiste) pode e deve ser materialmente desafiado agora, enquanto se constrói o socialismo, e não no comunismo futuro. A Comuna era esse desafio, e assim é como Marx a celebrou no momento de sua derrota: como um descobrimento social de imensa importância para a emancipação do trabalho. 48. “Toda a farsa dos mistérios do Estado e as pretensões do Estado foi eliminada pela Comuna, que consistiu fundamentalmente em simples trabalhadores... que faziam seu trabalho publicamente, simplesmente, sob as circunstâncias mais difíceis e complicadas, e o faziam... por umas poucas libras, atuando em plena luz do dia, sem pretensões de infalibilidade, sem esconder-se detrás de rodeios ministeriais, sem envergonhar-se de confessar os erros e corrigi-los. Fazendo das funções públicas –militares, políticas, administrativas– as funções reais dos trabalhadores, no lugar de ocultos atributos de uma casta especializada... que se demonstrou algo vivo, e confirmou sua tese por meio de suas ações... dando corpo às aspirações da classe operária de todos os países” (Marx apud Sayer e Corrigan, 2012. pp. 118-119). 50. Para os desurbanistas, o processo de abolição da oposição entre a cidade e o campo não é um processo de urbanização do campo, como pensam certos partidários da cidade socialista, nem da agrarização da cidade. Este processo termina com a dependência do campo em relação à cidade, enquanto centro industrial, porque o próprio campo se torna centro industrial. (...). A teoria das cidades socialistas é a teoria da forma burguesa do socialismo, e por esta razão ela é utópica, reacionária. Longe de querer o retorno a um passado, crítica que, aliás, só faz sentido no horizonte de uma história de um tempo linear e unidirecional, os desurbanistas recuperavam o Anti-Düring de Engels, que nos diz: Assim, o velho modo de produção deve ser forçosamente subvertido a fundo e sobretudo a velha divisão do trabalho deve desaparecer. Em seu lugar deve surgir uma organização da produção na qual, por um lado, nenhum indivíduo possa descarregar nos outros a sua parte do 57 Carlos Walter Porto-Gonçalves trabalho produtivo, condição natural da existência humana e, por outro lado, o trabalho em vez de ser um meio de escravização, se torne um meio de libertação dos homens, oferecendo a cada indívíduo a possibilidade de aperfeiçoar e de por em prática, em todas as direções possíveis, o conjunto das suas faculdades físicas e intelectuais, e na qual o trabalho que era uma carga se transforma em prazer (Engels apud Rodrigues, 1975, p. 61). E, mais adiante: “A força hidráulica era local, a força a vapor é livre. Se a força hidráulica é necessariamente rural, a força a vapor não é de modo algum necessariamente urbana. (...) Só uma sociedade que engrena harmoniosamente as suas forças produtivas uma nas outras segundo linhas grandiosas de um plano único, pode permitir à indústria instalar-se em todo o país, com a dispersão mais conveniente ao seu próprio desenvolvimento e à conservação dos outros elementos da produção. A supressão da oposição cidade e campo, não é só possível, mas tornouse uma necessidade direta da própria produção industrial, como se tornou igualmente uma necessidade da produção agrícola e, ainda por cima, da higiene pública. Só com a fusão da cidade com o campo é que se pode eliminar a intoxicação atual do ar, da água e do solo: só ela pode levar as massas que hoje definham nas cidades ao ponto em que o seu estrume sirva para produzir plantas em vez de produzir doenças” (Engels apud Rodrigues, 1975, p. 61). Assim, se coloca para o debate uma questão onde, talvez, os marxistas corretamente mais vêem insistindo, ainda que suas correntes hegemônicas estrutural-funcionalistas e evolucionistas deem ênfase no desenvolvimento das forças produtivas, quase sempre de modo unilateral e acrítica ao caráter evolucionista. Ao contrário, vemos em Engels, e mais adiante veremos também em Marx, assim como também entre os desurbanistas, o quanto o desenvolvimento das forças produtivas é central para uma sociedade que se pretenda ir mais além do capitalismo, como queriam, embora matizando esse desenvolvimento pelas circunstâncias histórico-geográficas. Registre-se, que Engels no AntiDüring, Marx em A Guerra Civil em França, n’A Crítica ao Programa de Gotha e na carta-resposta a Vera Zasulich, inclusive nos seus borradores, assim como os desurbanistas, vislumbravam claramente os limites da urbano-industrialização capitalista, ainda sem experimentarem a desordem ecológica, a crise hídrica, os efeitos da quebra das cadeias tróficas nas quais os humanos estão implicados em sua alimentação, como se viu com a gripe aviária, com a gripe suína, com 58 De Utopias e de topoi: espaço... a “vaca louca” e com o crescimento das doenças degenerativas, para não falarmos do stress. Registre-se, também, as imensas oportunidades que se abrem com os novos meios de comunicação para que se viabilize o reordenamento territorial que indicavam para a supressão da oposição cidade/campo e agricultura/indústria sem que houvesse “urbanização do campo” ou “agrarização da cidade”, enfim, é de outros termos que necessitamos sem centrismos, seja “urbanocentrismo” ou “agrariocentrismo”. 51. O destino urbano-industrializante do mundo já não parece inexorável. O debate colocado pelos desurbanistas e por Engels no Anti-Düring embora tenha privilegiado a dimensão da divisão territorial do trabalho e destacado a dimensão técnica implicada, não deixara de indicar que as “normas sanitárias”, entenda-se técnicas, não deveriam se sobrepor aos horizontes de sentido ético-morais e políticos. Creio que o momento que hoje vivemos de “caos sistêmico” (Quijano, Wallerstein), do “caráter prolongado das lutas de classes” em transição para outra sociedade, se quisermos nos manter no marco teórico-político marxista, pode e deve recuperar as ricas formulações que Marx fizera quando passara a ter fontes de informação própria das regiões da periferia do capitalismo, ou seja, quando ampliou seu horizonte de informações para além da Europa como, por exemplo, com os historiadores e ensaístas russos, quando passara a dominar a língua russa após 1868. Registre-se, portanto, que Marx escrevera O Capital sem essas informações e, com o acesso a elas, relativizou algumas questões sobre a generalização do desenvolvimento capitalista que afirmara em sua obra maior, o que explicitou no prefácio à 2ª edição francesa de O Capital, conforme salientam os ensaístas alemães Sayer e Corrigan (Shanin, 2012). Nesse sentido, suas reflexões sobre a Comuna de Paris em A Guerra Civil em França, em parte já abordada acima, sua Crítica ao Programa de Gotha, os quatro borradores de sua carta-resposta a Vera Zasulich, além de outras cartas como as endereçadas a Danielson e a Kugelmann, nos oferecem um rico material para um diálogo fecundo com o que emana das lutas políticas contemporâneas na América/América Latina-Abya Yala e Caribe em diálogo com o pensamento crítico não-marxista como Franz Fanon, Aimé Cesaire, Aníbal Quijano, Pablo Gonzalez Casanova, Edgardo Lander, Silvia Rivera Cusicanqui, Ramon Grosfogel, Catherine Walsh, Raquel Gutierrez, Walter Mignolo, Luis Tapia, Pablo Davalos, Raul Zibechi, Horacio Machado Araoz, Alberto Acosta e o jovem Alvaro Garcia Linera antes de se tornar vice-presidente da Bolívia. 52. Sigamos aqui de perto, mais uma vez, as análises de Sayer e Corrigan sobre Marx para estabelecer o diálogo com o léxico teóriopolítico que vem emanando das lutas dos campesíndios/indigenatos 59 Carlos Walter Porto-Gonçalves na América/América Latina/Abya Yala. Nos quatro rascunhos da carta de Marx a Zasulich há uma preocupação que vem ao centro dessas questões, qual seja: “a centralização do Estado no desenvolvimento capitalista, por uma parte, e a adequação da obschina como forma comunal, por meio da qual o trabalho poderia promover sua própria emancipação, por outra. Marx, uma vez mais, contrapõe comuna e Estado. Distingue um dualismo contraditório dentro da comunidade rural russa entre tendências privadas e coletivistas que permite em seu desenvolvimento social possibilidades alternativas que dependem totalmente das circunstâncias históricas. Uma possibilidade aponta para o socialismo: A situação histórica da ‘comuna rural’ russa não tem paralelo!... Enquanto tem na propriedade comunal da terra a base [natural] da apropriação coletiva, seu contexto histórico – a contemporaneidade da produção capitalista – lhe provê de condições materiais já existentes para o trabalho coletivo em grande escala. Portanto, é capaz de incorporar os êxitos do sistema capitalista sem ter que lhe render seu duro tributo... Portanto, poderia se converter no ponto de partida direto do sistema econômico para o qual tende a moderna sociedade” (Marx apud Sayer e Corrigan, 2012, p. 119), o comunismo. 53. “Para que se possa produzir este desenvolvimento é importante restabelecer a comuna em seu estado normal (p. 119). A base para uma transformação socialista se encontra nas relações sociais existentes (e nas experiências pessoais que sustentam)”, em particular, a familiaridade dos camponeses com o artel (vide Nota 9) e com as formas coletivas de cultivo já praticadas nos prados e outras áreas de interesse geral (p. 120). 54. Frente a isto, “o que ameaçava a vida da comuna russa não é uma inevitabilidade histórica nem uma teoria; é a opressão estatal e a exploração pelos intrusos capitalistas, a quem o Estado fez poderosos a expensas dos camponeses” (p. 120. Os grifos são meus: CWPG). Os violentos conflitos que vem acompanhando a expansão capitalista nos últimos anos, em grande parte pela adequação espacial da América-Abya Yala via IIRSA ou Plan Mérida para sua integração (subordinada?) à nova configuração geopolítica que tem por base a aliança do capitalismo monopolita de Estado, sob hegemonia estadunidense, e o capitalismo de estado monopolista, sobre hegemonia do Partido comunista chinês e que desloca geograficamente o centro dinâmico produtivo para a Ásia-Pacífico, tem proporcionado eixos de expansão do capital onde tem sido intensa a violência, a conflitividade, a devastação, mas também tem sido grande a resistência dos 60 De Utopias e de topoi: espaço... campesíndios/indigenatos em defesa dos seus territórios, das suas comunidades, das terras, águas, bosques, savanas, páramos, mangues/ humedales. As análises de Marx sobre a Comuna Rural russa e o artel indicam que não é por nenhuma necessidade histórica que esses grupos/classes sociais/etnias/povos/nacionalidades eventualmente desapareceriam, mas sim que eles se forem derrotados o serão pelo capitalismo e pelo Estado que o serve e, deste modo, não “poderiam se converter no ponto de partida direto do sistema econômico para o qual tende a moderna sociedade” para o que oferecem outros horizontes de sentido, conforme Marx sinalizara. É de Topoi e de suas relações que devemos estar atentos. 55. E, acrescenta Marx, “o Estado agiu como uma “estufa” (p. 120)69 para o desenvolvimento capitalista na Rússia. Foi o Estado que, depois de 1861, colocou a comuna russa em condições econômicas anormais”, foram seus impostos que transformaram a comuna em uma “espécie de matéria inerte facilmente explorada pelo comércio, pelos proprietários de terras e usurários”; e sua “opressão desde fora”, o que precipitou os conflitos de interesses dentro da comuna. Foi o Estado que apoiou uma forma de empresa capitalista que, “sem desenvolver de forma alguma as premissas produtivas da agricultura, é a mais adequada para facilitar e precipitar o roubo de seus frutos por meio de intermediários improdutivos. Desta forma, ajudou a enriquecer a um novo bando capitalista que suga o já esgotado sangue da comuna rural” (p. 120). Portanto, o que primeiro se necessita, e antes de tudo, é uma revolução contra esta “conspiração de poderosos interesses. A relação que os Estados, sejam liberais-conservadores (Colômbia e Peru, por exemplo), sejam progressistas (Equador, Venezuela, Argentina, Brasil e Bolívia, por exemplo) vêm mantendo com os grupos/classes sociais/etnias/povos/nacionalidades das regiões de expansão da IIRSA, por exemplo, dá conta do caminho que estamos seguindo. Marx, por seu turno, afirmara sobre a realidade das comunas russas à sua época. Se a revolução se produz a tempo, se concentra todas as suas forças... para assegurar o crescimento sem obstáculos da comuna rural, esta 69 Marx utilizou a mesma imagem em O Capital, I, p. 751, em uma conhecida passagem em que conclui que a força do Estado é “em si mesma um poder econômico”. 61 Carlos Walter Porto-Gonçalves última prontamente se desenvolverá como um elemento regenerador da sociedade russa e como um elemento de superioridade sobre os países escravizados pelo regime capitalista (p. 120). NÃO ESTARIA EM NOSSO HORIZONTE LATINO-AMERICANO ATUAL ESSA POSSIBILIDADE HISTÓRICA? 56. O que o “último Marx”70 nos oferece, no dizer de Sayer e Corrigan, é uma reflexão sustentada “sobre as formas apropriadas para a transformação socialista. Uma busca, por uma parte, de formas sociais nos modos atuais de vida e de luta que sejam capazes de avançar na emancipação do trabalho –formas prefigurativas, como agora as chamamos–, não no sentido utópico, senão como únicos meios eficazes e materiais para promover o socialismo”. Enfim, é em topoi mais que em utopias que devemos nos inspirar. 57. O “último Marx”, sobretudo pós anos 1870, nos traz uma reflexão rica para pensar a relação entre tradição e modernidade, para nos mantermos nos marcos do pensamento ocidental, mas não em termos abstratos. Trata-se de um material fundamental, “mas escandalosamente abandonado pelos socialistas de hoje (...). Os últimos escritos de Marx contêm muito de novo e extremamente não-ortodoxo, e desnecessário dizer que é altamente relevante em nossa própria situação” (Sayer e Corrigan). 58. Os autores que aqui nos inspiram afirmam que “Marx nunca foi um escritor de utopias socialistas, menos ainda um anarquista. Sustentou duras batalhas contra os anarquistas na década de 1870, denunciando o que chamou “indiferentismo político” –o rechaço da atividade da classe operária no terreno da política oficial– com profunda ironia. Mas tampouco era um instrumentalista, um Realpolitiker71 (p. 122). Foi um crítico apaixonado do “socialismo de Estado” de Lassalle tanto como de Bakunin ou de Proudhon. A indiferença política não avança a emancipação do trabalho, porque não se compromete com os atos do poder político. Mas a Realpolitik só aparenta fazê-lo, porque os meios que utiliza são eles mesmos 70 O legado do Marx tardio, ao contrário do que se convencionou distinguir entre um “jovem Marx” e um “Marx maduro”, como fizera Louis Althusser, dialoga e aprofunda muitas ideias que Marx desenvolvera nos anos 1840 e oferecem um apoio firme para uma leitura anti-evolucionista de Marx. Há muito de continuidade em Marx do que essa divisão quis fazer crer. E muita mudança para continuar pensando melhor a superação do capitalismo, muitas vezes recuperando com mais profundidade ideias de juventude. 71 Ver carta de Marx a Kugelmann de 23 de fevereiro de 1865 (em FI). Em castelhano, O. E. Ed. Progreso, Moscou, vol.II, pág. 236. 62 De Utopias e de topoi: espaço... formas da dominação burguesa. Em nossa época, esta última parece ser a leitura mais pertinente. Podemos aprender muito da atenção que Marx prestava às formas (p. 122). 59. O campesino-indígena, assim como seus parentes que se reinventam como outros grupos/classes sociais nas periferias urbanas, vêm se afirmando nas últimas décadas já não são mais como o local ou o regional, mas o local, o regional e o nacional se imbricando através de uma história de longa duração (o tempo do sistema mundo moderno-colonial e seu sistema de estados) por meio de movimentos sociais que se sabem parte do sistema mundo enquanto história local sofrida de um projeto imperial/global, conforme a formulação de Walter Mignolo. Sabem que a luta pela terra é também luta pela Terra (planeta). Sabem que a diversidade é a condição da unidade seja da vida em sentido estrito, seja da humanidade em suas diversas formas culturais. Afinal, a chuva que cai a barlavento explica a seca a sotavento. A leitura crítica que fizeram, em 1992, na Conferência das Nações Unidas de Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida como RIO 92, associando 1992 a 1492, ou seja, aos 500 anos do descobrimento/encobrimento, trouxeram à vista de todos que há uma história de longa duração atuando, atual, atualizada, e se vêem como parte de outro projeto civilizatório. Durante a Rio 92 denunciaram não somente o genocídio/etnocídio, mas o próprio fato de, depois de 500 anos de etnocídio, genocídio e devastação, todos os representantes do sistema de estados do sistema mundo capitalista moderno-colonial estarem se reunindo para debater a escassez de água, de vida (biodiversidade), a poluição do ar e a perda de solos (ecocídio?). Assim, politizam o debate sobre o desenvolvimento como limite diante da natureza. O aquecimento global é o olvido da natureza de um modo de produção, inclusive de um modo de produção de conhecimento. Eis aí a razão de ser das lutas pela reapropriação social da natureza (Leff), das lutas pelos territorios, pelos sentidos de estar na terra, enfim, por territorialidades. Os povos indígenas e os diferentes camponeses têm um papel estratégico ao protagonizar lutas em defesa da água, do ar, da terra e da vida. Assim como os últimos 30/40 anos foram os 30/40 anos mais devastadores da história humana, quando houve a maior onda de expropriação indígeno-camponesa que desruralizou e sub-urbanizou por toda parte, foi também nestes 30/40 anos que a humanidade tomou conhecimento de seu caráter planetário e que emergiram por todas as partes movimentos que lutam por territórios em sua diversidade (territorialidades) e, assim, põem na ordem do dia o direito à igualdade na diferença (Porto-Gonçalves, 2001) e questionam a forma geográfica 63 Carlos Walter Porto-Gonçalves de organização das relações de poder. É dessas experiências, desses diferentes lugares – topoi – que haveremnos do nos apoiar/nos inspirar. Afinal, a crítica ao capitalismo e ao estado, para o que já temos um legado teórico razoavelmente consistente, não é, todavia, suficiente para instituir novas formas societárias. Se não queremos repetir Platão é dessas experiências de lutas e do léxico teórico-político que daí emana que haverá de surgir inspiração. E elas já estão em curso... 60. Na América Latina, uma rica produção teórica nos legou uma fina análise sobre o caráter “abigarrado”72 de cada formação estatalterritorial (Zabaleta Mercado), implicando o “colonialismo interno” (Casanova, 1971) desde o início. Esse caráter de “colonialismo interno” não é um fenômeno típico dos países/regiões/povos da periferia do capitalismo, como se poderia pensar. Uma das inspirações de Pablo Gonzalez Casanova para a formulação do “colonialismo interno” foi o geógrafo e ativista occitano-francês Robert Lafont (1923-2009) em seu livro La Révolucion Regionaliste, de 1967 (Lafont, 1971[1967]) que analisa o colonialismo interno que constituiu a França. O fenômeno do colonialismo não se restringe somente à escala global do sistema mundo capitalista moderno-colonial, pois se faz presente também na constituição interna dos estados territoriais, como vimos. Foi necessária a denúncia à barbárie do holocausto contra os judeus para que fosse aberto, na ONU, um debate sobre o direito das minorias étnicas no interior dos estados territoriais, colonialmente chamados de nacionais. Os povos indígenas saberão explorar essa brecha teórico-política, sobretudo pós anos 1990, com o Convênio 169 da OIT que os considera dignos de serem consultados previamente sobre o que quer que seja em seus territórios. Eis uma das fontes do atual debate acerca da autonomia e da família de conceitos territórioterritorialidade-territorialização a que está associado.73 61. Assim, nos encontramos numa quadra histórica em que as duas vertentes filosóficas dominantes que emanam da tradição 72 O “abigarrado” se caracteriza por “la coexistencia sobrepuesta de varios modos de producción, de varios tiempos históricos y sistemas políticos que pueden ser resumidos como civilizaciones. En términos estatales, éste no es un tema simplemente cultural susceptible de ser resuelto mediante la construcción de un tipo de “democracia multicultural”, como sucede en muchas sociedades del mundo; es un tema de lógicas y técnicas organizativas de la política que atraviesa por igual a las identidades culturales (aymaras, mestizos, quechuas, etc)”, conforme resume Garcia Linera (2003) em seu artigo Democracia Liberal versus Democracia Comunitária publicado em El Juguete Rabioso, (79) mayo. La Paz, Bolívia. 73 Para isso é fundamental consultar a Primeira Declaração de Barbados: Pela Liberação do Indígena (1971) e o Primeiro Manifesto Tiahuanaco (1973). Ambos os documentos estão disponíveis na rede. 64 De Utopias e de topoi: espaço... iluminista –a liberal e a marxista– afirmam o Estado, muito embora ambas, em seus princípios, sinalizem para o seu fim. Há sutilezas com que cada uma dessas vertentes insinuem os caminhos rumo a uma sociedade com menos estado ou até mesmo sem estado, seja o “estado mínimo” liberal, seja a “ditadura do proletariado” ou “socialismo”, como etapa de transição rumo ao comunismo e, no entanto, se afirmem afirmando o Estado que criticam. E é justamente nessa encruzilhada que acreditamos que o espaço –a geograficidade do social (Porto-Gonçalves, 2006)– adquire relevância para a superação dos impasses em que nos encontramos. Para quem se coloca no campo do pensamento/ação anti-sistêmico, que é onde nos colocamos, o momento torna possível superar o velho debate entre anarquistas e comunistas, ainda que retomando muitas inspirações que daí emanam, mas o fazendo em novas bases nesse novo contexto de “caos sistêmico” e tomando em conta as experiências concretas do século XX. Talvez o fato dos revolucionários mexicanos de 1910 terem sacado uma foto na cadeira presidencial e se retirado para o campo, como se o Palacio não fosse o lugar do poder revolucionário74, reafirme o que Marx dissera sobre a Comuna de Paris e o que Wallerstein nos dissera sobre os limites da “estratégia dos dois passos”. 62. Alguns dos pilares do “padrão de poder capitalista modernocolonial75 euurocentrado” indicam essa crise (“caos sistêmico”), a saber: (1) a ascensão do movimento negro e indígena que põe em xeque o racismo; (2) a ascensão do movimento feminista que põe em xeque o patriarcalismo e, ainda, (3) a crise da racionalidade instrumental que subordina a natureza com todo o aparato do sistema técnico-científico que está implicada na desordem ecológica global. Em suma, desde os anos sessenta, dominar os negros e os indígenas, as mulheres e a natureza –condição de produção/reprodução da ordem-que-aí-está– não mais se faz sem que sejam publicamente questionados. Uma das ideias-chave do construto do mundo moderno (e colonial) passa a ser objeto de questionamento: o desenvolvimento. Mas a crítica não basta. Surgem narrativas próprias. Deste modo, se abre a porta para uma multiplicidade de novos e antigos conceitos e visões 74 Devo esssa lembrança ao amigo Armando Bartra. 75 Na perspectiva de Aníbal Quijano, o poder é entendido como uma malha, uma rede de relações de dominação, exploração e conflito articuladas em torno da disputa e controle sobre cinco dimensões básicas da existência social: o trabalho, a natureza, o sexo, a subjetividade e a autoridade. São, em sua inscrição concreta e histórica, experimentada e vivenciada nos diversos, heterogêneos, dispersos e descontínuos âmbitos da existência social que as relações de poder se realizam e desenham a permanência e durabilidade de uma determinada formação social. Agradeço a Pedro Quental essa nota de esclarecimento. 65 Carlos Walter Porto-Gonçalves de mundo: vida em plenitude, buen vivir, sumak kawsay ou sumaj qamaña, enfim, uma cultura da vida com nomes diferentes e variedades emergentes de povos indígenas em várias regiões da América do Sul; ubuntu, com sua ênfase na mutualidade humana (“Eu sou porque nós somos”) que nos vem da África do Sul; democracia radical ecológica ou swaraj, com foco na auto-confiança e auto-governo, na Índia; e decrescimento, a hipótese de que podemos viver melhor com menos e em comum, nos países ocidentais; os caracoles zapatistas e suas juntas de bom governo; o logko mapuche; o CRIC colombiano. O pressuposto de universalização de um projeto civilizatório de uma determinada província do mundo –a Europa– começa a ser abertamente questionado quando se começa a falar de “desordem ecológica” e que o modo de vida inglês não é generalizável, como denunciara Mahatma Ghandi, antes mesmo de conhecer a voracidade do american way of life. A diversidade e a natureza sugem como questões que se juntam às críticas do sistema mundo em seus pilares capitalista e territorialista. Uma transição de larga duração está em curso. 63. Para ilustrar a riqueza que já está em curso prestemos atenção ao que Álvaro Garcia Linera vislumbrara, no momento em que ainda se encontrava próximo dos movimentos emancipatórios, do potencial de novas institucionalidades advindas das “relações de produção” ou dos “modos de produção” das mobilizações, como no exemplo que segue. Agora, é certo que estas técnicas de democracia e cidadania comunitária regidas por outros parâmetros morais e políticos distintos aos liberais e efetivadas através de instituições não partidárias de tipo associativo e assembleístico tem uma existência preponderantemente local e regional. Sem embargo, distintos momentos da história mostram que estes sistemas podem articular-se em sistemas macro de democracia, abarcando milhares de comunidades, a numerosos grêmios e bairros, tanto no âmbito urbano como rural, assumindo a forma de exercício democrático em grande escala (federações sindicais provinciais, federações ou confederações de ayllus, bloqueios de caminhos, sublevações, participação eleitoral, etc.). Com um pouco de esforço, como aquele que dá o Estado aos partidos para que não desapareçam, estas práticas democráticas não liberais facilmente poderiam ter uma existência regular e à escala macroestatal. Na Bolívia, as identidades coletivas normativas por bairro, ayllu, comunidade, grêmio laboral precedem majoritariamente a qualquer manifestação de individualidade e são utilizadas cotidianamente para exercer controle social, para fazer demandas, para eleger representantes, para introduzir querelas igualitárias, para formar uma moral cívica de responsabilidade cidadã. Sem embargo, estas instituições de corte democrático que tem suas 66 De Utopias e de topoi: espaço... próprias técnicas de deliberação, de prestação de contas, de eleição de autoridades, de introdução de querelas, de formação de opinião pública, de dissensos e consensos, de igualação política entre seus membros, isto é, de exercer direitos democráticos em sua definição substancial, não são tomadas em consideração pelo Estado atual que, pelo contrário, faz sistemáticos esforços para disciplinar de maneira autoritária, seguindo os moldes demo-liberais, ao conjunto destas outras expressões de democratização social. Estas técnicas políticas diferenciadas, estes sistemas de autoridade indígeno-camponeses e urbano-plebeus formam parte da complexa trama multicivilizatória da realidade boliviana, visível também através de outras práticas sociais como as que emanam do entendimento e exercício da justiça do ayllu, nas técnicas escriturais andinas (têxtil e trançado), na predominância de repertórios textuais (a oralidade, a visualização, o conhecimento táctil, etc.), na gestão de recursos coletivos, na gestão de direitos familiares vinculados às responsabilidades políticas, etc” (Linera in Albó, 2008, p. 262). 64. Segundo ainda Sayer e Corrigan (2012), “o problema para o socialismo não é somente o conteúdo de classe do poder político, senão sua forma Estado. O que se necessita não é simplesmente a emancipação política, senão a emancipação da política, compreendida como um conjunto particularizado de atividades, ocasiões e instituições. Por isso, Marx exalta a Comuna como “uma revolução contra o Estado mesmo... um reassumir, por parte do povo e para o povo, sua própria vida social”. Não estamos dizendo que Marx se tornou anarquista na velhice ou que alguma vez pensara que o Estado podia simplesmente eliminarse por decreto. Ao contrário, insistia que seriam necessárias prolongadas lutas de classe, para as quais a forma da Comuna era o “meio racional”, para que o trabalho se liberte a si mesmo do “estrume dos anos” (p. 117)76, incluída a separação entre sociedade civil e estado. A ênfase que punha Marx no caráter prolongado77 e na complexidade da revolução socialista é um traço marcante em seus últimos textos. Mas jamais sustentou o ponto de vista de que um “Estado proletário” poderia ser “deixado de lado”.78 76 Writings on the Paris Comune, 1971, p. 15. A imagem “o estrume dos anos” é de Marx, In Marx e Engels, 1975. Collected Works, Londres, Moscou e N. Yorh, vol. 5, p. 53. 77 Marx estabelece um paralelo explícito nos rascunhos de A guerra Civil na França com as transformações da escravidão no feudalismo e do feudalismo no capitalismo. Marx, K. Writings on the Paris Comune, 1971, pp. 154-155. 78 “Desvanecer-se” é a formulação de Engels no Anti-Dühring, loc. cit. Ser “descartado” é a formulação de Lênin em sua conferência de 1919 sobre o Estado (Lênin, V. Collected Works 29, Moscou, 1965, pág. 488). 67 Carlos Walter Porto-Gonçalves 65. Temos, hoje, condições de avaliarmos essas teses não só em termos de projeto ou em termos teóricos, mas depois de experiências concretas e prolongadas de formas políticas revolucionárias. Nelas, o espírito da comuna, da confederação de comunas ou do soviet e de uma união de soviets, foi subsumido pela centralização, ainda que Marx e Engels, como vimos, tivessem feito autocrítica explícita ao que afirmaram sobre isso no Manifesto Comunista. A crítica ao localismo das comunidades, por exemplo, ampliou a escala, esbarrou na tese da impossibilidade do “socialismo num só país” em ampliando mais ainda a escala, se viu a expectativa de uma revolução mundial! Enfim, os limites do local foram ampliados para os limites do nacional e, deste modo, a revolução mundial não passa de uma quimera onde sempre é adiada a chegada da utopia. Há que ser nas comunas, nos lugares, com/contra os estados territoriais que haveremos de nos inspirar para inventar/consagrar outras relações entre lugares/comunas –outras configurações territoriais– a partir dos horizontes de sentido que nos são oferecidos no mundo mundano – nos topoi. BIBLIOGRAFIA Amin, S. (2003). O Capitalismo e a Nova Questão Agrária. Fórum do Terceiro Mundo, Senegal. http://resistir.info/samir/pobreza_ mundial.html Anderson, P. (1977). Linhagens do Estado Absolutista. Porto, Portugal: Afrontamento. Albó, X. (2008). Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Peru. La Paz. 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Dispersar el poder: los movimientos sociales como poderes antiestatales. Buenos Aires: Tinta Limón. 70 EL ANTROPOCENO COMO DIAGNÓSTICO Y PARADIGMA. LECTURAS GLOBALES DESDE EL SUR Maristella Svampa1 INTRODUCCIÓN El Antropoceno designa un nuevo tiempo en el cual el ser humano se ha convertido en una fuerza de transformación con alcance global y geológico. Para no pocos especialistas y científicos, entre ellos Paul Crutzen, creador del concepto, habríamos ingresado al Antropoceno hacia 1780, esto es, en la era industrial, con la invención de la máquina de vapor y el comienzo de la era de los combustibles fósiles. Para otros, como el historiador Jason Moore (2016), habría que indagar los orígenes del capitalismo y la expansión de las fronteras de la mercancía, en la larga Edad Media, para dar cuenta de la fase actual, que él denomina “Capitaloceno”. El Antropoceno es indudablemente un concepto-diagnóstico, que instala la idea de “umbral” crítico frente a problemáticas como el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad; un concepto que pone de manifiesto los límites de la naturaleza, y cuestiona las estrategias de desarrollo dominante así como el paradigma cultural de la modernidad. Por un lado, la inminencia de estar asistiendo a grandes cambios de origen antropogénico, a escala planetaria, que 1 Texto originalmente publicado en Utopía y praxis latinoamericana, Venezuela, marzo de 2019. Dossier especial sobre Antropoceno, visto desde el Sur, coordinado por Maristella Svampa y Francisco Longa. 71 Maristella Svampa ponen en peligro la vida en el planeta, se halla directamente ligada a la expansión de las fronteras del capital y los modelos de desarrollo dominantes, cuyo carácter insustentable y depredador ya no puede ocultarse. Por otro lado, la crisis abre a una revisión del paradigma antropocéntrico, en la relación sociedad/naturaleza, humano/no humano, que está en la base de la modernidad Occidental, lo cual tiene hondas repercusiones filosóficas y antropológicas. Ahora bien, las miradas sobre los alcances críticos del Antropoceno y, sobre todo, las propuestas acerca de cómo salir de la crisis socioecológica, están lejos de ser uniformes o de generar consensos. Mi propuesta en este artículo apunta a explorar diferentes vías. En un nivel general, se describen los factores generales del pasaje del Holoceno al Antropoceno así como se exploran las diferentes narrativas y sus consecuencias. En un nivel más específico, se propone pensar las consecuencias de dicho diagnóstico en clave geopolítica. Para ello, el texto conecta la idea de Antropoceno con la expansión de la frontera de los commodities en la periferia (neoextractivismo). Asimismo, se indaga sobre los enfoques relacionales en el vínculo Sociedad/Naturaleza, ligados a las luchas sociales y las alternativas civilizatorias. En esa línea, se ilustran las perspectivas indianistas así como la perspectiva ecofeminista (en términos generales) y los feminismos populares (en términos específicos) en América Latina. FACTORES DEL GIRO ANTROPOCÉNICO Los factores que justifican hablar del pasaje a una nueva edad, son numerosos. Un primer elemento alude al cambio climático, asociado al calentamiento global, producto del aumento de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. En la actualidad, en relación a 1750, la atmósfera contiene más de un 150% de gas metano y más del 45% de dióxido de carbono, producto de emisiones humanas. Consecuencia de ello es que desde mediados del siglo XX la temperatura aumentó 0,8°C, y los escenarios previstos por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) prevén un aumento de la temperatura que iría entre un 1,2 y 6°C de acá a finales del siglo XXI. Los científicos consideran que la barrera de más de 2°C es considerada un umbral de peligro, y el aumento de temperatura bien podría ser mayor si todo continúa como hasta ahora (business as usual). Los enfoques sistémicos y los avances científicos más recientes muestran que aún una débil variación en la temperatura media del globo terráqueo podría desencadenar cambios imprevisibles y desordenados. El informe The Carbon Majors (2017), una organización sin fines de lucro, consigna que si 72 El Antropoceno como diagnóstico y paradigma... los combustibles fósiles siguen siendo extraídos al ritmo actual durante los próximos 28 años, las temperaturas medias subirían cerca de 4 grados centígrados para el final del siglo. El segundo factor de alarma se refiere a la pérdida de biodiversidad, la destrucción del tejido de la vida y de los ecosistemas. Se trata de un proceso de carácter recursivo, ya que la pérdida de biodiversidad también es acelerada por el cambio climático. Basta subrayar que en los últimos decenios la tasa de extinción de las especies ha sido mil veces superior que la normal geológica. Por eso mismo se habla ya de la Sexta extinción (Kolbert, 2014), aunque a diferencia de las cinco anteriores, que se explicaban por factores exógenos (el enfriamiento global o para el caso de la extinción de los dinosaurios, la caída de un asteroide) la hipótesis de una “sexta extinción”, es de origen antrópico, lo cual coloca en el centro la responsabilidad de la acción humana y sus impactos sobre la vida del planeta. Hace ya varios años, en 2004, un grupo de científicos utilizó la relación especie-área para hacer un primer cálculo del riesgo de extinción en un contexto de cambio climático, utilizando dos escenarios extremos. Uno de mínima, si el calentamiento global se mantenía en umbrales bajos, estimaba que para el 2050 quedarían condenadas a la extinción entre el 22 y 31% de las especies; si el calentamiento global se disparaba a un máximo probable, el porcentaje subiría instalándose entre el 38 y el 52% (Bonneuil y Fressoz, 2013).2 Otros estudios indican porcentajes diferentes (mayores o menores), pero aún así los resultados son siempre alarmantes. Las especies amenazadas son muchas, desde el solitario oso polar, que podría desaparecer en unas décadas, si continúan reduciéndose las placas de hielo del océano Ártico; hasta las abejas, cuyas colonias están sufriendo un colapso debido tanto al uso de pesticidas como a la aparición de diversos virus y, por supuesto, al cambio climático. No solo los ecosistemas terrestres están amenazados. Así, la acidificación de los océanos es la otra cara del calentamiento global, producto de la concentración de dióxido de carbono, que cambia la química de las aguas y pone en riesgo la vida de los ecosistemas marinos. Desde el comienzo de la revolución industrial, el promedio de acidez aumentó un 30%, debido a la absorción de dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles. Se calcula que el mar ha venido absorbiendo unas 500 mil millones de toneladas de CO2, “lo que equivale en peso a 500 mil millones de Volkswagen Escarabajos arrojados al mar”, según Bonneuil y Fressoz (2013). 2 La mejor introducción y síntesis de debates sobre el Antropoceno puede encontrarse en Bonneuil y Fressoz (2013). 73 Maristella Svampa En un texto lleno de ironías y filosos comentarios, la filósofa y feminista estadounidense Donna Haraway, citando a la bióloga Anna Tsing, sostiene que el Holoceno fue un largo período en el cual todavía eran abundantes las áreas de refugio en las cuales los distintos organismos podían vivir en condiciones desfavorables, para luego volver, y desarrollar lentamente una estrategia de repoblamiento. Es cierto que las sucesivas extinciones terminaron con una parte importante de las especies, debido a factores exógenos (cambio climático y/o grandes catástrofes) pero la vida en la tierra siempre mostró una gran capacidad de resiliencia. Lo novedoso y también lo drástico que trae el Antropoceno es que conlleva la destrucción de espacios y tiempos de refugio para cualquier organismo, sean animales, plantas o seres humanos; no solo por la magnitud sino también por la velocidad del proceso. Todo indica que la aceleración de los cambios dificultaría también la posibilidad misma de adaptación. En consecuencia, el Antropoceno es menos una nueva edad que una “bisagra”, que nos obliga a reconocer que “lo que viene no será como lo que vino antes” (Haraway, 2016). Otro de los factores críticos se refiere a los cambios en los ciclos biogeoquímicos, fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Tal como sucedió con el ciclo del carbono, los ciclos del agua, del nitrógeno, del oxígeno, del fósforo, esenciales para la reproducción de la vida, pasaron a manos del hombre en los últimos dos siglos. El aumento desmedido de la actividad industrial, la deforestación, la contaminación de los suelos por acción de fertilizantes y del agua, están produciendo la alteración de estos ciclos vitales. Por ejemplo, la creciente demanda de energía conllevó una modificación del ciclo del agua, a través de la construcción de represas. “Hemos represado la mitad de los ríos del mundo, a la tasa sin precedentes de uno por hora, y en dimensiones también sin precedentes de más de 45 mil represas” (Castro Soto, 2009), en más de 140 países del mundo, de una altura de más de cuatro pisos. Esto trae como consecuencia el desplazamiento de millones de personas. Además de la afectación a los ecosistemas, la pérdida de bienes naturales y el patrimonio cultural que queda sumergido bajo agua para siempre, las represas han generado entre 40 y 80 millones de personas desplazadas en el mundo, aunque algunos destacan que esa cifra es conservadora y podría extenderse a 100 millones, de los cuales la mayoría es población indígena y campesina. Los dos países más poblados del mundo, China e India, tienen la mayor cantidad de personas desplazadas; en nuestra región, Brasil está a la cabeza del ranking, con más de 1 millón de personas desplazadas. A esto hay que agregar el crecimiento de la población mundial. Pasamos de 900 millones de habitantes en el año 1800, a casi 7 mil 74 El Antropoceno como diagnóstico y paradigma... quinientos millones de habitantes en 2018. La huella ecológica global de la humanidad hoy excede la capacidad de regeneración de los ecosistemas; se ha incrementado en un 50% entre 1970 y 1997. En la actualidad, consumimos una vez y media lo que el planeta puede proveer de manera sustentable. Esto significa que la tierra se tomará más de un año y medio en regenerar lo que hemos utilizado y los desechos producidos en un año, realidad que nos coloca ante un índice insostenible, que no hará más que empeorar, pues se espera que para el año 2050 la población mundial habrá crecido hasta los 10 mil millones de habitantes, la mayor parte en los países emergentes o en vías de desarrollo. De persistir el actual sistema de consumo, se calcula que para el 2030 necesitaríamos el equivalente a dos planetas tierra, para mantener a la humanidad. Otro de los factores de alarma alude a los cambios en el modelo de consumo, fundado en el esquema de obsolescencia precoz y programada, que limita la vida útil de los productos, obligando a las personas a renovar el mismo una y otra vez, en función de la maximización de los beneficios del capital. Una práctica insostenible en términos socioambientales, iniciada tempranamente por empresas fabricantes de automóviles, exacerbada desde la década de 1960 por el sector industrial, que incluye desde los electrodomésticos, las computadoras, los teléfonos celulares hasta la industria textil. A su vez, este proceso se inscribe en un movimiento mucho más extenso vinculado con las mutaciones del modelo alimentario, acontecido en las últimas décadas. Hemos asistido a un notorio giro hacia un modelo alimentario de gran escala, con enormes impactos sobre nuestra salud, sobre la vida de animales, plantas y campos, promovidos por políticas de Estado, lógicas de marketing y poderosos lobbies empresariales que se concretan a espaldas de la sociedad. Se trata de un modelo construido por las grandes firmas agroalimentarias del planeta, que se acompaña de una degradación de todos los ecosistemas: expansión de monocultivos –como la soja y la palma africana– que conllevan la aniquilación de la biodiversidad, tendencia a la sobrepesca, contaminación por fertilizantes y pesticidas, el desmonte y deforestación; acaparamiento de tierras. Todas estas formas de producción y de degradación de los ecosistemas son responsables del incremento de la emisión de gases de efecto invernadero, no solo durante el proceso de producción sino también en el transporte de los bienes. EL ANTROPOCENO COMO CAMPO DE DISPUTA El concepto Antropoceno estaría llamado a tener una gran fortuna. Pronto fue expandiéndose no solo en el campo de las llamadas ciencias de la tierra sino también en las ciencias sociales y humanas, incluso en el campo artístico, razón por la cual devino un punto de 75 Maristella Svampa convergencia de geólogos, ecólogos, climatólogos, historiadores, filósofos, artistas y críticos de arte, entre otros. Para un sector importante de científicos, entre ellos Paul Crutzen, el ingreso a una nueva era se habría operado a partir de la Revolución Industrial, es decir, con la invención de la máquina a vapor y el comienzo de la explotación de los combustibles fósiles, primero el carbón, luego el petróleo. A esta primera fase le seguiría una segunda fase llamada “La Gran aceleración” (2007), iniciada luego de 1945, e ilustrada por una gran cantidad de indicadores de la actividad humana que van desde la mayor petrolización de las sociedades, la concentración atmosférica del carbono y del metano, hasta el aumento de represas, pasando por los cambios en el ciclo del nitrógeno, del fósforo y la drástica pérdida de biodiversidad. Todos estos indicadores dan cuenta de un impulso exponencial de impactos de origen antrópico sobre el planeta desde 1950 en adelante. Para otros, como el Anthropocene Working Group, compuesto por un grupo de científicos de la Universidad de Leicester, del Servicio Geológico Británico, bajo la dirección de Jan Zalaslewicz, el planeta ha ingresado a una nueva era geológica, el Antropoceno, más tardíamente. Tras siete años de trabajos, a fines de 2016, el grupo de geólogos realizó pruebas estratigráficas que mostraron la presencia de aluminio, hormigón, plástico, restos de pruebas nucleares, el aumento del dióxido de carbono, la lluvia radioactiva, entre otras huellas en los sedimentos. En consecuencia, dicho grupo votó la tesis de que el Antropoceno habría comenzado en 1950, con los residuos radiactivos de las bombas atómicas, pues la marca que determina ese cambio son los residuos radiactivos del plutonio, tras los numerosos ensayos con bombas atómicas realizados a mediados del siglo XX.3 Más allá de la periodización y los factores que explican el ingreso a una nueva edad, surgen varios interrogantes, entre ellos, ¿cómo caracterizar la naturaleza de los cambios introducidos por la humanidad? ¿Estos son de orden antrópico/antropogénico, o bien estas huellas que marcan el ingreso a una nueva era deben considerarse de carácter “sociogénico”? ¿Cuál es la relación existente entre Capitalismo y Antropoceno? ¿Es el Antropoceno un discurso tanático, esto es, un discurso sobre la muerte y el fin del mundo? Indagar sobre alguno de estos tópicos exige que nos sumerjamos, aunque sea brevemente, en las diferentes narrativas del Antropoceno. Una primera narrativa sobre el Antropoceno enfatiza la acción de la especie humana como agente universal. Esta visión subraya que la crítica del capitalismo no es suficiente para entender la crisis actual, 3 76 https://theanthropocene.org/topics/anthropocene-working-group/ El Antropoceno como diagnóstico y paradigma... marcada por el cambio climático, entre otras cosas, y bien podría perdurar una vez que el capitalismo desaparezca o, en su defecto sufra, mutaciones importantes. En esta línea, el historiador hindú Dipesh Chacrabarty plantea una dislocación de temporalidades, a partir de la desconexión entre la escala humana y la no humana, visibles en las diferencias entre la narrativa de los paleoclimatólogos respecto de aquella otra con la cual nos representamos la historia de nuestras sociedades. Sin embargo, la aceleración de los cambios hace que nuestra historia sociocultural se convierta en historia biogeofísica. Por ende, el Antropoceno presenta dilemas insolubles que no pueden comprenderse si no retomamos la historia del planeta y de la vida en este; “un terreno en que especialistas de las ciencias duras y aquellos de las ciencias humanas deberían reencontrarse”, sostiene Chacrabarty (2014, p. 146). Chakrabarty considera que las categorías críticas disponibles, entre ellas las que ofrece el marxismo, son insuficientes para comprender el Antropoceno. Esto no quiere decir que no haya una relación entre capitalismo y cambio climático, pero ambos conocen temporalidades diferentes. En esa línea, propone menos una narrativa única para comprender el Antropoceno que un pensamiento complejo que piensa las “fallas” en tres escalas. La primera refiere a nuestro conocimiento de la incertidumbre radical que introduce el cambio climático y nos coloca frente a consecuencias de orden catastrófico, a fenómenos marcados por la no linealidad, de carácter irreversible en sus consecuencias, que dificultan cualquier proyección a escala humana. Así, mientras la historia del clima se instala en una lógica de la larga duración, nuestras estrategias de gestión de riesgos proceden de cálculos a corto término de los costos y sus probabilidades. La crisis climática nos obliga a pasar y pensar las dos escalas en su conjunto. La segunda falla remite a aquellas cuestiones asociadas a los diferentes planos de la justicia: social, intergeneracional, entre países pobres y países ricos. Contra aquellos que asocian exclusivamente Antropoceno y Capitalismo, Chakrabarty propone el ejercicio de pensar en términos contrafácticos: si suponemos un escenario en el cual todos los países se hallaran en situación de prosperidad socialista, el mundo sería sin duda más igualitario y justo, pero nuestra huella ecológica sería aún mayor. Esto quiere decir que la crisis climática no es el resultado de las desigualdades económicas; la reducción del cambio climático a la crisis del capitalismo enmascara aquello que los climatólogos subrayan, esto es, el hecho de que nuestra capacidad de actuar como especie o fuerza geofísica es más larga que el propio capitalismo. La tercera falla que identifica Chakrabarty está referida a la preeminencia de las narrativas emancipatorias antropocéntricas, centradas en el bienestar material, lo que, desde América Latina, identificaríamos como la narrativa modernizadora-desarrollista. En esa 77 Maristella Svampa línea, lejos de plantear un paradigma relacional que supere la visión dualista, el autor hindú solo postula la necesidad de pasar de un “antropocentrismo a secas” a un “antropocentrismo ilustrado”, con mayor conciencia de nuestra delicada relación con la naturaleza y sus efectos irreversibles (2014, pp. 133-141). Una segunda narrativa que retoma el concepto genérico de “Humanidad”, sostiene que el Antropoceno implica el pasaje de agente a fuerza geológica global, pero lo despoja de su contenido crítico. Ciertamente, el giro antropocénico nos enfrenta a una crisis socioecológica sin precedentes; gran parte de los científicos acuerdan en ello pero, al mismo tiempo, dichas transformaciones son la prueba del poder de la especie humana. Más simple, pese a la crisis –o gracias a ella–, estaríamos asistiendo al momento de la consagración, de epifanía, pues la determinación del clima ya no dependería de la naturaleza sino de nosotros, los seres humanos. El Antropoceno deviene así una gigantesca, mayúscula y nueva aventura humana, incluso post-humana. Ya no hay una Naturaleza pura, prístina, incontaminada, no modificada por la acción humana. Todo lo hemos transformado, humanizado, hasta lo no-humano. Incluso nosotros, los seres humanos somos algo más que eso, seres híbridos, suerte de “cyborgs” –como dice el título de un libro de Dona Haraway (1990)– formados también por elementos/dispositivos no humanos. Todo queda subsumido en lo humano o más bien en su superación, lo poshumano. El extremo de esta perspectiva celebratoria, la transfiguración gloriosa de la especie humana, a través de una condición post-humana, anuncia “un nuevo reino del hombre”. Desde esta perspectiva, paradójicamente, el Antropoceno abre a un mayor empoderamiento del ser humano y de su superación “por arriba”. Por ejemplo, el “singularismo post-humano” remite a la idea de que la robótica y la inteligencia artificial superarán al ser humano, que será reemplazado así por máquinas autónomas, por cyborgs perfeccionados, vaya a saber, por una inteligencia global que encuentra en las redes creadas por Google una suerte de prefiguración. Como escribe el sueco Nick Bostrom, experto en inteligencia artificial, profesor en Oxford, en un tono triunfante, de resonancias comteanas: “Llegará el día en que se nos ofrecerá la posibilidad de aumentar nuestras capacidades intelectuales, físicas, emocionales y espirituales mas allá de lo que aparece como posible en nuestros días. Saldremos entonces de la infancia de la humanidad para entrar hacia una era post-humana”.4 4 78 Citado en Ferry (2016). Véase también Neyrat (2017). El Antropoceno como diagnóstico y paradigma... Aunque esta segunda narrativa del Antropoceno comparte con la primera ya reseñada la idea de que la crisis actual se debe a que la especie humana se convirtió en una fuerza de alcance geológico global, resulta contrastante en cuanto a sus consecuencias, en la medida en que se aleja de un planteo crítico, pues si el ser humano pudo cambiar el clima, es en definitiva porque cuenta con el poder para controlar y dominar su entorno. Desde esta perspectiva, hay que sacar provecho de esta fuerza telúrica, para corregir, reparar, incluso “reformatear” el planeta. Los daños producidos por la tecnología podrán corregirse mediante el desarrollo de más tecnología, aún si la crisis exige una intervención de alto riesgo y urgencia; aún si esta intervención vendría a realizarse no tanto en nombre del progreso sino de la supervivencia del planeta y por ende, de la especie humana. La geoingeniería aparece asociada a esta mirada.5 En su versión celebratoria y hasta delirante, con un optimismo cientificista a toda prueba, este nuevo relato sobre el poder telúrico del ser humano plantea la superación de la separación entre lo humano y lo no humano, a través de la recombinación entre uno y otro, en realidad de la absorción de lo no humano por lo humano; a saber lo post-humano. Paradójicamente, esta visión celebratoria tiene puntos en común con una versión de izquierda, asociado a los “aceleracionistas”, quienes proponen empujar el capitalismo hasta sus límites, para liberar las fuerzas y orientarlas hacia lo común, de la mano de la biotécnica y la inteligencia artificial, entre otros. No se trataría, entonces, de cuestionar la expansión de las fuerzas productivas sino de acelerarlas y hacer otro uso de ellas, en una transición al poscapitalismo.6 Hay una tercera narrativa, que nos sitúa en el campo del ecomarxismo. A diferencia de las dos primeras, esta lectura cuestiona el término mismo de Antropoceno, pues lo considera demasiado abstracto y genérico, al englobar a la humanidad sin distinción y desdibujar el rol de los conflictos vinculados a la dinámica del capital. En esta línea, el historiador marxista Jason Moore propone reemplazar el término de Antropoceno por el de “Capitaloceno”, al tiempo que plantea otra periodización, que va más atrás de la Revolución Industrial, 5 En un escenario en el cual ninguna potencia quiere dar el primer paso de cara a la cada vez más escasa credibilidad que despiertan los acuerdos globales para controlar las emisiones de CO2, el capitalismo prepara su Plan B para reciclar el proyecto de la modernidad capitalista, sin tener que salir del capitalismo. Ese Plan B se llama geoingeniería y está basado en el principio de que es posible superar los riesgos del calentamiento global, a partir de intervención deliberada sobre el clima a escala global. Para el tema, puede véase Hamilton (2013; 2016). Véase también Svampa (2018a). 6 Sobre el aceleracionismo, véase la compilación de Avanessian y Reis Mauro (2017). 79 Maristella Svampa entroncándola con una mirada de larga duración sobre los procesos capitalistas. Así, nos dice que “en sentido amplio va más allá de la máquina de vapor y entiende que el primer paso en esta industrialización radical del mundo empezó con la transformación del medio ambiente global en una fuerza de producción para crear algo a lo que llamamos la economía moderna y que es mucho más grande de lo que puede contener el término economía” (Moore, 2017). Históricamente el marxismo ha tenido grandes dificultades para incorporar la problemática ambiental. Así, la cuestión del metabolismo social del capital atraviesa solo de modo marginal algunos escritos de Marx.7 En la década de 1970, autores marxistas como Henry Lefrèvre, subrayaban la necesidad de ampliar las lecturas: para ello invocaba una dialéctica del capital, del trabajo y del suelo, no solamente referida a los poderes de la Naturaleza, sino de los agentes asociados a ella, incluidos el Estado, que ejerce soberanía sobre un territorio nacional. Sin embargo, el marxismo, hijo de la modernidad en su concepción de la Naturaleza, también lo es en su visión del Desarrollo, tan asociado a la expansión infinita de las fuerzas productivas. Recordemos que históricamente, la perspectiva ecológica aparece explícitamente en trabajos de representantes del marxismo crítico, entre las década de 1980 y 1990, con James O`Connor (2001) y John Bellamy Foster (2014), entre los más importantes, quienes señalan los costos de los elementos naturales que interviene en el capital constante y variable; la renta de la tierra y las externalidades negativas de todas clase. Es lo que O`Connor denomina como “la segunda contradicción del capitalismo” (Capital versus Naturaleza), especificando que esta no presenta un término único, como la tasa de explotación lo tiene en la llamada “primera contradicción” (Capital versus Trabajo), sino múltiple. En esa línea, se destacan la apropiación y uso autodestructivo por parte del capital de la fuerza de trabajo, la infraestructura, el espacio urbano, la naturaleza o el ambiente. Una lectura complementaria que tuvo una gran difusión en América Latina es la que coloca en el centro el proceso de acumulación primitiva del capital, analizada por Marx en El Capital, esto es, la dinámica de expropiación y despojo al campesinado, a través del cercamiento de tierras en el siglo XVIII, que arroja a estos como proletarios al mercado de trabajo. Este análisis reconoce antecedentes en la obra de Rosa Luxemburgo, quien señala el carácter continuo de 7 Existen numerosos trabajos que indagan la concepción de la Naturaleza en Marx. El texto clásico es el de Alfred Schmidt (1976), Para una lectura en clave latinoamericana, véase Machado (2016). Para el tema de la fractura metabólica en J. Bellamy Foster, véase Sacher (2015). 80 El Antropoceno como diagnóstico y paradigma... la acumulación originaria primitiva, y fue retomada por el geógrafo marxista David Harvey (2004), para señalar la centralidad de la dinámica de desposesión en la época neoliberal actual, que avanza sobre bienes, personas y territorios. Sin embargo, fue Jason Moore (2013 y 2016) quien se involucró de modo militante en la discusión sobre el Antropoceno, proponiendo enmarcar el proceso en la larga duración, asociando con el régimen ecológico al capitalismo temprano y la lógica que este introduce. Moore destaca como clave la expansión de la frontera de mercancías la cual “se refiere a espacios de mínima mercantilización/máxima apropiación y las contradicciones que se derivan de las presiones recurrentes emitidas” (2013, vol. 1, p. 18). En esta línea, considera que el desarrollo del capitalismo entre 1450 y 1750 marcó el patrón para todo lo que vino después, en la medida en que el desplazamiento de las mercancías impulsó el desplazamiento de las poblaciones y no a la inversa. Los ciclos del capital, marcados por la expansión de la frontera de mercancías, fueron generando un modelo histórico-geográfico basado en la apropiación rápida y la expansión y diversificación geográfica, una vez agotado el recurso. “¿Se agota la tierra? Nos movemos a la frontera. Este fue el lema mostrado en el escudo de armas del capitalismo temprano” (2013, vol. II, p. 27). De modo que la crisis actual debe leerse como un proceso de larga duración en el cual van tomando forma nuevas maneras de ordenar la relación entre los humanos y el resto de la naturaleza. Moore conecta dialécticamente modo de producción y modo de extracción (capitalización y apropiación), mediante la cual el capitalismo se adueña –y después agota rápidamente– fuentes regionales, de tal forma que termina forzando una expansión geográfica renovada. La cuarta lectura coloca en el centro de manera explícita al derrumbe de la distinción moderna entre el orden cosmológico y el orden antropológico. Este abordaje aparece asociado a los antropólogos brasileños, Deborath Danowsky y Eduardo Viveiros de Castro (2014), entre otros. Lejos de cualquier tono celebratorio, propone otra vía de entrada para leer el Antropoceno a través de las diferentes narrativas apocalípticas, mostrando su conexión con matrices míticas, acerca del fin del mundo. Para ello indaga no solo el imaginario occidental, a través del cine, la ciencia ficción, el pensamiento especulativo, sino también el de los pueblos indígenas, que conciben el fin del mundo desde una visión menos dualista y más relacional. Así, para los autores, es necesario pensar el Antropoceno como una narrativa del fin del mundo. Si la posibilidad del fin cobra un sentido empírico como nunca antes, si el Antropoceno instala la idea de que puede haber otra era geológica, incluso después de la 81 Maristella Svampa desaparición de la humanidad en la tierra, esto produce también una suerte de terror metafísico mayor. El discurso del fin del mundo instala una ruptura; los datos científicos son más que elocuentes y revelan que el mundo está cambiando de manera acelerada, no precisamente para bien del ser humano; y sucede que no tenemos la menor idea de cómo reaccionar; más aún, el discurso del fin resulta paralizante. Las narrativas del fin del mundo son amplias, se extienden desde el campo de la filosofía al arte, del cine a la literatura. De modo sugerente, los autores citados nos llevan a recorrer así desde filmes apocalípticos como Melancolía, de Lars Von Trier; posapocalípticos como The Road (La carretera) basada en la novela de Cormac McCarthy, hasta la posición filotecnológica de los Singularistas y los Aceleracionistas, entre muchos otros. El recorrido permite vislumbrar diferentes versiones mito-cosmológicas: el mundo antes de nosotros, el mundo después de nosotros, el mundo sin nosotros, el mundo post-humano... EL ANTROPOCENO EN CLAVE LATINOAMERICANA. TRES COMENTARIOS SOBRE UNA DISCUSIÓN ABIERTA Si releemos lo sintetizado hasta aquí sobre las diferentes narrativas del Antropoceno, y a excepción de lºa perspectiva celebratoria, podría afirmarse que cada una de ellas es capaz de generar cierta empatía teórica y epistémica, en la medida en que ilumina aspectos importantes de la crisis actual, postulan la necesidad de conectar el orden cosmológico con el orden humano; de vincular la historia de las ciencias de la tierra con la historia económica y sociocultural. No sucede lo mismo con la lectura celebratoria, pues exacerba la apuesta, apuntan a una falsa solución, sin cuestionar la base del problema; antes bien propone una salida capitalista de la crisis socioecológica, sin cuestionar las graves consecuencias aparejadas por la Modernidad a través del dominio y control de la Naturaleza, el desarrollo de la tecnología, al compás de la expansión del capital y la profundización de las desigualdades sociales y ambientales. Por otro lado, cabe bien preguntarse a qué nos referimos cuando hablamos de “anthropos”. ¿Podemos hablar de la especie humana en términos genéricos y monolíticos, arrojando por la borda las responsabilidades históricas que aluden al rol de las clases sociales y las naciones imperialistas? Si efectivamente creemos que el Antropoceno exige pensar un nuevo paradigma civilizatorio, ¿es posible desconectar el pensamiento crítico que este genera como diagnóstico, de una historia social de la humanidad? ¿Debemos entonces deshacernos del término Antropoceno, por considerarlo demasiado genérico, o quizá no suficientemente radical, para hablar sin más de Capitaloceno? 82 El Antropoceno como diagnóstico y paradigma... En América Latina el debate ha buscado ahondar las diferencias entre Antropoceno y Capitaloceno. Una de las primeras en abordar en profundidad la temática fue la antropóloga colombiana Astrid Ulloa (2017), quien advierte la distancia entre las narrativas más globales, ligadas al cambio climático, en clave de Antropoceno; y las narrativas críticas latinoamericanas, vinculadas a la conflictividad ambiental, sobre las dinámicas del neoextractivismo. En ese mismo texto, Ulloa señala críticamente cuatro fallas que hacen del Antropoceno una narrativa global, a expensas de aquellos procesos locales que se viven en el sur o en las periferias: entre ellos, la geopolítica del conocimiento, la diferenciación territorial, el desplazamiento de los extractivismos y la falta de reconocimientos de otras ontologías y epistemologías. Sin dudas, uno de los méritos de este artículo es el de subrayar la pluridimensionalidad de fenómenos/escenarios y situaciones que son minimizados –o no abordados– a partir de los·“efectos del giro antropocénico” como narrativa global. “ La pertinencia del término Antropoceno para designar la actual crisis ambiental ha sido cuestionada por varios colegas latinoamericanos, quienes optan por retomar la noción de “Capitaloceno”. En un texto caracterizado por una interesante reflexión teórica e histórica, Horacio Machado Araoz (2016) hace suya la lectura de Jason Moore para plantear una lectura (eco)marxista (que retoma la noción de Marx acerca de la naturaleza), y sus consecuencias ecológicas, biológicas y políticas, aunque no discute la noción de Antropoceno. Para ello, propone seguir el hilo que se teje entre la producción capitalista de la Naturaleza y la historia de América para explicar de este modo los orígenes del Capitaloceno. En un texto breve, Alberto Acosta (2018) también opta por la noción de Capitaloceno, en clave geopolítica y antipatriarcal, descartando la noción de Antropoceno por considerarla “una verdad muy incompleta pues oculta el nombre de la raíz de esta situación: el capitalismo, la civilización de la desigualdad, que se nutre de sofocar la vida”. Por último, Germán Palacio, Alberto Vargas y Elizabeth Hennesy (2018), sin proponerse hablar de Capitaloceno, reflexionan sobre la narrativa del Antropoceno, las escalas y los tiempos, pero consideran que el concepto “captura a los humanos como una especie global, (pero) no captura la forma específica y diferenciada sobre cómo esos humanos viven, se organizan, distribuyen alrededor del mundo en el pasado y en el presente y la forma, en escalas diferentes, locales, regionales, nacionales y mundiales, como han cambiado la Tierra/Mundo” (p. 284). Dicho esto –lo cual no deja de ser una reseña incompleta–, mis comentarios en este apartado van en tres direcciones. Un primer comentario subraya el riesgo de desembocar en la falsa antinomia o el 83 Maristella Svampa falso debate Antropoceno versus Capitaloceno. Más allá de lo tentador que puede ser apropiarse de la noción de Capitaloceno, para dar cuenta de los procesos locales/globales ligados a la dinámica del capital, dicha opción implica desconocer que el concepto mismo de Antropoceno se inserta en un campo de disputa, atravesado por diferentes narrativas, no todas convergentes, no solo respecto del comienzo de la nueva edad sino también en relación a las salidas posibles de la crisis sistémica. En tanto concepto en disputa, por un lado, hay quienes realizan una lectura pluridimensional (que abarca el orden geológico y social, los planos global y local, entre otros), desde una óptica crítica y antistémica. De un modo paradigmático, este es el caso de gran parte de la densa bibliografía francesa sobre el tema, muy particularmente a través de la colección publicada por la editorial Seuil, bajo la dirección de Christophe Bonneuil, que ha abierto un espacio para la discusión pública y la reflexión académica, que cuestiona la lógica del capitalismo y sus dinámicas de desarrollo, postulando otro horizonte civilizatorio. Hay quienes tienden a realizar una lectura unilateral (la clave geológica) o genérica (la clave global), o incluso aquellos que apuestan decididamente a la hipótesis tecnocrática, y apoyan la idea de que la humanidad sorteará la crisis ambiental a través de las nanotecnologías y la aplicación de la geoingeniería, sin poner en riesgo el capitalismo. El reconocimiento de que existen diferentes posicionamientos o contrastes interpretativos no implica empero el abandono de la noción-síntesis de Antropoceno; más bien, lleva a considerar a esta como un campo abigarrado, del cual emergen narrativas diversas, a veces contrapuestas, y muy especialmente, propuestas de salidas diferentes a la crisis. Además, uno de los problemas de la noción de Capitaloceno es que, lejos de tender puentes, genera rechazos, muchas veces acríticos o dogmáticos (por ejemplo, de parte de aquellos que recusan cualquier conexión de la crisis, en términos de largo plazo, con la lectura marxista), así como también conlleva reacciones opuestas (por ejemplo, la tendencia al encapsulamiento en una determinada tradición, como el marxismo). Asimismo, pese a la densidad del campo en disputa y de sus tensiones evidentes, el Antropoceno como diagnóstico abre puertas, tiende vínculos, nos desafía a entablar una conversación, a pensar la problemática socioecológica desde un lugar más amplio en términos de contextos disciplinarios, incluso de tradiciones teóricas, entre las ciencias de la tierra y las ciencias humanas y sociales. Mi segundo comentario apunta a profundizar lo primero, esto es, a subrayar la riqueza y pluridimensionalidad del concepto de Antropoceno. Recordemos que una de las objeciones más importantes es la de su carácter genérico, que lo instala en el plano más global de “la especie humana”, “las causas antrópicas”, desdibujando así 84 El Antropoceno como diagnóstico y paradigma... deliberadamente el rol de la dialéctica de las desigualdades propiciada por el devenir-mundo capitalista. Sin embargo, afirmar que la crisis ambiental es de origen antrópico no significa denegar su origen social ni tampoco minimizar una lectura en términos de desigualdades; de modelos de desarrollo y lógicas neocoloniales. No se trata de priorizar la historia de la vida del planeta y el calentamiento global, relativizando en contrapartida el rol que juegan las otras escalas, ligadas a la lógica del capital. Si es cierto que el giro antropocénico ilumina de modo dramático el acoplamiento entre el orden natural y el orden social, como afirman los antropólogos Eduardos Viveiros de Castro y Philippe Descola, sin dudas el gran desafío es pensar esa interconexión. Por ejemplo, para Chacrabarti, el Antropoceno nos involucra no solo como sujetos, en el marco del capitalismo y su estructura de desigualdades sociales y ambientales, sino también como especie biológica, caracterizada por la búsqueda del mejoramiento de la vida. Dicho de otro modo, pensar a la humanidad en tanto tal, en términos históricos, a lo largo de varias generaciones, supone poner el acento en una especie, como otras, que hace uso de su inteligencia (Chacrabarty, p. 2017), en la búsqueda de logros que apunten al mejoramiento de las condiciones de vida y su multiplicación, lo cual conlleva un aumento de la esperanza de vida, incluso para los más pobres, además de un fuerte impacto en términos de aumento de la población. Ahora bien, una vez reconocido esto, pensar al Antropoceno desde la noción de especie humana, como fuerza telúrica, es condición necesaria aunque no suficiente. Para complementar esta visión, es preciso estimular el alcance crítico y desacralizador del concepto; pensar el giro antropocénico también en clave de expansión de la mercantilización y frontera, lo cual nos obliga a volver sobre la crítica al capitalismo y la cuestión de sus escalas. En esa línea, hay que reconocer el peso que tiene en la crisis actual la geopolítica del Antropoceno, y sus inequívocas raíces históricas. Así, aunque todos somos responsables del desastre ecológico, hay algunos más responsables que otros. Volviendo al informe de The Carbon Majors (2017), este encontró que más de la mitad de las emisiones industriales mundiales desde 1988 corresponden a 25 empresas y entidades estatales. Grandes empresas petroleras como ExxonMobil, Shell, BP y Chevron están entre ellas. Asimismo, mientras finalizábamos este artículo, a fines de noviembre de 2018, se desarrollaba en la ciudad de Buenos Aires la cumbre del G-20. En esos días también se difundía un informe que advierte que el 76% de las emisiones globales de dióxido de carbono es generado por dichos países. Encabezan el ranking de contaminación China (29,36%), Estados Unidos (14,27%), Unión Europea (9,57%), India (6,77%), Rusia (4,85%) y Japón (3,45%). América Latina, con Brasil 85 Maristella Svampa a la cabeza (1,54%), parece estar muy lejos de las escalofriantes cifras de las grandes potencias en la emisión de gases de efecto invernadero.8 Los elevados costos ambientales que desde inicios de la Modernidad pagaron y continúan pagando los pueblos del Sur ponen de manifiesto patrones de injusticia ambiental, reflejan profundas desigualdades, no solo entre el Norte y del Sur, sino también al interior de las sociedades, tanto desde el punto de vista social, etario, étnico y de género. La deuda ecológica resulta imposible de cuantificar. Más aún, toda idea de compensación económica resulta insuficiente ante el escenario de devastación ambiental que señala a las periferias globalizadas como fronteras de los commodities baratos y zonas de sacrificio. Al calor de la globalización neoliberal y la crisis ecológica, la división internacional del trabajo se ha exacerbado, a través de la expansión de modelos de desarrollo que amplían la situación de injusticia ambiental, multiplican las zonas de sacrificio y contribuyen a agravar la crisis socioecológica a nivel local, regional y mundial. No es casual que la literatura crítica de América Latina considere que en clave local y territorial estos procesos globales consolidan un neoextractivismo desarrollista, de carácter depredador y dependiente. Un tercer comentario apunta al discurso cada vez más marquetinero que en nuestras latitudes adquiere la problemática del cambio climático, asociada al Antropoceno. Es sabido que las causas de la emergencia socioambiental son de carácter complejo y pluridimensional, pero están lejos de aparecer como una “tragedia inevitable”. Así, el riesgo es que aquel pueda ser reducido a una excusa y una abstracción. De hecho, resulta muy común que la narrativa acerca del cambio climático aparezca en los discursos gubernamentales en los diferentes países latinoamericanos (sequias, eventos extremos, temperaturas extremas), sin que estos sean vinculados con procesos locales/ territoriales o asociados a las dinámicas extractivistas. En realidad, como ya hemos dicho (Svampa y Viale, 2017), el cambio climático es lo menos “natural” que existe, pues es de origen antrópico y nos recuerda que en la era del Antropoceno, el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica de alcance global. Pero el reconocimiento del carácter global del cambio climático no diluye ni tampoco atenúa la responsabilidad de los funcionarios y políticos, sino todo lo contrario, la acentúa y la pone en valor, a la hora de tomar decisiones acerca de las políticas públicas territoriales o de gestar programas de control y prevención ante los impactos que estas políticas han generado. Dicho 8 https://www.pagina12.com.ar/158602-los-duenos-del-cambio-climatico?fbclid=I wAR2eQOepKx1ndoSknQAvBInTE3VAVTrfvaebaYyy0QnqOZwCd1dbMCkpQrs 86 El Antropoceno como diagnóstico y paradigma... de otro modo, los incendios, inundaciones, sequías y demás eventos extremos a los que asistimos no son parte de una “profecía apocalíptica”, sino de un fenómeno extendido en el planeta, que las políticas de gobierno potencian a través de medidas en favor de los extractivismos reinantes, esto es, del agronegocio, la megaminería, la fractura hidráulica (fracking) y los megaemprendimientos inmobiliarios, entre otros. Más allá de sus diferencias internas, dichos modelos presentan una lógica común; gran escala, ocupación intensiva del territorio, amplificación de impactos ambientales y sociosanitarios, preeminencia de grandes actores corporativos y democracia de baja intensidad.9 En suma, existen dos factores mayores, íntimamente ligados, que explican la magnitud de estos eventos: uno es de carácter global, el cambio climático, que profundiza y multiplica los fenómenos climáticos extremos; otra es de carácter regional/nacional, vinculada a la expansión de la dinámica neoextractivista, bajo la forma de diferentes modelos de desarrollo, incompatible con los ciclos de la Naturaleza. El Antropoceno como paradigma hipercrítico exige repensar la crisis desde un punto de vista sistémico. La problemática ambiental no puede reducirse a una columna más en los gastos de contabilidad de una empresa (Bonneuil y Fressoz, 2013), en nombre de la responsabilidad social corporativa, ni tampoco a una política de modernización ecológica o la economía verde, lo cual grosso modo apunta a la continuidad del capitalismo a través de la confluencia entre lógica de mercado y defensa de nuevas tecnologías proclamadas como ‘limpias’. Tampoco la actual crisis socioecológica puede verse como ‘un aspecto’ o ‘una dimensión más’ de la agenda pública o inclusive como una expresión más de las luchas sociales. Esta debe pensarse desde una perspectiva transdisciplinaria, desde un discurso holístico e integral que comprenda la crisis socioecológica en términos de crisis civilizatoria y de apertura a un horizonte poscapitalista. En suma, la crítica al Neoextractivismo y al Desarrollo que se ha pergeñado en la periferia globalizada, en especial, en América Latina, resulta fundamental para entender las dimensiones locales y territoriales del Antropoceno: en la medida en que los actores económicos y políticos dominantes –globales, regionales y nacionales– continúan promoviendo modelos de desarrollo insustentables. En consecuencia, en tanto diagnóstico crítico el Antropoceno conlleva necesariamente el cuestionamiento 9 Como nos preguntábamos con Viale, a propósito de la Argentina y la expansión del modelo extractivo. “Ahora bien, ¿qué país puede estar preparado para el Cambio Climático, o generar verdaderas estrategias de adaptación, si cuenta con políticas públicas que promueven ciegamente la deforestación, la destrucción de humedales, el incremento de la producción de combustibles fósiles, entre otros?” (Svampa y Viale, 2016). 87 Maristella Svampa de las dinámicas actuales del Desarrollo, que van configurando, como bien señala Ulloa (2017), “escenarios ambientales de la apropiación y el despojo, escenarios asociados a cambio climático, biodiversidad, agua, petróleo, agronegocios, minería, entre otros”, en los cuales se superponen y escalonan secuencialmente lo global y lo local (p. 68). NEOEXTRACTIVISMOS, RESISTENCIAS Y NUEVOS LENGUAJES DE VALORACIÓN No se trata entonces solamente de una crisis de la humanidad, del “anthropos”, entendida en términos genéricos, aunque la incluye. Se trata también de la tendencia a la mercantilización de todas las formas de vida y la consiguiente expansión de las fronteras (tecnológicas, territoriales). Y es ahí, en la periferia globalizada, particularmente a través del neoextractivismo, donde se expresa a cabalidad la mercantilización de todos los factores de “producción”, ligadas a la actual fase del capitalismo neoliberal, lo cual tiene como consecuencia la expansión de las fronteras de explotación del capital, a través de la imposición de modelos de desarrollo insustentables, a gran escala, donde se conjugan rentabilidad extraordinaria, destrucción de territorios y desposesión de poblaciones. Vista desde el Sur, la exacerbación del neoextractivismo, constituye una ventana privilegiada para leer los efectos de la crisis socioecológica en múltiples dimensiones y escalas. Si bien es cierto que la explotación y exportación de materias primas no son nuevas en América Latina, resulta claro que en los últimos años del siglo XX, en un contexto de profundización del modelo de acumulación, se ha intensificado notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, extracción y exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado. Por otro lado, a comienzos del siglo XXI, el extractivismo se cargó de nuevas dimensiones que pueden resumirse de la manera siguiente: aceleración y diversificación de los proyectos, gigantismo o gran escala, incremento del metabolismo social del capital, crisis socioecológica y mayores resistencias sociales. El neoextractivismo presenta una determinada dinámica territorial cuya tendencia es la ocupación intensiva del territorio, a través de formas ligadas al monocultivo o monoproducción. Esta dinámica del capital abre a fenómenos de desposesión, visibles en el proceso de acaparamiento de tierras, el agua, la biodiversidad, la destrucción de territorios y el desplazamiento de poblaciones10 (Svampa, 2018b). 10 El neoextractivismo contemporáneo refiere así a un modo de apropiación de la naturaleza y un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de bienes naturales, cada vez más escasos, en gran parte no renovables, así como a la expansión de 88 El Antropoceno como diagnóstico y paradigma... Dadas las características reseñadas, la escalada neoextractivista trae como dato inherente y relevante el aumento de la conflictividad social. Al compás de la expansión de conflictos territoriales y socioambientales y sus dinámicas recursivas, el conjunto de los países latinoamericanos (no solo aquellos con gobiernos conservadores, sino también con gobiernos progresistas) terminaron por asumir un discurso beligerantemente desarrollista, en defensa del neoextractivismo, acompañado de una práctica criminalizadora y tendencialmente represiva de las luchas socioambientales, así como por una voluntad explícita de controlar las formas de participación de lo popular. Sin licencia social, sin consulta a las poblaciones, sin controles ambientales y con escasa presencia del Estado –o aún con ella–, la tendencia general ha sido el incremento de la conflictividad, así como el aumento de la violencia estatal y paraestatal. Según Global Witness (2014), entre 2002 y 2013 se registraron en todo el mundo 908 asesinatos documentados de activistas ambientales, de los cuales el 83,7% (760 casos) han tenido lugar en América Latina. Los datos también muestran que el incremento se produjo a partir de 2007 y aun más, de 2009, esto es, en coincidencia con la etapa de multiplicación de los proyectos extractivos, tal como aparece reflejada en los diferentes programas de desarrollo, presentadas por los diferentes gobiernos latinoamericanos.11 Asumir la crisis socioecológica y civilizatoria del giro antropocénico conlleva el desafío de pensar alternativas al neoextractivismo dominante, de elaborar estrategias de transición que marquen el camino hacia una sociedad posextractivista, que habiliten otras miradas en la relación con la naturaleza y otras relaciones sociales. Desde el punto de vista teórico y epistémico, dos conceptos se destacan en América Latina para pensar la transición y salida de la crisis sistémica: Posdesarrollo y Posextractivismo. Ambos cuestionan el concepto de desarrollo, al cual consideran como un “discurso de poder” (Escobar, 2000), y postulan la necesidad de abandonar dicha idea para plantear otra vía, la de las “alternativas al desarrollo” (Gudynas, 2012; Acosta, 2017).12 Ambos aportan un diagnóstico crítico sobre el capitalismo las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como improductivos desde el punto de vista del capital. Véase los aportes de Gudynas (2009), Acosta (2012), Machado Araoz (2012), Svampa (2013, 2018b) y Teran Mantovani (2016). 11 https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2017/jul/13/ the-defenders-tracker y http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/02/asesinan-a-cerca-de200-defensores-del-medio-ambiente-en-2017-global-witness-5318.html. 12 Destacamos especialmente el Grupo Permanente de alternativas al Desarrollo, impulsado por la Fundación Rosa Luxemburgo, e integrado principalmente por intelectuales y activistas de América Latina, entre ellos Alberto Acosta, Edgardo 89 Maristella Svampa actual, desde un enfoque más global, entendido este como una crisis socioecológica de alcance civilizatorio. Ambas constituyen el punto de partida para pensar la transición, esto es, horizontes de cambio y alternativas civilizatorias, basadas en otra racionalidad ambiental, diferente de la visión puramente economicista, que impulsa el proceso de mercantilización de la vida, en sus diferentes aspectos. Ambos plantean como base otra episteme, pues cuestiona aquellas visiones antropocéntricas que conciben al ser humano como autónomo y alguien exterior a la Naturaleza o por encima de ella.13 Desde el punto de vista de las prácticas, la transición tiende a pensarse desde nuevas formas de habitar el territorio, algunas de las cuales se hallan en ciernes, otras vigentes, al calor de las luchas y las resistencias sociales que asumen un carácter anticapitalista. Ciertamente, para revertir la lógica del crecimiento infinito que acelera la devastación del planeta, es necesario explorar y avanzar hacia otras formas de organización social, basadas en la reciprocidad y la redistribución, que coloquen importantes limitaciones a la lógica de mercado. Desde América Latina y en el Sur, existen numerosos aportes y ensayos desde la economía social y solidaria, cuyos sujetos sociales de referencia son los sectores más excluidos (mujeres, indígenas, jóvenes, obreros, campesinos), cuyo sentido del trabajo humano es producir valores de uso o medios de vida. Existen una pluralidad de experiencias de autoorganización y autogestión de los sectores populares ligadas a la economía social y el autocontrol del proceso de producción, de formas de trabajo no alienado, otras ligadas a la reproducción de la vida social y la creación de nuevas formas de comunidad. Por ejemplo, en un país tan sojizado como la Argentina, se crearon redes de municipios y comunidades que fomentan la agroecología, proponiendo alimentos sanos, sin agrotóxicos, con menores costos y menor rentabilidad, que emplean más trabajadores. Se expande así un archipiélago de experiencias que apunta a un nuevo entramado agroecológico, al margen del gran continente sojero que hoy aparece como el modelo dominante, basado en el cultivo transgénico para la exportación. Aunque se trata de experiencias modestas, de carácter local y limitado, siempre Lander, Miriam Lang Horacio, Machado Araoz, Elizabeth Peredo, Emiliano Terán Mantovani, Esperanza Martínez, Luis Tapia, Ulrich Brand, y la autora de este trabajo, entre otros. En una línea similar, se inserta el trabajo de la iniciativa Alternativas Sistémicas, coordinada por Focus on the Global South de Asia, Attac de Francia y Fundación Solón de Bolivia (2017). 13 Pensar la transición y salida del patrón actual de desarrollo implica elaborar alternativas integrales y sistémicas, lo que excede el neoextractivismo dominante –en términos de modo de apropiación de la naturaleza y modelo de acumulación– para abarcar los patrones de circulación y de consumo dominantes. 90 El Antropoceno como diagnóstico y paradigma... acechadas por la vulnerabilidad, la posibilidad de cooptación, la autoorganización y la cooperación van dejando su huella a través de la creación de un nuevo tejido social, un abanico de posibilidades y experiencias que es necesario explorar y potenciar. Estas formas de habitar van acompañadas de una nueva narrativa político-ambiental, asociada a conceptos horizonte, como Buen Vivir, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes, Bienes Comunes, Ética del Cuidado, entre otros. Todos estos conceptos se apoyan en la defensa de lo Común, una de las claves en la construcción de un nuevo paradigma emancipatorio para los movimientos sociales, que recorre experiencias de los países centrales, donde la lucha en defensa de lo común se define hoy en contra de las políticas de ajuste y privatización (el neoliberalismo) y en contra de la expansión de las energías extremas (fracking), como los países periféricos, donde esta se define sobre todo contra las diferentes y múltiples formas del neoextractivismo desarrollista.14 ENFOQUES RELACIONALES Y VÍAS DE LA INTERDEPENDENCIA En sus versiones más críticas, el Antropoceno plantea un cuestionamiento del paradigma cultural de la modernidad, basado en una visión instrumental de la Naturaleza, funcional a la lógica de expansión del capital. Por ende, el giro antropocénico tiene hondas repercusiones filosóficas, éticas y políticas; obliga a repensarnos como “anthropos”, pero también, de modo central, nos lleva a replantear el vínculo entre Sociedad y Naturaleza, entre Humano y no Humano. Hace tiempo 14 En Europa, en el marco de una crisis no solo política y económica, sino también cultural, reapareció la idea de Decrecimiento que había sido lanzada hacia la década de 1970, y la cual parece estar llamada a tener una suerte de segunda vida. Lejos de la literalidad con la que algunos asocian el concepto de Decrecimiento (leído simplemente como la negación del crecimiento económico), el léxico experiencial desarrollado en Europa en las últimas décadas profundiza el diagnóstico de la crisis sistémica (los límites sociales, económicos y ambientales del crecimiento, ligados al modelo capitalista actual) y abre el imaginario de la descolonización a una nueva gramática social y política (Acosta y Brand, 2017), en la que se destacan diferentes propuestas y alternativas: auditoria de la deuda, desobediencia, ecocomunidades, horticultura urbana, indignados, reparto del trabajo, monedas sociales. Por ejemplo, en el marco de la transición energética, se vienen impulsando las “transition towns”, un movimiento pragmático en favor de la agroecología, la permacultura, el consumo de bienes de producción local y/o colectiva, el decrecimiento y la recuperación de las habilidades para la vida y la armonía con la Naturaleza. Nacido en Irlanda en 2006, este movimiento apunta a crear sociedades más austeras, utilizando energías limpias y renovables, con un fuerte aumento de la eficiencia energética. Las comunidades en transición buscan generar resiliencia social contra el progresivo colapso social provocado por el cambio climático, el agotamiento de los combustibles fósiles y de la degradación de los regímenes políticos. 91 Maristella Svampa que hemos abandonado la visión organicista de la naturaleza, Gaia, Gea o Pachamama, aquella que profesaban nuestros ancestros. Como hijos de la Modernidad o vástagos colonizados por ella, nos hemos vinculado a la Naturaleza a partir de una episteme antropocéntrica y androcéntrica, cuya persistencia y repetición, lejos de conducirnos a una solución de la crisis, se ha convertido finalmente en una parte importante del problema. En esta línea, la antropología y la filosofía crítica de las últimas décadas nos recuerdan la existencia de otras modalidades de construcción del vínculo con la Naturaleza, entre lo humano y lo no-humano, desde una perspectiva no dualista. Estas otras ontologías nos dicen de modo insistente que no todas las culturas ni todos los tiempos históricos –incluso en Occidente–, desarrollaron un enfoque dualista de la naturaleza. No todos los pueblos buscaron aislar la naturaleza o consideran a esta un ámbito apartado, exterior, al servicio del ser humano. Existen otras matrices de tipo relacional o generativo, basadas en una visión más dinámica, tal como sucede en algunas culturas orientales, donde el concepto de movimiento, de devenir es el principio que rige el mundo y se plasma en la Naturaleza, o aquellas visiones inmanentistas de los pueblos indígenas americanos, que conciben al ser humano en la naturaleza, inmerso y no separado o frente a ella. Estos enfoques relacionales, que subrayan la interdependencia de lo vivo, dan cuenta de otras formas de relacionamiento entre los seres vivos, entre humanos y no humanos, toma diversos nombres: animismo, para el antropólogo Philippe Descola (2005); perspectivismo amazónico o amerindio, para Eduardo Viveiros de Castro (2008). Así, para Descola, mientras el “naturalismo” (dualismo Sociedad/Naturaleza) asociado a la cultura occidental se basa en la idea de que el ser humano comparte la misma realidad física que el animal (la corporeidad), distinguiéndose por su “interioridad”, para el “animismo” todos los seres tienen una interioridad similar, pero estos se diferencian por sus cuerpos. Por su parte, Viveiros de Castro argumenta en un sentido similar, en su conocido ensayo La mirada del jaguar, donde conceptualiza el modelo local amazónico de relación con la naturaleza. El perspectivismo amerindio afirma que el mundo está poblado por muchas especies de seres dotados de conciencia y de cultura y que cada uno de esos seres se ve a sí mismo como humano, viendo a los otros como no-humanos, esto es como animales o especies de espíritus. En contraste con la visión moderna, el fondo común entre humanos y no humanos no es la animalidad, sino la humanidad. La humanidad no deviene la excepción, sino la regla; cada especie se ve a sí misma como humana, por ende, como sujeto, bajo la especie de la cultura. “La humanidad es el fondo universal del cosmos. Todo es humano” (Viveiros de Castro, 2008, pp. 36-39). 92 El Antropoceno como diagnóstico y paradigma... Como sostiene Arturo Escobar (2014): “Antropólogos, geógrafos y ecologistas políticos han demostrado con creciente elocuencia que muchas comunidades rurales del Tercer Mundo “construyen” la naturaleza de formas impresionantemente diferentes a las formas modernas dominantes: ellos designan, y por ende utilizan, los ambientes naturales de maneras muy particulares. Estudios etnográficos de los escenarios del Tercer Mundo descubren una cantidad de prácticas –significativamente diferentes– de pensar, relacionarse, construir y experimentar lo biológico y lo natural”. Estas “ontologías relacionales”, como las denomina Escobar siguiendo a los antropólogos Mario Blaser y Marisol de la Cadena, tienen al territorio y sus lógicas comunales como condición de posibilidad. La interrelación genera espacios de sinergia entre el mundo de hombres y mujeres con el resto de los otros mundos que circundan el mundo de los humanos. Esos espacios se materializan en prácticas, se manifiestan como montañas o lagos, aunque se entiende tienen vida o son espacios animados, que por supuesto resulte difícil demostrarlo desde la visión del positivismo europeo (pp. 94-98). A la hora de repensar el vínculo sociedad/naturaleza desde una perspectiva relacional, también la ética del cuidado y el ecofeminismo abren otras vías posibles. Sus aportes pueden ayudarnos a reelaborar los vínculos entre lo humano y lo no-humano, a cuestionar la visión reduccionista basada en la idea de autonomía e individualismo. Ciertamente, la ética del cuidado ofrece otra puerta de entrada al colocar en el centro la noción de interdependencia, lo que en clave de crisis civilizatoria debe ser leída como ecodependencia. La universalización de la ética del cuidado, como afirma Carol Gilligan (2015) abre a un proceso de liberación mayor, no solamente de liberación feminista, sino de toda la humanidad. Lo dicho aparece reflejado en el involucramiento cada vez mayor de las mujeres en las luchas contra el neoextractivismo y sus diferentes modalidades. Se trata de feminismos populares, nacidos en los márgenes de la sociedad, vinculados a las clases subalternas, que en su devenir mismo van tejiendo una relación diferente entre sociedad y naturaleza, en la cual el ser humano es comprendido como una parte de ella. Desde el discurso y la acción, los feminismos populares proyectan una comprensión de la realidad humana a través del reconocimiento con los otros y con la Naturaleza. En su carácter procesual, que va de lo público a lo privado, estas luchas conllevan también un cuestionamiento del patriarcado, en tanto modelo de dominación de un género sobre otro, basado en una matriz binaria y jerárquica. En esa dinámica nunca lineal, las mujeres van descubriendo una “voz propia” que conlleva tanto una fuerte identificación con la tierra y sus ciclos vitales de reproducción, como 93 Maristella Svampa también la desacralización del mito del Desarrollo y la construcción de una relación diferente con la naturaleza. Asimismo, no pocas veces, esa “voz propia” cuestiona el patriarcado y sus orígenes (indígenas u occidentales) y proponer recolocar el cuidado en un lugar central y liberador, asociado a la condición humana. En suma, en el Sur, muy especialmente en la región latinoamericana, al calor de las luchas en favor de la vida y de los territorios, se han venido afirmando otros lenguajes de valoración, otros modos de construcción del vínculo con la naturaleza, otras narrativas de la madre tierra, que recrean un paradigma relacional basado en la reciprocidad, la complementaridad y el cuidado, que apuntan a otros modos de apropiación y diálogo de saberes; a otras formas de organización de la vida social. Estos lenguajes se nutren de diferentes matrices político-ideológicas, de perspectivas anticapitalistas, ecologistas e indianistas, feministas y antipatriarcales, que provienen del heterogéneo mundo de las clases subalternas, y se articulan con una rica reflexión proveniente del campo de las ciencias humanas y sociales, el de las ciencias de la tierra, incluso el campo del arte, asociadas a las vanguardias estéticas. Estos lenguajes construidos desde abajo constituyen los puntos de partida ineludibles en el proceso de construcción de otra convivialidad, de otros modos de habitar la tierra. A MANERA DE CIERRE Hasta hace pocos años se consideraba que América Latina se hallaba a contramano del proceso global marcado por el aumento de las desigualdades sociales. Sin embargo, hacia el final del llamado superciclo de los commodities (2013), los indicadores sociales y económicos muestran un panorama preocupante, luego de más de diez años de crecimiento y de ampliación del consumo. Ciertamente, los gobiernos latinoamericanos –sobre todo aquellos progresistas– aumentaron el gasto público social, lograron disminuir la pobreza a través de políticas sociales y mejoraron la situación de los sectores de menores ingresos, a partir de una política de aumento salarial y del consumo. Sin embargo, los progresismos latinoamericanos no redujeron la desigualdad. Al no tocar los intereses de los sectores más poderosos, al no realizar reformas tributarias progresivas, las desigualdades persistieron y en algunos casos se amplificaron. Así, desde una mirada de más largo plazo, la expansión del neoextractivismo se tradujo en una serie de desventajas que echaron por tierra la tesis de las ventajas comparativas que durante el tiempo de las vacas gordas del Consenso de los Commodities (Svampa, 2013) algunos supieron defender. 94 El Antropoceno como diagnóstico y paradigma... Por un lado, el neoextractivismo no condujo a un salto de la matriz productiva, sino a una mayor reprimarización de las economías, lo cual se vio agravado por el ingreso de China, potencia que de modo acelerado se fue imponiendo como socio desigual en el conjunto de la región latinoamericana. Al mismo tiempo, a partir de 2013, la creciente baja del precio de las materias primas generó un déficit de la balanza comercial que impulsó a los gobiernos a contraer mayor endeudamiento y a multiplicar los proyectos extractivos, entrando de este modo en una espiral perversa, que conlleva la consolidación de un patrón primario-exportador dependiente y acentúa el proceso de violación de derechos humanos. Por otro lado, el vínculo entre neoextractivismo, acaparamiento de tierras y desigualdad se ha tornado dramático. América Latina resulta ser no solo la región más desigual del planeta; es también la región con la peor distribución de tierras a nivel global, a raíz del avance de los monocultivos y la desposesión, en beneficio de grandes empresas, y latifundistas privados. En esta línea, el neoextractivismo produjo profundos impactos en el ámbito rural, a través de los monocultivos, lo cual terminó por redefinir la disputa por la tierra, en contra de las poblaciones pobres y vulnerables. Así, la expansión de la frontera agrícola se hizo en favor de los grandes actores económicos, interesados en implementar cultivos transgénicos ligados a la soja, la palma de aceite, la caña de azúcar, entre otros. Los datos de los censos agropecuarios de 15 países muestran que, “en conjunto en la región, el 1% de las fincas de mayor tamaño concentra más de la mitad de la superficie agrícola. Dicho de otro modo, el 1% de las fincas acapara más tierra que el 99% restante” (Oxfam, 2016). Por último, hay que recordar que América Latina ostenta otro triste ranking, pues es la región del mundo donde se asesinan mayor cantidad de defensores de derechos humanos y activistas ambientales, siniestros indicadores que han recrudecido en los últimos diez años, al compás de la expansión de la frontera extractiva y la criminalización de las protestas socioambientales. La apertura de un nuevo ciclo de violación de los derechos humanos pone de relieve la limitación de los modelos de gobernanza democrática existentes; más aún, en un contexto de avance de gobiernos conservadores y de derecha, ponen de manifiesto la retracción de las fronteras de derechos. Esto incluye tanto la violación de derechos políticos básicos –a la información, a la manifestación, a participar en las decisiones colectivas (consultas, referéndums)–, así como de la violación a los derechos territoriales y ambientales, presentes en las constituciones tanto en la legislación nacional e internacional. La ecuación perversa entre “más extractivismo, menos democracia” (Svampa, 2016) ilustra el peligroso desliz hacia el 95 Maristella Svampa cierre político, vista la creciente criminalización de las protestas socioambientales y el incremento del asesinato de activistas ambientales en todo el mundo, particularmente notorio en América Latina.15 Esta realidad incontestable que necrosa la democracia y reconfigura negativamente el tejido social, como producto del neoextractivismo hegemónico, fue erigiendo nuevas barreras entre las diferentes narrativas contestatarias que recorren el continente, muy especialmente entre, por un lado, los progresismos populistas y desarrollistas, con su vocación estatalista y su tendencia a la concentración y personalización del poder; y, por otro lado, la gramática política radical, elaborada desde el campo indígena y los movimientos sociales, al compás de la emergencia de una nueva agenda socioambiental. En suma, el pasaje del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities instaló problemáticas y paradojas que reconfiguraron incluso el carácter antagonista de los movimientos sociales y el horizonte del pensamiento crítico latinoamericano, enfrentándonos a desgarramientos teóricos y políticos, que fueron cristalizándose en un haz de posiciones ideológicas, difíciles de procesar y resolver. A esto hay que agregar que la actual fase de exacerbación de la dinámica extractiva, con sus figuras extremas, potencia la crisis, en sus diferentes dimensiones. En contraste con épocas anteriores donde lo ambiental era una dimensión más de las luchas, poco asumida explícitamente, nuestros tiempos del Antropoceno dan cuenta de la necesidad de pensar la crisis y sus diferentes escalas desde una óptica integral y posdualista. *** Desde América Latina, pensar las vías del Antropoceno nos ha llevado a indagar en aquellas narrativas y experiencias colectivas que se nutren de valores éticos y relacionales, como la reciprocidad, la complementaridad, la justicia social y ambiental, el cuidado y la armonía en 15 Después de Brasil (50 muertes) y de Filipinas (33), el tercero en el ranking es Colombia, con 26 asesinatos a defensores ambientales en 2015. El listado regional incluye países como Honduras, Nicaragua, Panamá, México, Guatemala y Perú. Así, a comienzos de 2012, en Panamá se registraron fuertes episodios de represión que costaron la vida de dos miembros de la comunidad indígena ngäbe buglé. En Perú, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016),, se produjeron 25 muertos en situación de represión, principalmente en la región de Cajamarca, donde los pobladores se movilizaron contra el Proyecto Conga. En marzo de 2016 fue asesinada Berta Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), por las fuerzas represivas de ese país, por oponerse a una represa hidroeléctrica. En enero de 2017 fue asesinada la feminista y activista contra la megaminerìa, Laura Vasquez Pineda, miembro de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario, de Guatemala. Según Global Witness, en 2016 y 2017, hubo 200 asesinatos a activistas ambientales, de los cuales el 60% se registró en América Latina. 96 El Antropoceno como diagnóstico y paradigma... las relaciones de interdependencia entre lo humano y lo no-humano. Nos ha llevado al campo de otras epistemes y otros lenguajes de valoración, desde las perspectivas amerindias hasta los lenguajes (eco) feministas. Cierto es que existen diferentes narrativas sobre el Antropoceno, y que no todas cuestionan de raíz las causas de la crisis actual. Conscientes tanto de la importancia de reflexionar en términos de especie –incluso para avanzar en consideraciones no-especistas, en la relación humano/no humano–; igualmente conscientes de las asimetrías y el carácter geopolítico de la problemática, lo más importante frente a la gravedad de la crisis civilizatoria es la respuesta que estamos dispuestos a dar a nuestros problemas socioambientales. Dicho de otro modo, viendo la escala planetaria de la crisis ambiental, lo esencial consiste en promover cruces inter y transdisciplinarios, generar nuevos lenguajes de valoración, tender diálogos Norte-Sur; aportar soluciones que abran a horizontes civilizatorios alternativos en la relación sociedad/naturaleza, humano/no humano, que instituyan una “cosmopolítica”, como sostiene Isabelle Stengers (2013), y hagan creíble la posibilidad de un Antropoceno no solo vivible sino también deseable para todos. BIBLIOGRAFÍA AAVV. (2017). Alternativas Sistémicas en F. Solon, Attac France and Focus on the Global South, La Paz, Bolivia. Acosta, A. (2012). Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. Ecoportal. https://www.ecoportal.net/ temaspeciales/mineria/extractivismo_y_neoextractivismo_dos_ caras_de_la_misma_maldicion/, consultado el 09/02/2018. ______. (2018). Antropoceno, capitaloceno, faloceno y más. 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L´arret du monde en L´univers clos au monde infini. Textes reunís par Emilie Hache. París: Editions Dehors, pp. 221-340. 100 O TERRITÓRIO COMO PALAVRA-CHAVE: UMA ABORDAGEM TERRITORIAL DA GEOGRAFICIDADE Valter do Carmo Cruz Uma teoria é como uma caixa de ferramentas. Nada tem a ver com o significante... É preciso que sirva, é preciso que funcione. E não para si mesma. Se não há pessoas para utilizá-la, a começar pelo próprio teórico que deixa então de ser teórico, é que ela não vale nada ou que o momento ainda não chegou. Não se refaz uma teoria, fazem-se outras; há outras a serem feitas. E curioso que seja um autor que é considerado um puro intelectual, Proust, que o tenha dito tão claramente: tratem meus livros como óculos dirigidos para fora e se eles não lhes servem, consigam outros, encontrem vocês mesmos seu instrumento, que é forçosamente um instrumento de combate (Gilles Deleuze). O conceito é um dispositivo, uma ferramenta, algo que é inventado, criado, produzido, a partir de condições dadas e opera no âmbito mesmo destas condições. O conceito é dispositivo que faz pensar, que permite, de novo, pensar. O que significa dizer que o conceito não indica, não aponta uma suposta verdade, o que paralisaria o pensamento; ao contrário, o conceito é justamente aquilo que nos põe a pensar. (...) que não se faça uma leitura idealista do conceito: não se trata de afirmar que é uma ideia (conceito) que funda a realidade; num sentido completamente outro, o conceito é imanente à realidade, brota dela e serve justamente para fazê-la compreensível. É por isso que o conceito pode ser ferramenta tanto de conservação como de transformação. O conceito é sempre uma intervenção no mundo, seja para conservá-lo, seja para mudá-lo (Silvio Gallo). 101 Valter do Carmo Cruz INTRODUÇÃO Nos últimos anos, o uso da palavra, do conceito de território tornou-se quase uma obsessão no discurso e na imaginação acadêmica e política, assistimos a uma hiperinflação do uso e abuso da palavra território. Usada como conceito, como metáfora, arma política, ou, simplesmente, como um vício de linguagem, a palavra invadiu os mais diferentes domínios discursivos. Contudo sua popularização implica sérios riscos de uma pop-degradação1 e a consequente banalização do seu potencial analítico e político. O conceito de território tem assumido uma dupla centralidade/ visibilidade: uma centralidade no plano do pensamento, uma proliferação de discursos acadêmicos (centralidade epistemológica e teórica) e ao mesmo tempo uma centralidade empírica (centralidade histórica-política) através de temas, problemáticas, práticas, políticas, conflitos, disputas etc. Esse processo é fruto de uma ampliação da sensibilidade para o papel ontológico e epistemológico da espacialidade na explicação dos processos sociais, uma verdadeira “virada espacial”. Nesse contexto surge uma forte produção intelectual marcada por uma grande diversidade e riqueza de construções conceituais em torno das categorias de território e de processos de des-territorialização (centralidade teórica e epistemológica). Essa produção intelectual reflete e dialoga diretamente com uma nova dinâmica econômica e sociopolítica na qual o território, os “recursos territoriais”, os “conflitos territoriais” os “direitos territoriais” e as “políticas territoriais” ganham cada vez mais força e centralidade nas agendas do capital, do Estado e dos movimentos sociais (centralidade histórico-empírica). Diante desse cenário, alguns autores afirmam que vivemos uma espécie de “giro territorial”, ou seja, o conceito de território tem assumido uma dupla 1 Segundo Edgar Morin (2005, p. 336), toda teoria, método e, acrescentaríamos, conceito correm o risco da degradação, isto é, o risco de simplificação e, desse modo, perder sua complexidade e vitalidade como um instrumento analítico. Edgar Morin fala de três diferentes vias pelas quais ocorre a degradação: a degradação tecnicista; a degradação doutrinária e a pop-degradação. Na degradação tecnicista conserva-se da teoria aquilo que é operacional, manipulador, aquilo que pode ser aplicado; a teoria deixa de ser logos e torna-se techné. Na degradação doutrinária, a teoria torna-se doutrina, ou seja, torna-se cada vez menos capaz de abrir-se à contestação da experiência, à prova do mundo exterior, e resta-lhe, então, abafar e fazer calar no mundo aquilo que a contradiz. Por fim, a chamada pop-degradação, na qual se eliminam todas as obscuridades, as dificuldades, reduz a teoria a uma ou duas fórmulas de choque; assim, a teoria vulgariza-se e difunde-se à custa dessa simplificação de consumo. Esse parece ser o caso do que vem ocorrendo, nos últimos anos, com o conceito de território. 102 O território como palavra-chave: uma abordagem... centralidade/visibilidade: uma centralidade analítica (categoria de análise) e uma centralidade empírica (categoria da prática). Do ponto de vista analítico, como categoria de análise, o território assumiu a condição de categoria central nos trabalhos dos geógrafos, especialmente, no contexto latino americano, com destaque para a produção da geografia brasileira. Ao olharmos os periódicos, os anais dos encontros, os títulos de dissertações e teses, verificamos que esse conceito hoje goza de um extremo prestígio na comunidade geográfica. Mas essa centralidade não fica restrita ao perímetro do campo acadêmico da geografia. Ela irradia-se com muita força para outros campos do conhecimento ao ponto de se afirmar que estamos diante da emergência de uma “abordagem territorial” e mesmo de um “paradigma territorial” em muitos campos das chamadas ciências humanas e sociais. Do ponto de vista empírico, como categoria da prática, normativa, hegemônica e institucionalizada o conceito de território foi incorporado pelo Estado nas diferentes esferas de ação/intervenção do poder estatal através das chamadas políticas públicas e também pelo planejamento estratégico das corporações capitalistas. No caso brasileiro, esse movimento é emblemático. Vários ministérios utilizam o conceito de território como um elemento estruturante de suas formas de planejamento e intervenção. Além disso, programas como “desenvolvimento territorial” e “território de cidadania” apenas ilustram uma diversidade de usos desse conceito pelo aparato técnico-burocrata no atual momento. Numa outra perspectiva, como categoria da prática insurgente e instituinte mais ligada à sociedade civil, em especial, aos movimentos sociais, o conceito tem funcionado como um dispositivo de agenciamento político; essa categoria é uma espécie de catalisador das energias emancipatórias na luta por direitos e justiça. O uso constante da palavra território é um marcador discursivo central na retórica desses chamados “novos” movimentos sociais. Muitas vezes, ouvindo entrevistas, depoimentos e declarações de lideranças dos movimentos camponeses, indígenas e movimentos quilombolas e dos chamados povos ou comunidades tradicionais, deparamo-nos com o uso da noção de território, ou melhor, dizendo, do direito ao território como algo central em suas agendas de lutas. O direito ao território é uma espécie de condensador de outras formas de direitos como direito a terra, a água, aos recursos naturais, o direito a produção, mas também o direito a memória, a ancestralidade, a identidade etc. Assim, temos sinais e indícios de que estamos diante de um novo momento, no qual um conceito que não gozava de muito prestígio e permanecia às margens da teorização em geografia e da teorização 103 Valter do Carmo Cruz social em geral passa a ocupar um papel de destaque como ferramenta explicativa das problemáticas sociais do nosso tempo. Além disso, torna-se um importante dispositivo de intervenção social e política, tanto para atores hegemônicos quanto para atores subalternos. Portanto, o conceito de território assume uma centralidade que, para ser compreendida, é preciso ter claro que ele é fruto, simultaneamente, das mudanças na dinâmica social, mudanças de caráter ontológico, especialmente nos aspectos sociopolíticos, e também das mudanças epistemológicas que vêm ocorrendo no campo do pensamento social como um todo. A força explicativa e mobilizadora do conceito território como uma categoria de análise e como categoria da prática vêm da sua capacidade de oferecer uma leitura da geograficidade humana pelo ângulo da política em sentido amplo, ou seja, uma leitura da espacialidade que privilegia a ação e as relações sociais de poder em suas múltiplas dimensões, escalas e configurações socioespaciais. Os conceitos de território e de processos de territorialização oferecem uma leitura política da geograficidade humana a partir de uma perspectiva teórico-metodológica centrada na relação território/ poder/conflito/resistência. Partindo dessa perspectiva, é fundamental compreender as territorialidades e processos de territorialização instituídos e institucionalizados pelos atores hegemônicos da economia, da política e da cultura (com os sentidos, usos, formas de governo, gestão e controle corporativo e estatal do território), bem como as territorialidades e os processos de territorialização de grupos, comunidades e movimentos sociais subalternos instituintes e insurgentes, ou seja, territórios e territorialidades de resistência expressos nas lutas por direitos, dignidade e autonomia (que imprimem outros usos, sentidos e formas de pertencimento e de governo para além do mercado e do Estado). Essas relações e práticas de poder em sua expressão territorial se materializam histórica e geograficamente por meio de múltiplas formas de explorações, dominações e opressões (relações entre classes, grupos étnico-raciais, gênero, sexualidade, grupos culturais, religiosos etc.), bem como por variadas formas de lutas sociais, antagonismos, conflitos e práticas de resistências em múltiplas escalas que vão do macro à micropolítica, dos poderes molares até suas manifestações moleculares e microfísicas, que transversalizam os diferentes campos da vida social em diferentes contextos, situações, escalas e recortes espaciais. Porém, se o conceito de território vem ganhando essa dupla centralidade (analítica e política), o seu uso como uma ferramenta intelectual ainda carece de esclarecimentos e aprofundamentos teóricos e metodológicos. Existem diferentes formas de abordar e conceituar o 104 O território como palavra-chave: uma abordagem... território a partir de diferentes posições e posturas teóricas, políticas e éticas. Isso revela que o campo de reflexão que envolve tal conceito é marcado por grande polissemia e ambiguidade. Essa diversidade é sinal de riqueza, mas também de confusão e imprecisão teóricometodológica, com importantes consequências éticas e políticas. O que faremos na sequência do presente texto é avançar na construção de elementos que qualificam em termos teóricos e metodológicos esse debate. O CONCEITO DE TERRITÓRIO, SUA HISTORICIDADE E SEU CAMPO DE PROBLEMATIZAÇÃO Todo conceito tem uma história. Entender a historicidade de um conceito significa entender que ele é construído num momento histórico específico a partir de problemas também específicos. Além disso, todos os conceitos são marcados por acúmulos, heranças e continuidades dentro de um campo disciplinar e de uma tradição teórica e, também, por rupturas, descontinuidades e sobressaltos. Ainda, devemos lembrar a radical historicidade dos conceitos pela sua capacidade de duração e longevidade ou pela sua defasagem e superação, pois os conceitos têm sua validade, capacidade de operacionalização analítica e legitimidade política e ideológica expostas ao movimento da história que aprofunda, redefine, re-significa ou supera-os. De acordo com o movimento da sociedade, das problemáticas que se colocam como relevantes e dos diversos movimentos e problemáticas colocadas no campo do pensamento social, determinadas categorias ganham ou perdem uma aura de centralidade num determinado campo disciplinar. Assim, quando olhamos o campo da Geografia, verificamos que outras categorias já gozaram do status de centralidade, como é caso do conceito de região que, na chamada geografia clássica, foi durante muito tempo um conceito paradigmático. Com o processo de renovação, a partir da década de 1970, no Brasil, o conceito de espaço assumiu a condição de objeto e categoria fundamental de análise da Geografia. Mais recentemente, o território é o conceito da vez, “o conceito da moda”, contudo, sua história é mais longa... Quando lançamos o nosso olhar para a história da Geografia, verificamos que o conceito de território é um dos mais antigos nos estudos geográficos, mas que vem sofrendo mutações e resignificações. Essa categoria enfoca diversas dimensões de análise das relações sociedade-espaço apesar de haver predominância e foco nas relações espaço-poder. Sua perspectiva analítica é múltipla e vem metamorfoseando-se de acordo com o momento histórico da disciplina e as posturas filosóficas e políticas dos pesquisadores. Existe um importante acúmulo no debate desse conceito, na geografia, presente nas 105 Valter do Carmo Cruz reflexões de Ratzel (1990[2011]); Gottmann (1975[2011]) Raffestin (1988; 1993); Sack (1986[2011]; Claval (1999); Bonnemaison (2003); Bonnemaison & Cambrezy (1996); Santos (2000; 2002); Souza (1995; 2009; 2013); Haesbaert (2004; 2009; 2014). A partir dessa vasta produção, Haesbaert (2004) analisa a complexidade das diferentes perspectivas e formulações sobre o conceito de território e, a partir de um elucidativo mapeamento das diversas correntes e questões envolvendo essa categoria na tradição geográfica e em outras tradições disciplinares, cria uma espécie de “cartografia conceitual” na qual o referido autor identifica três grandes concepções de território na tradição geográfica, que são: - Política (referente às relações espaço-poder em geral) ou jurídi- - - co-política (relativa também a todas as relações espaço-poder institucionalizadas): a mais difundida, em que o território é visto como um espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce um determinado poder, na maioria das vezes –mas não exclusivamente– relacionado ao poder político do Estado. Cultural (muitas vezes, culturalista) ou simbólico-cultural: prioriza a dimensão simbólica e mais subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, como o produto da apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido. Econômica (muitas vezes, economicista): menos difundida, enfatiza a dimensão espacial das relações econômicas, o território como fonte de recursos e/ou incorporado no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho como produto da divisão “territorial” do trabalho, por exemplo (Haesbaert, 2004, p. 40). Apesar de existirem importantes formulações e autores nessas três direções teóricas, elas não têm o mesmo peso e importância na produção dos geógrafos. A concepção que tem o foco na dimensão mais política do espaço é, de longe, a mais desenvolvida e a mais usada pelos geógrafos (mesmo que com bastante nuanças e variações entre os autores). Embora, cada vez mais, a abordagem de caráter mais cultural ganhe força na paisagem intelectual contemporânea devido a um movimento mais amplo de centralidade epistemológica que a cultura vem assumindo nas ciências sociais nas últimas duas décadas (a chamada virada cultural). Já no que se refere à concepção mais ligada a uma abordagem marxista, na qual a dimensão econômica ganha centralidade, o conceito de território é pouco desenvolvido, pois, nessa abordagem, o conceito de espaço socialmente produzido assume o status de categoria de análise fundamental e muitas vezes visto como sinônimo de território. 106 O território como palavra-chave: uma abordagem... A concepção jurídico-política ou, de maneira mais ampla, política do território é a mais utilizada e a que tem a mais longa história na tradição da Geografia, mas a forma como foi formulada não foi sempre a mesma. A problemática ou campo de problematização que envolve essa forma de conceber o conceito de território esteve, histórica e intimamente, ligada à questão do poder ou, melhor dizendo, do exercício do poder no e através do espaço, porém a forma como foi tratado esse problema do ponto de vista teórico e prático mudou bastante ao longo da história. Inicialmente, esse problema era equacionado a partir da relação poder/espaço/Estado. Assim, desde as origens na geografia e, especialmente, na geografia Política, o uso do termo território esteve ligado à análise da relação do território como fundamento material do Estado. Os estudos de Ratzel personificam essa visão. Em sua análise, o território é entendido como fundamento da existência material do Estado; a relação solo, cultura e Estado é analisada a partir da ideia de “espaço vital”, ou seja, o território como um recurso fundamental, algo imprescindível para o desenvolvimento dos povos, pois sem território não se poderia compreender o incremento da potência e da solidez do Estado (Ratzel, 1990[2011]). Essa ótica de leitura do território e do poder tornou-se paradigmática. Mas, muitas vezes, mostrou-se reducionista e claramente ideológica, pois, devido à sua tradição geopolítica, tornou-se muito estadocêntrica, limitando o conceito de território aos problemas circunscritos à escala nacional e privilegiando o Estado como o único ator protagonista.2 Desse modo, acabava-se confundindo o conceito de território com território nacional, admitindo-se sua existência somente de maneira monoescalar, e fazendo-se uma leitura do fenômeno do poder como este sendo de natureza exclusivamente estatal. Nas últimas décadas, surgiram novas teorias da ação, da política e do poder nas ciências sociais e na filosofia. Nesse sentido, podemos listar várias contribuições, desde aquelas situadas no campo do materialismo histórico, como, por exemplo, a teoria política de Gramsci3 até aquelas que estão para além do materialismo histórico, como é o caso da analítica do poder de Michel Foucault (1979; 1988; 1999), da 2 Véase crítica de Raffestin (1993) e Souza (1995) sobre essa visão reducionista de pensar o conceito de território. 3 Apesar de Gramsci não ser um autor contemporâneo, no sentido de que sua obra foi produzida na primeira metade no século XX, a apropriação do seu legado, a partir de uma leitura mais arejada do marxismo, vem sendo feita efetivamente somente nas últimas décadas, especialmente, no contexto latino-americano, por isso incluímos esse movimento como algo novo no campo do pensamento social. 107 Valter do Carmo Cruz teoria da razão prática de Pierre Bourdieu (1999; 2009), da teoria dos agenciamentos e da micropolítica de Deleuze e Guattari (2010; 1997). Podendo-se incluir nessa lista relevantes contribuições oriundas dos estudos culturais, dos estudos pós-coloniais, das teorias antirracistas, das teorias feministas, das teorias queer, além do vigoroso pensamento descolonial latino-americano. Todas essas contribuições afetaram direta e indiretamente a formulações conceituais sobre o território e territorialização. Esses os avanços na leitura nas teorias da ação e leitura do fenômeno do poder, este entendido como relação e não como posse, e a constatação da existência de uma microfísica do poder, por Michel Foucault (1979), permitiram uma reflexão mais completa sobre a territorialidade humana, apontando para um entendimento de que o poder é imanente às relações sociais. Além da compreensão de que as formas de manifestação do exercício do poder podem dar-se em múltiplas escalas, envolvendo uma multiplicidade de atores sociais. CONCEPÇÕES RELACIONAIS, MULTIDIMENSIONAIS E MUTIESCALARES DE TERRITÓRIO A partir dessas renovações teóricas sobre o debate da ação, do poder e da política surgiram no campo da geografia novas conceituações sobre território, territorialidade e territorialização que tem como marca o caráter histórico relacional e uma leitura do poder e do território como multidimensional e multiescalar.Travaremos um diálogo com três contribuições, as Sack4 (1986[2011]); Souza (1996; 2009; 2013) e Haesbaert (2002; 2004; 2014) que consideramos centrais para renovação do debate sobre território na geografia brasileira.Não temos pretensão de fazer uma análise detalhada, mas sim de explicitar as linhas de forças dessas formulações que arejaram o debate teóricometodológico sobre território no cenário intelectual brasileiro, para num segundo momento extrair desse diálogo algumas chaves metodológicas para a construção de abordagem territorial da geograficidade. Partindo dessa perspectiva do território como espaço por excelência do exercício do poder de maneira multidimensional e multiescalar, uma das mais importantes formulações é a de Robert Sack (2011[1986]), na qual ele enfatiza que a ideia de territorialidade está diretamente vinculada ao controle de uma área geográfica, aos limites delimitados pelo poder, buscando disciplinar, moldar, influenciar ou 4 Das leituras de Geógrafos estrangeiros que influenciaram o debate da geografia brasileira, sem dúvida a obra de Claude Raffestin e de Robert Sack foram as mais relevantes. Escolhemos o diálogo com Sack por consideramos que suas contribuições são decisivas para uma concepção relacional e multiescalar do território. 108 O território como palavra-chave: uma abordagem... controlar o comportamento pelo controle do acesso. A territorialidade é definida por este autor como “a tentativa por um indivíduo ou grupo, de afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relações, através da delimitação e da afirmação do controle sobre uma área geográfica. Essa área será chamada de território” (Sack, 2011, p. 76). Para Sack (2011), a territorialidade como forma espacial primária do poder é fundamentalmente uma estratégia humana para afetar, influenciar e controlar as formas de uso do espaço. A realização de tal estratégia materializa-se pelo estabelecimento de diferentes graus de acesso às pessoas, coisas e relações. O referido autor mostra que a mobilização da territorialidade como uma estratégia que define o acesso, o controle, o uso do espaço se manifesta em múltiplas escalas espaciais e de contextos históricos e culturais. A territorialidade, para os humanos, é uma estratégia geográfica poderosa para controlar pessoas e coisas através de um controle de área. Os territórios políticos e a propriedade privada da terra podem ser as suas formas mais familiares, mas a territorialidade ocorre em vários graus e em inúmeros contextos sociais. Ela é usada nas relações cotidianas e nas organizações complexas. A territorialidade é uma expressão geográfica primária do poder social. Ela é um meio pelo qual o espaço e o tempo estão inter-relacionados (Sack, 2011, p. 63). Como expressão primária do poder e como uma forma de organização do tempo e espaço que condiciona, determina e influência as formas de interação espacial a territorialidade não é algo natural ou instintivo, mas algo radicalmente histórico, tendo haver como intencionalidades, objetivos, motivações dos indivíduos ou grupos que a acionam como estratégia de poder. Segundo ao autor: a territorialidade é sempre construída socialmente. Ela assume um ato de vontade e envolve múltiplos níveis de razões e significados. E a territorialidade pode ter implicações normativas também. Deixar lugares de lado e aplicar níveis de acesso significa que indivíduos e grupos tem removido algumas atividades e pessoas de lugares e incluídos outros. Isto é, eles têm estabelecido diferentes níveis de acesso (Sack, 2011, p. 87). Sendo uma estratégia e tendo um caráter histórico, a territorialidade é plástica, flexível, polimorfa, dinâmica estando sujeita a processos de mudanças, adaptações e reestruturações. Sendo mais estável e fixa ou mais dinâmica e instável de acordo com cada situação histórica e geografia especifica. Neste sentido Sack (2011, p. 78) afirma que os limites, as configurações de um território e os meios pelos quais são 109 Valter do Carmo Cruz comunicados podem ser modificados: “posses de terra mudam de tamanho. Assim também o fazem os estados da nação. Um limite de cerca pode ser substituído por um tipo diferente de limite, como um dique (...) muitos territórios tendem a ser fixos no espaço geográfico, mas alguns podem mover-se”. O território como resultado do acionamento da territorialidade pode ser usado para conter ou restringir, bem como para incluir ou excluir produzindo fronteiras, limites e formas de classificação social entre indivíduos ou grupos. Considerando a territorialidade como uma estratégia para acessos diferenciados, seu uso depende de quem está influenciando e controlando o que e quem e, ainda, o porquê de tal afeto/ controle/influência. Os meios, os instrumentos, os dispositivos do exercício do poder na afirmação de uma territorialidade e, portanto, para afetar, influenciar e controlar podem ser diversos e de diferentes natureza, pois como afirma Sack (2011, p. 79) “territorialidade pode ser afirmar de inúmeras maneiras, incluindo descrições de trabalho (quanto tempo você pode ficar sentado, onde você poder ou não pode ir etc.), direitos legais, força bruta ou poder, normas culturais e proibições sobre o uso de áreas e formas sutis de comunicação, como postura do corpo”. Considerando que a afirmação da territorialidade pode ser exercida por múltiplas e diversas configurações do exercício do poder, desde a violência passando pelo direito até dimensões culturais e simbólicas do poder Sack (2011) afirma a territorialidade está intimamente relacionada em como as pessoas usam a terra e como elas organizam-se no espaço, e como elas dão sentido aos lugares. Sendo assim, o autor fala-nos da territorialidade como um meio pelo qual nós experimentamos o mundo e o dotamos de significados. “A territorialidade como um componente do poder não é apenas um meio de criar e manter a ordem, mas é uma estratégia para criar e manter em grande parte o contexto geográfico por meio do qual nós experimentamos o mundo e o dotamos de significado” (p. 219). Nas formulações conceituais e, especialmente, nas análises históricas de casos e situações que revelam mutações históricas nas territorialidades de diferentes sociedades podemos identificar em Sack (2011) três aspectos ou chaves metodológicas para leitura do território que estão interligados e que compõe as suas principais contribuições analíticas. Neste sentido compreender uma territorialidade (estratégia), uma territorialização (processos) e um território (produto) implica em considerar: 1) o controle do acesso (disciplina, vigilância, segurança, defesa de uma área); 2) as formas de uso do território, ou seja, o usos econômicos, ecológicos, político e culturais que os diferentes grupos ou indivíduos dão para o espaço (a terra, os recursos, os meios de produção e trabalho, a habitação, o espaço sagrados de culto etc.); 110 O território como palavra-chave: uma abordagem... 3) as normas territoriais, ou seja, os arranjos normativos que definem o caráter normativo do exercício de uma territorialidade. O que regula o controle e o uso do território (normatizações, regulamentos, regras sociais, as formas de direitos etc.). Na mesma perspectiva, histórica e relacional que valoriza a dimensão política do da espacialidade humana, Souza (1995) define que o território é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder e que se distingue de outros conceitos geográficos que oferecerem outras leituras que privilegiam outras problemáticas e dimensões da espacialidade e, por isso, que tal conceito não se confunde conceitos como de espaço social, lugar ou meio ambiente: O território (...) é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder. A questão primordial aqui, não é, na realidade, quais as características geoecológicas e os recursos naturais de uma certa área, o que se produz ou quem produz em dado espaço ou ainda quais as ligações afetivas e de identidade entre um grupo social e seu espaço. Estes aspectos podem ser de crucial importância para a compreensão da gênese de um território ou do interesse por tomá-lo ou mantê-lo (...), mas o verdadeiro leitmotiv é o seguinte: quem domina ou influencia e como domina ou influencia esse espaço? Este leitmotiv traz embutida, ao menos de um ponto de vista não interessado em escamotear conflitos e contradições sociais, a seguinte questão inseparável, uma vez que o território é essencialmente um instrumento do exercício do poder: quem domina ou influencia quem nesse espaço, e como? (Souza, 1995, p. 78, grifos do autor). Em outro momento (2009, p. 60) Sousa reforça sua posição, afirmando que o núcleo epistemológico, ou seja, o que “define” o território enquanto tal é fundamentalmente o poder, e, neste sentido, a dimensão política é aquela que, antes de qualquer outra, lhe define o perfil. Ou seja, o núcleo epistêmico, aquilo que singulariza e distingue o conceito de território diante de outros conceitos do campo da geografia é a centralidade no fenômeno do poder e da política. Mas segundo o autor essa é prioridade analítica “não quer dizer, porém, que a cultura (o simbolismo, as teias de significados, as identidades...) e mesmo a economia (o trabalho, os processos de produção e circulação de bens) não sejam relevantes ou não estejam “contemplados” ao se lidar com o conceito de território. Trata-se distinções com objetivos de um melhor refinamento analítico e não separações e dicotomias ontológicas.5 5 As razões e motivações para se conquistar e defender um território podem ser 111 Valter do Carmo Cruz Ainda segundo Souza (2009, p. 60) um processo de territorialização ou desterritorialização é sempre, e em primeiro lugar, “um processo que envolve um exercício de relações de poder e a projeção dessas relações no espaço (espaço que, simultaneamente, também é, enquanto substrato material e ‘lugar’, uma referência e um condicionador das práticas de poder)”. Os objetivos, a motivações, os sentidos da ação e a configuração concreta de um processo de territorialização pode variar de acordos com s agentes envolvidos e da situação socioespacial em questão. No sentido de um maior esclarecimento de sua formulação de caráter relacional e não substancialista Souza (1995, pp. 86-87) define os “territórios são, no fundo, antes relações sociais projetadas no espaço que espaços concretos (os quais são apenas os substratos materiais das territorialidades)”. Seguindo no seu esforço de afirmar uma leitura relacional sugere uma distinção entre território e espaço afirmando que o território não é o substrato espacial em si, mas sim “um campo de forças, as relações de poder espacialmente delimitadas e operando, destarte, sobre um substrato referencial” (Souza, 1995, p. 97). Por isso, segundo o autor, não podemos confundir o território com o substrato espacial material (as formas espaciais, os objetos geográficos tangíveis-edificações, campos de cultivo, feições “naturais” etc.) isso equivale a “coisificar” o território, fazendo que não se perceba que, na qualidade de projeção espacial de relações de poder, os recortes territoriais, as fronteiras e os limites podem todos mudar, sem que necessariamente o substrato material que serve de suporte e referência material para as práticas espaciais mudem (Souza, 2009, p. 61). Souza (1995) faz um esforço para construir uma formulação que dei ênfase nas relações sociais, fugindo de uma visão “coisificada” do território para escapar dessa “coisificação” do território o autor usa um recurso metafórico relacionando a ideia de território como a de “campo de forças”, “rede ou teia de relações”. Neste sentido o território fortemente ou até primariamente de cunho cultural ou econômico; é óbvio que não são, sempre, de ordem estritamente política (ou ainda estratégico-militar). Aliás, a própria separação entre o “político”, o “cultural” e o “econômico”, da maneira como amiúde é feita, tem muito de cartesiana, de artificialmente preocupada em separar aquilo que é distinguível, mas não é propriamente separável. Em meio a relações sociais complexas, uma dimensão pode aparecer, histórico-culturalmente, como a mais importante, o que não significa que ela seja a única relevante. Em cada caso concreto, ao se examinarem os fatores por traz de processos de territorialização, descobriremos, recuando no tempo e escavando o suficiente, um emaranhado de razões e motivações. A defesa de uma identidade pode estar associada a uma disputa por recursos e riquezas, no presente ou no passado; a cobiça material não é, de sua parte, descolável do simbolismo, da cultura (Souza, 2009, p. 60). 112 O território como palavra-chave: uma abordagem... é um campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais que, a par de sua complexidade interna, define ao mesmo tempo um limite, uma alteridade: a diferença entre “nós” (o grupo, os membros da coletividade ou comunidade, os “insiders”) e os “outros” (os de fora, os estranhos, “outsiders”). Numa perspectiva semelhante, que a firma o caráter político do conceito de território, mas com ênfases diferentes Haesbaert (2014) afirma a ideia de que o conceito de território está estreitamente vinculado com o poder ao afirmar que “em qualquer acepção” o este conceito, tem a ver com poder. O seu “foco” analítico está ligado as problemáticas do exercício das relações de poder no espaço e através do espaço, mas não apenas ao tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder, no sentido mais explícito, de dominação, quanto ao poder no sentido mais implícito ou simbólico, de apropriação, neste sentido: Dessa forma, cada território se constrói por uma combinação e imbricação única de múltiplas relações de poder, do mais material e funcional, ligado a interesses econômicos e políticos, ao poder mais simbólico e expressivo, ligado às relações de ordem mais estritamente cultural. Portanto, o território, enquanto relação de dominação e apropriação sociedade-espaço, desdobra-se ao longo de um continuum que vai da dominação político-econômica mais “concreta” e “funcional” à apropriação mais subjetiva e/ou cultural - simbólica. Embora seja completamente equivocado separar essas esferas, cada grupo social, classe ou instituição pode “territorializa-se” através de processos de caráter mais funcional (econômico e político) ou mais simbólico (político-cultural) na relação que se desenvolve com seus espaços, dependendo de poder e das estratégias que estão em jogo (Haesbaert, 2004, pp. 95-96). Logo, na visão de Haesbaert (2009), todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço tanto para realizar “funções” quanto para produzir “significados”. Contudo, o significado e a configuração do território variam muito ao longo dos tempos e dos espaços, uma vez que suas “funções” e suas “significações” dependem de escalas, contextos históricos, geográficos e culturais específicos, partindo de sujeitos específicos. Enquanto continuum dentro de um processo de dominação e/ou apropriação, o território e a territorialização devem ser trabalhados na multiplicidade de suas manifestações –que é também e, sobretudo, 113 Valter do Carmo Cruz multiplicidade de poderes, neles incorporados através dos múltiplos sujeitos envolvidos (tanto no sentido de quem sujeita quanto de quem é sujeitado, tanto no sentido das lutas hegemônicas quanto das lutas de resistência– pois poder sem resistência, por mínima que seja, não existe). Assim, devemos primeiramente distinguir os territórios de acordo com aqueles que os constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais/ culturais, o Estado, empresas, instituições como a Igreja etc. Os objetivos do controle social através de sua territorialização variam conforme a sociedade ou cultura, o grupo e, muitas vezes, com o próprio indivíduo (no caso da diferença de gênero, por exemplo). Controla-se uma “área geográfica”, ou seja, cria-se o “território”, visando “atingir, afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relacionamentos” (Sack, 1986, p. 6). As motivações, as intencionalidades e os sentidos da ação, ou de maneira mais direta, os objetivos os processos de territorialização podem ser distintos de acordo com os agentes e contextos geo-históricos específicos. Segundo Haesbaert (2014, p. 68) podemos, simplificadamente, em termos de tipos ideias, falar em cinco grandes “fins” ou objetivos da territorialização, que podem ser acumulados elou distintamente valorizados ao longo do tempo: - Abrigo e segurança física (“aconchego”, numa linguagem mais fenomenológica); - Fonte de recursos materiais e/ou meio de produção que pode - fortalecer o poder político-econômico de certos grupos e/ou classes sociais; Identificação de grupos sociais (fortalecendo seu poder simbólico) através de referentes espaciais (a começar pela própria construção de fronteiras); Controle elou disciplinarização através da definição de espaços individualizados (como o consequente fortalecimento da ideia de indivíduo também, no caso do mundo moderno); O controle e/ou direcionamento da circulação, de fluxo, através de conexões e redes (principalmente fluxos de pessoas, mercadorias e informações). Nestes termos o autor firma que os processos de territorialização como criação de mediações espaciais que nos proporcionem efetivo “poder” sobre nossa reprodução enquanto grupos sociais (para alguns também como indivíduos) podem assumir diferentes configurações, funções e sentidos de acordo os agentes e os contextos histórico, geográficos e culturais específicos. Pois como sugere pensar Haesbaert 114 O território como palavra-chave: uma abordagem... (2004) territorializar-se para um grupo indígena da Amazônia não é o mesmo que territorializar-se para os grandes executivos de uma empresa transnacional. Cada um desdobra relações com ou por meio do espaço de formas as mais diversas. Para uns, o território é construído muito mais no sentido de uma área-abrigo e fonte de recursos, a nível dominantemente local; para outros, ele interessa enquanto articulador de conexões ou redes de caráter global (p. 97). ALGUMAS CHAVES METODOLÓGICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ABORDAGEM TERRITORIAL DA GEOGRAFICIDADE Como vimos anteriormente os debates recentes sobre território e territorialização sugerem um conjunto chaves metodológicas para a construção de uma abordagem territorial relacional, multiescalar e multidimensional. Apresentaremos esquematicamente, a partir de uma leitura pessoal, uma síntese de algumas dessas chaves analíticas que consideramos os pressupostos mais relevantes para a construção de abordagem territorial no campo da geografia. O CARÁTER HISTÓRICO, RELACIONAL E SITUACIONAL A analise do território e dos processos de des-territorializacão deve partir do pressuposto que este é uma construção histórica e relacional. Nessa perspectiva o território não é visto de maneira naturalista, mas como uma construção/produção humana em sua radical historicidade. Essa leitura não estática incorpora o movimento, a dimensão do tempo, as temporalidades, as durações e os ritmos como componentes essenciais nas dinâmicas de territorialização, des-teritorilização e re-territorialização. Isso implica em compreender o território não como coisa, nem substância, ou simplesmente como substrato material, mas como uma teia, uma rede, uma trama de relações, de práticas espaciais de poder que opera em uma determinada situação socioespacial. O papel do pesquisador é analisar a história das tramas de relações que produzem um território em uma determinada situação. A PLURALIDADE DOS AGENTES E OS SENTIDOS DA AÇÃO Entender território como construção histórica e relacional significa partir das práticas dos agentes e dos sentidos de suas ações, de suas intencionalidades. Durante muito tempo a ideia de território esteve vinculada a um único agente que era o estado nacional, não era possível falar de outras agentes como dotados de capacidade, direitos ou legitimidade para produzir territórios e processos de territorialização. As novas leituras de território superam essa visão estadocentrica e hoje é possível pensar no território a partir de uma pluralidade de agentes, sejam os hegemônicos ou subalternizados no ordenamento 115 Valter do Carmo Cruz social vigente. Nessa perspectiva é possível falar de processos de territorializacão de políticas públicas por parte do Estado, de territorialização fruto das estratégias espaciais das grandes corporações capitalistas, mas também de territorialização de grupos indígenas, de comunidades camponesas, de movimentos sociais, ou até de uma tribo urbana juvenil etc. Nesse sentido não há um monopólio de um agente especifico que seja protagonista e capaz de exercer processos de territorialização, os contextos concretos é que nos obrigam a perceber que tipo de processos estamos analisando e quais os sentidos de território para os agentes em cada processo concreto especifico. Se estamos diante de uma territorialidade, de um processo de territorialização de caráter mais hegemônico no qual o território tem um papel de recurso mais instrumental como ocorre nas práticas de dominação estatal ou corporativa ou se estamos diante de uma territorialidade ou de um processo de territorialização de grupos subalternizados no qual o território é um recurso, mas também é abrigo, lar, pertencimento, segurança ontológica, referência material e simbólica, um horizonte de vida. Os conflitos e as tensões territoriais são resultantes dos antagonismos entres os diferentes sentidos de território para os diferentes agentes que competem para se territorializarem no espaço. Entender os sentidos de território a partir das práticas espaciais, das intencionalidades das ações dos diferentes agentes é uma chave analítica crucial para uma renovação metodológica e política do debate sobre o conceito de território. A MUDIMENSIONALIDADE DO EXERCÍCIO PODER Apesar das diferenças nas formulações dos autores há uma espécie de “consenso” de que o conceito de território está diretamente ligado ao fenômeno do poder e da política. Nessas abordagens a esfera da política é pensada em sentido amplo e entrelaçada e imbricada complexamente com outras dimensões da sociedade. Isso implica pensar na imbricação entre política-economia, política-natureza, políticadireito, política-cultura, política-técnica, etc. Nessas construções teóricos e metodológicas o fenômeno do poder é visto como algo imanente a todas as relações sociais em todas as escalas dos espaços-temporais. Não há relações sociais isentas de poder, uma sociedade sem relações de poder é algo fictício e irreal. O poder está espraiado por todos os espaços e âmbitos da sociedade, não há algo fora ou exterior ao poder. Mas, se o poder está em toda parte, isso não significa dizer que ele se realiza da mesma forma e do mesmo modo operante em cada campo da vida social; o poder coagula-se construindo diferentes estruturas e modos estruturais do 116 O território como palavra-chave: uma abordagem... seu exercício. Assim, ora ele assume a forma de exploração, ora de dominação, ora de opressão/sujeição e, não raras vezes, essas diversas formas de expressão do poder estão complexamente imbricadas e enredadas umas nas outras, constituindo complexas constelações, campos e padrões estruturais de poder, bem como diferentes formas e configurações de práticas de resistências. As novas abordagens na geografia entendem estes processos de territorialização de maneira multidimensional, do poder econômico ao poder simbólico em suas expressões e configurações de acordo com as situações concretas. Neste sentido, compreender um processo de territorialização é entender as diferentes modalidades do exercício do poder que opera em uma determinada situação socio-espacial, isso que implica em analisar as estratégias e táticas de dominação e resistências dos diferentes grupos envolvidos que vão desde o domínio físico-disciplinar do espaço através de cercas, muros, controle armado das fronteiras e limites ou mesmo câmeras, códigos, mas também por formas de apropriação simbólicas de natureza cultural, religiosa etc. O ANTAGONISMO E A CONFLITIVIDADE SOCIAL Se o núcleo epistêmico do conceito de território é a relação entre espaço e poder, o conflito é uma chave analítica fundamental para se compreender a geograficidade humana pelo registro de uma abordagem territorial. Diríamos que é um ponto de partida epistêmico e metodológico fundamental, pois é no conflito que se revelam os diferentes sentidos de território. Os sentidos de território são as diferentes matrizes de racionalidades (horizontes ontológicos, epistêmicos, éticos-políticos) materializadas em diferentes práticas espaciais de usosignificado do território que são muitas vezes incompatíveis e incomensuráveis, pois a forma de dominação, controle, uso do território por agente implica na impossibilidade da vida de outros. A partir de uma concepção de poder e da política imanente e relacional, precisamos construir uma concepção de conflito mais ampla e complexa, pois as formas de dominação e de resistência são múltiplas e variadas, tendo natureza, graus e escalas diferentes. Sendo assim, pode haver conflitos pela luta de recursos materiais, como é o caso da luta por petróleo, minério, água, etc., mas também pode haver conflitos por questões de natureza cultural e simbólica, como é o caso de conflitos étnico-religiosos e, não raramente, essas dimensões estão entrelaçadas. Desse modo, é mais pertinente, sempre que falarmos em dominação, resistência, conflito e emancipação tratarmos essas questões no plural. Na realidade, o que há são sempre dominações, resistências, conflitos e emancipações, pois o poder é multidimensional e os conflitos também. 117 Valter do Carmo Cruz A MUTI-ESCALARIDADE E A DIVERSIDADE DOS ARRANJOS ESPAÇO-TEMPORAIS Todo processo de territorialização também envolve uma multiescalaridade, ou seja, tanto em termos de tempo (durações,) como em termos espaço (extensões). Em termos temporais há processos de territorialização que se realizam em longas durações, maturadas por décadas e até séculos, com grande estabilidade como é caso de alguns dos territórios de estados nações ou o território de alguns povos indígenas, etc. enquanto em outros casos há outros processos de territorialização marcados pela curta duração, tendo como marca fundamental a efemeridade e o caráter ciclo, o que lhe confere dinamicidade e instabilidade como caso de territórios de tribos urbanas que ocupam certas espaços das cidades por algumas horas. Se do ponto de vista temporal podemos sair de uma escala de séculos para horas, em termos de extensão espacial as variações escalares e a espacialidade diferencial também podem sair de processos moleculares que tem o corpo, a casa, a rua como escala até processos que envolvem países, continentes e mesmo a escala mundo. Entender a constituição dos territórios passa pelo entendimento do jogo de escalas espaços-temporais envolvidos em cada processo concreto especifico. Além da muti-escalaridade das configurações geo-histórica dos territórios e dos processos de teritorialização estes assumem diferentes configurações, arranjos espaços-temporais resultando numa grande diversidade de morfologias de acordo com a continuidade e contiguidade espacial, resultando ora numa configuração zonal, a exemplo do território como zona, ou área que é acepção mais usual. Mas outros territórios também podem se constituírem como reticulares, sem continuidades e nem contiguidades espaciais, verdadeiros territóriosredes. Neste sentido é impossível no mundo contemporâneo pensar processos de territorialização apenas pela lógica zonal, é preciso compreender que os territórios e os processos de territorialização podem se tanto pelo controle de áreas/zonas como através da construção de redes, que não necessariamente respeitam continuidades e contiguidades espaciais, eles podem ser contínuos e descontínuos no espaço, mais fechados ou mais porosos, abertos, etc. SISTEMAS DE ESTRATIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO SOCIAL Todo processo de territorialização como projeção do exercício do poder no espaço produz e é produzido por processos de estratificação e classificação social, ou seja, produz e é produzido por desigualdades e assimetrias de poder e recursos entre os grupos, classes sociais, comunidades etc. Os processos de territorialização por um lado dividem, separam, distinguem e, por outro, aproximam, articulam e unificam 118 O território como palavra-chave: uma abordagem... grupos, classes, povos, comunidades produzindo fronteiras sociais e culturais que se materializam em limites espaciais, definindo os que pertencem e os que não pertencem a determinados territórios. Essas formas de classificação social definem pertencimentos e identidades, fortalecendo laços sociais e o empoderamento de alguns grupos, mas também produzem exclusões, estereótipos e estigmas de outros. Portanto, uma questão central em todo processo de territorialização é compreender como a estratificação e classificações sociais produzem ou são produzidas e acionadas a partir da constituição dos territórios. ARRANJOS NORMATIVOS E AS FORMAS DE USO DO TERRITÓRIO Qualquer processo de territorialização implica num certo arranjo normativo, um conjunto de normas e regras coletivas que definem a configuração territorial, a produção de fronteiras, limites físicos e simbólicos e as diferentes formas de uso do território. Esses arranjos normativos podem ser leis positivadas no ordenamento jurídico formal estatal, como por exemplo, os títulos de propriedade privada ou os títulos de terras coletivas, as legislações urbanas, agrárias, ambientais etc. Mas também podem ser direitos consuetudinários arraigados na tradição, nos costumes das comunidades e dos grupos sociais que podem ter raízes religiosas, míticas ou ainda acordos políticos de regulação das práticas cotidianas, como é o caso das formas de acordos coletivos sobre o uso da terra e dos recursos naturais vigentes em certos povos e comunidades tradicionais. Entender as tramas de relações e práticas espaciais de poder que são os processos de territorialização significa, entre outras coisas, entender os arranjos normativos que definem os usos econômicos, sociais, políticos, militares, ecológicos do território em questão. BIBLIOGRAFIA Almeida, A. W. B. (2005). Processos de Territorialização e Movimentos Sociais na Amazônia en A. U. Oliveira e M. I. 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Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. 121 UNA ECOLOGÍA POLÍTICA DESDE LOS TERRITORIOS: RESISTENCIAS FRENTE AL EXTRACTIVISMO Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO ALTERNATIVO EN CHILE Paola Bolados García INTRODUCCIÓN En las últimas décadas, la literatura respecto a los impactos de la expansión de los extractivismos y los conflictos socioambientales, muestran una progresiva politización del campo ambiental. La productividad de los conflictos ha dado lugar a un nuevo sistema y producción de nuevos saberes y conocimiento experto alternativo e independiente. Dichos conocimientos y saberes que se construyen desde los territorios, y en particular desde los territorios en resistencia, permiten ver las contradicciones de un modelo de desarrollo sustentado en una economía exportadora que sobreexplota los bienes naturales y estimula su circulación en los mercados internacionales. Los cambios radicales y el sufrimiento ambiental generados por este modelo, no solo son invisibilizados, sino que son reelaborados en nuevos imaginarios desarrollistas y extractivistas con el objeto de legitimar un discurso que dice compatibilizar crecimiento económico y sustentabilidad ambiental. Estos imaginarios se despliegan a través de políticas estatales como empresariales que buscan obtener licenciamiento en los territorios para nuevos proyectos y expansiones. En este contexto de desigualdades socioecológicas (Castillo, 2016), las organizaciones socioambientales en contextos de resistencias no solo han dado cuenta de una resignificación del territorio, sino que han facilitado comprensiones novedosas de democracia y ciudadanía 123 Paola Bolados García ambiental, a partir de lenguajes y conceptos que han sido reelaborados y enriquecidos en el seno de las prácticas colectivas y las luchas territoriales. Una de estas reelaboraciones ha sido el significado del agua como un derecho humano indispensable para todos y un bien común que no puede privatizarse. Esta ha sido una idea instalada en Chile desde la Provincia de Petorca, a través del trabajo de organizaciones como el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la protección al Medio Ambiente (MODATIMA). En este territorio se viene desarrollando hace más de una década un conflicto por el agua asociada a la exportación de paltas que ha generado una crisis en la disponibilidad y acceso al agua, y que ha obligado a las comunas más afectadas a abandonar la agricultura familiar, arrendar la tierra o finalmente venderla. Esto porque desde la década de 1990 se declararon agotadas las aguas superficiales y posteriormente se declaran diversas restricciones para la explotación de las aguas subterráneas. La crisis por la disponibilidad de agua afectará finalmente el acceso al agua potable, necesidad que será satisfecha con el abastecimiento a través de camiones aljibes. En este mismo sentido, desde la zona costera de la región de Valparaíso en la Bahía de Quintero, comunidades y organizaciones de mujeres resisten configurarse como “zonas de sacrificio”. Ellas, acogiendo este concepto incorporado por organismos no gubernamentales y fundaciones para referirse a lugares donde se concentran las consecuencias de las degradaciones socioambientales, contestan su significado y se resisten a victimizarse bajo esa figura, dando nacimiento a la primera Agrupación de Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia en el año 2016. Mujeres que articulan las luchas con pescadores y antes agricultores de la zona que, desde hace más de cinco décadas, han denunciado las consecuencias desastrosas del extractivismo minero-energético en su territorio. Un destino de sacrificio nacional en pos del desarrollo que ha permitido el emplazamiento de un complejo minero energético compuesto por 15 empresas tóxicas y peligrosas en un radio menor a cinco kilómetros. Este complejo estará conformado por cuatro termoeléctricas a carbón, tres empresas de hidrocarburos y tres de gas, una refinería y una fundición de cobre, una empresa de químicos y una cementera, entre otras. Actividades que han provocado destrucción de las actividades económicas tradicionales producto de los constantes varamientos de carbón en la playa, los derrames de petróleo y los episodios de intoxicaciones de pobladores y habitantes de las comunas de Puchuncaví y Quintero. El último de estos episodios, y uno de los más graves, sucedió en el mes de agosto de 2018, cuando se produjeron masivas intoxicaciones de niños, adolescentes y adultos, llegando a más de 700 consultas, situación que alertó a las comunidades y autoridades y que activó el debate en Chile sobre las denominadas “zonas de sacrificio”. 124 Una ecología política desde los territorios... Las resistencias de organizaciones de estos dos territorios de la región de Valparaíso en la zona central de Chile plantean una nueva perspectiva en torno a la justicia ambiental así como los derechos humanos, la cual busca situarse desde prácticas que se organizan en torno a una ética del cuidado, el buen vivir y una ecología de saberes que subyacen en las culturas indígenas y campesinas, y que se ensambla con otras trayectorias ambientalistas (Martínez Alier, 2004). Siguiendo en esta línea, intento mostrar cómo estas prácticas elaboran significados diversos de justicia ambiental y construyen conocimientos y saberes torno a las desigualdades socioecológicas, disputando valoraciones de la naturaleza más allá de la perspectiva productivista que impone el modelo exportador actual. La profesionalización del conocimiento ambiental y su privatización en manos de expertos concentrados en consultoras en las últimas décadas, marcaron una distancia social y política con una ciudadanía marginada de las decisiones que afectaron de manera irreversible sus territorios, dando cuenta de las ineficiencias, ineficacias y alegalidades (Gudynas, 2016) de la institucionalidad ambiental actual. Desde esta perspectiva, entendemos, como sostiene Souza Santos (2012), que toda justicia ambiental implica primero y a su vez, justicia social y cognitiva. Estas luchas por justicia ponen en cuestión en clave ambiental y ecoterritorial (Svampa, 2011) las múltiples historias de despojo de un modelo económico extractivista que, en el caso de Chile, han tenido un arraigo y una naturalización que se aceleró con el neoliberalismo ambiental impuesto durante la dictadura en la década de 1970 y que se consolidó con el retorno a la democracia durante la década de 1990. Un modelo que recrudeció las desigualdades socioecológicas a partir de la mercantilización de la naturaleza, y que favoreció la irrupción de numerosos conflictos socioambientales/territoriales en las últimas dos décadas en Chile. Con estos, se visibiliza una nueva racionalidad socioambiental y una identidad posneoliberal que comienza no solo a desnaturalizar el neoliberalismo impuesto con violencia en los años anteriores, sino a mostrar los lados invisibilizados del modelo exportador basados en la sobreexplotación de los bienes socionaturales y la destrucción de sistemas ecológicos y culturales de comunidades indígenas y campesinas del país. Estas invisibilizaciones tienen como correlato la marginación de sus conocimientos tradicionales y cosmovisiones sustentadas en la interdependencia entre naturaleza y cultura, y su reemplazo por el conocimiento experto autorizado, en su mayoría privatizado en las consultoras encargadas de los estudios de impacto ambiental exigidos por la legislación ambiental de la década de 1990. Este conocimiento experto autorizado, en el contexto neoliberal chileno, se construye desde una visión tecnificada de la naturaleza que 125 Paola Bolados García invisibiliza las dimensiones de sufrimiento de comunidades que reinventan el territorio y promueven sistemas de recuperación de la vida en contextos de degradación. Esta perspectiva se constituye en una prolongación de un sistema colonial del saber y una geopolítica del conocimiento (Lander, 2000) que, bajo imaginarios desarrollistas, ocultan procesos que favorecen la destrucción de sistemas culturales, biodiversidades y economías locales (Mundaca, 2014). Esto ha sido posible por la consolidación de un sistema de desposesión y mercantilización progresiva de la naturaleza (Harvey, 2006, 2005; Budds, 2004), así como de un ordenamiento legal que privilegia una democracia liberal que consagra la propiedad privada y derechos sociales subsidiarios. Este modelo económico global ha devenido en un neoliberalismo ambiental que, en el caso de Chile, ha conseguido despolitizar la discusión sobre la naturaleza y el medio ambiente, así como naturalizar la política extractivista. Después de casi dos décadas, estos conocimientos territoriales vuelven a presionar por recuperar su legitimidad y estatus epistemológico bajo diversos lenguajes de valoración sobre la naturaleza marcadas por un ambientalismo de corte popular (Martínez Alier, 2004) que construyen las organizaciones en sus territorios afectados y que confronta el conocimiento experto científico autorizado en la actualidad. Desde esta perspectiva, las luchas por justicia ambiental de estas organizaciones revelan una dimensión epistémica que cuestiona la universalidad y abstracción del derecho y la justicia, para dar cuenta de las dimensiones geografiadas de las prácticas sociales (Porto Goncalves, 2006) y culturales desde donde emergen los sistemas normativos de pueblos indígenas y grupos campesinos que comienzan a denunciar los daños del actual modelo depredador. En este sentido, los conflictos no solo expresan el sufrimiento ambiental que implica ver el deterioro de las condiciones de vida (Auyero y Swistun, 2008), sino la emergencia de prácticas que defienden el derecho a la re-existencia (Porto Gonçalves, 2015). Estas prácticas de re-existencia de las organizaciones ambientales en Chile muestran una forma de apropiación del espacio y una territorialidad que pone en crisis la perspectiva privatizadora del modelo y denuncian las limitaciones e ineficacias de las legislaciones indígenas y ambientales de la década de 1990 que compatibilizaron democracia política y neoliberalismo económico. Un modelo extractivista que tanto en Chile como en el resto de la región latinoamericana se profundizó bajo gobiernos tanto liberales como progresistas (Svampa y Viale, 2014; Gudynas, 2015). En este sentido, las actuales luchas por justicia ambiental que emergen desde los territorios contestan las definiciones y políticas del conocimiento que privilegian una perspectiva naturalizada, tecnificada y compartimentalizada del medio ambiente, y resisten los modelos de apropiación irracional de la naturaleza. 126 Una ecología política desde los territorios... El colonialismo epistémico de las ciencias que subyace en el modelo de producción indiscriminada de los mal llamados recursos naturales, margina los significados identitarios y colectivos, y los disponen para un uso y una valoración exclusivamente mercantil. Esto ha sido posible y viable a través de una colonización de los imaginarios y prácticas neocoloniales que legitiman desigualdades y promueven la colonización de la naturaleza (Alimonda, 2011). En este sentido, se comprende que tanto los extractivismos mineros como el agroexportador ponen en juego sistemas de relaciones neocoloniales, y recurren a las memorias de dominación para reforzar una visión de continuidad en la historia de la minería (Machado, 2011), o la agricultura como modelo arraigados culturalmente. En el caso de Chile, en particular, el imaginario minero colonial es muy temprano y será un factor fundamental para facilitar un sistema jurídico de sobreexplotación de los bienes naturales como el agua y los minerales. De la misma forma, el modelo hacendal agrícola sustentado en relaciones de dominación y subalternización entre patrones y peones (Bengoa, 2015), generaron condiciones de dominación reinventadas por el modelo agroexportador. Este mapa extractivista de la década de 1990 facilitó la expansión de los extractivismos históricos, así como de nuevos extractivismos como el pesquero, el forestal y el salmonero, que hoy tienen a los territorios en conflicto. LO COMÚN DE LAS LUCHAS POR EL AGUA Y LAS RESISTENCIAS A LAS ZONAS DE SACRIFICIO: LA POLÍTICA DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CHILENA Chile, al igual que el resto de la región latinoamericana, ha fluctuado en las últimas décadas entre gobiernos conservadores y progresistas que, no obstante, han compartido con matices diversos, la política económica extractivista. Esta economía política se ha levantado sobre la privatización de los llamados recursos naturales que hoy buscan ser recuperados por comunidades y organizaciones en tanto bienes comunes. En su mayoría, se trata de procesos que adquirieron una estructura legal en contextos de violencia política y violencia económica impuestas por la dictadura. Como en otros casos, gran parte de esta expansión se realizó bajo la retórica del crecimiento económico que en el caso de Chile alcanzó durante la dictadura casi un 7%, legitimando política y socialmente el modelo exportador iniciado con la dictadura de Augusto Pinochet que se prolongó desde 1973 a 1989 (Silva, 1996; Bauer, 2003). Varias de las actividades extractivistas iniciaron sus actividades de expansión en contextos desregulados, como fueron las privatizaciones del litio en Chile, las cuales quedaron en manos de la familia 127 Paola Bolados García Pinochet. Esto ocurrió también con las aguas que se privatizaron y crearon uno de los mercados más liberales del mundo, provocaron el despojo de las comunidades indígenas y campesinas del país y una acelerada migración del campo a la ciudad. En particular, porque los derechos de aprovechamiento de aguas quedaron concentrados en las manos de la agricultura y la actividad forestal (casi el 80% de las aguas frescas en Chile están ocupadas por estas actividades).1 Estos procesos afectaron, en primer lugar, a los campesinos y pequeños agricultores que se vieron despojados por un nuevo régimen de tenencia de la tierra y del agua. Iniciados en la década de 1980, estos procesos adquirieron una dimensión más conflictiva una década después, una vez que los extractivismos se centraron en territorios indígenas (período en el que, paradójicamente, se expanden los derechos indígenas a nivel internacional, logrando avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la aprobación de convenios internacionales vinculantes como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). La “confluencia perversa” del modelo que logró compatibilizar la consolidación del sistema neoliberal y el proyecto de democratización en la región (Dagnino, 2006), operó en buena parte durante la década de 1990, siguiendo la vía del multiculturalismo de Estado o un neoliberalismo multicultural (Bolados, 2016), al promover un reconocimiento de derechos culturales e indígenas regulado que no colisionara con la expansión de la economía global. De esta manera, estas legislaciones democratizadoras de esa década, tanto la legislación indígena del año 1993 como la ambiental del año siguiente, fueron incapaces de frenar la expansión extractivista poniendo en tensión a las comunidades, quienes comprendieron que las legislaciones habían conseguido articularse con los intereses empresariales nacionales y transnacionales asociados a la política exportadora. En particular, la presión del lobby minero marcó la nueva política ambiental y su orientación al modelo de mercado, mejorando instrumentos de gestión ambiental que no colisionaran con los sistemas de tributación minera exigidas en este nuevo contexto y que pretendían incorporar royalties o impuestos a la actividad minera (Folchi, 2003). El andamiaje legal de la dictadura se conformó a través de principalmente cuatro elementos que se constituyeron en un ordenamiento jurídico articulado: El decreto 600 de la Inversión Directa Extranjera 1 Según datos gubernamentales, el agua fresca es casi en un 82% capturada para la actividad agropecuaria, 7% consumo el área industrial, 8% agua potable y saneamiento, y la minería alcanza un 3%. Esto por las prerrogativas que la minería aseguró en Chile a través del Código Minero del año 1982 y que entregó bajo la figura de las aguas del minero sin necesidad de inscribir derechos de aguas. Atlas del Agua (2016, p. 8). 128 Una ecología política desde los territorios... (EID) que facilitó la introducción de capitales extranjeros, la constitución del año 1980 que consagró la propiedad privada como principio rector de la política chilena, y los códigos de agua y minero de los años 1981 y 1982, respectivamente, que facilitaron la concesión de los recursos mineros y las aguas para las diversas actividades extractivistas que se estimularon en ese período. Las empresas estatales fueron privatizadas mientras las trasnacionales hacen arribo al país, provocando una transformación radical de los territorios. Así, a fines de la década de 1980 y comienzos de la siguiente, se intensifican los conflictos socioambientales/territoriales a lo largo del país. En particular, la privatización del agua y la emergencia de un mercado de aguas fue destruyendo las economías locales, como la agricultura familiar; así como generando afectaciones en territorios indígenas que demandarán una legislación indígena y ambiental acorde al escenario internacional. En este contexto emerge la Ley de Medio Ambiente del año 1994 y con ella las expectativas de freno a la expansión extractivista por las comunidades y organizaciones. No obstante, como veremos, ella operó subordinadamente a la arquitectura legal de la dictadura y consolidó su principio privatista frente a los recursos naturales. En un contexto de apertura y firmas de Tratados de Libre Comercio (TLC), Chile adoptará un modelo de legislación que algunos autores han definido como facilitante del mercado (Tecklien et al., 2011), a la cual recién una década y media después se le incorporaron elementos regulatorios con las modificaciones del 2010 y la creación de los Tribunales Ambientales y la Subsecretaría de Medio Ambiente. La tardía publicación de su reglamento operativo en el 2001 significó la aprobación de varios proyectos en ese período. Todos ellos aprobados en un contexto de implementación de políticas multiculturales, como el conocido Programa Orígenes,que mostró no solo buscar apaciguar el conflicto mapuche en la Araucanía, sino también ser un desvió de la atención sobre la nueva expansión extractivista que se registró en Chile entre las décadas de 1990 y 2000 en actividades extractivas como las forestales y la salmonicultura. La privatización progresiva e intensiva de la naturaleza impuesta por la dictadura militar y su proyecto neoliberal, así como su consolidación bajo los gobiernos democráticos de la década de 1990, configuraron el lugar ideal para ensayar modelos que compatibilizaron democracia política y liberalismo económico (Paley, 2001). Estos modelos fueron incentivados en la década de 1980 por los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, experimentando un desarrollo particular en Chile, a través de legislaciones ambientales neoliberales que propiciaron la privatización de 129 Paola Bolados García los bienes naturales como el agua y la construcción de un sistema de conocimiento experto autorizado (Bauer y Budds, 2004; Silva, 1996). En este sentido, la legislación ambiental del año 1994 planteará un escenario de modernización a través de un sistema de evaluación ambiental sofisticado, que estableció nuevos instrumentos de gestión ambiental y novedosas modalidades de participación regulada que buscaron contener la conflictividad social. Uno de estos instrumentos será el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a través del cual los proyectos son evaluados por los servicios estatales vinculados o con competencia técnica a partir de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la empresa o titular. A partir de esta primera etapa, cada servicio realiza sus observaciones y declara si autoriza o no el proyecto, para luego pasar al período de consulta ciudadana y la recepción de sus observaciones. En caso de proyectos complejos o en donde las decisiones han tenido variados obstáculos y objeciones, el proyecto pasa al Consejo de Ministros, instancia conformada por los ministros de las principales carteras como economía, minería, agricultura o energía, dependiendo el tipo de proyecto. Finalmente, este consejo es el que resuelve si el proyecto es o no autorizado. Aunque la ley se dictó en el año 1994, recién se implementó a partir de la publicación de su reglamento operativo en el año 1997, permitiendo la autorización de muchos proyectos y acelerando el proceso de evaluación a través de DIA y no EIA (las cuales debían cumplir mayores exigencias). La ley demandó así la necesidad de elaborar informes estimulando la creación de consultoras ambientales especializadas, las cuales comenzaran a concentrar el conocimiento técnico asociado a los proyectos. Paralelamente se elitiza el conocimiento en un grupo de expertos autorizados para referirse a lo ambiental y legitimado por los servicios públicos, limitando en formas y tiempos las posibilidades de incorporar los conocimientos y saberes de comunidades solo acogidas vía observaciones individuales permitidas por el sistema. De esta forma, se generó un sistema de conocimiento centrado en las dimensiones técnicas del medio ambiente que marginaron los conocimientos ancestrales y colectivos, despolitizando la discusión ambiental y en particular invisibilizando la dimensión territorial. La legislación ambiental afianza así una construcción tecnocrática de la naturaleza a partir de una visión eminentemente económica. Este escenario nacional tuvo su correlato a escala regional en Valparaíso, –una de las regiones de mayor concentración demográfica y sede del poder legislativo–, a partir de dos conflictos que tuvieron amplia repercusión nacional e internacional. Los conflictos por el agua en la Provincia de Petorca coincidieron con las movilizaciones 130 Una ecología política desde los territorios... que se reactivaron en las comunas de Puchuncaví y Quintero producto de la contaminación acumulada en cinco décadas. Ambos conflictos tomaron la agenda socioambiental de la región y relevaron las inflexiones del neoliberalismo y sus impactos socioambientales, así como una nueva comprensión de derechos en torno a la recuperación de los bienes comunes como el agua y el derecho a resistir ser una zona de sacrificio y vivir en un medio ambiente libre de contaminación (como declara la constitución nacional del año 1980). Como señala Gabriela Merlinsky, los conflictos socioambientales actuales se han impuesto, –a fuerza de violencias y criminalizaciones– en la agenda pública, revelando innegablemente ser un campo de disputas políticas respecto a las formas de apropiación, producción, distribución y gestión de los bienes comunes en cada comunidad o región. A su vez, la dimensión positiva de estos conflictos, ha mostrado que producen aprendizajes y generan debates sobre la protección de estos bienes comunes, habilitando nuevos dispositivos de participación social (Merlisnky, 2013, p. 31). El neoextractivismo minero y agroexportador en Chile tendrá sus antecedentes y relaciones con el extractivismo salitrero y la comunidad de desiguales impuesto por la economía hacendal agrícola de los siglos XVIII y XIX, los cuales desarrollaron las bases sociales suficientes para desplegar un modelo neoliberal como fue el que se implantó en el último tercio del siglo XX. Impuesto en dictadura y consolidado en democracia, la ilusión desarrollista exportadora comienza a experimentar fricciones en Chile, una vez que los territorios y comunidades comienzan a dar cuenta de las paradojas de la democracia chilena y la ciudadanía de mercado o neoliberal que se fue construyendo en ese período de transición. Como sostiene Eveligne Dagnino (2006), el proyecto de democratizar confluirá perversamente con el proyecto neoliberal, en tanto que ambos demandarán una ciudadanía activa y empoderada. Esta se construirá a través de instituciones emblemáticas que nacen en un contexto de políticas de industrialización en la década de 1950 pero que dos décadas después se reorientarán a los objetivos de privatización de los servicios estatales, como ocurrirá en Chile con la Corporación de Fomento (CORFO), desde la cual se estimulará el emprendimiento y la autosuperación como modelos de una economía de mercado sustentada en la competencia e individualidad (Shild, 2002). Esto funcionará exitosamente durante el ciclo alto de los commodities, pero mostrará sus bemoles bajo la caída abrupta de los mismos a partir del 2012 y 2013. En el contexto de la baja del cobre y de la demanda China, así como de la baja inversión en los últimos años que disminuyeron en un 50% la participación de la minería en el PIB nacional (del 16 al casi 7%), las falacias del crecimiento económico y 131 Paola Bolados García los discursos sobre el desarrollo económico como propulsor de otros desarrollos se desvanecieron. Por el contrario, la situación de pérdida de territorios, vaciamiento y despojos que representó la cartografía del capitalismo transnacional de las décadas de 1990 y 2000, inspiraron heterogéneas resistencias en el período 2011 y 2012. PRODUCIENDO CONOCIMIENTO DESDE LOS TERRITORIOS SACRIFICADOS EN LA PROVINCIA DE PETORCA Y LA BAHÍA DE QUINTERO Aunque el agua como derecho humano tiene un reconocimiento recientemente en la legislación internacional, esta ha sido una idea apropiada y resignificada en Chile en los últimos años por organizaciones como MODATIMA. Esta agrupación, que nace en el año 2008, ha visto en este marco regulatorio internacional la posibilidad de internacionalizar su demanda y poner la atención en la tragedia que ha generado en su territorio y en todo el país, la privatización del agua. Junto a esta idea, la agrupación y sus miembros apelan al agua como un bien común que no puede ser mercantilizado ni reducido a un recurso natural. Apelando a la indivisibilidad de la tierra y el agua, promueven la interdependencia del agua con las economías locales y los usos comunitarios que existieron antes de la privatización del agua en Chile. Como la define un agricultor de Chincolco en la Provincia de Petorca: Los comunes eran bienes de la comunidad de crianceros y ganaderos y agricultores, todos hacían uso del cerro. Antes la mayoría de la gente tenía cabras y eso ha ido disminuyendo en la actualidad […] Antes las cabras eran libres iban al río, tomaban agua que querían y salían pal cerro otra vez […] Ahora no […] Los terrenos todos en este tiempo estaban sembrado y ahora pura tierra seca. Aquí había en ese tiempo habas, higos, cebada, lenteja, chícharo, todas esas cosas se cosechaban aquí […] El agua alcanzaba para el cultivo ya que se turnaban para el riego de su predio, ahora el agua se va a los cerros […] Usted ve como los cerros verdes y los terrenos planos que sembraba la gente para el sostén de su vida están secos (MODATIMA, Chincolco, febrero 2016). La privatización de las aguas y la expansión de la agroexportación en la Provincia de Petorca en la década de 1990 significaron primero el cercamiento de estos lugares comunes y la imposibilidad de acceso al río. Ríos que durante esa década se secaron producto de la sobreexplotación y el sobre-otorgamiento de derechos de aprovechamientos de agua. El código de aguas implementado en el año 1981 y la asistencia jurídica y técnica otorgada por el Estado para la inscripción de derechos de aguas, facilitó la regularización de estos derechos en los 132 Una ecología política desde los territorios... sectores del gran empresariado mientras que marginó de este proceso a los campesinos y pequeños agricultores. La guerra por el agua en la provincia se había desatado. El análisis de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, otorgados por la Dirección General de Aguas hasta el 2017, mostraron que en los quinquenios 1995-1999 y 2005-2009 se habían sobre-otorgado derechos de aguas en un contexto de declaraciones de agotamiento de las aguas superficiales (ríos Petorca y Ligua) y restricciones para la explotación de las aguas subterráneas (Bolados et al., 2018). La sobreexplotación de las fuentes subterráneas se explicó entre otros factores por la posibilidad de sumar a los derechos de aguas permanentes, la facultad de la Dirección General de Aguas de entregar derechos de aguas provisionales, muchos de los cuales fueron otorgados a los mismos grupos de agroexportadores. Derechos de Aprovechamientos de Aguas concentrados en las dos cuencas de la Provincia de Petorca en cuatro grupos familiares, tres de ellos denunciados por MODATIMA como usurpadores de agua en los informes de Derechos Humanos publicados entre 2012 y 2013 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. La falta de agua superficial y subterránea generó un mecanismo sofisticado para consolidar el negocio del agua asociado paulatinamente a la demanda por agua potable a través de los camiones aljibes, y favorecer la entrada del negocio del agua embotellada producto de la incertidumbre respecto a la calidad de la misma. Lo común emerge aún como un principio y una práctica política en medio de estas desigualdades en el acceso al agua en la Provincia de Petorca. Lo inapropiable del agua como un recurso y bien económico en las acciones de esta organización dan cuenta del sufrimiento social y ambiental de haberse quedado ¡secos! (como nominaron al documental que habla del conflicto de Petorca). MODATIMA inicia un proceso de denuncia nacional e internacional, y una serie de actividades para producir información sobre la concentración de la tierra en la zona de Petorca, generando publicaciones sobre producción sustentable, incluso con propuestas productivas alternativas asociadas a la producción de quínoa como forma de enfrentar la crisis del agua. Poco a poco, instalan la idea del agua como un derecho humano y un bien común en el debate nacional e internacional. Desde la misión del Instituto de Derechos Humanos (INDH) que constata la intervención de los ríos con drenes construidos y los informes de la Universidad Diego Portales del año 2013 y luego el 2014 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, las denuncias realizadas por MODATIMA presionan al Congreso a conformar una Comisión de Recursos Hídricos en la cámara de diputados y luego del senado. 133 Paola Bolados García No obstante, comunidades y organizaciones fueron adquiriendo múltiples herramientas para enfrentar las presiones ambientales en sus territorios, consiguiendo constituir un saber experto independiente que emergerá como resultado de los aprendizajes técnicos y legales adquiridos en las luchas y resistencias de organizaciones y comunidades (Bottaro y Solá, 2016). En casos como en Petorca, los procesos territoriales y las luchas organizativas dieron forma a la construcción de un sistema de conocimiento crítico respecto a la privatización de las aguas en Chile. Esto será en gran parte por el trabajo y producción de organizaciones como MODATIMA, la cual no solo apuntaron a un trabajo organizativo sino a una producción de conocimiento a través de libros, artículos y proyectos de ley asociados a un modelo de conocimiento hídrico independiente y crítico del modelo de aguas actual en Chile. Ejemplo de esta producción es el primer libro publicado por MODATIMA en el año 2014 titulado La Privatización de las Aguas en Chile. Causas y Resistencias (Mundana, 2014), la publicación de artículos científicos, el reciente libro Las luchas por el agua en Nuestra América (en prensa, 2019), y la participación en la puesta en marcha de un Diplomado sobre Ambiente y Sociedad. En este proceso de producción de conocimiento territorial, se instala en Chile la discusión sobre la mercantilización del agua y emergen propuestas de recuperar el agua como un bien común y un derecho humano fundamental. Mientras tanto, en el borde costero, un complejo minero energético en la Bahía de Quintero ha provocado una discusión sobre las denominadas zonas de sacrificio. Una denominación que introducen organismos no gubernamentales (Terram, 2014; Chile Sustentable, 2012) para describir la concentración de factores asociados a la contaminación. Denominación que hace unos días volvió a ser el ojo del huracán de uno de los casos más complejos y antiguos de conflicto y sufrimiento ambiental en Chile. Una bahía compartida por dos comunidades antes dedicadas a la agricultura, que vieron tempranamente sus economías locales destruidas producto de la lluvia ácida (SO2) y arsénico emitidas por la empresa ENAMI (fundición y refinería) que en el 2004 pasa a manos de la minera estatal Codelco Ventanas. Contaminación que se suma a los varamientos que generan las cuatro termoeléctricas a carbón y los derrames de petróleo de la Estatal ENAP. Complejo que se expande con la legislación de la década de 1990 y bajo la declaración del primer Plan de Descontaminación. Cansados de perder sus economías y estar expuestos a permanentes intoxicaciones y contaminaciones del borde costero, las organizaciones del territorio comienzan a resistirse a ser una zona de sacrificio. Cuestionando el destino de ser sacrificados por un desarrollo que los margina y los expone a situaciones de enfermedad y pobreza. Entre los casos de esta larga historia ambiental, destaca 134 Una ecología política desde los territorios... la agrupación de exfuncionarios de ENAMI que se han dado a conocer como los hombres verdes, luego de denunciar estar contaminados de cobre y otros metales pesados causando la muerte de muchos de ellos. Hoy sus viudas y sus hijos e hijas también denuncian contaminación y luchan por una compensación económica para la atención en salud, según el código laboral de sus contratos. A las actividades de esta Agrupación que nace el 2006, se sumarán recientemente la creación de la primera Agrupación de Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví. Una agrupación que en el desastre reciente han tenido un papel central, mostrando que el extractivismo discrimina también por género y mantiene relaciones de empobrecimiento aun mayor para las mujeres que tienen que quedar al cuidado de los enfermos por la contaminación. Ellas han denunciado la violencia ambiental como una violencia de género que la relega social y económicamente. Rompiendo con la lógica patriarcal del modelo extractivista emplazado en la Bahía, ellas aparecen en la arena pública cuestionando al Estado que las expone a una vida de toxicidad que afecta sus vidas, sus relaciones y sus fuentes laborales. Asímismo, afecta las condiciones de reproducción de la vida, en tanto denuncian que la contaminación repercute en la vida reproductiva de las mujeres, y en el desarrollo de aprendizaje de los niños. Adoptando el conocimiento experto disponible sobre los efectos de la contaminación por metales pesados en sus organismos, dan cuenta de que ser una zona de sacrificio es más que una cuestión de cumplir o mejorar los estándares de las normas, sino un destino que hay que modificar y que fue impuesto con violencia sobre el territorio, legitimando un modelo de injusticia ambiental institucionalizado (Bolados y Sánchez, 2017). Como describen Acselrad (2004) y Lerner (2010), se trata de zonas donde se concentran agresiones ambientales, pobreza y marginalidad producto de una vida tóxica. Acselrad describe estas zonas como: Zonas donde se concentran prácticas ambientalmente agresivas, afectando en general a población de baja renta. Sus habitantes conviven con la polución industrial del aire y agua, depósitos de residuos tóxicos, suelos contaminados, ausencia de abastecimiento de agua, bajos índices de arborización, riesgos asociados a inundaciones… En estas localidades, además de la presencia de fuentes de riesgo ambiental, se verifica una tendencia a escogerla como sede de otros emprendimientos de alto potencial contaminador. Estas localidades son llamadas por los estudiosos de las desigualdades ambientales como zonas de sacrificio o paraísos de polución, donde la desregulación ambiental favorece a intereses económicos predatorios, así como exenciones fiscales tributarias que son llamadas paraísos fiscales (Acselrad, 2004, p. 12). 135 Paola Bolados García Mientras Lerner describe estas zonas como: Las zonas de sacrificio son designadas como una amplia gama de comunidades aledañas o enclaves de contaminación química en que los residentes viven inmediatamente adyacentes a industrias altamente contaminantes o bases militares. Aunque los oficiales de gobierno reconocen que lamentablemente la producción de armas nucleares ha demandado sacrificios económicos y en la salud de un pequeño número de ciudadanos en pos de la seguridad nacional, ignoran una mayor cantidad de minorías y personas de escasos recursos cuya salida es sacrificada por la contaminación química… Activistas de la justicia ambiental tienden a llamarlas zonas de sacrificio, comunidades de borde/vecinas (Fenceline) o hot spot de contaminación. El destacar la primera –por parte del autor– se sustenta en el dramatismo del hecho que minorías y personas de escasos recursos deban incurrir en sacrificios desproporcionados de su salud y su economía que personas más acomodadas pueden evitar, lo que se constituye como un racismo ambiental que se sucede a lo largo de todo EEUU (Lerner, 2010, p. 9). En este marco, sostenemos una tercera acepción de zonas de sacrificio que emerge de las prácticas organizativas en territorios como Puchuncaví y Quintero. Se trata de una reelaboración de este concepto a partir de la reflexividad y construcción de saberes en la agrupación de las mujeres: La violencia ambiental, –la contaminación– como nos afectaba efectivamente todos los días a nosotras [...] Estábamos tan acostumbradas a la contaminación, estábamos super acostumbradas a los síntomas de intoxicación, yo creo que una persona que creció en Quintero, que se dé cuenta que está teniendo un síntoma de intoxicación fuerte, es porque la nube debe ser... asquerosísima de 6.000 o 5.000 de dióxido de azufre [...] Y eso nosotras empezamos a darnos cuenta... y comenzamos a estudiar [...] Porque no sabíamos, no habíamos hecho la relación, vivimos en un entorno con contaminación y cómo eso nos afecta a nosotras las mujeres [...] Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta (C. O. Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, septiembre de 2016). En el caso de la Bahía de Quintero, las Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví y Quintero contestan la categoría de zona de sacrificio, incorporándole su problematización a través del concepto “en resistencia”. Con ello intentan legitimar su denuncia nacional e internacional contra el Estado de Chile, mostrando que este destino ha sido impuesto pero frente al cual no se victimizarán. 136 Una ecología política desde los territorios... Apoyándose en la enorme producción científica disponible sobre la contaminación de suelo, aire y los estudios relacionados con la salud, se apropiaron del saber científico para mostrar la violencia ambiental en sus territorios. Asimismo, construyeron un saber experto independiente con el apoyo de fundaciones e instituciones académicas en pos de disputar frente al estado y las empresas, mostrando las consecuencias de no asumir la evidencia científica ni las recomendaciones internacionales en temas de normativas ambientales. Entre estos estudios destacan los del médico toxicólogo Andrei Tchernitchin2, en tanto ellos han marcado la denuncia de las mujeres respecto a las afectaciones en la salud de los niños, incluidos los efectos durante la gestación que generan la exposición a metales pesados y los problemas de aprendizaje en las edades tempranas. La contaminación de la Bahía y la historia ambiental del territorio que la construyó desde hace cinco décadas en una zona de sacrificio, se constata con la cantidad de evidencia científica de la contaminación en la zona y los permanentes desastres que le siguieron a los ineficaces intentos institucionales y legales por modificar la situación.3 Sin embargo, esta evidencia científica ha sido 2 Ver sus trabajos Andrei N. Tchernitchin 1998 “Efectos diferidos por exposición prenatal, neonatal o durante el desarrollo infantil a contaminantes ambientales” Health I G News 2 (10): 8-10,. A. N. Tchernitchin, Nina N. Tchernitchin, M. A. Mena, Cristina Unda, J. Soto 1999 “imprinting: perinatal exposures cause the development of diseases during the adult age” Acta Biol. Hung. 50 (4): 425-440. 3 Desde la década de 1980 existen estudios relacionados con la contaminación de suelos, aire, y otros vinculados a salud. Véase González y Bergqvist (1986). Evidencias de contaminación con metales pesados en un sector del secano costero de la V región. Agricultura Técnica 46(3) 299-306, septiembre. Chiang (1989). Desarrollo industrial y contaminación. Ambiente y Desarrollo 5(2) 43-50. Sánchez, Romieu, Ruiz, y Gutiérrez (1999). Efectos agudos de las partículas respirables y del dióxido de azufre sobre la salud respiratoria en niños del área industrial de Puchuncaví, Chile. Revista Panameña de Salud Pública 6(6) 384-391. http://dx.doi.org/10.1590/S1020-49891999001100003. Ginocchio (2000). Effects of a copper smelter on a grassland community in the Puchuncaví Valley, Chile. Chemosphere (41) 15-23. 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Informe final: Evaluación de riesgos para la salud de las personas y biota terrestre por la presencia de contaminantes, en el área de influencia industrial y energética de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Valparaíso, Chile: 137 Paola Bolados García invisibilizada políticamente por los diversos gobiernos en las últimas décadas, incluso profundizando el sufrimiento ambiental a través de la incertidumbre respecto a las consecuencias de esta contaminación en la vida de las comunidades. En este proceso, sin embargo, el apoyo de fundaciones como Terram, Oceana, Henri Böll, Chile Sustentable, FES, el Instituto de Derechos Humanos,y los informes de observatorios de universidades han visibilizado estos estudios y han complementado con información crítica independiente los daños que generan. En particular, los asociados a la matriz energética fósil que se concentra en estos territorios (principalmente las termoeléctricas a carbón y petróleo) y la violación de derechos humanos y ambientales. En este sentido, los primeros en hablar de zonas de sacrificio serán estas fundaciones, así como las primeras que evidenciaran el daño entregándole recursos y datos a las organizaciones, que luego incorporarán en sus estrategias organizativas y resistencias territoriales. Sin embargo, en el transcurso del proceso de intensificación del desastre desde el 2011 en adelante con intoxicaciones en escuelas, derrames de petróleo y varamientos de carbón, las organizaciones como las Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví y Quintero harán una crítica y reelaboración del término, señalando que es un término que las victimiza y legitima este modelo que las destina a sacrificarse en pos del desarrollo nacional. De allí que la introducción de la noción de “resistencia” se constituirá en un aporte territorial para señalar la relegación social y política que este destino involucra. En general, las agrupaciones han sostenido que no se trata de oponerse a las empresas, sino a su forma de producción, y en particular, a las normativas deficientes e inexistentes en algunos casos, que el Estado exige. Demandando mayor fiscalización, disputan el conocimiento técnico actual sobre normas de calidad más exigentes que se alinean con las de la Unión Europea y la Organización Mundial PUCV-UV. Cruz y Villalobos (2013). Aproximación a las significaciones imaginarias sociales de habitantes-apoderados de la Escuela Conflicto de Contenido Ambiental. El caso de La Greda, Puchuncaví (Tesis de pregrado). Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. MMA (2014a). 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Fundación Terram. 138 Una ecología política desde los territorios... de la Salud, así como las protecciones internacionales disponibles para denunciar el daño ambiental actual como son las que permite la Organización de Naciones Unidas a través del Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos.4 Como mujeres, se encuentran disputando públicamente su conocimiento territorial y construyendo una historia ambiental de la Bahía en clave de género frente a un sistema patriarcal arraigado. Comprenden que sus resistencias a ser “zona de sacrificio”, mezcla estrategias de movilización y judicialización, así como una compleja articulación con otras organizaciones y en un contexto de mercantilización de las relaciones con las empresas vía proyectos de responsabilidad social empresarial. Pese al crecimiento exponencial de las prácticas de RSE –responsabilidad social empresarial–, en los últimos años, ellas demuestran ser ineficaces y solo sirven para subsidiar al estado y justificar la aprobación de nuevos proyectos. CONCLUSIONES Con historias largas y complejas, estos dos territorios de la región de Valparaíso en la zona central de Chile muestran la raíz de las desigualdades socioecológicas. Estas hoy se expresan en una serie de conflictos socioambientales/territoriales que se acrecentaron con las legislaciones correctivas implementadas con el retorno a la democracia en las década de 1990 y que funcionaron subordinadas a la arquitectura legal mercantilizadora de la dictadura (una década y media antes). En particular, nos referimos a la ley indígena del año 1993 y la del medio ambiente del año 1994 que habrían generado unas expectativas que se vieron rápidamente truncadas, en particular por las consecuencias del código de aguas, así como una legislación facilitante del mercado. Estas promovieron una profesionalización y privatización del conocimiento experto que comienza a ser disputado por otros sistemas de conocimiento alternativo y saberes que emergen de las luchas territoriales de comunidades y agrupaciones que reelaboran comprensiones en torno al agua como un derecho humano y un bien común, así como problematizan y resisten al sacrificio de sus territorios. Se legitima con la nueva legislación la producción de un tipo de conocimiento tecnificado de la naturaleza, invibilizando, marginando y en ocasiones criminalizando los saberes territoriales de comunidades 4 Cabe mencionar que la Agrupación de las Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví y Quintero inició el año 2018 una demanda al Estado de Chile, que luego la llevó a la ONU a través del Examen Periódico Universal que se realizó en Ginebra a inicios del 2019, así como su presentación en la Corte Interamericana cuya reunión se realizó en febrero de este año en Bolivia. 139 Paola Bolados García y agrupaciones socioambientales. El conocimiento científico experto demandado por la ley y su sistema de evaluación ambiental facilitante de los extractivismos, están siendo cuestionadas y contestadas con comprensiones de democracia, participación y ciudadanía ambiental novedosas. Ellas plantean una nueva racionalidad eco-socioambiental y una identidad posneoliberal que nace de las prácticas y luchas territoriales frente a los extractivismos y las consecuencias de destrucción de sus formas de vida, economías, ecosistemas. El modelo extractivista ha promovido una comprensión de la justicia ambiental tecnificada que despolitiza los esfuerzos de comunidades y agrupaciones por relevar usos y valoraciones de la naturaleza y el ambiente no productivistas. Un extractivismo mineroenergético emplazado en la Bahía de Quintero y agroexportador en la Provincia de Petorca, que ha significado la marginación de otros saberes, otras epistemologías o sistemas de conocimiento. Estos conocimientos y valoraciones del ambiente como recursos naturales hoy son recuperados por comunidades y territorios como bienes comunes y derechos humanos indispensables que disputan las valoraciones exclusivamente mercantilistas y privatizadoras. Estas valoraciones impregnadas en los modelos de conocimiento experto y legitimados en la legislación ambiental chilena actual, están orientados fundamentalmente a proteger derechos de propiedad que derechos humanos y de la naturaleza. Emerge una ecología política desde los territorios al amparo de las luchas y resistencias de comunidades y agrupaciones que reelaboran las comprensiones de la justicia ambiental y reconoce aprendizajes, saberes y conocimientos expertos alternativos en las disputas y conflictos socioambientales/territoriales. Estos conocimientos y saberes territoriales crecen en los intersticios de los espacios institucionales y académicos y las acciones y resistencias colectivas de comunidades despojadas de sus territorios y sus bienes naturales, o afectadas por la degradación de sus economías y biodiversidad. Los conocimientos del agua como un derecho colectivo, indisociable de la tierra e inapropiable que emergen desde la Provincia de Petorca, se entrecruza con nuevas valoraciones y racionalidades ecológicas de comunidades que se resisten a vivir en un territorio degradado y destinado al sacrificio. Estos conflictos son, a nuestro entender, el principal lugar de análisis teórico y metodológico de la crisis de la racionalidad y su conformación legal. Entonces podemos acordar que la justicia ambiental como justicia social y cognitiva nos plantea no solo un problema jurídico sino sociocultural y ecológico en un sentido amplio. Una cuestión que se ha constituido en un problema contemporáneo central a la luz de los conflictos socioambientales, los cuales nos revela no solo 140 Una ecología política desde los territorios... la crisis del sistema jurídico y ambiental, sino la crisis de uno epistémico: la insustentabilidad e irracionalidad del modelo extractivista actual. 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Pensar el entramado de relaciones de poder que se tejen a nivel local-global, atrás de los escenarios de agresión sistemática, nos permite una lectura integral de los conflictos sociales y ambientales, como conflictos territoriales, y como una evidente manifestación de las contradicciones del modelo dominante de civilización. Ese es el objetivo del presente artículo, teniendo un énfasis especial en las dinámicas del conflicto social ambiental colombiano. El proceso histórico-geográfico de violencia y de imposición paralela de espacios (formas y contenidos) económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales responde a un entramado de relaciones globales-locales de larga, mediana y corta duración que atraviesan el planeta entero y que tienen en los fenómenos de violencia, guerra y conflicto tal vez su más evidente expresión, aunque no la única. Normalmente, los análisis provenientes de la academia, el Estado y los sectores sociales se acercan a la comprensión del problema de manera fragmentada, generando lecturas limitadas y contradictorias que muchas veces legitiman (tal vez sin quererlo) los mismos procesos de dominación, explotación y violencia. Muchos sectores críticos de 145 Milson Betancourt Santiago la realidad apuestan a superar dominaciones aisladas sin comprender que la tragedia humana que vivimos está profundamente vinculada. Así, consideramos que son urgentes nuevas visiones y perspectivas integradoras, tanto sobre la comprensión de las variadas y múltiples crisis que sufrimos, como de las acciones de transformación, transición, emancipación y revolución que como sociedad en movimiento queremos y necesitamos. Partimos de esta realidad conflictiva, violenta y guerrera de nuestros tiempos y nos proponemos ofrecer una serie de marcos teóricopolíticos que permitan construir comprensiones conjuntas. Nos centraremos en los fenómenos de violencias múltiples derivados de las relaciones territoriales, bajo el entendimiento de que la colonialidad territorial, concebida como un proceso y patrón de poder en expansión, afecta todas las relaciones de subordinación y dominación entre seres humanos, la naturaleza y sus elementos centrales, volviéndolos objetos de mercantilización y explotación. De ahí los grados de violencia que vivimos y las múltiples facetas de conflictividad que evidenciamos (Betancourt, 2016). LA COLONIALIDAD TERRITORIAL Y SUS APORTES En el marco de los desafíos mencionados proponemos el concepto de colonialidad territorial (Betancourt, 2015a)1, luego de un recorrido de casi veinte años entre la academia y el activismo, acompañando, actuando y pensando, desde diversas realidades de conflictividad, inicialmente en Colombia, pero luego en varios países de América Latina. La colonialidad territorial proviene del esfuerzo por entender que la devastación/dominación/explotación social, económica, política, ambiental y cultural está unida a una misma matriz o patrón de subalternización de todas las gentes y los territorios, de manera diferenciada y afecta con mayor fuerza a los más humildes, en particular a aquellos que bajo distintas estrategias y dispositivos, se han considerado incivilizados/salvajes/atrasados/subdesarrollados/ improductivos, violencias simbólicas que acompañan siempre las violencias físicas. 1 La primera vez que propusimos este concepto fue en la tesis concluida en el 2015 para el Programa de Doctorado en Geografía y Ordenamiento Territorial y Ambiental, de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, bajo la orientación del profesor Carlos Walter Porto-Gonçalves, y en donde desarrollamos un marco para comprender los conflictos y conflictividades territoriales, que la implementación de La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) venía y viene produciendo en los territorios suramericanos, y en particular sobre la Amazonia. 146 Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias... Por esta razón, las violencias han recaído sobre las diferentes formas de comunidades tradicionales, sean ellas campesinas, afrodescendientes o indígenas, pues suelen ser las primeras víctimas de la expansión en cada tiempo y espacio. Por eso resulta importante considerar su unidad, magnitud y diversidad, como lo propone el concepto propuesto por la constituyente boliviana: pueblos y comunidades indígena originario campesinas, justo sin coma, porque son un bloque de poder. El concepto de colonialidad territorial también evidencia que ese patrón de dominación/explotación/subalternización no solo se ha aplicado ante los pueblos, comunidades, personas, víctimas de esta matriz de violencia, sino que se ha venido aplicando para dominar/ subordinar/explotar la naturaleza y sus elementos esenciales (agua, tierra, minerales, energías, aire, biodiversidad), pues la guerra contra los humanos es la misma guerra contra la naturaleza. El concepto de colonialidad territorial nos ayuda a vincular las múltiples resistencias desde los diversos sujetos dominados, explotados y violentados que comprenden la necesidad de tejer nuevas r-existencias territoriales (Porto-Betancourt, 2016), que no solo se oponen a la dominación, sino que parten de existencias propias y diferenciadas, de ahí r-existencias, materializadas en contextos territoriales concretos que nos permiten imaginar otros horizontes de sentido. En cuarto lugar, el concepto de colonialidad territorial nos obliga a considerar esa geo-grafía (saberes-haceres territoriales) otra, y desde allí, a partir de un verdadero diálogo de saberes, reconocer esos ethos y epistemes como esenciales para pensar y practicar la descolonización territorial. Saberes y haceres que han sido subyugados por el patrón de dominación y que han sufrido las peores dosis de violencia y criminalización (Betancourt, 2016), pero que también han sido invisibilizados por las corrientes críticas tradicionales y eurocéntricas del liberalismo y el marxismo, provocando una continuidad de la colonialidad territorial bajo otras formas de inferiorización y paternalismo. La emancipación de todas las formas de dominación, opresión, explotación y violencia no se puede pensar y practicar en América Latina, sin o por encima de la diversidad de Abya Yala, de esa América Latina profunda, de esos pueblos, comunidades, hombres y mujeres, que representan miles de comunidades originarias indígenas, originario campesinas, que r-existen territorialmente desde hace más de 500 años. Su densidad geográfica, epistemológica y etológica, debe ser visibilizada, considerada y legitimada, con urgencia, dentro del pensamiento y la acción emancipadora. 147 Milson Betancourt Santiago LAS RELACIONES SOCIEDAD(ES)-NATURALEZA DESDE LA ECOLOGÍA POLÍTICA Es necesario señalar que la propuesta teórico-política desde el concepto de colonialidad territorial proviene de la geografía crítica latinoamericana, pero se ha nutrido del diálogo con la ecología política. Dentro de ese marco se parte de considerar que la crisis ambiental, y en general la cuestión ambiental, no se puede simplificar y reducir a una serie de adaptaciones técnicas, ancladas al concepto hegemónico del “desarrollo sostenible”, sino que es necesario dilucidar las complejas interacciones diferenciadas entre las sociedades y sus formas de apropiación desigual de la naturaleza, pues es el acumulado de estas formas de apropiación lo que ha provocado la profunda injusticia social y ambiental que padecemos. En términos de Alier, la ecología política estudia la manera cómo el poder incide en los conflictos socioambientales que este autor prefiere denominar como “conflictos ecológico-distributivos” (Alier, 2015). La ecología política y su diálogo con la geografía crítica desde América Latina ha sido entonces muy útil, en especial para tres aspectos que queremos resaltar: 1) evidenciar empíricamente las desigualdades en la distribución ecológica y territorial; 2) cuestionar teórica y políticamente todas las formas de productivismo-extractivismo que se proyectan como sociales y/o ecológicas pero que no son más que otras formas de explotación de otros territorios; y 3) ayudar a superar nociones superficiales de ambientalismo provenientes, en su mayoría, de corrientes neoliberales y del mundo “urbano” funcionales a la continuidad de las lógicas de explotación de personas y naturaleza (territorios), y que muchas veces legitiman los procesos de violencia y criminalización sobre los ecologismos populares. A través del concepto y la metodología de la colonialidad territorial se ha demostrado empíricamente las profundas desigualdades que se gestan en los procesos de apropiación de la naturaleza y sus elementos, que se dan en espacios geográficos concretos, generalmente habitados por comunidades humildes con formas de existencia de bajo metabolismo socio-espacial (Toledo, 2013). No es solo una apropiación desigual de la naturaleza y sus elementos, sino que esta ocurre a través de múltiples formas de despojo y desterritorialización, en particular de los mundos comunitarios rurales. Por eso la colonialidad territorial distingue entre procesos de apropiación de larga, mediana y corta duración (Betancourt, 2015a), desde el inicio de las condiciones de dominación colonialismo, pasando por hitos especiales como la llamada “revolución industrial”, la “gran aceleración” (Will, 2015), la “violencia de la revolución verde” (Shiva, 1991), y progresivamente la ampliación de la cultura del 148 Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias... consumo, o de lo que los politólogos Ulrich Brand y Markus Wissen denominan “modos de vida imperial”2, en un entramado acumulado, complejo, pero distinguible, en un entramado de interacciones entre empresas, estados, personas y espacios a lo largo y ancho del planeta. El segundo elemento cuestiona tanto teórica como políticamente, las nociones fragmentadas que, por un lado, riñen con las economías dedicadas al “extractivismo”, pero que, por otro, legitiman el “productivismo”, la “tecnología de punta”, “la necesaria industrialización de nuestros recursos” para dejar de ser simples proveedores de materias primas y modernizarnos, como aseguran muchos representantes de la izquierda tradicional latinoamericana. Esta visión que fragmenta los países y sus economías olvida que no se trata de modelos de sociedad y desarrollo opuestos o diferentes, el desarrollado y el subdesarrollado, el moderno y no moderno, sino que están profundamente ligados. Así que las tecnologías más modernas están íntimamente relacionadas con variadas formas de extractivismo intensivo y a gran escala en otros lugares del mundo. El desarrollo y modernidad del Norte Global dependen materialmente del subdesarrollo, extractivismo, saqueo, despojo y desterritorialización de comunidades en el Sur Global. Pretender la independencia de estas relaciones, siguiendo y repitiendo el mismo camino no solo es necio sino violento y colonial para quienes sufren las consecuencias de este modelo. Es lo que Aníbal Quijano (2002; 2006) llamó como la continuidad de la colonialidad del poder y sus formas de clasificación social. El tercer aporte señala la inconsistencia que existe en los ambientalismos neoliberales proveniente de un mainstream de procedencia urbana sobre la cuestión ambiental, que se instala cada vez con más fuerza agenciado por los medios masivos de comunicación y las corporaciones, y que lejos de comprender y atacar las contradicciones ecológico-territoriales que nos gobiernan, caen en visiones reduccionistas funcionales a la continuidad del discurso y ethos moderno-desarrollista de clasificaciones sociales neo-malthusianas. Dos ejemplos de lo que la ingeniera y antropóloga Yayo Herrero ha sabido llamar “ecofacismos” (Herrero, 2012) son las políticas simplistas y nefastas de conservación de la naturaleza sobre y en contra de los mundos comunitarios rurales campesinos e indígenas y el resurgimiento de tesis malthusianas sobre la degradación ambiental causada por los pobres y su crecimiento poblacional. 2 En el original en alemán (no existe traducción al castellano), “Imperiale Lebensweise: zur Ausbeutung von Menschen und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus”, que hemos traducido a “Modos de vida imperial: sobre la exploración de humanos y naturaleza en tiempos de capitalismo global”. 149 Milson Betancourt Santiago En el ámbito de la instalación de la cuestión ambiental en el mundo, muchas veces negada o aceptada de manera reducida y simplificada, el discurso institucional ha asegurado el mantenimiento del statu quo a través de un ambientalismo neoliberal, un nuevo capitalismo pintado de verde en donde el campo de la “conservación de la biodiversidad” tiene un lugar importante, pero que no pretende la conservación holística de la biodiversidad y su significado para la vida, sino más bien le apuesta a “conservar” los nuevos negocios que se abren en las áreas protegidas: la bio-prospección, bio-piratería y en general la biotecnología, adicional al turismo de naturaleza, así como los negocios de carbono y mercantilización financiera de la naturaleza, entre otros. Los ecofacismos han defendido la instalación de islas de conservación llamadas en general “áreas protegidas” bajo distintos regímenes jurídicos, en especial la creación de “Parques Naturales”. Se han ido delimitando ciertos espacios, en general los mejor conservados en el mundo, que no por casualidad habían sido hábitat de comunidades tradicionales indígenas y campesinas, pero que desde la jerarquía dominante se criminaliza la reproducción territorial de la vida de estas comunidades, quienes, de hecho son quienes han conservado estos espacios. En la misma vía, auspiciado desde agendas hegemónicas globales y locales, evidenciamos los claros discursos y prácticas neomalthusianas en donde se habla de la necesidad de “controlar” y “contener” a los pobres desde la reproducción. Se argumenta que la pobreza constituye una doble carga a los ecosistemas en razón de las apropiaciones materiales que esta clase social realiza para sobrevivir, luego se habla de su “excesiva sobre-reproducción” y culpable de la “sobrepoblación” que genera la “ecoescacez”. Estas tesis malthusianas sobre los pobres, su reproducción y su pobreza como problema ambiental son fuente de prácticas gubernamentales de ultraconservadores como Jair Bolsonaro en Brasil que promulgan a la pobreza como el principal problema ambiental y no el crecimiento económico (Barrios, 2019); también por Alberto Fujimori en Perú, en el marco de sistemáticos procesos de esterilización forzada realizados como políticas de lucha contra la pobreza, que según la Defensoría del Pueblo se cuentan en 272.000 casos (Cúneo, 2017). Prácticas que tienen orígenes en Estados Unidos y en Europa con su mayor expresión en el nazismo alemán, pero que hoy se vinculan camufladas en los ecofacismos institucionales. Tales discursos y prácticas malthuasianas desconocen que las ordenaciones territoriales y ambientales de estos pueblos y comunidades son la base simbólica y material, discursiva y práctica de la 150 Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias... ordenación territorial que dominó por milenios los hábitats humanos a lo largo y ancho del mundo. Así lo demuestran los mapas a escala global que nos presentan Toledo y Barrera (2008), así como los mapas del geógrafo brasileño Porto-Gonçalves (2012) a escala suramericana, que evidencian la coincidencia espacial entre las áreas naturales mejor conservadas y más biodiversas en el mundo con los espacios que son el hábitat comunitario tradicional de estos pueblos. Todos estos trabajos compatibles con los elaborados por el etnobiólogo estadounidense Dorell Posey (2002) sobre la Amazonia, que lo llevaron a rebatir los conceptos hegemónicos de selva prístina-humedad, para incluir el de “selva tropical cultural humedad” al considerar la cultura tradicional de ese lugar como factor coevolutivo del bioma amazónico. Existe una coincidencia espacial en el mundo entero entre biodiversidad biológica, cultural, lingüística y agrícola que, lejos de ser casual, son biodiversidades complementarias e interdependientes, que quieren ser desconocidas por estas perspectivas malthusianas y ecofacistas. VIOLENCIAS MÚLTIPLES A ESCALA GLOBAL-LOCAL Todos los procesos, dinámicas y casos de acumulación territorial implican dosis de violencia y criminalización crecientes que se identifican con claridad en los índices de agresión contra los defensores del territorio y las comunidades que sufren estas colonialidades territoriales3 (Betancourt, 2016), van desde el evidente control legal e ilegal, militar y mercenario de espacios que resultan estratégicos y necesarios para la expansión económica dominante (Santos, 2000), como son las evidentes violencias del extractivismo minero e hidrocarburífero histórico y reciente, hasta las novísimas formas de violencia y despojo que ilustramos en el apartado anterior de los nuevos ecofascismos. En este marco es importante considerar que hablamos de violencias múltiples porque no es posible reducir a una sola forma de violencia las agresiones complejas que se sufren con la dominación/ opresión/explotación/subordinación de territorios y poblaciones (Borde y Hernández, 2019) a través de una multiplicidad de formas 3 Hemos en los últimos años coordinado dos investigaciones que demuestran esta creciente violencia y criminalización, una sobre la expansión territorial de los proyectos mineros, que citamos del 2016 con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL y CENSAT Agua Viva; y otra que estamos culminando sobre la expansión territorial de los proyectos hidrocarburíferos en Suramérica y su relación con múltiples, generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, realizada en colaboración con el Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB; el Observatorio Petrolero Sur, OPSUR de Argentina; y Acción Ecológica de Ecuador. 151 Milson Betancourt Santiago de violencias físicas y simbólicas, que van desde la masacre, el asesinato y el desplazamiento forzado, hasta el racismo, clasismo, la xenofobia y la discriminación. Consideramos, entonces, que esta comprensión ampliada de las violencias múltiples a escala global-local es necesaria y muy importante, tanto para pensar su significado e impactos, como para construir escenarios de acción y resistencia civil. Esta ampliación de perspectiva implica, a nuestro parecer, por lo menos cuatro tesis precedentes, ya tratadas en otros momentos, y que aquí intentaremos exponer brevemente: SUPERAR FRAGMENTACIONES EN LA COMPRENSIÓN DE LOS CONFLICTOS Existe una gran dispersión en la comprensión de los conflictos y por eso, en sus definiciones, ante lo que planteamos que un conflicto ambiental no es solo ambiental, que un conflicto económico no es solo económico, que un conflicto social no es solo social, que un conflicto armado no es solo un conflicto armado, que un conflicto étnico o religioso, no es solo eso, sino que todos los conflictos tienen siempre varias aristas sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales, epistémicas, ontológicas, etc., por lo que su definición cercada, como este o aquel conflicto, muchas veces esconde la transversalidad de ámbitos que están siempre en conflicto. En este marco hacen falta nociones teóricas que nos permitan comprender la conjunción de conflictividades, ante lo que hemos propuesto la noción de conflictividad territorial pues siempre es en el fondo o en la superficie una contradicción territorial que relaciona todos los ámbitos sociales.4 SUPERAR FRAGMENTACIONES EN LA COMPRENSIÓN DE LAS GUERRAS Es necesario superar también las fragmentaciones existentes en la comprensión de las guerras: más allá de si estas son internacionales, internas, civiles, si constituyen conflictos armados, o legitimadas como guerras contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra la pobreza, pues muchas veces sus delimitaciones conceptuales obedecen más a interpretaciones jurídicas y a posiciones políticas que a la realidad misma de la violencia y la disputa, 4 Lo sucintamente expuesto aquí fue desarrollado con mayor profundidad en una ponencia presentada en el marco del “Seminário de Ecologia Política na América Latina: Desafios teóricos e práticos”, realizado en Rio de Janeiro en 2014, de la cual no existe documento escrito publicado, pero si un video de la conferencia. https:// www.youtube.com/watch?v=BSvdAy39QrU 152 Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias... como lo han demostrado Stathis Kalyvas (2001a; 2001b; 2004) y Mary Kaldor (2001), quienes apuntan a comprender las guerras como son y a liberarnos de los rigorismos jurídicos, ideológicos y morales, para comprenderlas como procesos sociales dinámicos, y para nosotros, ver las disputas territoriales de las guerras en su relación con los ciclos de acumulación, producción y extracción y el avance de la colonialidad territorial. SUPERAR FRAGMENTACIONES EN LA COMPRENSIÓN DE LAS VIOLENCIAS La violencia, y su multiplicidad de expresiones, no escapa a las fragmentaciones disciplinarias, las cuales presentan un nivel de fraccionamiento incluso mayor que la conceptualización de los conflictos y las guerras. No se trata solamente de un problema teórico, sino que tiene un importante impacto político en torno a las estrategias que la sociedad emprende para su superación. Lopes de Souza (2008) nos habla de la violencia como un “concepto-obstáculo”, pues su uso amplio y despolitizado muchas veces lleva a la desconsideración de la heterogeneidad de violencias y crímenes que se esconden detrás de ella. Sin embargo, reivindicamos su uso desde la necesaria consideración de su multiplicidad de formas, en una apuesta por buscar su comprensión conjunta, y siguiendo al mismo autor, por considerarla una expresión valiosa para quienes se concentran en los vínculos que existen entre las violencias múltiples, las relaciones sociales y la organización territorial, que es justo el foco de nuestro análisis. La violencia ha sido entonces un objeto muy complejo de teorización (Blair, 2009) y un fenómeno con una historia larga y compleja. Para Blair existe un cierto consenso entre los principales autores para entender la violencia haciendo referencia al uso de la fuerza física o psicológica para obtener determinados objetivos en contra de la voluntad de las víctimas. Partiendo de esta definición amplia, en una investigación sobre la expansión de las explotaciones mineras a gran escala y sus formas de violencia en América Latina (Betancourt, 2016), y en otra investigación en curso sobre la expansión de la explotación de hidrocarburos en Suramérica y sus violencias, hemos encontrado que las formas de violencias que se relacionan con la expansión territorial de estas economías siempre necesitaron dosis de variadas formas de violencias en los territorios que aumentan al ritmo de la demanda global de materias y energías, llegando a niveles de devastación social y ambiental nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Resultó tambien útil en términos de análisis histórico-geográficos distinguir dos formas de violencias que sufren las poblaciones y 153 Milson Betancourt Santiago territorios en donde se expanden estas actividades: las violencias clásicas de imponer por la fuerza física o psicológica el interés extractivo de minerales e hidrocarburos y la violencia que denominamos criminalización5, entendida como aquellas estrategias que buscan construir al ecologista popular como delincuente y criminal para luego introducir formas de reproche social y judicial sobre estas personas y sus organizaciones. En la criminalización, tanto el Estado como las fuerzas de seguridad cumplen un rol protagónico, aunque no único, pues suelen coordinar acciones con las empresas, los medios de comunicación y las fuerzas privadas de seguridad, así como con el apoyo de grupos armados legales e ilegales. En las dos investigaciones citadas, a partir de entrevistas y talleres con miembros de organizaciones locales, regionales y nacionales que trabajan en torno a la denuncia de las prácticas violentas en contextos de extracción de minerales e hidrocarburos, construimos un cuadro que perfila las principales expresiones de violencias y criminalización contra defensores del territorio y las comunidades afectadas. Como se verá, hicimos énfasis en las violencias sufridas directamente por las personas. En la investigación sobre la expansión de la explotación de hidrocarburos, aún sin publicar, hemos ampliado estas nociones de violencia al considerar las afectaciones territoriales y medio ambientales, y sus consecuencias en términos de salud, pérdida de economías, producción de pobreza, destrucción de los sistemas alimentarios, etc, en el entendido de que la violencia contra el territorio y la naturaleza, también genera violencia contra las poblaciones que viven del/en el territorio. 5 No se quiere introducir un tecnicismo fragmentador adicional, sino ofrecer una forma conjunta, pero diferenciada de explicar los contextos de violencia. Además, se encontró que la criminalización es una forma bastante común como las propias víctimas definen la persecución que sufren. 154 Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias... Tabla 1. Dos violencias de la colonialidad territorial en los espacios donde se expande: Violencia directa y violencia-criminalización Violencia directa Violencia-Criminalización Tipos/ formas Asesinatos selectivos, asesinatos en manifestaciones, masacres, amenazas, lesiones, persecuciones, secuestros, torturas, intimidaciones, desplazamientos forzados por actores armados o por obras. Detenciones arbitrarias, estigmatizaciones, ampliación de fueros militares, legislaciones que reprimen o limitan la protesta social, espionaje. Estrategias de debilitamiento/división. Cooptación de los miembros de organizaciones y comunidades por medio del ofrecimiento de empleos, programas sociales, igualmente se mencionaron las acciones de desinformación. Objetivos Eliminar, desplazar o presionar a los defensores del territorio y a las comunidades afectadas por los proyectos extractivos. Hacer creer que la resistencia legítima de las comunidades o defensores del territorio es un acto criminal y. por tanto. legitimar el reproche social, económico, administrativo y penal. Agentes En su mayoría, agentes privados (empresas de seguridad, sicarios, militares y policías que no están en ejercicio de sus funciones legales) bajo la coordinación de las empresas. En su mayoría, agentes estatales que coordinan acciones judiciales, punitivas, administrativas, extralegales, aunque con un manto de legalidad. Medios de comunicación y otros agentes promineros. La organización Global Witness, que desde el año 2004 realiza una serie de informes anuales sobre los asesinatos y la criminalización de defensores de la tierra y el medio ambiente, señala que la gran mayoría de los casos suceden en Latinoamérica, con el 60% de los casos registrados para 2017. El 2019, con 212 asesinatos, es el año con más hechos letales registrados. Global Witnness aclara que el nivel de subregistro es alto, así que el número real de asesinatos sucedidos a nivel global con seguridad es más alto. Entre los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente aparecen varios de nuestra región como Brasil, Colombia, Honduras, Perú y México. En el período 2010-2017 se registraron 1.160 asesinatos de líderes ambientales a nivel global, de los 155 Milson Betancourt Santiago cuales 733 (63%) ocurrieron en América Latina. De esos 733 casos de asesinatos registrados en la región, 479 (65%) se presentaron en tan solo dos países: Brasil (316) y Colombia (163). Seguidos en peligrosidad encontramos a Honduras (139), Perú (66) y México (49). Entonces, en estos 5 países, entre 2010 y 2017, hubo 673 asesinatos lo que corresponde al 91% de los casos registrados en América Latina (Global Witness, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Las investigaciones demuestran que la expansión territorial del agronegocio en Brasil, Colombia, Argentina, India, y en varios países de África, ya sea bajo el modelo de soja, eucalipto, palma de aceite, aguacate, caña de azucar, se da de forma violenta por medio del asesinato de defensores ambiental y agresiones masivas a la población. Lo mismo sucede con la expansión territorial de los monocultivos llamados “ilícitos” como la coca, amapola y la marihuana, que muchas veces cumplen la función de punta de lanza mafiosa de la colonialidad territorial que “limpia” los territorios para que luego pasen a las industrias violentas legales. La misma lógica de agresión ha tenido la expansión territorial violenta de las hidroeléctricas en Colombia, Honduras, Brasil, así como la expansión de la industria maderera en la toda la Amazonia continental, en el sur de Chile contra los mapuche y en África central, además de la expansión territorial de la industria pesquera en ríos y mares del mundo entero; se suma a esto la expansión territorial violenta de las infraestructuras, sin las cuales estos proyectos productivos-extractivos serían imposibles, y que son necesarias para potenciar aún más todos estos tipos de negocios, como es el caso de la Iniciativa Regional de Integración Suramericana (IRRSA), que afecta todos los rincones de Suramérica, y que por donde avanza se producen, además de violencias múltiples y des/ordenamiento territorial y ambiental, procesos de producción de pobreza, dominación, exclusión y desigualdad (Betancourt, 2015a).6 Sin embargo, tenemos que señalar que no solo en las zonas rurales se sufren las violencias de la colonialidad territorial. En los espacios urbanos, la expansión territorial violenta de los negocios inmobiliarios, y otra serie de adecuaciones del espacio urbano, también necesita de regímenes de violencia contra las personas “indeseables”, como lo muestran los trabajos del geógrafo brasileño Marcelo 6 Se recomiendan los tres video-documentales producidos en el marco de la investigación doctoral, como forma de investigación-acción-participativa, con las voces de los y las afectadas por la IIRSA en la Amazonia, bajo el nombre de “Trilogía Amazonia Andina y la IIRSA” que muestra los casos en Colombia, Perú y Bolivia. https://www.youtube.com/results?search_query=milson+betancourt+trilogia+andina 156 Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias... Lopez de Souza, sobre la violencia y la cuestión urbana (2008), y la reciente tesis doctoral en salud pública de la investigadora kurdoalemana Elis Borde, con una investigación sobre la determinación social de la violencia urbana como problema de salud pública en el marco de la des/ordenación territorial urbana del neoliberalismo existente (2019). Además, debemos comprender que estas formas de ordenación territorial, que privilegian la territorialización de las dinámicas productivistas/extractivistas del capitalismo global-local por encima y contra las territorializaciones milenarias y centenarias de los mundos comunitarios tradicionales, generan necesariamente fenómenos masivos de expulsión y desplazamiento forzado, en lo que la socióloga Saskia Sassen ha denominado “expulsiones” (20015). Lo cierto es que estas dinámicas de territorialización de los negocios y desterritorialización de las personas, la naturaleza, y en general de la vida, provoca “excedentes poblacionales”, gentes que sobran para el sistema, y frente a las cuales se proyectan y ejecutan regímenes de violencia para su control, promueven guerras frontales contra la población, desde las esterilizaciones forzadas ya mencionadas, hasta las estrategias militares de ocupación, control y muerte de los pobres y excluidos del mundo, como lo vemos en Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro, o en Filipinas y en Turquía. Son los nuevos fascismos del siglo XXI. El hecho innegable es que sin la gestión territorial de todas esas violencias, la economía desarrollada y moderna del Norte Global colapsaría; de ahí la necesidad urgente de promover a nivel global y local otros horizontes de existencia territorial y de relacionamientos entre seres humanos, sociedades y naturaleza si realmente queremos construir horizontes de paz en el mundo. Como lo señalan los polítilogos alemanes Brandt y Wisssen (2017), resulta funcional para la hegemonía de los modos de vida imperial y la ordenación empresarial, territorial y social que los sostienen, hacer ver, desde los dispositivos mediáticos hegemónicos, las violencias en el Sur Global como problemas de “etnias hostiles y violentas”7, para invisibilizar la complejidad interescalar que estos conflictos, violencias y guerras suponen, así se consigue, en primer lugar, sustraer al Norte Global de su responsabilidad sobre estas violencias y, en segundo lugar, justificar y legitimar viejas/nuevas violencias del sistema contra esos otros lejanos y desadaptados, los incivilizados y no competitivos de siempre para el Norte Global. 7 En el original como “verfeindeter ‘Ethnien’”. 157 Milson Betancourt Santiago SUPERAR FRAGMENTACIONES EN LA COMPRENSIÓN DE LAS CAUSAS Y EFECTOS DE LOS CONFLICTOS, GUERRAS, VIOLENCIAS Si en algo coinciden los estudiosos de los conflictos, las guerras y las violencias, es que vivimos en un mundo en donde es creciente la manifestación de estos hechos, procesos y dinámicas, por lo que sus efectos e impactos son cada vez mayores. Por esta razón, urge una comprensión que los visibilice y nos ayude a comprender su real magnitud e impacto, pues ante su escalamiento y gravedad de los hechos de violencias no podemos seguir fragmentados ni en la comprensión conceptual, ni en la reacción y resistencia civil. Es necesario entonces comprender que si bien existen diferencias que podemos analizar, la mayoría de conflictos, guerras, violencias en el mundo tienen causas y efectos comunes que urge analizar y evidenciar a partir de sus relaciones comunes estructurantes, para lo cual verlos desde el enfoque territorial nos ofrece posibilidades de análisis conjunto, especialmente por las siguientes razones: - En lo territorial evidenciamos las relaciones complejas global - es-locales que producen y configuran estos fenómenos de conflictos, guerras y violencias múltiples. - En lo territorial evidenciamos conjuntamente los efectos, im- - pactos y consecuencias globales-locales de estos fenómenos de conflictos, guerras, y violencias múltiples. Las fragmentaciones que hemos señalado las podemos superar desde la perspectiva integral de lo territorial, pues obedecen generalmente a visiones disciplinarias, desde lo teórico separado de la realidad material. Lo territorial incluye lo social, político, económico, cultural y ambiental de manera conjunta, por lo que las fragmentaciones temáticas o disciplinares se vuelven obsoletas. El aumento en conflictos, guerras y violencias múltiples no es casual, vistos en conjunto; estos fenómenos se relacionan profundamente con las adecuaciones socioespaciales de la colonialidad territorial, las “violencias múltiples a escala global-local” son interdependientes y multiescalares, aunque de manera más significativa las violencias múltiples se sientan en el Sur Global, no significa que en el Norte Global no lo sean. En un intento de visualizar de manera conjunta los efectos e impactos de orden territorial (social, político, económico, cultural, ambiental) como ejercicio demostrativo, no exhaustivo, en la siguiente tabla se sintetizan los múltiples impactos y efectos que las violencias múltiples y la colonialidad territorial vienen produciendo sobre las poblaciones y sus territorios. Al final figura como gran impacto conjunto 158 Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias... la Progresiva extinción de los pueblos/comunidades, un Expansivo genocidio, epistemicidio territorial y Desordenamiento territorial de la vida, y una Múltiple, Generalizada y Sistemática de Violación de Derechos Humanos, en todas las generaciones de derechos fundamentales. Múltiples impactos de las violencias múltiples de la colonialidad territorial Sociopolíticos Económicos Culturales Ambientales Injerencias exógenas en el control político territorial. Limitación en la participación de decisiones sobre el territorio. Militarización de los territorios. Pérdida de autonomía social y política. Mayor explotación de bienes comunes de los pueblos. Menor acceso a bienes comunes. Pérdida de prácticas alimenticias. Contaminación de aguas, suelos, aires. Difusión consumo occidental. Carga de unos territorios a otros. Dependencia de economías exógenas. Despojo y producción de desigualdad. Pérdida de colectivismo, lógicas privadas. Pérdida de saberes ancestrales. Mayor desequilibrio ambiental. Agotamiento de fuentes de agua. Menos libertad y autonomía. Subordinación económica. Ampliación de patrones de vida. De espacio de vida a servicios ambientales. Violencia física y simbólica. Concentración de propiedad de tierras. Des-estructuración de los tejidos culturales territoriales comunales. Mayor privatización de recursos naturales. Desplazamiento forzado: violencia, economía, ecología. Lógicas privatizadoras y Estado corporativo. Dominación/opresión socio-política. Perdida economías comunitarias, agriculturas ancestrales Pérdida soberanía y seguridad alimentaria Producción de exclusión, desigualdad y pobreza Pérdida desaberes auto- Pérdida de desarrollo sustento. sustentable. ↓ ↓ Imposición de sabereshaceres. Dominación/opresión epistémica y cultural. Injusticia ambiental. Pérdida de territorios de vida y de sustentabilidad ambiental. ↓ ↓ Progresiva extinción de los pueblos/comunidades, Expansivo genocidio, epistemicidio territorial Desordenamiento territorial de la vida Múltiple, Generalizada y Sistemática Violación de Derechos Humanos ↓ ↓ - Derechos civiles y políticos. - Derechos económicos, sociales y culturales. - Derechos de los pueblos y comunidades rurales, campesinas, indígenas. - Derechos de las futuras generaciones. - Derechos ligados al Estado Social y Democrático de derecho. 159 Milson Betancourt Santiago PENSAR LAS CUESTIONES DE LA CONFLICTIVIDAD TERRITORIAL EN EL MUNDO DESDE, PERO MÁS ALLÁ DE COLOMBIA Hemos expuesto nuestra interpretación sobre la profunda conflictividad que subyace y atraviesa el mundo, evidente en las variadas crisis que sufrimos: social, ambiental, económica, humanitaria, alimentaria, hídrica, migratoria, entre otras. Lejos de ser testigos mudos de estas múltiples crisis, nos preocupa superar los marcos disciplinarios (academia), sectoriales (Estado) o los campos de acción (movimientos sociales) que insisten en percibir, analizar y construir propuestas aisladas y fragmentadas. Para nosotros esta es la principal razón por la que, como lo señala Boaventura de Souza Santos (2018), “la tragedia de nuestro tiempo es que la dominación está unida y la resistencia está fragmentada”, mientras cada vez más poblaciones y territorios sufren las consecuencias de esta conflictividad profunda y se convierten en víctimas de las crisis en sus lugares, sin avizorar horizontes de transformación coherentes con el tamaño de los problemas. Desde nuestra preocupación, luego de un largo recorrido acompañando e involucrándonos en cientos de conflictividades en varios países, especialmente en América Latina y Europa, habiendo empezado este recorrido (desde el pensar y la acción) desde Colombia con sus crisis humanitaria, violencias y conflictos, hemos construido una propuesta comprensiva que agregue y proponga formas más complejas e integrales, y que proyecte nuevos horizontes de acción, transformación y emancipación social. Bajo esta motivación y perspectiva hemos propuesto nuestras tesis sobre colonialidad territorial, las relaciones sociedad(es) naturaleza y conflictos/guerras/violencias múltiples para buscar comprender la multiplicidad del problema que vivimos y sufrimos. Por lo expuesto, esta mirada y perspectiva inicia desde Colombia, pero trasciende, va más allá de la cuestión colombiana, sus violencias y sus conflictos. Estas reflexiones y propuestas se construyen desde/ sobre/para Colombia, pero van más allá y se ofrecen como marco para comprender las múltiples crisis, conflictividades y violencias que azotan el mundo. La convocatoria para desarrollar esta investigación tenía como uno de sus objetivos la exploración de las relaciones complejas entre el conflicto armado y el ambiente, viendo la naturaleza como razón, víctima, beneficiaria y solución al conflicto armado colombiano. Percibimos que no debíamos limitarnos a hablar de Colombia, pues consideramos que nuestra trayectoria y geo-biografía de muchos años trabajando en las regiones del país y más de catorce años fuera de sus fronteras investigando e interviniendo en conflictividades similares, nos daban elementos para proyectar un trabajo más amplio, 160 Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias... pues entendíamos que la tragedia colombiana no es solo de Colombia sino que se repite, con diversos grados, en muchas regiones del mundo y tiende a expandirse. LOS CONFLICTOS Y LAS VIOLENCIAS EN COLOMBIA: ¿CUESTIÓN AGRARIA Y/O CUESTIÓN TERRITORIAL? En Colombia existen un cierto consenso entre los analistas del conflicto armado en comprender que la cuestión agraria, de tierras y rural están en las raíces de las causas del conflicto armado (Fajardo, 2015; Machado, 2006), no en vano el primer punto de la agenda de negociación entre las FARC-EP y el gobierno fue justamente este, por lo que se pactó una “reforma rural integral” como resultado del Acuerdo de Paz. Nosotros venimos afirmando desde hace algunos años que la conflictividad tiene otros matices, que no es solo una cuestión agraria o de tierras, sino que tiene implicaciones territoriales que envuelve otros ámbitos de gran complejidad que suelen ignorarse y que se necesitan para alcanzar la denominada “paz territorial”.8 Con el convencimiento analítico de que lo colombiano era una contradicción agraria trabajamos mucho tiempo, tratando de analizar las relaciones de poder en el marco de las disputas por la tierra en las regiones del país. En mis trabajos anteriores al 2006, la cuestión ambiental, y de manera más general la cuestión territorial, no aparecía por ningún lado. En un trabajo del 20089 ya avizoraba lo que serían los aportes que le podría hacer la geografía contemporánea a los estudios sobre el conflicto armado al incluir la cuestión espacial de manera más integral y coherente, abriendo nuevas preguntas, vetas de investigación e hipótesis, pero fueron sin duda las experiencias de trabajo en Ecuador, Bolivia y Brasil con estos tipos de conflictividad y el acercamiento a la geografía contemporánea en Alemania y posteriormente a la geografía crítica y ecología política latinoamericana las que me llevarían a atar cabos para incluir 8 Hacemos uso de la fórmula propuesta por Sergio Jaramillo, comisionado de paz del gobierno de Santos y negociador del mismo en La Habana, quien propuso el concepto de “paz territorial”. Si bien somos críticos con la propuesta de Jaramillo, por su marcado y limitado énfasis en entender la paz territorial como desarrollo territorial rural sin percibir los conflictos propios del desarrollo, usaremos el concepto de paz territorial, con otras connotaciones, pues la denominación nos pone sobre la mesa justo las cuestiones de trabajo de este documento: lo territorial y la paz. 9 Me refiero al trabajo de tesis para la maestría en Estudios Políticos Interdisciplinarios de América Latina de la Universidad Libre de Berlín, con el título “Dinámicas espaciales y conflicto armado en Colombia: análisis de la interpretación de lo espacial desde la geografía contemporánea”, del que fue publicado un artículo en la Revista Regiones de la Universidad de Antioquia. 161 Milson Betancourt Santiago nuevas temáticas (lo ambiental y lo territorial) y ofrecer nuevas interpretaciones, sobre viejos temas de investigación. Así, luego de este apretado resumen de experiencias (académicas y políticas) para ubicar al lector sobre nuestro pensamiento situado y la trayectoria de nuestras perspectivas, afirmamos que el conflicto/guerra/violencias en Colombia no era/es una cuestión sui generis sino que tiene unas lógicas del conflicto que se repiten una y otra vez en todos los territorios que conocimos y analizamos a lo largo de América Latina y que también han sido identificados en Europa y otras regiones del mundo con sus respectivos matices y configuraciones socio-espacio-temporales. En este orden de ideas, afirmamos que la cuestión del conflicto/guerra/violencia colombiana no es solo una cuestión agraria y no es solo colombiana, es una cuestión territorial global-local. En este orden de ideas, evidenciamos que el conflicto armado y el des/ordenamiento territorial colombiano deben incluir también, además de las cuestiones agrarias, los siguientes factores de conflictividad: - El asunto de las “territorialidades indígena originario campe- - - 162 sinas” milenarias y centenarias, dentro del espacio geográfico disputado como “nacional” por los Estados que se configuraron cerca de 200 años atrás, dentro de una conflictividad de larga duración que está lejos de resolverse en los países latinoamericanos y que cada vez resulta más profunda, siendo los indígenas quienes sufren las mayores dosis de asesinato, violencia y criminalización en América Latina y en el mundo con el avance de la colonialidad territorial en sus territorios; Todas las controversias y contradicciones en torno a las formas de acceso y uso de los bienes naturales, comúnmente llamados “recursos naturales”, esto es, la cuestión ambiental, conflictos ecológico-distributivos del pasado y del presente (acumulados). Lo que implica incluir dentro de la conflictividad las relaciones urbano-rurales, en otros términos, los modelos social y ambientalmente devastadores de ciudad “colonial y extractivista” (Rodríguez, 2013), porque aun cuando las dosis de violencia en el marco del conflicto armado colombiano y de los conflictos territoriales en el mundo se hayan dado mayormente en los espacios rurales, los modelos urbano-industriales han necesitado de esa opresión sobre el campo y sus sujetos comunales para constituirse. Los modelos de ciudad que vemos hoy, el “planeta de ciudades miseria”, según Mike Davis (2014), con sus enormes inequidades entre la acumulación exponencial de unos minoritarios sectores frente al empobrecimiento y miseria de Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias... - las mayorías, y sus clases medias ambivalentes, han necesitado materialmente de los flujos de materias, energías y migrantes forzados masivos provenientes del campo. Supone entonces incluir los conflictos territoriales incursos en las disputas por los procesos de desarrollo y modernización (y esto implica incluir los conflictos sociales, económicos, políticos, ambientales, epistémicos y ontológicos), pues son las necesidades territoriales del mundo desarrollado y moderno las que han sustentado las formas de colonialidad territorial y violencias múltiples en el mundo entero, por lo que lejos de concebir que lo que falta es desarrollo y modernización para el campo y sus sujetos, como lo expresan las posturas oficialistas e institucionales de la paz territorial, que se traducen en fórmulas como las de “llevar desarrollo al campo”, “cerrar la brecha entre mundo urbano y rural”, “sacar del atraso al campo”, “incluir a los campesinos en los caminos de la prosperidad y el desarrollo”, lo que necesitamos es descifrar y visibilizar esas complejas lógicas sociales y espaciales globales-locales, de crecimiento-empobrecimiento, de acumulación y devastación social, ambiental y territorial. En este contexto es necesario señalar que el tema territorial y de la colonialidad territorial y sus múltiples violencias es hoy una cuestión sobre tierra, territorio, bienes naturales y formas de sociedad, desarrollo y modernización, mucho más compleja de lo que fue en los orígenes del conflicto armado en Colombia, e involucra a muchos más actores. De hecho, involucra a toda la sociedad, pues la colonialidad territorial y conflictividad territorial en Colombia y en el mundo, no solo devasta la vida de los sujetos rurales tradicionales o de los sujetos marginalizados en la ciudad, sino que amenaza la existencia misma de la humanidad, y aunque algunos son mayormente víctimas, en su proceso de expansión se van haciendo víctimas todos y todas. Reconocer estos temas como centrales en el proceso colombiano implica reconocer que el espacio geográfico es objeto de disputa en el marco de una guerra generadora de transformaciones socioespaciales con dinámicas de exclusión, dominación y empobrecimiento sobre las diversas ruralidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, y sobre los sectores urbanos marginalizados, situaciones que hay que resolver si se quiere superar la contradicción y conflictividad territorial colombiana (Betancourt, 2008). Conseguir la paz no solo consiste en desarmar algunos actores, o cesar la disputa armada por controlar tierra, territorio y bienes ambientales, sino en modificar estructuralmente el 163 Milson Betancourt Santiago ordenamiento territorial dominante y hegemónico de Colombia (y del mundo), para impedir que se amplíen y reproduzcan más las causas del conflicto. ACUERDO DE PAZ Y HORIZONTES DEL RE/ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL. LÍMITES Y POSIBILIDADES El Acuerdo de Paz abrió una serie de posibilidades para discutir con diferentes actores las cuestiones que están en el origen del conflicto armado; sin embargo, las voces que tuvieron presencia en la mesa de La Habana, y que fueron quienes definieron el marco para negociar y establecer un pacto de transformación, acordaron un texto que lejos de avanzar hacia una democratización real de las relaciones territoriales, establece unas líneas limitadas de reforma dentro del mismo modelo injusto y opresivo de organización espacial. La esperanza de paz territorial se ha visto frustrada por la concepción limitada de los conflictos, guerras, violencias y su base territorial en relación con el poder y el saber-hacer dominantes en y sobre los territorios, y porque las pocas posibilidades de democracia real distributiva se eliminaron con las trampas de la implementación que realizan las estructuras del poder tradicional ancladas al Estado, representadas hoy por el gobierno de Duque-Uribe, que hábilmente hacen uso abusivo de la institucionalidad de la paz y de sus fondos financieros para “implementar” aún más los poderes tradicionales y su expansión territorial violenta por encima de la sobrevivencia territorial de las mayorías poblacionales del campo y la ciudad. Tal vez era imposible esperar un acuerdo de transformación más profundo y con mayores alcances dadas las fuerzas en disputa dentro de la negociación y las oportunidades globales-locales. En todo caso, se esperaba que en un período de pos-acuerdo se dieran las condiciones para que la sociedad y sus distintos sectores lograran encontrarse y debatir, sin los actores de la guerra atravesados y los conflictos territoriales (sociales, económicos, políticos, culturales, ontológicos, epistémicos) que producen malestar; sin embargo, estas demandas de la sociedad de unas bases más sólidas de paz territorial como esperanza de paz real y duradera se ven resquebrajadas con las versiones de paz territorial desarrollista y de inclusión al desarrollo de las comunidades rurales. Muy diciente de esta postura resulta la conferencia de Sergio Jaramillo, excomisionado de paz, en la Universidad de Harvard donde desarrolla su concepto de paz territorial. Jaramillo (2015), lejos de cuestionar la marcada injusticia territorial y ambiental, y avizorar caminos de democracia territorial, percibe la paz territorial como una imposición de lógicas de desarrollo venidas desde arriba, esto es, 164 Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias... como “una oportunidad para llevar desarrollo a las regiones apartadas” y destaca que estas lógicas de desarrollo deben incluso ser impuestas si las comunidades se oponen, pues señala “tampoco se trata de que las comunidades se organicen por su cuenta. Esa es una lógica de fragmentación, que ha sido nuestra enfermedad histórica. Lo que necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial”. Esta visión de “paz territorial”10 avanza hoy en el país como forma de imposición de un des/ordenamiento territorial desde arriba, sobre/contra los de abajo. Los marcos y contenidos del Acuerdo y de quienes “firmaron la paz” buscó, en realidad, el fin de la guerra entre el gobierno y las FARC pero no el fin de la guerra y la violencia contra las poblaciones, los territorios y la naturaleza que marca las características de la colonialidad territorial en Colombia. Hoy vemos cómo avanza el modelo de dominación que se impone sobre los “territorios pacificados” de la mano de las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES); de la explotación petrolera con técnicas de fracturación hidráulica (fracking); del modelo minero a gran escala que involucra proyectos por todo el país, con presencia de multinacionales como la Anglo Gold Ashanti; de megaproyectos como la hidroeléctrica de Hidroituango, impuesta a costa de la vida de comunidades enteras y en general de grandes transformaciones territoriales que buscan la adecuación espacial y técnica influenciadas por organismos multilaterales con el fin de aumentar la explotación de materias primas y energías. Los lugares por donde se expanden estás iniciativas de paz territorial bajo perspectivas impuestas de explotación de bienes naturales generan graves conflictos entre las poblaciones locales y las empresas transnacionales (apoyadas por la gestión complaciente del Estado). Desde que se firmó el Acuerdo de paz, son múltiples los informes que denuncian el asesinato de cientos de líderes sociales y miles de amenazas y agresiones contra su integridad. Según un informe reciente de Indepaz (2019) y otras organizaciones, denominado “Todos los nombres, todos los rostros”, entre enero de 2016 y mayo de 2019, han sido asesinados 837 líderes sociales, siendo los mayores afectados los miembros de comunidades rurales (indígenas, campesinos, afrodescendientes), en total 499 casos registrados y teniendo como contexto “conflictos agrarios por tierra, territorio y recursos naturales” en el 71,08% de los homicidios. 10 Hacemos uso de la expresión en latín referida a la pax romana, entendida como imposición de una hegemonía social, política y económica, a diferencia de una verdadera paz territorial, entendida como una profunda democracia territorial tejida entre todos y todas. 165 Milson Betancourt Santiago Contexto de violencias múltiples que contradice la esperanza de una paz estable y duradera, pero también contraría lo estipulado en el Acuerdo de Paz que, aunque mínimo como dijimos, sigue siendo importante para emprender transiciones hacia la democracia territorial real. Lo cierto es que esas violencias múltiples continúan atadas a poderes ilegales y legales, que lejos de ser contradictorios en la práctica territorial dominante, así lo sean en lo jurídico, resultan coadyuvantes y funcionales a la territorialización de la colonialidad territorial. La posibilidad de que estos conflictos fueran reconocidos como tales por todos los actores en un entorno de diálogo y tramitados por la institucionalidad se desdibujan actualmente bajo la continuidad y profundización de violencias múltiples e imposición ideológicas territoriales, bajo viejos/nuevos discursos y prácticas de seguridad fascistas. CONCLUSIONES ¿UNA PAZ TERRITORIAL IMPOSIBLE EN COLOMBIA (Y EL MUNDO)? En este documento hemos realizado un análisis de la conflictividad territorial y las violencias múltiples que afectan hoy al mundo a partir del concepto de colonialidad territorial y de las relaciones sociedad(es)naturaleza, llevando este marco teórico y conceptual, aprendido en la comprensión de los procesos territoriales en Colombia (y el mundo) y que planteamos como entrada para analizar los por qué, para qué y para quiénes, de las cuestiones territoriales de los conflictos, guerras, violencias, en las contradicciones profundas del des/orden territorial y social. SOBRE LA COLONIALIDAD TERRITORIAL, LAS RELACIONES SOCIEDAD(ES) NATURALEZA Y LOS CONFLICTOS/GUERRAS/VIOLENCIAS EN COLOMBIA (Y EL MUNDO). La combinación del análisis entre los conceptos y realidades de estos tres procesos: colonialidad territorial, relaciones sociedad(es) naturaleza y los conflictos/guerras/violencias nos ha permitido entrecruzar una serie de hechos que, al ser generalmente fragmentada su comprensión, las respuestas y acciones que se construyen son inviables y contraproducentes, generando nuevos ciclos de violencias y conflictividad territorial. La propuesta de abordar el tema colombiano en una perspectiva de análisis desde sus relaciones globales-locales, para lo que hicimos una entrada desde lo latinoamericano y global, se preocupa por colocar los contextos intercalares entre lo global-local que afectan las dinámicas de lo que en Colombia se entiende y piensa de manera dominante las cuestiones territoriales del conflicto armado. 166 Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias... En el caso colombiano tenemos una configuración especial, más intensa en el modelo y lógica de integración de espacios geográficos periféricos a la colonialidad territorial, en tanto que se ha desarrollado desde décadas en y con el conflicto armado, adquiriendo una lógica militar en la disputa de carácter muy violento, pero que como mostramos se presenta cada vez más en otros países, como si Colombia fuera el laboratorio de algunas de estas prácticas, pues de hecho existen hoy asesores de seguridad colombianos en varios países de América Latina y el mundo. Como se demostró, los efectos generales de la colonialidad territorial y sus violencias múltiples constituyen una progresiva extinción de los pueblos/comunidades tradicionales de Colombia (y el mundo), y un desordenamiento territorial de la vida, además de una múltiple, generalizada y sistemática de violación de derechos humanos. La imposición de una pax territorial significa la más nefasta consecuencia desencadenada por el proceso de paz en Colombia, pues amargamente todo pareciera mostrar que acabó configurándose una secuencia según la cual con el conflicto armado se justificó la violencia para despojar a las comunidades tradicionales de sus territorios, y con el proceso de paz y la implementación de la paz territorial tergiversada por el actual gobierno se legalizaron los despojos y se legitiman, legalizan e institucionalizan los modelos de producción y extracción coloniales sobre esos territorios frutos del despojo. SOBRE LA PAZ TERRITORIAL ESTABLE Y DURADERA EN COLOMBIA (Y EL MUNDO) Estas conclusiones sobre las consecuencias de la colonialidad territorial y la definición de los procesos desencadenantes de la mayoría de las guerras y las violencias territoriales en el mundo nos colocan enormes desafíos globales-locales que nos interpelan sobre las posibilidades de transformación y superación de estos procesos para la construcción de una paz territorial coherente con las características y dimensiones de los problemas que tenemos como humanos a nivel global-local. La paz territorial es posible solo si las condiciones del orden colonial territorial son reconstruidas, se reinventan y reapropian nuevas/ viejas formas de sustentabilidad territorial local-global que hagan posibles materialmente la paz entre todos los actores. La paz territorial está relacionada con profundas transformaciones en el orden territorial dominante, verdaderas revoluciones culturales, económicas, políticas, epistémicas y ontológicas, para que, como especie humana tejida en una serie compleja de relaciones 167 Milson Betancourt Santiago territoriales, podamos enfrentar la comprensión, transformación y superación de estas contradicciones territoriales que provocan tanto malestar en el mundo. La experiencia histórica y geográfica muestra que la conflictividad se ha venido acumulado en una serie de dominios territoriales construidos por la colonia, el Estado y el capital; por eso la paz territorial en Colombia (y en el mundo) no vendrá de arriba, ni del Estado ni del capital. Una paz territorial es incompleta si no cuestiona el modelo urbano-industrial y sus contradicciones socioespaciales, si niega la conflictividad propia del desarrollo territorial y del desarrollo geográfico desigual, si desconoce los conflictos ecológico-distributivos complejos que tenemos hoy a escala global-local, si niega las contradicciones en las relaciones sociales y de poder contenidas en esa conflictividad territorial. En medio de todas las dificultades hay una posibilidad de construir la paz territorial desde abajo. Tenemos como condiciones favorables, en primer lugar, que, en el marco del Acuerdo de Paz, mal que bien, se construyó una agenda de diálogo sobre asuntos territoriales importantes para el acceso a la tierra. En segundo lugar, las poblaciones sienten con mayor dureza la urgencia de soluciones integrales que pongan fin al conflicto territorial pues es evidente la crisis humanitaria generada por profundos, viejos y relacionados procesos de acumulación. La sociedad está mucho más consciente sobre la centralidad e importancia de los problemas y cuestiones territoriales para lograr la paz; en Colombia, las comunidades vienen organizándose local, regional y nacionalmente para promover, emprender y presionar cambios estructurales en donde la perspectiva territorial y la paz ligada a la sustentabilidad de la vida y la justicia social es central. La sociedad está considerando otros horizontes de organización territorial que pasan por retomar el control de aspectos fundamentales para la vida como los alimentos, el agua, las energías y las apuestas productivas y económicas. El Congreso de los Pueblos, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, las Zonas de Reserva Campesina, los territorios agroalimentarios, la Constituyente del Agua son movilizaciones y procesos ciudadanos territoriales que dan cuenta de la actuación emergente de la sociedad civil que apuntan hacia una “reapropiación social de la naturaleza y sus territorios”, como los denomina Enrique Leff (2014), proceso que considera fundamental para superar la crisis social, ambiental y económica y sus violencias en una “apuesta por la vida”. 168 Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias... BIBLIOGRAFÍA Arias, W. (2018). La Amazonía colombiana, su termómetro y su temperatura. Semillas (71/72) 17-21. http://www.semillas.org.co/ es/revista/71-72 Davis, M. (2014). Planeta de ciudades miseria. Madrid: Akal Pensamiento Crítico. Barrio, D. (2019). Brasil ante el gobierno Bolsonaro: Catástrofe y afrenta contra la vida. Betancourt, M. 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INTRODUCCIÓN En la actualidad es posible señalar que no existe región del mundo que no se vea enfrentada a una crisis múltiple o una multicrisis de escala planetaria (Acosta y Brand, 2017), así como a un aumento en la conflictividad socioambiental. Sea esto atribuible a las condiciones globales como el cambio climático, la distribución asimétricas de roles productivos a escala global, o a situaciones a nivel nacional y regional, como son las transformaciones territoriales, falta de regulación ambientales o nuevas regulaciones. América Latina, como parte del Sur Global, se enfrenta en la actualidad a diferentes crisis, donde la cuestión social y la ecológica surgen problemáticas centrales, esta última determinante no solo para la región, sino también para el futuro de todo el planeta. En este escenario, la dificultad radica en que casi todas las respuestas frente a cuestiones sociales y ambientales continúan predominantemente orientadas al crecimiento económico 1 Texto originalmente publicado en la revista Pensamiento y Acción Interdisciplinaria (PAI) de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule (Chile), 6(2) (2021). El mismo forma parte de los resultados del proyecto de investigación “Horizontes post-extractivistas en Bolivia y Perú: Dimensión socioambiental de la crisis”, desarrollado en colaboración con Anna Preiser, dentro de la beca CALASTándem-Trasatlántico, 2020. 175 Pabel C. López F promovido por concepciones y modelos de desarrollo de base moderna, antropocéntrica, colonial, capitalista y patriarcal, que conduce a una aceleración del colapso ecológico del planeta (Burchardt, 2018; Lander y Arconada, 2019; Svampa y Viale, 2020). Con ello, proliferan conflictos socioecológicos que demuestran la discrepancia de sociedades entre la dependencia del modelo de desarrollo (neo-) extractivista y aspiraciones de descolonializar y democratizar la relación sociedad-naturaleza. Hace dos décadas en América del Sur comenzó un cambio de época (Svampa, 2013), a la vez que también se han venido manifestando continuidades, ambigüedades, avances y retrocesos en los diversos contextos de los países de la región; en unos casos, a la persistencia de formatos político-económicos neoliberales; en otros, a procesos político-estatales con señales ‘posneoliberales’ y con gobiernos denominados “progresistas”. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región se trata de contextos caracterizados por la acentuación de modelos económicos de base extractivista y de reprimarización económica, asentados en la explotación/exportación de recursos naturales necesarios para el modelo global de consumo que se expande en el Norte como en el Sur Global. Se basa en explotar la naturaleza y la mano de obra a escala mundial, externalizando costos sociales y ecológicos, e intensificando las modalidades de acumulación capitalista vigente. Este escenario parece acentuarse desde hace, al menos un lustro, con un período marcado por la caída de los precios de algunos commodities en el mercado global, repercutiendo en la región con la expansión de las fronteras neo-extractivistas (Svampa, 2019a) hacia nuevos territorios antes considerados “improductivos”. Dicha expansión estaría generando transformaciones sociales y territoriales de gran magnitud, en la medida en que reorienta completamente la economía de grandes espacios territoriales y de pueblos enteros, así como de sus territorialidades y de sus formas de vida, dentro de las nuevas reconfiguraciones espaciales y sus dinámicas de acumulación del capitalismo global. Una muestra de ello es la situación de comunidades campesinas, pueblos indígenas, comunidades costeras y afrodescendientes que luchan específicamente por la defensa de sus derechos culturales, económicos y territoriales ante el avance de territorialidades extractivistas basadas en la exclusión y el despojo, o lo que se ha denominado como ‘acumulación por desposesión’ (Harvey, 2004), como un proceso que ha colocado en disputa el territorio, el medioambiente y la condición de vida de pueblos enteros. En ese sentido, hace algunos años se viene debatiendo sobre el ‘neoextractivismo’ en América del Sur (Gudynas, 2012), que estaría consolidando la condición dependiente de la región, en tanto 176 La cara neo-extractivista de la crisis... abastecedora de materias primas, en el marco de un nuevo ‘consenso de los commodities’ (Svampa, 2013), que vino produciendo, a la vez, la activación de conflictos sociales, territoriales, ambientales y culturales. Este fenómeno ha configurado, en gran parte de la región, un contexto de fuerte tensión, contestación y disputa entre movimientos socioecológicos con los Estados y gobiernos, donde estos últimos reaccionan; ya sea retrocediendo en emprendimientos extractivos o apropiándose en parte de estas demandas sociales; o intensificando sus políticas y expandiendo proyectos extractivos, lo que produce a su vez aumento de la tensión y de los conflictos socioambientales (Martinez-Alier y Walter, 2016) y genera, al mismo tiempo, escenarios de violencia, represión y criminalización de la protesta social. Dentro de ese contexto, la actual proliferación del Covid-19 como pandemia y crisis sanitaria global, reveló y profundizó las deficiencias estructurales preexistentes en casi todos los países de la región, así como las tremendas injusticias socioeconómicas y las asimetrías globales. Variados síntomas de una crisis múltiple y generalizada, incluidos los históricos, crónicos e irresueltos clivajes económicos, políticos, territoriales, geopolíticos, culturales, con los problemas sociales y ecológicos como centrales, ya afectaban de manera desproporcionada a sectores marginados de la sociedad. Tal situación, previa a la explosión de la pandemia, fue provocando y acumulando un malestar social y territorial generalizado en varios países de América Latina. Malestar presente en la región desde 2019, a través de estallidos o rebeliones sociales y procesos destituyentes en varios países. Asimismo, ya desde el inicio del milenio, se ha registrado un número creciente de conflictos socioecológicos en conexión directa con actividades extractivistas, sin excepción de las diferentes orientaciones políticas, ya sean de perfil neoliberal o progresista. Esto ha llevado, a su vez, al aumento de espacios y procesos de resistencia y re-existencia en toda América Latina, que se convirtió en un lugar relevante para movimientos socioambientales y disputa de territorialidades, pero también de luchas societales con implicancias ontológicas y epistemológicas, de otras racionalidades ambientales (Leff, 2018), como en propuestas concretas y de modos de vida alternativos a la lógica civilizatoria del capital. Se trata de un pluriverso de procesos que van desde formas de r-existencia (Porto-Gonçalves y Leff, 2016) hasta alternativas generalizadas como posextractivistas, las cuales resultan urgentes dentro de los horizontes posibles para enfrentar la crisis múltiple, sobre todo en su faceta actual de colapso socioecológico. En este breve texto se propone un abordaje a la actual multicrisis global desde su dimensión socioecológica y en perspectiva regional sudamericana, a partir de la caracterización de una de sus 177 Pabel C. López F manifestaciones, en la actual fase de exacerbación neoextractivista y de reactivación de los conflictos socioambientales y movimientos socioterritoriales, así como la configuración de horizontes alternativos y propuestas posextractivistas y su potencialidad como salidas a la actual crisis civilizatoria. LA DIMENSIÓN SOCIOECOLÓGICA DE LA MULTICRISIS CIVILIZATORIA Como vienen advirtiendo varias voces de alerta, tanto en el Sur como el Norte Global, estamos presenciando una profunda crisis civilizatoria (Acosta y Brand, 2017; Brand y Wissen, 2018; Chakrabarty, 2018; Lander, 2019; Svampa y Viale, 2020). En ese sentido, principalmente desde América Latina, se ha planteado la pregunta: ¿cuál es la dimensión civilizatoria de esta crisis? Siguiendo a Lander (2019), el momento actual puede entenderse como una crisis terminal del patrón civilizador de la modernidad colonial, que puede ser caracterizado como antropocéntrico, patriarcal, clasista, racista y cuyos patrones hegemónicos de conocimiento, lejos de ofrecer respuestas de salida a esta crisis civilizatoria, contribuyen a profundizarla. Se trataría, también, de una configuración histórica de la modernidad, basada en un crecimiento sin fin y “una guerra sistemática contra los factores que hacen posible la vida en el planeta Tierra” (Lander 2019, p. 26). Según esta lectura, las diferentes dimensiones del patrón de civilización hegemónica no son independientes, sino que, por el contrario, se refuerzan entre sí. La civilización de la dominación/apropiación sobre la “naturaleza” a cuya máxima expresión histórica es el capitalismo, que habría llegado a sus límites. Por su parte, Moore (2015) propone pensar la situación actual de crisis múltiple como una crisis de la ecología-mundo, lo que sugiere que la modernidad no actúa sobre la naturaleza sino que se desarrolla a través del propio tejido de la vida, lo que permite nombrarlo como ‘capitalismo en el tejido de la vida’. En esta perspectiva, al situar las transformaciones socioecológicas actuales dentro de los patrones modernos de recurrencia y evolución, a largo plazo y a gran escala, es posible ver e iluminar las contradicciones en juego en la actual multicrisis. Por lo tanto, pensar en el capitalismo como una ecología mundial nos permitiría comprender las naturalezas históricamente específicas de la modernidad como tejidos de liberación y limitación. Lo que sugiere la siguiente pregunta: “¿Estamos en un punto de inflexión en el capitalismo histórico, no solo en una crisis del desarrollo, sino una crisis de época?” (p. 46). Para comprender el carácter multidimensional de la crisis actual y abrir un campo de reflexión sobre alternativas igualmente 178 La cara neo-extractivista de la crisis... multidimensionales, Brand y Wissen (2018) han introducido el concepto de “Modo de Vida Imperial” para dar sentido a los patrones dominantes de producción, distribución y consumo, pero también de los imaginarios culturales, subjetividades y rutinas arraigadas en las prácticas cotidianas, es decir en las modalidades del actual metabolismo social, en el marco del orden civilizatorio capitalista. De esta manera, dicho concepto busca conjugar dimensiones estructurales con dimensiones subjetivantes y subjetivas (Brand y Wissen, 2018). Además, los autores se refieren al modo de vida capitalista occidental moderno que prevalece entre las mayorías del Norte Global, pero también, y cada vez más, entre las clases altas y medias del Sur Global y los países “emergentes”. Es imperial en la medida en que ya que presupone acceso ilimitado a recursos naturales, mano de obra barata, capacidades para absorber contaminación y basura, así como espacio ilimitado en el planeta para solo una minoría de la población mundial (Lang y Hoetmer, 2019), externalizando los costos ecológicos y sociales (Brand y Wissen, 2018, p. 12). En esta línea de análisis, la multicrisis civilizatoria actual se debe a la continua expansión de un “Modo de Vivir Imperial”, en un planeta con demostrados límites físicos, para ello, los modos de vida solidarios adquieren especial relevancia, es decir, “formas de organizar las sociedades alejadas del camino trazado por el paradigma de desarrollo y por la triada desarrollo-crecimiento-progreso” (Lang y Hotmer, 2019, p. 82). Asimismo, Svampa (2019b) relaciona los debates sobre la multicrisis civilizatoria con las lecturas actuales sobre el Antropoceno/ Capitaloceno como un debate central en alusión a la crisis asociada al inminente colapso ecológico (Svampa y Viale, 2020). En ese marco, el Antropoceno, como concepto umbral (bisagra), más que una nueva era geológica, designa un nuevo período, en el cual el ser humano representa una fuerza transformadora con alcance e impacto planetario, y cuya influencia ha implicado, precisamente, el ingreso a esta nueva era. A la vez, instala la idea de que hemos traspuesto un umbral peligroso y, acaso, irreversible, cuyas manifestaciones serían alarmantes. Al mismo tiempo, el Antropoceno constituye una categoría síntesis, esto es un punto de convergencia interdisciplinaria, donde “los grandes cambios de origen antrópico o antropogénico que hacen peligrar la vida en el planeta están directamente ligados a la dinámica de acumulación del capital y a los modelos de desarrollo dominantes y cuyos efectos, precisamente se revelan en la actual crisis socioecológica” (Svampa y Viale, 2020, p. 24). En ese entendido, en los últimos años, se hace cada vez más evidente que atravesamos una crisis socioecológica y una emergencia 179 Pabel C. López F climática a nivel global sin precedentes. Junto, a un mayor convencimiento de llegar a los límites naturales y ecológicos del planeta y, consecuentemente, de que la actual relación capital-naturaleza es insostenible. Algunos factores de alarma o principales manifestaciones de la actual crisis socioecológica global, que justifican hablar del pasaje a una nueva era/umbral, según Svampa y Viale (2020), serían: 1) el cambio climático, asociado al calentamiento global, evidentes con fenómenos climáticos extremos y sin precedentes; 2) la pérdida de biodiversidad y la destrucción del tejido de vida y de los ecosistemas acelerada por el cambio climático (extinción masiva de especies, acidificación de los océanos, desertificación acelerada de la tierra, deforestación, etc.); 3) cambios en los ciclos biogeoquímicos, fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas (ciclo del carbono, nitrógeno, oxígeno, agua, etc.) esenciales para la reproducción de la vida, como la fotosíntesis o la polinización, que ya están afectados; 4) Cambios en los modelos de producción y consumo (esquemas de obsolescencia precoz y programada, modelos alimentarios a gran escala, basada en agronegocio: expansión de la frontera agrícola y ganadera, aumento de monocultivos, deforestación, acaparamiento de tierras, contaminación del agua y la tierra, uso de transgénicos, etc.). Estos son algunos de los factores que reflejan el aumento exponencial de impactos ecológicos de origen antrópico, sobre todo a partir de la mitad del siglo XX, y con gran acentuación las últimas dos décadas, mediante la exacerbación de un tipo de metabolismo social que impulsa la extracción desenfrenada de recursos no renovables, destruye la biodiversidad, impacta y cambia los ciclos de la naturaleza, fomenta un patrón de consumo irresponsable e insostenible y modelos alimentarios insustentables. Tal como señala Svampa (2019b), existe una profusa bibliografía acerca del colapso civilizatorio, un campo que desafortunadamente en la actualidad revela una gran potencialidad explicativa. En ese sentido, muchos especialistas postulan que el ecocidio, nombrado recientemente en nuestra región por el movimiento del pueblo mapuche en Argentina como “terricidio”, es la mayor amenaza que pesa sobre la sociedad mundial. En América del Sur, los impactos de la crisis socioecológica están directamente relacionados con la crítica al neoextractivismo (Gudynas, 2012; Svampa, 2013, 2019a); y la visión hegemónica del desarrollo puesto que “es en la periferia globalizada donde se expresa a cabalidad la mercantilización de todos los factores de producción, a través de la imposición a gran escala de modelos de desarrollo insustentables” (Svampa, 2019a, p. 159). 180 La cara neo-extractivista de la crisis... MANIFESTACIÓN DE LA CRISIS SOCIOECOLÓGICA EN LA REGIÓN: NEOEXTRACTIVISMO EXACERBADO, RECOLONIZACIÓN TERRITORIAL Y DESPOJOS MÚLTIPLES Una premisa pertinente y general para pensar y problematizar la faceta o dimensión socioecológica de la actual multicrisis civilizatoria, que se asume en este texto, consiste en la necesidad de dar cuenta de los anclajes territoriales y de los contextos geográficos y temporales concretos en donde se manifiesta y despliega la crisis socioecológica global. Esto implica la elección de una clave de lectura y problematización situada y localizada de la crisis en nuestra región. Con ese propósito, se aborda la perspectiva del neoextractivismo como categoría que permite caracterizar los procesos y dinámicas de acumulación capitalista y de apropiación, explotación/destrucción de la naturaleza en América Latina en general, en particular acentuada en América del Sur. En ese sentido, se aborda el neoextractivismo en tanto actualización de este modo de acumulación en el siglo XXI en la región, que se relaciona a nuevas dimensiones globales, regionales, territoriales y políticas. En este contexto se viene debatiendo el neoextractivismo2, el cual se caracteriza básicamente por: a) la producción de commodities con el fin de ser exportados al mercado internacional; b) la generación de importantes impactos socioambientales; c) el impulso de proyectos de gran escala; d) el involucramiento de grandes empresas transnacionales; y e) la generación de economías externas y grandes rentabilidades para las corporaciones (Gudynas, 2012, 2015; Svampa, 2019). Desde una perspectiva crítica, el término neoextractivismo critica y problematiza patrones de desarrollo insostenible y la lógica de un despojo en expansión, combinando problemas multiescalares y diferentes dimensiones de la crisis actual (Svampa 2019, p. 14). Así, el neoextractivismo, como parte constitutiva del capitalismo y su compulsión de acumulación, necesita a la vez de un exterior extraeconómico ya que “integra constantemente nuevos territorios, campos, relaciones sociales y mercados de futuro” (Composto y Navarro, 2014, p. 35) y se materializa en la expansión de las fronteras de productos básicos 2 Por ‘neoextractivismo’ se entiende al modelo de desarrollo económico adoptado por algunos gobiernos de América del Sur desde principios del siglo XXI. Al igual que en el extractivismo convencional, orienta la economía hacia las actividades de explotación intensiva de la naturaleza para la obtención de recursos no procesados, o escasamente procesados, dirigidos de forma prioritaria a la exportación a gran escala, con un papel más protagónico del Estado en el proceso productivo, permitiendo la obtención de un porcentaje mayor de ingresos para las arcas estatales. Parte de esos recursos son destinados a programas sociales que dotan a los gobiernos de cierto grado de legitimidad (Gudynas, 2012). 181 Pabel C. López F en territorios previamente considerados improductivos. Este proceso se considera como acumulación por despojo (Harvey, 2004), que es un aspecto central del proceso continuo de colonización, descolonización y recolonización (Makaran y López, 2018). El neoextractivismo también puede ser considerado en un marco y dinámica glocal, porque está fuertemente condicionado por la globalización, y a factores internacionales como la demanda, los precios o las inversiones, que son determinantes y fundamentales para sus procesos de expansión y contracción, aunque siempre están anclados localmente (Gudynas, 2018, p. 21). Desde una perspectiva crítica, el término neoextractivismo se convierte en una categoría útil para explicar y analizar las relaciones y disputas de poder subyacentes, así como las responsabilidades compartidas a escala global entre el Norte y el Sur globales (Svampa 2019). Desde la época colonial, América Latina se ha integrado al mercado mundial como exportador de recursos naturales, reproducido hoy con “sus relaciones asimétricas, intercambio desigual y con una división del trabajo internacional y territorial consolidada” (Svampa, 2019, p. 15). Fundado en un patrón de poder basado en jerarquías raciales, epistemológicas y culturales. En ese sentido, la expansión en curso genera transformaciones sociales y territoriales de gran magnitud, reorientando la economía de grandes espacios territoriales, territorialidades y formas de vida. Esta nueva reconfiguración espacial del capitalismo global se manifiesta principalmente en la continuidad, expansión o intensificación del extractivismo basado en procesos de exclusión y múltiples despojos (Navarro, 2018). Por encima de las diferencias que es posible establecer en términos ideológicos, a partir de las aparentes tendencias diversas de regímenes políticos en el escenario latinoamericano (neoliberales conservadores o neoliberales progresistas), se fue consolidando un modelo de apropiación de la naturaleza, ocupación de territorios, explotación de los bienes comunes y un modo de territorialización, que avanza sobre las poblaciones a partir de una lógica vertical descendente. Esto significa un retroceso para los avances en el campo de la democracia participativa, e inaugura un nuevo ciclo de criminalización y violación de los derechos humanos (Mantovani y Svampa, 2019). En ese escenario, es posible dar cuenta de un proceso de acentuación/exacerbación del neoextractivismo en casi toda la región, que se manifiestan principalmente a partir de dinámicas de expansión e intensificación de las fronteras de la minería, en particular a cielo abierto; de la explotación hidrocarburíferas, en especial mediante la modalidad del fracking; de la frontera agroindustrial y el uso de transgénicos; la proliferación de mega-hidroeléctricas, entre las principales. Al mismo tiempo, con las nuevas modalidades de expansión de las fronteras del capital, en 182 La cara neo-extractivista de la crisis... general los conflictos socioecológicos también se multiplicaron y las resistencias sociales se hicieron más activas y organizadas. Mantovani y Svampa (2019) proponen distinguir tres fases del neoextractivismo en la región, como una imagen dinámica y cambiante de los procesos de interacción entre gobiernos y conflictividad socioambiental, bajo el ciclo progresista (y más allá). Estás son: 1) La fase de positividad. Caracterizada por un proceso de configuración del neoextractivismo como tal, luego de un ciclo intenso de impugnación del neoliberalismo en la región (Thwaites Rey y Ouviña, 2019) de la mano con el despliegue del ciclo progresista. Se trata de un período (2003-2008) relacionado a lo que Svampa (2010) denominó como el comienzo del ‘cambio de época’ y con el boom del precio de los commodities. En ese contexto, desde varios gobiernos en el subcontinente se leyó al giro neoextractivista en términos de ventajas comparativas, como un ‘nuevo desarrollismo’, más allá de las diferencias entre gobiernos progresistas o neoliberales/conservadores. Asimismo, se trató de una fase de positividad, porque el aumento del gasto social y su impacto en la reducción de la pobreza, el creciente rol del Estado y la ampliación de la participación de lo popular generaron grandes expectativas en la sociedad, sobre todo luego de décadas de estancamiento económico y ajuste neoliberal. 2) La fase de la multiplicación de los megaproyectos. Se trataría de un período (2008 y 2013-2015) de consolidación neoextractivista, blanqueo del “consenso de los commodities” (Mantovani y Svampa, 2019) y de derrumbe del mito progresista como alternativa. En consonancia con las resistencias sociales, el núcleo de este período aparece reflejado en los planes nacionales de desarrollo presentados por los diferentes gobiernos, que enfatizaron en el incremento de diferentes actividades extractivas, según la especialización del país, fueran estas la extracción de minerales, de petróleo, las centrales hidroeléctricas o la expansión de los cultivos transgénicos. Este incremento de megaproyectos se expresó, siguiendo a (Mantovani y Svampa, 2019), también a través la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), llamada luego COSIPLAN. Esta segunda etapa nos inserta en una abierta conflictividad en los territorios extractivos, de proliferación de conflictos socioambientales que superaron el encapsulamiento local y adquirieron una visibilidad nacional, como aquel en torno al proyecto de una carretera que atravesara el TIPNIS en Bolivia; la construcción de la megarrepresa de Belo Monte (Brasil); la pueblada de Famatina y las resistencias contra la megaminería en Argentina, o la suspensión final de la propuesta Yasuní en Ecuador. En este período, la expansión de la frontera de derechos (colectivos, territoriales, ambientales) alcanzada en la fase de positividad, encontró 183 Pabel C. López F un límite en la expansión creciente de las fronteras de explotación del capital, lo que daría cuenta de las profundas contradicciones de las narrativas emancipatorias, desmintiendo la retoricas de los “progresismos”. 3) La fase de exacerbación del neo-extractivismo. Este período (2013-2015 hasta la actualidad) se caracteriza fundamentalmente por la acentuación de los procesos de despojos múltiples (Navarro, 2018) y el aumento de la violencia en los territorios, lo que marcaría un desplazamiento hacia la configuración de un híperextractivismo (Gudynas, 2015). En continuidad con la segunda fase, asistimos a una exacerbación del neoextractivismo, donde uno de los elementos relevantes que explica esta línea, en términos de su continuidad agravada, se refiere a la caída de los precios de las materias primas que impulsó a los gobiernos latinoamericanos a incrementar aún más los proyectos extractivos y ampliar las fronteras de los commodities (Moore, 2015; Mantovani y Svampa, 2019). Asimismo, esta fase coincide con el declive y el denominado ‘fin del ciclo progresista’ (Svampa, 2019a; Lander, 2018), así como un sensible retrocesos de derechos colectivos y un aumento de la violencia contra las resistencias sociales y ambientales, entre otros aspectos. Este escenario hará más evidente la convergencia entre la expansión extractivista; mayores flexibilizaciones y desregulaciones paulatinas en las pautas y acuerdos de explotación, y la intensificación de la externalización socioambiental sobre la población y los territorios (Mantovani y Svampa, 2019). En el contexto regional que se fue configurando a partir de las sucesivas fases mencionadas, a pesar de los muchos matices según cada caso, es posible afirmar que parte del actual mapa sociopolítico y geopolítico sudamericano que se viene intensamente reconfigurando en varias dimensiones, en parte es resultado de los escenarios de un neoextractivismo que se viene reconstituyendo a partir del agotamiento/fin del ciclo progresista, en donde se hace evidente un proceso incontrastable de destrucción acelerada de biodiversidad que se expresa, por ejemplo, con los incendios forestales provocados, sin precedentes en su extensión y afectación biocida, por la expansión de las fronteras agrícola, ganadera del agronegocio (particularmente en Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay). A su vez, se viene produciendo una reconfiguración de la relación entre las transformaciones en los mecanismos de acumulación de capital y de apropiación de la naturaleza (principalmente en los países con gobiernos progresistas), los patrones de gobernabilidad y control social, o nuevos conflictos socioambientales y disputas territoriales, donde las fronteras del derecho se retraen en sintonía con un sensible aumento de la violencia hacia territorios y hacia movimientos y líderes sociales. Es decir, se 184 La cara neo-extractivista de la crisis... asiste al avance de la violencia extractivista de la mano de la instalación de estados de excepción y expansión de fuerzas conservadoras y reaccionarias (giro a la derecha extrema). El contexto político latinoamericano de este nuevo período del neoextractivismo es accidentado, inestable, volátil y de intensas disputas nacionales, regionales y geopolíticas. Si en varios países latinoamericanos emergieron regímenes “progresistas” como alternativa al neoliberalismo, hoy esa alternativa se ha transformado en una suerte de “neoliberalismo transgénico” (Mantovani y Svampa, 2019), en tanto se aplican políticas propias del neoliberalismo, instrumentadas y moldeadas por el propio “progresismo” latinoamericano. Utilizando la fortaleza del Estado, reconstituida por los mismos “progresismos”, como en la ampliación y profundización de los extractivismos, que ha llegado a niveles incluso no alcanzados por los anteriores gobiernos neoliberales. CONFLICTOS SOCIOECOLÓGICOS, COSMOVISIONES EN TENSIÓN Y TERRITORIALIDADES EN DISPUTA Una de las consecuencias de la actual inflexión extractivista es la explosión de conflictos socioambientales que se evidencian particularmente en la potenciación de las luchas ancestrales por la tierra, protagonizadas por movimientos indígenas, campesinos y comunidades rurales, así como en el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de lo común, la biodiversidad y el ambiente con un marcado protagonismo de las mujeres. En ese marco, dadas sus características, la conflictividad socioambiental puede ser pensada como inherente al neoextractivismo y no como su consecuencia, aun si esto no se traduce en todos los casos por la emergencia de resistencias sociales. A pesar del incremento de dinámicas extractivas expansivas y de acentuación de despojos múltiples en gran parte del subcontinente, este fenómeno ha tenido como su reverso la resistencia y el germen de la movilización, generando un fenómeno de reconstrucción de una identidad ‘etno-territorial’, un ‘giro eco-territorial’ de las luchas y los movimientos sociales en la región (Svampa, 2013) y la activación de ‘nuevas territorialidades’ (Porto-Gonçalves, 2010), en algunos casos asociadas a la defensa de los derechos territoriales colectivos, como base donde los pueblos indígenas estructuran sus reivindicaciones, organización y demandas, así como su identidad colectiva, y desde donde se organiza la acción colectiva. Precisamente frente a esta nueva asonada capitalista y recolonizadora en los territorios y territorialidades de casi todas las geografías del ‘Abya Yala’ (América Latina), se vienen produciendo también multiplicidad de resistencias 185 Pabel C. López F socioterritoriales y luchas comunitarias, en gran medida protagonizada por pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, lo que produce y visibiliza, a su vez, una proliferación de conflictos socioecológicos, de movimientos comunitarios, luchas por el territorio y por lo común y de territorialidades en disputa. En este sentido se viene gestando una nueva ‘ecología política’ (Humphreys Bebbington, 2012), así como de nuevos lenguajes de valoración (Svampa, 2016) e imaginarios de r-existencia (Escobar, 2018). Como señala Maristella Svampa, Al calor del nuevo siglo XXI, el fenómeno del extractivismo adquirió nuevas dimensiones, no solo objetivas –por la cantidad y la escala de los proyectos, los diferentes tipos de actividad, los actores nacionales y transnacionales involucrados–, sino también de otras subjetivas, a partir de la emergencia de grandes resistencias sociales, que cuestionaron el avance vertiginoso de la frontera de los commodities y fueron elaborando otros lenguajes y narrativas frente al despojo, en defensa de otros valores –la tierra, el territorio, los bienes comunes, la naturaleza– […]Al mismo tiempo, la dimensión de disputa y de conflicto introducida por la nueva dinámica de acumulación del capital basada en la presión sobre los bienes naturales, las tierras y los territorios (Svampa, 2019, p. 12). De particular modo, las nuevas dinámicas y recientes políticas estatales y gubernamentales de carácter extractivista en la región andino-amazónica ha provocado crecientes y, en ocasiones violentos, enfrentamientos entre los pueblos indígenas con los gobiernos. Así, “el espacio-tiempo del capital pretende imponerse sobre los espacios-tiempos de los pueblos y comunidades [...]. La nueva empresa colonizadora se presenta hoy más ambiciosa que la de antaño, puesto que esta vez pretende expandirse más allá de sus lugares tradicionales e imponerse de manera irreversible y definitiva” (Makaran y López, 2018, p. 18). De esa manera, la colonialidad territorial de estos órdenes espaciales hegemónicos, hoy defendidos por los dogmas del “desarrollo” y la “superación de la pobreza” o la simple necesidad del crecimiento económico y “productivo”, en realidad lo que habría generado y ahora se hace más visible con la actual pandemia, son condiciones de mayor exclusión, dominación, pobreza y desigualdad, racismo cultural, exclusión, devastación social y ambiental, entre otros males. Como fuese, América Latina está siendo sometida por el capitalismo transnacional neoliberal a un reordenamiento territorial y a procesos de desterritorialización/reterritorialización que intenta arrollar resistencias y autonomías, consolidando su condición colonial y 186 La cara neo-extractivista de la crisis... dependiente de abastecedora de materias primas al mercado global, en lo que Svampa (2013) denominó como el ‘consenso de los commodities’. Dicho orden, a pesar del reciente derrumbe internacional del precio del petróleo y otros commodities, configura parte de la geopolítica global en la actualidad y fue consolidando un estilo de “desarrollo neoextractivista” en América del Sur (Svampa, 2019), tensionando aún más el arco entre la competitividad por ventajas comparativas y la activación de conflictos sociales, territoriales, ambientales y culturales, particularmente en aquellos espacios locales donde se reproducen territorialidades y formas de vida comunitaria. Situación que, con la actual pandemia, lejos de cambiar o detenerse se ha acentuado y/o consolidado en toda América Latina. Este fenómeno, a su vez, ha configurado en gran parte de la región un contexto de fuerte tensión, contestación y disputa entre movimientos socioecológicos con los Estados y gobiernos, donde estos últimos reaccionan, ya sea modificando (retóricamente) emprendimientos extractivos o apropiándose (discursivamente) en parte de estas demandas, o ya sea intensificando sus políticas y expandiendo proyectos extractivos, lo que produce a su vez un aumento de la tensión y de los conflictos socioambientales (Martinez-Alier y Walter, 2016) y genera al mismo tiempo escenarios de violencia, represión y criminalización de la protesta social. Sin embargo, a pesar de su arraigo en manifestaciones localmente situadas y en anclajes geográficos específicos, es necesario señalar que los conflictos socioecológicos son “glocales”, en la medida en que los procesos, actores y dispositivos de poder nacionales y globales, así como las disputas sobre los sistemas económicos y los entendimientos del desarrollo se materializan como dinámicas de extracción y como conflictos locales y formas de activismo, resistencia y movilización. La forma en que las disputas moldean la vida local está influenciada por la relación de fuerzas locales, que están arraigadas en las historias locales y la atribución de significado a los procesos a escala global (Lang y Hoetmer, 2019). En esa línea, Dietz y Engels (2020) enfatizan la necesidad de una contextualización radical a la hora de analizar los conflictos extractivos, pues cada conflicto tiene su propia lógica, historia y reglas. Refiriéndose al “campo de conflicto”, estas autoras brindan un marco para hacer accesibles los conflictos al análisis empírico y contextualizarlos considerando dinámicas globales, nacionales y locales. Los cambios y problemas globales afectan el campo del conflicto de manera indirecta, mediada por cambios estructurales (Dietz y Engels, 2020), que solo dentro de un determinado contexto se vuelven relevantes para la acción. Entonces, al abordar los conflictos socioambientales en la región, se precisa pensar en procesos conectados, actores diversos, visiones contrapuestas y dispositivos de poder globales, regionales y nacionales 187 Pabel C. López F que se manifiestan en la expansión de dinámicas de extracción y el incremento o profundización de conflictos locales. A su vez, implica pensar las disputas de construcción de sentido, diversas concepciones del mundo y el territorio sobre las relaciones/integraciones ser humano/naturaleza, (incluyendo consecuencias ecológicas, identidades y prácticas tradicionales, modos de vida, visiones de desarrollo). Entonces, es necesaria una especificidad analítica con una perspectiva espacio-temporal de los conflictos y, a la vez, un análisis multiescalar (Escobar, 2014), que plantea que tanto el modo de acumulación como los conflictos pueden estudiarse desde el ámbito social y territorial. HORIZONTES ALTERNATIVOS: POSEXTRACTIVISMO, POSDESARROLLO Y POSCAPITALISMO Como suele suceder durante los períodos de crisis, se alimenta crecientemente la discusión respecto de alternativas al sistema dominante. En América del Sur, al menos en los países “progresistas”, esta discusión parecía superada luego de la crisis neoliberal; pero hoy, nuevamente, va tomando fuerza, ante el agotamiento del ciclo “progresista” y la renovada arremetida conservadora, alimentada por los propios gobiernos “progresistas”. En el marco del neoextractivismo, la dinámica de las resistencias socioambientales o socioecológicas y los movimientos socioterritoriales asentó las bases de un lenguaje común de valoración (Svampa, 2016) sobre la territorialidad, algo que se denominó como “giro eco-territorial” (Svampa, 2013). Este expresa la convergencia de diferentes matrices y lenguajes, a partir del cruce innovador entre matriz indígena-comunitaria y narrativa autonómica, en clave ambientalista. ‘Buen Vivir’, ‘bienes comunes’, ‘comunalidad’, ‘derechos de la naturaleza’, ‘autonomía’ y ‘ética del cuidado’ son algunos conceptos/horizontes que diseñan este nuevo lenguaje. Si bien el comienzo del ciclo progresista estuvo marcado por el protagonismo de las luchas populares y comunitarias y la elaboración de un lenguaje emancipatorio, tuvieron como gran actor a los pueblos indígenas (Buen Vivir, derechos de la naturaleza, autonomía, Estado plurinacional). Hacia el final del ciclo progresista aparece signado por las luchas de las mujeres, en diferentes escalas y niveles, visibles también en las resistencias contra el neoextractivismo. Esta tendencia acompaña y suma a la narrativa del Buen Vivir y de los derechos de la naturaleza, el lenguaje ecofeminista del cuerpo/territorio, la ética del cuidado y la afirmación de la interdependencia. Así, a la narrativa de la descolonización, asociada al momento indígena, se añade el nuevo ethos feminista, que une mujer y territorio, con la crítica al patriarcado y la ética del cuidado. Estas potentes narrativas, matrices y formas de lucha se enfrentan con nuevos desafíos, transitan nuevos rumbos 188 La cara neo-extractivista de la crisis... y se desarrollan bajo nuevas condiciones materiales. Los impactos en los tejidos sociales señalan no solo los nuevos escenarios del neoextractivismo, sino también de la producción y posibilidades de lo común, como ámbito privilegiado para la acción colectiva, cooperativa y para la reproducción de la vida frente a la crisis socioecológica. Es posible apuntar que diversos procesos sociales transformadores y emblemáticos se vienen manifestando y desarrollando en todo el mundo, con particular densidad en el Sur Global, ya que han sido capaces de cambiar sus realidades sociales situadas de múltiples maneras. De forma simultánea, como señalan Lang y Hoetmer (2019), estos procesos han logrado abordar diferentes ejes de dominación y anticipar formas de organización social que configuran alternativas a las lógicas mercantilizadoras, patriarcales, coloniales y destructivas del capitalismo moderno. Tal como apuntan Acosta y Brand (2017), al ser la actual crisis múltiple demasiado compleja, las posibles soluciones también lo son. De ese modo, las experiencias sociales/societales alternativas de las que se podrían dar cuenta a lo largo y ancho de la región también se presentan y manifiestan en un marco de pluralidad, heteronomía, diversidad geográfica y contextualmente situada, lo que plantea a la vez un desafío cognitivo al momento de abordar y analizar la variedad de procesos de construcción alternativa. En ese sentido, tal como apuntan Svampa y Viale (2020), las alternativas al modelo de desarrollo dominante hoy en América Latina y su vínculo con la globalización asimétrica no son nuevas en la región ni tampoco únicas en el mundo, pero sin duda la envergadura y vertiginosidad de los proyectos que masivamente se implementan en el continente en la actualidad han puesto en alerta máxima a organizaciones, activistas e intelectuales del más diverso cuño sobre la necesidad de elaborar propuestas alternativas viables, “que sin dejar de tomar en cuenta los modelos o experiencias ya existentes (casos testigos, economías locales y regionales, experiencias de comunidades indígenas), se planteen en una escala más general, a nivel nacional, regional y global”. En varios países de América Latina existen debates sobre las alternativas al extractivismo que proponen la hipótesis de la transición, desde una matriz de escenarios de intervención multidimensional. En América Latina se viene produciendo históricamente, desde espacios sociales, comunitarios y populares, algo que es parte singular e innovador para el pensamiento crítico y que implica una ruptura contrahegemónica epistémico, sobre todo práctica y concreta, a través del despliegue de procesos sociales, particularmente de carácter socioterritorial y en algunos casos de alcance societal; por una parte, mediante experiencias de construcción de una heteronomía autonómica de densidad comunitaria y popular, lo que implica una nueva 189 Pabel C. López F gramática autonómica que se entiende como una deconstrucción teórico-práctica alternativa y alterativa de los modos de existencia hegemónicos impuestos por el neocolonialismo, el capitalismo y el Estado nación. Por otra parte, varios de esos procesos se manifiestan como movimientos societales (Tapia, 2008) y/o se expresan simplemente como procesos de re-existencia socioterritorial, es decir, a través de experiencias en las que actores sociales no solo activan formas específicas, y espacialmente situadas, de resiliencia ante los nuevos escenarios de despojo múltiple y reconfiguración territorial en sus entornos de vida y bases materiales de reproducción social, sino también a través de formas y estrategias que les permite la construcción o reconstrucción de relaciones socioterritoriales de su vida colectiva. En lo que se refiere a las experiencias de re-existencia que se manifiestan en diversas geografías de América Latina, las mismas se relacionan con procesos socioterritoriales que no surgen solo como reacción a una dinámica expansiva de territorialidades extractivas y a la acentuación de procesos de despojo múltiple en toda la región, sino que en su gran mayoría se trata de procesos que históricamente se presentan como modos de organización de la vida colectiva, en algunos casos, como formas preexistentes al propio capitalismo como orden civilizatorio y que persisten, resisten y se recrean continuamente. Dentro de esta perspectiva, estos procesos de resistencia se convierten en movimientos para la r-existencia. Estos grupos no solo resisten el despojo y la desterritorialización, ellos redefinen sus formas de existencia a través de movimientos emancipatorios y la reinvención de sus identidades, sus modos de pensar, y sus modos de producción y de sustento (Porto-Gonçalves y Leff, 2015). Así, estos procesos de reexistencia se manifiestan y despliegan una diversidad y pluralidad de casos en América Latina, las mismas que se presentan, entre tantas varias formas, en las experiencias de agroecología comunitaria campesina, indígena o campesino-indígena, en las formas de gestión comunitaria de gestión territorial, en la silvicultura y manejo integral de territorios comunitarios reconocidos, en las formas de protección y gestión agroforestal de bienes comunes. CONCLUSIONES La actual crisis sanitaria global por la pandemia del Covid-19 ha puesto de relieve las tremendas desigualdades estructurales y las injusticias históricas producidas por múltiples factores. Estas relaciones, por un lado, están revelando y acentuando las asimetrías históricas y sistemáticas preexistentes entre el llamado Norte y el Sur Global. Por otro lado, están intensificando las marcadas diferencias sociales que caracterizan el desarrollo de la fase neoliberal del capitalismo y 190 La cara neo-extractivista de la crisis... hacen innegable sus profundos efectos, agudizando las tensiones y desequilibrios acumulados en el ciclo previo al estallido del Covid-19. Ya antes, América Latina estaba experimentando algunos síntomas agudos y múltiples de una crisis generalizada, también multifacética, particularmente de carácter sociopolítico y socioambiental. Esta crisis puede entenderse como expresión regional de una multicrisis civilizatoria global (Lander, 2018) que ha desencadenado un malestar social generalizado, manifestado en una ola de protestas y movilización de amplios sectores de la sociedad, particularmente visibles en las rebeliones sociales en Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú desde 2019 hasta la actualidad. En ese marco atravesamos una crisis socioecológica y una emergencia climática a nivel global sin precedentes en la historia, que permiten afirmar que el tan enunciado ‘colapso ecológico’ ya llegó (Svampa y Viale, 2020). Tal como señalamos en este breve trabajo, la actual crisis socioecológica forma parte de una crisis del patrón civilizatorio hegemónico (Lander, 2018), con base en la episteme de la modernidad y el paradigma del “desarrollo” y de un “progreso” sin fin, y que en breve puede caracterizarse como antropocéntrico, capitalista, desarrollista, patriarcal, colonial, clasista, racista y ‘terricida’, como algunos de sus principales rasgos a escala global. Precisamente, en el marco de la crisis ecológica y con la instalación generalizada del calentamiento global como uno de sus efectos más visibles y mediáticamente más difundidos se ha expandido el concepto del Antropoceno para caracterizar nuestra época, que va más allá de una simple era geológica y se coloca como un concepto umbral, que daría cuenta no solo del origen antropogénico de la actual emergencia ambiental y colapso ecológico (Svampa y Viale, 2020), sino de los peligrosos limites que se habrían traspasado en relación a la capacidad naturales del planeta y de los procesos de regeneración y reproducción de los ecosistemas de vida (Leff, 2018). Más allá de las diferencias en los enfoques y los debates al respecto, lo que resultaría indiscutible es asistir a una crisis y emergencia socioecológica sin precedentes, de orígenes antrópicos y con efectos para todas las formas de vida en el planeta, la que indudablemente ha sido acelerada por los parámetros históricos de las dinámicas de acumulación capitalista, que presenta diversas manifestaciones, según la geografía y el contexto de que se trate. Para el contexto que aquí nos interesa, esta dimensión socioecológica de la crisis, presenta características y dinámicas en América del Sur, donde en las dos últimas décadas las modalidades de apropiación y explotación de la naturaleza y los procesos acentuación de formas de despojos múltiples, directamente relacionados a los cambios 191 Pabel C. López F y reconfiguraciones de las dinámicas de acumulación capitalista, se expandieron y/o intensificaron a partir de la consolidación y generalización de modelos de desarrollo y políticas estatales con base en enclaves y emprendimientos neoextractivistas. Particularmente en América Latina, durante estos últimos años se han acentuado los procesos de apropiación, mercantilización, sometimiento y destrucción de la naturaleza, así como las dinámicas de alteración/afectación de los ciclos naturales de reproducción de la vida para someterlos a las exigencias de los procesos de acumulación del capital en la región. Por lo tanto, sugerimos un marco para el análisis integral, contextual y temporal, a partir de enfoques y discusiones actuales, principalmente desde o sobre América Latina, vinculados a la relación interdependiente entre procesos neoextractivistas, tanto de regímenes de corte neoliberal-conservadores como de perfil neoliberal-progresistas, con los conflictos socioecológicos, en el marco de los procesos actuales de acumulación del capital en los territorios, que en este trabajo se identifica como la cara neoextractivista de la actual crisis socioecológica en la región. BIBLIOGRAFÍA Acosta, A. y U. Brand. (2017). Salidas del laberinto capitalista. Decrecimiento y postextractivismo. Madrid: Icaria. Brand, U. y M. Wissen. (2018). The Limits to Capitalist Nature: Theorizing and Overcoming the Imperial Mode of Living. Transforming Capitalism. Series Editors. New York: Rowman & Littlefield International. Burchardt, H. J. (2018). 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Buenos Aires: El Colectivo, Bajo Tierra, Desde Abajo, Editorial Zur, pp. 17-63. 194 MUJERES INDÍGENAS Y CAMPESINAS EN DEFENSA DE LA TIERRA-TERRITORIO. RESISTENCIAS Y R-EXISTENCIAS DESDE MUNDOS EN RELACIÓN Carmela Cariño Trujillo MUJERES INDÍGENAS Y CAMPESINAS, LA APUESTA POR LO COLECTIVO Las luchas en las que participan las mujeres indígenas y campesinas en defensa de los territorios no son luchas exclusivas de mujeres, son luchas de pueblos, comunidades y colectividades en las que participan niños, niñas, hombres, ancianos, ancianas, así como los dueños, espíritus, ancestros y deidades que habitan los territorios. La participación de estas mujeres no está por encima de sus movimientos o por encima de la comunidad, al contrario, su activa participación apela a caminar junto con sus comunidades pues está en riesgo la vida de todo y de todos los que en ella habitan. Considero también que la participación de las mujeres ha sido negada o invisibilizada, de tal forma que pareciera una novedad; sin embargo, esto no es así, ellas han estado en las resistencias, en múltiples espacios que son necesarios para el sostenimiento de los movimientos, desde los ambientes cotidianos en donde se teje día a día la producción y reproducción de la vida, sustento material, espiritual y sagrado de la comunidad, así como en manifestaciones y expresiones públicas donde ellas expresan su descontento y las razones por las cuales se oponen al despojo y a la destrucción de lo común. Estas reflexiones son el resultado de mi diálogo y participación en algunos procesos en defensa de la tierra-territorio en México, que me 195 Carmela Cariño Trujillo han permitido caminar con defensoras del territorio. Así como por el hecho de ser originaria de una comunidad campesina-indígena en la que he aprendido y vivido de cerca cómo las mujeres de mi comunidad cultivan y se movilizan de múltiples formas por la defensa de la tierra-territorio, pues es lo que permite la posibilidad de existencia, la posibilidad de hacer vida. La relación concreta con la tierra, en el trabajo cotidiano de la vida campesina enseña que la tierra es un espacio más allá de lo material, en el que habitamos humanos y no humanos así como otros seres que sostienen y contribuyen con la reproducción de la vida. Planteo que es desde estas ontologías en relación desde donde se sostiene e impulsa una lucha en el que las mujeres han sido protagonistas importantes antes y una vez iniciada la colonización occidental. En este artículo indagaré cómo participan las mujeres comunitarias y cómo esas formas y modos de participación se enraízan en ontologías relacionales o en espiral desde dónde ellas impulsan resistencias que hoy hacen frente al modelo extractivista, capitalista, neoliberal racista y patriarcal. MUJERES INDÍGENAS Y CAMPESINAS EN DEFENSA DE LA TIERRATERRITORIO DESDE MUNDOS EN RELACIÓN Para los pueblos indígenas, campesinos y rurales, la tierra y el territorio son más que solo fuentes de trabajo y alimentos; son también cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños, futuro, vida y madre. Comandanta Kelly, lanzamiento de la Campaña Mundial por la Defensa de Tierras y Territorios Indígenas y Campesinos Autónomos en Chiapas, México y el Mundo (2007) El acceso a la tierra es uno de los problemas que enfrentan las mujeres indígenas y campesinas en nuestro continente, pues son ellas las que tienen menos acceso a la tierra, tanto a nivel individual como colectivo. En México solo dos de cada diez mujeres que viven en comunidades rurales son propietarias legales de la tierra, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La Reforma Agraria de 1992 fortaleció aún más esta inequidad que las coloca en un lugar de mayor desventaja, debido a la apuesta y promoción de una mayor individualización, privatización y concentración de la tierra. Esa distribución inequitativa de la tenencia de la tierra es parte de la herencia colonial, ya que es con la colonización de Abya Yala 196 Mujeres indígenas y campesinas en defensa... cuando a través de la masacre y el exterminio se buscó imponer un modo de distribución de la tierra que no existía antes de la llegada de los colonizadores. Fue a través de múltiples formas de violencia extrema (masacres, genocidios, desplazamiento de población, persecución, usurpación, etc.) como se fue imponiendo a los pueblos un sistema colonial que despojaba a hombres y mujeres de sus tierras y, al mismo tiempo, otorgaba beneficios a algunos varones colonizados en detrimento de las mujeres de sus comunidades. Se trata de la imposición de un sistema moderno colonial de género (Lugones, 2008, p. 42) que introdujo algo inexistente en las sociedades de este continente: la mercantilización de la tierra. De tal forma que, a partir de la colonización europea, “la tierra se convirtió en una mercancía para comprar y vender” (Oyěwùmí, 2017, p. 237). La mercantilización de la tierra timó a las indígenas en el proceso de transición de la apropiación colectiva a la propiedad privada. Y en ese proceso se despojó en primera instancia a las mujeres del derecho colectivo a la tierra, que será sin dudas un hito de la penetración colonial (Oyěwùmí, 2017, p. 237). Esta idea de la tierra y las mujeres como objeto de cambio ya estaba presente desde fines del siglo XV en la transición del feudalismo al capitalismo en “Europa”; las mujeres eran tratadas como nuevos bienes comunes en sustitución de las tierras perdidas, es decir, junto con la continua privatización de la tierra se forja una nueva división internacional del trabajo, un nuevo “contrato sexual” que daba a los hombres el libre acceso a los cuerpos de las mujeres, a su trabajo y a los cuerpos y el trabajo de sus hijos (Federici, 2004, p. 23) El sistema colonial basado en el exterminio, la dominación, despojo, explotación, se impuso a partir del saqueo y la destrucción de territorios y cuerpos con los que se ampliará la acumulación capitalista en Europa. En ese sentido, una condición clave en el surgimiento del sistema capitalista fue la separación de los pueblos originarios de la tierra y de su sistema de vida (Korol, 2016, p. 25) y aún más de la exclusión de las mujeres de su derecho a la tierra. La matriz colonial racista y patriarcal del capitalismo marcó la situación de las mujeres indígenas en los siglos posteriores a la conquista, y fue condición para su sujeción el expulsarlas del acceso a la tierra. Con el despojo de la tierra se impuso un sistema moderno/colonial de género que violentamente inferiorizó a las mujeres colonizadas e impactó de manera profunda en la desintegración de las relaciones comunales e igualitarias, del pensamiento ritual, de la autoridad y el proceso colectivo de toma de decisiones y de las economías (Lugones, 2008, p. 42), lo que permitió que las mujeres 197 Carmela Cariño Trujillo fueran subordinadas también al interior de sus comunidades. De tal forma que en la medida que se imponía un sistema moderno colonial de género (Lugones, 2008, p. 42), en el que ellas eran despojadas de su humanidad, también se las despojaba de su derecho a la tierra. El despojo de tierras fortalecía el control del poder patriarcal colonial sobre las mujeres indígenas a nivel familiar y comunitario. Así las mujeres indígenas fueron colocadas, al igual que la madre tierra como objetos a ser explotados. Sin embargo, el vínculo con el territorio no va a romper tan fácilmente. Pese a que la mayoría de las mujeres indígenas y campesinas en México no son propietarias de la tierra, ellas han jugado un papel fundamental en la construcción de territorios de vida, de formas otras de relación con la tierra que van más allá de la propiedad privada individual. Antes de la colonización española, “la organización de la tenencia de la tierra entre los mayas, cuya ocupación principal era la de labradores, era similar a la estructura agraria de los aztecas, como comenta Diego de Landa, quien señala que entre los mayas la explotación de la tierra y otras actividades productivas se realizaban en forma colectiva, por medio de la cooperación” (Gómez de Silva, 2016, p. 52; énfasis propio). Justo Sierra identificó también que antes de la colonización, “las formas de tenencia entre los pueblos mayas era comunal y que el producto se distribuía proporcionalmente” (Gómez de Silva, 2016, p. 52). En el pueblo mixteco, los señores y señoras controlaban los recursos importantes y escasos, como salinas, canteras de sílex o piedras preciosas, minas, lagunas de peces o mariscos y varios tipos de animales silvestres, no eran propietarios. “todos los residentes de una comunidad o un reino tenían acceso a muchos recursos, como madera, piedra para construcción o para hacer herramientas sencillas, suelos para hacer adobes, barro para loza, pigmentos probablemente de cal, y la mayoría de los minerales y de las plantas silvestres. Sin duda, cada comunidad tenía sus terrenos y recursos ‘colectivos’ para el uso de todo el pueblo” (Spores, 2007, pp. 82-83; énfasis propio). Con la colonización europea, los territorios indígenas pasaron a formar parte de la corona española, conforme lo estableció la Bula Noverunt Universi, emitida el 4 de mayo de 1493 por el papa Alejando VI, que repartió las tierras descubiertas del “Nuevo Mundo” entre España y Portugal (Gómez de Silva, 2016, p. 52). Con la apropiación de las tierras a través de diversas leyes, cédulas y decretos emitidos desde España, los pueblos fueron despojados de sus tierras y de su humanidad para ser igualmente explotados. De tal forma que el despojo de tierras implicó una concentración nunca antes vista en el que 198 Mujeres indígenas y campesinas en defensa... los colonizadores se erigieron como los dueños y propietarios tanto de tierras como de individuos. Convertir la tierra en una mercancía, en un objeto que se compra y se vende fue un mecanismo por medio del cual los españoles fueron apoderándose de las tierras colectivas y de lo ahí existente: En efecto: la confiscación y apropiación privada de la tierra perteneciente a los pueblos vencidos, fueron los primeros actos que realizaron los españoles al dar fin a la Conquista; actos que posteriormente, […] fueron confirmados por los Reyes mediante el otorgamiento de mercedes reales. Estos actos comprendieron no solamente la apropiación y reparto de tierras, sino también el reparto de indígenas sobre los conquistadores para garantizarse una fuerza permanente de trabajo en la explotación de sus extensos fundos (Manzanilla, 1977, pp. 74-81). Víctor Manzanilla Schaffer (1977, p. 81) plantea que la propiedad individual traída por los colonizadores era la definida por el derecho romano como “el poder del dueño para usar, disfrutar y abusar de la cosa poseída”. Esta forma de relacionarse con la tierra no formaba parte de la cosmogonía de los pueblos de este continente. La tierra no era propiedad de nadie y los derechos de acceso a la tierra eran colectivos. En trabajos revisados sobre la tenencia de la tierra en los pueblos originarios preintrusión colonial se habla del trabajo y uso colectivo de la tierra y no de la propiedad individual de la tierra. Además de que tanto mujeres como varones tenían acceso a la tierra en la medida que pertenecían a un linaje como es el caso del pueblo ñuu savi (mixteco). Sin embargo, aun cuando en el período colonial el sistema administrativo y judicial español se inclinó al lado masculino (Sopores, 2007, p. 245), en el caso del pueblo mixteco, el sistema de herencia precolonial continuó pesando durante la Colonia de tal forma que tanto mujeres como hombres siguieron heredando señoríos o cacicazgos.1 El término mixteco para designar los señoríos o cacicazgos es yuvui tayu, “estera pareja-casada”, que alude al hecho de que eran producto de una alianza matrimonial, cuya influencia se extendía 1 Miguel A. Bartolomé plantea que “tanto el concepto de señorío como el de cacicazgo resultan ambiguos para caracterizar a formaciones políticas de gran extensión territorial, que aglutinaban a miles de personas y en las cuales se producía una delegación secundaria de poder dando lugar a un desarrollado sector administrativo. Estos son aspectos comunes a los Estados históricamente conocidos, por lo que podrían ser sintéticamente calificados como Estados señoriales patrimonialistas: en la medida en que estaban regidos por señores divinizados propietarios de su jurisdicción política” (1999, p. 136). 199 Carmela Cariño Trujillo sobre un ámbito territorial específico, y como esteras o petates se los representaba en códices. Estos territorios eran espacios sacralizados, cuyas cavernas y montañas constituían puntos de contacto con las deidades y en los cuales se reiteraba ritualmente la alianza de la sociedad con lo sagrado (Caso, 1977, en Bartolomé, 1999, p. 136). Esta relación con la tierra sacralizada contrastó con la lógica colonial, que no pudo arrancar de raíz esa relación que los pueblos tenían con sus tierras. De tal forma que, para el caso del pueblo mixteco: Los españoles toleraron la existencia del sistema político mixteco, pero reforzaron la autoridad de los líderes tradicionales [varones] y los incorporaron en su plan de dominación, aculturación, conversión religiosa, bienestar social y resolución de conflicto. Así los gobernadores nativos [caciques y cacicas] quienes permanecieron en posiciones de poder político en sus comunidades, reforzaron y protegieron sus derechos y privilegios en teoría y práctica. Aunque los varones ocuparon posiciones oficiales de autoridad como gobernadores de comunidades nativas, se reconocieron también a las mujeres como cacicas legítimas. Estas poseyeron gran riqueza en tierras, casas, ganado y otras propiedades (Spores, 2007, p. 304; énfasis propio). Las cacicas de lugares como Tututepec, Nochixtlán, Tejupan, Tlaxiaco, Achiutla y Teposcolula, en la Mixteca alta, estuvieron entre las personas más ricas de Oaxaca (Spores, 2007, p. 200). Estas mujeres heredaron cacicazgos y los poseyeron bajo su propio nombre y pasaron los títulos a sus herederos. Estas sucesiones pasaron por extensos litigios, peticiones, testimonios, testamentos y otras declaraciones legales, que insistían en adoptar la ley de herencia española para que los herederos fueran los primogénitos varones y no la sucesión indígena la cual no hacia diferencia entre varones y mujeres. Las tierras heredadas de los cacicazgos, podían rentarse, pero no venderse (Spores, 2007, p. 277; énfasis propio). Hombres y mujeres poseían títulos por herencia en línea recta de sus antecesores, por abdicación y por matrimonio; cuando las cacicas se casaban, las reconocían como cacicas de los señoríos de sus maridos, pero continuaban como poseedoras de sus propios cacicazgos (Spores, 2007, p. 304). Las mujeres en la Mixteca colonial, pobres o cacicas, dirigieron negocios, poseyeron, manejaron, compraron y vendieron propiedades, estuvieron envueltas en pleitos civiles o demandas, involucradas en crímenes, recibieron castigos equivalentes a los de los hombres, e incluso, en encuentros físicos con estos; muchas veces ellas los superaron (Spores, 2007, p. 314). Sin embargo, es en el período colonial cuando poco a poco fueron 200 Mujeres indígenas y campesinas en defensa... excluidas de espacios relacionados con asuntos económicos, legales y criminales y no fueron mayordomas ni ocuparon cargos políticos formales. La tierra para los pueblos en Mesoamérica no ha sido una mercancía ni exclusiva de un individuo, sino un elemento sagrado. Para los ñuu savi, la tierra es una divinidad, la diosa madre de la que nacerían los demás dioses vegetales y animales y de quienes depende la vida de los hombres, esta visión contrasta claramente con la idea de la tierra como objeto inerte, disponible al mejor postor, que poco a poco se fue imponiendo en los territorios colonizados. Así la individualización de la propiedad de la tierra, la escasez concomitante derivada de su comercialización, como la prioridad de los varones para poseer las tierras no significaron buenos augurios para los derechos de las mujeres pues en la lógica colonial de compra, venta y arrendamiento, fueron excluidas. A la par del avance de la empresa colonial, se fue creando un derecho consuetudinario, reinventando la tradición y excluyendo de esta a las mujeres tanto en su acceso a la tierra como en la esfera política, también de nueva creación. La fabricación de nuevas costumbres favoreció a los varones, emulando la construcción de género que ya se había gestado en Europa. Pese a la resistencia de los pueblos a la intrusión colonial, la creación de ámbitos de sexo separados se relacionará con el surgimiento de hombres y mujeres como categorías identificables y jerárquicas (Oyěwùmí, 2017, p. 253). Dicha división creó también ámbitos que separaron lo “público” y “privado”. Las mujeres fueron asignadas al ámbito de lo privado y los varones a lo público, siendo este último la esfera de mayor jerarquía. Esta separación era inexistente en los pueblos de este continente, como se ha podido identificar, por ejemplo, para el caso del pueblo ñuu savi, donde los señoríos y múltiples formas de gobierno estaban encabezados por parejas. Es por esto que el sistema de género colonial no se impuso fácilmente y de forma inmediata, aunque sin duda poco a poco fue subordinando y colocando en la mente y los corazones de la población colonizada. Pese a ello, las mujeres mixtecas siguieron jugando un papel fundamental en la economía, la política y, en general, en todos los ámbitos de la vida de sus comunidades, aunque cada vez con mayor dificultad. Así las formas de organización y acción para la vida no desaparecieron definitivamente, resistieron a esos cambios culturales que a sangre y fuego buscaron imponerse. Por ello aun cuando la mayoría de las mujeres indígenas y campesinas no son propietarias de la tierra, ellas han sostenido una relación con la tierra que va más allá de considerarla como un objeto de su propiedad. Ellas participan en las siembras, el trabajo y cuidado de las parcelas, las 201 Carmela Cariño Trujillo milpas que muchas veces se siembran a medias con los propietarios de las tierras, son jornaleras, y buscan siempre un pedacito de tierra para colocar semillas, hierbas medicinales, comestibles, de ornato, etcétera. Sin dudas es necesario reconocer la deuda histórica hacia las mujeres indígenas y campesinas y el proceso colonial por el cual fueron despojadas, y al mismo tiempo es fundamental mostrar el papel que ellas han jugado en la defensa de la tierra-territorio cuando esta se encuentra amenazada por megaproyectos que en nombre del desarrollo y el progreso pretenden continuar el sistema de despojo, exclusión y muerte que oculta. Las mujeres saben lo que esto significa, por ello muchas se colocan al frente de las luchas y reafirman en colectivo que “la tierra no se vende, se ama y se defiende”. También es importante señalar que esa defensa de la tierra-territorio no se da únicamente ante la amenaza de megaproyectos, sino desde la vida cotidiana de la comunidad, que para seguir siendo requiere de trabajo colectivo a través del cual se cuida el agua, el monte, se organiza la fiesta, se resuelven problemas y se gestiona la vida en su conjunto y ahí las mujeres juegan un papel clave junto con todos los que cohabitan en los territorios. Pese a la racionalidad moderna/colonial, que mira a la tierra como una mercancía y a las renovadas estrategias cada vez más violentas que buscan legitimar el despojo en los pueblos indígenas del continente, persiste otra lógica basada en una relación sacralizada con el territorio. Por eso, para los pueblos indígenas en defensa de sus tierras-territorios, el territorio no se ve tanto en términos de “propiedad” (aunque se reconoce la propiedad colectiva) sino de apropiación efectiva y afectiva mediante prácticas culturales, agrícolas ecológicas, económicas, rituales, etcétera. El territorio, plantea Arturo Escobar, “es por tanto material y simbólico al tiempo, biofísico y epistémico, pero más que todo es un proceso de apropiación sociocultural de la naturaleza y de los ecosistemas que cada grupo social efectúa desde su “cosmovisión” u “ontología” (2014, p. 90). Visto así la defensa de los territorios y los procesos de resistencia se convierten en movimientos para la re-existencia (PortoGonçalves, 2010). En la medida que los pueblos y las comunidades indígenas que se movilizan y resisten el despojo redefinen sus formas de existencia a través de movimientos emancipatorios y la reinvención de sus identidades, sus modos de pensar y sus modos de producción y reproducción en esos territorios (Escobar, 2014, p. 93). 202 Mujeres indígenas y campesinas en defensa... “LAS PLANTAS, LOS ANIMALES, TODO LO QUE EXISTE, TAMBIÉN TIENE DERECHO”. LA DISPUTA ONTOLÓGICA Para nosotros los indígenas zapatistas, la lucha por la tierra y el territorio es la base principal de nuestros pueblos. […] Los pueblos indígenas y campesinos tenemos históricamente nuestras raíces en estos territorios. Ahí producimos nuestros alimentos para vivir, ahí nacemos, ahí nos desarrollamos, en ellos nos multiplicamos y convivimos, con las montañas, con los ríos, con el aire, con la vida de la misma naturaleza, con los manantiales; también en ellos viven todos los seres vivos con derecho a la vida, así como los recursos del subsuelo. Comandante Tacho, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN.2 En los últimos años la presencia de megaproyectos extractivos ha ido en considerable aumento en casi todo el continente. En México, la lucha en contra de esos megaproyectos se ha convertido en un factor que moviliza a prácticamente todos los pueblos indígenas y en estas movilizaciones las mujeres comunitarias han asumido papeles fundamentales y han hecho explícito que su lucha no se reduce solamente a la defensa de recursos naturales o a demandas exclusivas de género. Las luchas de las mujeres comunitarias hacen frente a las múltiples amenazas que atentan contra la vida en los territorios que habitan. Sus discursos y prácticas cuestionan las formas de opresión que viven en los territorios no solo por ser mujeres, de tal forma que su activa participación aporta elementos clave para entender cómo se imbrican las opresiones en la experiencia cotidiana y cómo puede cuestionarse un sistema que no solo es patriarcal, sino también capitalista, racista, antropocéntrico. Para estas mujeres en lucha, defender la tierra significa defender las formas y modos de vida de todo con lo que se coexistente en el territorio. Se trata de la defensa de mundos en relación en la que la vida de las personas es muy importante, pero se sabe que no es más importante que la vida de las montañas, los ríos, el aire, los manantiales, los lagos, las selvas y todos los seres que ahí habitan y que también tienen derecho a vivir. 2 Palabras del Comandante Tacho, en el “Encuentro con Campesinos del Mundo”, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 19 de julio de 2007. Publicado en Suplemento Ojarasca 124, agosto 2007. 203 Carmela Cariño Trujillo Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la TierraAtenco, que desde el 2001 participa en la defensa de la tierra y el Lago de Texcoco contra la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha declarado en múltiples ocasiones que su lucha es por “amor a la forma de vida que solo es posible si tenemos la tierra”. La vida humana que solo es posible en relación con todo lo que lo rodea es algo que la compañera Trini, junto con los y las integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), tienen muy claro. Para ellos, “Si el aeropuerto se llega a construir en el lago, el equilibrio de toda la cuenca del valle de México está en peligro; la biodiversidad, el agua, las plantas, los animales, el aire, la lluvia y nuestra convivencia con ese entorno no están en venta”. Un proyecto de esa magnitud pone en riesgo la posibilidad de seguir sembrando y viviendo de la tierra y con la tierra; por ello han insistido en defender y mantener esa relación intrínseca con la tierraterritorio. La lucha del FPDT ha estado pensada no solo en función del presente sino en conexión profunda con el pasado y el futuro que para los pueblos vecinos del Lago de Texcoco no es algo que pueda separarse: “Defendemos la tierra sagrada de nuestros abuelos y de nuestros hijos”. Por ello plantean que luchar contra la construcción del aeropuerto es una cuestión de vida o muerte, “pues significa la muerte de nuestros pueblos ancestrales, cultura, forma de vida”. Al ser esta una lucha de resistencia y por la re-existencia, las comunitarias afirman: “No nos rendimos pues nuestra lucha es por la vida, nos hemos enfrentado al terror y la violencia contra nuestros pueblos y seguiremos defiendo la tierra y el lago porque es defender nuestra dignidad”. Así sus planteamientos cuestionan de forma radical la idea de desarrollo impuesta desde los gobiernos y los intereses de las transnacionales y plantean que: Frente a la muerte y destrucción de lo que llaman progreso, nosotros reclamamos nuestro derecho a existir, a recrear nuestras tradiciones y formas de vida. No queremos regresar al pasado o mantenernos ajenos al avance de la historia, pero defendemos nuestra propia idea de bienestar que no tiene nada que ver con el beneficio para unos pocos. Nosotros luchamos por una prosperidad ligada a la tierra y todos los elementos con los que convivimos y construimos la vida en común de nuestros pueblos (Martha, FPDT, abril de 2018). Así las mujeres han planteado que ante los proyectos de muerte que llegan a los territorios y que buscan imponerse sin la consulta previa, libre e informada como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos se opondrán 204 Mujeres indígenas y campesinas en defensa... pues “como pueblos existimos porque resistimos”, dice la compañera Martha, por ello decir que la lucha es por la vida no es una metáfora. Tras 17 años de resistencia, el FPDT enfrentó otra batalla, la imposición de una consulta pública al pueblo de México para preguntar si se continuaba con el aeropuerto o no, que fue planteada sin la participación de las comunidades directamente afectadas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en noviembre de 2018. Ante este panorama, el FPDT recurrió a las redes de apoyo y a la solidaridad construida con distintos sectores a lo largo de casi dos décadas de oposición al proyecto aeroportuario. Así, bajo la consigna “Yo prefiero el Lago”, se impulsó una fuerte campaña en el que, por un lado, especialistas argumentaban sobre la inviabilidad socioambiental y económica de este proyecto y, por otro, las comunidades hablaban de la amenaza al Lago como ser-tierra, hermano mayor de los pueblos. Finalmente, el proyecto fue cancelado y las movilizaciones y argumentos sobre la inviabilidad del proyecto tuvieron un fuerte peso en la disputa política, así como los argumentos del Lago como ser-tierra, un ser que también tiene derecho a vivir y que es el sustento material-simbólico-espiritual de los pueblos que por siglos han cohabitado con él. Otro caso importante en defensa de la tierra en el que se han puesto elementos que forman parte de la existencia de mundos en relación es el de la defensa del desierto de Wirikuta contra las concesiones mineras. Mujeres y hombres comunitarios junto con las deidades que habitan el desierto sagrado emprendieron una lucha en 2012 declarándose en pie de lucha espiritual por la defensa de sus territorios. Estos pueblos al occidente de México emprendieron una lucha contra concesiones mineras otorgadas en sus territorios sagrados (38 concesiones otorgadas a empresas mineras canadienses que abarcarían el 50% de dicho territorio). Para los wixaritari y nayeri, en Wirikuta se originó el universo y desde tiempos inmemoriales estos pueblos se reconocen como guardianes de Wirikuta, no sus dueños. La relación con este territorio sagrado no es de propiedad, sino como un lugar en el que establecen relación con las deidades que sostienen el universo. Para estos pueblos el territorio es un espacio de transmisión de conocimientos ancestrales y de sabiduría que enseña a cuidar la madre tierra y las esencias de la vida como un todo. Así lo expresan los sabios de la comunidad tras la ceremonia en la que se comunicaron con las deidades y recibieron el mensaje sobre el problema que estaban viviendo: El portavoz de las deidades nos informa que los primeros ancestros poblaban desde tiempos inmemoriales este mundo y lo recrearon en varias ocasiones, hasta crear este nuevo mundo humano y así dar pie 205 Carmela Cariño Trujillo a esta etapa, en la que vivimos. A partir de los cuatro elementos del universo se crearon los lugares sagrados, los cuales enlazan y quieren actualizarse para evolucionar a la nueva etapa. Nos mostró sus utensilios de poder, los cuales tiene tendidos en Wirikuta, como sus Cornamentas. Esta noche también floreció la palabra del Abuelo Fuego a través del canto. En ella nos indica que no existe diferencia entre los centros ceremoniales de las distintas comunidades wixaritarie, porque todos estamos sujetos a la guía de Tatewari Tutzi (el Abuelo Fuego), Tamatzi Kauyumarie (el Venado Azul) y Tawexika (el Padre Sol), quienes son la única guía de la humanidad y de todos los seres vivientes del universo. En los cuatro puntos cardinales se encuentran los lugares sagrados de las diferentes deidades y nuestras vidas dependen de ellos, y también de los cabezales del Abuelo Fuego que unen a los centros ceremoniales, en el sur, T+muxawi (el Guardián de la Vegetación) y XapaWiyeme (Deidad de la Lluvia) en el norte, Tatey Hauxama (la Deidad del Diluvio), en el poniente Tatey Hamara (la Deidad de la Serpiente Gigante o el Mar) en el oriente Wirikuta y Masautek+a (la Deidad del Hermano Mayor Venado Azul y el Padre Sol), quienes son el equilibrio del Universo. Nos advierten que tengamos mucho cuidado de no hacer algo indebido contra los lugares sagrados, los cuales son núcleo de nuestra Madre Tierra y en ellos se encuentran las deidades preparándose para un renacer, el cuál será florecer de un nuevo mundo celestial. Las deidades nos dan mensajes e indicaciones atmosféricas para que nosotros los humanos detectemos la inquietud de nuestro planeta y estemos apercibidos. Floreció la palabra de los lugares sagrados que fueron creados durante el primer peregrinar de Tamtzi Kauyumarie (el Venado Azul) y del Tatewari Tutzi (el Abuelo Fuego). En este primer peregrinar, ellos fueron creando las puertas espirituales, también espejismos y oráculos celestiales. Fueron dando nombre a estos lugares llamándolos: Maye Tekuta (Boca de León), Rurawe Muyaka (hado Altrejo de la Estrella), Xamuarita (Desparrajo de Palabras o ideas), Kuruxi Kitenie (la Segunda Entrada de la Tortura o la Puerta de la Cruz). Kux´u Uweni (la Tercera Entrada o el Bando del Aguililla Roja), Eyuanipa Yoliet (la Fortaleza de la Serpiente Gigante), Tanana Waxa+imari (el Sagrario de la Deidad del Maíz). También floreció la palabra de la Serpiente Gigante en el cántico (la Deidad del Océano), para darnos el mensaje e inquietud de la parte femenina, esto lo hizo a través del portavoz Tamatzi Kauyumarie (el Venado Azul). […] Nos piden que tengamos definidas nuestras acciones antes de que entre el año nuevo. Presenciamos a nuestro hermano mayor Tamatzi Kauyumarie (el Venado Azul), quien también busca la renovación junto con las demás deidades quiere actualizarse para evolucionar a la nueva etapa. Nos mostró sus utensilios de poder los cuales tiene tendidos en Wirikuta, 206 Mujeres indígenas y campesinas en defensa... como sus Cornamentas…. Que nadie interrumpa o distorsione la vibra y el equilibrio del mundo, que mejor estemos apercibidos para que no pase como en aquella época cuando se renovó el universo. También presenciamos la inquietud de Tatewari (el Abuelo Fuego) y de Tatutzi (la Bisalbuela Fuego) Ellos buscan florecer nuevamente en el lugar en donde se definen sus Cornamentas (el Cerro del Quemado). Todas las deidades quieren volver a florecer y que se desenvuelvan nuevamente sus corazones y sus lenguajes […] las deidades han pedido que no se haga ningún cambio en los centros ceremoniales…que busquemos con qué fue con lo se florecieron y les fue posible evolucionar. Nos piden que nosotros seamos los parteros de nuestras deidades ancestrales… que tengamos el espíritu limpio, que no tengamos miedo. …Que todos los tzaurixites (sabios) de todos los puntos cardinales y todos los mara´akames (chamanes cantadores) nos unamos para ayudar a dar luz a nuestro universo a nuestra madre tierra, que unidos descubramos la fortaleza de nuestras deidades celestiales… Por eso, ofrendamos la vela como luz de nuestro camino, para sostener y mantener equilibrado el sistema solar, tal como lo hicieron nuestros ancestros […] que iniciemos los preparativos para sembrar nuestro corazón de Tatey Niwetsika (el Espíritu de nuestro ser, el Maíz) para esta nueva etapa de la vida…. Se les pide a las personas que están en contra de su propio creador, que dejen en paz los lugares sagrados, de las deidades del universo celestial. Estas palabras muestran la relación profunda que existe entre estos pueblos y su territorio, como parte inseparable de la gente a través de lazos físicos, espirituales, ancestrales que se renuevan permanentemente para permitir la continuidad de la espiral de la vida. Para los hombres y mujeres wirrarika y nayeri, el territorio es el corazón de todos en el que se resguarda la memoria histórica de los pueblos. Así la destrucción del territorio por las concesiones mineras va más allá de la disputa por recursos naturales; lo que los pueblos están mostrando aquí es que la defensa de la tierra es fundamental, porque en ella se está jugando la vida misma, “el exterminio de nuestro corazón” y en esa defensa del territorio las deidades no se mantienen al margen, también se hacen presentes y actúan. La participación de las mujeres en defensa de sus territorios constituye una fuerza importante que alimenta y contribuye a las luchas de los pueblos ante las múltiples amenazas. Ellas participan en la denuncia tanto de las empresas como de los gobiernos que promueven esos proyectos con consultas improvisadas que no cumplen las condiciones establecidas en los convenios internacionales. Ante esto, las mujeres comunitarias organizan la resistencia a partir de sus propios 207 Carmela Cariño Trujillo análisis sobre los impactos que los megaproyectos significan en sus vidas y en sus comunidades como la contaminación, el impacto en la salud y bienestar de los niños y niñas, en los adultos, en los cultivos, en general, en la vida cotidiana de las comunidades. Las mujeres conocedoras del funcionamiento de los hogares y de la vida comunitaria conforme se involucran en los procesos de defensa del territorio plantean análisis que permiten reflexionar sobre las problemáticas e impactos a los que se enfrenta su comunidad desde una perspectiva local-global. Aquí una de las reflexiones que Teresa Castellanos, defensora de la tierra y parte del movimiento en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM)3: Mi comunidad es muy pequeña pero no tienen derecho a construirnos una bomba por más pequeña que sea, en mi comunidad vivimos como en una cazuelita, como un hoyito mi comunidad, la termoeléctrica está en la parte de arriba, el kínder y la secundaría están como a 150 metros, mi comunidad es zona volcánica, por esas razones no tendrían que haber impuesto un proyecto de muerte, mi pueblo se rige por usos y costumbres y se los pasaron por el arco del triunfo desde el anterior gobierno. Cuando vino el señor Andrés [López Obrador, hoy presidente de México] en 2014, él acepta que la termoeléctrica va a contaminar el agua [..] y ahora la apoya […] Cuando empezaron las pruebas en 2015 durante tres meses, los problemas empezaron, el ruido subió a más de 150 decibeles, no nos escuchábamos, en las escuelas los niños se ponían mal y las maestras no podían controlarlos, nos mandaban a llamar para ir por los niños, en casa no se podía escuchar música o la tele, pues el ruido de la termoeléctrica era tan alto que no escuchábamos, tampoco nos escuchábamos entre nosotros. La empresa empezó a repartir volantes diciendo que si queríamos tapones para los oídos ellos nos lo daban, que pasáramos por ellos. […] 3 El PIM consta de dos centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos, actualmente concesionadas a la empresa española ABENGOA; un gasoducto de aproximadamente 160 kilómetros de longitud que pretende transportar diariamente 9 mil millones de litros de gas natural, para dichas termoeléctricas. Dicho gasoducto que pasaría por las faldas del volcán Popocatepetl atravesando 60 comunidades de los Estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala está concesionado a las empresas españolas ELECNOR y ANAGAS así como a la italiana BONATTI; una línea eléctrica de 20 km de longitud a la subestación Yautepec; y un acueducto de 12 km. que pretende trasladar 50 millones de litros de agua diariamente a las termoléctricas y que pasaría por las comunidades de Ayala y Huexca, en Morelos. Además, implica la ampliación de autopistas, vías de ferrocarril y la creación de parques industriales. 208 Mujeres indígenas y campesinas en defensa... Señores, ¿qué vamos hacer el día de mañana que no haya que comer, cuando el campesino ya no siembre porque su tierra se quedó sin agua, ¿qué van hacer ustedes cuando sus hijos, nietos o bisnietos, les digan, tengo sed? ¿Qué les van a dar, cables, focos, industrias? Pensemos, qué vamos a hacer y cómo queremos vivir (Teresa Castellanos, integrante del FPDT de Tlaxcala-Morelos-Puebla, Huexca). Teresa es una comunitaria que en 2011 escuchó que una termoeléctrica se construiría en terrenos de su comunidad; desde entonces comenzó a organizarse con sus vecinos y con otras comunidades cercanas a Huexca, que también se verían afectadas por el megaproyecto. Su trabajo ha sido muy importante, y pese a que la termoeléctrica está prácticamente terminada, no está en funciones porque la resistencia de la que ella forma parte ha sido muy fuerte y continúa exigiendo la salida de ese proyecto de su territorio. Para Teresa, como para las mujeres y hombres opositores al PIM, la lucha por seguir siendo campesinos y campesinas, es una lucha por la existencia misma, por eso insisten en que se trata de la lucha por la vida y para eso no queda más que resistir. “Como mujeres campesinas queremos que nuestros pueblos sean escuchados”, ha dicho Teresa en distintos encuentros y espacios en los que se presenta para denunciar lo que vive su comunidad, como comunitaria defiende su territorio y la vida campesina que hace de esta región del país una de las más importantes productoras de alimentos, agua, aire limpio para la Ciudad de México. Con la llegada al gobierno de México de Andrés Manuel López obrador, y ante la promesa en campaña de cancelar el PIM, las comunidades opositoras se manifestaron exigiendo el cumplimiento de su palabra; sin embargo, la respuesta fue otra: “Aunque haya gritos y sombrerazos, el pueblo va a decidir sobre este asunto [no las comunidades directamente afectadas] y como reparación del daño, en caso de que opere la termoeléctrica, en Morelos y los municipios de Tlaxcala y de Puebla por donde pasa el gasoducto van a tener la tarifa eléctrica más baja […] Escuchen radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores”, respondió el presidente enardecido ante los cuestionamientos de los pobladores afectados. Días después, Samir Flores, uno de los comunitarios opositores a este proyecto fue asesinado y la consulta impuesta sin la intervención de las comunidades afectadas. Así ganó el Sí a favor de la implementación del PIM. Sin embargo, los pueblos tienen interpuestos amparos y la lucha sigue. Al pie del volcán Popocatepetl, en Hueyapan, una de las comunidades afectadas por el PIM, vive Vicenta Laderes, curandera y granicera nahua que sabe comunicarse con el volcán. Los o las graniceras son 209 Carmela Cariño Trujillo elegidas por el rayo, reclutados por las fuerzas místicas de la descarga eléctrica. Los graniceros son definidos como un tipo de especialistas rituales de origen prehispánico, dotados de un don para manipular fenómenos atmosféricos –la lluvia, el viento, las tormentas, el granizo– así como para curar los males que estos fenómenos provocan (Albores y Broda, 1997, p. 11). Ella se ha comunicado con el Popocatepetl, también conocido como Don Goyo y este ha dicho a través de ceremonias y sueños, que está enojado, por eso ha habido temblores y exhalaciones. El volcán ha dicho que está enojado por la instalación del gasoducto, afirma doña Vicenta: ni las flores, fruta, tamales, mole y pulque que le ofrendaron han servido para calmarlo. Él está enojado porque le quitan piedras y eso lo hace enojar, truena y tiembla, para que se quiten y se vayan quienes están construyendo, él se enoja como una persona, dicen las que saben. Día a día, las mujeres en resistencia plantean críticas profundamente radicales y análisis complejos de los impactos que los numerosos despojos provocan contra la vida comunitaria; esto las convierte en protagonistas así como en blanco de ataques, amenazas, persecuciones, criminalización o asesinatos. Sus aportes son múltiples y abarcan diversos aspectos según las comunidades y las luchas de las que hacen parte. Considero que uno de esos aportes relevantes tiene que ver con su contribución al fortalecimiento de la relación espiritual y sagrada con la tierra, pues muchas veces ellas son las que encabezan las ceremonias en sitios sagrados o impulsan estrategias para recuperar o fortalecer la relación con las deidades o seres-tierra que habitan los territorios para también así fortalecer las luchas. Las mujeres también participan en la defensa del territorio desde el trabajo cotidiano de producción y reproducción de lo común concerniente con el funcionamiento de la comunidad, la realización de tareas relacionadas con servicios como el agua, la luz, los caminos, las escuelas, la iglesia, las fiestas, los ritos, las ceremonias. Aquí otro caso para ilustrar esta idea, en el pueblo ñuu Savi (mixteco), al cual pertenezco, existen las Vehe Davu (casas de Lluvia), lugares sagrados en donde se realizan rituales de petición de lluvia. Cada año, entre el mes de abril y mayo, las comunidades ñuu savi realizan estas ceremonias, como lo explica Florencia Curiel, marduma dava (mayordoma de la lluvia): “Este es un ritual que se hace para que la lluvia llegue para toda la comunidad, para que la milpa crezca y los animalitos del monte tengan agua para vivir, es una petición para todos” (Jiménez y Posselt, 2016, p. 105). En la mayoría de los casos lo que se ofrenda al Ñuhu davu (dios de la lluvia) es lo mismo que comen las personas que asisten ese día, como muestra de un alimento que se comparte con la divinidad. 210 Mujeres indígenas y campesinas en defensa... La petición de lluvia es ritual clave para la preservación de la vida en su conjunto, con el llamado que se le hace a la lluvia, se reconoce “que los seres humanos somos parte de un tejido mucho más grande, que compartimos este mundo con seres sagrados, de características propias, que al igual que nosotros están vivos y tienen sus propios ciclos y ritmos, ellos hacen posible la vida de los humanos, plantas y animales” (Jiménez y Posselt, 2016, p. 107). La defensa de lo común cruza necesariamente por el fortalecimiento de esas múltiples relacionales o interconexiones, con el cosmos, lo divino, lo humano y todo lo existente. En el mundo ñuu savi, el vínculo entre lo divino y lo humano es muy importante. Y en ellos, el papel de las mujeres es tan importante como el de los hombres; cada uno realiza tareas que contribuyen a la crianza de la vida y a la manutención del equilibrio y la armonía del cosmos, coadyuvando de este modo con lo divino. Por eso el cuidado, las ofrendas, los rezos, las ceremonias, todo es condición sin la cual el universo no existiría. Es medio insustituible de su preservación y desenvolvimiento: la crianza o el recrear la vida es el modo de ser del hombre [y mujer] mixteco. Si no hay crianza la regeneración de la vida se trunca. Hombres y mujeres crían no solo seres humanos, crían el campo, las plantas, los animales […], y simultáneamente ellos y ellas son criados por ellos (Ortíz, 2006, p. 102). Para el pueblo ñuu savi, la relación con el universo no es una relación antropocéntrica, el ser humano solo es un integrante más dentro del cosmos, “se trata de una conciencia diferente del cosmos, basada en el respeto irrestricto a toda manifestación de vida y su reproducción por ese ente” (Ortíz, 2006, p. 102). Para la cosmovisión ñuu savi, la Tierra es también un microcosmos y el universo su mansión. El agua no es un recurso, mucho menos una mercancía, sino una deidad: Ñuhu dxehe Duta: Señora del agua, la señora de la falda azul. Ñu’un de’e nduta connota también la fuente de la vida es, por tanto, la Tierra Madre, que genera vida sin cesar al tiempo que alimenta. Desde las ontologías relacionales hay una aguda conciencia de que las personas solo somos una parte pequeña en el cosmos y que la existencia de la especie humana depende de la existencia de otras especies, y todos somos solo un hilo en la red de la vida. Reflexionar al respecto nos remite a lo que Mario Blaser (2013) plantea cuando señala la importancia de una perspectiva que va más allá de la idea de la existencia de Un mundo con múltiples perspectivas sobre él. En ese sentido, las luchas de las mujeres comunitarias se inscriben dentro de esas ontologías que plantean el reconocimiento de la existencia de 211 Carmela Cariño Trujillo múltiples mundos en relación, desde donde entendemos que existen relaciones profundas de reciprocidad, y que, en ese sentido, no se trata de culturas que miran e interpretan de forma distinta la naturaleza, sino de mundos que interpretan, viven y cultivan múltiples relaciones en el que la separación entre cosas naturales y culturales no es posible. Las ontologías que plantean la existencia de mundos en relación rompen con el enfoque antropocéntrico de la ontología moderna/colonial/occidental que construye una racionalidad que parte de la existencia de un solo mundo con formas distintas de entenderlo y en el que el centro de ese mundo es el humano. Las ontologías relacionales consideran que “todo lo que existe […] tiene agencia y voluntad propia y aunque sin duda jerarquizados, la jerarquía no necesariamente sigue la división humano (cultura)/no humano (naturaleza) (Blaser y De la Cadena, 2009, p. 7). A este planteamiento que se le conoce como giro ontológico (Escobar, 2012), el cual propone el estudio de los conflictos territoriales desde lo impensable (Troullot, en Blasser y De la Cadena, 2008). Siguiendo este planteamiento, podemos decir que los movimientos por la defensa de la tierra-territorio entran en la historia como eventos, lo que no entra en la historia son los términos conceptuales que los hacen posible (Blaser y De la Cadena, 2009). Es decir, ponen de manifiesto una disputa entre dos grandes polos ontológicos como los ha llamado Arturo Escobar (2014, p. 76). Por un lado, el proyecto moderno/colonial/racista/patriarcal que pretende, desde el año 1492, convertir a los múltiples mundos existentes en Un solo mundo y a la tierra en mercancía y, por el otro, lo que podría resumirse en la expresión zapatista de “un mundo donde quepan muchos mundos”. Ese mundo único es de carácter dicotómico que separa y jerarquiza lo humano de lo no humano, la naturaleza de la cultura, el individuo de la comunidad, la mente del cuerpo, lo secular de lo sagrado, la razón de la emoción, etcétera (Lander, 2004, p. 168). Y en esa separación tajante, el mundo está poblado por “individuos” que manipulan “objetos” y se mueven en “mercados”, todos autoconstituidos y autorregulados. Dentro de ese mundo único los humanos se ven a sí mismos como sujetos autosuficientes que confrontan y viven en un mundo compuesto de objetos que pueden ser manipulados con libertad (Escobar, 2014, p. 58). Para Arturo Escobar (2014), la visión de una ontología dentro de la cual la montaña es un ser discreto e inerte, un objeto sin vida, lleva a su eventual destrucción. Así, cuando la montaña es vista como un ser sintiente, el tratamiento que se le da es completamente diferente (p. 58). Como lo expresa desde esos mundos en relación la compañera Máxima Acuña, indígena y campesina quechua, quien lucha contra la minera Yanacocha en Cajamarca, Perú. Máxima ha declarado: “Yo 212 Mujeres indígenas y campesinas en defensa... defiendo a la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida”, “porque sin la tierra no podemos vivir”. Ella ha dicho también que su lucha es por la defensa de “los guardianes de la laguna”. Máxima Acuña está luchando a partir de argumentos que forman parte de una ontología en relación con todo lo que habita en ese territorio en el que se convive con animales, plantas, agua, montañas; ella apela a la defensa de la tierra y del agua porque estos tienen vida y porque sin ellos ninguna vida humana y no humana es posible. Desde esos mundos en relación, el territorio, como ha señalado Escobar (2014), se concibe como algo más que una base material para la reproducción de la comunidad humana y sus prácticas. “De tal forma que cuando se está hablando de la montaña como ancestro o como entidad sintiente, se está referenciando una relación social, no una relación de sujeto a objeto. […] Así, el concepto de comunidad, en principio centrado en los humanos, se expande para incluir a no-humanos (que pueden ir de animales a montañas pasando por espíritus, todo dependiendo de los territorios específicos) (p. 104). En esas otras ontologías, que también las llamo ontologías en espiral, como es el modo de pensar y hacer vida de los pueblos indígenas, operan también otros ritmos, otros tiempos. Se trata de mundos en movimiento, que se construyen día a día en el trabajo cotidiano a partir de las necesidades de la vida en común, la fiesta, los ciclos de la vida, los ritos, los ciclos de la naturaleza, etcétera. Son los ritmos de la espiral que es una de las formas más presentes en la Pachamama, se encuentra en los remolinos, caracolas, huracanes, galaxias, ADN, los cuernos de los animales; la espiral muestra el movimiento, el cambio infinito. La espiral es un símbolo muy importante que aparece en petroglifos prehispánicos en prácticamente todos los pueblos indígenas del continente. La espiral es símbolo de fecundidad y muestra la relación de la luna, el agua, y la fertilidad y también simboliza el ritmo de la vida. En la cosmogonía mexica, ñuu savi, wirrarika, nayeri, y de muchos otros pueblos originarios, la espiral está relacionada con el sol, la luna, el agua, lo masculino y lo femenino, el viento que muestra esa dualidad que conecta con lo más profundo, lo espiritual. La espiral permite la conexión entre mundos, el mundo material y espiritual que están profundamente interconectados. La espiral que es un caracol en la cosmogonía azteca, significa fertilidad, vida y creación. Los zapatistas del sur de México han planteado que: Los más primeros de estas tierras tenían aprecio por la figura del caracol (…) representa el entrarse al corazón (…) al conocimiento (…) también representa el salir del corazón para andar el mundo, que así 213 Carmela Cariño Trujillo llamaron los primeros a la vida (…) con el caracol se llama al colectivo para que la palabra fuera de uno a otro y naciera el acuerdo (…) el caracol era ayuda para que el oído escuchara incluso la palabra más lejana (…)” (Castro, 2003, p. 5). El caracol infinito, “el caracol maya. La espiral sin inicio ni final. ¿Dónde empieza y dónde termina un caracol? ¿En su extremo interno o en el externo? ¿Un caracol entra o sale? (p. 104). Podemos decir entonces que en la base de las disputas por la tierraterritorio hay una lucha fundamentalmente ontológica, en la que persiste la oposición a la destrucción de los territorios de los pueblos porque destruir la tierra-territorio es destruir la espiral de la vida que sostiene al pluriverso, implica la destrucción de otros mundos que ya existen así como la negación de la posibilidad de la existencia de otros mundos que aún están por venir, y también es impedir el flujo de la vida. Por eso, las mujeres indígenas y campesinas comunitarias en lucha por la defensa de sus tierras y territorios se oponen al despojo y a la destrucción sosteniéndose a través de esas raíces profundas, en esas ontologías relacionales que re-existen en modos y ritmos que agrietan a su vez los ciclos y ritmos de capital, en la medida que cuestionan profundamente los principios de la modernidad/colonialidad. “LA TIERRA NO ES NUESTRA, NOSOTROS SOMOS DE LA TIERRA” Los pueblos son y han sido siempre el principal obstáculo al despojo colonial extractivista, a la destrucción de las tierras-territorio y a la vida que en ella se crea. Como parte de los pueblos, las mujeres indígenas han estado presentes en esas luchas junto con los hombres, niños y niñas, ancianos y ancianas de sus comunidades y esa participación va más allá de si son propietarias o no de la tierra en la medida que la relación con la tierra-territorio la han ido construyendo desde una ontología que entiende que todo está en conexión profunda. En esa disputa por la tierra, las mujeres han asumido un papel activo de tal forma que participan en la construcción de redes de comunidades, ejidos, pueblos, asambleas, comités regionales, nacionales e internacionales; en mítines, plantones para denunciar y exigir la cancelación de los proyectos, marchas que recorren cientos de kilómetros para hacerse ver y escuchar y denunciar lo que pasa en los territorios; participan en manifestaciones y protestas in situ, donde ponen sus cuerpos para impedir el avance de las máquinas y la construcción de los proyectos; forman parte de talleres, cursos, foros de análisis y discusión en donde exponen las razones por las cuales se oponen a la destrucción de sus territorios; crean radios comunitarias, utilizan redes sociales y la tecnología a su alcance para hacerse escuchar; mientras 214 Mujeres indígenas y campesinas en defensa... tanto, siguen sembrando, impulsando proyectos de autogestión, cooperativas, tiendas comunitarias, cajas de ahorro; también forman parte de autodefensas comunitarias, policías, rondas, vigilancias, sistemas de cargos, son guardianas de los bosques, montañas, selvas. Y así aportan nuevas y creativas formas de defender el territorio. Esa presencia activa y comprometida de mujeres comunitarias es el corazón de las luchas en defensa del territorio y contradice las imágenes estereotipadas de la mujer indígena pasiva, incapaz de tomar decisiones, analfabeta, débil, sin conciencia política. Hoy, las mujeres comunitarias son parte fundamental de las luchas de los pueblos, pero esto no significa que ellas luchen solas, sino que su voz se une a las voces de sus comunidades para defender colectivamente la vida en sus territorios. Frente a la amenaza de despojo y destrucción que avanza sobre la tierra, el aire, el viento, el agua, los conocimientos, las formas de curarse, los textiles, etcétera, las mujeres indígenas y campesinas responden, se organizan y luchan como mujeres, como indígenas, como parte de una comunidad de un mundo que está amenazado. Poco a poco las luchas que impulsan y encabezan sacuden las estructuras al interior de sus comunidades y fuera de ellas, frente al Estado, al capital nacional e internacional y en general a las estructuras racistas y sexistas que las han colocado históricamente como despojables, desechables, desplazables. Una vez que las mujeres toman conciencia de su papel en las luchas por sus pueblos y sus territorios ya no son las mismas. Como dice Martha Pérez del FPDT de Atenco: “ya no somos las mismas, esta lucha nos ha llevado a transformar nuestras actitudes ante los compañeros, nos ha llevado a transformar nuestras decisiones y nuestros proyectos de vida” (Pérez Pineda, 2010, p. 35). Las mujeres indígenas han sido y seguirán siendo clave en la defensa de la tierra-territorio, como promotoras de una resistencia primordial de cuidado de la madre tierra, de las semillas, de la montaña, de los rituales, de las formas y modos de vida en el que participan junto con sus pueblos y comunidades. Las mujeres trabajan profundamente en el fortalecimiento y recuperación de la relación sagrada con la naturaleza. Las ceremonias en lugares sagrados como cuevas, manantiales, cerros, y bosques, con música, flores, comida para pedir armonía para ellas y su comunidad así como para las deidades que pueblan el universo, su lucha es clave para fortalecer la defensa de la vida. Por eso, desde las luchas de las mujeres comunitarias, el reclamo no se limita a demandas consideradas de mujeres, sino a luchas por la existencia misma; por eso es que se resiste cotidianamente en colectivo con los hombres, los niños y niñas, los y las ancianos, los ancestros y los dueños y señores de las montañas, ríos, lagunas, cuevas, 215 Carmela Cariño Trujillo desiertos, territorios sagrados, pues solo con la existencia de todo es posible la vida. Estas luchas son hoy un desafío inconmensurable a la política moderna. Por eso decimos que no se trata exclusivamente de conflictos ambientales sino de conflictos ontológicos que se salen de la racionalidad moderna/colonial y en estos, las mujeres indígenas y campesinas tienen aún mucho que decir. BIBLIOGRAFÍA Albores, B. y J. Broda (coord.). (1997). Graniceros. Cosmovisión y meteorología indígenas de Mesoamérica. México: El Colegio Mexiquense A.C-UNAM Bartolomé, M. A. (1999). El pueblo de la lluvia. El grupo etnolingüistico ñuu savi (mixtecos) en Configuraciones étnicas en Oaxaca. Perspectivas Etnográficas para las Autonomías. México: INI-CONACULTA, pp: 135-188. Boege, E. (2013) El despojo de los indígenas de sus territorios en el siglo XXI. Rebelión. http://www.rebelion.org/noticia. php?id=169166 Bonfil Batalla, G. (1990). México Profundo: una civilización negada. Ciudad de México: Grijalbo-CONACULTA. Blaser, M. (2013). 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EXPERIENCIAS CONCRETAS EN AMÉRICA LATINA TERRITORIOS EN DISPUTA: AGRONEGOCIOS VS. AGRICULTURA CAMPESINA Marielle Palau EL MITO DEL PROGRESO Se vive una crisis del sistema capitalista que abarca todas o casi todas las dimensiones de la vida. Es una crisis de conjunto que permea los cuerpos, las relaciones sociales, los modos de consumo, los modos de vivir, de producir y de pensar. Tal como lo señaló Lander (2013, p. 27), “el patrón civilizatorio antropocéntrico, monocultural y patriarcal, de crecimiento sin fin y de guerra sistemática contra los factores que hacen posible la vida en el planeta Tierra, atraviesa una crisis terminal. La civilización de dominio científico-tecnológico sobre la llamada ‘naturaleza’, que identifica al bienestar humano con la acumulación de objetos materiales y el crecimiento económico sin medida cuya máxima expresión histórica es el capitalismo, tiene el tiempo contado”. Esta crisis actual, es parte de la propia dinámica del capitalismo. Marx (1848, p. 23) ya indicaba que “la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales”. Dinámica que tuvo varias especificidades históricas, en que la violencia y el despojo fue una constante. Ya no solo explota la fuerza de trabajo y expolia todo aquello a lo que otorga valor, sino que inclusive llegó a la mercantilización de la vida misma en la que “la voracidad de la acumulación, 221 Marielle Palau favorecida por las grandes potencias de la tecnología capitalista, engullen no solo lo existente sino lo por venir. Las fuerzas apropiativas han crecido exponencialmente llegando a una situación de daño irreversible. Hoy se consume 50% más de la capacidad regenerativa del planeta en una dinámica imparable dentro de su propia lógica” (Ceceña, 2013, p. 92). Esta realidad está intrínsecamente vinculada a un patrón de conocimiento con pretensiones universales que se instala con el capitalismo, que se asienta sobre una epistemología basada en la racionalidad instrumental, en el individuo (en masculino) como centro, en el sometimiento de la “naturaleza” considerándola un objeto y separando al ser humano de ella, y en el mito del progreso como el eje estructurador, no solo de la lógica productiva, sino también del sentido común. Esta forma de ver y actuar en el mundo fue avanzando en cada territorio que el capitalismo logró someter a su lógica, implicó la condena a las subjetividades, el combate a otros saberes y otras cosmogonías, el combate a la idea de comunidad, la apropiación individual de lo que hoy llamamos bienes comunes. El proceso de expoliación de saberes a los pueblos fue evidenciado cruelmente con el despojo de los conocimientos de las mujeres en el marco de la caza de brujas, que implicó, además, el disciplinamiento de los cuerpos (Federici, 2004, p. 233), evidenciando así el carácter patriarcal del capitalismo desde su origen mismo. Continuó en nuestro continente cuando los pueblos fueron sometidos a sangre y fuego por los colonizadores, quienes, con la cruz en la mano y espejitos en los bolsillos, fueron instalando en el Abya Yala el discurso del progreso y del desarrollo. El desarrollo como mito, que continúan pregonando desde el Norte, solo fue posible por la expoliación de los territorios del Sur; mito porque es uno de los espejos que solo refleja la lógica de acumulación desmedida del capitalismo; mito porque consumir no es sinónimo de bienestar. Mito que logró acallar otras formas de vivir en el Abya Yala que tenía largas historias, otras formas de relaciones sociales y con el entorno, subjetividades de habitar el territorio. Mito intrínsecamente colonial. Este mito eurocéntrico, con el que se impuso el modelo del (mal) desarrollo, se construyó alrededor del discurso del progreso como eje estructurante y es la base del imaginario occidental, capitalista, colonial y patriarcal. La explotación y el consumo ilimitado de bienes y de la propia naturaleza es su consecuencia inmediata. No solo es difundido sistemáticamente por los medios empresariales de comunicación, sino también cada vez está más presente en las universidades –inclusive las públicas– que terminan en muchos casos formando profesionales funcionales a los intereses de las 222 Territorios en disputa: agronegocios vs. agricultura... grandes corporaciones. No es patrimonio de la derecha, el “progresismo” lo reproduce y parte de la izquierda lo desea. Desarrollo se volvió sinónimo de progreso, progreso sinónimo de productividad y consumo. David Harvey (2004) denomina la actual fase del capitalismo como “acumulación por desposesión”, y se caracteriza porque no se basa solo en la explotación de la fuerza de trabajo, sino principalmente en la apropiación privada de bienes de la naturaleza que se encontraban fuera del mercado y no eran considerados mercancías, incluyendo también la apropiación de territorios. En ese marco, esta nueva forma de apropiación se caracteriza por actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados (o lo son limitadamente), sobre todo para la exportación de minerales, petróleo, productos del agronegocios, ganadería y pesca intensiva, se denomina hoy extractivismo (Acosta, 2011) y tiene como particularidad histórica que se basa cada vez más en los avances tecnológicos y en la expulsión de la fuerza de trabajo. Los agronegocios, una de las dimensiones del extractivismo, avanza sobre territorios que hasta no hace mucho eran marginales, en los que coexistían los sistemas campesinos de producción con la lógica del mercado capitalista. Esta ofensiva –al menos en Paraguay– se inicia en la década de 1960 con la llamada revolución verde, los monocultivos van expandiéndose y las prácticas campesinas se van desechando con el discurso del progreso y la productividad. La etapa de los agronegocios, en la segunda mitad de la década de 1990, penetra utilizando como una de las estrategias facilitar la compra de mercancías que antes no eran ni necesarias ni accesibles, obligando así al campesinado a priorizar los cultivos de renta, para abonar la cuota de la moto, el teléfono celular o algún electrodoméstico, siempre con la ilusión del progreso. Sin embargo, el acceso de estas mercancías tuvo algunos impactos positivos, alivianó en parte el trabajo doméstico, permitió el almacenamiento y procesamiento de alimentos, entro otros. Sin embargo, una vez más, tal como Marx (1848, p. 25) lo indicó al analizar la expansión de la burguesía, “los bajos precios de sus mercaderías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas... Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el método el modo burgués de producción, las constriñe a introducir la llamada civilización”. Que vastos territorios se apropien para satisfacer las demandas del Norte global y potenciar el negocio de sus empresas, tiene nefastas consecuencias directas para las poblaciones rurales por la dependencia alimentaria, la pérdida de semillas nativas y criollas y por la sistemática violación a los derechos humanos y de la naturaleza; 223 Marielle Palau aunque ellas sean las víctimas directas, atenta contra los derechos también de las poblaciones urbanas, dado que son consumidores de alimentos transgénicos contaminados con agrotóxicos. El costo de este modelo hegemónico impuesto por el gran capital, destruye comunidades, se apropia de sus territorios, “reconvirtiéndolos productivamente”. En los últimos años –al menos en Paraguay– ya se apropiaron del 50% del territorio campesino y una dinámica similar ocurrió en lo que ellos pretenden que se convierta en “la república unida de la soja”. “LA REPÚBLICA UNIDAD DE LA SOJA” El avance del modelo de los agronegocios fue justificado por los actores del agronegocio con varias excusas. La principal fue la de producir alimentos y paliar el hambre del mundo. Sin embargo, el 70% de la población mundial “acude a la red alimentaria campesina para obtener la mayor parte o todos sus alimentos” (ETC, 2017, p. 12). El objetivo real no es para nada altruista, pretenden el control de la alimentación global; para eso es imprescindible controlar los territorios y principalmente las semillas, que contienen no solo la capacidad productiva de la vida misma, sino también los saberes de los pueblos. A pesar de las falacias de su argumentación, con el apoyo y la complicidad de los gobiernos independientemente a si fueran progresistas o explícitamente neoliberales, han logrado aumentar en estos 15 años en más de 24 millones de hectáreas el territorio dedicado al cultivo de soja transgénica. Tal como puede observarse en el Cuadro 1, en el 2003 las mismas alcanzaban un poco más de 33 millones de hectáreas; este año alcanzan casi 58 millones en la región. Una expansión altamente significativa, sobre todo si se tiene en cuenta que no se incluyen otros cultivos transgénicos que han sido liberados comercialmente, como el maíz y el algodón. Una expansión alarmante si el 32% de los 181 millones de hectáreas1 de la superficie sembrada con organismos genéticamente modificados a nivel mundial, están en lo que ellos denominaron “la república unida de la soja”. 1 http://inbio.org.py/ 224 Territorios en disputa: agronegocios vs. agricultura... Cuadro 1. Avance territorial de la soja en la región Argentina2 Bolivia3 Brasil4 Paraguay5 Uruguay6 Total 2002-2003 12.606.850 682.393 18.475.000 1.550.000 78.900 33.393.143 2003-2004 14.526.610 803.356 21.376.000 1.936.623 247.100 38.889.689 2004-2005 14.400.000 939.456 23.300.000 2.009.474 278.000 40.926.930 2005-2006 15.393.474 949.114 22.750.000 2.227.487 309.000 41.629.075 2006-2007 16.141.337 987.254 20.686.000 2.429.796 367.000 40.611.387 2007-2008 16.608.935 841.651 21.314.000 2.644.856 450.000 41.859.442 2008-2009 18.042.900 944.623 21.741.000 2.524.649 577.800 43.830.972 2009-2010 18.343.940 931.436 23.466.000 2.680.182 863.000 46.284.558 2010-2011 18.902.260 1.034.235 24.182.000 2.870.539 862.000 47.851.034 2011-2012 18.670.940 1.106.025 25.043.000 2.957.408 883.700 48.661.073 2012-2013 20.035.570 1.276.343 27.736.000 3.157.600 1.050.000 53.255.513 2013-2014 19.781.810 1.282.455 30.173.000 3.254.982 1.321.400 55.813.647 2014-2015 19.792.100 1.322.992 32.093.000 3.264.480 1.334.000 57.806.572 2015-2016 20.479.090 1.336,04 33.229.000 3.264.480 1.140.000 58.112.570 2016-2017 18.056.460 1.263,802 33.909.000 3.380.000 1.089.000 56.434.460 2017-2018 17.128.230 954.000 35.152.000 3.400.000 1.090.000 57.724.230 Año Fuente: elaboración propia en base a datos del Inta (argentina), INE (Bolivia), CONAB (Brasil), MAG (Paraguay) y MGAP (Uruguay). 2 https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_informe_estadistico_del_mercado_de_ soja.pdf 3 https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-por-actividad-economica/industria- manufacturera-y-comercio-4 y https://www.notiboliviarural.com/index. php?option=com_content&view=article&id=19568:2018-02-08-13-49-04&catid=293: agricola&Itemid=543 4 https://portaldeinformacoes.conab.gov.br/index.php/safra-serie- 5 MAG. Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias. Síntesis estadísticas. Producción. 6 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Anuario Estadístico Agropecuario. https://descargas.mgap.gub.uy/DIEA/Anuarios/Anuario2018/DIEA-Anuario2018.pdf, http://www.mgap.gub.uy/sites/default/files/diea-anuario-2010w.pdf 225 Marielle Palau Este crecimiento corresponde principalmente al cultivo de soja transgénica que fue el primer rubro en aprobarse en todos los países analizados, aunque también en los últimos 15 años se diversificó. Si bien la soja es el principal cultivo en extensión, no es el único, ni es el rubro del que se han liberado para su uso comercial la mayor cantidad de semillas genéticamente modificadas. Tal como se observa en el Cuadro 2, existen 173 semillas genéticamente modificados en la región, siendo las principales las de maíz, soja y algodón; seguidos de otros productos tanto o más peligrosos para la salud humana y la biodiversidad, particularmente la papa –un producto altamente consumido en la dieta diaria de la población–, así como los eucaliptos transgénicos que posiblemente sean utilizados en el marco de pomposas campañas de reforestación, sin estudios que demuestren que su presencia no traerá un impacto negativo para las comunidades y el ambiente. Cuadro 2. Transgénicos liberados comercialmente en la región Argentina (1996) Bolivia Maíz 28 Soja 14 Algodón 4 Papa 2 1 Brasil Paraguay Uruguay Total 44 19 10 101 58,4 16 3 5 39 22,5 16 6 26 15,0 2 1,2 Caña de azúcar 1 1 0,6 Eucalipto 1 1 0,6 1 1 0,6 Porotos Alfalfa 1 1 0,6 Cárcamo 1 1 0,6 173 100,0 50 1 79 28 15 Fuente: elaboración propia en base a datos del Inta (Argentina), INE (Bolivia), CONAB (Brasil), MAG (Paraguay) y MGAP (Uruguay). Tal como lo señalaban desde Grain ya en el año 2013, “los impactos del ‘modelo’ no reconocen fronteras entre el campo y la ciudad, y se sienten profundamente en ambos espacios: las poblaciones fumigadas en los territorios rurales y en las zonas periféricas de las ciudades, las y los campesinas/os desplazadas que día a día migran para engrosar los cordones de pobreza de las grandes urbes, las economías regionales destrozadas con su correlato de los altos precios de los alimentos en las ciudades, los alimentos contaminados enfermando a unos y a otros”.7 Estos impactos se han ido profundizando y agravando. 7 https://www.grain.org/es/article/entries/4739-la-republica-unida-de-la-sojarecargada?print=true 226 Territorios en disputa: agronegocios vs. agricultura... Este modelo está directamente orientado a beneficiar a las grandes corporaciones del sistema agroalimentario mundial que, como ya se señaló, engaña con su discurso que dice que pretende disminuir el hambre del planeta y continúa avanzando con el discurso del progreso como principal legitimador. Tal como lo señala ETC Group (2017), “produce cantidades inconmensurables de comida, pero solo alimenta a menos del 30% de la población mundial” utilizando el 75% de la tierra agrícola del planeta, siendo uno de los principales responsables del cambio climático, dado que además de destruir anualmente “75 mil millones de hectáreas de bosques”, consume el 90% de los combustibles fósiles y el 80% del agua dulce. Además de esto, los países que van siendo desbastados ni siquiera obtienen una “compensación” razonables, no solo por los privilegios tributarios, como los que tienen en nuestro país, sino porque, además, tal como lo explica Verónica Serafini (2017), por la “facturación fraudulenta” para evitar el pago de tributos. Tal como puede observarse en el siguiente cuadro, actualmente Bayer/Monsanto controla en la región casi el 44% del mercado de semillas transgénicas (cuando aún no se había dado la fusión le correspondía a Monsanto el 34% y a Bayer el 9,8%), seguidas por Syngenta, Dow Agrociencies y Dupont. Un 6% está en manos de otras transnacionales menores, un 4% corresponde a semillas cuya liberación fueron solicitadas por más de una transnacional. El peso de las empresas de algunos de los países analizados no llega al 7%. Este acaparamiento de las semillas, se orienta directamente a tener un control absoluto de la alimentación del planeta, a la homogenización cultural, alimentaria y productiva; para ello necesitan destruir la agricultura campesina, privatizar las semillas y criminalizar su tenencia, y fundamentalmente, apropiarse de sus territorios. Cuadro 3. Presencia en la región de las corporaciones del sistema agroalimentario Empresa Argentina Bolivia Brasil Paraguay Bayer/Monsanto (Al) 20 Syngenta (Suiza) DAS (USA) Otras transnacionales % 12 7 76 43,93 9 14 7 4 34 19,65 7 11 3 21 12,14 11 6,36 11 8 Transnacionales mixtas Empresas locales OGM N 36 Dupont (USA) 1 Uruguay 6 2 1 1 12 6,94 3 1 3 7 4,05 2 4 12 6,94 Fuente: elaboración propia en base a datos del Inta (argentina), INE (Bolivia), CONAB (Brasil), MAG (Paraguay) y MGAP (Uruguay). 227 Marielle Palau El discurso legitimador del modelo extractivista de los agronegocios, quiere convencer a toda la población que es el único modelo posible, sin embargo, solo 298 países de los 193 miembros plenos de las Naciones Unidas cultivan transgénicos, solo el 15% pone en riesgo la salud y la vida de su población y autodestruye lo más preciado que tienen, sus aguas, sus bosques y su diversidad biológica. Sin que los pueblos supieran, esa propaganda de Syngenta del año 2003 fue la corneta de antaño que anunciaba el inicio de la batalla, de una batalla contra el campesinado. A pesar de ello, muchas son las organizaciones que van evidenciando que solo la soberanía alimentaria y la construcción de un modelo productivo alternativo, orientado a las necesidades de las poblaciones y respetando la naturaleza, puede garantizar los derechos de las amplias mayorías y de la naturaleza misma, contribuyendo sustantivamente al enfriamiento del planeta (Grain, 2016). En el marco de este avance, en el cual el territorio aparece como el objetivo central, avanza el patentamiento de la vida misma, la mercantilización de bienes comunes y saberes ancestrales, la pérdida de semillas nativas, el ecocidio en todo ese vasto territorio del sur del continente, y una cada vez mayor dependencia alimentaria, porque se trata justamente de eso, de controlar el sistema agroalimentario mundial. MECANISMOS DE DESPOJOS Las corporaciones del agronegocio han ido conquistando territorios campesinos e indígenas con múltiples estrategias de despojo, que combinan el consenso y la coerción, e intensifica una de estas dimensiones dependiendo del momento y del sector social. Acompañada siempre de una fuerte campaña de estigmatización por parte de los medios empresariales de comunicación, en la que la descalificación sistemáticamente, los modos de vida y de producción campesina e indígena, estructura el discurso hegemónico, en el que aparece con toda su fuerza la apología al desarrollo y el progreso. Además, cuenta con la complicidad de los gobiernos que en varios de los países financian la infraestructura que necesitan y flexibilizan los marcos normativos para que les sean funcionales, quizás uno de los peligros más inmediatos sea el acuerdo Mercosur-Unión Europea que se pretende aprobar. Las estrategias directas para la apropiación de los territorios son múltiples, ya sea el poder del dinero, eliminando las condiciones de vida en las comunidades, provocando intencionalmente el endeudamiento de campesinos y campesinas para obligarlos a que abandonen 8 http://inbio.org.py/ 228 Territorios en disputa: agronegocios vs. agricultura... sus tierras o directamente con asesinatos y la criminalización a sus referentes. Una de las estrategias es la violencia en sus múltiples dimensiones. Se extorsionó a miles de familias campesinas ofreciéndoles un “buen precio” por sus tierras; las familias que, ante la inexistencia de políticas públicas de apoyo su producción, quedaron obnubiladas con un monto de dinero que jamás habían visto y las vendieron de buena gana con la esperanza de que mudándose a la ciudad más cercana su futuro sería mejor. Esta estrategia no dio resultados por mucho tiempo, saber que el dinero de quienes lo habían aceptado se esfumó rápidamente y que vivían en peores condiciones que en su chacra, en la que el alimento básico no faltaba porque lo producían ellos mismos con las mejores semillas de la cosecha anterior, obligó a intensificar la segunda estrategia: eliminar las condiciones de vida. Otra de las estrategias implementadas es para las comunidades que habían quedado cercadas por extensas plantaciones de soja transgénica y fueron –y siguen siendo– fumigadas con agrotóxicos. No se cuenta en Paraguay con datos sobre la cantidad de casos de intoxicación; cuando recurren a los centros de salud, el personal médico se limita a registrar los síntomas, pero no las causas. Sí se han denunciado por parte de organizaciones campesinas la muerte de tres menores: Silvio Talavera (2003) y Adela y Adelaida (2016). Asimismo, están comprobados los terribles impactos para la salud, como el aumento de cáncer, alergias y daño genético en quienes viven en comunidades con estas características. Las condiciones de vida también se eliminan cuando las fuentes de agua se contaminan, al igual que los productos de las huertas, las chacras o los animales menores van muriendo, obligando a pobladores y pobladoras a buscar refugio en zonas urbanas. Esta estrategia continúa con la absoluta complicidad del Estado, que debería hacer respetar la débil legislación ambiental y cumple con su tarea. Una estrategia un poco más “sofisticada” se está implementando en los últimos años. El Estado disfraza de política de apoyo a la agricultura campesina un perverso plan para convertirlos en productores de commodities, facilitándoles el acceso al paquete tecnológico, a sabiendas que en pocas hectáreas no reditúan ganancias. Existe otra variante de esta estrategia que es promover cultivos alternativos, prometiendo precios que jamás se cumplen. En ambos casos, las familias campesinas contraen deudas, colocan sus tierras como garantías, y se las expropian cuando no pueden pagar los compromisos asumidos. La criminalización y la judicialización a la lucha campesina, es la última –y no por eso la menos preocupante– estrategia identificada. En Paraguay, la tenencia de la tierra es una de las más desiguales del planeta, el 3% de las fincas son poseedoras del 85% de las tierras, y se podría afirmar que es el problema estructural del país, que continua 229 Marielle Palau con una población rural relativamente alta (40%). Esta estrategia de disciplinamiento social ha ido mutando; en los últimos años han disminuido los asesinatos y han ido en aumento las condenas carcelarias. En el período 1989-2013 se tienen registrados 125 casos de campesinos muertos en el marco de la lucha por la tierra o de resistencia a los agronegocios, y entre 2013-2015, 460 personas imputadas, 273 detenidas, 39 condenadas y en prisión (Areco, 206). Estas estrategias de apropiación directa del territorio vienen acompañadas de una institucionalidad extractiva: políticas públicas, adecuación de los marcos normativos, megaproyectos regionales (siendo el más preocupado el IIRSA) y nuevos tratados internacionales. Las empresas, por su parte, se “pintan de verde” con costosas campañas publicitarias que pretenden convencer a la población de las bondades de los transgénicos, que apoyan el desarrollo sustentable de las comunidades y respetan naturaleza, siendo la responsabilidad social empresarial, el engaño de la soja responsables sus principales banderas. Con las poblaciones urbanas la estrategia es distinta; es mucho más disuasiva y se orienta principalmente a la legitimación del mito del desarrollo, justificando los agronegocios con el supuesto objetivo de alimentar al mundo, cuando es justamente la agricultura campesina que pretenden aniquilar la que genera el 70% de los alimentos en solo el 15% del territorio a nivel global. Sin saberlo, las poblaciones urbanas al adquirir alimentos de la cadena agroindustrial, están pagando por su propio envenenamiento. El modelo de los agronegocios está destruyendo las condiciones de vida de quienes habitamos en lo que ellos decidieron llamar “la república unida de la soja”. Lo que queda de bosques se está arrasando con un aceleradísimo ritmo de deforestación, las semillas criollas y nativas se van perdiendo y gana terreno la lógica de la homogenización transgénica; la biodiversidad, es decir, la vida misma se va perdiendo. Por citar un ejemplo, solo en Paraguay existen al menos 116 aves en peligro de extinción. Como si todo esto no fuera suficiente, el modelo de los agronegocios es uno de los principales responsables del cambio climático (ETC, 2017; Grain, 2016), ante lo cual los gobiernos, en lugar de frenarlo, buscan paliarlo con tecnología. Con esa tecnociencia al servicio de las grandes corporaciones, que cada vez se aleja más de esa ciencia digna pregonada por Andrés Carrasco9 y que va siendo recuperada por diversos colectivos de científicas y científicos en nuestro continente. 9 Andrés Carrasco fue un importante científico argentino, que además de demostrar el impacto del glifosato en los embriones, denunció la cooptación de la ciencia por las grandes corporaciones y pregonó por una ciencia al servicio de los pueblos, una ciencia digna. 230 Territorios en disputa: agronegocios vs. agricultura... RE-EXISTENCIA Y ALTERNATIVAS DESDE LOS PUEBLOS La agricultura campesina no solo contribuye al enfriamiento del planeta y alimenta a la gran mayoría de la población mundial, contiene también un gran cúmulo de saberes ancestrales que han logrado resistir a la colonización de antaño y al actual proceso de neocolonización. Con estas semillas en las comunidades se gestan alternativas de r-existencia (Porto Goncalvez, 2002), en las que van logrando resistir el embate actual y, al mismo tiempo, avanzar en la construcción de la soberanía alimentaria. Enseñan que las alternativas no son construcciones de laboratorios académicos o políticos, sino estrategias concretas que surgen y se afianzan en las comunidades. Muchas de ellas son imperceptibles desde los centros urbanos; el crecimiento de la producción agroecológica, las ferias de intercambios de semillas y de alimentos sanos, el procesamiento de la producción a escala local y los espacios propios de formación van creciendo y reproduciéndose en diferentes movimientos, organizaciones y comunidades (Agosto, 2015). Construcción que está acompañada –aun tímidamente– por colectivos urbanos que, al ser parte de esta nueva red de alimentación, van tendiendo puentes entre el campo y la ciudad. Si bien son procesos de construcción aún fragmentados se están reproduciendo y se van combinando iniciativas comunitarias con propuestas políticas que tensionan los límites establecidos por los Estados; aún con la experiencia del carácter de clase de estos y del servilismo a los intereses de las oligarquías locales y de las grandes corporaciones, van exigiendo derechos y tensionando los límites de la democracia formal. Al tener en cuenta el caso paraguayo, se puede señalar que en el marco de las estrategias de resistencia se realizan denuncias ante las instituciones de los atropellos que sufren, que en lugar de atenderlas hacen caso omiso a las mismas; se presentan propuestas a los gobiernos tanto locales como nacionales, manteniendo sus formas de vida y de producción, evidenciando cada vez con más fuerza el rol central que cumplen en las sociedades y la necesidad de transformar el actual modelo productivo para avanzar en la construcción de la soberanía alimentaria. La fragmentación no se da solo en las experiencias de r-existencias, sino también en los sujetos. Emergen actores colectivos territoriales que se movilizan por la defensa de su río frente al avance de los arrozales, se movilizan contra la fumigación a su escuela o a su comunidad, se movilizan por la defensa de su campo comunal, se movilizan por la aprobación de una ordenanza municipal que proteja a un determinado asentamiento campesino. En algunos casos, estas luchas se articulan con movimientos campesinos preexistentes, en otros tienen una dinámica distinta, que no siempre se visibiliza. 231 Marielle Palau Frenar el avance de “la república unida de la soja” y la defensa de los territorios de la agricultura campesina frente a la ofensiva de los agronegocios no es solo tarea de quienes cultivan la tierra y con ella mantienen vivos saberes y otras formar de reproducción de la vida cotidiana. Ir desmontando “la república unida de la soja” es quizás una de las tantas luchas imprescindibles que debe convocar a todos los sectores anticapitalistas; la defensa y la re-existencia en estos territorios campesinos debe implicar la superación de las relaciones patriarcales que se reproducen en esos territorios. El reconocimiento de su trabajo y el acceso a la tierra son quizá los dos primeros pasos en este camino. En este lento caminar han avanzado en la recuperación de lo que muchos pueblos del Abya Yala denominan “el Buen Vivir”, como una alternativa al planteamiento desarrollista, modernista, economicista y lineal. En la cosmovisión guaraní, ser humano (yvypora) se dice tierra con espíritu, es decir, las personas somos tierra, somos naturaleza. Recuperar y potenciar estas otras formas de pensarnos como humanidad, el sumak kawsay o suma qamaña, la utopía guaraní del yvy marãe’ (tierra sin mal) son probablemente insumos básicos –aunque ancestrales– para la superación del capitalismo colonial y patriarcal del que muchas veces parece no haber salida, y que, sin embargo, desde hace mucho tiempo las comunidades ya vienen avanzando. BIBLIOGRAFÍA Acosta, A. (2011). Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición en M. Lang y D. Mokrani (comps.), Más allá del Desarrollo. Sao Paulo: Fundación Rosa Luxemburgo. Agosto, P. y M. Palau. (2015). 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Sader (coord.), La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial. Buenos Aires: CLACSO. Serafini, V. (2017). Cuanto ganan los sojeros en M. Palau (coord.), Con la soja al cuello. Informe sobre agronegocios en Paraguay. Asunción: BASE IS. 233 TERRITORIO, LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA INDÍGENA EN EL TIPNIS Leonardo Tamburini LA DECISIÓN DE CONSTRUIR UNA CARRETERA POR EL TIPNIS1 El 3 de junio de 2011 el presidente Evo Morales anuncia oficialmente, en un evento realizado en Villa Tunari, que la carretera desde esa localidad a San Ignacio de Mojos se haría “quieran o no quieran” los indígenas, visto las reiteradas ocasiones en que la Subcentral TIPNIS y los pueblos que viven en ese territorio se oponían a una vía que vincule ambas regiones. La decisión fue adoptada de manera totalmente inconsulta, es más, expresamente en contra de las innumerables decisiones tomadas en los encuentros de corregidores –máxima instancia de decisión territorial– que en la década de 1990, y particularmente en la de 2000, hicieron conocer a los diferentes gobiernos de turno. Frente al “quieran o no quieran”, el 15 de agosto2 salió desde Trinidad, Beni, la VIII Marcha Indígena con dirección a La Paz, sede del Gobierno, exigiendo entre otros puntos, la decisión de que la carretera no se construya atravesando el TIPNIS. La marcha llegó a La 1 Reconstrucción de los antecedentes realizada con base en CEJIS-CIDOB (2012), Grupo de Trabajo internacional para Asuntos Indígenas, IWGIA (2011, 2012) y Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, CNAMIB y Consejo de Mama T’Allas y Programa NINA (2017, pp. 57-65). 2 Este día fue elegido por ser la misma fecha en que partió, 21 años antes, la histórica Primera Gran Marcha Indígena Por el Territorio y la Dignidad, en 1990. 235 Leonardo Tamburini Paz el 19 de octubre, después de dos meses de larga y accidentada caminata. El 25 de septiembre de aquel 2011, frente a los frustrados intentos de llegar a los acuerdos y a las acciones de los propios sectores sociales afines al Gobierno, ya sea actuando en clave de utilización territorializada del poder de facto que estos sectores ejercen en esa parte de la región3, la Policía Nacional, bajo órdenes directas del Gobierno, intervino violentamente la movilización en la localidad de Chaparina donde pernoctaban los marchistas. Esta acción se saldó con múltiples heridos y más de 400 detenidos que en realidad fueron secuestrados en varios buses y camionetas contratadas al efecto, quedando niños y ancianos separados de sus seres queridos, puesto que la marcha estaba compuesta fundamentalmente por familias completas (Defensor del Pueblo, 2011). Sin embargo, en pocas horas se organizó una reacción que hizo retroceder a la policía, la cual pretendía que los secuestrados fueran enviados a Rurrenabaque, con la finalidad de trasladarlos vía aérea a Trinidad. La acción policial se vio frustrada por la toma del aeropuerto por parte de los indígenas de la zona, hecho que permitió la reagrupación de la marcha y prosecución de la misma hasta la entrada en La Paz, con un número de más de 5.000 marchistas y una recepción apoteósica de cerca de un millón de paceños. Esta impresionante acogida, la extensión del conflicto a todo el país y la presión ejercida por la toma de la plaza Murillo por los marchistas –frente al Palacio de Gobierno y al Congreso Nacional–, hizo que el presidente Evo Morales promulgue la Ley 180/2011 de 24 de octubre, la cual en su artículo 3 declaró intangible al TIPNIS y prohibió que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, o cualquier otra, atraviese el territorio. La resolución del conflicto fue procesada por el Gobierno como una catastrófica derrota de la que se rehizo inmediatamente. En febrero de 2012, y ante la supuesta petición de comuneros indígenas de la zona sur del territorio, que mantienen un largo contacto con el sector cocalero, promulgó la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, Ley 222/2012 de 10 de febrero. Esta norma estableció un proceso cuyo objeto no sería consultar si la carretera por el TIPNIS sería construida o no, sino cómo y de qué forma esta se iba a realizar; es decir, la decisión estaba tomada y la consulta –o “post-consulta” como popularmente se la 3 En concreto, el bloqueo protagonizado por los colonos de Yucumo, que tuvieron encerrada la VIII Marcha durante varios días sin dejarla pasar, con el objetivo de que acepten los términos de negociación que ofrecía el Gobierno. Este bloqueo se complementaba con un cerco policial de 600 efectivos, quienes bajo la excusa de evitar el enfrentamiento entre ambos sectores, contribuía a que la movilización no avance. 236 Territorio, libre determinación y autonomía indígena... bautizó– se trataba de un formalismo para validar lo que el Gobierno ya había definido: la carretera se haría “quieran o no quieran”, desdiciéndose de lo establecido en la Ley 180/2011. Así, la “post-consulta” se llevó adelante, pese a los recursos legales presentados para impedirla y las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que mandaban a hacer lo contrario.4 En la realización de la “post-consulta” el Gobierno puso todos sus mecanismos de ejercicio del poder político en el TIPNIS: las fuerzas de seguridad, los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente, el Órgano Electoral, etcétera.5 El proceso estuvo totalmente maniatado y con pocas posibilidades para que las comunidades puedan incidir en la decisión tomada, privadas de la presencia de su dirigencia legítima y de su asesoría técnica y legal, expresamente prohibidas de ser parte del proceso por disposición del protocolo de actuación de la Ley 222/2012.6 Los resultados ofrecidos por el Gobierno a la conclusión de la “post-consulta” fueron rechazados por las comunidades, las organizaciones y la opinión pública en general.7 Este rechazo tomó más fuerza cuando se conoció el Informe de la Comisión Interinstitucional de Verificación de la Consulta en el TIPNIS, compuesta por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB). En ese informe se da cuenta de las graves violaciones a los derechos a la libre determinación y la consulta cometidas por las brigadas que ejecutaron el proceso ordenado por la Ley 222 (FIDH-APDHB 2012). Los resultados creados por el proceso de “post-consulta” no se pudieron poner en práctica de manera inmediata por el rechazo generalizado, puesto en evidencia por las mismas comunidades y el informe de la Comisión Interinstitucional ya citado. Recién en 2017, y 4 En particular, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 300, de fecha 18 de junio de 2012, recurrida por diputados oficialistas y de oposición, por diferentes razones. Esa SCP establecía la “constitucionalidad condicionada” de la Ley 180/11, es decir que esa ley estaba sujeta a la realización de un proceso de consulta bajo ciertas pautas que el propio fallo enumeraba para que la norma pudiese ser considerada como constitucional, hecho que el Gobierno no cumplió. 5 El Gobierno organizó 15 brigadas de consulta, conformadas por un total de 90 funcionarios públicos y más 30 observadores del Tribunal Supremo Electoral. 6 “Protocolo para consulta participativa a los pueblos indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure”. Documento de 24 marzo de 2012 (mimeo). 7 Según el Informe que dio el Gobierno, más del 80% de las comunidades habrían aceptado eliminar la intangibilidad del TIPNIS para, de esta forma, construir la carretera. 237 Leonardo Tamburini probablemente al influjo de una nueva estrategia vinculada a la coyuntura nacional de repostulación presidencial, el Presidente promulgó la Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure, Ley 969 de 13 de agosto de 2017, con la que abrogó definitivamente la Ley 180/2011, autorizando la construcción de la carretera por el TIPNIS. El poder fáctico y formal construido en esos seis años evitó la reacción ciudadana, como aquella de 2011 o la de 2012.8 LAS VERDADERAS INTENCIONES DE CONSTRUIR LA CARRETERA POR EL TIPNIS En el discurso del Gobierno Nacional, atravesar el TIPNIS con la famosa carretera tendría entre otros objetivos, el geopolítico: Las tendencias separatistas de la oligarquía, que estuvieron a punto de dividir Bolivia en 2008, fueron contenidas porque se les derrotó políticamente durante el golpe de Estado de septiembre de ese año, y porque parte de su base material, la agroindustria, fue ocupada por el Estado. Sin embargo, hay un último pilar económico que mantiene en pie a las fuerzas retrógradas de tendencias separatistas: el control de la economía amazónica, que para llegar al resto del país, obligatoriamente, tiene que pasar por el procesamiento y financiación de empresas bajo control de una fracción oligárquica asentada en Santa Cruz. Una carretera que vincule directamente la Amazonía con los valles y el altiplano reconfiguraría radicalmente la estructura de poder económico regional, derrumbando la base material final de los separatistas y dando lugar a un nuevo eje geoeconómico al Estado (García Linera, 2012, p. 14). No entraremos aquí a valorar la veracidad de las afirmaciones de esta cita, porque excede los propósitos de este documento; sin embargo, debemos decir que tanto la economía noramazónica boliviana como la economía mojeña están bastante lejos de depender de la fracción oligárquica asentada en Santa Cruz, puesto que sus vinculaciones están algo alejadas de la influencia cruceña. La economía del norte 8 Hoy, la agenda de los movimientos ciudadanos tiene como tema central el respeto de los resultados del referéndum realizado el 21 de febrero de 2016, cuyos resultados impiden una nueva postulación presidencial, hecho que ha sido desconocido por la SCP 0084/2017, la cual, con una interpretación muy cuestionada, estableció la inaplicabilidad del límite al número de postulaciones de la fórmula presidencial establecida en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), en tanto “violatoria” al derecho político a ser elegido, consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 238 Territorio, libre determinación y autonomía indígena... amazónico tiene como base la producción de castaña o almendra, que genera el 75% de sus ingresos (Página Siete, 2017), que se exporta –prácticamente toda– por río hacia el Perú y por avión hacia otros destinos (Estados Unidos y Europa, entre otros) y que se procesa enteramente en la región. En el caso de la economía de la Amazonía Sur, dominada por las actividades ganadera y forestal, buena parte de su producción es procesada y comercializada en Santa Cruz por las empresas que radican en esa ciudad, aunque son actualmente las principales aliadas del Gobierno Nacional9, y para sellar dicha alianza, no se necesitó la carretera. De todos modos, los principales mercados de los productos benianos, y sobre todo mojeños, son los departamentos del occidente, los cuales se vinculan con el Beni a través de la carretera Trinidad-San Ignacio-San Borja-Yucumo-Los Yungas-La Paz. Además, no parece que el mercado cochabambino, que se abastece principalmente de Santa Cruz, sea el justificativo para construir una carretera de más de 300 kilómetros y un costo de USD 1.4 millones el kilómetro. No, no es eso. Es lo que precisamente plantea el vicepresidente en el texto citado: el control geopolítico de las tierras bajas, a través del camino por medio del TIPNIS. Daremos crédito a que, efectivamente, las élites cruceñas son las dominantes en la región, pero no necesariamente a partir de lo que afirma Álvaro García Linera, sino gracias al desarrollo que han generado en su propio departamento, sobre todo de la agroindustria, los servicios y otras actividades vinculadas, desde donde esas élites cruceñas materializan su control hegemónico, reproducen su poder e inciden, evidentemente, en toda la “Media Luna”10, compuesta por los departamentos de Beni, Pando y Tarija. El latifundismo beniano y sus ramificaciones socioculturales, a partir de las cuales ha controlado históricamente el poder en esa región, es probablemente uno de los principales responsables del estado en el que perviven los pueblos indígenas de ese departamento, aunque en este momento están lejos de ser el “enemigo principal” a destruir con la construcción de la carretera. El gran pacto entre empresariado nacional –sobre todo cruceño– que rige precisamente desde 2011, con el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) ha traído réditos a 9 Una nueva normativa ambiental que consuma los acuerdos entre el sector ganadero cruceño y beniano ya está en marcha; esto permitirá aumentar la superficie habilitada para esta actividad a 400.000 hectáreas en áreas antes no permitidas y aumentar el hato ganadero en casi 500.000 cabezas de ganado (de 3,5 a 4 millones de cabezas) (El Deber, 2018). 10 Se hace referencia aquí, a la forma que adopta la unificación de los departamentos mencionados de norte a sur, en semicírculo, ocupando las tierras bajas de Bolivia. 239 Leonardo Tamburini ambas partes: extraordinarias ganancias económicas, acompañadas de la tan ansiada “seguridad jurídica” con un conjunto importante de medidas que aseguran la inversión privada; participación en las obras públicas; un conjunto de decisiones políticas y coyunturales de protección de sus inversiones; y, para el Gobierno, hegemonía política sine die, hegemonía sin plazos, hegemonía indefinida en el tiempo. Es decir, como sucedió con la Revolución de 1952 y la Reforma Agraria de 1953, y como ocurrió en otras ocasiones de la historia, los sectores de poder regional lograron morigerar el curso de las reformas estructurales que promovía el proceso de cambio, articulándolas a la defensa de sus intereses. Esta es la forma en que existe actualmente la derecha política –podríamos decir “residual”, gamonal y latifundista–, que por cuestiones raciales y de clase se opone al Gobierno y sus medidas, pero que, en los hechos, ha terminado secundando los planteamientos del MAS en tanto su modelo mental de desarrollo es el mismo que el que expresa el Gobierno con su carretera y otras políticas que promueve en el Beni. Otra buena parte de la derecha beniana ha encontrado en el MAS un aliado circunstancial para potenciar sus intereses, con el que comparte objetivos y planteamientos para el departamento y donde la carretera es una prioridad para sus futuras inversiones vinculadas a la expansión de la frontera agrícola y ganadera, al comercio informal e incluso al narcotráfico, o al menos a los efectos de su distorsionada economía. Volviendo al TIPNIS, los actores que reproducen lógicas territoriales que determinan acciones sociales y políticas son: 1. El Gobierno Nacional, representado por la acción de sus ministerios, fundamentalmente el de la Presidencia11 y el de Desarrollo Rural y Tierras, las fuerzas de seguridad, otros órganos de dependencia nacional y la Gobernación del Beni. 2. Las organizaciones sociales afines al Gobierno: a. Los productores de hoja de coca, representados por las federaciones del Trópico de Cochabamba, b. El llamado Consejo Indígena del Sur (Conisur)12, que agrupa comunidades y líderes del sur del TIPNIS, y las 11 Sobre todo mientras estuvo en funciones Juan Ramón Quintana, actual embajador boliviano en Cuba. 12 Se trata de una organización que intenta representar la realidad de las comunidades yuracaré y mojeño-trinitarias, aquellas que han perdido el acceso a áreas colectivas debido a la aculturación sufrida por su contacto con los campesinos cocaleros, quienes les han impuesto formas de producción, relaciones de explotación y, con ello, han transformado la relación indígena con el bosque. 240 Territorio, libre determinación y autonomía indígena... c. Comunidades de ciertas regiones del TIPNIS cooptadas directamente por el Gobierno. 3. La Subcentral del TIPNIS, organización cuyo directorio está dividido en este momento y que tiene una realidad compleja de representación y relacionamiento con sus comunidades, en tanto sus líderes no responden a sus demandas, debido al conflicto con el Gobierno que los tiene con posiciones ambiguas. 4. Las comunidades del TIPNIS, compuestas por familias de los pueblos indígenas, las cuales, si bien se encuentran atravesadas por el conflicto, su reacción es diferente a lo esperado, aunque son víctimas de la política del Gobierno. Trataremos de aproximarnos, ahora, a lo que sucede en el TIPNIS bajo dos categorías de análisis: territorios en disputa, la primera de ellas, y territorio cultural, concebida por los pueblos indígenas. En este último caso, la categoría no se limita solo al TIPNIS como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) o como Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), sino que se extiende también al territorio cultural del Gran Mojos. EL TIPNIS COMO TERRITORIO EN DISPUTA Para describir la visión del Gobierno Nacional, expresada desde diferentes frentes, utilizaremos la categoría de territorio de Santos (2002, pp. 35-66) y Porto-Gonçalvez (2009), quienes conceptualizan los territorios en disputa como una categoría de análisis de la geografía. Según estos autores, el territorio “es el lugar en el que desembocan todas la acciones, todas las pasiones, todos los poderes, todas la fuerzas, todas las flaquezas; es el lugar donde la historia del hombre se realiza plenamente desde las manifestaciones de su existencia” (Santos, 2002). Bajo esta definición, la geografía, pasa a ser “aquella disciplina capaz de mostrar los dramas del mundo, de la nación, del lugar” (Santos, 2002). Los territorios en disputa, así concebidos, son aquellas áreas geográficas que van más allá de un espacio de gobernanza y donde este espacio es solamente una de las manifestaciones de la territorialidad. Subyacen en este concepto de territorio los principios de soberanía, multidimensionalidad, intencionalidad, conflictualidad y multiescalaridad (Mançano, 2008). Por soberanía se entiende, además del poder político que ejerce el Estado en un determinado espacio de su territorio, una construcción histórica de los pueblos y naciones, de las clases sociales y de los grupos internos. El Estado no ejerce de manera exclusiva ese poder, las organizaciones sociales, los sindicatos, los latifundistas, los pueblos indígenas, las iglesias y demás fuerzas sociopolíticas, ejercen también, 241 Leonardo Tamburini de una u otra forma, una especie de soberanía que explica la construcción del territorio como parte de ese otro territorio sobre el cual el Estado ejerce la soberanía (Mançano, 2008). El principio de la multidimensionalidad, siempre en el marco de la categoría territorios en disputa, une espacio y relación, conceptos construidos por las acciones y por la intencionalidad, entendida esta última como “la decisión histórica de las personas, aquellas que determinan la dirección de sus pensamientos para la construcción y defensa de las acciones políticas, como la elección de paradigmas, corrientes teóricas, políticas públicas, modelos de desarrollo, es decir, lecturas que se direccionan para la comprensión de la realidad” (Mançano, 2008). El cuarto de los principios referidos, el de la conflictualidad, expresa las contradicciones a partir de las cuales se compone el territorio. Son las disputas permanentes entre clases, visiones, estrategias de reproducción, luchas anticapitalistas, etcétera, las que definen este concepto. Así, la conflictualidad es “un proceso donde el conflicto es solo un componente” (Mançano, 2008). Bajo esta visión, el centro del conflicto bien puede ser la disputa por los modelos de desarrollo que reproducen relaciones de exclusión, desigualdad y autoritarismo. Finalmente, el principio de la multiescalaridad permite entender las diferentes escalas de los distintos territorios. Se trata de escalas de organización estatal que reproducen relaciones de poder de los grupos dominantes expresadas, por ejemplo, en el agronegocio, la expansión de la frontera ganadera, o el extractivismo minero y petrolero; relaciones de poder operadas y articuladas por el Estado, las empresas transnacionales o incluso sectores sociales que desterritorializan y reterritorializan el territorio en función de sus intereses, generando despojo, migración, destrucción de los sistemas de vida. En el marco de esa multiescalaridad pueden darse disputas de escalas de poder público, donde hay control territorial y donde pueden organizarse resistencias y territorializaciones que confronten con la situación anterior. Si aplicamos estos principios o categorías de análisis en el TIPNIS, como territorio en disputa, podemos decir que, efectivamente, el Estado Nacional ejerce soberanía a partir de ciertos sectores sociales afines, los cuales dan la batalla en el terreno. Entre estos sectores sociales se pueden identificar, en primer lugar, a los productores de hoja de coca del Chapare, y luego al campesinado mojeño, a los comerciantes y transportistas de San Ignacio de Mojos, así como al sector ganadero mediano y grande que ha pactado con el MAS. De todos modos, los que específicamente se encuentran en el territorio son los cocaleros, quienes serán los encargados de territorializar el TIPNIS, tal como lo hicieron en el llamado Polígono 7. 242 Territorio, libre determinación y autonomía indígena... Para Mançano (2009), la soberanía “está siempre presente mediante los conflictos por la disputa territorial dentro del territorio de una nación”. Según este autor, “una clase social no se realiza en el territorio de otro”, por ello los territorios de los diferentes actores sociales –los empresarios del agronegocio, los ganaderos, los campesinos, los indígenas– articulan sus lógicas de ocupación y territorialización de manera diferente –y por tanto excluyente– del otro. En nuestro caso, el sector cocalero impone un sistema productivo dominante, una economía marginalizadora y una cultura excluyente, con lógicas de relacionamiento con el bosque totalmente contrarias a las de los pueblos indígenas, lógicas que se expresan en la cosificación de la tierra y en la ausencia de algún significado sociocultural de su hábitat: no existe entre los cocaleros nada que histórica o espiritualmente les interese, sino la tierra a ser aprovechada para la obtención de rédito económico a través de los cultivos que implantan. Esta lógica supone tres situaciones conflictuales para los pueblos indígenas: 1) la subsunción a dicha realidad, como sucede con varias familias yuracaré quienes han optado por la parcelación de su comunidad y acceder a la propiedad individual; 2) la resistencia física y cultural; o 3) la migración. Si bien el campesinado cocalero es un sector social, su percepción del control del espacio –heredada de la cultura quechua y aymara, moldeada por la lógica privatista e individualista de la Reforma Agraria, y ahora sólidamente fortalecida por el bienestar económico generado a partir de la actividad que realizan– lo convierte en uno de los principales impulsores de la carretera. Su principal interés radica en extender su actividad económica, que si bien no es de capitalismo de escala, como en el caso de la ganadería o la de la agroindustria, es una actividad que les podría permitir controlar, en términos sociales y políticos, las zonas por donde se construya la carretera. Este control se expresa hoy, crudamente, en la transformación del paisaje, generando contrastes dramáticos entre las zonas intervenidas por ellos y las que se mantienen prístinas o con un grado de afectación menor. En una zona como la del TIPNIS, esta realidad es más que evidente. Territorialmente, los productores de hoja de coca están organizados en 62 sindicatos agrarios los cuales han logrado titular 96.376 hectáreas (INRA, 2011) en el llamado Polígono 7, superando ampliamente las diferentes “líneas rojas”13 definidas en consenso entre la Subcentral TIPNIS y las federaciones cocaleras del Trópico. 13 Se trata de líneas imaginarias acordadas entre productores de hoja de coca y los indígenas del TIPNIS, tal como sucede en otros territorios como el de Pilón Lajas, en el norte paceño. Esas líneas son el límite último del avance del frente de colonización, aunque, en el caso del TIPNIS, fueron transgredidas en varias oportunidades. 243 Leonardo Tamburini El ejercicio de esta soberanía coincide plenamente con el interés del Gobierno; esta es la forma en que pretende territorializar el TIPNIS. Y si su objetivo político declarado sería el de “derrotar la derecha latifundista cruceña”, esto supone la desterritorialización de los territorios de los pueblos del TIPNIS (Mançano, 2009). Como veremos más adelante, las lógicas de territorialización indígena no suponen la destrucción del paisaje, la alteración de la funcionalidad de los recursos naturales y, lo más evidente, no necesitan de una carretera asfaltada para imponer presencia. Por lo tanto, la expectativa de las comunidades del TIPNIS para generar espacios de lucha es mucho más complicada.14 Como señalamos anteriormente, bajo el principio de multidimensionalidad, los actores construyen en el territorio relaciones de tipo económico, político, social, cultural. La política de ruptura que sistemáticamente ha llevado adelante el Gobierno en las comunidades indígenas del TIPNIS –a través de dádivas, proyectos manejados por la vía de la extorsión y el chantaje, el miedo, la desinformación y la intimidación– ha tenido el objetivo de romper las lógicas comunitarias y de relación de las comunidades indígenas con su territorio. No existen datos fidedignos para afirmar que esto último se haya producido o que haya sido causa directa de aquello, sin embargo, los testimonios recogidos de los diferentes encuentros de corregidores o reuniones comunales muestran que los debates sobre la carretera no aparecen asociados directamente a las necesidades básicas de salud, educación, servicios básicos, comunicación, etcétera, tal como el Gobierno pretende mostrar ante la sociedad como justificativo de su decisión de construir la carretera. Y como veremos más adelante, el que las comunidades indígenas aceptasen la carretera a cambio de las dádivas que el Gobierno ofrece, el que asistan a los eventos de inauguración de escuelas, entrega antenas de teléfono o de enseres y hagan “masa” frente a las cámaras del canal estatal, no significa, mecánicamente, que esas comunidades hagan suya la decisión gubernamental, o que su esquema de valores respecto de su territorio haya cambiado totalmente. Lo que sí parece haberse potenciado mucho más es la capacidad de resistencia de las comunidades indígenas frente a la aparatosa estrategia de imposición ideológica y cultural del gobierno del MAS. 14 En el pasado se han presentado varios conflictos que incluso llegaron a la muerte de colonos, cuando estos invadieron los espacios tradicionales de los pueblos indígenas. Así ocurrió en el año 2009, cuando un grupo de cocaleros ingresaron clandestinamente al TIPNIS, probablemente con el objetivo de emplazar un área de producción de coca, y fueron repelidos por indígenas yuracaré armados, provenientes de la comunidad de San Miguelito. 244 Territorio, libre determinación y autonomía indígena... Dicho en clave de conflictualidad (la generación de contradicciones en el marco de la contradicción principal): la oposición a que el TIPNIS se convierta en un territorio-plataforma del extractivismo petrolero, de la deforestación para cultivos de coca, de la territorialización de un modelo de desarrollo despojado de su historia, de su cultura y de las relaciones espirituales que todavía permanecen entre los pueblos que lo habitan, se ha visibilizado a través de dos marchas indígenas nacionales, la VIII y IX, se ha expresado también en los diferentes encuentros de corregidores (pese a los vaivenes dirigenciales que siguen planteando contradicciones internas) y en las contradicciones entre los modelos de relacionamiento de cocaleros, campesinos e indígenas en el mismo TIPNIS. Una demostración de esa resistencia, entendida como conflicto a la conflictualidad planteada por el Gobierno, fue la oposición a la “post-consulta” realizada entre diciembre de 2012 y enero de 2013, que tenía el objetivo de modificar la decisión de las comunidades de oponerse a la construcción de la carretera a través de su territorio. Sin embargo, y siguiendo el principio de conflictualidad, existen múltiples problemas dentro del conflicto central. Y uno de ellos es el que enfrentan las comunidades que viven en el sur del TIPNIS. Son ellas las que enfrentan el avance cocalero y las que padecen la presión sistemática que pretende que abandonen los sistemas económicos tradicionales y su relación colectiva con el territorio para optar por la parcelación individual. A ello se suma el hostigamiento, también sistemático, que sufren para entrar y salir del territorio, porque para ello deben necesariamente pasar por las áreas en que mandan los sindicatos cocaleros, utilizar los medios de transporte de los cuales ellos son propietarios y atravesar las diferentes trancas de control por donde deben dar cuenta de sus movimientos (Somos Sur, 2017). Son doce las comunidades indígenas las que han quedado “encerradas” en el área de colonización, es decir en las más de 92.000 hectáreas del Parque Nacional territorializadas por los cocaleros, ya formalizadas como propiedad de ese sector y amputadas al TIPNIS.15 Como lo venimos diciendo, en el TIPNIS coexisten varios otros territorios, en los cuales el Estado, los sectores sociales afines y los pueblos indígenas, incluso diferenciados entre sí, ejercen poder a partir de sus propuestas de desarrollo, de los mecanismos coactivos para 15 Sobre el río Ichoa se encuentran Santísima Trinidad, Sesajama, El Carmen, San Antonio de Moleto, Fátima de Moleto, San José de Angosta, San José del Ichoa y Santa Anita, Buen Pastor. Sobre el río Isidoro se encuentran San Juan del Isiboro, Santa Rosa del Isoboro, San Benito y Sanandita (Entrevista a Sarela Paz, 4 de julio, 2018). 245 Leonardo Tamburini imponerlos y, en el caso de las comunidades indígenas, de la fuerza de su historia, su cultura y las normas conquistadas en la Constitución y los instrumentos internacionales vigentes en Bolivia. El último principio bajo el cual se analizan estas territorializaciones es el de la multiescalaridad, es decir, los diferentes niveles en los cuales se desdobla el Estado –nacional, departamental y municipal– y a partir de los cuales el Gobierno impulsa sus decisiones políticas, así como los actores en disputa se sirven de ellos para acelerar esas decisiones, ya sea para articular sus acciones con dichas políticas o para contrarrestarlas, si es que los afectan. Actualmente se tiene un escenario institucional complejo en el TIPNIS, en tanto los niveles o escalas estatales actúan a través de diferentes esferas y desde diferentes áreas. A saber: 1. Escala nacional: ministerios (Presidencia, Gobierno, Obras Públicas, Desarrollo Rural y Tierras, Medio Ambiente), Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), fuerzas de seguridad (Policía Nacional, Fuerza Naval, Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, FELCN) y Órgano Electoral Plurinacional (OEP). 2. Escala departamental: Gobernación del Beni, Subgobernación de Mojos, Gobernación de Cochabamba y Tribunal Departamental Electoral, TDE (Beni y Cochabamba). 3. Escala municipal: Gobierno Municipal de San Ignacio de Mojos, Distrito Indígena del TIPNIS, Municipio de Villa Tunari. El Gobierno Nacional pretende territorializar el TIPNIS posicionándolo como una zona ocupada históricamente por pueblos indígenas atrasados, dominados por hacendados, madereros y empresarios extranjeros que lideran el negocio ecoturístico, una zona, en fin, colonizada (o neocolonizada) por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que los apoyan (García, 2012). Bajo este discurso, pretendidamente liberalizador y a la vez estigmatizante de los líderes de las movilizaciones y las instituciones defensoras de los Derechos Humanos que por más de treinta años asesoran estos pueblos, el Gobierno abonó la idea de una carretera portadora del desarrollo para una región postergada, impulsada contra supuestos actores tradicionales que se empeñan en mantenerla en esa situación. Es decir, el Gobierno Nacional se presenta como el gran salvador de estos pueblos, extendiendo un manto discursivo de alcance nacional y especialmente internacional, dirigido a las clases medias y populares con poco conocimiento de las luchas y los logros de los pueblos indígenas y a la intelectualidad de izquierda de fuera de Bolivia, sorprendida por las denuncias de 246 Territorio, libre determinación y autonomía indígena... violación de los derechos indígenas, sobre todo después de la difusión de la violenta represión de la VIII Marcha Indígena en la localidad de Chaparina en 2011. En los referidos niveles o escalas (nacional, departamental y municipal), el Gobierno ha venido implementando una serie de medidas y proyectos en función de imponer la decisión de la construcción de la carretera.16 En la escala nacional, los ministerios de la Presidencia y el de Desarrollo Rural y Tierras se ocuparon de aprobar y distribuir los recursos económicos con los que se adquieren enseres, motores fuera de borda, paneles solares, semillas, escuelas y varios etcéteras, que sirven cotidianamente para mantener de manera constante la presencia del Gobierno en las comunidades. Por su parte, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han establecido un verdadero cerco desde Trinidad, o más concretamente desde Puerto Varador, desde donde parten las embarcaciones hacia el este y el oeste del TIPNIS por el río Mamoré y sus afluentes –el Isoboro, el Sécure, el Tiajmuchí, entre otros–. El control que se ejerce sobre las comunidades indígenas del TIPNIS se centra en el expendio de combustible: es la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCN), repartición de la policía, la que autoriza su adquisición, bajo el entendido de que algunos de esos combustibles pueden ser utilizados como precursores para la elaboración de pasta base de cocaína. Este control, que se explica en ese marco (el narcotráfico), ha pasado a convertirse en un control eminentemente político, si los solicitantes de combustible son los dirigentes del TIPNIS, y con ello se busca evitar que los corregidores y los líderes que entran y salen del territorio puedan hacerlo libremente e informar de sus actividades a las comunidades. En esta escala nacional se encuentra también el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la política de coadministración que supuestamente debiera regir en el TIPNIS, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Medio Ambiente 1333/1992 y la nueva Constitución (artículo 385, parágrafo II). La coadministración era un espacio de toma de decisiones importante para la Subcentral del TIPNIS, pues reafirmaba la legitimidad de la organización en términos estatales. Después de las marchas de 2011 y 2012, cuando se rompe la relación entre organizaciones indígenas y Gobierno, este replanteó la coadministración, excluyendo de las decisiones a la Subcentral y concentrándolas en el propio SERNAP o en el Ministerio de Medio Ambiente, del cual depende. 16 Varios de estos proyectos se inscriben dentro del programa “Evo Cumple”, que tuvo, en sus inicios (2006), financiamiento de Venezuela, para luego financiarse con recursos de la renta petrolera nacional. 247 Leonardo Tamburini Son las diferentes reparticiones departamentales del Beni las que articulan el segundo nivel de las políticas estatales. Se trata, diríamos, de una segunda capa, más operativa, que permite territorializar el control gubernamental convirtiendo a las comunidades indígenas en comunidades beneficiarias, principalmente de proyectos diseñados por el nivel nacional. La Gobernación del Beni se encarga, así, de influir, con éxito dispar, en los diferentes eventos que se realizan en el TIPNIS. La Gobernación de Cochabamba, por su parte, es un aliado clave del Gobierno Nacional, y las federaciones cocaleras del Trópico, así como del municipio de Villa Tunari, actúan con el propósito de extender la territorialización (hegemónica) en el sur del TIPNIS. La escala municipal es la más compleja, pues es el lugar donde chocan tanto las visiones y territorializaciones de una y otra escala como el ejercicio efectivo del poder. El que la alcaldía de San Ignacio de Mojos tenga una composición política contraria a la del MAS desde 201517, naturalmente, presenta dificultades para la articulación de toda la cadena de poder desde el Gobierno central hacia abajo; el territorio es, además, un distrito indígena, y por eso sus representantes están vinculados a su organización y no al partido en función de Gobierno. Todo esto complejiza las relaciones entre el TIPNIS y la alcaldía de San Ignacio, donde se concentran todas las decisiones sobre política municipal, incluidos los recursos que se destinan al distrito indígena para su manejo autónomo. De esta forma, varias actividades organizativas y de resistencia a las políticas del Gobierno son apoyadas desde este ámbito, morigerando notoriamente el cerco estatal sobre el TIPNIS. Por el lado de Cochabamba es evidente que el municipio de Villa Tunari, controlado políticamente por el MAS, es parte del esquema nacional de escalaridad que cumple el rol de articulador de la territorialización que se genera desde el Gobierno Nacional hacia el TIPNIS. EL TIPNIS COMO TERRITORIO CULTURAL Debemos decir inicialmente que el TIPNIS es un territorio que encierra realidades socioculturales diversas, atravesadas por su devenir histórico, por las definiciones territoriales de los diferentes pueblos y segmentos de pueblos que lo habitan ancestralmente –definiciones territoriales separadas pero integradas, diferentes pero 17 En las elecciones municipales de 2015 resultó ganador y nombrado alcalde Roberto Tibusa, de la fuerza NACER, agrupación ciudadana compuesta principalmente por técnicos indígenas y personas ligadas a las subcentrales de los pueblos de la provincia Mojos (yuracaré, movima, mojeño). Su candidatura fue una respuesta al MAS y a sus políticas contrarias al movimiento indígena. 248 Territorio, libre determinación y autonomía indígena... complementarias, diversas pero no excluyentes– y por las territorializaciones apuntadas líneas arriba. En el TIPNIS se entrecruzan tres grandes culturas de bosque y de río: la mojeña, yuracaré y t’simane, cada una con su propia historia y cultura, y, por tanto, con un manejo diferente del espacio. Los mojeño son quienes habitan mayoritariamente las comunidades indígenas del TIPNIS. Son parte de los pueblos de ascendencia arawak; se estima que llegaron a los llanos benianos provenientes de América Central.18 Las sabanas benianas reciben estacionalmente las aguas de múltiples ríos secundarios provenientes de los Andes y los valles, ríos que drenan desde las cuencas altas hacia los grandes ríos que surcan estas extensas llanuras: el río Beni al oeste, el Mamoré al centro y el Iténez al este (Lehm, 1999). Los pueblos que se asentaron en estas llanuras desarrollaron grandes obras hidráulicas consistentes en camellones, lomas o islas en altura, para trasladarse allá en las épocas de “llenura” de la pampa, logrando moldear su entorno, adaptándose a las difíciles condiciones pluviométricas cíclicas, que son características de la región. Recién hacia 1682, y después del fracaso de varias expediciones de los conquistadores españoles que buscaban el famoso “El Dorado” o el Gran Paitití, los padres jesuitas venidos de Santa Cruz de la Sierra –y a su vez de Asunción– fundaron la Misión de Loreto, siguiéndole otras 26 hasta la expulsión de los jesuitas en 1767 (Biblioteca Virtual de los Pueblos Indígenas, s/f). Las reducciones jesuíticas lograron implantar un proceso histórico-cultural que consistió en la homogeneización de las diferentes etnias presentes en el escenario de las reducciones, partiendo de la unificación de la lengua y la transformación de sus valores culturales, amalgamados por los mojeño a sus propios valores prehispánicos. La identidad mojeña actual responde a ese proceso de etnogénesis. Las misiones replicaron un modelo de reducción único: total libertad para los indígenas, mantenimiento y respeto de las relaciones comunitarias, de las manifestaciones sociales y culturales indígenas, acceso a enseres e instrumentos de metal, y protección frente a los “cazadores” de indios, a cambio de adopción de la religión católica. Se trataba, en otras palabras, de una suerte de “pacto reduccional” (Lehm 1998, p. 33), el mismo que se rompe con la expulsión de la 18 Aunque también se sostiene que provendrían a su vez de Asia y llegados al Caribe hace más de 7.000 años, habiendo bajado hacia el sur en dos grandes corrientes migratorias, hacia los Andes, por Colombia, Ecuador y Perú, y otra corriente que habría tomado el rumbo de Venezuela, Brasil y Bolivia, según Jordá citado por Vargas (2007, pp. 46-47). 249 Leonardo Tamburini Compañía de Jesús en 1767. A esta situación le siguió el ingreso masivo de criollos y mestizos quienes se apropiaron de las tierras de la Misión y su ganado, esclavizando a los indígenas. La creación del departamento del Beni en 1842, la instalación del sistema de haciendas y el auge del caucho, arrancaron a los mojeño de sus comunidades sometiéndolos a condiciones infrahumanas de trabajo y despojándolos de su territorio. El territorio mojeño comienza a descomponerse como consecuencia de la penetración de poblaciones no indígenas en los ámbitos donde las relaciones de reciprocidad y complementariedad se realizan y tienen sentido, rompiendo el orden cósmico y social, así como los equilibrios que sostienen dichas relaciones (Vargas 2007, p. 74). Según Vargas, la ruptura del espacio sagrado (territorio), tendría, entre otras causas: 1) el despojo de sus tierras de parte de los carayanas (hombre blanco); 2) la pérdida de la libertad a través del sometimiento a relaciones de esclavitud en las haciendas; 3) el desconocimiento de parte de la cultura carayana del concepto de territorio, es decir, del conjunto de elementos y relaciones que implican la vida y la cosmovisión del hombre mojeño; 4) el desconocimiento y negación de parte de la sociedad dominante, protegida, representada y legalizada por el Estado oligárquico, del sistema político autónomo del mojeño; y 5) la deslegitimación de la cultura particular del pueblo mojeño, a partir de un fuerte etnocentrismo por parte de la cultura dominante, incidiendo decisivamente en su baja autoestima y posterior aculturación. Frente a esta situación, los mojeño respondieron con movimientos de resistencia. Muchos huyeron internándose en zonas recónditas de los bosques, fundando nuevas comunidades y replicando el modelo de la Misión, como en el caso de las comunidades de San Lorenzo, San Francisco y otras. En ese marco, y hacia mediados del siglo XIX, se generaron movimientos mesiánicos de rebelión contra los abusos que sufrían, impulsando grandes migraciones colectivas inicialmente denominadas “Guayochería”, en tanto eran conducidas por un carismático líder llamado Andrés Guayocho, y luego motivadas por la Búsqueda de la Loma Santa (Lehm, 1998) o la Tierra Sin Mal, como la llaman los guaraníes. El Bosque de Chimanes es el gran escenario de estas movilizaciones de resistencia que tienen, como contenido ideológico, la reproducción, en las nuevas comunidades, de los elementos sagrados que identifican al territorio. El emergente proceso del autoidentificación indígena de la década de 1980 se coronará con la Gran Marcha por el Territorio y la Dignidad de agosto de 1990, y en ese marco se acuñará el concepto de territorio, cuyos elementos centrales serían la base de la definición que se adoptaría luego en la Ley 1715/1996 (del Servicio Nacional de 250 Territorio, libre determinación y autonomía indígena... Reforma Agraria, más conocida como Ley INRA). Balza (2001, pp. 34-35) sostiene, citando el trabajo de Zulema Lehm (1993), que el territorio indígena pasó de ser una consigna de líderes urbanos a un concepto con contenido específico, en tanto los mojeño sostenían que la razón de demandar los espacios al interior del Bosque de Chimanes era porque estaban ocupados por los “buscadores de la Loma Santa”19, dándole entonces a la demanda un profundo sentido cultural. El concepto de territorio, entonces, según Lehm, se reelabora a partir del proceso de interrelación de los líderes indígenas con las comunidades, en concreto con la de los buscadores de la Loma Santa, quienes resignifican culturalmente la demanda. Si nos atuviéramos linealmente a Hobsbawm (2002), estaríamos frente a un caso típico de invención de la tradición o de la historia, con la que se legitima la demanda de restitución de las tierras usurpadas a los pueblos del Bosque de Caimanes.20 Los mojeño tienen actualmente un sistema productivo basado principalmente en la agricultura de subsistencia, la ganadería a pequeña escala y la pesca, las que garantizan, en gran medida, la seguridad alimentaria de las comunidades. Son el grupo más “sedentario” del TIPNIS, en tanto quienes más habilitan el bosque para la agricultura y sientan más presencia visible en el territorio, a diferencia de los yuracaré y los chimane, quienes tienen ciclos espaciales de uso más largos (SERNAP, 2010). Estas características sedentarias de uso y ocupación del espacio, derivados de la etnogénesis generada por su contacto con los misioneros, se reproduce en el sistema de autoridades, encabezado por el Cabildo y la autoridad comunal, el Corregidor, sistema que está presente en todas las comunidades de mayoría mojeña. El pueblo yuracaré se constituyó en uno de los principales frenos a la articulación de las regiones del Chapare y Mojos, debido a la gran agresividad y capacidad de resistencia que mostraron. Después de varios intentos de reducirlo, se logró establecer la Misión de Asunción de Yuracaré en 1768. Las misiones de San Carlos, Buena 19 Se refiere a la migración de los indígenas de las exreducciones, proceso que da inicio al movimiento milenarista denominado “Guayochería”. 20 Un caso similar ocurrió con el territorio del pueblo sirionó, cuya área tradicional de ocupación se encontraba delimitada, según los testimonios de quienes marcharon en 1990, por “los 36 mojones naturales, conocidos ancestralmente por los sirionó, situados en El Iviato” (Decreto Supremo 22.609 de 25 de septiembre de 1990, en revista Artículo Primero, CEJIS). Las dificultades de parte de la comisión de límites creada después de la Marcha y la dirigencia sirionó para demarcar el territorio de dicho pueblo, pusieron en entredicho la veracidad del dato “ancestral”, hecho que de todos modos no quita la validez social, política e histórica de la demanda de restitución de las tierras al pueblo en cuestión. 251 Leonardo Tamburini Vista y Santa Rosa son parte de ese proceso reduccional del cual fue objeto este pueblo, aunque con reiterados fracasos, debido a la oposición ofrecida por los indígenas quienes resistían a ser concentrados en lugares unificados (Ministerio de Educación, 2012). Ya en los siglos XIX y XX, el ingreso a sus territorios ancestrales por parte de actores no indígenas, debido a la creación de la provincia Chapare y del departamento del Beni, los obligó a migrar al norte, a zonas más boscosas, conformando comunidades multiétnicas con los otros grupos del TIPNIS. De contextura física envidiable, templados en la guerra y diestros en el manejo del monte, muchos yuracaré fueron hechos prisioneros para la construcción de los incipientes centros urbanos en el Chapare, como en Todos Santos y en otras poblaciones de colonos que, desde la década de 1920, comenzaron a llegar a esa región. Los yuracaré optaron entonces por internarse en el monte para evitar ser capturados y esclavizados en las haciendas o llevados a los gomales. Quienes lograron contactos específicos con ellos fueron los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y, más recientemente, los de la Misión Nuevas Tribus, con quienes establecieron vínculos más prolongados. A partir de tal relación, gran parte de los elementos culturales yuracaré cambiaron o se transformaron. Mantienen, de todos modos, su relación con el bosque y sobre todo con el río: construyen sus caseríos semipermanentes en sus orillas. Su permanencia prolongada en el bosque les permite dominar los ciclos lunares y organizar sus actividades productivas, la cacería y sobre todo la pesca, muy importante para reforzar sus lazos comunitarios. Los actuales asentamientos del pueblo chimane en el Bosque de Chimanes21 son el resultado, en parte, del desplazamiento que este pueblo sufrió durante el período colonial y en el de la República, cuando huyeron de los intentos de reducción en sus espacios ancestrales. Recién en la segunda mitad del siglo XX fueron contactados por los misioneros de Nuevas Tribus. El chimane es un pueblo típicamente cazador, pescador y recolector de bosque y de río. Sus zonas de asentamiento estacional se extienden por los ríos Maniqui, Curibaba y Sécure. Tienen una forma de relacionamiento con el bosque que responde a los ciclos y recorridos de la fauna de la cual se proveen como alimento, al igual que los frutos que recolectan en determinadas estaciones. Son grandes caminantes y se trasladan siempre en grupo, recorriendo grandes distancias por jornada. 21 Que comprende los territorios TICH (Territorio Indígena Chimane o T’simane), TIM I (Territorio Indígena Multiétnico I) y el noroeste del TIPNIS (Decreto Supremo 22.610/1990 de 22 de septiembre). 252 Territorio, libre determinación y autonomía indígena... Las dinámicas poblacionales –y por tanto territoriales– de estos pueblos son de extrema variabilidad. En efecto, de acuerdo con lo que señala el mismo Plan de Manejo del TIPNIS (SERNAP, 2010), hacia mediados de la década de 1990, el 77,8% de su población había cambiado al menos una vez de residencia, y el 40% de las comunidades referenciadas en ese período habían “desaparecido”.22 De todas maneras, los cambios de residencia, las disminuciones o aumentos de población hacia, desde o dentro del TIPNIS, es una particularidad observada desde hace muchos años y responde a las ya mencionadas características culturales de los pueblos indígenas que lo habitan. Trinidad es la ciudad con la que más interactúan esos pueblos, sobre todo los mojeño, que tienen una fuerte ligazón cultural con esa capital.23 ANTE EL ACOSO DE LAS TERRITORIALIZACIONES EN EL TIPNIS, ¿QUÉ ESCENARIOS POSIBLES SE VISLUMBRAN? Frente al contexto planteado, para romper con las territorializaciones que conflictúan el TIPNIS y que violentan los derechos de sus habitantes, se barajan aquí salidas planteadas desde la institucionalidad, es decir, transformar las relaciones de poder utilizando las conquistas sociales convertidas en norma en la actual Constitución Política del Estado (CPE). Esa institucionalidad es la autonomía indígena que, pese a la burocratización montada en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley 031/2010), podría replantear las mencionadas relaciones de poder en clave sociocultural, liberando a los pueblos del TIPNIS de las actuales condiciones de sumisión en las que se encuentran. Dos tipos de autonomía podrían ser procedentes bajo el actual contexto legal: 1) el acceso a la Autonomía Indígena Originario Campesina vía Tierra Comunitaria de Origen (AIOC/TCO), por la cual el TIPNIS constituye su autogobierno en el territorio titulado (artículo 293, CPE); y 2) la conversión del municipio de San Ignacio de Mojos en AIOC, basada en el artículo 294 de la CPE, una autonomía 22 Debiera tomarse en cuenta que en el caso de los yuracaré, y sobre todo en el de los chimane, el concepto de “comunidad”, en términos agrarios, no siempre es aplicable a estos pueblos, pues sus asentamientos no tienen el carácter sedentario como, por ejemplo, los de los mojeño. Por tanto, la expresión “desaparición” debe tomársela referenciando los patrones de uso y acceso al bosque que tienen estos pueblos. 23 Muchos de los mojeño de las comunidades del TIPNIS pertenecen a la parcialidad mojeño-trinitaria, es decir, comunidades que provienen de la antigua Misión de Trinidad. Esto explica su presencia por temporadas en las barriadas de esa ciudad. Puede afirmarse, por tanto, que la dinámica demográfica de este pueblo se desenvuelve en forma de doble residencia, en Trinidad y en las comunidades de su territorio. 253 Leonardo Tamburini que comprenda el TIPNIS, el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) y las zonas ignacianas del Mojos que no son TCO, pero que forman parte del territorio ancestral mojeño. ¿Demandar el acceso a la AIOC vía TCO para el TIPNIS? ¿Qué ventajas o desventajas tendría para los pueblos indígenas del TIPNIS demandar la autonomía de su territorio? Primero, ¿sería viable? ¿Para qué se la demandaría? El motivo está claro: superar los esquemas de territorialización que le han quitado, de facto, la libre determinación sobre los destinos de su territorio. Las autonomías indígenas en Bolivia tienen fundamento en la declaración del Estado como Estado Plurinacional Comunitario, tal como se señala en la Constitución; y en esa condición, el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, les sirven de sustento (artículo 1, CPE). Además, la CPE deja sentado el carácter preexistente de los pueblos indígenas y originarios, lo que significa garantizar la libre determinación y la autonomía (artículo 2, CPE). El derecho a la libre determinación funciona aquí como “principio fundador que aglutina la constelación de derechos de los pueblos indígenas” (Anaya 2009, p. 194). En este contexto de interpretación, la autonomía es un derecho derivado del principio de la libre determinación, el cual tiene como sujetos a los pueblos indígenas en tanto tales, es decir, como pueblos. El artículo 293 de la CPE establece los lineamientos generales para el acceso a la autonomía indígena con base en un territorio titulado –o en proceso– por el Estado.24 En ese sentido, y de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), se deben superar más de diez etapas para que una organización acceda definitivamente a la autonomía indígena, trámite que pasa prácticamente por todos los órganos del Estado.25 La autonomía indígena representa el eje que atraviesa toda la plataforma histórico-reivindicativa del movimiento indígena de los últimos años. Jurídicamente, es la expresión más clara de la libre determinación, que funge de principio orientador. Por todo lo que hemos visto, fundamentos jurídicos, históricos y culturales no faltan para 24 Se trata de las Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), saneados y titulados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 25 El kafkiano trámite pasa por el Órganos Ejecutivo para la certificación de ancestralidad y el informe de viabilidad gubernativa, a cargo del ahora viceministerio de Autonomías; por el órgano Judicial para la declaratoria de constitucionalidad del Estatuto, trámite a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); por el órgano Legislativo para la promulgación de la Ley de Consolidación de la (nueva) Unidad Territorial y Electoral y para la supervisión de los procesos de referéndum por normas y procedimientos propios (Tamburini, 2013, pp. 11-31). 254 Territorio, libre determinación y autonomía indígena... demandar la autonomía del TIPNIS. Sobran. El acceso a autonomía indígena es la coronación de un largo proceso de lucha por autodeterminarse, pero en el caso del TIPNIS, este tipo de decisiones no pueden pasar solamente por determinismos dogmáticos, sino por análisis que vayan un poco más allá de eso. Debido a las dificultades, es evidente que las fuerzas que ha desplegado el Gobierno Nacional han debilitado notoriamente las dos instancias máximas de decisión del TIPNIS: el encuentro de corregidores y la Subcentral TIPNIS, divididos por la política de dádivas y proyectos activados para tal fin. Las comunidades son también un reflejo de dicha política, aunque con los matices que apuntábamos en su momento: las lógicas propias de los pueblos no siempre acompañan los objetivos que se persiguen con dicha política, algo que últimamente se está viendo no solo en el TIPNIS. En cuanto a los procesos autonómicos en curso, de acuerdo a los datos que se conocen a la fecha, de 36 trámites iniciados –25 por la vía de la conversión municipal y 15 por la vía AIOC/TCO– solo tres han accedido a la autonomía, y uno solo de ellos por la vía territorial.26 El tiempo requerido para los procesos es de entre cinco y siete años, aproximadamente, y hablamos de aquellos que han tenido un fuerte apoyo estatal, total voluntad política en casi todos sus órganos y cohesión interna en las mismas comunidades demandantes.27 Todo esto nos lleva a plantearnos si las instancias actuales de poder indígena en el TIPNIS, sobre todo los de la Subcentral, tendrían la fortaleza orgánica para llevar adelante un proceso tan largo y complejo como el que describimos. Es evidente que, si el proceso apunta a liberar las comunidades del territorio del yugo actual establecido por la territorialización generada por el Estado, con los componentes no solo institucionales que vimos, sino también organizativos, todo lleva a recomendar que todavía no es el momento de elegir la opción del autogobierno indígena, es decir la vía AIOC/TCO. En este caso se perdería a uno de los aliados clave en este momento: el Gobierno Municipal de San Ignacio 26 Se trata del TIOC Raqaypampa, situada en la provincia Mizque, en el departamento de Cochabamba. No obstante, en términos territoriales, esta autonomía no afecta límites jurisdiccionales de otros municipios, por tanto no presenta los problemas que podrían generarse a partir del recorte territorial que supondría la declaratoria de autonomía indígena del TIPNIS en los municipios de San Ignacio de Moxos y Villa Tunari. 27 Aunque varios procesos han quedado demorados por problemas internos, como el caso de Jesús de Machaca en La Paz, o el de Totora Marka en Oruro, así como en los de Mojokoya y Huacaya, en Chuquisaca, donde los problemas con el propio partido de Gobierno han retrasado el proceso dadas las votaciones negativas que obtuvieron en sus referéndums. 255 Leonardo Tamburini de Mojos, que está compuesto mayoritariamente por indígenas y que goza actualmente gran respaldo en las otras subcentrales mojeñas. Además, siendo un proceso que debe pasar por todos los órganos del Estado, los cuales están controlados políticamente por la fuerza de la cual se plantea la liberación, es lógico pensar que el Gobierno utilizará todos los argumentos a su alcance para demorar la consecución de la demanda. Por todo ello, estaríamos frente a condiciones objetivas y subjetivas claramente desfavorables a que esta sea la opción por la cual deban inclinarse los pueblos del TIPNIS. En el renglón de las ventajas, podríamos enumerar también algunas que se pueden anotar del lado del haber, a la hora de impulsar un proceso de estas características. En primer lugar, la demanda de autonomía es más que una decisión política en las comunidades y las organizaciones: se trata de un imperativo histórico y un paso absolutamente necesario a dar en pos de la autodeterminación definitiva como pueblos. Vista como solución al complejo escenario en el que se encuentran esas comunidades, el inicio de un proceso político de largo alcance, considerando la arista organizativa, podría representar un impulso a la movilización de las bases hacia la consecución de ese objetivo, podría sacarlas de la modorra en la que pareciera se encuentran desde la última marcha (2012). Es decir, podrían cohesionarse en torno a una demanda que generaría espíritu de cuerpo nuevamente y un sentimiento de unidad que es de central importancia, y probablemente buscado en este momento. Pensando la autonomía de base territorial como un remedio a las lógicas territoriales que suponen la multiescalaridad propuesta por el Gobierno nacional, es evidente que podría ser la respuesta adecuada, en tanto una nueva institucionalidad, unas nuevas normas, unas nuevas autoridades, una nueva forma de democracia, una nueva forma de desarrollo, una revalorización y resignificación de los recursos naturales en el marco de otra forma de relacionarse con el entorno, rompiendo las lógicas que se pretenden imponer, podrían generar modificaciones muy interesantes en el escenario actual. Se trata de la respuesta correcta en dirección de garantizar el derecho a la libre determinación, es decir, el ejercicio pleno del conjunto de derechos derivados de los que son sujetos los pueblos que habitan el TIPNIS para que, en base a esos derechos, determinen libremente su desarrollo económico, social y cultural.28 28 Artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 256 Territorio, libre determinación y autonomía indígena... EL OTRO CAMINO: ¿DEMANDAR LA CONVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE MOJOS EN AIOC? La otra forma de conformar el autogobierno indígena, de acuerdo a lo establecido en el artículo 294 de la Constitución, es a través de la conversión de un municipio en autonomía indígena. Se trata, en concreto, de que la población mayoritariamente indígena habitante en su territorio ancestral decida sustituir el gobierno municipal existente por uno constituido mediante normas y procedimientos propios de los pueblos que allí viven, normas y procedimientos definidos en su estatuto. Una de las diferencias centrales con la vía AIOC/TCO es que la jurisdicción sobre la cual se establece la nueva autonomía es la misma que la del municipio donde esta se establece. Esta modalidad fue privilegiada por el Estado cuando se impulsó, en tiempo récord, trece referéndums en igual número de municipios en 2009, al influjo de las elecciones nacionales de ese año. Esta vía se la posicionó como la “vía corta” de acceso a la autonomía (Tamburini 2013, p. 21), a diferencia de la “vía larga” que era la autonomía vía TCO (AIOC/TCO). ¿Qué de positivo o negativo podrían obtener los indígenas del TIPNIS si el gobierno municipal de San Ignacio de Mojos se convirtiera a la autonomía indígena? ¿Cuál sería el objetivo inmediato y el estratégico? ¿Descomprimir la asfixiante presión política y social –aunque coyuntural– que ejerce el Gobierno nacional sobre el territorio? ¿Qué participación tendría el TIPNIS en el nuevo gobierno indígena? ¿Se podrán contrarrestar las presiones territoriales que ejercen otros sectores sociales? ¿Cuál serían los actores a favor y en contra en un escenario de decisión municipal? El municipio de San Ignacio de Mojos cuenta actualmente con una población aproximada de 22.000 habitantes; el 73% de esa población se autoidentificó de origen indígena, y se trata de una población en la que cerca de 11.000 de sus pobladores –la mitad del total– viven en los centros urbanos; es una jurisdicción territorial de más de 100.000 km2. San Ignacio, además, cuenta con seis distritos municipales, tres de los cuales son indígenas y coinciden con el mismo número de TCO/TIOC: el TIMI, el Territorio Indígena Multiétnico I (TIM I) y el mismo TIPNIS. Algo más: los distritos de San Ignacio, San Lorenzo y San Francisco agrupan a las comunidades fundadas por los indígenas que escaparon de las misiones de San Ignacio y Loreto, después de la expulsión de los jesuitas.29 29 Y desde donde se gestó la primera Gran Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad. 257 Leonardo Tamburini De acuerdo a lo que establece la CPE y la LMAD 031/2010, el proceso de autonomías por esta vía se abre con una decisión por referéndum municipal activado por iniciativa popular (artículo 294, parágrafo II, CPE; artículo 50, parágrafo II, LMAD). Podría ser este el primer escenario de debate y posicionamiento sobre la autonomía indígena, un espacio donde se clarifiquen los objetivos concretos para una decisión que no solo involucraría el TIPNIS, sino al resto de los distritos de este municipio-provincia. Es decir, se tendría como base el territorio donde podría empezarse a debatir una visión indígena propia, como pueblos indígenas, recogiendo la realidad de lo que fue el Gran Mojos (o parte de él), y sobre todo los elementos que están en conflicto en este momento: el modelo de desarrollo, la institucionalidad pública para la gestión, las dinámicas de ocupación y recuperación territorial, la protección y revalorización del medio ambiente, etcétera. Estos y otros temas, llevados a un escenario territorial, podrían poner en el tapete discusiones que por ahora son patrimonio de las élites tradicionales ganaderas de corte desarrollista, las cuales coinciden con el modelo que promueve o secunda el Gobierno nacional. Otro escenario asociado a este es el que promovería la discusión del estatuto autonómico, donde podrían generarse interesantes debates de propuestas concretas para que sean elevadas a nivel de normas, enriqueciendo así la construcción de un documento de consenso. Otro aspecto no menos importante: sea en el caso de la vía AIOC/ TCO o el la de conversión del municipio en autonomía, la inmediata consecuencia de la declaratoria de la autonomía indígena es la desaparición de los partidos políticos como instrumento de representación para el ejercicio del poder. En ambos casos, la democracia comunitaria, las normas y procedimientos propios, y la institucionalidad propia que definan, será la que el gobierno de la futura entidad territorial a crearse establezca en sus estatutos. Como factores negativos de esta vía (conversión del municipio en autonomía), se encuentran aquellos referidos a la siempre dominante posición que ejercen los sectores de poder regional, aliados en este momento al MAS, quienes podrían sentirse perjudicados por la incidencia que perderían sobre los distritos y el mismo municipio. Serían particularmente afectadas las autoridades nacionales, quienes hoy les aseguran a esos sectores de poder regional que las tierras que tienen en conflicto con los pueblos indígenas les serán consolidadas (y de manera irregular). Por otra parte, la pérdida de influencia del MAS en la zona ya no tendría la coyuntural connotación política de la pérdida de una elección, y por tanto, la oposición podría ser particularmente especial, no obstante que, en prácticamente todos los procesos de autonomía indígena, el Ministerio de Autonomías 258 Territorio, libre determinación y autonomía indígena... (hoy convertido en viceministerio) ha sido siempre un aliado de los pueblos indígenas. De todas maneras, si hablamos de un real ejercicio de la libre determinación del TIPNIS, la autonomía indígena con base en el gobierno municipal plantearía una libre determinación tutelada o mediatizada, una estructura donde el territorio aportaría con representantes para el ejercicio del poder en un contexto territorial más amplio. CONCLUSIÓN Uno de los derechos indígenas clave para entender la implementación y el ejercicio del conjunto de todos sus derechos es el de la libre determinación, que sirve de principio orientador y fundamento de la autonomía indígena. Actualmente, este derecho se encuentra conculcado en el TIPNIS de manera permanente, pese al amplio reconocimiento formal que tiene en los instrumentos internacionales vigentes en el país, en la Constitución y en la legislación de desarrollo de la misma. Para la conculcación de derechos en el territorio se utilizan las formas clásicas que la política tradicional ha siempre utilizado: la prebenda, la división organizativa, la cooptación dirigencial, el chantaje y la persecución política o judicial a quienes se resistan, entre otras. Hemos enfocado en este trabajo las formas de cómo el Estado territorializa su poder en el TIPNIS utilizando las categorías de territorio elaboradas por Santos (2002), Mançano (2008, 2009) y PortoGonçalvez (2009). También mostramos cómo los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS han desarrollado su propia territorialidad de acuerdo a sus patrones culturales de uso y manejo del espacio, donde proyectan sus sistemas económicos, sociales y culturales, así como la relación espiritual que mantienen con su territorio, las cuales tienen particularidades diferentes aunque complementarias entre sí. Las posibilidades que se plantean para modificar el escenario de opresión en que se encuentran las comunidades del TIPNIS parten de la institucionalidad y los derechos inscriptos en la nueva Constitución: la autonomía indígena de base territorial, vía TCO del propio TIPNIS, o la vía de la conversión del municipio de San Ignacio de Mojos en AIOC. Las posibilidades reales de llegar a la autonomía en este contexto sociopolítico y las potencialidades que tendría un gobierno indígena territorial o municipal indígena son un desafío, el cual, en un contexto nacional de creciente polarización, deberá estudiarse con mucha cautela para no repetir la experiencia de los interminables procesos de saneamiento de los territorios y los no menos engorrosos procesos autonómicos, los cuales podrían llevar al fracaso de la propia demanda indígena. 259 Leonardo Tamburini BIBLIOGRAFÍA Anaya, J. (2009). El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación tras la adopción de la Declaración en C. 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Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, Nº 969 de 13 de agosto de 2017. 261 CIUDADANÍA EN DISPUTA: CIUDADES PRIVADAS, RESISTENCIA, Y CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL EN EL SUR DE HONDURAS Beth Geglia INTRODUCCIÓN Zacate Grande, una península en el Golfo de Fonseca en el sur de Honduras, desde hace cuatro décadas ha sido territorio en disputa, que se ha basado principalmente en un proceso de despojo realizado por familias oligarcas del país con la asistencia del Estado en contra de pescadores y pequeños agricultores que buscan permanecer en la península. Actualmente la península enfrenta un nuevo proyecto territorial de acumulación capitalista llamado “startup city” o ZEDE, que intenta insertar al municipio de Amapala en las cadenas globales de producción. En la era posgolpe de 2009, en la cual Honduras fue protagonista de la captura del Estado por los intereses del capital transnacional y narco-oligárquica (Chayes, 2017; Kerssen, 2013; Ríos, 2014), se han implementado nuevos modelos concesionistas que facilitan la privatización de las tierras, los recursos, y las instituciones del país. En esta fase de neoliberalización, surge el plan de privatización a través de una estrategia explícitamente espacializada, la cual implicaría una des-territorialización del estado-nación hondureño y una re-territorialización de partes del país en pequeñas autonomías corporativas. En el marco de la campaña estatal “Honduras Is Open for Business” (Honduras está abierta para el negocio) de la administración de Porfirio Lobo Sosa (2009-2013) y el Plan de Nación 2022 implementado posgolpe, se establecen nuevas estructuras paraestatales 263 Beth Geglia y semi-independientes para facilitar la re-territorialización, como COALIANZA –una agencia presidencial que maneja el otorgamiento de licencias y contratos para “alianzas públicas-privadas” (APP)– y el nuevo modelo enclave de las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE), también conocidas como “ciudades chárter”, “ciudades startup” y “ciudades modelo”. El modelo ZEDE ha pasado por varias reformas desde que el economista estadounidense Paul Romer (economista principal del banco mundial 2016-2018 y recientemente ganador del Premio Nobel en Economía) presentó las “ciudades chárter” en 2009. Invitado como colaborador estrecho del asistente del entonces presidente Lobo, Octavio Sánchez, y el asistente del actual presidente Juan Orlando Hernández, Ebal Díaz, Romer ayudó a que se aprobara la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (RED), reformando los artículos 304 y 329 de la Constitución Nacional para eximir a ciertas jurisdicciones (las RED) del sistema jurídico y legislativo del país. Según las reformas, las RED estarían todavía bajo la jurisdicción del ejército hondureño y se aplicarían artículos constitucionales relacionados con las fronteras, “la soberanía” y documentos de identificación y pasaportes.1 Como resultado de las manifestaciones realizadas por las organizaciones populares campesinas e indígenas, como Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y Coordinación Popular e Indígena de Honduras (COPINH), estas reformas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2012 por violar la forma del gobierno del país. Sin embargo, luego de destituir a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de forma irregular, el congreso hondureño aprobó una nueva versión de la ley, llamada La Ley Orgánica de las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDE) en 2013. En este artículo analizamos a la ZEDE como un modelo territorial de autonomías empresariales fragmentadas que busca crear espacios de “excepción” (Ong, 2006) al espacio estado-nación hondureño, un territorio que, lejos de ser territorialmente coherente, está fragmentado por procesos históricos y contemporáneos de acumulación. Luego de establecer el marco legal y estructura de las ZEDE como parte de una genealogía de enclaves y zonas especiales económicas (ZEE), analizaremos también cómo adquieren otro carácter por las ideologías territoriales que les han influenciado, tomando específicamente como sujeto de análisis al movimiento de vanguardia capitalista “movimiento de sociedades startup”. ¿Cómo conceptualizan y 1 Decreto 283-2010. 264 Ciudadanía en disputa: ciudades privadas, resistencia... construyen la territorialidad estos ultra-liberales desde Silicon Valley? ¿Cómo intentan implementar su visión tecno-utópica utilizando a las ZEE como tecnología legal-territorial? Luego haremos una reflexión sobre el territorio “actualmente existente” (Brenner y Theodor, 2002) en Honduras. Contrario al discurso oficialista de construir estas autonomías en tierras deshabitadas, en realidad, las ZEDE amenazan instalarse sobre territorios poblados y actualmente en disputa. ¿Cómo funciona y cómo se construye la territorialidad en estas zonas bajo especulación? ¿Frente a una usurpación privada del territorio, queda otra alternativa más que defender al estado-nación y sus modos de soberanía y ciudadanía? Tomando como estudio de caso a Zacate Grande, analizaremos cómo las formas de lucha de la Asociación de Desarrollo Integral y Defensa del Territorio de Zacate Grande (ADEPZA), una organización principalmente campesina, construyen “otra” territorialidad que desafía tanto a la subjetivación del Movimiento Ciudades Startup como al del Estado hondureño. EL MARCO LEGAL DE LAS ZEDE Las ZEDE, tal como las RED, pretenden ser el modelo enclave más “excepcional” de América Latina, es decir, el más autónomo política y legalmente del Estado-nación, contando con leyes y sistemas jurídicos independientes y exclusivos. Más allá de las excepciones tributarias y regulatorias que disfrutan las empresas en las ZEE, las zonas francas, y las zonas de libre comercio, que desde la década de 1960 buscan desregular las protecciones ambientales y los derechos laborales, la ZEDE representa una cosificación y mercantilización del territorio en su sentido más integral. En un modelo en el cual se quitaría al territorio de sus jurisdicciones municipales y les permitiría a los inversionistas privados establecer gobiernos propios y sistemas privados de salud, educación, seguridad, servicios, entre otros (en varios casos se ha propuesto que las ONG extrajeras se encarguen de los aspectos sociales y los servicios de las zonas), las funciones del estado y la gobernanza en sí se vuelve parte de la mercancía. Más notable aun es el reemplazo de la ley civil con un sistema de jurisprudencia de la tradición, derecho común o anglosajón (commonlaw), con magistrados posiblemente extranjeros y con la opción de adoptar directamente a, o firmar contratos con, tribunales internacionales o de otros países. Como señala la ley: La ejecución de estos laudos arbitrales debe hacerse a través de los órganos jurisdiccionales de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) sin interferencia de otros tribunales fuera de la jurisdicción especial de las mismas. No obstante, los tribunales de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) podrán requerir el auxilio de 265 Beth Geglia los tribunales ordinarios de otras jurisdicciones nacionales o extranjeras para hacer efectiva la ejecución de los fallos cuando éstos debieran ser ejecutados fuera de la jurisdicción de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.2 La excepcionalidad legal-administrativa de las ZEDE va acompañada de una representación estética excepcional que proyecta que las futuras ZEDE serán “oasis” de modernidad, futurismo tecnológico, orden, y seguridad en medio de una Honduras “ingobernable” y “fracasada”. A pesar de que el discurso pro-ZEDE destaca un imaginario urbano modernista de la “mega-ciudad”, poniendo como ejemplo el crecimiento veloz que los “tigres asiáticos” lograron por medio de las ciudades administrativas como Hong Kong y Shenzhen, la ZEDE está estructurada para operar como una tecnología político-espacial flexible, lo cual puede aplicarse en cualquier tipo de proyecto territorial, incluyendo a los proyectos de minería, la producción energética, o la agro-industria. Sus proponentes confirman que una zona autónoma podría ser tan pequeña en extensión como un solo edificio.3 Esto implicaría que se puede diseñar un régimen excepcional aplicable, por ejemplo, a un banco. Si bien el neoliberalismo construye tecnologías de gobernanza y subjetividades tecnocrático-empresariales que pretenden sutilmente reemplazar a la colectividad y la democracia con prácticas de eficiencia, la aplicación de “mejores prácticas”, y la auditoría (Harvey, 1989; Brown, 2015), la ZEDE como intervención territorial lo hace a un solo golpe. El esquema de gobernanza estipulado en la Ley Orgánica de la ZEDE establece que cada zona se gobernará por un secretario técnico nombrado por el grupo de inversionistas fundadores de la zona y aprobado por un Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP). El CAMP, figura fundamental que externaliza la supervisión general de las ZEDE a manos privadas e internacionales, es una junta independiente4 de veintiún miembros que provienen de ocho países (tres miembros son de Honduras). Esta figura está encargada de reclutar y aprobar propuestas para zonas nuevas, aprobar la normativa interna que cada gobierno de ZEDE establezca, y contratar a terceros para la auditoría 2 Decreto 120-2013. 3 Entrevista a Rolando Sierra, 5 de enero 2016. Tegucigalpa, Honduras. 4 Los miembros del CAMP original fueron nombrados por el presidente del país con la ayuda de asesores extranjeros y ratificados por el Congreso Nacional; sin embargo, de allí los miembros eligen libremente a sus reemplazos y llenan sus vacantes sin ratificación. La ley no establece claramente una estructura de responsabilidad entre el gobierno de Honduras y el CAMP ni delinea los poderes que uno tenga sobre el otro. 266 Ciudadanía en disputa: ciudades privadas, resistencia... de las zonas. Mientras el nombre mismo encaja el discurso neoliberal de “mejores prácticas” globales, los miembros del CAMP parecen ser elegidos más por su pertenencia a una línea ideológica que por conocimiento técnico sobre el desarrollo de zonas especiales económicas. Como muestra el cuadro, los miembros del CAMP original de 2013 (en su mayoría estadounidenses) son miembros (algunos casos fundadores) de las redes o brindan asesoramiento (think tanks), conocidos por la difusión de políticas neoliberales en el mundo, además del proyecto intervencionista y contrainsurgente de la administración Reagan de Estados Unidos durante la década de 1980. Es decir, su papel principal es más geopolítico e ideológico que técnico. Miembros del CAMP Original por Grupo Ideológico Neoliberal5 Mont Pelerin Society Alejandro Chafuen (Argentina), Enrique Ghersi (Perú), Barbara Kolm (Austria) Administración Ronald Reagan. Grupo de Trabajo Especial Sobre América Central Mark Klugmann (Estados Unidos), Faith Ryan Whittlesey (Estados Unidos), Morton Blackwell (Estados Unidos) Administración Ronald Reagan. otro vínculo Grover Norquist (Estados Unidos), Michael Reagan (Estados Unidos, hijo del expresidente Reagan), Loren Smith (Estados Unidos, Juez Federal) Instituto Friedrich Hayek Barbara Kolm (Austria) Instituto CATO Enrique Ghersi (Perú), Richard Rahn (Estados Unidos) Red Atlas Alejandro Chafuen (Argentina) Industria Alex Cranberg (Estados Unidos, Aspect Energy LLC); Lars Seier Christensen (Denmark, cofundador de Saxo Bank); Surse Pierpoint (Panamá, Asociación de los Usuarios de la Zona Libre de Colón y Fundación Libertád de Panamá); Salem Ben Nasser (Omán, Exportaciones) Otro Mark Skousen (Estados Unidos, economista), Gabriela Von Habsburg (Austria, Archiduquesa), Ebal Díaz (Honduras), Octavio Sanchez (Honduras), Ricardo Maduro (Honduras, expresidente), Ricardo Cardona (Honduras) 5 Estas afiliaciones son del momento de la ratificación del CAMP. Según entrevistas realizadas por el autor, varios miembros del CAMP han renunciado desde 2013 y han sido reemplazados. Sin embargo, los oficiales hondureños han negado proveer una lista actual de los miembros, manteniendo dicha información en secreto. Como el nuevo CAMP no ha sido ratificado por el congreso, no existe ningún decreto emitido y varios intentos de solicitar documentos a través de La Ley de Acceso a la Información de Honduras han quedado sin respuesta. 267 Beth Geglia Las ZEE, por lo general, se pueden definir como “territorios administrativos que están rodeados o enclavados dentro de otro” (Falero, 2011, p. 245) o, más críticamente, como “una máquina espacial de acumulación de capital que consiste en un área designada en la cual se aplican reglas distintas a las corporaciones, y por extensión a los trabajadores, que en el resto del estado” (Bach, 2011, p. 11). Históricamente, las ZEE se han enfocado en la producción de un materia prima o monocultivo expresándose como “company towns” (los enclaves bananeros del principio del siglo XX en Honduras son un ejemplo) o, empezando finales de la década de 1970 y principios de la siguiente, como una proliferación acelerada de puertos libres, zonas de procesamiento de exportación, zonas maquiladoras y zonas de libre comercio. Actualmente vemos una convergencia de la figura ZEE con el imaginario urbanista en el fenómeno de los proyectos “nuevas ciudades” y “Smart cities” lo cual ha dado un carácter más territorial a las ZEE y ha intensificado las demandas sobre la tierra para la construcción de bienes inmuebles.6 Como las nuevas ZEE se presentan cada vez más privatizadas en su desarrollo y administración, producen tanto nuevos procesos de acumulación por despojo (Banerjee-Guha, 2008; Levien, 2011; Zoomers, 2010) como nuevos modelos y experimentos con los modos de gobernanza neoliberal. Como bien planteó Aihwa Ong (2006, 2007), el significado de las ZEE está no solo dentro de las cadenas de producción del capitalismo global, sino también en su aplicación de lógicas y gubernamentalidades neoliberales sobre los sujetos sociopolíticos de las zonas, en su re-configuración de la soberanía, y en las ciudadanías diferenciadas que producen y/o codifican. Por lo tanto, cabe analizar a la ZEDE no solo en su poder como tecnología acumuladora, sino también en la lógica e ideología territorial que pretende imponer sobre los territorios, regiones, y sujetos de Honduras que ya por si están atravesados por largas historias de colonización, disputa y resistencia. En eso es importante fijarse no solo en el concepto de gubernamentalidades neoliberales sino articular el concepto de “excepción” (Ong, 2006) que ha dominado el estudio de las ZEE como espacios extraterritoriales (según Ong, el neoliberalismo se define por esta misma excepción), con un lente de la colonialidad 6 Según Levien (2011, 2012), los nuevos ZEE producen una “nueva economíapolítica de acumulación por despojo” en la cual el estado se convierte en un corredor de tierras. Contrario al concepto original de Marx de “acumulación por despojo”, en la cual los acaparamientos de tierra servían para producir un cuerpo de trabajadores proletarizados conforme al modo de producción capitalista, la nueva acumulación por despojo se basa en mercados especulativos, financieras e inmobiliarias, lo cual produce despojo, pero no absorbe a los despojados en el marcado laboral. 268 Ciudadanía en disputa: ciudades privadas, resistencia... (Escobar, 2004; Domingues, 2009) –y por lo tanto la gubernamentalidad colonial– (Scott, 1995), situando a las nuevas intervenciones territoriales dentro de un linaje más largo y continuo de dominación y de lógica colonial tanto a nivel nacional como local. GOBERNANZA COMPETITIVA, CIUDADANOS MÓVILES, Y TABULA RASA: LA CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL DEL MOVIMIENTO “CIUDADES STARTUP” La ZEDE incluye mecanismos especiales para la acumulación de tierras, otorgándole a sus administraciones privadas el poder de expropiar propiedades a un justo precio en nombre del estado hondureño para “el desarrollo o la expansión”7 de la zona, lo cual posibilita un despojo masivo de las comunidades que habitan las regiones más rentables del país. En este sentido cumple su función dentro del nuevo régimen de acumulación por despojo. Pero también proviene de un movimiento capitalista vanguardista que plantea y construye una ideología territorial explícita, lo cual se ha autonombrado como el “Movimiento de Ciudades Startup” o de “Sociedades Startup”. Este movimiento8 está compuesto por actores y grupos distintos (fundaciones, think tanks, abogados, emprendedores, economistas) vinculados en redes que tienen como objetivo común romper con el supuesto monopolio del Estado-nación sobre la soberanía y construir jurisdicciones privadas a lo largo del mundo. En armonía con el impulso del neoliberalismo de resolver las contradicciones entre el capital y el Estado-nación democrático liberal, mercantilizando cada vez más a ámbitos de la vida humana, el Movimiento Ciudades Startup busca someter a la gobernanza –y a los mismos gobiernos– al mercado libre. Es decir, conciben un mundo en la cual la gobernanza no es más que otro servicio que proveen los proveedores privados (como la luz eléctrica, el agua, o la educación). Por lo tanto, el territorio si se convierte en mercancía, un espacio rentable no solo por los recursos que contiene ni la mano de obra a bajo costo, sino en construir territorios-empresas en las cuales los ciudadanos son simplemente accionistas en y/o consumidores del servicio de la gobernanza. El mismo término “ciudad startup” metaforiza esta concepción del territorio-empresa emergente (startup) que ofrece un “producto” novedoso (el modo de gobernanza) y así viene a intervenir en un mercado existente (el Estado-nación). 7 Decreto 120/2013, Artículos 26 y 28. 8 Leslie Sklair (2011) nos plantea la necesidad de mirar a la organización de capitalistas como movimientos y así iluminar la perpetuación del capitalismo no como un fenómeno natural sino impulsado por sujetos capitalistas. 269 Beth Geglia Esta lógica territorial que buscar crear un mercado de la gobernanza interpela directamente al sujeto-ciudadano, construyendo la idea del ser humano como fácilmente móvil, desarraigado y homo economicus en su naturaleza. El poder del sujeto se basa en la movilidad, es decir, en el poder de “selección” como consumidor dentro de una variedad de opciones de gobiernos/territorios, y así “votar con los pies” (Romer, 2009; Lynch, 2017). Parte del proyecto ideológico de organizaciones como el Startup Society Foundation y el Seasteading Institute es posicionar al derecho a la opción en igual plano o por encima del derecho a la gobernanza colectiva o la idea de la democracia misma (a la vez equiparar la “libertad” con la “opción”). Como señala un miembro del Seasteading Institute, consideran que el marcado de gobiernos privados en este modelo “es más democrático que la democracia”.9 Algunos promotores de las ciudades startup utilizan la figura del migrante centroamericano para construir la imagen del ciudadano del Estado-nación-tradicional como sujeto necesitado de opciones, atrapado en sistemas de gobernanza fallidos, y dispuesto a rendir sus derechos políticos en mejores sistemas. Como dice el economista estadounidense Romer: Alrededor del mundo existen 600 millones de personas que dicen que les gustaría mudarse permanentemente a otro lado en este momento. Hay un millón al año que salen de América Latina para ir a los Estados Unidos. Muchos de ellos dejan atrás a sus familias para buscar un trabajo. A veces es una madre soltera que se tiene que ir para apenas tener para comprar la ropa y la comida. Tristemente, a veces son niños que se van para reunirse con sus padres, que no han visto en muchos casos durante una década. ¿Entonces qué tipo de idea es pensar en construir una ciudad totalmente nueva en Honduras, o construir una docena de ellas… qué tipo de idea es insistir que cada familia tenga una selección de varias ciudades que se competen para atraer a nuevos residentes? Es una idea que vale la pena divulgar.10 Entra la idea de la “colonización voluntaria” como una salida que eliminaría los largos y peligrosos caminos recorridos en tren y a pie hacía el extranjero. Estos territorios de ensueño neoliberal serían luego espacios donde se puede experimentar con políticas y modelos de libre mercado más profundos. Por lo tanto, los discursos e imaginarios de la ciudad startup adoptan y perpetúan la fantasía colonial del 9 Entrevista, Randy Hencken. 24 de junio, 2017. 10 Traducción del autor. 270 Ciudadanía en disputa: ciudades privadas, resistencia... territorio tábula rasa-territorio deshabitado, asequible, político y socialmente desarticulado de su entorno. Referirse a Honduras como un “laboratorio” o una “pizarra en blanco” para la gobernanza experimental ha sido habitual por parte de los actores pro-ZEDE, aprovechándose de la calamidad económica y política posgolpe para vender la idea de que los hondureños podrían “empezar de cero”11 y construir algo nuevo. La fantasía del territorio tabula rasa movilizada en la promoción de las ZEDE es marcadamente antihistórica y antiecológica, en el sentido de querer caracterizar un espacio delineado como ecológicamente, económicamente y socioculturalmente independiente de su entorno. Refleja el concepto de Appel (2012) de “enredo”, en la cual argumenta que el capital globalizado busca desenredar los espacios de infraestructura económica global de las economías y poblaciones locales que los colindan y que estén afectados por ellos, para así posicionarlos discursiva y simbólicamente en el espacio de lo “global”. En este caso buscan, además de situarse en el espacio de “lo global”, desasociarse del espacio de lo hondureño. Tanto las representaciones propuestas por los libertarios del Movimiento Ciudades Startup como los oficiales del gobierno hondureño buscan pintar un territorio antitético al estado hondureño, desenlazado y protegido de la corrupción, criminalidad e “ineficiencia” del gobierno nacional y local. Al servicio de este desenredo está la construcción previa del “espacio abstracto” (Lefebvre, 1991) sobre la cual producir los sueños futuristas modernistas. La producción de este espacio abstracto –tanto neoliberal como colonial– es necesariamente un proceso violento (Wilson, 2014), por lo que implica la deshumanización e invisibilización de relaciones sociopolíticas, poblaciones, culturas, e identidades existentes que, por rurales o no-productivas del capital, no figuran. Aun donde en la ley se contempla desarrollar ZEDE en áreas pobladas, si tiene menos de 100.000 habitantes y radica en la costa norte o sur del país, la población no goza del derecho a un plebiscito para el establecimiento de este.12 En las representaciones espaciales de las ZEDE, se refleja tal fantasía de territorio tabula rasa, basada en la abstracción territorial, para transformaciones espectaculares de modernización: 11 Davidson, Adam. “Who Wants to Buy Honduras?” New York Times, 8 de mayo 2012. https://www.nytimes.com/2012/05/13/magazine/who-wants-to-buy-honduras. html 12 Decreto 120/2013. 271 Beth Geglia Imágenes tomadas del TED Talk del economista Paul Romer llamado “The World’s First Charter City?”, de 2011, muestran una extensión de tierra supuestamente desocupada del municipio de Trujillo, costa norte de Honduras, donde se podría desarrollar una ciudad charter. La segunda imagen muestra la posible transformación territorial que ofrece tal ciudad charter. Sin embargo, el idealismo implícito del discurso “pizarra en blanco” de los Movimientos Ciudad Startup no es casual. Este movimiento que proviene en su mayor parte de Silicon Valley, en California, y de la industria tecnológica, reproduce los ideales anti-estado y pro-utopía que se observan en los movimientos autonomistas anti-neoliberales 272 Ciudadanía en disputa: ciudades privadas, resistencia... y/o etno-territoriales. De igual manera proponen empezar, a pequeña escala, en crear modelos que luego se pueden replicar de una vez mostrándose viables. Utilizan el concepto de la autonomía como herramienta para la experimentación, la creación de instituciones propias para empujar los límites de lo políticamente posible. De esa manera logran fomentar el apoyo de una generación joven e idealista que propone soluciones técnicas a los problemas sistemáticos (los auto-llamados “tecno-optimistas”), presentando a los nuevos territorios como innovadores, radicalmente libres, futuristas, y hasta verdes (ecológicamente sostenibles). Sin embargo, contrario a las autonomías de abajo, representa una estrategia de territorializar al capital (y a la vez des-territorializar al ser humano) con el fin de crear jurisdicciones de competencia con lo público y desafiar a la democracia desde afuera. ZACATE GRANDE, PATRIMONIO Y CIUDADANÍA Tierra de mi pueblo, Patrimonio mío Es Zacate Grande, Isla que da vida Si intento abandonarla No sé qué pasaría Si intento abandonarla Mejor me moriría. Canción de cuerda, Los Alegres del Sur, Zacate Grande Zacate Grande, tú me viste nacer, crecer en ti, y por ti moriré. Manta de protesta, Zacate Grande Se ha establecido que los procesos neoliberalizadores no vienen a interrumpir a Estados-nación democráticos, soberanos, y coherentes, sino a aplicarse en diversos territorios reales (Brenner y Theodore, 2002) que son productos de una construcción compleja, del desarrollo desigual del capitalismo global, de colonización interna y externa, y con sistemas propios de marginalización y excepción. En realidad, las organizaciones sociales que salieron en contra de las ZEDE en Honduras representan también a los más marginados del Estadonación. Por ejemplo, las comunidades garifunas en la costa norte, a través de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y la Coordinación de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), tienen una trayectoria de lucha contra el despojo territorial, por el derecho al consentimiento libre, previo e informado y por 273 Beth Geglia la autodeterminación que les lleva a oponerse a las ZEDE sin legitimizar al Estado. Es decir, la defensa territorial en estas regiones del país ha tomado también al estado concesionista y su presencia en sus territorios como eje de lucha. Estas organizaciones han denunciado fuertemente a las ZEDE como una nueva colonización de sus territorios. Si bien el reclamo a nivel nacional contra las RED/ZEDE se denunció como una “venta de la soberanía nacional”, debemos ir más allá del concepto de la soberanía y el Estado-nación como hechos concretos y, a cambio, entender a los mismos como procesos y articulaciones, con particularidades y caracteres diversos en distintas construcciones territoriales a lo largo del país. Después de los últimos fallos de la Corte Suprema en 2016 amparando a la Ley de las ZEDE y negando la segunda ola de peticiones de las organizaciones sociales por inconstitucionales, se entendió que la lucha contra las ZEDE tenía que “volver a los territorios”. Por lo tanto, este artículo toma como estudio de caso a la península sureña de Zacate Grande en el municipio de Amapala, departamento de Valle, y sus formas de lucha como antitéticos tanto al sueño tecno-utópico de las ciudades startup como al Estado hondureño en su construcción actual. Propongo aquí que el movimiento pro-tierra de Zacate Grande representa una tercera vía en la lucha contra la privatización territorial en Honduras que deslegitimiza tanto al proyecto colonial de las ZEDE como la construcción (narco)neoliberal del Estado hondureño, con rasgos autonomistas, pero sin adoptar una política explícitamente autonomista, y que le devuelve al ámbito local el asunto de la soberanía popular; así, con retos y desafíos, construye activamente un concepto alternativo de la ciudadanía. Ante la invisibilización, su primera tarea es hacer constar su existencia e insistir en su derecho de permanecer. Al revindicar la idea de patrimonio, la dignificación de las economías de subsistencia y la pertenencia al “lugar”, su lucha es también un proyecto de la re-territorialización del sujeto humano en un contexto de despojo, colapso ecológico y migración masiva. FACTORES E IMPACTOS SOBRE TERRITORIALIDAD El municipio de Amapala, conocido como el “sur del sur” de Honduras, representa emblemáticamente la marginalidad relativa al Estadonación. Caracterizado tanto por el abandono estatal como por la gobernanza de-facto de los dueños privados de la tierra, es una región donde el concepto de “ciudadanía” se ha ido construyéndose y des-construyéndose en base a condiciones y luchas materiales por el acceso a la tierra y los recursos naturales. El municipio se divide en dos partes principales: la Isla del Tigre (donde se radica la corporación municipal) y Zacate Grande, una isla del Golfo Fonseca convertida en península cuando fue 274 Ciudadanía en disputa: ciudades privadas, resistencia... rellenado para conectarla con tierra firme. Anteriormente, el puerto del Pacífico se ubicaba en la costa de Amapala y el relleno permitía el transporte de productos al interior del país y hacia los puertos de la costa norte para su exportación a Estados Unidos. Sin embargo, en 1978-1979, el puerto fue trasladado a la ciudad de San Lorenzo, dejando económicamente deprimido a Amapala y a sus productores. Hoy la Isla del Tigre se describe como “pueblo fantasma”, el mercado local ha disminuido, la pesca (aproximadamente el 70% de la economía local) se dirige hacia el mercado salvadoreño o la autosubsistencia de las familias que habitan la península. Más allá de la pesca, la subsistencia de las comunidades de la península depende de la producción de maíz, frijoles, melones, y sandías para el autoconsumo y la venta local. Últimamente, la subsistencia de los residentes ha sido amenazada por una serie de factores, incluyendo la degradación ambiental del golfo por el crecimiento de la industria de las grandes camaroneras, la sequía, y el acaparamiento de tierras y playas por parte de familias privadas que limitan el acceso a las tierras productivas y al mar. Los cambios ecológicos de la península suman a dos factores más que han contribuido al desarraigo territorial de los habitantes en las últimas décadas. Uno, la migración, que por las mismas condiciones materiales y la depresión económica, ha tocado a la gran mayoría de familias de la zona. Esta migración masiva, por lo general hacía las zonas industriales del norte de Honduras y hacía Estados Unidos, ha llegado a ser hegemónico en el imaginario de los jóvenes, quienes, en muchos casos, miran para afuera para buscar posibilidades de vida. Dado la importancia de las remesas en las economías de familia de la península, la agricultura y la pesca a pequeña escala dejan de ser la única salvaguardia de la vida. Tal como un entrevistado de ADEPZA me explicó, las tácticas de represión y hostigamiento de parte de los terratenientes y sus afiliados comunitarios, en combinación con el flujo de remesas, ha influido en la disminución de participación en la organización comunitaria pro-tierra: “a veces los hijos que están afuera dicen a los papás que mejor ya no se metan en problemas, que ya no es necesario”.13 El segundo factor es un proceso de acaparamiento de tierras y privatización de espacios que ha afectado a la población tanto por reducir su acceso a la tierra productiva y a las playas, como por el conflicto social, el miedo y la represión que ha generado y que será el enfoque de una buena parte del siguiente análisis. Los intereses para una ZEDE en Amapala son múltiples. Por un lado, las tierras costales son deseadas para zonas de turismo. Por otro, 13 Entrevista a Junta Directiva ADEPZA, 10 de octubre 2016. 275 Beth Geglia Amapala tiene condiciones para ubicar un megapuerto mucho más profundo que el de San Lorenzo. Este megapuerto estaría conectado por un “canal seco” (una autopista ampliada) desde Zacate Grande hasta Puerto Cortés y Puerto Castilla en la costa norte. Este sueño existe desde la época preindependista y es la razón de las primeras intervenciones coloniales británicas y estadounidenses en lo que es hoy Amapala.14 Ahora, el proyecto canal seco con polos “de excepción” en sus entradas tiene que ver con la facilitación de comercio con Estados Unidos y los países asiáticos, también con aspiraciones de un mercado regional de energía y los nuevos proyectos de generación de electricidad solar, hidroeléctricas y gas natural (la empresa energética estadounidense Energy Transfers plantea otra ZEDE en Amatillo, la frontera entre Honduras y El Salvador). Enfatizando el plan infraestructural y hasta convocando al sueño morazanista de unificación centroamericana, el Estado hondureño construye su imagen como estado desarrollista a pesar de la naturaleza concesionista y fragmentada de la ZEDE. Cuando llegaron los primeros promotores de la ZEDE a Amapala, con la promesa del presidente Juan Orlando Hernández de que “ya llegó la hora del sur”, la población recibió la información con diversas reacciones, preguntas, esperanzas y ansiedades. Muchas se describen en Lynch (2018) y no será un tema a desarrollar extensivamente en este artículo, pero cabe aclarar que la oposición a las ZEDE no es general en la región. Tampoco es posible medir la “opinión pública” en encuestas positivistas que ocultan tanto la diversidad de información que llega (o no) a distintas partes de la región como la complejidad de las negociaciones y ansiedades múltiples de las personas ante un proyecto así. En la Isla del Tigre, el imaginario del desarrollo gira alrededor de la promesa de “devolver” el puerto, lo cual muchos amapalinos recuerdan con nostalgia y orgullo. La carencia de fuentes de trabajo es una de las primeras quejas que los amapalinos tienen de su municipio (la corrupción y el clientelismo son otras) y este es un factor causante de la migración hacia el exterior. Sin embargo, el movimiento protierra de Zacate Grande, que había desarrollado una política crítica 14 Desde 1825 existen intenciones de un canal inter-istmo. Queriendo controlar a los posibles puertos de entrada de un canal, en 1825 la colonia británica ataca y se apodera de Trujillo en la costa norte de Honduras y a la Isla del Tigre en el sur en nombre del reino británico. En respuesta a la ocupación británica, Estados Unidos, habiendo recientemente anunciado la Doctrina Monroe, exigió que el general británico Chatfield desocupara la isla o Estados Unidos lo consideraría una agresión en contra de ellos. En respuesta, el presidente de Honduras Juan Lindo le pide a Estados Unidos poner a la Isla del Tigre bajo su protección militar durante 18 meses (Acker, 1988, pp. 51). 276 Ciudadanía en disputa: ciudades privadas, resistencia... partiendo de su experiencia con el conflicto de tierras, adoptó un “no a las ciudades modelos” como eje de lucha social, a partir de 2014 organizó sesiones de información junto con la iglesia católica en donde se leía y analizaba la ley de las ZEDE, y convocó a movilizaciones en la cabecera del municipio. También dieron a conocer y denunciaron lo que ellos consideran una nueva ola de presiones, criminalizaciones y hostigamientos en su contra, así como el retorno de los terratenientes al área haciendo nuevos reclamos sobre la tierra, como resultado de la especulación en espera a la ZEDE. La organización comunitaria en Zacate Grande, antes llamado el “grupo campesino” y actualmente la Asociación por el Desarrollo Integral de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) ganó fuerza en la década de 1990 y responde a décadas de despojo. Si bien la presencia de las comunidades agrarias en Zacate Grande lleva hasta ocho generaciones allí, estas no han podido acceder a una tenencia estable a la tierra. Como Zacate Grande era isla antes de ser península, las tierras se consideraban nacionales por la Constitución de la República. Cuentan varios mayores de las comunidades que, al establecerse en la zona a principios del siglo XX, se podía solicitar y recibir un dominio útil del catastro municipal para construir casas. Muchas familias que migraron a la península en las siguientes décadas consiguieron ese permiso y ocuparon tierras ociosas para practicar la agricultura. Sin embargo, hoy la península de Zacate Grande está registrada como “privada” en la base de datos del Instituto Nacional Agrario (INA). En la década de 1960 apareció una nicaragüense, Carmen Malespín y su familia, y se declaró dueña por herencia de la península entera. Presentaron un documento de herencia basada en un título de Lucas Sierra del año 1854. Desde ese momento comienza un proceso de compraventa de grandes extensiones de tierra entre la familia Malespín y las familias élites del país, incluyendo a algunos presidentes nacionalistas de turno (el expresidente Callejas tiene tierras en litigio en Zacate Grande desde hace una década), generando varios casos de doble-titulación en la cual el dominio pleno de las élites ha sido reconocido por encima del dominio del habitante por el Estado. Esta concentración de propiedades produjo en la región un sistema en la cual muchas de las funciones soberanas del estado son asumidas por los grandes terratenientes de la región, entre ellos las familias de la oligarquía nacional: Facussé, Nasr, Atala, Callejas, Casís Leiva, y Gutiérrez. Sin embargo, el uso de las tierras privatizadas no ha sido en su mayor parte la producción agrícola sino la construcción de casas vacacionales, las llamadas “mansiones de los ricos” de estas familias (a tal grado que la comunidad de Coyolito se empezó a llamar “El Club de Coyolito” o “El Club de los Ricos de Coyolito”). 277 Beth Geglia En particular, Miguel Facussé,15 quien compró las extensiones más grandes de tierra de la familia Malespín en una serie de compraventas entre 1982 y 1987, tiene cercado al cerro de Zacate Grande como una reserva natural, prohibiendo tanto la entrada de las personas como la producción agrícola. Como describe una mujer de Puerto Grande, la llegada de Facussé a las comunidades fue pacífica hasta empezar el acaparamiento: Así decía [mi abuela], ah pues en el tiempo de Callejas ahí repartían churros, espaguetis, jabón en los tiempos y la gente alegre, pues como siempre la misma pobreza, unas cositas que le dan a uno, se alegraba, pero nunca pensábamos que el objetivo de él fue, o cuál era. Entonces, nosotros cuando íbamos a encerrar las vacas, siempre nos escapamos ahí, mi abuela nos reclamaba, porque andábamos ahí, decía, pero uno nunca pensó que el objetivo de ese señor era cercar todo eso. Entonces cuando se dio eso, ahí estaba cipota todavía yo, porque hace 16 años ya, cuando empezó a querer cercar todo, porque lo venía a cercar todo, pero como la gente se levantó y un grupo de personas fuimos a detener lo que es la malla, y por eso quedó hasta ahí. Si no, hubiera cercado toda la península, y de ahí se vino el conflicto. Ya él sacó las garras, como dicen, y ya se fue posesionando de casi todo. La gente del cerro, él los sacó a punto de pistola, como los viejitos que iban a sembrar maíz al cerro, él los mandaba a amenazar. Porque al abuelo de Raúl, lo amenazó, que sembraba maíz en un lado que dicen él lo mandó a sacar como la guardia de él, y a punto de pistola, y el señor ahí está, todavía vivo. Ya está bien viejito él, pero se acuerda.16 A partir de esto, habría una serie de confrontaciones entre grupos organizados de las comunidades y los trabajadores de Facussé y la policía en las cuales salieron golpeados y heridos varios miembros de la comunidad. La reacción inicial de los habitantes logró que las comunidades mantuvieran sus casas, aunque con las familias bloqueadas de una gran parte de la tierra donde producían. Sin embargo, con el tiempo, Facussé llegó a ejercer un poder de facto en la zona, reemplazando en muchas ocasiones a la figura del Estado, pero replicando sus prácticas clientelistas. A través de la Fundación Miguel Facussé, ha realizado obras de desarrollo local, la construcción de parques de 15 Miguel Facussé era dueño de la empresa Dinant, más conocida por las acusaciones de su involucramiento en la represión y asesinato sistémico de campesinos en el Valle del Aguán donde produce palma africana. Después de su fallecimiento en 2015, la empresa y las tierras quedaron en nombre de sus familiares. 16 Entrevista propia, 2016. Puerto Grande, Amapala, Honduras. 278 Ciudadanía en disputa: ciudades privadas, resistencia... recreo, escuelas, proyectos de agua potable (este último con la ayuda de la ONG internacional Global Brigades y la corporación municipal17), además de regalar cuadernos, materiales escolares, y productos alimenticios producidos por su empresa Dinant en el norte del país. Las guardias privadas de Facussé patrullan la zona y según testimonios, han hostigado, amenazado y golpeado a personas asociadas con la organización campesina. Además, asumió el papel del catastro en otorgar títulos de dominio útil (ADEPZA ha denunciado que estos son solo extensiones reducidas para las casas y no incluyen a los solares/ huertas) a cientos de familias de Zacate Grande. Según varios testimonios, las titulaciones se han instrumentado como una herramienta de disciplina y control social, que se entregan a cambio de lealtades y provocan divisiones entre los vecinos. Las entregas de títulos se han hecho a través de eventos públicos con la presencia de los medios de comunicación y con la venia del alcalde municipal. Mientras en la Isla del Tigre están los proyectos asistencialistas del Estado, como el programa de vivienda “Vida Mejor” del actual presidente Juan Orlando Hernández, la Fundación Miguel Facussé es la que más se encarga de construir casas básicas para algunos beneficiados en la península de Zacate Grande. Haciendo énfasis en su rol como “ambientalista”, Facussé convirtió al bosque que colinda con la calle principal en una reserva de animales en peligro de distinción, como el venado de cola blanca y el avestruz. Asumir esta postura conservacionista permitió que Facussé discursiva y legalmente criminalizara la actividad agrícola y, por lo tanto, a los agricultores como “destructores” del medio ambiente. Después del golpe de estado en 2009, utilizó la figura de “daños al medio ambiente”, entre otras, para demandar a más de treinta miembros de las comunidades por usurpación y la supuesta quema de tierras. En el marco del aumento de movilizaciones después del golpe de estado, la respuesta de las comunidades de Zacate Grande ante la detención de estas personas fue bloquear la carretera durante una semana, logrando que los acusados salieran con medidas de la corte. El uso de la criminalización y la apropiación del ecologismo han generado un parámetro discursivo en la cual la pertenencia territorial gira alrededor del cuidado –o el supuesto cuidado– del medio ambiente, y ha puesto a los habitantes del territorio en una posición de tener que denegar el uso productivo de la tierra para reclamar la ciudadanía. 17 “Más de 400 familias serán los beneficiados con proyecto de agua potable”, La Tribuna, 10 de diciembre, 2015 http://www.latribuna.hn/2015/12/10/mas-de-140-familias-beneficiadas-con-proyecto-de-agua-potable/ 279 Beth Geglia RESISTENCIA COTIDIANA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO-TERRITORIO Uniendo al concepto de Scott (1985) de las “resistencias cotidianas” con el concepto de la producción cotidiana del espacio (Lefebvre, 1991) podemos ver cómo algunas de las estrategias cotidianas de supervivencia en Zacate Grande son también actos de resistencia, producen el espacio físico y, simbólicamente, por lo tanto, producen la territorialidad. Ante la criminalización de la agricultura, el acto de seguir produciendo la tierra se convierte en una apropiación territorial. Muchos habitantes de la península insisten en producir maíz, frijoles, y melones en tierras que el estado ha reconocido en nombre de Facussé o que siguen en litigio. Van a sacar leña del cerro, aunque esté prohibido. Construyen nuevas casas o hacen ampliaciones de las suyas en tierras que están en litigio. Al hacer esto no solo declaran su existencia ante una especulación territorial que tiende a borrarlos sino reivindican el derecho al patrimonio natural de Zacate Grande y rechazan que la tierra sea propiedad privada. El acto de resistir produciendo se vuelve colectivo cuando ADEPZA comienza su programa de desarrollo integral en la cual desarrollan a cuatro cooperativas agropecuarias (lagunas para la producción de pescado y camarones) en tierras apropiadas por Facussé. Al principio, era necesario que los vecinos hicieran guardia en las lagunas las 24 horas para evitar el desalojo; incluso, algunos traían a familias e hijos a dormir a sus orillas en turnos. Estas cooperativas hoy son poco estables económicamente, pero representan parte del planteo de posibilidad y la propuesta de otro desarrollo, con democracia, la propiedad común, y la participación de la mujer como eje principal. ADEPZA utiliza a tierras privatizadas para hacer campos de fútbol donde luego organizan torneos en los cuales compiten equipos de cada aldea (hay una liga para jóvenes y una para adultos). En 2010 inauguraron la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande también en tierras en litigio en la aldea de Puerto Grande, lo cual se ha convertido en un espacio fundamental de lucha, de divulgación de información, y de encuentro. La radio fue allanada por la policía dos veces (2010 y 2011) y los voluntarios de la radio fueron acusados de usurpación por Facussé; ahora tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ADEPZA también utiliza tierras en disputa para organizar concursos musicales. Dado el papel importante que ha asumido la música de cuerda, tradicional de la zona, el concurso de música es, a la vez, una actividad recreativa, una recuperación de espacio y un medio de contar y compartir narrativas territoriales alternativas. 280 Ciudadanía en disputa: ciudades privadas, resistencia... Las canciones como trasmisores de estas narrativas son claves para fomentar una identidad y subjetividad territorial. Para dar unos ejemplos, tomamos la letra de tres canciones escritas y ejecutadas por el grupo Los Alegres del Sur. Primero, “Hoy les Canto”; segundo, “Patrimonio Mío”; y tercero, “Tío Mike (en referencia a Miguel Facussé): “Hoy Les Canto” Hoy les canto en esta canción/ porque quiero recordar la historia/ del principio de la población/ de la gente que habita esta tierra/ Hace más de cien años llegaron/ gentes buenos y el pueblo fundaron/ pero jamás se imaginaron/ que algún día los ricos llegarían/ Hoy les canto en esta canción/ porque quiero recordar la historia/ del principio de la población/ de la gente que habita esta tierra/ Millonarios que compran los jueces/ con dinero que roban al pueblo/ roban playas y también la tierra/ metan presos a sus propios dueños/ Hoy les canto en esta canción/ porque quiero recordar la historia/ del principio de la población/ de la gente que habita esta tierra. “Patrimonio Mío” [Coro: Tierra de mi pueblo/ patrimonio mío/ es Zacate Grande, isla que da vida/ Si intento abandonarla/ no sé qué pasaría/ si intento abandonarla/ mejor me moriría/] Hace algunos años/ llegaron los ladrones/ diciendo que estas tierras/ les pertenecía/ que las habían comprado/ como en la garantía/ a una supuesta dueña/ que nadie conocía [coro] Compran unos jueces/ alcaldes, diputados/ y hasta gobernadores departamentales/ la gente apresada/ sin mucha garantía/ y ahora la fiscalía busca la mayoría/ de estos inocentes/ que luchan por la vida [coro] Y fueron despojando/ a muchos pobladores/ los atemorizaban / con la policía/ la pobre gente humilde/ en las patrullas subían/ y no se imaginaban/ que jamás se volverían [coro] Aquí estamos unidos/ para empezar la lucha/ creemos que el poder/ jamás nos va a vencer/ vamos recuperando lo que nos van quitando/ la oligarquía/ de la patria mía [coro] “Tío Mike” El pueblo tenía una isla/ en el Golfo de Fonseca/ Pero vino Tio Mike/ La mitad se la robó/ [Coro: Tío Mike menea la colita, Tío Mike menea la colota/ Tío Mike menea la colita, Tío Mike menea la colota/ Tío Mike hablaba bien/ y estaba recién llegado/ el pueblo que lo aplaudía/ no sabía que le esperaba [coro] Tio Mike es machiavelo/ trataba de dividirnos/ pero el pueblo entendía/ todititas sus mentiras [Coro] Tío Mike daba dinero/ a algunas periodistas/ pero los independientes/ no 281 Beth Geglia se compran ni se venden! [Coro] El pueblo no soportaba que Tío Mike le hostigara/ vino y se organizó/ y su cola le cortó [coro] Hoy con su cortado/ anda loco Tío Mike/ Le dieron palo en el Aguán/ también en Zacate Grande! [coro] Estas pequeñas apropiaciones territoriales se pueden entender como parte de la construcción de una “ciudadanía agraria” en la cual “la participación política, la producción local de alimentos, y la administración ambiental redefinen la constitución de la relación entre tierra, estado, y sociedad rural” (Wittman, 2009). Tanto en la vida cotidiana y la producción, como en la resistencia cultural y organización, la lucha pasa de ser una defensa del territorio (una respuesta al despojo) a una construcción activa de territorio y, por lo tanto, de ciudadanía. Así es que el movimiento pro-tierra de Zacate Grande se niega a ser sujetos territoriales del soberano privado (en la figura del terrateniente) pero a la vez resaltan y rechazan a los “jueces comprados” y un sistema judicial al servicio del privado y cómplice en su subyugación. En este sentido, y en varias prácticas de no-reconocimiento del estado, los de Zacate Grande adoptan sin intención explícita, rasgos autonomistas. Ante las demandas criminalizadoras contra los campesinos, hay prácticas de deslegitimización de las cortes por parte de los habitantes, en formas pequeñas como no cumplir con medidas otorgadas a riesgo del encarcelamiento, o rechazos más directos, como se ve en esta carta reproducida abajo, escrita en el año 1993 por parte del patronato de la aldea “El Zope”, en respuesta a las acusaciones de usurpación puestas en contra de cuatro miembros del patronato por los representantes legales de Carmen Malespín: “Juez de Letras Seccional Amapala, Valle Su Despacho La presente es para decirle lo siguiente, en relación a la cita que este Juzgado ha hecho a varias personas de esta comunidad, a petición del Abogado [redactado], apoderado legal de la Sra. Carmen Malespín; queremos decirle que nadie se hará presente porque pasamos trabajando. Si estos señores quieren algo con nosotros los esperamos en nuestra aldea. Nosotros somos pobres y no podemos comprar las leyes por tal motivo estamos dispuestos a defendernos en nuestra aldea como hombres con los blanquillos en su puesto. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de defender nuestros derechos. Vamos a imponer nuestras propias leyes porque es tiempo que los pobres nos demos a respetar, y le pedimos a Usted, señor Juez, que 282 Ciudadanía en disputa: ciudades privadas, resistencia... por favor nos deje solos en este asunto y nos permita que como personas pobres nos defendamos sin permitir Usted presiones de nadie. Con todo respeto lo saludamos”.18 Otros ejemplos de estos rasgos que se encuentran en las formas de resistencia en Zacate Grande son el acto de permanecer en las comunidades y así desobedecer a la tenencia oficial (amparada por las cortes) de la tierra, la construcción de comités comunitarios y procesos democráticos propios ante el clientelismo de la alcaldía, rechazar la presencia de oficiales del catastro en sus solares para evitar que estas sean medidas (viendo al catastro en sí como parte del aparato de legibilidad estatal que busca medir las tierras para comercializarlas), entre otros. CONCLUSIONES Se puede entender a Zacate Grande ya como territorio excepcional y, por lo tanto, se puede entender a las “zonas de excepción” como tecnología neoliberal (en este caso, la ZEDE) como una excepción que se impone sobre otras excepcionalidades. Este mismo proceso de privatización, la concentración de tierras, y despojo territorial en Zacate Grande previa a la ZEDE es un precursor clave en la violenta construcción de un espacio abstracto, asequible, e invertible en el imaginario del capital global. El proceso organizativo y la experiencia del movimiento campesino en Zacate Grande, por otro lado, construye una resistencia a estos modos de despojo, tanto anteriores como nuevos. Sobre la ZEDE, ADEPZA dice lo siguiente: Luchando por reconstruir nuestra patria, es pues la continuación de un largo pero entusiasta camino, en donde como hermanos juntos en un mismo sentir defenderemos el territorio y como dice el padre Nino “por la defensa de la vida”. No nos queda más que decir que mañana y todos los días debemos ser propositivos/as, no se trata solo de protestar sino de proponer soluciones porque hay una realidad y es que nuestro pueblo está pobre y el centro de esta lucha no es la derogación de las ZEDE sino la construcción de un verdadero desarrollo que sea sostenible, que respete nuestra cultura, que realmente sea para los pobres. Con este enfoque que pone el gobierno pretende seguir desarrollando a la clase político empresarial pero nuestra propuesta es que desarrollemos a la gente de tierra adentro. No estamos 18 Los nombres han sido eliminados para resguardar el anonimato. Fuente: archivo personal habitante de El Zope. Accedido en mayo, 2016. 283 Beth Geglia en contra del puerto en Amapala sino de la manera como se está proponiendo que solo traerá desalojo y más pobreza (ADEPZA, 2014).19 En su rechazo a la ZEDE y a la privatización territorial en sí, resisten el respaldo a una soberanía anémica del Estado-nación. En cambio, el proceso de lucha en Zacate Grande ha iluminado e interrogado desde las márgenes del Estado-nación, al estado concesionista y oligarca. A su vez, proponen y visualizan otra territorialidad que, en vez de codificar la dicotomía estado-capital, produce otras construcciones de la ciudadanía y la soberanía popular, abriendo y sosteniendo el imaginario de nuevas posibilidades territoriales. La relevancia de su resistencia ante la ZEDE está en la construcción territorializada de la vida y del ser humano, el arraigo, y el rescate del concepto de patrimonio común, elementos imprescindibles ante la territorialización de las estrategias capitalistas. BIBLIOGRAFÍA Bach, J. (2011). Modernity and the Urban Imagination in Economic Zones. Theory, Culture & Society 28(5) 98-122. Banerjee-Guha, S. (2008). Space Relations of Capital and Significance of New Economic Enclaves: SEZs in India. Economic and Political Weekly. 43(47) 51-59. Brenner, N. y N. Theodor. (2002). 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Este fenómeno trae como consecuencia una elevada exposición de vidas humanas e 1 Este artículo deriva de los resultados de la tesis doctoral “Imaginarios y territorialidades pesqueras en disputa: Lecturas desde la ecología política para la interpretación de los procesos de apropiación del territorio marítimo-costero del seno de Reloncaví, Chile”, realizada para optar al grado de doctor en Ciencias Humanas, mención discurso y cultura por la Universidad Austral de Chile y fue financiada por el CONICYT-PCHA/Doctorado Nacional/2014-21141095. 2 En la actualidad, el litoral chileno alcanza cerca de 84 mil kilómetros de zonas costeras expuestas y es el décimo país con mayor zona económica exclusiva y el octavo productor de captura marina a nivel mundial, con un 2,7% aprox. (Caro, 2015; Carrere, 2018; FAO, 2014; Fundación HBS Cono Sur, 2018; González, 2013). 287 Alejandro Retamal Maldonado y César Pérez Guarda infraestructura costera a amenazas naturales (Andrade, Arenas y Gijón, 2008; Martínez et al., 2019). A pesar de ser un espacio singular de funcionamiento sistémico (Martínez et al., 2019), en nuestro país no ha sido fácil reconstruir el desarrollo de las principales actividades de la zona litoral (Camus et al., 2017), principalmente debido a que “la historia de Chile se ha escrito de tierra adentro, de espalda al mar” (Godoy, 1988, p. 46). Pero, de un tiempo a esta parte, las zonas costeras de nuestro país experimentan trasformaciones profundas desde el punto de vista socioterritorial, producto de “procesos de antropización intensos” que han ocasionado una serie de consecuencias sobre este territorio, sobre todo en materia relacionada al deterioro de los ecosistemas marinocosteros (Martínez et al., 2019). En los últimos veinte años la demanda por el borde costero nacional ha aumentado para el desarrollo de actividades de tipo productivas. Con el propósito de ordenar la convivencia y hacerlas más rentables, el Estado chileno ha realizado un proceso de territorialización, que coincide con las políticas neoliberales para el desarrollo territorial y el control socioambiental de los espacios marítimo-costeros (Martínez, Martínez, Paredes y Cienfuegos, 2020; Tecklin, 2017). De esta manera, el aumento del uso del litoral implica nuevos desafíos y problemas de gobernanza costera que requieren medidas de participación efectiva del Estado como los actores involucrados. Para ello, se crean y asignan derechos de uso sobre el borde costero, conocido también como “proceso de propertización” (Tecklin, 2017, p. 122), los cuales demarcan no solo un espacio físico, sino también el terreno político e imaginario que las encauza. 288 Tensiones y conflictos socioterritoriales en el... Imagen 1. Mapa ubicación seno de Reloncaví. Elaborado por Pablo Loyola, geógrafo En el caso del territorio de estudio, el seno de Reloncaví3, las formas de vida tradicional, de fuerte arraigo al territorio litoral, se han visto en conflicto en las últimas décadas por una serie de 3 Ubicado en la región de Los Lagos, Chile, el seno de Reloncaví es una extensa masa de agua que corresponde a un sistema estuarino, semicerrado e influido fuertemente por el régimen de mareas. Presenta, además, un fiordo que se interna en la cordillera andina en su sección nororiental. Se caracteriza por presentar una zona intermareal amplia, que supera los ocho metros en algunos sectores. La combinación de aguas costeras e interiores (fiordos, esteros, bahías) con la zona oceánica, consti- 289 Alejandro Retamal Maldonado y César Pérez Guarda acciones públicas y privadas que promueven actividades marítimas industriales, principalmente asociadas a la acuicultura.4 Estas actividades contribuyeron a transformar la base material e inmaterial de las comunidades pesqueras y también locales, producto del posicionamiento de imaginarios de la racionalidad instrumental que busca promover lógicas de carácter empresarial y de competitividad, en circunstancias que existe una diversidad de otras lógicas y prácticas tradicionales, vinculadas a imaginarios ambientales5, necesarios para la cogestión y sustentabilidad de los recursos marinos (Retamal, 2019). En este sentido, el propósito central de este artículo es dar cuenta de algunas tensiones y conflictos socioterritoriales que se generan, principalmente, a partir de la intensificación de actividades marítimas que se desarrollan en la zona costera del seno de Reloncaví, las cuales serán presentadas bajo las siguientes dimensiones: derechos de uso del borde costero, acuicultura (salmonicultura y mitilicultura), sobreexplotación pesquera y residuos domiciliarios e industriales. Antes, se darán a conocer antecedentes para hacer una lectura de estos fenómenos a partir de la ecología política y su relación con un territorio costero-marino. Se finaliza con una reflexión en torno a la reconstrucción de una racionalidad ambiental para el seno de Reloncaví, entendiendo que es un territorio donde la racionalidad tecno-económica también tiene una historia de dominio y apropiación que no ha sido del todo visibilizada por los estudios territoriales elaborados desde las ciencias sociales. tuyen zonas naturales con presencia de especies de diverso origen (oceánico, costero, pelágico, demersal e intermareal), presentando una gran riqueza y abundancia de recursos marinos (Durán, 2006; IFOP, 2011; Munita, 2017). 4 La FAO (2014) define acuicultura como “El cultivo de organismos acuáticos, es decir, de peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. El cultivo supone alguna forma de intervención en el proceso de cría para aumentar la producción como, por ejemplo, el almacenamiento periódico, la alimentación, la protección frente a los depredadores, etc. El cultivo también conlleva la propiedad individual o empresarial de la población que se cultiva y la planificación, el desarrollo y la utilización de sistemas, emplazamientos, instalaciones y prácticas de la acuicultura, así como la producción y el transporte”. 5 Por ejemplo, en las áreas rurales del Reloncaví prevalecen modelos consuetudinarios de vinculación entre actividades de la tierra y el mar, garantizando el acceso flexible y distribución equitativa de los recursos costeros; aspecto no menor, considerando que desde este modelo se propician estrategias integradoras para la conservación de especies y manejo sustentable del ecosistema marítimo-costero (Skewes, Álvarez y Navarro, 2012). 290 Tensiones y conflictos socioterritoriales en el... ECOLOGÍA POLÍTICA EN TERRITORIOS COSTERO-MARINOS Para “geo-grafiar” los alcances de la expansión y acumulación de la racionalidad capitalista en el seno de Reloncaví, la ecología política se convierte en una herramienta de apoyo para cuestionar la instrumentalización mercantil de la naturaleza y visibilizar los perjuicios desde el punto de vista ambiental, social, ecológico y cultural en esta zona. Asimismo, permite generar acciones de resignificación de las comunidades locales afectadas, debido a que tienen la posibilidad de problematizar las relaciones desiguales de acceso de los recursos pesqueros, la degradación de los ecosistemas costeros y los procesos de desterritorialización que provocan los servicios y actividades marítimas industriales presentes en el borde costero del Reloncaví; todo esto mediante el análisis de las relaciones de poder de las intervenciones humanas sobre la naturaleza de estos territorios y que se posicionan por medio de dispositivos teóricos, técnicos y discursivos (Alimonda, 2006; Escobar, 2016; Leff, 2016, 2017). En este artículo, la categoría conceptual de territorio cobra sentido en la medida que los temas atinentes a la espacialidad humana son elementos indisociables de su condición y de la vida en sociedad (Haesbaert, 2011, 2013). Hoy, hablar de territorio implica traspasar la frontera disciplinar de la geografía debido a que se posiciona como un concepto clave en otras áreas del conocimiento, principalmente de las ciencias sociales. De esta manera, el territorio es un espacio multidimensional, donde se destaca a los actores sociales y su despliegue relacional, tanto en la construcción y producción de la relaciones entre humanos y la naturaleza (Bustos, Prieto y Barton, 2017; LlanosHernández, 2010; Raffestin, 2011). Para Haesbaert (2011, 2013) las definiciones de territorio van desde un espacio que tiene un acceso controlado a otras más idealistas que enfatizan su dimensión cultural. Más conveniente sería pensarlo como un continuum, vale decir que “no existe un espacio social que pueda prescindir completamente de su dimensión simbólica o funcional” (Haesbaert, 2013, p. 27). Donde hay cierto consenso es en su articulación a la concepción de poder. El territorio es aquella manifestación espacial del poder fundamentada en relaciones sociales de carácter múltiples y por lo general asimétricas. En ese sentido, está siempre vinculado con el poder y el control del espacio a través de procesos sociales y naturales que pueden facilitar o condicionar los procesos de desarrollo (Haesbaert, 2011, 2013; Raffestin, 2011). Por lo tanto, parafraseando a Haesbaert (2013), el uso de las zonas costeras entreteje múltiples ejercicios de poder que van desde el dominio político y económico de grupos hegemónicos, pasando por la apropiación simbólica y cultura de pueblos 291 Alejandro Retamal Maldonado y César Pérez Guarda subalternizados. Pero también pueden observarse a partir de los procesos de desterritorialización de comunidades locales. El despliegue de las relaciones de poder en el territorio se conoce como la territorialidad. Este concepto tiene que ver con la delimitación y el establecimiento de un control sobre un área geográfica. Para efectos de este artículo, interesa profundizar en las formas de territorialidad en el borde costero como estrategia que usan los individuos y/o grupos para controlar los recursos y comportamientos en un territorio litoral. La territorialidad define una relación individual y/o colectiva con el territorio, relación que no está exenta de tensión, sobre todo cuando ciertos tipos o formas de territorio imponen comportamientos dominantes que amenazan las identidades colectivas, que no es otra cosa que intentar colonizar la territorialidad (Di Meo y Buelon, 2005; Giménez, 1996; Haesbaert, 2011, 2013; Raffestin, 2011; Sosa, 2012). En el caso de los estudios sobre territorios y la territorialidad costera-marítima, estos han privilegiado las explicaciones desde las ciencias biológicas y económicas a través de informes técnicos sobre las dinámicas extractivas y marinas, de producción y comercialización de sus recursos (McGoodwin, 2002; Solís y Díaz, 2018). Si bien en el último tiempo ha habido un interés de las ciencias sociales por analizar las formas de trabajo y vida de las sociedades y comunidades litorales, estas aún no logran ser un tema prioritario para la investigación social; salvo en la antropología social que, por medio de la antropología marítima, analiza las prácticas socioculturales y comportamientos de pescadores y otros colectivos que habitan o se vinculan cotidianamente a estos espacios (Marugán, 2013; Peláez, 2015; Rubio-Ardanaz, 2010). Entre los motivos del escaso interés analítico de las ciencias sociales en estos territorios se destacan: la alteridad y marginalidad de lo marítimo, considerando que sus labores están fuera del espacio físico de fácil acceso. Por ejemplo, en el caso de comunidades pesqueras6, su mayor presencia se encuentra en el campo y se tiende a incluir en estudios sobre poblaciones rurales. Por último, los distintos tipos de pesca están fuera de la uniformidad pesquera industrial dominante que ha impuesto el discurso de la modernización. En América Latina, la situación ha cambiado en el último tiempo. Existe hoy un mayor interés sobre los territorios marítimo-costeros, lo que se expresa en el aumento de investigaciones sociales en temáticas 6 En el caso particular de los estudios pesqueros, se distinguen al menos tres enfoques: el materialismo histórico, la ecología cultural y las investigaciones que intentan converger los dos enfoques anteriores (Peláez, 2015). 292 Tensiones y conflictos socioterritoriales en el... tales como la importancia de la configuración ambiental de los espacios marinos y sus agentes interventores, las regulaciones estatales y su impacto en la actividad pesquera y, por último, los conflictos como los sectores productivos vinculados al mar frente a los modelos hegemónicos de desarrollo económico orientados hacia el mercado internacional. Otros temas de investigación en esta área han sido la participación de las mujeres en la pesca, los oficios y saberes, y la participación familiar (Alcalá, 2011; Peláez, 2015). Si bien existen estudios sociológicos sobre este espacio costero, aún falta mucho por hacer, considerando las múltiples relaciones sociales y de poder que están presentes en las actividades desarrolladas en este lugar (Marugán, 2013; Peláez, 2015). Una sociología del territorio litoral encontraría un espacio fértil en estos lugares, en la medida en que presentan una multiplicidad de actores y prácticas que se alejan de los modelos tradicionales y hacen que la vida en este lugar sea cada vez más compleja y cambiante. Ante esta situación, esta disciplina podría posicionar una línea de estudios sobre el litoral como temáticas relevantes en sus programas investigativos, debido a que en estos territorios se desarrollan prácticas sociales con características únicas que la diferencian de otras realizadas en el campo o ciudades alejadas de la costa, más allá de que sean parte de fenómenos globales y regionales en común (Marugán, 2013; Rubio-Ardanaz, 2010). Es de esperar que este interés siga en aumento y existan más investigadores sociales dedicados al estudio de los territorios costeros y marítimos, dado que estos tienen tiempos y dinámicas propias (Marugán, 2013; Rubio-Ardanaz, 2010). Es más, el espacio litoral siempre ha sido un lugar de encuentro para comunidades humanas y no humanas. Por lo tanto, al momento de analizar las territorialidades marítima-costeras, hay que hacerlo bajo una mirada comprehensiva y considerar tanto las prácticas culturales pasadas como el comportamiento y transformaciones de la naturaleza, con el objeto de encontrar relaciones de reciprocidad, dominación y resistencias que permitan examinar acciones futuras sustentables para estos espacios (Rubio-Ardanaz, 2010; Skewes, Álvarez y Navarro, 2012). En el caso de este trabajo, desde un análisis sociológico se profundiza en el panorama crítico que presentan los territorios litorales con la expansión sostenida de las concesiones para fines industriales. En ese sentido, será posible observar un proceso de acumulación por desposesión (Harvey, 2004), y de manera específica, desposesión por regulación (Guerra y Skewes, 2010), toda vez que la multiplicación de las concesiones solicitadas y entregadas por las autoridades a grandes empresas (pesqueras, acuícolas) desplazan a las comunidades locales 293 Alejandro Retamal Maldonado y César Pérez Guarda de los territorios que antes ocupaban, y, además, reducen sus ámbitos de acción.7 Este proceso de desterritorialización es más paradójico aún al observar que estas acciones son parte de las estrategias de desarrollo para los territorios locales, que propician relaciones asimétricas entre sociedad y naturaleza. LAS DISPUTAS EN EL LITORAL DEL SENO DE RELONCAVÍ Si bien dentro de la zona sur de Chile, Puerto Montt es una ciudad relativamente joven (fundada a mediados del siglo XIX, a diferencia de otras ciudades como Valdivia, Osorno y Castro que datan del período colonial), en el marco de la reforma político-administrativa impulsada por la dictadura militar a fines de 1970 se la señala como ciudad cabecera del seno de Reloncaví, y es nombrada como capital de la región de Los Lagos. Con ello se reafirma su ubicación geopolítica y se consolida como centro de gestión y de servicios que articulará la vinculación de la zona sur austral del país. Luego, con la profundización del modelo extractivista en la década de 1980, en la zona del Reloncaví se desarrollan las industrias de la silvicultura, la celulosa y principalmente la acuicultura. Esta última, sobre todo de la mano de la salmonicultura, se convierte a finales del siglo XX, en el motor de la economía regional y una fuente importante de empleo, aunque bajo formas de producción insostenibles para los ecosistemas marinos donde se desarrolla (Pladeco, 2016). En la actualidad, los distintos ecosistemas del seno de Reloncaví se ven tensionados por una variedad de actividades que son desarrolladas por agentes públicos y privados. Estas actividades tienen un impacto directo sobre este territorio y producen, unas más que otras, un quiebre en el equilibrio ecosistémico, al punto de tener al borde del colapso ambiental algunas zonas del Reloncaví (Fuentes, 2013; Romero, 2008). En ese contexto se analizarán las principales tensiones y conflictos socioterritoriales que generan las actividades desarrolladas en el seno de Reloncaví a partir de las siguientes categorías: derechos de uso del borde costero, acuicultura industrial, sobreexplotación pesquera y residuos domiciliarios e industriales. 7 A nivel nacional existe un nuevo proceso de desposesión que está ocurriendo a través del intento de privatización del borde costero. Actualmente, existe en el parlamento un proyecto de ley que busca traspasar su jurisdicción desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales. Esto, junto a un plan de licitación de terrenos fiscales presentado por Bienes Nacionales, da cuenta de una voluntad política, influenciada por el discurso desarrollista de la Cámara Chilena de la Construcción, de privatizar el borde costero por medio de su venta a privados (Cambio 21, 2018). 294 Tensiones y conflictos socioterritoriales en el... DERECHOS DE USO DEL BORDE COSTERO Entre los bienes nacionales de uso público se destaca el borde costero, que es propiedad de todos los chilenos.8 Para resguardar el funcionamiento y buen uso de este espacio, existen diversas normativas que actúan en el ámbito de competencia de dominio marítimo, aprovechamiento de recursos, uso de suelo y protección al medio ambiente. Pero no existe un plan maestro para articular las diferentes actividades que se desarrollan en el borde costero y de los agentes de servicios públicos que intervienen en estos ámbitos de acción, propiciando un conocimiento sectorial y parcializado del litoral (Fuentes, 2013). Para el análisis de esta dimensión nos centraremos en la problemática que genera en las comunidades costeras la proliferación de las concesiones.9 Estas figuras pueden entregarse para uso y explotación de personas naturales y jurídicas mediante dos tipos de regímenes: las concesiones marítimas, aplicable a cualquier actividad que requiera de estos bienes y que no sea la acuicultura, y las concesiones de acuicultura, régimen especial al que se somete la actividad de acuicultura (Fuentes, 2013). En el seno de Reloncaví, las principales concesiones se concentran en actividades acuícolas, actividades industriales marinas, desarrollo de actividades portuarias-pesqueras y las relacionadas al turismo. En cuanto a su distribución, las concesiones marítimas de desarrollo industrial, de actividad portuaria y de desembarque pesquero se ubican, preferentemente, en el sector noroeste del Reloncaví, en la zona de Chinquihue, Panitao y, en menor medida, en Bahía Ilque. Por su parte, las concesiones acuícolas para salmonicultura y mitilicultura (captura y engorda) se distribuyen por todo el Reloncaví, y las concesiones de algas (cuyos titulares son pescadores u organizaciones del sector) predominan en el borde costero de la carretera austral (Pelluco, Pelluhuín y Coihuín). Las actividades de turismo se concentran en la ciudad de Puerto Montt y, en particular, las de turismo de intereses especiales (TIE) en el sector suroeste, conocido como carretera austral (Retamal, 2019). Estas concesiones se encuentran en todo su borde costero, generando problemas de distribución ecológica y distribución cultural. 8 El Decreto Supremo N° 475 del 14 de diciembre de 1994 establece la Política Nacional del Uso de Borde Costero (PNUBC), que ordena la coordinación necesaria para la administración del borde costero, definiendo a este como “El mar territorial, la playa y los terrenos de playa hasta una distancia de 80 metros de la línea de más alta marea” (Fuentes, 2013). 9 El funcionamiento y buen uso de las concesiones está regido por la Ley de Concesiones Marítimas del año 1960 y la Ley de Pesca y Acuicultura del año 1991, sus modificaciones y reglamentos correspondientes. 295 Alejandro Retamal Maldonado y César Pérez Guarda Uno de los principales inconvenientes que genera la proliferación de concesiones es la limitación de movilidad de la comunidad local por el borde costero del Reloncaví, especialmente para los pescadores, que años atrás tenían libre acceso a sus playas y aguas. En el caso de las concesiones de acuicultura, estas se emplazan en lugares que reúnen condiciones favorables y en ocasiones se ubican en zonas de bancos naturales de diversas especies marinas, situación que genera algunas tensiones con pescadores artesanales que han visto coartada su actividad extractiva. Peor aún es cuando estas concesiones son para la salmonicultura, ya que deterioran la calidad de las aguas y el fondo marino (Romero, 2008). Estos daños al ecosistema marino serán analizados en el siguiente espacio. Ante tal situación es necesario tener en cuenta que la cultura económica bordemarina del seno del Reloncaví se ve ampliamente resentida por la intensificación del número de concesiones. Estas prácticas bordemarinas se realizan desde tiempos ancestrales y consisten en un sistema de apropiación de la interfaz del ambiente marino y terrestre (Saavedra, 2016; Skewes, Álvarez y Navarro, 2012), que combina las labores de pesca y la recolección de orilla (mariscos y algas) con otras actividades de subsistencia, entre las que se destacan las de carácter agrícola (horticultura), crianza de animales, artesanía, pequeño comercio y las labores propias del hogar. Estas actividades siguen vigentes en la actualidad, sobre todo en sectores rurales, debido a que proporcionan insumos alimenticios y, en algunos casos, excedentes económicos para el grupo familiar. Además, la presencia de los sistemas de cultivo para la acuicultura (balsas jaulas para salmones y/o líneas, boyas y cuelgas para captura y engorda de choritos) en las aguas del Reloncaví cambian por completo el paisaje de este lugar. No solo afectan la calidad de sus aguas, sino que también tienen repercusiones negativas en la percepción estética tanto para lugareños como visitantes, en el desarrollo de actividades turísticas y para la navegación. Así también, las actividades turísticas que reúnen a gran cantidad de personas en zonas costeras pueden ser un foco de contaminación que afecta a las actividades realizadas por las comunidades del seno del Reloncaví (Romero, 2008). En el caso de las actividades portuarias, estas se caracterizan por ser lugar de intercambio y punto de encuentro entre diferentes medios de transporte terrestre y marítimo. En general, su ubicación responde a necesidades comerciales, como en el caso del puerto de la ciudad de Puerto Montt, que se ubica en la trama urbana cercana al centro de la ciudad, provocando en su espacio de emplazamiento y sus alrededores movimientos de transportes y maquinarias pesadas que afectan al tránsito vial y a la tranquilidad de las comunidades, sobre todo en zonas residenciales. 296 Tensiones y conflictos socioterritoriales en el... Por último, como corolario y ejemplo de la complejidad territorial, está la Ley N° 20.249 que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), que otorga a las comunidades indígenas la facultad de administrar un espacio marítimo consuetudinario, previa entrega de un plan de manejo y administración. En caso de superposición de solicitudes de concesión por otros actores, el ECMPO tiene prelación, y la única manera de que los demás actores puedan tener acceso y hacer uso de la concesión, es que la propia comunidad desafecte esa área. Un caso reciente en el seno del Reloncaví lo constituye el conflicto en la localidad de Panitao, comuna de Puerto Montt, donde existe una disputa en torno a concesiones y áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, superpuestas entre el sindicato de pescadores, el consorcio Oxxean10 y la comunidad indígena del sector que solicitó un ECMPO por aproximadamente 342 hectáreas, dejando sin efecto las demás concesiones sostenidas por la empresa y por el sindicato de pescadores. No obstante, la comunidad mapuche liberó parte de su concesión para que Oxxean pudiese desarrollar sus actividades industriales. No así con el sindicato de pescadores, con quienes mantienen relaciones de tensión y conflicto debido a esta razón. INDUSTRIA ACUÍCOLA (SALMONES Y MITÍLIDOS) La acuicultura en el seno del Reloncaví se realiza principalmente en base a dos actividades: la salmonicultura y la mitilicultura, siendo la primera de ellas la más extensiva y de mayor importancia y la segunda con un crecimiento sostenido durante este siglo. La industria salmonera se instala de manera estable en la década de 1980, en el contexto de los reajustes neoliberales impulsados por la dictadura militar. Su despliegue ha requerido una alta inversión en innovación y tecnificación que se traduce, por ejemplo, en el desarrollo de todos los ciclos de crecimiento del salmón, el aumento de los niveles de productividad y una rentabilidad económica favorable.11 En contraste, su modelo productivo ha generado daños severos en el ambiente marino donde se desarrolla y, en lo social, precarización de las condiciones laborales, a pesar de ser una de las industrias que genera más puestos de empleo en la región de Los Lagos (Rosales, 2006). 10 Grupo empresarial fundado en 1973, orientado al desarrollo de servicios marítimos, portuarios y logísticos para la región austral del país. 11 Estas y otras características le han permitido a esta industria llegar a ser el segundo mayor productor y comercializador de salmones a nivel internacional y, al mismo tiempo, el segundo sector económico a nivel nacional, después de la minería del cobre (El Mostrador, 30/8/2018). 297 Alejandro Retamal Maldonado y César Pérez Guarda En el aspecto ambiental, tres características son especialmente criticadas respecto de la gestión de la producción salmonícola: 1) la sobrepoblación de especies en las jaulas de crecimiento; 2) el uso excesivo de antibióticos y 3) la mortandad de salmones. Respecto de la primera, el gran volumen de biomasa producida ejerce una fuerte presión ecológica sobre el mar marginal, y en particular en el Reloncaví. Esta presión es más nociva si consideramos la proximidad excesiva entre los propios centros de cultivo que genera un impacto perjudicial para el medio marino. Se produce alteración de las comunidades bentónicas, disminución de su biodiversidad, aumento de la carga de nutrientes en las aguas litorales y, de manera más crítica, un desmantelamiento del fondo marino. Los sedimentos se cargan con altos niveles de materia orgánica proveniente de las deposiciones de los peces enjaulados y de los alimentos (pellets) que estos no alcanzan a ingerir y se van al fondo marino, y la columna de agua pierde sus niveles naturales de oxígeno, dando como resultado medios acuáticos anaeróbicos, incapaces de sostener la vida (Rojas y Wadsworth, 2008). El estrés y aglomeración de los salmones los hacen más propensos al contagio, y las enfermedades se trasmiten rápidamente al interior de los centros de cultivo y entre los mismos. Esto desemboca a su vez en la aplicación excesiva de antibióticos a los salmones. Tal como lo explica el bioquímico Romilio Espejo, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, en Chile se practica una aglomeración de peces por jaula que es hasta cinco veces mayor que en otros países, lo cual favorece el contagio rápido y la solución más común en la industria pasa por un empleo masivo de antibióticos, usando una cantidad mil veces mayor a la norma usada en Noruega (La Discusión, 29/8/2018). Por último, existen episodios de contaminación cada vez que existen mortandades de peces atribuidas a causas naturales. Las más recurrentes son las llamadas floraciones de algas nocivas (FAN), fenómenos que ocurren cada cierto tiempo bajo ciertas condiciones del medio acuático, y que consisten en la multiplicación y acumulación de microalgas de determinadas especies que resultan tóxicas al punto de provocar mortandades en peces y moluscos bivalvos. La muerte de salmones por este fenómeno genera emergencias socioambientales debido a que, tras cada episodio, las toneladas de peces muertos son depositadas en el mar, en ocasiones cerca del seno del Reloncaví con el riesgo de que sus compuestos tóxicos lleguen a la costa por efecto de las corrientes, amenazando así las actividades que se realizan en el seno y la salud de sus comunidades. Uno de los casos más recientes ocurrió con la FAN de marzo de 2016, que afectó a un total de 41 centros de cultivo de salmones, la mayoría del seno del Reloncaví que dejó un saldo de 39 mil toneladas de biomasa en descomposición (Greenpeace, 2018; Osorio, 2018; SoyChile.cl, 03/10/2016). 298 Tensiones y conflictos socioterritoriales en el... En el plano social, la salmonicultura introdujo alteraciones en el trabajo y en las relaciones. La salmonicultura de capitales extranjeros hizo su ingreso en la región colocando por delante la promesa de un ingreso fijo que conquistó a los pobladores de las comunidades locales. A los puestos de empleo con condiciones favorables (transporte desde el hogar al trabajo, bonos, etcétera) se añaden varios beneficios para captar la mano de obra, incluso la provisión de vivienda para sus familias. Esta estabilidad duró alrededor de una década. Con el tiempo, se dieron procesos de automatización y tercerización de las faenas que requieren menos mano de obra. Ante la crisis pesquera, los pescadores fueron uno de los grupos que más se volcó a trabajar en las salmoneras, sobre todo los más jóvenes. Esta actividad, en un principio, entregaba estabilidad, pero luego el pescador se transformó en un temporero de esta industria. Los procesos de la cadena productiva se dividieron y distribuyeron en empresas distintas. Es así como habrá empresas de transporte de empleados, otras de seguridad para los centros de cultivo, otras de faenado del salmón, entre otras, en contraste con el esquema anterior, donde la empresa asumía todas las fases de la producción, y los vaivenes económicos eran afrontados a través de mecanismos tales como la rotación de empleados, donde, por ejemplo, eran relocalizados a labores de seguridad o transporte, todo dentro de la misma empresa. Actualmente, ante una situación crítica se provoca el despido inmediato de una gran cantidad de trabajadores (Andrade, 2018). Un episodio ilustrativo de todos los problemas antes mencionados es el brote de virus ISA (anemia infecciosa del salmón) del año 2007. El virus llegó a contagiar a varios centros del seno del Reloncaví (su momento más álgido fue en el año 2008) y en 2009 aún existían centros afectados. La mortandad de peces y los cierres de centros afectaron de manera dramática tanto la producción como la oferta de empleo asociado al rubro a nivel regional (Arestizábal, 2012). En cifras, se estiman unos 17 mil despidos y pérdidas económicas para las empresas por 600 millones de dólares, todo en la región de Los Lagos (Maibeé, 2014). Al analizar las causas, la mayoría de los actores reconoce que la congestión y distribución continua de los centros de cultivo fueron factores claves para la generación de la crisis. Esto generaba estrés en los peces, lo que actúa como factor que propicia la aparición de enfermedades. El otro gran rubro acuícola que se asienta en el seno de Reloncaví es la mitilicultura. Esta industria es más reciente que la salmonicultura y se desarrolla básicamente en la región de Los Lagos. El marisco principal que se produce corresponde al chorito (Mytilus chilensis), endémico de las costas de Chile. Este comenzó a ser explotado 299 Alejandro Retamal Maldonado y César Pérez Guarda comercialmente en la década de 1980 en Calbuco y Chiloé, por iniciativas estatales, en respuesta a la demanda española. Sin embargo, su mayor auge se inició hacia el 2000, momento en que la curva se producción de mitílidos comenzó a empinarse. Su desarrollo depende de la disponibilidad de semilla en el medio natural y la tecnificación de sus procesos, lo que ha hecho de esta una actividad especialmente inestable. Hace una década todavía se acusaba una falta general de estudios enfocados en conocer el comportamiento y dinámica de las larvas y semillas para su cultivo. Es más, si bien ha habido un aumento en la producción mitilícola, se ha llegado a plantear que este crecimiento se debe más al aumento de las concesiones entregadas, en área y cantidad, que a un aumento de su productividad por unidad (Holmberg, 2012). La contaminación que produce esta industria también ha constituido una preocupación, especialmente debido al abandono de los materiales en el mar y en la playa (líneas, cuelgas, boyas), como también a los residuos orgánicos que producen los procesos biológicos de los mitílidos, es decir, la capacidad filtradora de los choritos, que producen la formación de heces y seudoheces que se acumulan en el fondo marino, formando una capa de biodepósitos. Este sedimento, enriquecido con material orgánico, produce un incremento de la actividad microbial y un respectivo aumento en el consumo del oxígeno y reducción de sulfato. Como resultado, se incrementa la liberación de nutrientes inorgánicos desde los sedimentos, especialmente amonio, silicatos y fosfatos (Romero, 2008). En definitiva, a pesar de que esta industria se define a sí misma como de bajo impacto ambiental, debido al cultivo extensivo de una especie endémica, su crecimiento exponencial en las últimas décadas ha ido generando, a su vez, una mayor producción de residuos que, de no tener un manejo adecuado, puede ocasionar graves daños al ecosistema marino y consecuentes conflictos socioterritoriales con las comunidades costeras. SOBREEXPLOTACIÓN PESQUERA Alrededor del seno del Reloncaví se configura una cultura pesquera artesanal que se desarrolla a partir de la presencia de diversos grupos humanos con asentamiento temporal y definitivo en sus zonas costeras. La pesca artesanal, como sistema local de producción, incluye algunas prácticas pesqueras que han persistido, como la recolección de orilla y otras que se han especializado producto del aumento considerable de la demanda de recursos del mar en las últimas décadas. En la actualidad, existen alrededor de 40 caletas pesqueras en esta zona, la mayoría ubicada en zonas rurales que reúnen alrededor de 300 Tensiones y conflictos socioterritoriales en el... 5.500 pescadores inscriptos en las 60 organizaciones de base del sector (4.000 hombres y 1.500 mujeres).12 Estos y otros antecedentes posicionan a la pesca artesanal como una actividad relevante para la economía local, pero sobre todo representa una forma de vida, una cultura que condiciona aspectos decisivos de la identidad del pescador, de su grupo familiar y del territorio litoral donde se asientan. La situación pesquera en esta zona comienza su mayor transformación desde la segunda mitad del siglo pasado, principalmente, a partir de la ayuda estatal y de organismos internacionales en tecnología, equipamiento e infraestructura para los pescadores y caletas afectadas por el terremoto y tsunami de 1960. La modernización del sector se comienza a gestar en torno a la década de 1980, con la instauración de un modelo exportador basado en la teoría de las ventajas comparativas, en el contexto de las reformas neoliberales de la dictadura militar, y se consolida con la Ley de Pesca y Acuicultura del año 1991 y sus respectivas modificaciones. Esta ley introduce una nueva manera de gestionar la extracción de los recursos marinos, enmarcados bajo las exigencias del mercado, es decir, predomina una lógica de modernización instrumental y control de los procesos sociales y naturales (González, 2013; Marín, 2007). Las comunidades pesqueras de la zona recuerdan con nostalgia los tiempos de abundancia de peces, con especies como la sierra (Thyrsites atun), la merluza (Merluccius australis y M. gayi), el jurel (Trachurus murphyi), el chancharro (Helicolenus lengerichi), el congrio (Genipterus blacodes, G. chilensis), entre otros. Estos recursos eran extraídos a través de técnicas simples, empleadas de manera no intensiva. Hasta mediados del siglo XX se seguía utilizando la técnica del “pinche” o “línea de mano”, y hasta la década de 1960 los anzuelos se fabricaban con hueso y las lienzas con fibra vegetal torcida. Además, en el litoral se practicaba la mariscadura y recolección de algas, cuyos recursos también se daban en abundancia, pero como actividad de intensidad menor y en el que participaba toda la familia. En este caso, el producto era destinado al consumo doméstico y al intercambio monetario y no monetario con vecinos del interior y revendedores de la ciudad. De esta manera, las características de la pesca y la mariscadura esbozadas dan cuenta de una relación relativamente armónica entre las comunidades y la naturaleza, donde estas actividades no comprometían mayormente la sostenibilidad de la actividad ni el equilibrio ecológico en sus parámetros generales. 12 Si consideramos los pescadores que no registrados, el número total aumentaría entre un 30% a 40%. 301 Alejandro Retamal Maldonado y César Pérez Guarda Esta situación comenzó a cambiar con el acople progresivo de la pesca artesanal a las demandas del mercado internacional y el desarrollo de la pesca de gran escala realizada por empresas. Uno de estos cambios se refleja en el Reloncaví con el giro que da la pesca artesanal desde la captura de sierra en la década de 1960 al jurel en la siguiente, y la introducción paulatina en la misma época de la merluza, cuyo único uso era industrial, comercializándose solo el hígado. La década de 1980 traen consigo la regulación de la pesca a fin de adecuarla a los nuevos intereses industriales que buscaban diversificar la matriz productiva nacional y al mismo tiempo contrarrestar los efectos de la sobreexplotación que ya empezaban a pesar sobre la biodiversidad. En efecto, los pescadores del seno del Reloncaví advierten que desde esa época y hasta hoy, los volúmenes de pesca y las tallas de los pescados han disminuido de manera notable y paulatina, incluso en aquellas especies más numerosas. La extracción en grandes cantidades por los industriales, sumada a la introducción de nuevas técnicas más invasivas, como el bolinche y el espinel vertical, y con la contribución de la pesca ilegal, van alejando los caladeros de peces, y los pescadores con el tiempo deberán recorrer más, incluso debiendo salir del seno del Reloncaví hacia el litoral de Aysén o hacia el canal de Chacao, para poder encontrar el recurso, muchas veces en menor cantidad que en épocas anteriores. Ocurrió, por ejemplo, con la merluza, cuya cotización en el mercado internacional la convirtió en producto estrella en la década de 1980, pero que rápidamente desapareció del seno del Reloncaví y se desplazó al sur hacia las Guaitecas, logrando reaparecer en el seno al cabo de algunos años. De la misma manera, la sierra y el jurel, según relatos de los pescadores, se encontraba en grandes cantidades e incluso varaban en las orillas de la bahía de Puerto Montt y canal de Tenglo; hoy tienen que navegar alrededor de siete horas para pescar, colocando en riesgo sus vidas e integridad física. En el caso de las caletas pesqueras del Reloncaví, estas presentan distintos grados de desarrollo en lo que respecta a desembarques e infraestructura. La mayoría son lugares de actividad temporal, utilizados por los pescadores de la caleta para desembarques en playa, por la carencia de infraestructura pesquera. Entre las caletas que presentan un mayor desarrollo están La Arena, Angelmó, Anahuac, muelle Chinquihue y la Vega de Calbuco. Las dos primeras albergan actividades de transporte de pasajeros y de turismo, y las otras dos concentran los desembarques artesanales del Reloncaví. En estas caletas, el tráfico de embarcaciones pesqueras genera problemas de contaminación de sus aguas, producto de los vertidos procedentes de motores, aguas residuales y a la operación de carga y descarga de especies marinas. 302 Tensiones y conflictos socioterritoriales en el... Por último, señalar que las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB) también generan conflictos al interior del sector artesanal. Si bien en el Reloncaví no ha llegado a los niveles de conflictividad que se dan en otras zonas costeras del país, es necesario señalar que sí va en aumento, y en la medida en que pescadores no asociados a un área de manejo vean reducidas sus zonas de pesca de recursos bentónicos y de otras pesquerías, las verán como una amenaza a su actividad. Pero también hay que consignar que las áreas de manejo tienen la misión de recuperar especies marinas y evitar la degradación del medio natural. Por lo tanto, generan externalidades positivas para el ecosistema marino (Romero, 2008). CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS (DOMICILIARIOS E INDUSTRIALES) En Chile, el principal destino de los residuos líquidos generados por las actividades productivas y de servicios, tanto domiciliarios como industriales (riles), son los ríos y el mar (Romero, 2008). El caso del seno del Reloncaví es particularmente preocupante debido a su configuración geográfica. Tratándose de un mar marginal con baja renovación de sus aguas, los residuos tienen una mayor permanencia y menor capacidad de limpieza por corrientes marinas (Durán, 2006; Munita, 2017). Las causas de la contaminación apuntan principalmente a dos circunstancias de carácter antrópico que han actuado en conjunto: el crecimiento de la ciudad de Puerto Montt y la intensificación de la industria acuícola. Estas condiciones han contribuido a instalar en el imaginario ciudadano local a la contaminación como uno de los principales problemas ambientales y sociales de la zona. La ciudad ha experimentado un crecimiento indiscriminado tanto hacia el interior (llegando a conurbarse con Puerto Varas) como al oriente y poniente siguiendo la línea del litoral. Esto ha significado un aumento considerable de población y de residuos de todo tipo que se vuelcan a las aguas del seno, sin que las autoridades hayan generado como contraparte medidas de mitigación. Si bien el sector público ha generado instrumentos de ordenamiento territorial, sus diseños suelen regir exclusivamente para la ciudad de Puerto Montt, sin considerar al borde costero en su totalidad ni tampoco una zonificación del espacio marítimo. Las aguas del Reloncaví se usan como receptoras de las aguas servidas de los habitantes de Puerto Montt y los emplazamientos humanos colindantes, así como también de los riles producidos por las industrias marítimas (principalmente astilleros y la acuicultura) que se concentran en el sector de Chinquihue. El aumento de volúmenes de aguas servidas provoca el aumento de agentes bacterianos. Si bien desde el 2003 se inicia un plan de tratamiento básico de las aguas servidas realizado por la 303 Alejandro Retamal Maldonado y César Pérez Guarda empresa sanitaria ESSAL, de igual manera se descargan al Reloncaví por medio de un emisario submarino a 1.000 m de la costa y a 100 m de profundidad, que busca optimizar la dispersión natural de estos desechos. Este tipo de tratamiento no disminuye la contaminación, es más, los índices de coliformes fecales han aumentado, inclusive luego del funcionamiento de la planta de pretratamiento (Romero, 2008; Toledo, 2005). La contaminación en el seno de Reloncaví ha llegado a ser una preocupación recurrente no solo para la ciudadanía y la comunidad científica (Toledo et al., 2005; Iriarte et al., 2007), sino también para las autoridades. Un reporte emitido en el año 2017 por la Mesa de Trabajo del Borde Costero, instancia coordinada por el municipio de Puerto Montt y conformado por varios organismos públicos, contabilizó un total de 147 ductos en torno al seno que vierten líquidos de distintas clases: desde aguas servidas hasta aliviaderos de tormenta y aguas de napas subterráneas bombeadas desde edificios de la primera terraza. Todo ello sin contar las descargas ilegales. Esta situación impide dar un mejor uso del borde costero desde el punto de vista recreativo y de esparcimiento, debido a la contaminación de sus playas y la generación de malos olores en ciertos sectores del Reloncaví. Otra fuente de contaminación son las diferentes industrias marítimas que se concentran en Calbuco y el sector de Chinquihue, comuna de Puerto Montt. Los astilleros y esqueletos de barcos en el agua vierten al mar residuos químicos en concentraciones variadas y una gama de mezclas de sustancias, compuestos y metales pesados como cobre, níquel, arsénico, plomo, mercurio y cadmio (Peña, 2006). Por su parte, la industria conservera y procesadora de productos del mar, seguidas de las industrias de alimentos, efectúan descargas industriales de materia orgánica en concentración variable que ingresan al mar ya sea directamente o a través de las redes de drenaje municipal o indirectamente a través de ríos comprometidos con la contaminación costera regional (Romero, 2008). En definitiva, los residuos domiciliarios y riles instalan a la contaminación como uno de los principales problemas de la zona. De no hacer algo, la contaminación de las aguas y fondo marino del Reloncaví puede provocar riesgos latentes a la salud pública, debido a que muchos de los peces y mariscos destinados para consumo de la población local, son extraídos de zonas contiguas a industrias y desagües domiciliarios. RECONSTRUCCIÓN DE UNA RACIONALIDAD AMBIENTAL PARA EL RELONCAVÍ Con la revisión de los impactos de las diferentes actividades que se desarrollan en el borde costero del Reloncaví, es posible evidenciar situaciones de tensión y otras de conflicto latente que resienten las 304 Tensiones y conflictos socioterritoriales en el... comunidades locales y la naturaleza del lugar. Si bien, de alguna manera, todas las actividades y prácticas humanas tienen un efecto sobre los ecosistemas, hay algunas que generan consecuencias más directas e irreversibles para el territorio que otras (Romero, 2008). Tal es el caso de la industria acuícola, cuyos procesos de producción han llegado a tener una intensidad y extensión en el seno del Reloncaví que sobrepasan la capacidad de carga de sus aguas y produce también inconvenientes desde el ámbito sociolaboral, al precarizar las condiciones de trabajo. Desde la fundación de la ciudad de Puerto Montt en 1853, el seno del Reloncaví ha tomado un lugar estratégico para el desarrollo de la zona sur austral del país, que solo se interrumpió por el terremoto y el tsunami de 1960. Ahora bien, el punto de inflexión para el crecimiento exponencial, y que provoca la situación que vive hoy el Reloncaví en materia socioambiental, es el progresivo despliegue del modelo económico neoliberal a principios de la década de 1980. Este modelo promovió en el seno del Reloncaví la llegada de la acuicultura industrial y prácticas de sobrepesca para satisfacer la demanda de los mercados internacionales. Particularmente con la salmonicultura se da un caso ejemplar de saber tecno-científico asociado a los procesos de acumulación de capital (Harvey, 2004; Guerra y Skewes, 2010), tanto en su aspecto más práctico como simbólico-imaginario, al instalarse como un discurso mesiánico, como plantean algunos autores (Bustos, 2017; Tecklin, 2017), que da un marco de justificación al accionar de las empresas en momentos de crisis socioambiental. Sin embargo, el éxito de la industria salmonera, que ha tenido uno de sus centros de gravedad en esta región del país, solo se mide a partir de la lógica instrumental de costo-beneficio. Numerosas voces desde la academia, las ONG y las comunidades han alertado acerca de los severos daños que ha provocado la salmonicultura en el ecosistema marino donde se desarrolla, llegándose a establecer un “consenso disidente” en contra de los efectos perniciosos de esta industria. Por su parte, la pesca y recolección de mariscos y algas han sido, desde tiempos inmemoriales, actividades tradicionales de grupos y comunidades situadas en torno al seno del Reloncaví (Durán, 2006; Munita et al., 2011; Munita, 2017). En general, hace un tiempo atrás, la pesca tradicional constituía una relación armoniosa entre las comunidades humanas y no humanas, sin mayor amenaza para la sostenibilidad de la propia actividad ni al equilibrio ecológico en el que se desarrollaba. Sin embargo, el impulso exportador de las reformas neoliberales de la década de 1970 dio inicio a la pesca de gran escala, empujando a la pesca artesanal a entrar en directa competencia para 305 Alejandro Retamal Maldonado y César Pérez Guarda dar respuesta a la demanda externa de productos pesqueros. Esto condujo a la sobreexplotación y a una serie de conflictos entre la pesca artesanal y la industrial, todo dentro de un marco regulatorio diseñado para el ejercicio de estos últimos. De esta manera, el desarrollo intensivo de la pesca y la acuicultura trastoca las relaciones tradicionales de las comunidades litorales del Reloncaví. Más aún, con la entrada en vigencia de una serie de regulaciones y normativas legales para uso del borde costero, así como de sus recursos, han privilegiado el desarrollo de iniciativas privadas de carácter empresarial, en desmedro de las comunidades locales. Por ejemplo, con la delimitación de Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA), espacios marítimos sobre los cuales tanto organizaciones de pesca artesanal como privados pueden solicitar concesiones para el cultivo de especies hidrobiológicas en el seno de Reloncaví, estas han sido ocupadas principalmente en dos rubros acuícolas: la salmonicultura y la mitilicultura, restringiendo la acción de los pescadores y las comunidades locales sobre el borde costero que habitan. Imagen 2. Distribución geográfica de instrumentos de gestión del territorio marítimo en el seno de Reloncaví, año 2017. Fuente: Subsecretaria de pesca, 2017 306 Tensiones y conflictos socioterritoriales en el... De esta manera, los derechos de usos de borde costero, a través de la entrega de concesiones marinas y de acuicultura a partir de la lógica de la demanda, ha propiciado la instalación de una industria marítima en el Reloncaví que, amparada en la legislación chilena, desarrolla prácticas productivas que tienen al borde del colapso a ciertas zonas que presentan una gran variedad y abundancia de recursos hidrobiológicos. Con la proliferación de las concesiones, se produce la apropiación de un espacio de uso público que promueve el control de los procesos sociales y de la naturaleza, es decir, condiciona el acceso y uso de un bien común, limitando el desarrollo de las comunidades litorales. Por otra parte, a lo anterior se suman los desechos domiciliarios y las actividades productivas cercanas a la bahía de Puerto Montt y Calbuco –empresas salmoneras, astilleros, emisarios de alcantarillado, etcétera– que descargan sus desechos al mar. En ambos casos – residuos domiciliarios y riles– existe una contaminación directa, en algunos sectores con alta concentración de metales nocivos, lo cual es altamente preocupante considerando que la configuración geográfica del seno del Reloncaví solo permite una baja renovación de sus aguas. Por lo tanto, como ya expresó, los residuos tienen una mayor permanencia y menor capacidad de limpieza por corrientes marinas, provocando un peligro inminente a la salud humana, como la contaminación de peces y mariscos por la contigüidad de industrias y desagües domiciliarios a zonas de pesca y de cultivo. A través de la contaminación del seno del Reloncaví se revela también la mirada que tienen los habitantes del borde costero respecto al concepto de desarrollo y las consecuencias de su implementación. En efecto, los residentes de localidades costeras del Reloncaví expresan sentimientos ambivalentes frente a los cambios que ha traído la industrialización. Por una parte, se valora el mejoramiento de las condiciones de vida y la estabilidad económica, pero, por otro, se deplora el deterioro de factores como el derecho a vivir en un ambiente saludable y la pérdida de oficios tradicionales como la recolección de orilla, la carpintería de ribera, y cada vez más, la propia pesca artesanal. De seguir con las actuales formas de producción de la industria marítima, existe un riesgo latente de convertir al seno del Reloncaví en una zona de sacrificio ambiental. Para que eso no suceda, se deben extremar los recursos de los distintos actores involucrados y proponer medidas precautorias a fin de generar modelos de gobernanza bajo una mirada flexible y ecosistémica, que respondan a imaginarios asociados a una racionalidad ambiental en un sentido amplio, y no solo a una racionalidad instrumental capitalista que tiene la estrechez de la acumulación sin mirar las consecuencias sociales y ambientales de su accionar. 307 Alejandro Retamal Maldonado y César Pérez Guarda En cambio, una racionalidad ambiental tiende a romper con ciertos dualismos propios de la modernidad, como es el de hombre y naturaleza, ya que dicho esquema representacional, propio de la cultura occidental moderna y especificada en la sociedad capitalista actual, ha posibilitado el dominio de los humanos por sobre otras especies y elementos de la vida en el planeta y sus ecosistemas. Se vuelve preciso avanzar hacia un esquema donde lo humano quepa como un elemento más del despliegue de la vida, que no debe desequilibrar las relaciones entre los demás seres vivientes. Para la reconstrucción de esta racionalidad muchas veces hay que partir por observar prácticas sociales de la llamada sociedad “tradicional”, que comportan elementos de conservación y sustentabilidad, e incorporarlos al accionar innovador de la sociedad por medio de un diálogo de saberes. REFLEXIONES FINALES Con el apoyo de la ecología política se analizaron los conflictos de dominio y apropiación del territorio marítimo-costero del Seno del Reloncaví, donde sus principales problemas están asociados a la sobreexplotación pesquera, la contaminación por residuos domiciliarios e industriales, la asignación indiscriminada de concesiones de explotación y la industria de la acuicultura, específicamente la salmonicultura, que han provocado impactos severos e irreversibles en sus aguas, producto de sus deficiencias en la producción y el uso de insumos tóxicos, generando, en lo que va de este siglo, dos crisis socioambientales: el virus ISA en el 2007 y la expansión de la marea roja en el 2016, ambas con consecuencias sociales, laborales y ecosistémicas sin precedentes. En este trabajo no solo se dio cuenta de las crisis ambientales y territoriales antes mencionadas, sino que también se buscó dejar en evidencia que las tensiones en el Reloncaví pasan por las disputas constantes que provoca el cruce (y muchas veces, enfrentamiento) de dos racionalidades de (re)producción diametralmente distintas: una de base tradicional comunitaria, representada por las comunidades locales, específicamente la de pescadores artesanales, y la otra de tipo industrial, donde la acuicultura de gran escala es su máximo exponente. Es importante considerar la flexibilidad de los territorios marítimos, hecho que se demuestra, por ejemplo, en la movilidad de los peces, los ciclos naturales, entre otros, que van modificando constantemente las condiciones bajo las cuales los grupos humanos se relacionan con el territorio. Considerar las particularidades del territorio litoral implica generar cuerpos legales, reconsiderando su condición de fenómenos culturales, que tengan la capacidad de adaptarse para incorporar lineamientos de las distintas racionalidades que coexisten 308 Tensiones y conflictos socioterritoriales en el... en un espacio temporal de relaciones multidimensionales. Aquí cobran sentido las propuestas interdisciplinarias que dialogan con los saberes de las comunidades locales y los movimientos de resistencia, que privilegian una relación sustentable con la naturaleza. BIBLIOGRAFÍA Alcalá, G. (2011). Pescadores en América Latina y El Caribe: espacio, población, producción y política. Vols. I y II. Yucatán: UNAMFacultad de Ciencias y Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Social-SISAL. Alimonda, H. (2006). Los tormentos de la materia: Aportes para una ecología política latinoamericana. Buenos Aires: CLACSO. Andrade, B., F. Arenas y R. Guijón. (2008). 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MOSCONI (SALTA, ARGENTINA) 1 Juan Wahren INTRODUCCIÓN La Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) surge en el año 1996 como un espacio aglutinador de extrabajadores de la empresa estatal de hidrocarburos Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de la que habían sido desvinculados durante el proceso de privatización que comenzó en el año 1991. Hasta entonces, YPF había marcado económica, cultural y socialmente a sus habitantes y al territorio; generando lazos e identidades sociales que aún hoy, a casi dos décadas de su privatización, siguen teniendo vigencia simbólica, aunque los lazos sociales que YPF articulaba fueron desmantelados con el avance de la desocupación y el “desgarramiento social” que implicó social y culturalmente para región la desaparición de la empresa estatal de hidrocarburos. Los trabajadores desocupados “ex ypefeanos” aglutinados en la UTD comenzaron a organizarse en reclamo de “trabajo genuino” y demandando la reestatización de YPF y los hidrocarburos. Luego, 1 Este artículo se publicó originalmente en Wahren (2012) “Movimientos sociales y territorios en disputa: Experiencias de trabajo y autonomía de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, Salta”, Trabajo y Sociedad (19), Invierno, pp. 133-147, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero. Para esta edición se actualizaron algunos datos así como algunos en torno a la noción de territorio y la territorialidad de los movimientos sociales. 315 Juan Wahren durante la pueblada de 1997 que protagonizaron junto con la mayoría de los habitantes de las ciudades de Tartagal y Gral. Mosconi, se configuraron como uno de los principales referentes de la protesta en la ruta y, a partir de este hito fundante, tomaron al corte de ruta como su repertorio de acción de protesta por excelencia. Con el correr de los años volvieron a cortar las rutas en diferentes ocasiones ampliando sus demandas, En ese mismo proceso de ampliación de demandas fueron integrando a diferentes sujetos sociales dentro de la UTD: mujeres y jóvenes sin trayectorias laborales previas, comunidades indígenas, sectores profesionales y de clase media de la región, pequeñas poblaciones de la región de Las Yungas, etc. A medida que fueron obteniendo recursos por medio de las acciones colectivas de protesta (planes sociales, herramientas, maquinaria, etc.) los fueron utilizando para la conformación de diferentes proyectos comunitarios, productivos y culturales que implicaron un entramado autogestivo sobre el territorio y los recursos naturales, en una disputa cotidiana con las empresas agropecuarias y petroleras que actúan en la zona. En este sentido, nos interesa reflexionar acerca de las disputas ligadas a los usos y sentidos de los actores sociales en torno de los recursos naturales y el territorio; así como proponer un aporte analítico para abordar la problemática de los movimientos sociales latinoamericanos desde estas dimensiones de territorialidad y usos y sentidos de los recursos naturales. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIALIDAD Y LA DISPUTA POR LOS RECURSOS NATURALES En su análisis sobre los movimientos sociales en y desde el contexto latinoamericano, Maristella Svampa (2008) plantea cuatro dimensiones características que tiene los mismos en nuestro continente: la territorialidad, la acción directa disruptiva, la demanda de autonomía y el desarrollo de formas de democracia directa. En este caso, nos interesa ahondar en la dimensión de la territorialidad y las disputas por los recursos naturales. Para ello utilizamos el concepto de “movimiento socioterritorial” del geógrafo brasileño Bernardo Mançano Fernandes (2005), que nos permite focalizarnos sobre los movimientos sociales que hacen del territorio un espacio de construcción social y de dotación de sentido. En este sentido, consideramos con Zibechi (2003) que la presencia del territorio y la cultura de los actores subalternos en los intersticios de las relaciones de dominación, son las que habilitan los procesos autonómicos. En estos casos es donde se introduce la problemática del territorio como un espacio en disputa, 316 Territorialidades en disputa: movimientos sociales, autogestión... construido por actores sociales antagónicos que resignifican ese espacio geográfico determinado, lo habitan, lo transforman, lo recrean de acuerdo a sus intereses, formas de vida y de reproducción social. Así, los territorios se conforman como espacios geográficos pero al mismo tiempo se constituyen como espacios sociales y simbólicos, atravesados por tensiones y conflictos. El territorio aparece dotado de sentidos políticos, sociales y culturales. En efecto, “el territorio no es simplemente una sustancia que contiene recursos naturales y una población (demografía) y, así, están dados los elementos para constituir un Estado. El territorio es una categoría densa que presupone un espacio geográfico que es construido en ese proceso de apropiación –territorialización– propiciando la formación de identidades –territorialidades– que están inscriptas en procesos que son dinámicos y mutables; materializando en cada momento un determinado orden, una determinada configuración territorial, una topología social” (Porto Goncalves, 2002, p. 230, nuestra traducción). Para complementar esta definición, retomamos a Mancano Fernandes quien plantea que el territorio es un “espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder (...) El territorio es, al mismo tiempo, una convención y una confrontación. Exactamente porque el territorio pone límites, pone fronteras, es un espacio de conflictualidades” (2005, p. 276, nuestra traducción). Así, el territorio es mucho más que un espacio geográfico, se encuentra cargado de sentidos y formas de ser rehabitado y reconstruido, y es esta multiplicidad de usos y sentidos la que se expresa, en muchas ocasiones, a modo de disputa territorial. En efecto, creemos que este anclaje territorial es una de las características singulares de los movimientos sociales de América Latina, esta reterritorialización en parte es producto del avance del capital, es “la respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda, y a la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación” (Zibechi, 2003b), pero de alguna manera es también una apuesta o elección de los propios movimientos que recuperan y resignifican políticamente sus territorios al tiempo que construyen o resignifican políticamente sus identidades como campesinos, indígenas, trabajadores desocupados o piqueteros, vecinos autoconvocados, etc. Así, para los movimientos sociales de América Latina, “el territorio aparece como un espacio de resistencia y también, progresivamente, como un lugar de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales” (Svampa, 2008, p. 77). En este sentido, nos orientamos a analizar acerca de la interrelación entre los momentos de visibilidad y latencia del movimiento (Melucci, 1994a). Hablamos de latencia para caracterizar al momento 317 Juan Wahren de ausencia de acción colectiva en el espacio público, el momento en el cual los sujetos actúan “para adentro”, reforzando sus lazos solidarios y creando nuevas prácticas sociales, políticas y culturales. El momento de latencia es una “especie de laboratorio clandestino para el antagonismo y la innovación” (Melucci, 1994b, p. 146). Este momento posibilita a los movimientos experimentar sus prácticas políticas y sociales, e incluso (re)crear nuevas lógicas de acción colectiva que luego son puestas en práctica en los momentos de visibilidad. La irrupción en el espacio público, es un momento que tiene una fuerte función simbólica que, por un lado, cuestiona una política particular del sistema hegemónico y, por otro, pone en aviso al resto de la sociedad que existen conflictos y contradicciones en el sistema político. Al mismo tiempo, el momento de visibilidad, permite a los movimientos mostrar hacia el conjunto de la sociedad sus propias experiencias y modelos alternativos generados durante los períodos de latencia. Desde esta construcción particular y contingente que se desarrolla en los momentos de latencia de los movimientos, es que podemos pensar a los espacios en los cuales algunos movimientos sociales interactúan, como “territorios en disputa”. En estos territorios, los movimientos sociales despliegan su potencia política, construyen los “laboratorios clandestinos para el antagonismo y la innovación” de los que nos habla Melucci para describir los momentos de latencia. En definitiva, los movimientos sociales “territorializados” complejizan e innovan, creando en esas prácticas desplegadas en el territorio otros modos de pensar y practicar la economía, la salud, la educación, la política, la cultura, etc. La economista mexicana Ana Esther Ceceña plantea esta cuestión en términos similares, entendiendo al territorio donde construyen sus prácticas los movimientos sociales como un “territorio complejo”, donde este es entendido como un “espacio material y simbólico de asentamiento y creación de la historia y la cultura, así como de la construcción de utopías colectivas y alternativas societales, es el punto de partida de la construcción de identidades y el lugar donde se forjan las comunidades de destino (Otto Bauer), el origen de los significantes primarios de la simbólica regional (Giménez, s/f) y el espacio de derecho, libertades y posibilidades para vivir y crecer en la propia cultura (Robles, 1998, p. 2). El diseño de una nueva geografía y la construcción/modificación de los modos de uso del territorio implican entonces una transformación profunda de las relaciones sociales, de las relaciones entre naciones, de las historias y culturas regionales y del imaginario colectivo como expresión del juego de fuerzas entre las distintas visiones del mundo” (2001, 13). En efecto, aquellos movimientos sociales que se plantean algún tipo de construcción política, social, económica y/o cultural en el 318 Territorialidades en disputa: movimientos sociales, autogestión... territorio en el que interactúan, necesariamente, entran en conflicto con un “otro” que también disputa el territorio, lo modela y lo controla; la “construcción de un tipo de territorialidad significa, casi siempre, la destrucción de otro tipo de territorialidad, de modo que la mayor parte de los movimientos socio-territoriales se forman a partir de procesos de territorialización y desterritorialización” (Fernandes, 2005, p. 279, nuestra traducción). Estos procesos comportan tanto transformaciones en el territorio como en los actores en disputa. En este sentido es que puede pensarse a los movimientos sociales que luchan por los recursos naturales o por demandas arraigadas en una identidad territorial como “socio-territoriales”, es decir, como movimientos que procuran demarcar y controlar sus territorios, generalmente en disputa con otros actores sociales como el Estado y/o empresas multinacionales. Así puede afirmarse que “el territorio es un espacio de vida y de muerte, de libertad y de resistencia. Por esa razón carga en sí su identidad, que expresa su territorialidad” (Fernandes, 2005, p. 278, nuestra traducción). Al indagar acerca de los procesos de apropiación de los territorios y los recursos naturales aparecen dos modelos antagónicos; por un lado, se encuentra el modelo hegemónico de desarrollo ligado al sistema/mundo moderno capitalista y colonial (Quijano y Wallerstein, 1992); y, por otro, se encuentran las formas de apropiación y relacionamiento con el territorio y la naturaleza de diferentes actores y movimientos sociales. La primera característica del sistema de desarrollo hegemónico es que este genera desigualdades de recursos y poder en múltiples ámbitos: diferencias entre las clases sociales (capital/trabajo), en los roles subordinados de la mujer en la lógica patriarcal, en las relaciones de opresión hacia las minorías raciales y sexuales, etc. La segunda característica es que estas relaciones económicas, promueven formas de sociabilidad basadas en los beneficios personales en detrimento de lógicas solidarias y colectivas; y, la tercera es que el desarrollo del capitalismo y la creciente explotación de los recursos naturales genera un riesgo global sobre el medio ambiente, poniendo en peligro las posibilidades biológicas de la vida en el planeta (Santos, 2002, p. 26). En síntesis, las relaciones mercantiles impuestas por el sistema capitalista neoliberal promueven la desigualdad entre los sujetos, el individualismo y la destrucción del medio ambiente. En este sentido, tal como lo plantea Karl Polanyi, la noción liberal de un “mercado autorregulado” es irrealizable porque generaría la propia destrucción de la humanidad y del planeta, así “tal institución no podría existir durante largo tiempo sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad; habría destruido físicamente al hombre y transformado su ambiente en un desierto” (1992, 319 Juan Wahren p. 17). Si los seres humanos y la tierra (y los recursos naturales) son subsumidos a los mecanismos del mercado, implica que es “la sustancia de la sociedad misma la que se subordina a las leyes del mercado” (Polanyi, 1992, p. 80). En este sentido, “el discurso utilitario reemplaza el término naturaleza con el término recursos naturales, focalizando en esos aspectos de la naturaleza que pueden ser apropiados para el uso humano […] las plantas consideradas valiosas devienen cultivos, las especies que compiten con ellas se estigmatizan como hierba, y los insectos que se las comen son estigmatizados como plagas” (Scott, 1998, p. 13, en Ceceña, 2008, p. 72). Por otra parte, desde los comienzos del capitalismo, diversos actores sociales fueron proponiendo resistencias y construyendo alternativas políticas y económicas a esta lógica mercantilista. En tal sentido, resulta importante rescatar aquellas formas de producción campesinas e indígenas que sobrevivieron a distintos modos de producción desde los comienzos de la agricultura, adaptándose a los cambios productivos y a las presiones estructurales y políticas de los cambios económicos a nivel mundial; resistiendo desde su forma de producir y reproducir la vida campesina e indígena, ligadas a la producción para el autoconsumo, en una relación de reciprocidad con la naturaleza (García Guerreiro y Wahren, 2007). En este sentido, otros actores sociales como, por ejemplo, los trabajadores desocupados, también han comenzado a experimentar alternativas de producción, comercialización y utilización de los recursos naturales que implican algunas rupturas con el modelo de desarrollo hegemónico. En este sentido, retomamos a Arturo Escobar quien afirma que “la construcción de paradigmas alternativos de producción, órdenes políticos, y sustentabilidad son aspectos de un mismo proceso, y este proceso es impulsado en parte por la política cultural de los movimientos sociales y de las comunidades en la defensa de sus modos de naturaleza/cultura. Es así como el proyecto de movimientos sociales constituye una expresión concreta de la búsqueda de órdenes alternativos de producción y ambientales” (2003, p. 133). Por último, proponemos que aquellos territorios que son habitados y practicados por los movimientos sociales desde estos paradigmas alternativos a la territorialidad hegemónica del sistema mundo capitalista, colonial y patriarcal se configuran en “territorios insurgentes” (Wahren, 2011) donde despliegan todo su potencial emancipatorio en las diversas esferas de la producción y la reproducción de la vida en común: la producción económica autogestionada, la salud comunitaria, la educación popular, la autodefensa, las culturas populares, el autogobierno; en definitiva, la autonomía de los sujetos y de los pueblos. En definitiva, esta territorialidad insurgente se convierte en el principal sustrato de la autonomía de los movimientos sociales. 320 Territorialidades en disputa: movimientos sociales, autogestión... EL PROCESO DE TERRITORIALIZACIÓN DE LA UTD: ENTRE LA AUTOGESTIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES “Cuando fui a la ruta fue para recuperar los recursos naturales, no fui para pedir planes sociales”. José “Pepino” Fernández, referente de la UTD. El proceso de territorialización de la UTD se encuentra anclado en el despliegue en el territorio de una serie de proyectos autogestionados que la organización comenzó aproximadamente desde el año 2000 (Svampa y Pereyra, 2003; Wahren, 2008). Dichos proyectos abarcan desde trabajos comunitarios para la localidad (arreglo y limpieza de plazas, construcción de centros de salud y aulas en escuelas, cooperativa de viviendas, etc.), proyectos productivos (herrería, aserraderos, ladrilleras, huertas, talleres textiles, entre otros) y proyectos culturales y educativos (un proyecto de universidad popular, la reapertura del cine de la localidad, talleres de cine, construcción y gestión de una escuela rural, etc.): Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con los planes Trabajar pero finalmente sí los aceptamos y, a la vez, los hemos ido reconvirtiendo en el sentido de hacerlos productivos… pero eso ha sido por idea de nosotros nomás, porque mayormente cuando los planes han empezado acá eran para limpiar las acequias, para barrer las calles… así eran los proyectos… y nosotros no, nosotros cuando nos dieron los primeros planes, me acuerdo en enero del 2000, lo primero que atacamos fueron las escuelas, empezamos a refaccionar, hacía 15 años que no se refaccionaban las escuelas primarias… fuimos refaccionando eso… luego de a poco empezamos con otros proyectos como ladrilleras, las huertas, el taller de herrería y soldadura, y muchos otros. Y bueno así los fuimos haciendo productivos, porque esto ahora queda para siempre… (Tomás Moreno, responsable taller de herrería UTD, entrevista año 2004). Los proyectos autogestionados resultan, entonces, estratégicos para la reconfiguración territorial que realiza la UTD. Son estos emprendimientos, en conjunción con las acciones colectivas de protesta, los que le dan una proyección territorial al trabajo cotidiano de la UTD, los que la relegitiman como un actor social y político central de la región, Nuestra hipótesis es que sin este desarrollo territorial no habría 321 Juan Wahren sido posible para la UTD alcanzar los altos niveles de movilización y apoyo de las poblaciones de la región que ha demostrado a lo largo de su desarrollo. Es esta impronta de trabajo comunitario y productivo, expandido en el territorio, en disputa permanente con los actores más poderosos y relevantes de la zona, las que reconfiguran a la organización. Así, la UTD aparece como una organización donde “se articulan acciones colectivas, acciones de protesta, acciones políticas, acciones de disputas por territorios, generación de territorialidades, etc. Es decir, estas acciones no se agotan en la salida al espacio público sino que tienen un claro sentido de disputa territorial” (Giarracca, 2007, p. 152). Durante este proceso de territorialización construido desde la propia práctica cotidiana, la UTD ha ampliado sus demandas sociales, sumando demandas y objetivos políticos en sentido amplio, ha entretejido alianzas con otros actores sociales locales más allá de los trabajadores desocupados, y ha tomado al territorio y los recursos naturales como parte de sus objetivos políticos y estratégicos. Porque primero los planes trabajar no los queríamos, y al hacerlos productivos se han dado cuenta que hemos hecho más que el municipio. Y llegó a ser un poder paralelo al municipio, sin darnos cuenta y no teníamos esa ansiedad de poder porque vos cuando estás trabajando, trabajando con toda la gente pero no pensando en el poder sino pensando en hacer cosas (…) Porque nosotros no hemos pasado por la función pública ni nada. Todas las cosas que hacemos, las hacemos, como decimos comúnmente, de prepo (José “Pepino” Fernández, entrevista, 2006). Este desarrollo de proyectos marca y reconfigura un territorio que había sido “abandonado” por la empresa estatal YPF a partir de su privatización y que hoy aparece en disputa por sus tierras y recursos naturales con una diversidad de empresas petroleras, madereras y sojeras, en el marco de un proceso de activa intervención desregulatoria del Estado. En este sentido, resulta interesante observar cómo se da la disputa en los territorios rurales sobre los cuales el modelo del “agronegocio” ha realizado un avance considerable en las últimas décadas, así como se ha acrecentado la lógica extractiva de la industria petrolera y maderera en la zona, que afecta a las selvas y los montes de la región, contaminando ríos y reservas de agua, degradando no solo al medio ambiente sino también las formas de vida de las poblaciones de la región. En este contexto, algunos de los proyectos de la UTD, sobre todos los del ámbito rural y agropecuario, así como aquellos ligados a la preservación del medio ambiente, adquieren una relevancia estratégica 322 Territorialidades en disputa: movimientos sociales, autogestión... en la disputa por estos territorios, ya que se encuentran geográficamente en los límites del avance de la frontera agropecuaria, y de la explotación petrolífera y maderera. Se plantea una disputa territorial concreta con estas empresas que cercan caminos y bosques, delimitan espacios para la explotación de los recursos naturales y privatizan, de hecho, los bienes naturales comunes, como el agua y a biodiversidad de la región. Frente a este avance, la UTD ha ensayado una respuesta desde el propio territorio que permita plantear una alternativa productiva y social a la territorialidad excluyente ejercida por las empresas multinacionales. Estamos rodeando a las empresas, así como las empresas nos van cercando a nosotros con los alambrados y los desmontes, con las barreras en los caminos de las yungas; nosotros vamos haciendo un anillo más grande rodeándolos a ellos con los proyectos agrícolas, con la escuela en la frontera, con la reserva ambiental en Las Yungas, con los barrios de viviendas y así los vamos rodeando y recuperando nuestros espacios que antes eran de todos (Juan Carlos “Gipi” Fernández, referente de la UTD, entrevista año 2005). De esta manera, la UTD construye un “mapa regional” donde plantea un plan estratégico de desarrollo territorial de la propia organización, y para la comunidad en general, que se contrapone política y geográficamente con los despliegues territoriales de las multinacionales del agronegocio y el petróleo. Frente a ellos [las empresas multinacionales], lo que hacemos parece nada, pero nosotros frenamos. Ellos destruyen y nosotros frenamos. En pequeña escala pero frenamos (…) Todo se va: la energía, la riqueza de nuestras minas, el agro, la pureza de los ríos… porque su explotación no está regulada y la depredación avanza cada vez más rápido y a medida que eso pasa, nuestras familias se enferman y se empobrecen. La concentración de poder económico nos está matando, literalmente hablando (Fernández, 2008, p. 160). Esta recuperación territorial de la UTD abarca la ciudad de Mosconi, pero también incluye pueblos aledaños, comunidades aborígenes y poblados alejados donde se encuentran distintos recursos naturales como agua, tierra, hidrocarburos, biodiversidad, etc. Así, en los últimos años, la UTD ha sumado en su entramado territorial diversos proyectos y acciones colectivas en torno a la defensa y preservación de los recursos naturales, el medio ambiente y la biodiversidad de la zona, así como para una utilización “racional” de los recursos naturales. 323 Juan Wahren Acá todos quieren ganar en forma rápida con los recursos naturales. Pero nosotros pensamos que a los recursos naturales hay que utilizarlos en forma racional. Porque antes YPF era racional, YPF explotaba racionalmente el petróleo que hay y vivían miles de familias con eso, ha visto? Y los indígenas estaban bien porque nadie le tocaba su río, nadie le tocaba su monte, nadie le tocaba su selva, viste? Nadie le contaminaba… YPF no te desmontaba mucho, viste? En realidad, YPF empezó a contaminar desde la dictadura; cuando cambiaron la forma de extraer el petróleo, exactamente desde el año 1977. Ahí empezaron a usar unos productos químicos que contaminan todo. Ahora todo lo que hacen esas empresas contamina. Las empresas destruyen el medio ambiente para abrir los caminos, desmontan, queman el monte, queman todo. A las empresas que vienen acá nos les importa nada (José “Pepino” Fernández, referente UTD, entrevista año 2006). Toda la destrucción que se ha provocado con las inundaciones a través de lo que por ahí dicen entre comillas la situación climática, no ha sido por la situación climática sino ha sido una destrucción del hombre, una destrucción por parte de quienes concentran poderes económicos. En este caso, las empresas multinacionales, las empresas del agro y las empresas madereras, así que en ese aspecto también hemos dado un paso adelante por defender nuestros recursos naturales (Juan Carlos “Gipi” Fernández, referente de la UTD, entrevista 2006). Es, entonces, en los momentos de latencia, cuando la UTD ha ido conformado esta trama de proyectos productivos, comunitarios, sociales y culturales autogestionados que, desde nuestra perspectiva, constituyen también un entramado político que tiene al territorio como uno de los espacios privilegiados de sus acciones y una resignificación de la idea de estado a partir de una práctica que los propios actores definen como “recuperación de estado”. Para conformar este entramado territorial, la UTD ha recuperado distintos edificios de la vieja YPF transformándolos en sedes de distintos proyectos autogestionados, ha recuperado terrenos abandonados por YPF o la Municipalidad donde también han realizado actividades comunitarias y/o productivas. También este proceso implica la recuperación de su identidad como trabajadores en el proceso de territorialización regional. Cuando en el año 2000 había desaparecido la educación, la salud, la investigación, etc. nosotros buscábamos recuperar los recursos humanos perdidos con la liquidación de YPF. Hablamos de la recuperación de recursos humanos y lo ponemos al mismo nivel de importancia que los recursos naturales porque a veces se ignora la gravedad que implica 324 Territorialidades en disputa: movimientos sociales, autogestión... su pérdida. En función de ello, la Unión de Trabajadores Desocupados hizo un plan regulador con el que estamos trabajando hasta el día de la fecha (Fernández, 2008, p. 158). Estas acciones implican, entonces, una intervención política, económica y comunitaria del movimiento social sobre un territorio determinado, en confrontación con las empresas petroleras multinacionales que actúan en la zona y en tensión y “competencia” con el Estado en sus distintos niveles. Frente a la desconfiguración territorial y social que significó la privatización de YPF durante la década de 1990, la UTD ha intentado recuperar el tejido social resquebrajado por las privatizaciones, la desocupación y la pauperización de la infraestructura económica y social de la región y de sus habitantes. Es en este sentido que podemos afirmar que la UTD no funciona solamente como un “sindicato de trabajadores desocupados”, un “municipio paralelo” o un “sindicato paralelo”. La UTD opera, además, en el proceso de reapropiación territorial, como la “YPF paralela”, en el sentido territorial y político que había adquirido la ex YPF estatal en la región. La UTD ha “marcado” y nominado el territorio tal como lo hacía anteriormente YPF, tanto en el aspecto productivo, como en el aspecto comunitario, social y cultural. Obviamente, la UTD funciona como reemplazo simbólico y territorial de YPF y no en el sentido literal de la producción petrolera2, sino más bien en la reconfiguración del entramado social y comunitario que implicaba la acción de la empresa estatal. En este sentido, la UTD intenta ser un factor de reactivación económica, laboral y social de la región; con la peculiar característica de que, en general, sus modos organizativos operan por fuera de la institucionalidad estatal. Cabe destacar que este proceso de territorialización de la UTD se genera desde las prácticas cotidianas, sin encontrarse anclado en representaciones teóricas preestablecidas por los integrantes de la organización. En este sentido, las implicancias políticas y sociales de este proceso de territorialización se dan de manera pragmática e inconsciente. Retomando a Scott (2000), podemos afirmar que los actores sociales subalternos en muchas ocasiones tienen “proyectos estratégicos que no formulan de modo explícito, o por lo menos, no lo hacen en los códigos y modos practicados por la sociedad hegemónica” (Zibechi, 2008). 2 Aunque cabe señalar que una de las demandas principales de la UTD es la nacionalización de los hidrocarburos y la recuperación de YPF, así como tiene, entre sus proyectos a largo plazo, la intención de poner en producción cooperativa pozos petroleros marginales de la región, abandonados por las empresas multinacionales. 325 Juan Wahren Acá nosotros no somos grandes pensadores, en el sentido de darle un sentido más filosófico a la cosa. Pero es como que nos nace de adentro y con distintas palabras, con distintas actividades siempre vamos hacia un mismo lugar. Hay mucha coincidencia, a veces ni siquiera hablamos, pero todos coincidimos hacia qué rumbo vamos (Rodolfo “Chiqui” Peralta, referente de la UTD, en González Bazán, 2001). Vemos a veces nuestro crecimiento como un “municipio paralelo”, pero nuestro crecimiento y el desarrollo que hacemos es libre y a favor de la gente, como decimos nosotros, es inconsciente. Yo creo que si sería (sic) más consciente, sería mucho más jodido, más peligroso. Entonces es inconsciente, a lo mejor la UTD es desorganizada en la organización, pero yo creo que este matiz que tiene, esta característica que tiene, le da la posibilidad de muchas cosas. Se le abren muchas puertas, y también se le cierran puertas. Pero esta inconsciencia le da eso, tenés siempre gente. Así como se va la gente, también viene gente. Y tenés esa posibilidad abierta que te da... que seas libre. Yo creo que con otro sistema, si fuese una organización más cerrada, sería más jodido (Juan Carlos “Gipi” Fernández, referente UTD, entrevista año 2005). En este sentido, los procesos de construcción de territorialidad que lleva a cabo la UTD en su construcción cotidiana, así como los potenciales espacios de autonomía generados en este proceso no suelen adquirir una dimensión explícita en los discursos de los integrantes de la UTD. Sin embargo, creemos que estas dimensiones se encuentran presentes tanto en las prácticas de la organización como en ciertos discursos que hemos recuperado en esta investigación. De esta manera, proponemos enmarcar estos procesos de territorialización en lo que podríamos denominar una “autonomía pragmática”3 de la UTD, donde se conjugan elementos disruptivos con el orden hegemónico y prácticas preformativas de lo político con anclajes en el imaginario del mito del “estado benefactor ypefeano” y estrategias pragmáticas de articulación a las lógicas estatales e institucionales de la política. Por último, podemos afirmar que este proceso de territorialización de los movimientos sociales genera una disputa concreta en el territorio; una disputa que adquiere, entonces, un sentido político. 3 Agradezco a Maristella Svampa quien en una comunicación personal sugirió la idea de “autonomía pragmática” para ilustrar lo que yo intentaba describir como una construcción de autonomía en la práctica, para dar cuenta del complejo proceso de territorialización de la UTD por fuera de la institucionalidad, aunque siempre en tensión con la posibilidad de una articulación heterónoma y pragmática con respecto a las instituciones estatales. 326 Territorialidades en disputa: movimientos sociales, autogestión... Esta disputa en la “interface territorial” implica así una confrontación de mundos sociales y políticos con otros actores (por ejemplo, el Estado, empresas petroleras y de “agronegocios”, emprendimientos forestales, etc.) que nos interesa comprender en este trabajo. Estos movimientos sociales territorializados, campesinos, pueblos indígenas, trabajadores desocupados, etc.; emergen con fuerza en el espacio público enfrentando a los escenarios estructurales construidos desde las políticas neoliberales. La tierra y los recursos naturales que se encuentran en estos territorios, resultan en la actualidad en elementos estratégicos para la reproducción del sistema económico hegemónico. Así, “la desterritorialización productiva (a caballo de las dictaduras y las contrarreformas neoliberales) hizo entrar en crisis a los viejos movimientos, fragilizando sujetos que vieron evaporarse las territorialidades en las que habían ganado poder y sentido. La derrota abrió un período, aún inconcluso, de reacomodos que se plasmaron, entre otros, en la reconfiguración del espacio físico. El resultado, en todos los países aunque con diferentes intensidades, características y ritmos, es la re-ubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios ubicados a menudo en los márgenes de las ciudades y de las zonas de producción rural intensiva” (Zibechi, 2003b, p. 186). REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN Podemos afirmar que el proceso de territorialización de la UTD opera como una propuesta alternativa para el conjunto de los habitantes de la región, donde las marcas distintivas se encontrarían ligadas a la recuperación de la “cultura del trabajo”, con la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, las tradiciones organizativas de la región, la construcción de una “autonomía pragmática”, la solidaridad, el valor y el coraje en las acciones colectivas de protesta, la autogestión productiva y comunitaria, etc. De esta manera, con diversas limitaciones, contradicciones y potencialidades, inherentes a todo “campo de experimentación social”, la UTD conforma un entramado de proyectos autogestionados, demandas políticas y sociales; así como formas de acción colectiva que marcan y reconstruyen un territorio determinado, intentando articular así una particular manera de practicar y habitar el territorio y utilizar los recursos naturales; en definitiva, conformando una apuesta hacia nuevas formas de vivir en comunidad. El territorio y el uso de los recursos naturales aparece, entonces, como un espacio de subjetivación para los movimientos sociales que habilita la reconstitución del tejido comunitario a través de la doble experiencia de la acción colectiva: el momento de la visibilidad en los cortes de ruta y las puebladas, como también el momento de la 327 Juan Wahren latencia desplegado en el territorio por los proyectos comunitarios y productivos que realiza la UTD en la zona. En efecto, si bien es cierto que cada vez que un movimiento social realiza acciones colectivas de protesta en el espacio público pone en juego su propia identidad como tal, también, como intentamos demostrar en este trabajo, podemos afirmar que el territorio –disputarlo, habitarlo, practicarlo, transformarlo– consolida y/o reifica este proceso identitario, complementa la resignificación identitaria que brinda la visibilidad de la acción colectiva, la complejiza y la enriquece. Es así, como estos dos momentos de la acción colectiva se retroalimentan y transforman mutuamente. En efecto, podemos afirmar que la UTD ha encarado, en la práctica, una recreación del Estado y del territorio que anteriormente era configurado por la matriz y la práctica estatal de la vieja YPF; ordenamiento y configuración social y espacial que el Estado abandonó durante el proceso neoliberal de privatizaciones. Es importante señalar que esta recreación territorial de la UTD no se construye mediante los mecanismos institucionales tradicionales e institucionales, sino a partir de la generación de sus propias herramientas de producción, cultura y organización. En otras palabras, la UTD intenta reconstruir un proyecto colectivo alternativo, generado desde abajo y protagonizado por quienes fueron excluidos y que hoy, a partir de estas nuevas prácticas de organización, producción y acción colectiva, se convierten nuevamente en sujetos activos y creadores, generadores de, como ellos mismos dicen, “una nueva cultura de la vida”. Como todos los movimientos sociales que disputan territorios, la UTD genera otros sentidos, conocimientos y valores en torno al territorio y los recursos naturales, resignificando a la vez ese espacio geográfico en disputa así como las propias identidades de quienes conforman el movimiento social. Consideramos también que el proceso de resignificación del territorio y de los recursos naturales, con sus particularidades, adquiere dimensiones performativas para los movimientos sociales, ya que pone en práctica nuevas formas de organizar lo social, lo económico y lo político. En definitiva, al poner en práctica estos “campos de experimentación social” (Santos, 2003), los movimientos sociales dan cuenta en lo cotidiano de estos nuevos mundos que se proponen construir. El territorio y sus recursos naturales aparecen, entonces, como una esfera donde la acción de los sujetos implica nuevas reconfiguraciones que escapan, contingentemente, a los propios sentidos de los actores, participen o no dentro de los movimientos sociales en cuestión. La construcción de viviendas, la defensa de bosques, o fuentes de agua dulce, los proyectos productivos autogestionados, la creación de escuelas, etc., habilitan novedosas lecturas de los actores 328 Territorialidades en disputa: movimientos sociales, autogestión... que se aglutinan alrededor de ese territorio; al apropiarse de esa resignificación, la fortalecen, la complementan y/o la disputan; pero de todas maneras se construye una “interface territorial” desde la cual el territorio y las identidades sociales pueden redefinirse. De este modo, en nuestro continente, los movimientos sociales se van conformando como “movimientos territoriales, caracterizados por lenguajes de valoración específicos respecto de la territorialidad que enfatizan la defensa y la promoción de la vida y la diversidad” (Svampa, 2008, p. 77) El territorio es, entonces, un espacio complejo, atravesado por las relaciones entre distintos actores sociales, provenientes de diversos anclajes estructurales con asimetrías de recursos materiales y simbólicos, un espacio complejo atravesado por el conflicto y la propia indeterminación de lo político y lo social. Es este mismo anclaje territorial o esta construcción de territorialidad la que da una característica singular a estos movimientos, y, a modo de hipótesis, podemos reflexionar si no es esta misma territorialidad la que permite a estos movimientos reconstruir identidades y lazos sociales de manera perdurable en el tiempo (y en un territorio específico). De esta manera, los movimientos son capaces de construir una alternativa a lo que definimos como la “encrucijada de los movimientos sociales”. Esta idea señalada por diversos autores4 plantea que, por un lado, los movimientos sociales tienden hacia la institucionalización política, por medio de la formación o incorporación en partidos políticos y/o organizaciones y redes no gubernamentales o por medio de la incorporación a algún nivel de gestión estatal. Por otro lado, plantean que la otra posibilidad de los movimientos sociales es la tendencia a la conformación de un esquema “autorreferencial”, es decir, un proceso de estancamiento en torno a sus demandas específicas o “corporativas”. En cambio, nosotros consideramos que, aunque los movimientos sociales siempre se encuentren en una tensión entre la institucionalización y el proceso de autorrestricción, perdiendo en ambos casos su faceta antisistémica, es decir, sus características disruptivas y su radicalidad, es justamente el proceso de territorialización el que habilita una alternativa a esta encrucijada. En efecto, esta territorialización, a nuestro entender, le brinda a los movimientos sociales la posibilidad de recrear otros “mundos de vida” (Leff, 2002), reconfigurar nuevos sentidos y formas de sociabilidad, generar “campos de experimentación social” (Santos, 2003) que actúan como ensayos prácticos de las demandas y luchas de los propios movimientos sociales. Así, prácticas más o menos autónomas, más o 4 Unger, 1987; Touraine, 1990; Garretón, 1987; Munck, 1995; entre otros. 329 Juan Wahren menos disruptivas en ámbitos como la educación, la salud, la economía alternativa, o la cultura, entre otros, son territorializadas por los movimientos sociales. De esta manera, al desplegarse en el territorio logran, potencialmente, mantener su carácter disruptivo y antagonista al sistema institucional, sin “encerrarse” necesariamente discursos y prácticas autorrestringidas o en procesos de institucionalización de sus acciones colectivas y demandas. Estos “campos de experimentación” de los movimientos territorializados cobran un sentido político en cuanto plantean hacia el conjunto de la sociedad un ejemplo de formas alternativas de organización que, a la vez que se muestran como posibles, aparecen en disputa con las formas organizativas cristalizadas del sistema. Generalmente, estas experiencias mantienen relaciones y demandas con respecto al Estado y la institucionalidad política, pero no quedan necesariamente subsumidas a las lógicas políticas de las instituciones sistémicas. En definitiva, se trata de dejar abierta la posibilidad de que ocurran cambios sociales y políticos más allá de las instituciones establecidas. Asimismo, resulta interesante interrogarse si es posible que, a partir de estos “campos de experimentación”, los movimientos sociales puedan articularse políticamente, es decir devenir en “actores políticos” capaces de cuestionar la “gramática del poder” (Giarracca, y Teubal, 2006); el “pacto fundante” del capitalismo argentino (De Ípola, 1997, 2001), construyendo novedosas alternativas políticas y sociales desde sus territorios. A modo de hipótesis, nos interesa reflexionar acerca de la reconfiguración de identidades que se genera en el propio proceso de organización, acción colectiva y construcción de territorialidad, es decir, como un proceso que genera un reforzamiento de identidades en el plano social, pero también configura a los movimientos sociales como actores políticos (Merklen, 2005). Nuestra apuesta teórica es, entonces, que el proceso de territorialización habilita a los movimientos sociales a continuar con una de sus características principales que es la disruptividad en relación con la sociedad hegemónica. La acción colectiva habilita la construcción de un “nosotros”, de una nueva identidad política disruptiva y recursiva que se da en los momentos de irrupción en el espacio público, a la vez que las experiencias territoriales de los movimientos retroalimentan los momentos de visibilidad y reconfiguran también las identidades políticas y sociales. Si bien Melucci reflexiona en torno a movimientos sociales que pugnan por los recursos de información y comunicación, extrapolamos esta idea para reflexionar sobre las disputas de los movimientos sociales por el territorio, entendiendo que es allí donde “surgen las demandas de autonomía que impulsan la acción de los individuos y grupos, donde estos plantean su búsqueda de identidad al transformarlos 330 Territorialidades en disputa: movimientos sociales, autogestión... en espacios reapropiados donde se autorrealizan y construyen el significado de lo que son y lo que hacen” (1994b, p. 111). En este sentido, también resulta importante advertir que la protesta social puede pasar de ser un acontecimiento novedoso y disruptivo a ser un evento normalizado, sedimentado, logrando o no la expansión de derechos sociales, políticos y/o democráticos. Lo que nos interesa destacar, en este caso, es que si este proceso de “normalización” se configura en un determinado territorio, y esa territorialidad opera de manera disruptiva, lo que se “institucionaliza” entonces es esa misma disruptividad. Por lo tanto, si es posible la conformación en el propio territorio de una nueva institucionalidad, esta resulta en una “institucionalidad disruptiva”, en el sentido de que se reterritorializa una nueva forma de reproducción de la vida en esos territorios. Cabe señalar que estos proyectos son procesos inacabados, que configuran potencialmente nuevas formas de sociabilidad, y por eso mismo son experiencias marcadas por la incertidumbre y la contingencia del propio devenir de los procesos que se encuentran construyendo estas experiencias ancladas en los territorios. En definitiva, el planteo de la llamada “encrucijada de los movimientos sociales” implica una crítica hacia una supuesta “ineficacia” política de los movimientos sociales. Esta crítica parte, desde nuestro punto de vista, de un enfoque restringido tanto de lo que consideran como “lo político” así como de la esfera de la acción colectiva y la incidencia de los movimientos sociales en el conjunto de la sociedad. Así, involuntariamente o no, se desvalorizan e invisibilizan esos espacios de producción de política e identidad que se genera en los momentos de latencia de los movimientos sociales, generando “un enfoque que se concentra exclusivamente en los aspectos mesurables de la acción colectiva, es decir, en la relación con los sistemas políticos y los efectos sobre las directrices políticas, mientras que descuida o infravalora todos aquellos aspectos de esa acción que consisten en la producción de códigos culturales; y todo ello a pesar de que la elaboración de significados alternativos sobre el comportamiento individual y colectivo constituye la actividad principal de las redes sumergidas del movimiento, además de la condición para su acción visible” (Melucci, 1994, p. 125). Finalmente, creemos que los territorios disputados y reapropiados por los actores sociales son lugares por excelencia, aunque no los únicos, para la construcción y la experimentación de estas “redes sumergidas” de los movimientos sociales de nuestro continente. Son, entonces, estos “territorios insurgentes” los que habilitan los procesos de autonomía desde abajo de los diferentes movimientos sociales de Nuestra América, en este caso la UTD de Gral. Mosconi. 331 Juan Wahren De este modo, comprender cuáles son las características particulares que asumen algunos de los movimientos sociales en América Latina, nos lleva a plantear nuestras reflexiones desde un punto de vista específicamente “situado” en nuestro propio continente, en el sentido que plantean algunos autores del pensamiento descolonial o poscolonial (Quijano, 2003; Mignolo, 2003) de reflexionar críticamente desde las ciencias sociales situados en una posición periférica, “situados desde el sur”, con una mirada atenta, al tiempo que crítica y reflexiva con respecto a las miradas eurocéntricas. Este despliegue territorial y el uso particular de los recursos naturales implica, así, prácticas políticas y económicas que, junto a novedosas formas de acción colectiva, religan a diferentes actores sociales excluidos, que con sus propias prácticas ensayan la constitución de nuevos modos de vivir en sociedad, por fuera de los límites tradicionalmente fijados por la institucionalidad del Estado-Nación. Al mismo tiempo, el reordenamiento territorial que realizan las empresas multinacionales con su lógica extractiva y mercantilizadora de los recursos naturales excluye a la mayoría de la población de la región. Así, el sentido último y estratégico de la territorialidad de los movimientos sociales pareciera ser la conformación de un nuevo orden social en y desde el territorio en disputa, reconfigurando no sOlo la relación y el uso de la tierra y los recursos naturales, sino reconstruyendo los lazos sociales y resignificando las lógicas de gobierno y representación política, es decir, la gestión de la propia comunidad. Es de esta manera que afirmamos que los movimientos sociales que se territorializan habilitan la posibilidad de mantener, desde la latencia, sus características disruptivas con el sistema institucional, conformando en el territorio un esquema performativo de nuevos modos societales. Los conceptualizamos como “campos de experimentación social” ligados a nuevas formas de autogestión territorial, que habilitan a estos movimientos sociales una perdurabilidad disruptiva anclada en el territorio; proceso que permite superar la llamada “encrucijada de los movimientos sociales” que plantea una dicotomía entre la opción “institucionalizadora” o la opción “autorreferencial” restringida a los reclamos sectoriales de los movimientos sociales. Lo que se reconstruye a partir de las acciones colectivas y del proceso de territorialización es un sentido de pertenencia social. Más aún, podemos afirmar que el devenir del propio movimiento social anclado en el territorio, entre la visibilidad y la latencia, es el que habilita la reconstrucción de los lazos perdidos, de las identidades desmanteladas por esas condiciones estructurales que si bien condicionan, no determinan un proceso social dado ni tampoco determinan en una dirección unívoca la conformación de ciertas identidades sociales. Son, 332 Territorialidades en disputa: movimientos sociales, autogestión... entonces, las propias acciones colectivas y el “habitar” los territorios los que otorgan y reifican las identidades de los sujetos. Es, en este sentido, que hablamos de la “politicidad” de los movimientos sociales, ya que estos no operan en esta esfera únicamente cuando irrumpen en el espacio público, sino que lo hacen cotidianamente con sus prácticas territoriales, allí donde los actores sociales reifican sus identidades. Esta característica de la territorialidad de los movimientos sociales, que surge a partir de las propias experiencias de distintas organizaciones sociales de América Latina, puede vislumbrarse en diversos movimientos campesinos y de pueblos originarios; pero también en algunos movimientos de trabajadores desocupados, movimientos ambientalistas, fábricas recuperadas por sus trabajadores, movimientos barriales/vecinales, etc. Es a estos movimientos a los que podemos caracterizar como movimientos “socio-territoriales”; donde la territorialidad radica en la reapropiación social y política de un espacio geográfico determinado. Es en ese “territorio insurgente”, en ese espacio habitado y practicado socialmente donde estos movimientos sociales construyen proyectos disruptivos con, por lo menos, alguna de las dimensiones del orden social económico, cultural, político, educativo, sanitario, etc. Es así como, en algún lugar entre la visibilidad y la latencia, entre la cooperativa y la ruta, en algún momento entre la acción y la estructura, entre la idea de autonomía y la idea de heteronomía, en algún lugar entre la nostalgia y el porvenir, está, se construye, ese momento disruptivo y creativo de los sujetos que permite construir nuevas identidades sociales y nuevas condiciones de posibilidad de la propia existencia; en definitiva, nuevos territorios insurgentes. Entrecruzados entre estos tiempos, espacios y conceptos se encuentran estos procesos que habilitan la construcción de nuevos mundos de vida y “campos de experimentación social”; experiencias posibles ya por el solo hecho de irrumpir en la escena pública y reconstruir territorios. Este es el momento más interesante de los movimientos sociales, el de la creación y la experimentación. Ese lugar y ese tiempo, topográfico a la vez que político, donde se reifican las identidades y los lazos sociales. Ese espacio-tiempo donde todo, incluso lo imposible, parece posible. BIBLIOGRAFÍA Aguilar, M. A, y E. Vázquez. (2000). De YPF a la ruta: un acercamiento a Tartagal en M. Panaia, S. Aparicio y C. Zurita (eds.). Trabajo y población en el Noroeste argentino. Buenos Aires: La Colmena. Almeyra, Guillermo (2004) La protesta social en la Argentina (19902004), Buenos, Aires Ediciones Continente. 333 Juan Wahren Atschuler, J. (2001). Norte de Salta, escuela de piqueteros. Buenos Aires, mimeo. 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Una primera mirada hacia este documento apunta algunas referencias generales: las estructuras y organizaciones de los distintos niveles de gobierno; menciones a declaraciones y tratados internacionales firmados por Perú; restricciones, condiciones y orientaciones acerca de la relación con las fuerzas del Estado, empresas y otros actores en diferentes escalas; descripciones sobre los límites territoriales, la proyección del espacio y la relación con la naturaleza; diversos aspectos que hacen sagrado el territorio, los seres, deidades y conocimientos para la organización y reproducción de la vida. Nos invita a investigar las razones y transformaciones históricas que resultan en marcos espacio-temporales del ser wampis. Son filosofías y políticas propias, conocimientos complejos acerca de la reproducción de la vida y la existencia. Conforman conflictos civilizatorios, epistémicos y cosmológicos entre culturas, etnias, pueblos, naciones. La convergencia entre el lenguaje hegemónico de los códigos del estado Moderno y aquellos de la cosmología wampis se da en contextos de múltiples y variados conflictos históricos, de relaciones entre diferentes mundos: “la maléfica sombra proyectada desde atrás por una forma de civilización que en un momento de su 339 Leandro Bonecini de Almeida historia se siente obligada, endógenamente, a extender la competencia de sus economías antagónicas a escala mundial” (Césaire, 2006, p. 14). Con la la Ley de Comunidades Nativas de 1974 se produce la demarcación de las “comunidades nativas” y las “reservas comunales”, que ordenó relativamente la ocupación de colonos y empresas (Garra y Gala, 2014). El pueblo wampis hoy enfrenta a mineros ilegales y/o artesanales, así como a las mineras industriales –sobre todo en la Cordillera del Cóndor, frontera con Ecuador– y a la vez está ubicado en una de las fronteras de colonización de la Amazonía, ya sea por las presas hidroeléctricas, oleoductos, puntos de extracción de petróleo y gas, u otras actividades económicas que hacen a esta área centro de la conflictividad contemporánea en América Latina. Las etnias ven la unidad de sus opresores en la preparación de los ejércitos nacionales que van a las escuelas metropolitanas, que reciben el entrenamiento de sus expertos para usar las armas que esos países les venden a los ricos y poderosos del propio país o provincia donde viven. Descubren cómo esa unidad se extiende a los paramilitares nativos que reciben entrenamiento y armamento de caciques, gobiernos nacionales y extranjeros, hasta formar verdaderos complejos transnacionales, con sus jerarquías y autonomías relativas, convencionales y no convencionales (González-Casanova, 2003, pp. 24-25). Las políticas indigenistas, como la Ley de Comunidades Nativas, representaban cierta artificialidad a la integralidad de la territorialidad indígena, y por ello insuficiente para garantizar los derechos de los pueblos amazónicos, sobre todo en las oleadas expansivas de los capitales en la presente etapa neoliberal. Este marco legal reconoce solo el derecho a la superficie, excluye los cuerpos hídricos, la fauna, el bosque, el subsuelo, los espacios vitales fundamentales en la cosmología wampis de la integralidad de sus territorios. Los wampis –conocidos por su tradición guerrera– fueron involucrados en las guerras fronterizas entre Perú y Ecuador, a la vez que soportaron y resistieron al Estado de emergencia, la militarización tras la masacre de Bagua o el “Baguazo”, y en su milenaria historia reinventan sus prácticas para seguir existiendo. Así, apartados de la exotización de la mirada colonial y pornográfica del ajeno moderno (Segato, 2016), manejan éticas y morales de su propia filosofía política, de su división social de trabajo, de los vínculos que la hacen colectividad y sociedad. El Segundo Paro Amazónico se convocó para el día 9 de abril de 2009, con punto de encuentro en la Estación de Bombeo N° 340 El Gobierno Territorial Autónomo de la... 6 del Oleoducto Norperuano, el puente Corral Quemado y la carretera Fernando Belaunde, a la altura de la llamada “Curva del Diablo”. Luego de 57 días continuaban bloqueadas las rutas hacia la Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas, sin ser efectivo ningún intento de establecer mesas de negociación. El día 5 de junio, los indígenas y la población organizada en las localidades del Paro Amazónico fueron atacados por la policía durante la madrugada, aunque la acción logro revertirse en contra de los efectivos policiales que debieron retirarse. Según la Defensoría del Pueblo, al terminar el día de masacre en Bagua y Bagua Grande, había más de 100 personas detenidas, 34 muertos, 205 heridos entre policías e indígenas, además de un gran número de desaparecidos. Perú es el país con mayor cantidad de territorio amazónico ocupado por los lotes petroleros: 84% (659.937 km²). Además, 66,3% de los territorios indígenas amazónicos reconocidos por el estado está superpuesto con lotes petroleros. Los conflictos mineros y de los hidrocarburos pueden analizarse desde sus implicaciones directas e indirectas, pero se plasman en la realidad sobreponiéndose a otras actividades productivas y de reproducción social, que se evidencia en la cadena compleja de la explotación de la materia-energía, su circulación, realización como mercancía y aporte en capital, su procesamiento-transformación y circulación. Se destaca uno de los elementos fundamentales: la energía. Se proyectan para la cuenca del Río Marañón cerca de 30 presas hidroeléctricas, de las cuales 20 se declaran de “interés nacional y social” por el Decreto Supremo D. S. N° 020-2011-EM. 341 Leandro Bonecini de Almeida Mapa 1. Territorios wampis y awajun: territorialidades en conflicto Fuente: Elaboración propia sobre datos de MINEM; MINAM; GEOSUR/CAF; RAISG. Los enfrentamientos ocurridos a mediados de 2009 expresan la resistencia indígena a la expansión de la política de explotación organizada desde el Estado, las empresas nacionales y transnacionales dedicadas, sobre todo, a las industrias extractivas. El Paro Amazónico de 2009 se produce contra los cambios legales sobre las tierras y territorios indígenas del Perú y la creciente presencia de la minería y el sector de hidrocarburos, que son los que marcan el ritmo. Pero están cerca por otras actividades, como el sector maderero, hidroenergético y agroindustrial, en sus versiones legales o ilegales, que precisan de infraestructura de transportes y flujo de personal para su desarrollo. A esta avalancha de actividades en sus espacios territoriales, los pueblos indígenas han reaccionado con un movimiento indígena organizado para irrumpir en la política nacional (Surrallés, 2014, p. 159). La región de la Cordillera del Cóndor –tras la Guerra del Cenepa en la frontera entre Perú y Ecuador– ha pasado por significativos 342 El Gobierno Territorial Autónomo de la... cambios. Según los indígenas, los acuerdos de paz firmados no fueron respetados, ya sea por la no titulación de las tierras como por la complicidad hacia la minería ilegal y las decenas de concesiones mineras privadas en zonas reservadas, que generó la sensación de traición por parte del Estado y las Fuerzas Armadas. Representan amenazas a las relaciones y al territorio, afectan los vínculos ontológicos con otros seres, no humanos, antropomorfizados, como los espacios vitales y sagrados, sustrato material de las éticas y filosofías de la reproducción social wampis. Al analizar el escenario del Bagua, Santos-Granero y Barclay (2010) reflexionan sobre la percepción de la violencia capitalista en los territorios awajún y wampis a partir de “eco-cosmologías nativas” y las “economías políticas de vida”, responsables por las éticas populares de autorregulación. En estos contextos, en los discursos emergen una diversidad de representaciones de “seres sobrenaturales blancos y gringos alados” en diferentes comunidades. La mitología política amazónica de los “bultos”, “selladores” y “gringos alados” nos demuestra cómo en la comunicación oral se difunden los signos de las amenazas externas, infiltradas en los programas y agencias gubernamentales, por foráneos de las operaciones de asistencias y proyectos extractivos. Según esta perspectiva mítica, la energía y la fuerza vital “es finita, generalmente fija, escasa, en constante circulación y desigualmente distribuida” (p. 24). En su milenaria historia, el pueblo wampis reinventan sus prácticas para seguir existiendo, resisten frente a la violencia inherente al desarrollo de la economía capitalista, pues la industrialización solo produjo la modernización de la dictadura, la sustitución de los viejos sistemas oligárquicos y patriarcales por una violencia fascistoide eficaz y moderna. No podría ser de otro modo, pues el desarrollo periférico implicaba el agravamiento de las desigualdades sociales y no su reducción (Amin, 1989, pp. 211-212). Al acercarnos a la experiencia social wampis observamos el manejo de éticas y morales de su filosofía política original, creativa: “las burguesías del Tercer Mundo no conocen otro objetivo: imitan el modelo de consumo occidental y la escuela reproduce en esos países, modelos de organización del trabajo que acompañan a las tecnologías occidentales” (Amin, 1989, p. 131), las cuales ofrecen formas de vida, consumo y reproducción ajenas a los territorios indígenas amazónicos. Na identidade subalterna a declaração da diferença é sempre uma tentativa de apropriar uma diferença declarada inferior de modo a reduzir ou eliminar sua inferioridade. Sem resistência não há identidade 343 Leandro Bonecini de Almeida subalterna, há apenas subalternidade. A identidade dominante reproduz-se assim por dois processos distintos: pela negação total do outro e pela disputa com a identidade subalterna do outro (Santos, 2002, pp. 29-30). Esta otredad es fundamental en la integralidad del territorio, las relaciones con los seres humanos y no humanos fundamental para el ser wampis, orientan el sujeto político y el poder, las prácticas de frontera, autonomía y alianzas dadas las relaciones crecientes con el Estado y el capitalismo global, según Garra y Gala (2014). La identidad wampis está muy vinculada a las cuencas de los ríos Kanus (Santiago), Kankaim (Morona), Cenepa, entre otros cursos de agua, ríos, cochas, ecosistemas y nichos ecológicos diversos, suelos, cerros, cuevas, bosques, fauna, aire, paisajes, subsuelo, quebradas, nacientes, y otras formaciones naturales apropiadas y significadas socialmente, como parte de su identidad y espiritualidad determinantes de su filosofía política y cultura que durante siglos conviven con este territorio y la Amazonía conocida por el Occidente, sobre todo desde su exterior. Según Garra y Gala (2014), las relaciones étnicas de parentesco se distribuyen geográficamente en estos cuerpos hídricos, cerros, sitios animados por espíritus, marcos espacio-temporales de las alianzas y guerras entre wampis, awajún y shuar, pueblos indígenas jíbaros, según los cuales habitan junto a una gran cantidad de seres no humanos, ontológicamente personificados (aents), compartiendo calidades, habilidades y virtudes, siendo traducibles como almas (wakan). Una clase particular de estos espíritus son los ajutap o arutam, esencias poderosas y ancestrales cuyo contacto e incorporación confiere fuerza y bienestar a los vivos. Estos espíritus se concentran fundamentalmente en las partes altas de los cerros, y los lugares propicios para entrar en contacto con ellos son las cascadas (tunas) que descienden de estos relieves. Cerros y montañas, por lo tanto, constituyen una doble frontera: ontológica, ya que constituyen el paso de una selva ‘domesticada’ a un universo desconocido poblado por personas y espíritus poderosos y peligrosos, e interétnica, puesto que constituyen los límites geográficos de un tipo de relación marcado por la reciprocidad, y el inicio de un ‘más allá’ donde vive un Otro humano idéntico a Nosotros (Garra y Gala, 2014, p. 57; énfasis original). Son determinantes con su cultura y durante siglos conviven con este territorio complejo en formas de vida y existencia. Aun así, la expansión de la dominación capitalista, colonial y patriarcal 344 El Gobierno Territorial Autónomo de la... conlleva escenarios de contaminación, desertificación y escasez de agua, asesinatos, conflictos armados, y otras violaciones, en países formalmente considerados en paz y democracia, como es el caso de Perú. Las resistencias hacen posibles e inteligibles las correlaciones entre experiencias de dignidad en América Latina, las éticas y pedagogías fundamentales de la organización colectiva, comunal, comunitaria, de la educación que surge en los movimientos sociales. Aprendizajes del derecho a partir de las prácticas de (re)producción de la existencia, en vivencias existenciales totales (Arroyo, 2003): “a formação humana é inseparável da produção mais básica da existência, do trabalho, das lutas por condições materiais de moradia, saúde, terra, transporte, por tempos e espaços de cuidado, de alimentação, de segurança.” (p. 31). El GTANW tiene dos sedes transitorias: la Federación de Comunidades Huambisa del Río Santiago (FECOHRSA), en la comunidad de Soledad en el río Kanus (Santiago), y la Sede de la Organización Shapra del Morona (OSHDEM), en el río Kankaim (Morona). Esto es importante porque nos da indicios de la historicidad de las organizaciones indígenas como la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN), la cual es parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). En 1977, la fundación del Consejo Aguaruna Huambisa (CAH)1 representó un marco del proceso de apropiación awajún y wampis del lenguaje, de los aparatos legales y organizativos coloniales occidentales, realizando la articulación de los grupos locales por la defensa común de los territorios, sea por la migración de agricultores de la costa y sierra, como los intereses transnacionales: “a finales de la década de 1980 comenzaría a fragmentarse en una serie de organizaciones locales, […] principalmente por la necesidad de autonomía de los grupos locales aliados en cuencas y subcuencas hidrográficas” (Garra y Gala, 2014, p. 63). Romio (2014) concluye que las transformaciones generadas en el contexto de las organizaciones indígenas cambiaron las condiciones de atención a las prácticas espirituales o cosmopolíticas consuetudinarias para alcanzar reconocimiento y legitimidad de 1 “El CAH se organizó bajo una forma federativa que se fundaba en la reunión asamblearia de los representantes de las comunidades de las principales cuencas, una forma de ‘democracia directa’ análoga a la que rigen las relaciones políticas al interior de la comunidad. Sin embargo, a finales de la década de 1980 comenzaría a fragmentarse en una serie de organizaciones locales. Las diversas cuencas empiezan a crear sus propias organizaciones, principalmente por la necesidad de autonomía de los grupos locales aliados en cuencas y subcuencas hidrográficas.” (Garra y Gala, 2014, p. 57). 345 Leandro Bonecini de Almeida liderazgo. Por ello, desde entonces, se manifiesta este paralelismo de inspiraciones políticas, la profesionalización, alfabetización y prácticas cotidianas de negociación ante la sociedad mestiza peruana, lo que reduciría el fortalecimiento espiritual del líder, alterando la excepcionalidad del surgimiento de líderes guerreros para la estabilidad organizativa. Por eso se entiende el énfasis del Estatuto del GTANW hacia la valoración de las prácticas ancestrales, sean espirituales y/o políticas. Un gobierno indígena surge en la Amazonía peruana. ¿Sabrán los ciudadanos ubicados en Lima de su existencia? ¿O de los retos y obstáculos para su existencia en los procesos históricos de conflictos en la Amazonía? La existencia social de esta experiencia no se puede medir desde los conocimientos y saberes colonizados en los centros y el norte de poder, sobre todo en términos de la nacionalidad y el estatuto del ciudadanía, de las razones de Estado y del Capital: “Que solo Occidente sabe pensar; que en los límites del mundo occidental comienza el tenebroso reino del pensamiento primitivo, el cual, dominado por la noción de participación, incapaz de lógica, es el prototipo mismo del falso pensamiento”(Césaire, 2006, p. 37). Según Santos y Meneses (2015), epistemología es todo conocimiento y práctica válidos en determinada experiencia social, intencional e inteligible según los actores sociales. Pero no solo conceptos, sino prácticas corporificadas en y por los pueblos indígenas, pues las relaciones entre movimientos sociales y el Estado nos presentan cuestiones referentes a las fronteras, de las prácticas y símbolos entre tales entes. Sobre todo si, como en el caso wampis, consideramos las distintas ontologías de la acción colectiva, movilizadas por identidades y solidaridades frente a estructuras dominantes. La temporalidad wampis remonta a las resistencias a la expansión del Imperio Inca, las colonizaciones española y criolla, la formación de las repúblicas independientes, la expansión de la exploración del caucho y las industrias extractivas. Uno de los aspectos centrales de este Estatuto es la diferenciación entre las dimensiones internas y externas a la sociedad y el ser wampis, además de las responsabilidades del GTANW. Segato (2016) nos habla de la crítica de la interpretación, en la medida que limita y aparta la complejidad de la realidad experimentada, universaliza, normaliza la descripción en generalizaciones, parte del logos de la razón instrumental occidental. La interpretación genera un producto, un algo nuevo y distinto de lo literal, del otro interpretado. Por lo tanto, hay una dimensión política y civilizatoria demostrada en el proceso de “interpretación metafórica del mito”. La pluralidad de formas de existencia y de vida se reduce, sea la diversidad interna o exógena a grupos y sociedades. La Verdad 346 El Gobierno Territorial Autónomo de la... sobre las verdades, discursos, éticas, estéticas, mitos y lógicas sensibles que expresan relaciones entre lenguaje y realidad: “la interpretación la organiza por medio de un proceso de simulación que coloca en su lugar una estructura de ideas” (p. 48). Esta reflexión nos invita a pensar en el conocimiento y la práctica intelectual desde nuestro lugar de enunciación, la diferencia entre lo que es conocido y lo que todavía no se conoce (Fals-Borda, 2015) –intraducible e irreductible– de la singularidad de los seres. El problema de la interpretación como reproducción de la colonialidad está en el poder del uso de la palabra, del documento, del archivo, de la exotización, la creación metafórica del otro. O sea, la exclusividad de la enunciación de la verdad desde las instituciones de legitimación de las relaciones de poder, potencialmente distinta de “la verdad objetiva, que es la materia en movimiento” (Fals-Borda, 2015, p. 256). La ética y moral propia wampis les da autoridad y sabiduría, un filosofía política propia; la división social del trabajo hacia la propiedad/apropiación colectiva del territorio del “ser, la dignidad y la persona” (Senghor, 2004; énfasis original) crean vínculos que los hacen sociedad. La espiritualidad está vinculada a su filosofía política y su cultura que por siglos coexiste con la naturaleza en este territorio: “todos esos espacios son vivos y dependen unos de otros. Nuestra nación y su pueblo forman parte de ese territorio” (Estatuto del GTANW, 2015, p.15). Según el documento del Estatuto, dicha experiencia se instituye en diferentes niveles jerárquicos, y las determinaciones colectivas tienen un rol central en la toma de decisiones, además de la posibilidad de revocar la condición de liderazgo en cualquier de ellas. Hay formas de compromiso y experiencias manifiestas en las acciones colectivas, distribución geográfica de alianzas marcada por la red hidrográfica (cuencas y subcuencas) y topográfica de las mismas cadenas montañosas, fusionándose los grupos no formalmente limitados, y cosustancialidad y parentescos generalizados, a la vez que se establecen fronteras étnicas y límites territoriales (Garra y Gala, 2014, p. 54). Sobre los aspectos internos del GTANW sobresalen los niveles de jerarquías y autoridad. 347 Leandro Bonecini de Almeida Diagrama 1. Estructura del GTANW Fuente: Elaboración propia en base a datos del Estatuto del GTANW (2015). Es preciso tener en cuenta esta estructura de gobierno desde las relaciones de poder y jerarquía ancestrales. Sean ellas anteriores a la incorporación por medio de las organizaciones indígenas en su sentido histórico, las demandas indígenas por participación en las tomas de decisión en las instituciones del Estado, o desde los derechos indígenas sobre los temas que les afecte directa o indirectamente lo que involucra la descentralización y/o regionalización de instituciones ontológicamente diversas (Espinosa, 2016). Estas posiciones de liderazgos, sean por las virtudes y habilidades en la guerra o por medio de la Visión o sabiduría alcanzada por rituales con la ayahuasca, se legitiman en el reconocimiento social de la necesidad circunstancial de tal liderazgo. Son los kakajam (guerrreros sábios), waimako y los pamuks, este último considerado el anciano guerrero, quien recibe consejos de los waisam/ waisram (consejeros espirituales): “Efectivamente, era la asamblea de los pamuk la que decretaba cuáles de los jóvenes que se declaraban waimaku eran dignos de participar a la expedición de guerra, y por lo tanto de pasar al estatus de kakajam” (Romio, 2014, p. 145). 348 El Gobierno Territorial Autónomo de la... Se consideran en el Estatuto del Gobierno wampis las prácticas ancestrales de organización –la lucha directa en contra de los agentes de la expansión de fronteras coloniales y del capitalismo– como parte del proceso de reinvención del ser wampis. De ahí surgen nuevos problemas públicos, jurídicos, institucionales, y la creación alcanza incluso la transformación del sentido de las democracias, desde la pluralidad de poderes y órdenes jurídicos, en “múltiples fuentes de autoridad” (Santos, 2003, p. 398), experimentación social, autoexperimentación, auto-reflexividad y la invención de nuevas formas de sociabilidad. Vivir en la frontera significa tener que inventar todo [...]. Vivir en la frontera significa convertir el mundo en una cuestión personal [...]. En la frontera, se vive de la sensación de estar participando en la creación de un nuevo mundo. Las reservas de experiencia y de memoria, que cada persona o grupo social lleva consigo hacia la situación de frontera, se transforman profundamente cuando son aplicadas a un contexto completamente nuevo (p. 397). No se puede ignorar la conexión espiritual con el territorio integral, al que los wampis llaman Iña Wampisti Nunke. Entre ellos hay personas sabias, visionarias llamadas waimaku. En sentido amplio, el movimiento social generado por la formación del GTANW se basa en un largo tiempo de convivencia social con el bosque, en oposición a las temporalidades de explotación de las industrias de la frontera colonial y capitalista. El control y aplicación de prácticas de justicia sobre un territorio integral, a través de un gobierno indígena, contribuye como una referencia política sobre la capacidad del ejercicio del poder entre fuerzas asimétricas, la organización, sostenimiento y realización plena de gobiernos comunales populares en América Latina: articuladores de las prácticas ancestrales incorporados a las sociabilidades de una nación, a distintos niveles y escalas de gobierno, nos desafían a profundas reflexiones. Tal inflexión también existe entre los movimientos sociales organizados bajo la forma de partido, que pasan por diversas crisis de representatividad en las democracias bajo la hegemonía capitalista, y en ese proceso dejan de territorializarse o pasan a desterritorializarse. Esta reflexión a la vez encuentra significativa resistencia por parte de liderazgos de los movimientos-partido, sobre todo aquellos en que la centralización y las jerarquías construyen agendas que toman la política como ámbito de las narrativas y del devenir en el Estado, consideran que el colonialismo se manifiesta, “Nos planos social, político, jurídico, cultural, no plano das práticas cotidianas de convivência e 349 Leandro Bonecini de Almeida sobrevivência, de opressão e resistência, de proximidade e distância, no plano dos discursos e narrativas, do senso comum e dos outros saberes, das emoções e afetos, dos sentimentos e ideologías” (Santos, 2002, p. 25). Son inspiraciones a las inquietudes de los nuevos movimientos sociales y quizá las izquierdas, en su amplio espectro, sobre como efectivamente determinar el ejercicio de poder sobre un territorio en autonomía en términos de un gobierno comunal o comunitario, en un devenir poscapitalista. Se evidencia la tensión entre local, nacional, global; son autoridades de distinta naturaleza. Miremos a los movimientos sociales organizados como estructuras partidarias en el espectro político regional latinoamericano. En la crisis de los progresismos se desterritorializan si vinculadas a los locales desde una dimensión nacional, de estados/departamentos o subregiones por cadenas de intermediaciones ajenas a las dinámicas cotidianas de control y poder en un territorio, afectando las condiciones de emancipación de las relaciones estructurales capitalistas, coloniales y patriarcales. Los espacios, seres y deidades wampis pueden considerarse como dimensiones de la realidad, topónimos ideológicos: Entsa es el espacio acuático; Nunka es el espacio de la tierra donde están los seres vivos, humanos, animales y plantas; Nayaim es el espacio del cielo donde viven Etsa (sol) que es el guía, Yaa (estrellas), Nantu (Luna). “Todos estos espacios están vivos y dependen unos de otros. Nuestra nación y su gente son parte de este territorio” (GTANW, 2015, p. 15). La geografía wampis define espacios vitales e integrales, lo que contraria la lógica moderna occidental de la separación y fragmentación de partes elementales de la naturaleza, que serían, por lo tanto, indivisibles. Como sugiere Clastres (2004), para los wampis se trata de la unidad indivisa. En este sentido, la acción colectiva awajún y wampis responde a las crecientes amenazas externas, contraponiéndose a la dispersión territorial anterior y los conflictos entre unidades familiares temporalmente desaparecían frente a una amenaza externa e intentos coloniales (Romio, 2014). Tal perspectiva relacional es distinta de aquella de la conformación espacial oficial del territorio nacional peruano, de ahí derivan los conflictos. La ética de la guerra es la política para la preservación de un ser propio, insumiso, delante de los sistemas tradicionales de normas y leyes ancestrales. El cuerpo social lucha para seguir homogéneo, un nosotros autónomo (Clastres, 2014). La relación entre guerra y autonomía cobra complejidad si consideramos las guerras interétnicas y el poder difuso en las fronteras derivadas de los factores de alianzas, parentesco y conflictos, hacía agencias de actores 350 El Gobierno Territorial Autónomo de la... externos en los procesos de presión que llevan al acercamiento de los pueblos indígenas para movilizarse frente a ellos. Una de las razones para ello, anunciada en la narrativa del estatuto wampis, es la necesidad de valoración del ser wampis, de la preservación y la transformación cultural y política en contextos de conflictos y relaciones con múltiples sociedades en diferentes momentos históricos. Por lo tanto, reivindican ser, al mismo tiempo, ciudadanos peruanos y Nación wampis. En este sentido, la convergencia realizada por la apropiación de códigos normativos de la Constitución Política del Perú y de acuerdos internacionales, así como de las cosmologías milenarias de la Nación wampis generan un conjunto de desafíos analíticos, sobre todo a los intelectuales wampis. El Gobierno wampis no es separatista, no propone la separación formal y territorial del Estado peruano. Hace críticas a las leyes y sus límites, incluso a aquellas que ratifican los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como sobre las determinaciones acerca de la apropiación del territorio o en las garantías a la autodeterminación. Así, el Estado aparece como institución ambivalente, criticada por su agencia estructuralmente violenta y ajena, pero se reconoce como ámbito estratégico de negociación, sea para reducir las acciones de las fuerzas dominantes, o como fuente de políticas públicas soporte para el sistema educativo y de salud propios del Gobierno wampis. Según Espinosa (2016), el Estado debería garantizar soporte a los gobiernos locales y regionales, la coordinación junto a las comunidades y organizaciones indígenas, teniendo capacidad de decisión y presupuesto adecuados para realizar sus actividades, respetadas las consultadas y las autonomías hacia la valoración de la diversidad étnica y cultural para el cambio de mentalidad del conjunto de las y los ciudadanos del Perú. Caso contrario, se trata de una burla o estafa, “al mismo tiempo se tiene que eliminar la discriminación y el racismo, y revertir la lógica paternalista-asistencialista que sigue manteniendo el Estado frente a las comunidades y organizaciones indígenas” (Espinosa, 2016, p. 13). Hay una gran divergencia en términos de la extensión real del territorio, como podemos observar en la tabla: Cuadro 1. Ocupación territorial wampis Uso y situación Ocupación y uso tradicional Tierras tituladas Extensión 1.327.770 hectáreas 292.113 hectáreas Con cesión de uso 156.213 hectáreas Pendientes de reconocimiento y titulación 879.132 hectáreas Fuente: Elaboración propia en base a datos del Estatuto del GTANW (2015). 351 Leandro Bonecini de Almeida Las fronteras del territorio wampis están identificadas, según los siguientes límites sociogeográficos (GTANW, 2015): al norte está la frontera del Ecuador donde vive la nación Shuar; en el sur, hasta la boca del río Kanus o Santiago, con los territorios de las comunidades awajún de Domingusa y Marañón, el centro poblado de Borja, la comunidad awajun de Ajachin hasta llegar al Caserío de Colpa Unidos en el Bajo Morona; al oeste las comunidades awajún del río Cenepa, en cuyas cabeceras se encuentran las comunidades wampis de Putuim y Wichin, y la Cordillera del Cóndor bordeando el límite fronterizo con el Ecuador; y al oriente/este con la cuenca del río Kankaim o Morona, hasta llegar en los territorios de los pueblos o naciones shapra y achuar y los caseríos ribereños. Aunque sean graves las tensiones y conflictos, el GTANW propone la convivencia pacífica y productiva con la sociedad peruana, en términos de ciudadanía y derechos que gozan los wampis. La ocupación y distribución espacial se da por relaciones transnacionales de diferentes tipos, si consideramos las naciones desde los Estados nacionales y las naciones indígenas. Así la complejidad geográfica nos remite a las dinámicas sociales y los conflictos históricos de los pueblos amazónicos entre sí, y a partir de su relación con el Estado. La Guerra del Cenepa –guerra de frontera entre Perú y Ecuador en el año 1995– involucró la participación activa de diversos grupos indígenas, o como dijo Césaire (2006, p. 17): “colonización: cabeza de puente de la barbarie en una civilización, de la cual puede llegar en cualquier momento la pura y simple negación de la civilización”. No se puede ignorar el vínculo espiritual con el territorio integral2 o Iña Wampisti Nunke. Hay diversas referencias espirituales, éticas, habilidades y conocimientos que permiten su existencia. Pueden parecer exóticas si no las ponemos en contexto, considerando los movimientos de propagación de las civilizaciones occidentales, vinculadas a la expansión progresiva de las religiones y culturas, sobre todo judaicas y cristianas, aunque se considere el carácter laico del Estado nacional moderno. Hay una significativa presencia evangélica en los territorios wampis, lo que se tratará en otro momento. Pero entre las y los wampis hay sabios, visionarios y visionarias, llamadas waimako. La lengua wampis se toma como primera lengua, aunque se estimule la enseñanza del castellano como segunda opción, ambas necesarias para la realización del gobierno indígena según sus necesidades internas y externas. Uno de los objetivos es la recuperación de la 2 “La reivindicación de ‘territorios integrales indígenas’ nace desde la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI) de Loreto, base de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)” (Garra y Gala, 2014). 352 El Gobierno Territorial Autónomo de la... toponimia y los nombres ancestrales de las comunidades, ríos, cerros, así como los nombres y apellidos que utilizan. Se reclama el respeto a las prácticas espirituales ancestrales, incluso de las de alimentación: entre ellas está el masato, una bebida fermentada por las encimas de la saliva, preparada a partir de la yuka triturada: “la capacidad de invitar grandes cantidades de masato era directamente proporcional al número de esposas que un hombre tenía, que a su vez era expresión visible de su poder militar en términos de alianzas familiares contraídas a través de vínculos matrimoniales” (Romio, 2014, p. 147). Se considera un alimento nutritivo y sagrado, ypor su capacidad energética favorece el trabajo, si bien por contener alcohol puede llevar a la embriaguez. La comunicación interactiva e intercultural se vuelve posible por un respeto al diálogo de las creencias, de las ideologías, y de las filosofías ligado a la descolonización de la vida cotidiana y de los “momentos estelares” de la comunidad creciente, esbozo de una humanidad organizada. La búsqueda de lo universal en lo particular, de la unidad en la diversidad, recoge y combina las experiencias revolucionarias, reformistas y liberadoras o libertarias anteriores, mientras enlaza viejas y nuevas utopías, más asequibles a una práctica alternativa, y más dispuestas a comprender sus propias contradicciones y algunas formas de superarlas (González-Casanova, 2003, p. 27). Hay una disputa de la palabra, y, por lo tanto, una lucha ideológica, la cual se coloca además en la demanda por la comunicación interna y hacia otras sociedades; se trata de ampliar la aceptación y el uso del idioma wampis en los distritos que son parte del territorio wampis, incluyendo a servidores y servicios públicos, pues “todo hombre y mujer wampis tiene derecho a expresarse en su propio idioma ante cualquier instancia pública y privada y no ser discriminado por ello” (GTANW, 2015, p. 5): “Como el epistemicidio perpetrado por el Norte ha sido acompañado casi siempre por el lingüicidio, el Sur fue doblemente excluido del discurso: porque se suponía que no tenía nada que decir y nada (ninguna lengua) con que decirlo” (Santos, 2003, p. 425). La consecuencia fue el desperdicio de mucha experiencia social y la reducción de la diversidad epistemológica, cultural y política del mundo (Santos y Meneses, 2015). El sistema educativo de la nación wampis se basa en los conocimientos, sabidurías, prácticas y costumbres ancestrales, al mismo tiempo que señalan las contribuciones de saberes y tecnologías de otras culturas. De ahí deriva otra cuestión, ¿cómo relacionar las prácticas ancestrales del patrimonio cultural con las prácticas vinculadas a los aparatos técnicos ajenos? 353 Leandro Bonecini de Almeida Las artes, artesanías, técnicas, prácticas de subsistencia, mitos, historias, cantos y bailes, poesías, ritos ceremoniales y otras manifestaciones culturales son patrimonio cultural de la nación Wampis e integran el núcleo fundamental de la enseñanza que deben recibir nuestros niños y jóvenes de ambos sexos. El sistema educativo de la nación Wampis, valora enormemente las tierras, territorios, bosques, quebradas, ríos, centros espirituales, la biodiversidad, los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales (GTANW, 2015, p. 6). En sentido amplio, el movimiento social en transformación por el GTANW pone en cuestión la reproducción social territorial. Un desarrollo basado en una larga temporalidad de convivencia con el bosque amazónico, en oposición a las temporalidades de la explotación de industrias de la frontera capitalista: “la tendencia a la homogeneización no es consecuencia necesaria del desarrollo de las fuerzas productivas, sino el contenido capitalista de este desarrollo” (Amin, 1989, p. 129). Se reitera la relevancia del conjunto de los pensamientos llamados indígenas en América Latina, sus principios, filosofías, sabidurías y racionalidades milenarias: “outra racionalidade, modelos societários e orientações culturais conflitantes com as normas e valores estabelecidos, […] luta permanente, reprimida e silenciada pelo controle dos padrões socioculturais: a ética, o conhecimento, a memória, as normas e os significados” (Arroyo, 2003, p. 42). Autogobernarse involucra la totalidad de las necesidades, para producción y reproducción, sobre todo si pensamos la relación entre el hacer comunal y las correlaciones de fuerzas asimétricas multiescalares. Así los movimientos sociales verticalizados pierden su potencial emancipatorio si no intentan aprender de las resistencias populares frente al colonialismo interno o intracolonialismo (González-Casanova, 2003, p. 22), del cual el neoliberalismo y el capitalismo financiero-industrial es parte: “la crisis del pensamiento social es pues ante todo, en su dimensión principal, la del pensamiento burgués que se niega aceptar esta comprobación, que lo obligaría aceptar que el capitalismo no es ‘el fin de la historia’, la ‘racionalidad definitiva y eterna’” (Amin, 1989, p. 132). La formación de gobiernos indígenas, o territorios autónomos en América Latina, es un fenómeno recurrente en la historia regional; las resistencias y experiencias de este tipo no se reducen al período posterior a la Segunda Guerra Mundial, a los tratados de derechos humanos o al indigenismo. Tales códigos y estatutos legales son incorporados críticamente en la elaboración o traducción intercultural de los derechos indígenas como se puede notar en el Estatuto del GTANW: el derecho a la libre determinación; a la reivindicación de la identidad de pueblo indígena; autonomía y autogobierno; el control 354 El Gobierno Territorial Autónomo de la... de sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales; el reconocimiento y soporte del estado en la determinación del territorio; reparación y restitución de las tierras confiscadas o expropiadas sin consentimiento libre, previo y informado, lo que se asemeja al fenómeno de la recuperación de tierras; la autorización o no de incursiones extrañas en el territorio; determinación de las prioridades de desarrollo; participación en asuntos públicos; participación y consulta libre, previa e informada, así como el consentimiento sobre las actividades del Estado, sea para la explotación del subsuelo o cualquier proyecto que afecte el territorio integral de la Nación wampis; la conducción de sus propias instituciones educativas y de salud; el acceso a instituciones internacionales para protección de los derechos; derecho a la resolución de conflictos entre miembros de las comunidades o de estos con foráneos por medio de cuerpo de vigilancia; entre otros (GTANW, 2015). Pero no podemos ampliar el horizonte de posibilidades, sin ampliar también el horizonte de inteligibilidades [...], tenemos que comprender más y mejor; de esta manera, habrá una simetría entre el horizonte de posibilidades y el horizonte de inteligibilidades (Santos, 2011-2012, p. 18). Las obligaciones del Estado peruano son aceptadas por una serie de leyes y tratados internacionales, sobre todo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; la Constitución Política del Perú y las leyes del Perú. Entre las determinaciones del Estatuto del Gobierno wampis están las estructuras de gobierno y justicia, para la representación interna y externa conforme el derecho a la autonomía y los derechos consuetudinarios de la Nación wampis. Para esto, además de la estructura presentada brevemente, se considera aún la realización de un ordenamiento del territorio integral según sus conocimientos, prácticas culturales y sistemas de aprovechamiento de recursos, así como por la zonificación ecológica y económica. La organización de los espacios vitales se presenta como organización de las prioridades de desarrollo y el Plan de Vida Wampis: frente a la ideología legitimadora del orden actual y vigente, la utopía reflexiona hacia otro tipo de orden (Macamo, 2014). No se trata de buscar ordenamientos preexistentes, sino comprender los mecanismos, los procesos de organización y apropiación social de las oportunidades de invención política. Política del conflicto entre Capital, Colonialismo, Patriarcado, Estado y Pueblo, naciones, culturas y movimientos sociales: “hay muchas líneas abismales que hacen a estas exclusiones totales e impiden la posibilidad de la 355 Leandro Bonecini de Almeida individualidad y autonomía” (Santos, 2011-2012, p. 20). Tales reflexiones nos indagan cómo podemos pensar las redes que les cruzan, sean enmarcadas en la historia contemporánea o parte de la memoria y las prácticas históricas de los pueblos, según sus formas de organización de la acción colectiva. Esto significa que tienen que competir con formas de sociabilidad alternativas, a las cuales hay que garantizar condiciones adecuadas para florecer, y no sólo para sobrevivir. Le compete al Estado asegurar la experimentación, residiendo en dicha función su naturaleza de providencia social. En la transición paradigmática, las luchas políticas en las que el blanco es el Estado se vuelven extremadamente importantes (Santos, 2003, p. 391). Hay cambios al interior de las sociedades en términos de acciones, transiciones paradigmáticas y subjetividades emergentes (Santos, 2003), el reposicionamiento y/o transformación multidireccional entre actores, colectivos e individuales, quienes aspiran por autonomía y representación. La reproducción social está asociada a vínculos, los cuales hacen parte de los conflictos y son aspecto fundamental en la consideración del carácter dinámico y mutable de los movimientos sociales: “las sociedades de la periferia que comienzan así el ‘poscapitalismo’ a través de estrategias [...] nacional-populares más que de ‘construcción socialista’ se ven obligadas por eso mismo a enfrentar todas las dificultades que implica la desconexión” (Amin, 1989, p. 133). Así, las actividades económicas del Estado peruano y de las industrias extractivas no pueden imponerse a la libre determinación de la Nación wampis. O sea, la exploración y explotación del subsuelo, las represas hidroeléctricas o cualquier gran proyecto de infraestructura que dañen al territorio, sus ecosistemas, y a las familias. Siempre que el Estado planifique la realización de alguna de estas iniciativas o la concesión de recursos de nuestro territorio, deberá proceder a un proceso de consulta libre, previa, informada de acuerdo con lo dispuesto por el presente Estatuto así como recabar nuestro consentimiento en los casos en que pueda afectar de manera grave nuestra sobrevivencia (GTANW, 2015, p. 18). Las relaciones permisivas del Estado con las empresas extractivas nacionales, internacionales y/o transnacionales, sean legales o ilegales, mineras, petroleras, gasíferas u otras no tiene permiso de acceder al territorio sin que haya un proceso formal de consulta por parte del 356 El Gobierno Territorial Autónomo de la... Estado. Es relevante reiterar las constantes fugas de petróleo en la Amazonía norte del Perú, así como la presencia de la minería ilegal, incluso en el territorio wampis – lo que explicita las consecuencias del colonialismo y de la globalización hegemónica. Por ello, la población se ha dedicado de manera constante a la vigilancia, incluso a la expulsión de los mineros y la destrucción de sus máquinas. Es importante recordar la presencia colonial-imperial en la Amazonía, sobre todo de Estados Unidos e Inglaterra, entre otras naciones en proceso de expansión, o sea, “el capital monopólico y el imperialismo se han combinado con el racismo y el colonialismo para explotar y oprimir a territorios que viven bajo un régimen colonial o neocolonial”. (González-Casanova, 2003, p. 12). Además, Espinosa (2016) destaca el hecho de que existe una: Lógica paternalista asistencialista (y eventualmente clientelística), en la que el gobierno se vincula con las comunidades indígenas a través de “regalos” (techos, botes, grupos electrógenos o tractores) o fiestas (ferias artesanales, campeonatos deportivos, concursos de belleza o celebraciones conmemorativas). Se considera la distribución y uso de las tierras como de propiedad colectiva, así nadie puede vender las tierras a personas extrañas, ni instituciones del Estado o privadas. Se practican formas ancestrales de herencia, transferencia de tierras y uso rotativo. No se permiten asentamientos en áreas sagradas para el vínculo con el territorio, y las nuevas ocupaciones deben ser parte de la planificación comunal. Además, se consideran áreas de uso comunal los bosques, según sus principios de manejos para que se aprovechen, protejan y traten de acuerdo con la política forestal y medio ambiental del GTANW: “Se prohíbe la tala de bosque en la cabecera de las quebradas y ríos por fines ganaderos y actividades agrícolas extensas. Asímismo queda prohibida la ganadería y los monocultivos de grandes extensiones” (GTANW, 2015, p. 23). Vale mencionar la presencia de foráneos, llamados apach3, que detienen propiedades, hacen comercio y deben restituir al gobierno territorial los predios y bienes que exceden sus propiedades, recibiendo por 3 “Término generalmente empleado para indicar a viejos y nuevos colonizadores y, en general, a quienes no son indígenas de la Amazonía”. “Con este término se designa generalmente tanto a los habitantes no indígenas de la región descendientes de comerciantes hispanohablantes, migrantes andinos o costeños, como a los peruanos y los ‘gringos’ que llegan periódicamente a su territorio con el objetivo de realizar negocios, proyectos de desarrollo, estudios, obras de infraestructura, actividades extractivas, etc.” (Gara y Gala, 2014, pp. 47, 59). 357 Leandro Bonecini de Almeida ello una indemnización. Los comerciantes o empresarios apach, o sea, la población que no es wampis, contribuirá con un impuesto para los fondos del GTANW. El gobierno territorial está organizado según una serie de principios (GTANW, 2015): 1) de la Indivisibilidad de los tres niveles de gobierno: gobierno central, gobiernos de cuencas y gobiernos comunales; 2) Democrático, en la medida que propone formas de democracia representativa, en coherencia con sus prácticas de representación y liderazgo; 3) Equidad de género: aunque aborde el tema desde un abordaje binario, se menciona el rol complementario de hombres y mujeres; 4) Transparencia, asociado a lo que se llama “sistema interno de control social”, en la cual toda la sociedad se siente responsable por el control de las instituciones representativas; 5) Ética y responsabilidad: basado en los sabios consejos de Etsa y Mikut; 6) Cultura de conservación y visión holística: orienta a valorar el vínculo espiritual con el territorio como prácticas ancestrales, la relación con la naturaleza y los conocimientos que son condición para la preservación mutua de la nación y la naturaleza; 7) Bienestar colectivo: todos tienen acceso a los recursos naturales en condiciones de igualdad, hacia la decisión colectiva de su destino; 8) Justicia: formas más humanas de hacer la justicia; 9) Interculturalidad: valora la riqueza de las expresiones culturales, sin ignorar los elementos positivos y/o negativos de la globalización; 10) Libre determinación; 11) Conocimientos y sabidurías ancestrales: los ancestros, sabios y filósofos que orientaron la vida hacia el territorio a partir del conocimiento tomado como patrimonio inmaterial. El GTANW está conformado por el Gobierno Central, Gobiernos de Cuencas y el Gobiernos Comunales. En todos estos niveles hay instancias de participación y tomada de decisión colectivas por medio de asambleas. Pero también hay líideres ejecutivos responsables de una serie de actividades en sectores organizados en equipos de gobierno: i) Salud Intercultural; ii) Educación Intercultural y Cultura; iii) Agricultura y Ecología; iv) Territorio y Medio Ambiente; v) Transporte y Comunicaciones; vi) Mujer; vii) Justicia y Derechos Humanos; viii) Economía y Finanzas; ix) Promoción de la Juventud; x) Pesquería y Recursos Hidrobiologicos; xi) Relaciones exteriores; xii) Recursos Naturales; xiii) Desarrollo Político y Organizativo y; xiv) Comercio y Turismo. Las direcciones sectoriales son coordinadas por el secretario técnico, quien además debe elaborar un Plan Anual del GGTANW (2015). En términos de las normas consuetudinarias de control social se toman en consideración las enseñanzas de los viejos y ancianos wampis y la justicia no se practica con el uso de cárceles. 358 El Gobierno Territorial Autónomo de la... El GTANW pone énfasis en el mantenimiento de las actividades económicas que vienen funcionando, como piscigranjas, agroforestería, entre otros. El sistema económico estará, según el Estatuto de la Nación wampis, orientado para la expansión del bienestar hacia los demás y al Tarimat Pujut. Nuevamente nos presenta alguna orientación que vincula la organización comunal como fundamental para el bienestar colectivo. Una dimensión interesante es la consideración acerca de la convivencia con otras naciones, como los shuar, awajun, shapra, achuar, entre otras. Ante este aspecto, es importante entender la distinción entre el sentido de nación: La ideología nacionalista encuentra su fundamento en el mito de una nación que según ella preexistió a su constitución como Estado. La realidad muestra que los conglomerados de pueblos campesinos son por largo tiempo más provinciales que nacionales (la imposición del idioma que se vuelve nacional es lenta) y que la burguesía de los tiempos feudales y del Antiguo Régimen es con frecuencia más cosmopolita (a su gusto en el conjunto de la cristiandad, dividiendo sus fidelidades según sus intereses financieros, sus lealtades políticas y sus convicciones religiosas) que nacional en el sentido moderno del término. El papel del Estado en esta construcción de la nación siempre ha sido decisivo (Amin, 1989, p. 184). Aunque surja en este momento histórico la propuesta de un gobierno indígena en las Amazonías no es correcto incluirlo en las categorías de “nuevos movimientos sociales” o en la generalidad de la “sociedad civil” asociada al estatuto de la ciudadanía ajena e incoherente con las prácticas en su territorio. Nos llama a concebir la posibilidad de la existencia de gobiernos indígenas en la historia social de esta región, sobre todo en culturas y etnias no contadas o incorporadas por la colonialidad, la lengua y el lenguaje, por lo tanto, no consideradas como tal. Aunque parezca una ampliación del espectro analítico, la generalidad de la categoría de sociedad civil reduce las prácticas de organización social a la forma hegemónica. Naturaliza las estratificaciones o las condiciones de interlocución, mejor dicho, determina las estructuras de comunicación y realización en el espacio público. Así, la sociedad civil, sobre todo en los últimos treinta años en que se establecieron las ONG, renuevan vínculos entre Estado y capital. O sea, el mercado no está separado como esfera apartada de la sociedad, sus agentes asumen responsabilidades sociales corporativas y/o empresariales. Pero a la vez, comunicar hacia los de afuera la potencia de un gobierno autónomo aislaría incluso de otras experiencias semejantes. 359 Leandro Bonecini de Almeida las alternativas, las alianzas, los frentes, los bloques y sus articulaciones en movimientos, organizaciones, redes y partidos o sus combinaciones y exclusiones en contingentes de resistencia y liberación en la lucha actual contra el sistema de dominación, acumulación, explotación, exclusión, opresión y mediación internacional, intranacional y transnacional (González-Casanova, 2003, p. 20). Las redes en permanente transformación convergen y aproximan las resistencias locales, pero a la vez se hace necesario observar a las burguesías nacionales y locales, como nos orienta Amin (1989, p. 209): “la burguesía se ha convertido en la clase hegemónica local en el conjunto del Tercer Mundo contemporáneo. Esta burguesía en el poder intenta avanzar su proyecto de construcción de un Estado burgués nacional, asociado al sistema mundial capitalista”. En este sentido, las realidades globalizadas/globalizantes generan y nos incumben a la realización de conexiones transnacionales que desafíen a las orientaciones explotadoras del orden global (Mama, 2015). Los cambios analíticos desde las estructuras de limitación y de oportunidad política, en términos de una métrica de las fuerzas cambian hacia un abordaje de la política de los conflictos. Incluso, en América Latina a partir del contexto neoliberal de la década de 1990, los conflictos territoriales toman fuerza como locus de análisis sociológico de la diversidad epistemológica del mundo, como es evidente en las teorías de la ecología política o la economía ecológica, y en las epistemologías del Sur. Nuevos actores, o sociedades ninguneadas, ajenas a las arenas políticas, afectan la estabilidad, normalidad y las leyes de los sistemas políticos por medio de acciones colectivas de descolonización. Los Estados de origen colonial e imperialista y sus clases dominantes rehacen y conservan las relaciones coloniales con las minorías y las etnias colonizadas que se encuentran en el interior de sus fronteras políticas. El fenómeno se repite una u otra vez después de la caída de los imperios y de la independencia política de los Estados-Nación con variantes que dependen de la correlación de fuerzas de los antiguos habitantes colonizados y colonizadores que lograron la independencia (González-Casanova, 2003, p. 9). Así, la articulación entre movimientos sociales en red exige alguna inteligibilidad entre sus prácticas, demandas, necesidades, un trabajo de traducción, como el realizado por la Nación wampis. Hay extensa bibliografía acerca de la traducción intercultural, pero en este caso se refiere a que no existe acción colectiva privilegiada a priori, sino que 360 El Gobierno Territorial Autónomo de la... se establecen articulaciones según la experimentación y las relaciones asimétricas con potencial contrahegemónico: “no estamos hablando de producción material, sino de mentalidades, de sociabilidades, de maneras de vivir y de convivir. Por ello aquí hay una contradicción entre la urgencia de los cambios y la transformación civilizatoria que se requiere” (Santos, 2011-2012, p. 14). En ello influyen aspectos de la organización, narrativas, doctrinas y tecnologías. Reescribir la historia más allá del archivo colonial del Norte y Occidente alza los profundos sentidos de la resistencia del tiempo presente. Las experiencias wampis abren lagunas sobre toda la creación, la invención necesaria para que, tras miles de años, sigan existiendo como wampis: sus prácticas, símbolos, significados y utopías de transformación hacia el Tarimat Pujut. Podemos destacar algunos conceptos cruciales para la interpretación del fenómeno en análisis: poder, colonialidad, cuestión territorial y de escalas. Las violencias históricas de exterminio, racialización e inferiorización (Quijano, 2012) de las diversidades que reivindican sus existencias, poblaciones que r-existen (Porto-Gonçalves, 2001). El fenómeno humano como este se da por las diferencias construidas en relación al patrón de poder colonial (Quijano, 2005; Walsh, 2012) en todas las esferas de la vida: por la colonialidad de los ser, del poder y del saber; del posicionamiento/localización eurocéntrico; y la colonialidad cosmogónica (Walsh, 2012). Por lo tanto, la Amazonía no es un vacío, sea de conocimiento, sea demográfico que la colonialidad del saber y del poder determinen. Cuando llegaron los colonizadores ibéricos, los indígenas de la región amazónica eran más de 3 millones, siendo la Amazonía habitada hace aproximadamente 11.200 años. La despoblación generada por la invasión colonial fue tal que la población total de la Amazonía volvería a alcanzar ese número en 1970. Por lo tanto, destruir el bosque es extinguir el enorme acervo de conocimiento que no está escrito, pero sí inscripto en las prácticas sociales que construyen saberes por una lógica material sobre una extensa selva tropical húmeda, con 8 millones de km² de extensión (Porto-Gonçalves, 2015). Ante la pérdida del control de la capacidad de reproducción social de prácticas y de saberes, determinados grupos desaparecen o se resignifican en los territorios y sus múltiples relaciones de poder. La materialidad económico-política y las diversidades epistémicas inciden sobre la condición de (re)producción de la vida, de las formas de existir socialmente, y del poder simbólico de las relaciones: “el capitalismo está siempre sometido al impulso de acelerar el tiempo de rotación en el sentido de revolucionar los horizontes temporales del desarrollo” (Harvey, 2007, p. 76). 361 Leandro Bonecini de Almeida Una característica de todo territorio es su historicidad geográfica. Según Haesbaert (2007, p. 28) “os objetivos dos processos de territorialização, ou seja, de dominação e/ou apropriação do espaço, variam ao longo do tempo e dos espaços”. Impera el control hegemónico de la movilidad, de los flujos (redes) de personas y materia de las conexiones, y de las (des)integraciones regionales. La hibridización entre estado-nacional y empresa capitalista, especialmente en el ámbito de la expansión geográfica del capitalismo, diseña un sistema integral de dominación, conforme lo propuesto por Machado Aráoz (2013); apunta también a la emancipación/dominación de un espectro completo (Ceceña, 2013); o, como propone Bebbington (2011), espacios “sitiados”, pues en grandes zonas del continente, los pueblos y el medio ambiente están siendo presionados por todos lados. Haesbaert (2007), define cuatro grandes “fines” u objetivos de la territorialización: 1) abrigo físico, fuente de recursos materiales y/o medio de producción; 2) identificación o simbolización de grupos a través de referentes espaciales, como las fronteras; 3) control y/o disciplinamiento a través del espacio; 4) construcción y control de conexiones y redes: flujos de personas, mercancías e informaciones. En esta perspectiva, las empresas de sectores estratégicos, de la minería y las matrices energéticas, en su proceso de internacionalización y transnacionalización, están orientadas por una lógica o Razón de Estado (Aráoz, 2013), mientras para que para Swyngedouw (2010, p. 63), “la inserción de firmas en una densa red de entornos privados de producción regional forma parte de una estrategia de globalización e integración global”. Desde el punto de vista geopolítico de la región, vale considerar que aproximadamente un sexto de toda el agua dulce del planeta corre por la cuenca amazónica (Porto-Gonçalves, 2015, pp. 70-71), formada desde los ciclos hidrológicos de las cuencas, las lagunas, páramos y manantiales andinos.4 La Amazonía también alberga yacimientos minerales entre los más importantes del planeta. Considerando las sobredeterminaciones de lo global sobre el local, en la dimensión de las rupturas se presentan nuevas posibilidades de presencia y coexistencia, pues “en los lugares se busca furiosamente la libertad” (Souza, 2013, p. 177). O como sugiere Ulloa (2014), es a partir de las prácticas y lógicas locales que se construyen defensas al extractivismo y opciones de futuro, por la autodeterminación y autonomía concretas de los pueblos indígenas y campesinos. La 4 Como las decenas de lagunas ubicadas en la región de Conga, en Cajamarca. Ubicación de los conflictos generados por la Minera Yanacocha, pero a la vez sitio de las lagunas de la cuenca del río Marañón. 362 El Gobierno Territorial Autónomo de la... geopolítica, para Ulloa y Göbel (2014, pp. 18-19), está también en las similitudes entre experiencias locales y prácticas diarias en diferentes partes de América Latina. Toda relación social implica una interacción social-territorial en el entrecruzamiento de diferentes territorios-territorialidades. En el embate entre las formas de vida ante el yugo colonial, en diversas escalas se experimentan las dimensiones de la colonialidad, pues la acumulación de capital está asociada a la acumulación de territorios (Houtart, 2011), y a profundas transformaciones escalares de las redes de organización económica (Swyngedouw, 2010). Así, se considera la escala como una estrategia de aproximación de lo real, considerando la inseparabilidad entre tamaño/dimensión y fenómeno. Escala como problema metodológico en cuanto a visibilidad, sentido y relación entre lo percibido y lo concebido según la pertinencia de un fenómeno (Castro, 1995). El problema epistemológico en que los fenómenos sociales se perciben, dándoles visibilidad a los niveles de análisis, considerando la interdependencia de escalas espaciales, marcos legales, económicos y políticos (Ulloa y Göbel, 2014), o como apunta Porto-Gonçalves (2015, p. 69): “o privilegiamento da escala global diz muito do lugar de enunciação dos discursos que vêm predominando no debate que, por sua vez, invisibilizam/inviabilizam grupos/etnias/povos/classes sociais que se forjam em outras escalas”. La Amazonía es vista como reserva inagotable de recursos a disposición del desarrollo hegemónico, lo que ignora las relaciones humanas y entre seres no humanos, que insertados en lógicas diversas de la vida y de la naturaleza (Leff, 2006), contradicen los discursos de la normalidad, (des)órdenes establecidos insinúan otras órdenes: el concepto de movimiento social también nos es caro para el análisis del fenómeno propuesto. Este concepto define en gran medida grupos sociales que se organizan alrededor de luchas por la garantía de derechos y libertades, entendidas genéricamente como movimiento social: “el grado de su libertad no es constante, sino que es algo que se gana, se disputa y pierde, en un movimiento, algo que se disuelve siempre si no conquistado de nuevo como por primera vez” (Zavaleta, 199, p. 122). CONCLUSIONES Las resistencias se sostienen por diferentes prácticas, saberes, conocimientos y técnicas. Al identificar el accionar del uso de la fuerza podemos observar una dimensión espectacular de los conflictos. A la vez, si nos acercamos a los cotidianos, podemos ver las persistencias de la resistencia marginal, o sea, en las fronteras de las sociedades hegemónicas y sus temporalidades. Para Calveiro (2014): 363 Leandro Bonecini de Almeida Lejos de ello, la globalización neoliberal ha marcado fuertes cambios de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, donde éstos presentan formas de vida, de organización social, política y jurídica que entran en diálogo y ofrecen alternativas para repensar los Estados nacionales, especialmente en América Latina. Las autonomías de los pueblos originarios han retomado antiguas prácticas para crear nuevos modelos, acordes con los desafíos políticos, ecológicos y de seguridad de las sociedades actuales, negociando con el Estado en algunas ocasiones, desconociéndolo o desafiando su soberanía y rebasando el Estado de Derecho en outras (p. 201). Para las y los wampis y otros pueblos llamados indígenas en América Latina, hay vínculos vitales con la tierra y territorio; lo que es profundamente distinto a la sociedad y naturaleza característica del Occidente. La razón colonial, patriarcal y capitalista occidental reduce la diversidad de existencias, disminuye la potencia de las experiencias generando miedo, y luego terror (Calveiro, 2014). Se establecen límites jurídicos, sistemas de justicia y seguridad extraordinarios desde las autoridades comunales, sea por la vigilancia, las rondas, la justicia comunitaria. En todos los casos, la delimitación del adentro y afuera marca los límites de la acción, línea frágil en los equilibrios de poder (Elias, 2001). Prácticas que logran sobreponerse a las violencias ilegales –ya sean estatales, privadas, delincuenciales o mixtas– para actuar, sobrepasar el miedo y evitar la entrada en el terror, pasando a la acción. Ello les permite reformular otros modos de la política. Formas que, lejos de competir o entrar en colisión con las instituciones de la democracia representativa, como se pretende, bien podrían articularse con ésta para ampliarla y contrarrestar las prácticas mafiosas que la corroen (Calveiro, 2014). En estos términos, hay una percepción consciente de las amenazas de las fuerzas de Estado y capital sobre los territorios campesinos e indígenas, cuando se pone en riesgo la supervivencia misma de la cultura, de la sociedad. Las resistencias no son circunstanciales, sino que fortalecen el tejido social, identifican necesidades de mediano y largo plazo, planean la recuperación de tierras y de los territorios degradados por la explotación colonial, recuperan también memorias y enseñanzas; son, por lo tanto, ricas en sentido pedagógico desde las estrategias conscientes y los alcances de las prácticas inscriptas en el espacio y de los sentipensares (Escobar, 2014) de los protagonistas sociales en la región andino-amazónica. Se reconstruye la dignidad, 364 El Gobierno Territorial Autónomo de la... se apropian de la violencia defensiva para detener la violencia definitiva o capital. Rompen con el monopolio de la violencia del Estado tomado por fuerzas privadas de expoliación, así como se manifiestan como alterpartidarias reconociendo los límites de las formas exógenas de dominación y control territorial. Contribuyen, por lo tanto, en el presente de América Latina para la reinvención de las democracias representativas, en crisis política, tal cual están en crisis los regímenes económicos neoliberales. BIBLIOGRAFÍA Amin, S. (1989). El eurocentrismo: crítica de una ideología. Ciudad de México: Siglo Veintiuno Editores. Arroyo, M. G. (2003). Pedagogias em movimento – o que temos a aprender dos Movimentos Sociais? Currículo Sem Fronteiras 3(1) 28-49, Janeiro-Junho. <http://www.curriculosemfronteiras.org/ vol3iss1articles/arroyo.pdf> Bebbington, A. (2011). Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales 2ª ed. Lima: IEP, CEPES. Castro, I. E. (1995). O Problema da Escala en I. E. Castro et al. (orgs.). Geografia: Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. Ceceña, A. E. (2013). Subvertir la modernidad para vivir bien (o de las posibles salidas de la crisis civilizatoria) en R. Ornelas (coord.). 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Este modelo afecta principalmente a las sociedades del Hemisferio Sur que a partir de una estratificación colonial se les redefine como territorios de sacrificio y explotables, siendo objeto de profundas asimetrías histórico-estructurales que se traducen en las profundas huellas socioecológicas que soportan mucho más acentuadamente que las sociedades del llamado Norte Global. En este escenario emerge lo que se conoce como Economía “verde”, un enfoque ambiental del capitalismo ampliamente promovido por organismos multilaterales (SELA, 2012) que plantea un paquete de medidas a la medida de la reproducción de la acumulación global, basada en ajustes tecnológicos que a través de una variada gama de dispositivos financieros e industriales mercantiliza la crisis socioambiental más que construir caminos reales de sustentabilidad. 371 Bárbara Jerez Henríquez Uno de sus ejes principales es la producción centralizada de mercados tecnológicos en torno a mercancías “verdes” cuyo uso final ayudarían a disminuir las cuestionadas emisiones de CO2 de los países industriales. Esta ecuación no contempla, sin embargo, las nuevas/viejas estructuras de explotación y apropiación a través de las cuales se obtienen las materias primas que requieren sus metabolismos, como es la extracción de agua, minerales y biodiversidad que provienen fundamentalmente de los países del Sur Global. Es decir, se trata de “soluciones” en las que la dimensión ambiental es asumida como un simple ajuste instrumental (Gudynas, 2010), pero que continúan agudizando la privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza (Roa, 2012); y con ello reproduciendo las desigualdades ecológicas estructurales entre Norte y Sur globales. En este sentido, a partir de los discursos “verdes” del capitalismo emerge una actualizada colonialidad que se expresa como un patrón mundial de poder de carácter histórico-estructural que subordina territorios, culturas, saberes e identidades que emerge de una estratificación social/racial/étnica como piedra angular y cara oculta de la modernidad que emerge a partir de la conquista de América (Lander, 2000; Quijano, 2014; Mignolo, 2010; Jerez et al., 2017). En la actualidad, la colonialidad se actualiza también a través de emergentes retóricas “verdes” del capitalismo como un marco de reproducción histórica tecnologizada de las profundas asimetrías Norte-Sur, bajo lógicas salvacionistas desarrollo/progreso, industrialización/valor. De allí surgen como salidas para enfrentar la crisis socioambiental y el cambio climático, nuevos mercados “verdes” de soluciones técnicas mercantilizadas, sin cuestionar los metabolismos globales de los patrones dominantes de apropiación/ producción/consumo, ni de su continua hiperdemanda de commodities, que de por si constituye nuevos focos de devastación ecológica y conflictos ambientales. En este sentido, la colonialidad del capitalismo “verde” no contempla en las huellas ecológicas de sus metabolismos, las desigualdades socioambientales e histórico-estructurales que genera para el beneficio de la producción de matrices energéticas bajas en carbono del Norte Global, y de los grandes grupos transnacionales tecnológicos y energético-mineros que abastecen estos mercados. El boom del litio y sus impactos socioambientales en los Salares Altoandinos del Cono Sur es una de sus más claras manifestaciones. Este mineral es uno de los elementos clave de la reconversión tecnológica “verde” de la electromovilidad, donde junto al cobalto, el cobre, las tierras raras y otros minerales son materias primas 372 La colonialidad de la minería del... estratégicas para la fabricación de baterías recargables de la electromovilidad. Por eso, estos commodities experimentan un nuevo boom de demanda internacional, factor que estimula una nueva ola de extractivismos que presionan los territorios donde están sus reservas, donde la mayor parte de ellos justamente se ubican en espacios marginales del sistema-mundo moderno/colonial. El aumento de la demanda de litio como consecuencia de la expansión de la electromovilidad ejerce una fuerte presión sobre los salares altoandinos del Cono Sur por tratarse de la región que posee las mayores reservas mundiales de este mineral, y la forma más económica de su extracción. Esta región es, a nivel mundial, una de las que el mercado globalizado del litio ha localizado como su zona de extracción, para lo cual se establece una nueva territorialidad transnacional sobre los salares de la Puna de Atacama, el llamado “triángulo del litio”, que se emplaza sobre espacios indígenas y de endémicos ecosistemas situados en una de las regiones de mayor escasez de agua a nivel mundial. Por supuesto, además de las profundas transformaciones sociales, económicas y ecoterritoriales que involucra la sobreexplotación de los salares, estos sucesos generan una creciente conflictividad que en los últimos dos años ha mostrado una inusitada expansión por el vertiginoso aumento del precio internacional de este mineral. Este trabajo es producto de una investigación posdoctoral cualitativa realizada entre los años 2015 y 2017 sobre la conflictividad e impactos ecoterritoriales y geopolíticos de la minería del litio en los salares del Noroeste argentino y el Norte de Chile. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a actores locales, empresas y autoridades junto a una profunda revisión documental de investigaciones, prensa e información de organismos gubernamentales. El análisis se centró en las profundas desigualdades territoriales que la cadena del litio globalizada genera, y que afectan primordialmente a las comunidades indígenas andinas de los salares. Nos enfocamos desde la Ecología Política Latinoamericana y las corrientes descoloniales como campos de investigación y debate interdisciplinario para interpretar la apropiación, transformación y utilización de la naturaleza como una práctica social directamente relacionada con los sistemas de poder y las colonialidad como dispositivo de asimetrías histórico-estructurales. De este proceso se desprende una profunda subordinación social de las relaciones socioeconómicas, históricas y biológicas, que configuran en los salares altoandinos del Cono Sur las territorialidades del litio estimuladas por una matriz energética “verde” moderna/colonial que asume los coloniales relatos salvacionistas de la modernidad extractivista. 373 Bárbara Jerez Henríquez DE LA CRISIS SOCIOAMBIENTAL A LA COLONIALIDAD DEL CAPITALISMO “VERDE” De acuerdo a algunos análisis desde la Ecología Política sobre las emisiones de gases con efecto invernadero, se estima que las concentraciones de CO2, CH y otros gases aumentaron sin precedentes en al menos 800 mil años, donde la situación actual global de las contribuciones regionales a dichas emisiones son absolutamente desiguales, ya que solo el 20% de la población (que es la más acaudalada) genera el 90% en términos históricos (Delgado, 2014). Los países de la OCDE contribuyen con el 43% del consumo energético mundial; en cambio, América Latina contribuye solo con un 5,2%, Asia (excepto China) con el 11,6% y África el 5,7%, donde las causas no calzan con la justificación basada en el aumento poblacional porque en los países de la OCDE alcanzan 950 millones y en las demás regiones 4,2 mil millones de habitantes (Delgado, 2014). Estas mismas desigualdades se reproducen en la dinámica global de la minería del litio y de las políticas de transiciones energéticas hacia matrices no fósiles, donde las economías industriales son las mayores emisoras de gases CO2, y cuyas propuestas globales para disminuir dichas emisiones siguen expandiendo la frontera de la devastación socioambiental en las sociedades del Sur Global, donde las nuevas propuestas tecnológicas de reemplazo “carbono cero” igualmente resultan ser hiperconsumistas de commodities, donde la mayor parte de los casos se ubican en los países del Sur Global. Esto se relaciona íntimamente con la trayectoria histórica de la acumulación globalizada, que bajo las premisas de progreso y crecimiento heredada de la Modernidad produce permanentemente una división internacional-territorial del trabajo (Svampa et al., 2014) a partir de la expansión del mercantilismo europeo del siglo XV, donde Occidente produce una cartografía global conformada por territorios y sociedades “superiores” e “inferiores”, bajo un patrón moderno/ colonial que legitima las desigualdades socioespaciales (Jerez et al., 2017). Dejando así a América Latina en un sitial de subordinación internacional (Alimonda, 2017). Estas asimetrías histórico-estructurales de las dinámicas coloniales del capitalismo global se reproducen también como justificación de la tradicional retórica colonial salvacionista, que establece no solo como la única manera de salir del “atraso” y del “subdesarrollo” la implementación de explotaciones extractivas, sino que también tienen plena continuidad en el emergente capitalismo “verde” como salvación para la crisis socioambiental. Estas propuestas producen reediciones y ajustes readaptativos del modelo por medio de la promoción de una economía o capitalismo 374 La colonialidad de la minería del... “verde” que se sustenta en la estimulación de una reconversión tecnológica, de energías renovables o manufacturas con certificaciones verdes como soluciones técnicas para la crisis socioecológica a la medida de la continuidad del crecimiento sin límites de la producción y del consumo, generando nuevos mercados de producción-consumo “sustentable” intensamente demandantes de materias primas, y produciendo una mercantilización de la devastación ambiental a través de sistemas de pagos por contaminar y preservar a través de los bono de carbono, junto a otros dispositivos que en la práctica encubren los nefastos efectos del consumo alto y dispendioso (Correa, 2012). Adicionalmente se establecen nuevos mercados para el control y comercialización de materias primas estratégicas para las transiciones energéticas basadas en electromovilidad como son el agua cobalto, litio, tierras raras, entre otros. Por lo tanto, se trata más bien de nuevos mercados bajo los mismos esquemas ambientalmente devastadores de los circuitos coloniales del capitalismo. Por eso es entendible que no exista mayor cuestionamiento a la casi nula disposición de las instancias de poder multilaterales para cambiar el modelo neoliberal globalizado, y renunciar a los privilegios de los grandes grupos empresariales que lucran con actividades ecológicamente destructivas (Santana, 2012). En este sentido, el presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong, declaró que frente al cambio climático: “Estamos avanzando con premura para ayudar a los países a realizar transiciones históricas con el objeto de aumentar las fuentes de energía renovable, reducir las fuentes de energía con alto nivel de emisiones de carbono, desarrollar sistemas de transporte verde”.1 El capitalismo verde así establece un progresivo desarrollo tecnológico no fósil y nuevos mercados económicos de mercancías para disminuir las emisiones de carbono de las sociedades industriales, donde nuevamente, “la lógica mercantil emerge detrás de la retórica salvacionista” (Mignolo, 2014). Justificando desde esta nueva retórica los fuertes daños socioambientales que continúa sometiendo al Sur Global para el confort y el aumento de indicadores carbono cero del Norte Global. Por lo tanto, las propuestas económicas “verde” no interrumpen el indiscriminado consumo de energía y materiales de los países llamados desarrollados (Correa, 2012), más bien estimulan la mercantilización, la crisis y la generación de una nueva fase de acumulación, que reproduce las históricas desigualdades socioespaciales de una modernidad “carbono cero”. 1 https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/04/07/world-bankgroup-unveils-new-climate-action-plan 375 Bárbara Jerez Henríquez Un elemento fundamental de la actual revolución tecnológica “verde” es la creación y masificación de dispositivos livianos y recargables para almacenamiento de energía que actualmente utilizan artefactos como computadores portátiles y teléfonos celulares, cuya fabricación requiere de cobre, tierras raras, cobalto y litio. Pero, sin duda, la explosiva demanda internacional que hoy experimentan estos elementos proviene fundamentalmente de la vertiginosa expansión de la fabricación de automóviles en base a baterías eléctricas e híbridas. Lo que a su vez es fuertemente estimulado por las políticas de reemplazo de las matrices energéticas fósiles hacia reconversiones “carbono cero” que establecieron numerosos gobiernos de países de la OCDE a mediano plazo. Esto forma parte de los programas de desarrollo sustentable de estos gobiernos, adoptando como alternativas las fuentes energéticas no renovables pero, por sobre todo, el reemplazo de sus mercados automotrices por vehículos eléctricos o híbridos, para cumplir con los Acuerdos de París sobre cambio climático en el año 2015. En esta instancia, los países firmantes acuerdan disminuir en un 40% sus emisiones de carbono como mínimo al año 2030, pero sin trastocar su sostenido crecimiento económico y sobreconsumo de commodities. En estas condiciones, las transiciones energéticas “verdes” generan nuevos mercados de mercancías industriales y materias primas intensivamente demandadas como es el litio, cuyas huellas ecológicas son tan extensas como la de los procesos productivos tradicionales. Eso no se contempla en la medición de las emisiones y pasivos ambientales del modelo actual ni como parte de las medidas de mitigación del creciente cambio climático. A continuación pasamos a revisar de manera general las dinámicas del mercado del litio y los impactos socioambiental que producen en los salares altoandinos de Argentina y Chile. EL LITIO: UN MINERAL ESTRATÉGICO PARA LA CADENA TECNOLÓGICA “VERDE” El litio es el más liviano de los minerales de la tabla periódica. Sus yacimientos se ubican principalmente en las aguas salinas de los salares (58%), y en rocas pegmatitas y de granito (26%), aunque también existen en las arcillas enriquecidas en litio, en salmueras de yacimientos petroleros, en salmueras geotermales y en zeolitas enriquecidas con litio. Actualmente este mineral se extrae desde rocas pegmatitas y de las salmueras continentales como los salares altoandinos. Las mayores reservas mundiales de litio probadas se encuentran en Chile con un 52%, seguidas de Argentina con el 14% y Australia con un 11%; 376 La colonialidad de la minería del... en cambio contemplando los recursos existentes, Bolivia cuenta con un 19,2%, Argentina un 19,2% y Chile un 16%, alcanzando de manera conjunta un 54% a nivel mundial (COCHILCO, 2017). El litio ha sufrido una fuerte transformación en las tendencias de su demanda y utilización, ya que en el año 1998 el principal uso del litio se destinaba a la fabricación de vidrios y baterías (48%), seguido de grasas y lubricantes (17%), baterías (7%), aluminio (6%) y aire acondicionado (5%) (COCHILCO, 2013); sin embargo, en los últimos años, la creciente demanda para abastecer la revolución tecnológica “carbono cero” ha transformado dichas tendencias. Para el año 2017 se determinó que el uso para baterías alcanzó nada menos que un 47% de la demanda; le siguen vidrios (30%), grasas solubles (8%), aire acondicionado (3%) (USGS, 2017). Y para el año 2022 se estima que un 58% del litio se destine a la fabricación de baterías, de los cuales un 37,7% se usará solo para autos eléctricos (COCHILCO, 2017). También hay un uso escasamente documentado de litio para fines nucleares; este mineral se usa como alimentador de la producción de tritio para fusión, y durante la Guerra Fría fue un factor determinante para que el Estado chileno en 1979 dictaminara una política restrictiva de la propiedad y explotación del mineral, que sigue vigente. Hoy, los mayores consumidores de litio son las industrias de automóviles eléctricos, y muy por debajo para computadores, celulares y cerámicas. Por países, los principales consumidores son Corea del Sur, con 16 mil toneladas; Estados Unidos, con 13.000; Japón, con 12.000; China, con 11.000; Bélgica, con 8.000 y Alemania, con 3.000 (Dirección de Economía Minera Argentina, 2017). De acuerdo a estimaciones de producción por toneladas en el año 2016, los principales países desde los cual se extrae litio de salmueras son Chile (12.000) y Argentina (5.700), también muy por debajo está China (2.000) (USGS, 2017); en el caso de Bolivia (donde se estima la existencia del 30% de los recursos mundiales de litio), tiene fuertes proyecciones que aún están bajo modalidades de extracción piloto (Dirección de Economía Minera, 2017). Por su parte, la extracción del mineral en rocas es liderada por Australia (14.300), existiendo también explotaciones en Brasil (200), Portugal (200) y Zimbawe (900) (USGS, 2017). Asimismo, se proyectan nuevas explotaciones bajo roca en Perú, México, Argentina y en España, entre otros. En estas cifras se desprende la importancia que tienen los salares altoandinos como fuentes de litio, donde contabilizando conjuntamente los recursos existentes en Argentina, Bolivia y Chile concentran el 68% del total a nivel mundial (Dirección de Economía Minera, 2017), siendo también la zona de mayor extracción a nivel mundial. Actualmente se multiplican las prospecciones y exploraciones para 377 Bárbara Jerez Henríquez extraer litio de los salares y lagunas salinas de los territorios altoandinos que comparten de manera transcordillerana los tres países sudamericanos. Es por esta razón que este territorio adquiere un valor especial dentro del concierto mundial de los metabolismos extractivos/productivos de la economía verde y acapara progresivamente los ojos de la industria tecnológica y minera globalizada para su control y el aseguramiento del abastecimiento de litio necesario para las revoluciones energéticas “carbono cero” en curso, razón por la que emerge una territorialidad extractiva colonial denominada “El triángulo del litio”. UNA APROXIMACIÓN A LOS SALARES ALTOANDINOS Los salares son depósitos salinos continentales, de origen volcánico, que se localizan en cuencas endorreicas, y son generados por las altas tasas de evaporación y las bajas tasas de precipitación existentes en estas regiones. Se componen por costras salinas, salmueras y fracción clástica con profundidades y extensiones ampliamente variables, que contienen carbonatos, cloruros, sulfatos y boratos en distintas concentraciones (SERGANEOMIN, 2014). Al hablar de los salares altoandinos del Cono Sur nos referimos a aquellos que se ubican en los territorios altiplánicos cordilleranos que comparten el Noroeste argentino, el Oeste boliviano y el Norte chileno, en los que desde hace miles de años habitan numerosos pueblos originarios de las etnias atacameña o lickanantay, colla, quechua, aymara y diaguita. Estos pueblos a través formas trashumantes han podido sobrevivir a desafiantes condiciones climáticas y agroecológicas por tratarse de un territorio marcado por las largas distancias, la escasez hídrica y la extrema amplitud térmica. En los salares predominan los climas desérticos y desérticos de altura que se emplazan por sobre los 2 mil metros sobre el nivel del mar. Son climas áridos altiplánicos que forman parte del desierto y la Puna de Atacama, en los que existen numerosos volcanes y salares de diferentes tamaños que conforman cuencas endorreicas rodeadas de vegas y bofedales. Los salares contienen capas de aguas con diferentes grados de salinidad, así como acuíferos de agua dulce y pequeños ríos que forman ecosistemas endémicos únicos a nivel mundial. Estas fuentes hídricas son muy valiosas, ya que son muy escasas y vitales para todas las formas de vidas existentes en estas cuencas, las cuales han disminuido notoriamente sus caudales en los últimos decenios (Bolados, 2014; Ministerio de Medio Ambiente, 2015; Puente et al., 2015; Sepúlveda et al., 2015). En ellos, la sobreexplotación minera de los grandes yacimientos presentes en el territorio –por ambos lados de la cordillera– ha agravado determinantemente la disposición de las aguas dulces. 378 La colonialidad de la minería del... Los salares cumplen un rol fundamental como cuencas hidrográficas en las que confluyen aguas salinas y dulces de manera subterránea y superficial. Se componen también de lagunas, por afloramiento de aguas subterráneas, que son fundamentales para sostener la gran diversidad ecosistémica de esta región altiplánica (DGA, 2014; INTA, 2002), dando vida a importantes oasis en sus orillas que cobijan una rica fauna y flora silvestre altoandina de carácter endémica que está en peligro de extinción. Las cuencas de los salares son igualmente fuente de agua vital para el consumo humano de las comunidades y las actividades económicas tradicionales de estas colectividades dependen directamente de las condiciones de estos ecosistemas, como la agricultura andina, la ganadería a baja escala de especies camélidas como alpacas, llamas; la artesanía, el turismo y la extracción local de sal. Los salares en los que se emplazan las mineras de litio existen importantes áreas silvestres protegidas del Estado, como la Reserva Nacional Los Flamencos, en el Salar de Atacama, que tiene el sitio RAMSAR Sistema hidrológico de Soncor, el parque Nacional Nevado de Tres Cruces, y el sitio RAMSAR Laguna Negro Francisco y Laguna Santa Rosa en la cuenca del Salar de Maricunga, en la República de Chile. En territorio argentino, la Reserva Provincial de Fauna y Flora Olaroz-Cauchari, en los salares del mismo nombre en la provincia de Jujuy, en la provincia de Catamarca la zona volcánica y de lagunas de Tres Cruces (departamento de Tinogasta) fue declarada sitio RAMSAR “Lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca”. LA EXPLOTACIÓN DEL LITIO EN LOS SALARES ALTOANDINOS DE ARGENTINA Y CHILE Para comprender las dinámicas que tiene la minería del litio en Argentina y Chile es fundamental tener en cuenta las políticas públicas y marcos legales que determinan su funcionamiento, que pasamos a explicar a continuación. En Argentina, las concesiones de litio están en manos de las provincias y son concesibles como cualquier otro mineral; desde el año 2016 están liberadas como el resto de la minería de retensiones a la exportación. En el caso específico del litio, cada provincia creó empresas estatales que participan en las carteras de proyectos en cada entidad. Por ejemplo, la provincia de Jujuy declaró al litio como un recurso estratégico provincial considerado por una fuente generadora de desarrollo socioeconómico de la provincia. Así, el gobierno jujeño creó la empresa estatal JEMSE, entidad que se asocia con capitales transnacionales para explotar los salares de Olaroz y Cauchari, donde participa con un 8,5% de las acciones. Por su parte, el gobierno provincial de Salta creó la empresa REMSA y el gobierno provincial de 379 Bárbara Jerez Henríquez Catamarca CAMYEN SE, las cuales básicamente se dedican a vender y/o transferir concesiones mineras a capitales externos interesados en explotar los minerales de estas provincias. En Chile la situación es diferente. La legislación nacional declara al litio como un recurso estratégico (Decreto de Ley 2886/1979), dictaminando la propiedad de los yacimientos exclusivamente al Estado y prohibiendo concesiones a privados, e incluso la venta de litio para usos nucleares. Formalmente, la propiedad de los yacimientos queda en manos de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), CODELCO y ENAMI, quienes celebran contratos de arrendamiento o Contratos Específicos de Operaciones de Litio (CEOL) con empresas mineras autorizándoles determinadas cuotas de extracción de salmuera por un período fijo que debe ser controlada por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), organismo estatal encargado de garantizar que el litio no sea vendido para fines nucleares. La CORFO estableció al CEOL con las empresas SQM y la actual Albemarle que explotan el Salar de Atacama; ambas empresas fueron autorizadas en los últimos años a triplicar sus explotaciones, en medio de una fuerte polémica por las implicancias económicas y socioambientales que genera. También se están tramitando nuevos CEOL para autorizar explotaciones en el salar de Maricunga. En el caso de Argentina, los salares altoandinos se ubican entre las provincias de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, específicamente en los departamentos cordilleranos fronterizos con Chile. Existen importantes explotaciones de litio en el Salar de Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca, donde la compañía estadounidense FMC Minera del Altiplano explota el mineral hace veinte años. También se registran exploraciones avanzadas en el departamento de Tinogasta lideradas por la minera Liex (de capitales privados argentinos) que pretende explotar litio de la zona de Tres Quebradas (Catamarca). En los salares de Olaroz y Cauchari, en la provincia de Jujuy, explota litio desde el año 2014 la empresa Sales de Jujuy, cuyo directorio está controlado principalmente por el grupo australiano Orocobre (72,8% de las acciones), la empresa japonesa Toyota Tsucho (27,32%) y la empresa estatal-provincial jujeña JEMSE (8,5%). En el salar de Salinas Grandes se registran exploraciones de diversas empresas que han intentado avanzar frente a una férrea oposición comunitaria sin resultados exitosos, al menos hasta el momento. Por su parte, la empresa ADY Resources, explota litio en una planta piloto en el salar de Rincón (Salta). La Dirección de Economía Minera del gobierno argentino registra en el año 2017, 39 proyectos de exploraciones iniciales y 380 La colonialidad de la minería del... avanzadas en todas las provincias del Noroeste, e incluso cinco proyectos de prospección de litio en rocas pegmatitas en las provincias de San Luis y Córdoba (Dirección de Economía Minera, 2017). En territorio chileno, los salares donde se concentran las reservas de litio se ubican principalmente en las regiones de Antofagasta y Atacama; y la explotación actual se extrae específicamente del Salar de Atacama (región de Antofagasta), lugar que cuenta con la mayor explotación mundial de este mineral en salmueras. Esto se relaciona con las amplias ventajas comparativas del mineral en esta cuenca, ya que sus yacimientos son altamente concentrados, presentan bajas cantidades de magnesio, escasas precipitaciones y alta tasa de evaporación (COCHILCO, 2017; Dirección de Economía Minera, 2017). En este salar explota litio desde hace más de veinte años la empresa SQM (ex SOQUIMICH) de capitales chilenos, canadienses y recientemente se incorpora como accionista el grupo chino Tianqui, una firma directamente ligada a Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet. Esta empresa era de propiedad estatal y se privatizó durante la dictadura. Hoy cuenta con un historial colmado por fuertes cuestionamientos y constantes conflictos por el financiamiento ilícito de campañas políticas, por el incumplimiento ambiental y tributario, por asociaciones fuertemente cuestionadas, y por ocultamiento de información. SQM ha sido autorizada por CORFO para triplicar su cuota de extracción de litio, medida fuertemente rechazada por numerosos actores existiendo numerosos recursos judiciales que terminaron fallando a favor de CORFO y de SQM. En este territorio también extrae litio el grupo estadounidense Albemarle, cuyas explotaciones se ubican en el sector sur-sureste del mismo explotando el salar desde 1984, cuando estaba en manos de la entonces empresa Sociedad Chilena del Litio (SCL), recibiendo una autorización, a través de un CEOL, de 200 mil toneladas de carbonato de litio. Esta cuota se aumenta a través de un nuevo acuerdo en 2016 con CORFO, donde además la empresa establece un polémico convenio con las comunidades atacameñas a cambio del 3% de las ventas y un monitoreo comunitario de las aguas que está en un complejo y tenso proceso de materializarse bajo constantes contradicciones y obstáculos. Por su parte, en el salar de Maricunga (región de Atacama) existen avanzadas exploraciones para extraer litio a escasos kilómetros de la frontera con Argentina, donde se pretende instalar el proyecto Salar Blanco de capitales chilenos, canadienses y australianos que acaban de obtener la autorización para extraer 88.885 toneladas de litio por parte de la CCHEN, y cuenta con un 50% de la propiedad minera del salar. Además, la estatal Corporación del Cobre (CODELCO) también se encuentra haciendo exploraciones en Maricunga. 381 Bárbara Jerez Henríquez LAS MÚLTIPLES CONTROVERSIAS DE LA MINERÍA DEL LITIO Y EL CRECIENTE AGOTAMIENTO SOCIOAMBIENTAL DE LOS SALARES Mientras en las economías industriales del Hemisferio Norte se celebra la implementación de políticas públicas para el reemplazo de parques automotrices fósiles por vehículos eléctricos a base de baterías de ion-litio, en las comunidades indígenas que habitan los salares altoandinos crece la preocupación por la crisis hídrica que paulatinamente va devastando sus ecosistemas y sus economías locales. Donde la sobreexplotación de las aguas para la extracción de litio es una de sus principales causas. En Argentina, las comunidades kolla y atacameña de la cuenca del salar de Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc (provincia de Jujuy) se organizan desde hace aproximadamente una década contra las numerosas exploraciones de litio de las empresas francesas Bolloré y Eramet, y la australiana OROCOBRE, que dejaron graves daños por la realización de sondajes que pinzaron pozos de agua dulce con tubos no sellados causando una fuga hídrica permanente, hechos que las organizaciones indígenas de Salinas Grandes denunciaron en su momento. Las comunidades se sintieron invadidas por la llegada repentina de grandes maquinarias y automóviles de las empresas, y por el insistente ofrecimiento de “ayudas sociales”, y el intento fracasado para establecer convenios bajo una fuerte presión de las empresas a las comunidades. Esta situación desencadenó una serie de movilizaciones, como cortes de la ruta internacional al paso de Jama con la histórica consigna “No comemos batería. Sin agua no hay vida”. Después las comunidades interpusieron recursos legales en tribunales a nivel provincial y nacional exigiendo el derecho a consulta libre, previa e informada establecidos en el convenio 169 de la OIT que Argentina y Chile han ratificado. Estos recursos que fueron rechazados por la autoridad, por lo que las comunidades acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se acepta el ingreso del caso. A principios del año 2019 las comunidades denuncian nuevas explotaciones mineras por parte de las empresas Ekekos S.A. y A.I.S. Resources en Salinas Grandes, y en la zona de Guayatayoc, donde después de una nueva ola de movilizaciones (y nuevos cortes de rutas), las comunidades expulsan a los trabajadores de estas empresas de la cuenca, aunque siguen en pie las autorizaciones de exploraciones de litio. Otro territorio en conflicto es el salar de Olaroz y Caucharí (Departamento de Susques, provincia de Jujuy), donde viven 3.791 personas pertenecientes a diez comunidades atacameñas que practican una importante economía pastoril altoandina, una pequeña agricultura andina (quinua y papas, principalmente), y a la venta de 382 La colonialidad de la minería del... productos alimentarios y tejidos artesanales; tareas que se organizan de manera familiar y trashumante. Estos circuitos atacameños fueron seriamente afectados por la llegada de la minería de litio, marcando claramente un antes y después en la realidad de Susques. En este territorio se emplazó rápidamente el proyecto “Sales de Jujuy” que comienza sus exportaciones de carbonato de litio en el año 2015 convirtiéndose en una de las mayores explotaciones a nivel mundial. Aquí también se encuentra el proyecto “Caucharí-Olaroz” controlado por la firma Minera EXAR que está en proceso de comenzar la explotación de litio. Ambas empresas establecieron fuertes políticas de intervención comunitaria generando fuertes divisiones en las comunidades donde las empresas desplegaron fuertes estrategias de “valor compartido” a través de una política de “proveedores locales” para las mineras en las propias comunidades abaratando costos y estableciendo fuertes relaciones de dependencia y negociaciones asimétricas (Jerez, 2018). Sin embargo, también en Susques emerge una oposición de productores agropastoriles del salar directamente afectados agrupados en el colectivo La Apacheta, quienes han realizado acciones jurídicas y denuncias públicas para exigir consultas efectivas y transparentes en las comunidades, acusando a las empresas y al gobierno provincial de ejecutar consultas a puertas cerradas con sectores de las comunidades favorables a las mineras. Además, La Apacheta denunció el aumento de la escasez de agua por las extracciones de litio y el fuerte daño ambiental a zonas de glaciares, como el Cerro Coyamboy, a cuyos reclamos se sumaron legisladores provinciales del bloque político PTS-FIT. Desde La Apacheta plantean que las mineras afectan directamente sus economías agropastoriles por la grave disminución de las fuentes hídricas (pozos, ojos de agua y lagunas) de sus campos colindantes con el salar (Jerez, 2018), impactando la salud ecológica de los humedales, vegas y bofedales en los que realizan sus actividades pastoriles. El colectivo acusa la grave afectación y aumento de la muerte de flamencos y camélidos por la polución de salmuera y carbonato de litio de las instalaciones mineras y por la utilización de químicos que contaminan el salar. Donde incluso, en 2017, La Apacheta acusa el lanzamiento de misiles que las mineras disparan a las nubes para disolver sus cargas de lluvias, agravando la ya crisis hídrica del territorio. En la provincia de Catamarca predomina un tenso ambiente por las exploraciones avanzadas de litio del proyecto “Tres quebradas” que la empresa Liex –subsidiaria del grupo canadiense Neolithium– realiza en la localidad de Fiambalá (departamento de Tinogasta), famosa por sus viñedos, su agricultura y la creciente actividad turística en sus 383 Bárbara Jerez Henríquez termas, lagunas y montañas. Liex creó una fuerte división en las comunidades y vecinos por las promesas de empleo y los múltiples proyectos asistenciales para obtener la licencia social frente a los cuestionamientos por explorar en sitios RAMSAR como el Monte Pissis, un emblema del turismo provincial, donde además existen importantes glaciares y lagunas que son base de las aguas dulces de la zona donde nidifican flamencos andinos. En estos territorios emergen asambleas en defensa del territorio como “Autoconvocados por la Vida” y “Fiambalá Despierta” que constantemente denuncian irregularidades y atropellos, los graves riesgos de los ecosistemas y economías locales que presenta el proyecto Tres Quebradas. Liex publicó en su Informe de Impacto Ambiental (IIA) de exploración una muy pobre información hidrogeológica sobre el funcionamiento de las cuencas de los salares, lo que se suma a la escasa información pública disponible sobre las características de estas cuencas completas, poniéndose así en riesgo al territorio autorizando faenas mineras, sin contar con la información suficiente. Por su parte, en los salares del territorio chileno han existido también importantes conflictos en torno a las explotaciones de litio, lideradas por las empresas Albemarle y SQM en el Salar de Atacama. Este se ubica en el municipio de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, donde habitan 10.996 habitantes (CENSO 2017) y existen 18 comunidades atacameñas o lickanantay. Este territorio constituye el primer destino turístico de Chile a nivel internacional, siendo declarado como una Zona de Interés Turístico (ZOIT) por el Servicio Nacional de Turismo, donde existen humedales protegidos como sitio RAMSAR y es parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Estas comunidades practican la ganadería andina a pequeña escala, cultivan maíz, quinoa, hortalizas y también existe una importante actividad frutícola en la comunidad de Toconao, una de las más afectadas por la minería de litio, ubicada al frente de las faenas de SQM. También las comunidades realizan actividades turísticas, y un importante sector de ellas ha ido abandonando dichas actividades para asalariarse en la minería de litio, pero también en la minería de cobre en la empresa estatal CODELCO, Minera Escondida y Minera Zaldívar. En todo el municipio existe una fuerte crisis hídrica directamente relacionada con la minería. Allí, la Dirección General de Aguas (DGA) declaró el agotamiento de las cuencas de los ríos Vilama y San Pedro que son afluentes del salar; incluso, en los informes hidrológicos que el gobierno a través del Comité de Minería No Metálica publicó recientemente, señalan que existe un fuerte déficit hídrico en el salar por sobre el 20% de su capacidad natural de recarga (Comité de Minería 384 La colonialidad de la minería del... No Metálica, 2018). El mismo informe señala que no todos los puntos del salar cuentan con información suficiente y que el principal gasto hídrico de la cuenca proviene de la minería del cobre y litio. En esta región, la conflictividad comienza a acentuarse a partir del año 2007 entre las comunidades atacameñas y SQM por contaminación con aguas servidas provenientes de los campamentos mineros afectando a animales silvestres, y hubo denuncias por el uso no autorizado de aguas dulces desde un pozo, afectando napas subterráneas que aguas más abajo aprovechan las comunidades. En los años 2012 y 2016 las comunidades firman convenios con la empresa Rockwood y posteriormente con Albemarle, acordando la transferencia de recursos económicos y monitoreos comunitarios de los niveles hídricos del salar; ello le facilitó a la empresa obtener la autorización para aumentar su extracción de litio. Estos convenios se firmaron en medio de fuertes presiones, contradicciones, estimulado por una fuerte desconfianza al Estado, y por la precaria provisión de servicios básicos en el territorio como educación, transporte y salud, entre otros. Con SQM el conflicto ha sido permanente. Las comunidades – agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños– han presentado numerosos recursos de protección por diversos motivos: constantes incumplimientos a la ley ambiental, la no consulta indígena para autorizar nuevas cuotas de extracción de litio, y por el creciente daño socioambiental que amenaza la subsistencia de las comunidades y de la actividad turística en un territorio que es uno de los dos principales destinos chilenos promocionados internacionalmente. Aquí no se puede dejar de mencionar los constantes conflictos sociopolíticos y económicos que ha tenido en los últimos años SQM con la justicia, por sus constantes faltas a la ley tributaria, por pagos dolosos de campañas políticas, por negación de entrega de información al propio Estado sobre cuestionados contratos de asesorías y por las ventas de acciones a capitales chinos por conflictos de interés y riesgos de prácticas monopólicas. A pesar de lo anterior, la estatal CORFO autorizó a principios del 2018 la triplicación de sus extracciones de litio, lo que levantó nuevas movilizaciones y recursos de protección por parte de movimientos sociopolíticos de centro-izquierda, así como de las comunidades y vecinos no indígenas del salar. Finalmente, en la zona del Salar de Maricunga (región de Atacama), existen avanzadas exploraciones de litio, donde empresas como CODELCO y Minera Salar Blanco avanzan en exploraciones. Este salar está en un territorio mucho más frágil que el Salar de Atacama, al tratarse de una cuenca abierta donde sus aguas escurren hasta los ríos que abastecen la ciudad de Copiapó, la capital regional. Esta región enfrenta una fuerte crisis hídrica directamente 385 Bárbara Jerez Henríquez relacionada con otros proyectos mineros y la agroexportación en sus alrededores. En la cuenca del salar de Maricunga habitan cinco comunidades colla que en el último año han manifestado públicamente su preocupación y oposición a las explotaciones de litio, temiendo la destrucción del salar y de sus vigentes economías agropastoriles que continúan manteniendo pese al daño socioambiental causado por la minera aurífera Kinross, que ya ha provocado un fuerte deterioro ecológico. En Maricunga, además, existen crecientes proyectos turísticos aprovechando la belleza de los ecosistemas de las montañas altoandinas. Allí las lagunas como Santa Rosa y del Negro Francisco forman parte intrínseca de la cuenca, son sitios RAMSAR y forman parte del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, donde la minería del litio ponen en peligro estos acuíferos afectando la preservación de las aves y mamíferos silvestres del territorio. A MODO DE CONCLUSIÓN Los múltiples conflictos y daños socioambientales que genera la minería del litio en los salares altoandinos del norte argentino y chileno constituyen una férrea muestra de las profundas inconsistencias en los metabolismos de apropiación-producción-consumo de la economía verde, cuyas propuestas para enfrentar el cambio climático a través de un reemplazo de tecnologías bajas en emisiones de carbono como la electromovilidad, produce una nueva ola de despojos, degradaciones socioecológicas y etnocidios que tradicionalmente ha conllevado el extractivismo en América Latina. El salvacionismo colonial que impregna el discurso “verde” de la minería del litio, oculta las desigualdades histórico-estructurales que continúa reproduciendo, y que se expresan en el agotamiento socioambiental y vulneración de derechos indígenas de los pueblos andinos en pos de la acumulación, progreso y desarrollo sustentable colonial de sociedades lejanas. Ello va destruyendo progresivamente sus sistemas de vida, sus cosmovisiones, economías y con ello, las posibilidades otras para pensar matrices energéticas y sociedades realmente sustentables. La colonialidad del extractivismo del litio en los salares altoandinos, nos plantea la necesidad de proyectar caminos social y ambientalmente justos de sustentabilidad global y local para enfrentar el cambio climático, reduciendo las intensidades actuales de explotación y consumo que generan los metabolismos actuales. Sea en sus versiones productivas tradicionales como en las emergentes versiones “carbono cero”. Así, cualquier propuesta de reconversión energética debe contemplar en la contabilidad de sus huellas ecológicas las realidades 386 La colonialidad de la minería del... territoriales de los recorridos económicos, culturales y ecológicos de sus metabolismos, donde la justicia ambiental y social deben ocupar un lugar central. BIBLIOGRAFÍA Alimonda, H. (2017). 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January. 390 MÁS ALLÁ DE LA GEOPOLÍTICA: UNA TRAYECTORIA LOGÍSTICA DE LA IIRSA Alessandro Peregalli INTRODUCCIÓN: ENTRE INTEGRACIÓN MILITAR, COMERCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA En diciembre de 1994, bajo invitación del presidente estadounidense Bill Clinton y tras la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se realizó en Miami la Primera Cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA), que acordó el Road Map para la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En abril de 1998, durante su Segunda Cumbre en Santiago de Chile, la OEA presentó un Plan de Acción que encomendó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “la preparación de un proyecto (...) con el fin de facilitar la participación del sector privado en proyectos de infraestructura local y transnacional (…), para ser discutido durante una reunión de Ministros Responsables de Infraestructura que se realizará en 1999” (Consenso de Santiago, 1998, p. 20). El plan del BID fue finalmente presentado en la Primera Cumbre Sudamericana de Presidentes en Brasilia, el 31 de agosto y 1 de septiembre de 2000, convocada por el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. Tuvo como nombre Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. A pesar de los ciclos y contra-ciclos que han atravesado la región en los últimos años, la IIRSA sigue en pie y abarca los doce países de América del Sur, contando con 562 proyectos (161 terminados, 391 Alessandro Peregalli 165 en construcción y los otros son planes) por una inversión total de 199.000 millones de dólares. El 90% son obras de infraestructura de transporte (50% carreteras) y el 9% energéticos, pero que atraen un tercio de la inversión total, especialmente en el caso de las centrales hidroeléctricas, los proyectos de mayor impacto para los pueblos. Dichas obras son articulados entre sí por 10 corredores logísticos intermodales: Amazonas, Capricornio, Hidrovía Paraná-Paraguay, Andino, Interoceánico Central, Perú-Brasil-Bolivia, del Sur, Escudo Guayanés, MERCOSUR-Chile, Andino del Sur1 (IIRSA, 2018). Según Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar y Carlos Motto (2007) la IIRSA, junto con el Plan Puebla Panamá (PPP),2 representaría una tercera fase de la nueva penetración estadounidense en la región, después de las fases de liberalización comercial y de coordinación militar. En cuanto a la primera, bajo la doctrina del regionalismo abierto3, se impulsaron tanto el TLCAN como los Tratados de Libre Comercio Chile-EEUU y entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana (CAFTA-RD por su sigla en inglés), todos “precedidos por profundas transformaciones de los marcos constitucionales nacionales que desprotegieron los acervos patrimoniales y la soberanía de las naciones sobre los bienes que por naturaleza, geografía e historia les pertenecían” (Ceceña et al., 2007, p. 10). Estos acuerdos debían incorporarse en el proyecto, luego fracasado, de la propia ALCA. La segunda fase (de coordinación militar) se inauguró con la Cumbre Ministerial de Defensa de las Américas en julio de 1995, en Williamsburg, Virginia. El objetivo era garantizar el acceso a los recursos naturales del continente a las empresas estadounidenses (Stolowicz, 2016, pp. 466-468), sobre todo a las de la información ligadas a la burbuja especulativa “dotcom”, que explotaría en el 2001; para este fin, tras esa cumbre se definieron nuevas arquitecturas institucionales destinadas a la creación de una governance continental, desde la National Defense University, fundada en Washington en 1997, con el objetivo de formar a policías y ejércitos latinoamericanos en el marco 1 Este último todavía no se ha incluido oficialmente en la cartera de proyectos, así que no se conocen las obras a él asociadas y por lo tanto no será objeto de nuestro trabajo. 2 Diseñado en 1996 por el presidente mexicano Ernesto Zedillo en 1995 con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, inaugurado en el 2002 por Vicente Fox, luego renombrado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. 3 Según Beatriz Stolowicz, el regionalismo abierto es impulsado por Estados Unidos por tres razones específicas: “i) espera ser el principal socio-mercado; ii) el entramado de tratados que se impulsan es la base para el acuerdo macro de la Iniciativa para las Américas; iii) al darle soporte jurídico como derecho público internacional, el libre comercio queda asegurado” (2016, p. 450). 392 Más allá de la geopolítica: una... de una más estrecha relación militar (Johnson, 2007, p. 205) hasta el Plan Colombia (2001) y la Iniciativa Mérida (2008). Formalmente vinculados al combate del crimen organizado y el “terrorismo” (léase, sobre todo en el caso colombiano, “guerrillas”), estos planes en realidad respondieron a la necesidad de controlar “algunas rutas porosas de negocios no regulados y altamente rentables, junto con el interés de penetrar la cuenca amazónica y supervisar la conexión entre el Norte y el Sur del continente” (Ceceña et al., 2007, p. 10). Su consecuencia fue la militarización de las sociedades colombiana y mexicana, la vinculación de sus ejércitos al mando respectivamente del Comando Sur y del Comando Norte de Estados Unidos, y el surgimiento de grupos paramilitares que terminaron saliendo de control (Saxe Fernández, 2015).4 En el medio de esto, hubo una multiplicación en el territorio latinoamericano de las Cooperative Security Location (CSL), un tipo de base militar just in time especializado oficialmente en contra del terrorismo y la interdicción de tráfico de droga, pero en realidad dedicado a la contrainsurgencia (Johnson, 2007; Ceceña, 2008; Stolowicz, 2016, p. 473). Tan solo entre Colombia y Perú existen hoy por lo menos 17 bases radar de Estados Unidos (Johnson, 2007, p. 205). Según Ceceña, Aguilar y Motto, el tercer momento de este revernissage de la Doctrina Monroe fue representado por los planes IIRSA y Puebla Panamá.5 Más que de una secuencia lineal, se trataría de una superposición temporal. Pero los entrelazamientos entre ámbito comercial, militar y logístico abundan, como veremos en el próximo apartado. Por ahora basta señalar que las rutas del control militar de Estados Unidos en América Latina y las del saqueo de recursos naturales han sido en buena medida coincidentes: IIRSA y PPP, en su primer período, convivieron y fueron funcionales a una idea de integración regional comercial y militarmente subordinada al liderazgo estadounidense. La dotación de una importante infraestructura logística continental comenzó bajo el liderazgo de las instituciones internacionales; en primer lugar, el BID. Como ese instituto afirmó en un documento de 2002, “las iniciativas de integración regional representan un tercer nivel de reforma de política comercial, llevada a cabo como parte del proceso de reforma estructural que se produjo desde mediados de los ochenta, que apunta a complementar y reforzar la liberalización unilateral y multilateral” (p. 9).6 Si los acuerdos 4 http://www.jornada.com.mx/2015/01/08/opinion/034a1eco 5 Hoy su nombre ha cambiado a Proyecto Mesoamérica. 6 http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/1657428.pdf 393 Alessandro Peregalli de libre comercio representaban de alguna forma la “constitución formal” del nuevo orden de la globalización, la implementación de una infraestructura logística robusta era su necesario corolario en tanto “constitución material”. Retomando las nociones propuestas por Milton Santos, se necesitaba la construcción, junto a un sistema de “acciones normatizadas”, de un adecuado “sistemas de objetos” (Santos, 2002, pp. 61-88, 213-232). ENTRE ALCA Y UNASUR La década de 2000, que se abrió con la promesa de un “nuevo siglo americano”, marcó desde su comienzo la crisis hegemónica de Estados Unidos. La globalización neoliberal fue cada vez más fuertemente contrastada política y socialmente, y certificó el surgimiento de un importante movimiento transnacional a partir de las manifestaciones de Seattle en 1999 y el Foro Social de Porto Alegre en 2001. Asimismo, las crisis económicas se aceleraron con la crisis puntocom de 2001 y, al final del mismo año, el default argentino. El 11 de septiembre de 2001 marcó un hito en la crisis de hegemonía de ese país. La respuesta a ese acontecimiento fue retomar la agresión abiertamente violenta en política exterior, y una serie de nuevas guerras en Medio Oriente. Lejos de resolverse, estas iniciativas se frustraron dando lugar a una situación de desgaste y a una aceleración en la pérdida de hegemonía estadounidense. Lo anterior tuvo efectos importantes en América Latina, que llevaron al cuestionamiento y al rechazo del ALCA. El cambio de rumbo comenzó con la toma de posesión del presidente Hugo Chavez en Venezuela en 1999, que denunció el carácter secreto de las negociaciones (Porto-Goncalves, 2011, p. 35). Esto llevó en pocos años al definitivo rechazo del proyecto, derrumbado oficialmente en Mar del Plata en 2005, durante la Cuarta Cumbre de las Américas, por el propio Chavez, y los presidentes de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva) y de Argentina (Néstor Kirchner). Sin embargo, aunque el “sistema de acciones” del ALCA fracasara, el “sistema de objetivos” representado por la IIRSA se reveló impermeable a cualquier cuestionamiento. El propio Chavez, si bien hizo un llamado para una integración regional y sobre todo energética diferente y, durante la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones de 2006 llegó a tachar la IIRSA de proyecto “neo-colonial”, terminó manteniendo la adhesión de Venezuela al plan (López, 2012). Lo mismo hizo su colega boliviano Evo Morales, que apenas elegido criticó el carácter desigual y poco sustentable del proyecto, pero pronto se convirtió en uno de sus mayores promotores. 394 Más allá de la geopolítica: una... Si bien la IIRSA como proyecto infraestructural de Sudamérica ha permanecido, los vaivenes sociales y políticos de la región han marcado una y otra vez su función geopolítica y los diseños de integración regional a los cuales, supuestamente, se tornaría funcional. En 2008, el plan fue incluido en el marco de la nueva Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), y desde 2010 en su Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). Estos cambios se dieron a través del ascenso de Brasil como gran propulsor político y económico de la IIRSA, y como supuesta alternativa geopolítica a la hegemonía estadounidense. Como plantea Porto-Gonçalves, este papel de liderazgo regional de Brasil pudo emerger a raíz de dos procesos que se realizaron con el cambio del siglo: “por un lado, el creciente saldo comercial de los países de América Latina, sobre todo a partir del 2003 y, por otro, por la acentuada pérdida de importancia de Estados Unidos en el [..] comercio externo [latinoamericano] al cual se sumó el aumento de la participación de China y del comercio a través del Pacífico” (2011, p. 47). La sustitución de Estados Unidos con China como principal socio comercial de la región, junto con la crisis de hegemonía que estaba enfrentando Estados Unidos, favoreció las posibilidades de una mayor autonomía geopolítica de Sudamérica: en este contexto, Brasil promovió un regionalismo “suramericano” que se distanció tanto del panamericanismo de tipo monroista como de un latinamericanismo de tipo bolivariano (sostenido por Venezuela). La mejor balanza comercial, por otro lado, permitió a Brasil, bajo la presidencia de Lula, reformar el banco público de inversiones Banco Nacional do Deselvolvimento (BNDES), que fue fuertemente capitalizado y al cual fue permitido, desde 2003, financiar proyectos fuera de Brasil. Ese año fue decisivo en el desarrollo concreto de la IIRSA: la reforma del BNDES, seguida en 2007 por la creación del Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), en Brasil, se realizaron justo cuando el BID lamentaba las limitaciones que se estaban dando al impulso de la IIRSA debido a las restricciones financieras de los países miembros, incapaces de implementar las políticas necesarias para la creación de un mercado de capitales suficientes a la realización de los proyectos (Porto-Gonçalves, 2011, pp. 30-31). Bajo el impulso del BNDES, y por ende del financiamiento público de Brasil, la IIRSA se transformó definitivamente en el motor del reordenamiento territorial de Sudamérica. ENTRE TERRITORIALISMO Y CAPITALISMO Este recorrido nos propone unos elementos generales para encuadrar el desarrollo de la IIRSA dentro del complejo panorama geopolítico de la región sudamericana. Sin embargo, como mencionamos, nuestro 395 Alessandro Peregalli intento es movernos en un terreno diferente, que considere las relaciones que ha tenido y tiene la IIRSA tanto con unas más amplias dinámicas espaciales del capitalismo contemporáneo, como con una específica racionalidad “logística” que, si bien ha acompañado toda la historia del capitalismo, ha asumido en los tiempos recientes un peso y una importancia particulares. En esta tentativa de “descentrar” la mirada exclusivamente geopolítica, comenzaremos con el retomar la perspectiva teórica de Giovanni Arrigí (1999), y el campo de tensión que el teórico italiano vislumbraba entre una lógica capitalista y una lógica territorialista en el desarrollo del capitalismo como sistema-mundo: una lógica de dominio territorialista identifica el poder en la extensión de su territorio y la densidad de la población del mismo, y concibe la riqueza-capital como un medio o un subproducto de la prosecución de la expansión territorial. Una lógica de dominio capitalista, por el contrario, identifica el poder con el grado de control sobre recursos escasos y considera las adquisiciones territoriales como medio y subproducto de la acumulación de capital (p. 49). Si bien hasta ahora hemos analizado ciertos aspectos de lógica territorialista presente en la IIRSA, es decir de cómo a través de la dotación de una imponente infraestructura regional se reflectan las disputas y estrategias de control territorial y los proyectos espaciales de las grandes potencias, nuestro desafío será proponer un conjunto de dinámicas “capitalistas” al interior del cual se pueden leer dichas disputas territoriales. Como se mencionaba, en la década de 2000 los países de América Latina lograron conquistar cierto saldo comercial, de la mano con un aumento del comercio con Asia oriental y, en particular, con China. Sin embargo, dicha balanza comercial positiva no fue el resultado de un fortalecimiento de la capacidad productiva interna en la región sino todo lo contrario, es decir del incremento de las exportaciones de materias primas cuyos precios tuvieron un momento de grandísimo aumento debido en parte a la fuerte demanda asiática. América Latina no se benefició, por lo tanto, de su propio desarrollo económico, sino de aquello de la(s) potencia(s) asiática(s). Las políticas macroeconómicas, de hecho, tienden a marcar tendencias sistémicas solo en el largo plazo. El cambio de modelo que se implementó a partir de las décadas de 1970 y 1980 en América Latina, y sus políticas de apertura comercial, tuvieron sus efectos mayores con el cambio del siglo, cuando llegó a su fin la tendencia anterior, iniciada en 1960, producto de las políticas de sustitución de importaciones, a 396 Más allá de la geopolítica: una... la reducción de la participación de productos primarios en sus exportaciones y el aumento del comercio intra-regional. Fue por eso que, aún a finales de la década de 1990, se pudo presentar la necesidad de un plan como la IIRSA a partir del aumento del comercio interno en la región, cuando era evidente que su funcionalidad real era a partir de la reprimarización y de la nueva vocación exportadora de las economías sudamericanas. Fue solo a partir de 2000 que los índices económicos mostraron una efectiva desindustrialización (Porto-Gonçalves, 2011, pp. 27-29) de las economías, un estancamiento del comercio intrarregional (a pesar de las retóricas que se dieron sobre la “integración”) y un fuerte aumento de la expulsión de productos agrícolas, minerales y energéticos. Dicho fenómeno fue bautizado como “neoextractivismo” o “consenso de los commodities” (Svampa, 2013). Focalizándose sobre la tendencia al aumento en América Latina de la extracción de recursos naturales desde el territorio para su exportación, estas nociones han ido poco a poco incluyendo no solo las prácticas extractivas clásicas, como la minería y la explotación de hidrocarburos, sino también sectores tales como el agronegocio (sobre todo vinculado a la soja), la pesca intensiva, la celulosa, e incluso el turismo. Para facilitar la expulsión de este conjunto de commodities, es decir recursos mineros, energéticos y agrícolas cuyos precios son medidos directamente en los mercados financieros globales, la creación de una imponente infraestructura energética y de transporte intermodal se volvió cada vez más una prioridad. Aún más, en cuanto dicha infraestructura respondía a dos ulteriores tendencias globales que se fortalecieron en el contexto de la crisis financiera. En primer lugar, la construcción de una imponente palanca de infraestuctura fue planeada para dar una salida “productiva” a un excedente de capital financiero en constante riesgo de devaluación debido a las recurrentes crisis especulativas de la década de 1990: los llamados “Efecto Tequila” (Mexico, 1994), “Efecto Samba” (Brasil, 1998, a su vez generado por la crisis de los dragones asiáticos de 1997) y “Efecto Tango” (Argentina, 2001). Se trataba de mover, territorializándolo, el exceso de capital hacia ciclos de acumulación con tiempos de rotación más lentos pero más seguros. David Harvey ha llamado a este proceso spatial fix (2014, p. 155), refiriéndose a la tentativa de expandir el capital en una dimensión espacial y geográfica más amplia, fijándolo en el territorio. Se trata de un tipo de medida anticíclica clásica del capitalismo, y que según el chino Xin Zhang (2017) es también el principal objetivo del proyecto chino de la BRI (Belt and Road Inicitive). Según Beatriz Stolowicz (2016), dicha operación fue favorecida en América Latina debido a la retórica “productivista” de finales de 397 Alessandro Peregalli la década de 1990, cuando instituciones como el BID y el Banco Mundial, para capturar y subsumir las insurgencias antineoliberales y la emergencia de las fuerzas políticas progresistas, hicieron uso de argumentos “posneoliberales” y anti de-regulación. La segunda tendencia responde a la exigencia del capital de “aniquilar el espacio con el tiempo” (Marx [1857-58]1978, p. 539), es decir a reducir lo más posible el tiempo y el costo de la distribución de las mercancías entre sus lugares de producción y de consumo. Como señala Nicholas Hildyard (2016), “la distancia importa porque el tiempo importa. Y el tiempo importa porque cuanto más rápidamente las mercancías pueden producirse e intercambiarse, mayor serán las ganancias para los capitalistas individuales y más aguda será su ventaja frente a sus competidores” (p. 69).7 Si bien se trate de una exigencia constante para la acumulación de capital, ella se vuelve más prioritaria por dos razones: primero, porque el avance tecnológico en transporte en las últimas décadas ha permitido extender enormemente la geografía global de extracción, producción y consumo; segundo, porque justamente en los momentos en que comercio, producción y consumo a nivel mundial se encuentran en una fase de estancamiento, como en la reciente crisis económica global, se vuelve aún más esencial abaratar los costos de transporte. Es a estas tendencias que responde, a lo largo de todo el globo terráqueo, la creación de un conjunto de planes de infraestructuras que encuentran su forma geográfica específica en los corredores. Desde la ya mencionada BRI (o nuevas Rutas de la Seda), que se compone de un “cinturón” terrestre (New Silk Road Economic Belt) y de una “ruta” marítima (21st-Century Maritime Silk Road), que conecta China con África, Europa, Asia central y Sureste Asiático, hasta los corredores indios del Golden and Dyamond Quadrilater (Amristsar-Kolkata Industrial Corridor, Bengaluru-Mumbai Economic Corridor, ChennaiBengaluru Industrial Corridor, y Delhi-Mumbai Industrial Corridor), los corredores indonesios (Java Corridor, Kalimantan Corridor, y Sumatra Corridor) a los de la región del río Mekong entre China y Sureste Asiático, desde los corredores europeos Trans-European Transport Network (TEN-T) hasta el africano Maputo Development Corridor, los corredores se multiplican en todo el mundo, conllevando no pocas consecuencias sobre la dimensión “política” de la espacialidad global. 7 Traducción mía. 398 Más allá de la geopolítica: una... ENTRE NEOEXTRACTIVISMO Y “LOGÍSTICA” Como hemos señalado, la inserción de América Latina en el nuevo orden de la globalización neoliberal se debe leer en el avance de largo alcance del modelo neoextractivo, es decir del papel de la región como exportadora de materias primas y productos agrícolas y energéticos para los viejos (Occidente) y nuevos (China y Asia Oriental) centros de acumulación. Asumimos estas nociones de neoextractivismo y consenso de las commodities, pero con reserva. Por un lado, porque no es cierto que las actividades extractivas sean predominantes en todas las formaciones sociales latinoamericanas: destaca, de hecho, el mantenimiento de ciertos centros industriales de cierta importancia, por ejemplo en Brasil, y el crecimiento de largo plazo de otros, como la industria de ensamble de tipo maquila en México y otros lugares, junto con la importancia de las exportaciones de productos agrícolas que no toman la forma de commodities, en particular manera desde la región andina y el desarrollo de nuevos enclaves informacionales “dependientes” (Falero, 2015), preferimos la noción, teorizada por Jaime Osorio (2012), de “nuevo patrón exportador de especialización productiva”. Por otro lado, la intersección entre las operaciones extractivas con las operaciones logísticas que se desarrollan a lo largo de los corredores que reflectan un grado de complejidad mayor. Recientemente, Sandro Mezzadra (2015) y Brett Neilson (2019) han propuesto conectar la noción de “extracción” con las de “logística” y “finanza”, con la intención de vislumbrar, a través de la categoría de “operaciones del capital”, el modo en que estos tres ámbitos se entrelazan en la fase actual del capitalismo neoliberal. De hecho, estos autores afirman que “muchos análisis que se refieren al concepto de neoliberalismo en sentido genérico consideran la circulación hegemónica de doctrinas económicas o procesos de des-regulación y governance sin realmente tomar en consideración las transformaciones subterráneas del capitalismo”.8 Si por un lado la articulación entre extracción y finanza es útil para cuestionar el punto de vista de quienes, como el vicepresidente boliviano García Linera (2013), ha defendido las políticas extractivistas impulsadas por gobiernos progresistas como productivas y generadoras de autonomía hacia el dominio del capital financiero transnacional, el uso del concepto de “logística” merece aquí unas explicaciones ulteriores. Según Neilson (2012, p. 323), por logística se entiende “el arte y la ciencia de gestión de la movilidad de personas y cosas con finalidad de aumentar la eficiencia económica, en las comunicaciones y en el transporte”. Si bien como ciencia 8 Traducción mía. 399 Alessandro Peregalli capitalista la business logistics nace en las décadas de 1950 y 1960 en Estados Unidos, con la creación de instituciones específicas y cursos universitarios de supply chain management y con la invención de los contenedores y la aplicación de las primeras herramientas informáticas al campo del comercio, su origen remonta a mucho tiempo antes: el historiador israelí Martin Van Creveld (2004) vinculó la emergencia de la logística militar para el abastecimiento de las tropas entre 1560 y 1660 a la innovación llevada por el gran aumento de efectivos en los ejércitos europeos y en general la extensión de la dimensión espacial de la guerra en los albores de la Edad Moderna. La geógrafa Deborah Cowen (2014) señala que el origen militar de la logística comercial es una constante en su desarrollo, ya que tanto el fenómeno de la “containerización” como el de la informatización (ambos fundamentales en la logística de hoy) fueron impulsados por actividades e innovaciones militares (la guerra de Vietnam en el primer caso; el sistema Arpanet, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en el segundo). Estos continuos entrelazamientos de lo militar y lo comercial en la logística llegarían hasta la actual “política de los corredores” (Grappi, 2016, p. 121) y la necesidad de garantizar la seguridad de estos enormes espacios infraestructurales con un tipo de governance transnacional llamada supply chain security (Cowen, 2014, pp. 53-90). Intentemos, por lo tanto, detectar más de cerca las formas de articulación de extracción, logística, y finanzas en el contexto sudamericano y en la construcción de la IIRSA. En primer lugar, está la doble dinámica ya señalada. Por un lado, la tentativa de colocar el excedente financiero en actividades económicas productivas a través de la conquista de nuevos espacios por parte del capital. Esto vale tanto para la infraestructura de transporte como tal, como para la infraestructura energética y los emprendimientos de megaminería, con las notorias consecuencias en término de despojo y acaparamiento de tierras. Por otro lado, la necesidad de Sudamérica de “enganchar” los parámetros de la logística global para competir: como un ejemplo, según la agencia McKinsey un porta-contenedores tarda 5,5 días para salir de un puerto brasileño, frente a los 2,2 días en Estados Unidos, y su costo de exportación es más del doble que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE; Elstrodt et al., 2014). En segundo lugar, si bien por un lado la inversión en infraestructura ha sido funcional a la reconversión de capitales excedentes, por otro esta fue favorecida por el boom en el precio de las commodities. Todos los minerales y los recursos energéticos, desde el petróleo al cobre, desde el gas natural al oro y a la plata, desde el hierro a la soja, tuvieron aumentos de 500 hasta más de 2000% entre 1999-2002 400 Más allá de la geopolítica: una... y 2008-2012 (Macrotrends, 2018). Esto permitió la emergencia y el fortalecimiento de gobiernos progresistas en la región, que con sus políticas de conciliación de clases dejaron de lado cambios estructurales y desarrollaron políticas de ayudas focalizadas y de inclusión al consumo de las clases populares financiadas con la captación de un excedente de estas operaciones extractivas de las empresas transnacionales. Hasta que duró la bonanza, dichas políticas dieron frutos importantes, aunque a costa de la degradación ambiental y el despojo de poblaciones indígenas, quilombolas, y campesinas. El problema, sin embargo, es que la alternativa “productiva” al sistema financiero no era tal alternativa. Si consideramos que el propio precio de las commodities se medía a través de derivados financieros, los llamados “futuros”, se vuelve evidente cómo la bonanza que caracterizó el momento de auge del llamado ciclo “progresista” se sentaba sobre el castillo de papel de la especulación. Los precios de las commodities, de hecho, se establecen en tres específicos mercados financieros (el London Metal Exchange, LME, el Shangai Futures Exchange, SHFE, y el Chicago Mercantile Exchange, CME) y responden más a operaciones especulativas que a vaivenes del mecanismo de demanda-oferta de la economía real, a pesar de que factores como la fuerte dinámica expansiva de la economía china hayan jugado un papel relevante (Kegomoditswe Koitsiwe and Tsuyoshi Adachi, 2018, p. 88). La caída dramática de dichos precios a partir de 2013 transformó en pesadillas las ilusiones progresistas de autonomía frente al capital financiero transnacional y de una revolución sin conflicto social. El tercer elemento que ensambla las operaciones extractivas, logísticas y financieras en la IIRSA se relaciona, como ya mencionamos, con la llamada “sociedad del conocimiento”. Lejos de ser una esfera inmaterial y desterritorializada, el sector de la información y de la industria high tech que tiene su centro en Silicon Valley necesita de poderosas infraestructuras físicas (cables, modems, servers, antenas, satélites) que aumenten la conectividad en cada rincón del globo terráqueo. La llamada “nube” informacional, de hecho, no es tan una nube sino más bien un conjunto de extensas infraestructuras materiales y, además, fuertemente antiecológicas. La locación de estos servidores e infraestructuras tiene su importancia geopolítica. Su dimensión logística, sin embargo, es igualmente importante. Según el colectivo Into the Black Box (2018), de hecho, el “‘modo de producción a tracción logística’ encuentra en la llamada ‘Cuarta revolución industrial’ un pasaje fundamental”9, debido a que los procesos llamados de 9 Traducción mía. 401 Alessandro Peregalli digitalización, automatización, capitalismo de plataforma, e-commerce, gig economy hacen parte del campo de operaciones que responden a una racionalidad logística. Pero dicha Cuarta revolución industrial no se sustenta sin el acaparamiento de preciosos recursos minerales a lo largo del planeta, recursos que abundan en América Latina, en particular manera a lo largo de la Cordillera de los Andes. Lo anterior ayuda a explicar el fenómeno de la implantación de enclaves informacionales en las regiones periféricas, como es el caso de las Zones for Economic Development (ZEDE), también llamadas “ciudades modelos”, en Honduras (Lynch, 2018), y de la zona económica especial Zonamérica, en Uruguay (Falero, 2011). ENTRE ESTADO Y CAPITAL El cuarto elemento de fuerte entrelazamiento de las operaciones extractivas, logísticas, y financieras en la IIRSA tiene que ver más directamente con el papel del Estado en la provisión de la infraestructura, con particular importancia en los países del Sur Global. Como reveló el director de Partners Group, inversora internacional en infraestructura, Jean Perarnaud, “para nosotros, infraestructura es flujo de caja estable, contratado para el largo plazo”10 (Hildyard, 2016, p. 27). De esta frase, la palabra central es “contratado”, porque esconde el verdadero facilitador de la acumulación y extracción financiera que se genera a través de la infraestructura o, según Hildyard (2016), de la infrastructure-as-asset-class: el Estado. La construcción de la IIRSA, de hecho, se sostiene sobre el importante papel del Estado, que garantiza al capital privado seguridad jurídica y política, niveles adecuados de ganancia, y acceso al crédito. La forma más acabada de este apoyo del Estado a la construcción de infraestructura y a la reproducción del capital privado son las llamadas Asociaciones Público-Privadas (APP). Las APP emergieron, según Hildyard, como “respuesta a las tibias ganancias financieras que se generaron tras la privatización de mucha infraestructura pública en las décadas de 1980 y 1990. […] Un estudio sobre los servicios públicos privatizados en 31 países en desarrollo –continua el estudioso británico– reveló que el 80% ‘tuvieron experiencias negativas en términos de ganancia’ (Cook and Uchida, 2004). […] En 2004, incluso el Banco Mundial describía la privatización de infraestructura como ‘sobrestimada y malinterpretada’”11 (Kessides, 2004, en Hilyard, 2016, p. 34). La solución al problema fue representada por las APP, en la actualidad fuertemente impulsadas 10 Traducción mía. 11 Traducción mía. 402 Más allá de la geopolítica: una... por bancos multilaterales, gobiernos y think tanks como mejor vehículo para atraer inversiones privadas en infraestructura... con respaldo público. Este tipo de contratos establecen la formación de específicas formas de gobernanza donde el Estado y el “capital productivo” de las empresas de construcción se articulan directamente con los bancos y los inversores institucionales. Las APP son diferentes de las privatizaciones tout court ya que en ellas el Estado permanece propietario formal de la actividad. Como afirma Stolowicz (2016), el papel del Estado en las APP sirve como garantía para la inversión privada frente al riesgo de pérdidas (p. 1038). Los tipos de contratos APP que se han ido multiplicando en estos años son muchos, pero los más comunes son los Build, Operate, Transfer (BOT), los Build, Operate, Own (BOO) y Lease, Develop, Operate (LDO). A pesar de sus diferencias, algunas características más comunes de las APP son la larga duración del contrato de gestión del bien o activo económico, que puede durar hasta 50 años o más en mano del ejecutor privado; y las garantías del Estado al concesionario en términos de exenciones fiscales, apoyo financiero directo, subsidio de las tarifas en el caso en que las ganancias del privado caigan debajo de ciertos niveles, protección frente a la competencia del mercado, y garantías y seguros de indemnización en el caso en que el Estado actúe en futuro en contra del privado con políticas de nacionalización o expropiación. Es importante subrayar que, cuando dijimos que el Estado actúa en apoyo al capital privado, entendemos que el capital privado es financiado y garantizado a costa de una mayor extracción de excedente desde los trabajadores. Consideremos, por ejemplo, el importante papel que juegan los fondos de pensiones públicos en el financiamiento de infraestructura. En el caso de Brasil, a este elemento se suma el hecho de que el propio BNDES, que como vimos es el principal inversor en las obras de la IIRSA, está casi totalmente financiado por el Ministerio de Hacienda (que dispone de la recaudación de los impuestos que, como en la mayoría de los sistemas fiscales, en particular en América Latina, pesa en mayor medida sobre el trabajo que sobre el capital) y por el fondo de consumo de los trabajadores, a través de la participación del Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) y el Programa de Integração Social-Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Publico (PIS-PASEP), dedicados al pago de derechos laborales (Zibechi, 2013, p. 58). En América Latina, en los últimos años, en casi todos los países se ha dado cierta legislación sobre las asociaciones público-privadas, siguiendo ranquins internacionales como Infrascope. La importancia de las APP en países del sur del mundo, y en América Latina en particular, ha sido relevante por dos razones: la primera, porque la 403 Alessandro Peregalli garantía del Estado y la provisión de préstamos a través de bancos públicos o inversores institucionales, tales como los fondos de pensión, se ha revelado en muchos casos una opción obligada por la escasez de un mercado de capitales comparable con aquello de los países más desarrollados; por otro lado, en América Latina este protagonismo económico estatal ha sido varias veces presentado por el Banco Mundial, las instituciones transnacionales, y los propios gobiernos progresistas, como el síntoma de un nuevo rumbo “posneoliberal”. Las propias APP han sido varias veces definidas, retóricamente, como “posprivatizaciones”. Lo que vuelve urgente un análisis más completo sobre el papel del Estado en el neoliberalismo, ya que una mayor presencia o activismo económico del Estado no necesariamente va a beneficio de la colectividad o es funcional a políticas de limitación de la acumulación de capital (aunque funcionales a la estabilización del capitalismo), como fue de alguna manera el keynesianismo. Según Michel Foucault ([1978-1979] 2005), la racionalidad gubernamental del neoliberalismo se distingue de la del liberalismo clásico justamente por la necesidad, entre otras cosas, de que un Estado fuerte actúe para la creación de mercados y la preparación de las condiciones de la acumulación de capital. Tanto las políticas sociales focalizadas, funcionales a la inserción en los mecanismos de crédito (Stolowicz, 2016; Gago, 2014) y en la inclusión al consumo, como las políticas de fuerte inversión en infraestructura logística, responden a estos imperativos, y manifiestan por lo menos una parcial continuidad del progresismo con el neoliberalismo, más allá de los discursos y de los posicionamientos geopolíticos. Una continuidad de ninguna manera absoluta o carente de matices, disputas, diferencias concretas para el desarrollo de la lucha de clases, pero una continuidad en la cual prácticas gubernamentales finalizadas a la creación de un “capitalismo popular” y a la inclusión de las clases subalternas bajo la lógica capitalista (por ejemplo, el fuerte impulso a la educación financiera; Stolowicz, 2016, pp. 1011-1033) pueden representar también significativos espacios de ampliación del orden del capital. Sin embargo, si bien el Estado neoliberal no necesariamente tiene un papel menor a nivel económico, su reducción o su puesta en cuestión se manifiesta de alguna manera en el terreno geográfico. Es una hipótesis difusa la que plantea para el mundo actual un espacio geográfico de múltiples órdenes jurídicos y tipos diferentes de soberanía, producto del desdibujamiento del Estado nacional, de alguna forma similar al período de creación del propio Estado-nación en los siglos XV y XVI, donde el mapa europeo veía la coexistencia de un imperio con pretensiones universales, unas ciudades-Estado capitalistas, una “naciones” mercantiles con proyecciones transnacionales, 404 Más allá de la geopolítica: una... y unos Estados nacionales en formación. Saskia Sassen (2010) utiliza el término “ensamblajes” para rescatar estas complejidades. Hoy los modernos ensamblajes globales se distribuyen en el territorio en buena medida bajo el impulso de la racionalidad logística. En cuanto “constitución material” de los procesos de globalización, ella produce espacialidades entrelazadas y parcialmente independientes de las estatales, definiendo nuevos órdenes jurídicos y nuevos intereses (Into the Black Box, 2018), y llevando a la fragmentación de las fronteras en el espacio global (Mezzadra y Neilson, 2014). En el contexto sudamericano son, por un lado, la construcción de espacialidades inéditas ligadas a la IIRSA y, por otro, la multiplicación de las zonas y los enclaves. La estructura a enclave no es un inédito para América Latina, que fue geográficamente modelada en este sentido por la conquista colonial: enclaves mineras y enclaves de plantación se conectaban a la metrópolis a través de los enclaves ciudades-puertos. En la época poscolonial, la invención “logística” del ferrocarril y del barco de vapor redujo estas distancias. Alfredo Falero propone la noción de “economía de enclave” para hablar de la geografía actual de Nuestramérica. Según el sociólogo uruguayo, los enclaves de hoy reproducen en parte el modelo extractivo-exportador, con la ayuda de las nuevas tecnologías del fracking y de la minería a cielo abierto, y lo completan con nuevos enclaves industriales (las maquiladoras), turísticos e informacionales (Falero, 2015). Muchas veces dichos enclaves se superponen a lo que el lenguaje tecno-gerencial llama “zonas económicas especiales” (ZEE). Como reporta la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), en América Latina se encuentran hoy más de 600 zonas, dentro de 23 países, y donde actúan 10.800 empresas, que a su vez emplea a 1.700.000 trabajadores (AZFA, 2018). Se trata de territorios estratégicos que de formas y en grados diferentes se desconectan de la territorialidad del Estadonación y se conectan más directamente al espacio global (Sassen, 2010). Tales espacios están cada vez más conectados entre sí por los corredores transnacionales, canales bioceánicos, y rutas de infraestructura, y expanden a lo largo de estas líneas sus formas de gobernanza y de control exepcionales. Muchas y de vario tipo son las ZEE que intersecan los corredores de la IIRSA, desde el Arco Minero del Orinoco, que ocupa el 12% del territorio nacional venezolano entre los EID Andino y Escudo Guayanés, a la localidad ecuatoriana de Providencia, en el Amazonas, de la ciudad brasileña amazónica de Manaos, la ZEE más antigua de la región y que se sitúa en el cruce entre EID Amazonas y Escudo Guayanés, hasta la del puerto chileno de Valparaíso, eslabón final del MERCOSUR-Chile. 405 Alessandro Peregalli ENTRE ATLÁNTICO Y PACÍFICO La mirada a las tendencias más amplias en las que se sitúa el recorrido de la IIRSA, la historia reciente sudamericana y el análisis de las operaciones capitalistas concretas con las cuales se entrelaza, nos permiten regresar a las disputas en juego en el tablero geopolítico regional. El momento de mayor profundización de la IIRSA como proyecto orgánico y bien definido coincide, por un lado, con la difusión de las APP como vehículos privilegiados de inversión en infraestructura y, por otro, con la política brasileña de “Brasil potencia” y de las empresas llamadas “Campeones Nacionales”. Si bien las leyes cuadro con las cuales los Estados sudamericanos permitieron las asociaciones público-privadas fueron realizadas solo a partir de 2004, son cada vez más los proyectos de la IIRSA que se realizan bajo esta fórmula, llegando al 23% del total, y al 35% entre las obras consideradas prioritarias (IIRSA, 2018). Si consideramos los flujos de crédito de los que se ha beneficiado la IIRSA, huelga señalar cómo en los primeros años las mayores fuentes de financiamiento eran organismos multilaterales como el BID, el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Pero estos institutos no tenían capacidad financiera adecuada para llevar adelante las obras mientras no se registraba el esperado flujo de capital público o privado. Como vimos, a partir de 2003, primer año del gobierno Luiz Inácio Lula da Silva, la reforma del BNDES y la creación del PAC dieron el impulso, y los capitales, necesarios. Como señala Zibechi, en 2013, más de 70% del financiamiento de las obras era público y una parte importante correspondía al BNDES (p. 135; hoy este porcentaje bajó al 60%, con disminución del aporte del BNDES; IIRSA, 2018) que en esos años se había convertido en el mayor banco de fomento del mundo fuera de China. El flujo de crédito del BNDES benefició sobre todo a empresas constructoras brasileñas como Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS y Queiroz Galvão, que se adjudicaron la construcción de la mayoría de los proyectos (Zibechi, 2013, pp. 163-164). En el período de gobierno del Partido dos Trabalhadores (PT), entre 2003 y 2016, la intervención pública garantizó importantes apoyos no solo a las constructoras sino también a algunas empresas estratégicas brasileñas privadas, en sectores como la petroquímica, la industria agroalimentaria, la minería, y públicas, como es el caso de la compañía petrolera Petrobras: el objetivo era “transnacionalizar” estas empresas, para que dominaran mercados extranjeros en particular en América Latina (a cuyo fin la IIRSA se tornaba fundamental) y África. Aprovechando su histórica posición de potencia regional subimperialista, la estrategia petista se sostuvo 406 Más allá de la geopolítica: una... económicamente gracias al momento de fuerte acenso del precio de las commodities y, como vimos, a una política fiscal de privatización indirecta del fondo de consumo de los trabajadores. El momento de auge de la política exterior del PT durante los gobiernos de Lula y de su sucesora Dilma Rousseff dio lugar a varios debates sobre el papel geopolítico de Brasil en la región. Por un lado, Zibechi (2013) señaló la emergencia de una verdadera hegemonía brasileña en asociación con China que, pese a la retórica de relaciones de solidaridad Sur-Sur y a las ilusiones sobre un nuevo “Espíritu de Bandung” (Bruckmann, 2018, p. 2), habrían reconstruido a su favor relaciones de dependencia centro-periferia con el resto de la región. De este modo, el autor uruguayo leía ciertas operaciones de fortalecimiento del control militar brasileño en la Amazonía como una tentativa de abierta contraposición geopolítica a Estados Unidos. Por otro lado, estudiosos como Claudio Katz (2016) y Efraín León (2015) reafirmaron la vinculación y articulación geopolítica de Brasil con Estados Unidos como el eje principal de su renovada condición de potencia subimperial. Cualquiera haya sido la diagnosis correcta, el impeachment que puso fin ante tempo al gobierno de Rousseff en 2016, la investigación judicial Lava Jato que determinó el encarcelamiento de Lula, la victoria electoral del líder neofascista Jair Boslonaro, la importante crisis económica y política que vive el país debido, sobre todo, al fin del período de bonanza de las commodities y el declive o fin del llamado ciclo progresista en toda la región, asestaron un duro golpe a las pretensiones geopolíticas brasileñas. Tras el regreso de la derecha a través de victorias electorales (Argentina, Chile), destituciones parlamentarias y golpes de Estado más o menos “blandos” (Paraguay, Brasil, Bolivia), o a través de un viraje del propio gobierno progresista (Ecuador), el propio marco supranacional al cual la IIRSA hace referencia, la UNASUR, se encuentra hoy fuertemente cuestionado, con 5 países que se han salido temporáneamente (Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay12) y Colombia, de manera definitiva.13 Con ello, las ambiciones de Brasil de ejercer un papel geopolítico autónomo en la región fueron abandonadas, junto con el debilitamiento de los Campeones Nacionales, fuertemente involucrados en Lava Jato y del propio BNDES: ya en su primer día de gobierno, Michel Temer estableció la sustitución de la PAC con el 12 https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/21/internacional/1524267151_929149. html. En 2019 se sumaron Ecuador y Bolivia, esta última tras el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de ese año. 13 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/08/colombia-anuncia-que-deixaunasul-tres-dias-apos-posse-de-novo-presidente.shtml 407 Alessandro Peregalli Programa de Pareciras de Investimento (PPI), que prevé una drástica reducción de la inversión exclusivamente pública en infraestructura, pero el fortalecimiento de la política de APP (Aguiar, 2017, p. 62). Y, como señala la geógrafa Diana Aguiar (2017, p. 64), los beneficiarios son cada vez más empresas chinas. Lo anterior abre escenarios novedosos y todavía difíciles para detectar sobre el rumbo que tomará la IIRSA. A pesar del realineamiento geopolítico de Brasil a Estados Unidos y el debilitamiento de la UNASUR, las relaciones económicas entre Sudamérica y China se siguen estrechando. Desde el 2009 el país asiático es el primer socio comercial de la región, y en los últimos años su presencia económica se ha fortalecido a través de un aumento de las inversiones directas en infraestructura. Según datos de la CEPAL (2018), hasta el 2013, el 90% de las inversiones chinas en el área habían sido en petróleo y minería, pero en los años siguientes el Banco de Desarrollo Chino, de propiedad pública y mayor financiador de la BRI, se convirtió en la principal fuente de inversión en América Latina, por encima del BID, BM, y BNDES (afectado por la crisis económica y política brasileña), y el 52% de la misma ha sido destinada a infraestructura (Lima, Porto-Gonçalves, Panez, Rocha, Santoro, 2018). En 2015, en una reunión CELAC-China, se firmó el Plan de Cooperación de Estados Latinoamericanos y Caribeños-China14, y el presidente Xi Jinping anunció 250 mil millones de dólares de inversiones en la región por un período de diez años, con énfasis en los sectores ferroviario, portuario, energético y de telecomunicaciones. Algunos geógrafos del Laboratório de Estudos de Movimento Sociais e Territorialidades (LEMTO)15 han señalado como la inserción china dentro de la IIRSA no se está dando a partir del establecimiento de una iniciativa multilateral como eran el ALCA y la UNASUR, sino a partir de relaciones bilaterales, utilizando a menudo el instrumento jurídico del Memorando. Es el caso por ejemplo del proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC, ahora Ferrocarril Transamericano) a lo largo del Eje Interoceánico Central, que se viene realizando a partir de un Memorando entre los gobiernos de Brasil, Perú, y China. Es interesante destacar que justamente en dicho corredor las inversiones a través de asociaciones público-privadas alcanzan niveles importantes, llegando al 40% del total y el 94% entre las obras “prioritarias” (IIRSA, 2018). Como afirman los investigadores del LEMTO, 14 http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_integracao/docs_CELAC/ PLCOOP.2015ESP.pdf 15 Laboratorio de la Universidade Federal Fluminense de Niterói, Brasil. 408 Más allá de la geopolítica: una... lo que nos parece interesante de la iniciativa es la utilización de otras estrategias para el avance del proyecto, diferentes de las formas de coordinación de la IIRSA en los años anteriores. La creación del Memorando entre China, Perú, y Brasil evidencia la negociación directa del gobierno chino en la ejecución de una obra y el compromiso de las empresas chinas de participar en la construcción del ferrocarril. Esta estrategia se diferencia del proceso anterior liderado por Brasil y del protagonismo de la secretaría técnica de IIRSA/COSIPLAN (Lima, Porto-Gonçalves, Panez, Rocha Santoro, 2018).16. Considerando también las actuales políticas proteccionistas de Donald Trump, lo que parece manifestarse en el momento de crisis actual es una compleja evolución de la relación entre las dos lógicas de poder territorialista y capitalista en el escenario global, y de sus respectivas dimensiones geopolíticas y geoeconómicas. En América Latina esta tendencia no podría ser más evidente. Inaugurado como proyecto orgánico y de punta del ALCA, la IIRSA se ha convertido en la principal política común de la UNASUR, y sobrevive hoy a la seria crisis de esta última. Como afirma PortoGonçalves (2017, p. 89) “[l]a misma infraestructura física que servía al Área de Libre Comercio de las América sirve para la integración del nuevo centro geográfico del capital en Asia, sobre todo en China”. La adherencia de la IIRSA a los principales mandatos y objetivos de la racionalidad logística del capital es lo que permitió la supervivencia y resiliencia de la misma frente a la derrocada del ALCA, marco jurídico y macroeconómico bajo el cual la propia IIRSA había sido planeada. Sin embargo, desde 2017, asistimos a una constante falta de información por parte del propio COSIPLAN, por lo cual suponemos que, para renovarse, la IIRSA debería encontrar una forma de superar este Consejo, sea a través su reincorporación en una plataforma diferente, a través de un proceso de cambio general de su governance. Más allá de la IIRSA, son muchas las tendencias de los últimos años que revelan un mayor acercamiento de América Latina a China y a su sistema logístico de alcance global; desde el proyecto de modernización del puerto cubano de Mariel (aunque a través de capitales brasileños), primera ZEE del país socialista, hasta el gigantesco proyecto, ahora estancado, de la empresa china HKND, para la construcción de un canal interoeánico en Nicaragua. Lo que parece más revelador, sin embargo, es la construcción china de un puerto del Canal de Panamá y la entrada en 2017 del país centroamericano en la Ruta de la Seda 16 Traducción mía. 409 Alessandro Peregalli Marítima.17 Asimismo, hay evidencias de que algunos corredores u obras privilegiadas de la IIRSA sean impulsadas o priorizados en la actualidad o incorporadas a otros planes de desarrollo infraestructural como la Belt and Road Iniciative. Lo que es incierto, es si esta retomada, nuevo impulso o incorporación se dará a través de la IIRSA como tal, o si su arquitectura general ha quedado definitivamente comprometida con la crisis económica y judicial que ha golpeado, a mitad de la década de 2010, los “campeones nacionales” brasileños, el BNDES, y en general el proyecto de “Brasil potencia”. Si bien la utopía logística se imagina actuar sobre un terreno plano, su contexto material de actuación es siempre, como vimos, “lleno de rugosidad” (Santos, 2002). Si bien el impulso a la construcción de grandes obras de infraestructura intermodal es una necesidad siempre presente para la reproducción del capital total, aún más en una etapa de “estancamiento secular”, no necesariamente el propio capital total sabrá darse las mejores condiciones para reproducirse, y esta incógnita es aún más amenazante en el momento que acabamos de precipitar en una nueva grande crisis, cuyo escenario se perfila mucho más dramático de la crisis de 2008. ENTRE DOMINACIÓN Y R-EXISTENCIA Nuestro análisis, hasta ahora, ha visto desarrollarse, entrelazarse, y disputarse diversas estrategias, tácticas y lógicas territorialistas y capitalistas, geopolíticas y geoeconómicas, que han ido conformando la IIRSA. La complejidad socioterritorial, sin embargo, es el producto constantemente mediado no solo de estas fuerzas y tendencias entre sí, sino de su encuentro con otras fuerzas y tendencias, otros modos de habitar, vivir, concebir y “geo-grafiar” (Porto-Gonçalves, 2001) el espacio. Porto-Gonçalves (2017) utiliza el término r-existencia para capturar no solo el sentido “opositor” (resistencia) de los “grupos sociales en condición de subalternidad” (p. 64) frente al desplegarse del capital, sino también su capacidad de dar forma al territorio a partir de horizontes epistémicos otros (existencia). La diferencia entre la cartera de la IIRSA y el conjunto de realidades sociales que componen sus territorialidades es la que el geógrafo brasileño lee en términos de “espacios concebidos” y “espacios vividos”, cuya relación recíproca es definida por el conflicto, el éxito del cual reflecte, de alguna manera, 17 https://mundo.sputniknews.com/politica/201710211073365334-pekin-relaciones-proyecto-washington/ La entrada de Panamá en la BRI ha sido acompañada, en América Latina, por Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Guyana y Chile. http://www.abc.com.py/internacionales/chile-sesuma-a-la-nueva-ruta-de-la-seda-de-china-1755489.html. 410 Más allá de la geopolítica: una... el espacio “producido” (Lefebvre, 2013). El propio Porto-Gonçalves (2011) describió, por cada uno de los corredores de la IIRSA, las particularidades del espacio vivido: se trataría de 1347 diferentes territorialidades, entre las cuales 664 son comunidades indígenas, 247 comunidades campesinas, 146 comunidades afrodescendientes, 139 comunidades de poblaciones tradicionales, 60 organizaciones sociales, 59 organizaciones ambientalistas y 19 definidas como “otras territorialidades” (p. 54). El espacio vivido, sin embargo, no se limita a los grupos humanos que lo habitan, sino incluyen la riqueza natural y la biodiversidad vistas no en términos de valor de cambio sino como parte activa, junto con las poblaciones, de un entramado territorial. La r-existencia de estas territorialidades al avance de la IIRSA se ha dado en diferentes maneras, poniendo en algunos casos serios límites y desafíos a la misma. El caso más emblemático ha sido el conflicto entorno a la construcción de la carretera entre las localidades bolivianas de Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), que conecta el ya mencionado Eje Interoceánico con el Eje Perú-Bolivia-Brasil, facilitando la exportación de la soja brasileña desde Mato Grosso y Rondonia hacia el Pacífico, la explotación de recursos naturales y el avance del cultivo de coca en las tierras bajas boliviana. Dicha carretera pasaría a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), área protegida por normas internacionales y ‘territorio indígena’ reconocido por la constitución boliviana como parte de los derechos de las naciones y pueblos originarios. Sin respetar el derecho de los pueblos a la consulta, establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno de Morales había dispuesto la construcción de la carretera, con financiamiento del BNDES y concesión a la constructora brasileña OAS (Molina, 2017), pero debió ceder frente a una marcha de 2000 indígenas que duró 69 días entre agosto y octubre de 2011. Si en un primer momento la postura del gobierno había sido de negativa total a los manifestantes, con hostigamiento y abierta represión, la determinación de los pueblos y las organizaciones ambientalistas consiguió la renuncia al proyecto. La carretera ahora prevista no pasará sobre el TIPNIS, aunque el gobierno reabrió el conflicto levantando en agosto de 2017 el carácter de intangibilidad del parque.18 Las luchas r-existentes de las territorialidades sudamericanas en contra de la IIRSA es, en primer lugar, una lucha anticolonial. No sorprende, de hecho, que el imaginario colonial sea directa o indirectamente usado por los gestores y gerentes de la logística global. 18 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40942121 411 Alessandro Peregalli Mientras no faltan imágenes que describen el mundo de la logística como “continente negro” (Drucker, 1962, pp. 265-270) a ser conquistado, la supply chain security que opera en los corredores hace amplio uso de la categoría de “pirata” (se piense a las comunidades de pescadores despojadas en Somalia por las actividades ilegales de las naves cargo que transitan por el International Recommended Transit Corridor, en el Golfo de Adén; Cowen, 2014, pp. 129-161) y de “terrorista” (a menudo utilizado contra las comunidades mapuches en Patagonia) para criminalizar a sus enemigos. El encuentro entre espacio concebido y espacio vivido de la logística, y de la IIRSA en particular, es entonces un encuentro marcado primordialmente por el despojo y la conquista colonial. Esto se verifica tanto en las áreas hasta hace poco consideradas como externas y fronterizas respecto al modo de producción capitalista, como en el caso de ciertas zonas del interior amazónico y de los Andes, como en las áreas rurales ya capitalistas, hasta en los propios contextos urbanos. Si bien la IIRSA como espacio concebido ve los territorios más inexplorados, y las poblaciones que lo habitan como obstáculos para el desarrollo de un sistema logístico eficiente, por otro lado, el despliegue de la infraestructura en estos espacios genera continuos fenómenos de despojo, y un abundante flujo de desplazados en las periferias urbanas de las grandes metrópolis sudamericanas. Como destaca Zibechi, en Buenos Aires, en 2006, un millón de personas vivía en las villas miserias. Cinco años después su número ya había doblado (Zibechi, 2011). En los últimos años, este fenómeno ha sido ampliamente descripto como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2003), un término que se propone retomar la “llamada acumulación primitiva” (Marx, [1867]2008, pp. 825-877) en el contexto actual. Sin embargo, pocos análisis se han hecho sobre el segundo momento constitutivo de la acumulación originaria, es decir, la captura por el capital de las poblaciones despojadas de sus medios de producción dentro de las cadenas del valor. Si bien en América Latina esto no se traduce hoy en un incremento del trabajo fabril, debido al proceso de reprimarización de sus economías, la perspectiva analítica de los estudios críticos de la logística nos ayuda a leer los circuitos de creación de esta nueva mano de obra: los sectores de la construcción y del transporte, la nueva logística metropolitana, el trabajo portuario, además de nuevos tipos de informalidad son un efecto de ello y hacen también parte, en sus contradicciones, del “espacio vivido” de la logística. La logística, de hecho, produce explotación, formas de trabajo flexibles, precarias, y rígidamente disciplinadas, pero también revueltas: son muchos los puertos alrededor del globo donde han destacado fuertes huelgas que han ido pulverizando cuotas enormes de capital, así como, más 412 Más allá de la geopolítica: una... recientemente, huelgas y sabotajes en las plataformas como Amazon y entre los repartidores de comida. La IIRSA no hace excepción: en marzo de 2011, en la central hidroeléctrica de Jirau, en el estado brasileño de Rondonia, en el proyecto del Eje Perú-Bolivia-Brasil, sobre el río Madera, 20 mil trabajadores en protesta contra sus condiciones de superexplotación incendiaron las instalaciones de la multinacional brasileña Camargo Correa, quemaron entre 45 y 80 autobuses, los dormitorios de los encargados e ingenieros, oficinas y cajeros automáticos. Tras la acción, 80 mil obreros de la construcción civil se declararon en huelga (Zibechi, 2011). Recomponer y rearticular el campo de los despojados, los explotados y los grupos sociales en condición de subalternidad es una tarea política importante para r-existir al “poder infraestructural” (Herrera, 2019) de la logística, tanto para parar la destrucción de la naturaleza y de las formas de vida como para construir “mundos otros” (Zibechi, 2017). En un capitalismo global que se basa cada vez más en los flujos de circulación, bloquear ciertos nudos de la cadena puede significar daños enormes para la acumulación y la reproducción del capital. Saber leer a contraluz los proyectos estratégicos del espacio concebido de la IIRSA, en este sentido, puede transformar la profunda sofisticación del sistema de objetos capitalistas en su propia debilidad. Empero, como señala el colectivo francés Comité Invisible (2014), “si este mundo se mantiene, es primero gracias a la dependencia material en la que cada uno está mano a mano con el buen funcionamiento general de la máquina social, simplemente para sobrevivir” (p. 100). Saber hacer de la autonomía un proceso generativo y articulador del conjunto social será necesario si queremos enfrentarnos a este poder infraestructural y logístico, y la IIRSA en particular. BIBLIOGRAFÍA Aguiar, D. (2017). 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Esto se ha desarrollado a la par de grandes movilizaciones sociales, primordialmente desde 2019, un aumento de la inestabilidad política y económica, y la emergencia de nuevos y complejos escenarios a raíz del surgimiento de la pandemia global del Covid-19 a principios de 2020. Sin embargo, hay un fenómeno preocupante que, a nuestro juicio, merece la mayor atención en la región. Los últimos lustros han sido cruciales para el desarrollo de importantes transformaciones en las redes y los balances de poder, en los procesos de control y disputa 1 Texto inédito. Una primera versión del presente artículo fue elaborada para un seminario de la Fundación Rosa Luxemburg en julio de 2019. 419 Emiliano Teran Mantovani de los territorios, de apropiación y distribución de la riqueza, y en ellos están participando cada vez con más fuerza diversas expresiones del crimen organizado y amplios grupos de poder que operan desde la ilegalidad. Estamos en presencia de un salto cuantitativo y cualitativo de estos grupos y formas de la criminalidad en América Latina, que implica no solo la expansión de sus organizaciones, así como la sofisticación de sus capacidades de articulación, adaptación y vinculación con diversos ámbitos de la vida social, sino también una creciente incidencia en los modos de gobernanza y el ejercicio de la política regional. En este artículo presentamos un análisis de la expansión y transnacionalización del crimen organizado en América Latina y sus vínculos con el extractivismo. El texto ofrece un panorama general y cartográfico del fenómeno, buscando resaltar las determinantes dimensiones que han adquirido estas redes y estructuras de la criminalidad, que en cambio han sido analizadas por el grueso de la literatura como formas marginales y anómicas de la economía y la política. Del mismo modo, el artículo propone una reflexión sobre nuevos rasgos y perfiles del extractivismo en el siglo XXI. Se presenta una breve revisión conceptual sobre el crimen organizado, propone un análisis distanciado de las perspectivas normativas, criminológicas y policiales, y plantea, en cambio, una economía política de la criminalidad que se complementa con enfoques de ecología política y sociología. La idea es examinar las dinámicas, expresiones y roles del crimen organizado en relación a los procesos de acumulación de capital, configuración de gobernanzas y esferas de poder, producción de subjetividad, y formas de territorialización y producción de geografías. A su vez, se propone una clasificación general del perfil y alcance del crimen organizado por países, así como un examen de su relación con procesos extractivos y mercados de commodities, evidenciando que estas estructuras criminales transnacionalizadas se han convertido en auténticos poderes en la región, al tiempo que su incidencia y los volúmenes de negocios y recursos que manejan en los procesos extractivistas han aumentado extraordinariamente. A partir de los factores descriptos, argumentamos que, antes que una forma marginal y anómica de los regímenes socioeconómicos dominantes, el crimen organizado debe pensarse como una clara expresión de la política del extractivismo en el siglo XXI. En el texto se resaltan también las tendencias de enraizamiento y la organicidad socioterritorial que está alcanzando el crimen organizado, las particulares geografías transnacionalizadas que produce y las potenciales economías de enclave del siglo XXI que podría 420 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... configurar. En la siguiente sección examinaremos estas formas criminales de la política en su relación con el Estado y la producción de formas de estatalidad. Finalmente, cerraremos con algunas conclusiones que reflexionan brevemente sobre los desafíos y posibles vías de tránsito para enfrentar este complejo problema. DEFINIENDO EL CRIMEN ORGANIZADO: BREVE ESBOZO CONCEPTUAL DE UNA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA CRIMINALIDAD A pesar de que el crimen organizado ha sido estudiado desde hace ya mucho tiempo, su concepto sigue siendo controvertido, por ser considerado muy amplio, difuso y difícil de determinar. Esto se debe no solo a la gran pluralidad de actores y actos que quedan incluidos en dicho concepto, sino también a la variedad de sociedades y sistemas políticos en donde se desarrolla el fenómeno, así como al dinamismo y mutabilidad que ha demostrado con el pasar del tiempo (Briceño León y Camardiel, 2015; Scheller y Lugo, 2019). A pesar de las necesidades de una más precisa conceptualización, recurriremos a este término dejando en claro tanto el punto de partida epistemológico y político desde el cual lo vamos a entender, como las dimensiones, formas, acciones y actores que incluiremos en su definición. En primer lugar, en este texto no entenderemos el crimen organizado primordialmente desde una perspectiva normativa, criminológica y policial, distanciándonos por tanto de una sobrevaloración de lo legal y lo formal, que suelen presentarse como los ámbitos de lo funcional y lo correcto por excelencia. En cambio, proponemos examinar el fenómeno desde una economía política de la criminalidad, que se complementará con enfoques de la ecología política y la sociología. Esto implica analizar las dinámicas, expresiones y roles del crimen organizado en relación a los procesos de acumulación de capital a escala global, configuración de gobernanzas y esferas de poder, producción de subjetividad, y formas de territorialización y producción de geografías. Para el caso de América Latina, la mirada se centra en cómo este fenómeno se vincula al extractivismo, planteando entonces nuestro foco crítico en las formas en las que el crimen organizado participa de violentos procesos de despojo de bienes comunes, riquezas y territorios; desgarramiento de tejidos comunitarios; explotación de cuerpos y fuerza de trabajo; y degradación de la naturaleza, lo que ocurre muchas veces en connivencia con instituciones del Estado y empresas privadas. En segundo lugar, a partir del conjunto de la literatura examinada sobre el tema (Zaffaroni, 1996; Levi, 2002; Fagoaga, 2014; Briceño 421 Emiliano Teran Mantovani León y Camardiel, 2015; Cordini, 2017; Scheller y Lugo, 2019), así como de normativas, protocolos y acuerdos internacionales (la llamada ‘Convención de Palermo’ de Naciones Unidas del año 2000), quisiéramos resaltar cuatro elementos para la delimitación conceptual que nos interesa presentar sobre el crimen organizado: su componente organizacional, el perfil de su carácter criminal, su orientación económica y su forma política. En relación a su componente organizacional, a pesar de que numerosas concepciones nos remiten a una asociación delictiva de un mínimo de tres personas, en este texto señalaremos las formas estructuradas dominantes (locales o internacionalizadas) que logran establecerse en el tiempo, con perfiles organizativos de tipo empresarial (de las cuales muchas de ellas replican el llamado ‘formato mafioso’, como lo son los grandes cárteles), clánico/familiar (como clanes o pandillas como las maras) o militar (como grupos paramilitares o disidencias de la guerrilla colombiana), con división del trabajo entre sus miembros y códigos específicos de relacionamiento y valoración. Sin embargo, haremos énfasis en cómo estas dinámicas organizativas se traducen fundamentalmente en amplias redes transterritoriales de operación, que conectan, por ejemplo, grandes estructuras criminales con bandas urbanas, y que apuntan a un modo de expansión transnacionalizado. En cuanto al perfil de su carácter criminal, trataremos de hacer una delimitación más precisa, dada la enorme variedad de operaciones delincuenciales que existen –reconociendo además que la tipificación de algo como ‘criminal’ está atravesada por relaciones de poder y diversidades culturales. Para este trabajo pondremos la mirada en su operación en las economías prohibidas o economías ilícitas (narcotráfico, extorsión, minería ilegal, tráfico de madera, entre otras), en las cuales, además, se expresan los llamados ‘delitos graves’ y el manejo de considerables volúmenes de negocio, operaciones que son gestionadas y administradas a través del uso de la violencia extrema para imponer sus condiciones. Esta delimitación del crimen organizado implica que no miramos únicamente la ocurrencia del delito en sí mismo, sino su racionalidad económica, en el sentido no solo de que estas estructuras y redes criminales operan primordialmente en función de la obtención de ganancias (su orientación económica), sino fundamentalmente de su significancia y roles en relación funcional a la economía política del capitalismo. Ciertamente hay que reconocer que el rol de los considerados como ‘actos ilícitos graves’ (o delitos graves) en la propia economía política del capitalismo es fundamental y, en realidad, es constitutivo de la misma –lo que puede verse también como el conjunto de 422 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... modalidades de lo que David Harvey denomina la “acumulación por desposesión” (2007)– y que tales actos han sido históricamente ejecutados también por actores empresariales, financieros – como los llamados ‘delitos de cuello blanco’– o estatales, sin contar con actos que podrían valorarse éticamente como criminales aunque estén amparados por marcos legales, en contextos de regímenes imperiales, coloniales y represores. Sin embargo, para efectos de lo analizado en este texto, haremos esta delimitación particular de la criminalidad organizada en su rol en estas economías ilícitas o prohibidas que mencionamos, sin que esto excluya su capacidad para conectarse directa o indirectamente con otros actores formales de la política y la economía, o con procesos formalizados de acumulación de capital. En relación a su forma política, proponemos justamente comprender el crimen organizado no solo desde una perspectiva comercial, sino también por su rol como actor político y como parte de los complejos entramados de poder del sistema globalizado. Sobre esto resaltamos tres elementos: primero, su indudable influencia y articulación con instituciones estatales, partidos y líderes políticos, poderes fácticos y élites económicas; segundo, su capacidad para imponer y establecer órdenes políticos particulares, que pueden variar de escala, dependiendo de dónde y cómo se hayan desarrollado; tercero, la inclusión, en nuestra categoría de crimen organizado, de ciertos grupos armados irregulares, paramilitarismo o grupos paraestatales y parapoliciales, como las milicias en Brasil o los (mal) llamados ‘colectivos’ armados en Venezuela. Dicha inclusión no se propone debido a que estos grupos actúen ‘al margen de la ley’, sino principalmente a que, en muy buena medida, están o terminan profundamente articulados y/o se sostienen desde las economías ilícitas, asimilándose a las redes criminales transnacionalizadas de la economía política del capitalismo, y por tanto, a sus lógicas de depredación y despojo. Queda pendiente una mayor discusión sobre la comparación entre insurgencia política y criminalidad. Sin embargo, aquí es importante aclarar que grupos levantados en armas como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o la Guardia Indígena del Cauca, por mencionar algunos ejemplos, no pueden de ninguna manera incluirse en esta categoría, dado que sus propósitos son absolutamente diferentes (defensa territorial comunitaria y economías locales en resistencia, por mencionar rasgos fundamentales) a los del crimen organizado. Finalmente, nos parece relevante ofrecer tres ideas complementarias a esta caracterización propuesta. Una, aunque el crimen organizado ha logrado penetrar, encubrirse y camuflarse en las economías informales, no debe confundirse aquel con estas. La economía informal es un universo de economías donde también coexisten economías 423 Emiliano Teran Mantovani populares artesanales, de reventa y trabajos parciales que les dan sustento a numerosas familias latinoamericanas, y que no necesariamente tienen que tributar a las economías criminales recientemente mencionadas. El señalamiento de la presencia del crimen organizado en ella no debe suponer una criminalización de toda la economía informal, en la cual además pueden existir economías que resisten a los embates de la economía capitalista. Dos, las fronteras, lo que separa lo ilegal de lo legal, lo informal de lo formal, pueden llegar a ser muy borrosas, por lo que es conveniente reconocer estas porosidades, comunicaciones e hibridaciones que se producen entre estos ámbitos. En numerosas ocasiones, es posible encontrar economías y estructuras de poder polifórmicas, lo que nos puede llevar a hablar de ‘economías grises’ u ‘órdenes políticos híbridos’ (Boege et al., 2008). Tres, además de las organizaciones, estructuras y economías criminales, desde una perspectiva fenomenológica, en este texto también se examinan estas expresiones en las formas de producción y reproducción de lo político. Esto es, evaluamos cómo el universo de símbolos, códigos y prácticas que se desarrollan e instituyen en y desde el mundo de la criminalidad organizada, van configurando lo que podríamos llamar la forma criminal de la política. Forma que, antes que solo una mera exterioridad, puede también reproducirse a lo interno de otros ámbitos de lo político, logrando incluso mutar los marcos y sentidos de interacción de esferas estatales, tejidos sociales, entre otras. Analizar esta forma criminal nos parece útil para evaluar el avance cultural y de prácticas propias del fenómeno del crimen organizado, a lo interno de los Estados e incluso de las comunidades y agrupaciones sociales en los territorios. EL DEVENIR DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN AMÉRICA LATINA: ANTECEDENTES, CONTEXTO Y FACTORES MATERIALES PARA SU EXPANSIÓN Como ya hemos mencionado, en el siglo XXI presenciamos la expansión y sofisticación del crimen organizado en América Latina, lo que ha permitido que aumente considerablemente su incidencia en las dinámicas sociales, políticas y territoriales, en los procesos de apropiación y distribución de la riqueza e incluso en la dimensión geopolítica. La expansión de estas redes de la criminalidad en la región debe ser entendida en el marco de un proceso más amplio, también de carácter global. El desarrollo del período neoliberal –en el marco del Consenso de Washington–, por un lado, generó un notorio retroceso y/o abandono por parte del Estado a sectores sociales y territorios de la región, quedando estos vulnerables ante el accionar de las redes de economías 424 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... ilícitas y las organizaciones criminales existentes. A su vez, el conjunto de las políticas de ajuste y la cultura neoliberal nihilista y atomizante, produjeron significativos impactos sociales provocando fragmentación, desgarramiento, aculturación e individuación en los tejidos socioterritoriales y comunitarios, generando así condiciones para una expansión de la violencia, en la región con mayores desigualdades socioeconómicas del mundo. Por otro lado, desde el final de la Guerra Fría y con el despliegue y consolidación de la globalización, estas redes ilícitas aprovecharon las mayores posibilidades de flujos comerciales y de permeabilidad de las fronteras para expandir su accionar y rangos de operación (Le Billon, 2001). Otros factores a destacar han sido la más alta rentabilidad de muchos de los negocios ilícitos, como es el caso de la cocaína (O’ Connor, 2009); la búsqueda de financiamiento en las economías ilegales por parte de grupos armados insurgentes; el estancamiento o fracaso de la lucha política de estos últimos, lo que ha provocado su fragmentación y, en muchos casos, su incorporación de lleno a estas lógicas criminales (como Sendero Luminoso en Perú; FARC o grupos contrainsurgentes como las Autodefensas Gaitanistas en Colombia); o el auge de la corrupción política que ha impulsado diversos niveles de permisividad y articulación entre estas redes ilícitas y las esferas estatales. El período que se va configurando desde inicios del siglo XXI, donde emergen una serie de gobiernos progresistas y comienzan a experimentarse los efectos del boom de los commodities, aunque permitió en muchos países ampliar la escala de acceso al consumo en sectores históricamente excluidos, mejorar los indicadores de pobreza e incorporar mayor cantidad de personas desde las economías informales al empleo formal, no transformó las estructuras de desigualdad social propias de nuestras formaciones socioeconómicas y terminó profundizando la dependencia histórica a los sectores primarios. Esto ha potenciado los factores causales domésticos que han propiciado la expansión del fenómeno de la criminalidad organizada. Es importante ahondar en algunos aspectos. El boom de las materias primas y la ola modernizadora que este trajo, impulsó una extraordinaria distribución de rentas y excedentes y diversas formas de financiarización de las clases populares (Wilkis, 2014) que continuó el proceso de fragmentación e individuación de los tejidos sociales (urbanos, pero también campesinos e indígenas) y el formateo de las expectativas generales en torno al consumo2; estimuló la profundización de la corrupción; contribuyó a una 2 Casos como el de Venezuela desmienten la idea de que un período de bonanza económica lleva necesariamente a la estabilización social y la atenuación de los conflictos y la violencia. Muy al contrario, en el país caribeño entre 2002 y 2012, se 425 Emiliano Teran Mantovani mayor penetración de territorios y mercados, abriendo implícitamente también el camino para la incorporación de estas redes ilícitas –por ejemplo, con el crecimiento de los mercados de cocaína al interior de América del Sur– (Salinas y Riquelme, 2017); posibilitó la captura de grandes ganancias para estos grupos criminales (lo que a su vez mejoró su dotación de armas, tecnologías y hombres); y en general, terminó robusteciendo cualitativamente a las economías informales, campo privilegiado de acción para las redes delincuenciales –dados sus rasgos asociados a la falta de regulación y controles. Esto último es de suma importancia si tomamos en cuenta que, debido a las características de los modelos primarizados y dependientes de la región, el sector informal sigue siendo muy significativo (supera en promedio el 50% del total de la población económicamente activa, OIT, 2018), y en países como Paraguay, Colombia, México, Guatemala, Perú o Venezuela se sobrepasa notablemente esta cifra. El proceso de financiarización social de los últimos lustros le ha dado mayor organicidad a la economía informal y fortaleza en términos cualitativos, en la medida en la que vigorizó y sofisticó sus redes, potenciando y ampliando viejos y nuevos nichos en los cuales estos grupos y formas de criminalidad pueden encubrir y dinamizar su actividades y operaciones. En relación a los Estados latinoamericanos, en general, con la profundización de la dependencia se han hecho más vulnerables a procesos de recesión económica como los que se han experimentado, con vaivenes, desde la crisis global 2008-2009, pasando por el período de derrumbe de los precios de las materias primas desde 2014, hasta el actual tiempo de pandemia (2020), que abre el camino hacia una profunda crisis económica en la región. Estos factores intensifican las expresiones de debilidad institucional; potencian formas corruptas, autoritarias e ilícitas de gestión de la política; y dificultan procesos formales de control territorial para ejercer soberanía estatal sobre las geografías nacionales, aunque también los Estados ante la crisis del último quinquenio han reaccionado con mayores procesos de militarización de los territorios y la institución de lógicas de estado de excepción (Svampa y Teran-Mantovani, 2019). Sin embargo, las políticas de seguridad planteadas en estos lustros, que han tenido un carácter segmentado y en extremo punitivista (visión de “mano dura” o la declaración de las “guerra contra” el narcotráfico, el terrorismo, etc.), han mostrado serias limitaciones (Kessler, 2015) para abordar un problema que se ha vuelto cada vez más orgánico. percibió la mayor renta en su historia y se redujeron los indicadores de pobreza y desigualdad, pero al mismo tiempo se incrementaron notoriamente los homicidios, robos y secuestros (Briceño-León, 2016). 426 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... Finalizando la década de 2010, y ante el nuevo tiempo político que se ha configurado, las ya frágiles y subordinadas democracias latinoamericanas se encuentran acorraladas por un conjunto de actores locales, regionales e internacionales, entre los cuales están una serie de estructuras transnacionalizadas de la criminalidad, que se nos presentan hoy como auténticos poderes. Estas estructuras ameritan ser examinadas con mayor detalle, especialmente en su relación con los procesos de extracción y comercialización de ‘recursos naturales’, que son los que constituyen la marca de América Latina en la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza. EXPANSIÓN Y TRANSNACIONALIZACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA Y SUS VÍNCULOS CON EL EXTRACTIVISMO En los últimos años, en América Latina y el Caribe hemos presenciado una preocupante evolución del crimen organizado (en adelante, CO), que se ha transformado de mafias locales a complejas organizaciones criminales transnacionales, fundamentalmente en torno a la explosión del narcotráfico. Esto, aunque se enmarca en procesos globales, ocurre de manera diferenciada, marcada por condiciones específicas no solo de los países sino también de los territorios donde se desarrolla. Mientras en algunas naciones este fenómeno se ha consolidado en varios espacios de sus geografías, en otros está apareciendo como una amenaza emergente. Y precisamente esto se produce a través de procesos transfronterizos y de flujos humanos, de mercancías y commodities muy dinámicos, lo que hace que el abordaje del problema solo desde el ámbito nacional se quede corto. Si tomamos al narcotráfico como el factor dinamizador por excelencia del CO, es necesario resaltar que hoy, este sector ilícito funciona de una manera diferente a como lo hacía cuando dominaba el formato de grandes organizaciones jerarquizadas que controlaban de manera totalizante el negocio de la droga. En la actualidad, el CO se estructura a través de redes altamente fluidas, flexibles, con altos niveles de descentralización y de adaptación, lo que se asemeja al comportamiento de las corporaciones transnacionales, las cuales operan a través de redes y nodos a nivel global (Williams, citado en Cajiao et al., 2018). Esto, más allá de debilitar esta modalidad ilícita de economía, le ha permitido a las organizaciones criminales adaptarse mucho más rápido que las autoridades a los cambios de condiciones y aprovechar las nuevas oportunidades (McDermott, 2019). En esta red altamente transnacionalizada, los nodos determinantes los representan las organizaciones más poderosas y consolidadas provenientes de países 427 Emiliano Teran Mantovani como México, Colombia y Brasil, y en menor medida Guatemala, Perú y Bolivia (estos dos últimos productores de coca), las cuales motorizan la expansión del CO –que debemos llamar ‘Crimen Organizado Transnacionalizado’ (COT)– en busca de nuevas rutas y mercados. Estas organizaciones logran construir red ‘hacia abajo’ articulando con organizaciones locales más pequeñas y de menor nivel organizativo, que suelen tener un carácter territorial y un considerable manejo de las condiciones domésticas (como las maras centroamericanas o las ‘Bacrim’ colombianas) (Tabla 1 en el anexo). Cárteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa –este último desplegado en más de 50 países (Loudis, 2019)–, están posicionados en El Salvador, Guatemala y Honduras, y avanzan en varios países de Suramérica. Diversos grupos delictivos colombianos operan en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, España y África; mientras que organizaciones brasileñas como el Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Vermelho (CV) funcionan en Bolivia, Perú y Paraguay (Salinas y Riquelme, 2017), y se proyectan hacia Uruguay y Argentina. El notable crecimiento del PCC lo ha posicionado como el grupo de mayor envergadura del panorama criminal suramericano (Bartolomé, 2019).3 Para países como Chile, Argentina y Uruguay, el proceso está alcanzado una magnitud nunca antes vista, siendo paralelamente que en ellos fue donde más se incrementó el consumo de estupefacientes en los últimos años (Sampó y Alda, 2019).4 Esta transnacionalización del CO –o también, integración criminal regional (Salinas y Riquelme, 2017)– no solo ha sido la expresión de nuevos formatos organizativos criminales, sino que también es el resultado de los efectos de políticas de seguridad o complejos procesos políticos en desarrollo. Por ejemplo, como puede ocurrir con nuevas políticas de seguridad estatal, que impactan en sectores del negocio ilícito y obligan a estos grupos a buscar nuevos caminos y construir nuevas alianzas; o bien como ha sucedido con la desmovilización de grupos armados colombianos, en el marco de los Acuerdos de Paz, que terminan afectando a países como Ecuador y Venezuela, al instalarse estos en sus zonas fronterizas. 3 El ascenso de Brasil como ‘economía emergente’, el crecimiento de la demanda interna de droga y las posibilidades para el lavado de activos han catapultado a este país como un destino por excelencia para las prácticas criminales organizadas (Rivera-Vélez, 2012). 4 La visibilidad del crimen organizado como problema importante en Chile comenzó a evidenciarse a partir de 2010. Desde entonces los delitos de este tipo han venido en aumento (Sampó y Alda, 2019). 428 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... Por otro lado, el regresivo tiempo político que se abre para América Latina luego del fin del ciclo progresista, con expresiones de crisis, derechización y exacerbación de la violencia, ha servido para estimular, explícita o implícitamente, el accionar y arrojo de diferentes grupos armados existentes, como ocurre con el grave incremento de asesinatos de líderes sociales a manos de grupos irregulares en Colombia desde la llegada de Ivan Duque a la presidencia; con el auge de los (mal) llamados “colectivos” armados usados por el gobierno de Nicolás Maduro como grupos paraestatales de choque contra las protestas y disidencias en Venezuela; o con el discurso extremista de Jair Bolsonaro en Brasil, que amenaza con expandir el modelo de seguridad parapolicial de las llamadas ‘milicias’. A su vez, contextos de profunda crisis como en Venezuela, convierten a este país en un escenario muy aprovechable para el CO, al tiempo que genera millones de migrantes a otros países de la región, que esas redes ilícitas han buscado capitalizar de formas dramáticas para sus negocios locales. Por último, en relación a su funcionamiento las organizaciones del COT e inclusive otras más pequeñas, han logrado equiparse y entrenar al punto de, en numerosos casos, estar mejor armadas, financiadas y preparadas que las fuerzas de seguridad de los gobiernos que los enfrentan (Sampó y Alda, 2019); emplean agentes financieros donde los mercados permiten la circulación de grandes sumas de dinero sin controles (Rivera-Vélez, 2012); poseen una buena capacidad de movilización a través del espacio geográfico; y han expandido sus encadenamientos económicos y diversificado sus actividades en todo el mundo, lo que ha contribuido a incrementar sus volúmenes de ingresos y reducir la dependencia de un único mercado ilegal. Esto último amplió los tentáculos operativos del narcotráfico hacia los secuestros, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de órganos, migración clandestina y recursos naturales, entre otros. Esta diversificación ha sido también flexible en la medida en la que se produce dependiendo de la rentabilidad que una actividad reporte en un momento determinado, así como qué tan controlada esté por las fuerzas de seguridad estatales (Maihold, 2011). En suma, esta flexibilidad y capacidad de adaptación, esta fluida movilidad espacial, y el hecho que puedan desaparecer cabecillas o incluso organizaciones, y que el fenómeno igualmente pueda seguir en expansión, revela la organicidad del mismo, en un momento específico de la globalización capitalista y el extractivismo en América Latina y el Caribe. 429 Emiliano Teran Mantovani CRIMEN ORGANIZADO Y SU CRECIENTE PARTICIPACIÓN EN EL EXTRACTIVISMO EN AMÉRICA LATINA En el proceso de diversificación, versatilización y ramificación del CO en las economías de la región, se viene incrementando notablemente su participación en las diferentes formas de extracción, apropiación y comercialización de commodities, algo que resalta porque, en grados diversos, es además parte de una tendencia a escala global. El informe “World Atlas of Illicit Flows” plantea que el comercio ilegal de vida silvestre, extracción ilícita de oro, diamantes y otros minerales, así como el contrabando de combustible, entre otros, se han convertido en la principal fuente de ingresos para los grupos armados no estatales y las organizaciones terroristas; y que los delitos ambientales en su conjunto representan el 38% de la financiación de los conflictos y de estos grupos armados, más que el tráfico de drogas (Nellemann et al., 2018). El alza de los precios de las materias primas que se produce desde la década pasada, las políticas internacionales de “Guerra contra las Drogas” impulsada por parte del gobierno de Estados Unidos en la región (Global Initiative against Transnational Organized Crime, 2016; Organización de los Estados Americanos, 2013), los menores riesgos que implica el negocio de commodities en relación al tráfico de drogas –así como la amplia posibilidad que ofrece para el lavado de activos–, han sido algunos de los factores que han propiciado una mayor y creciente inmersión de estos grupos criminales en las economías ilegales de extracción de ‘recursos naturales’, donde destaca la minería de oro, el tráfico de madera, de vida silvestre, especies acuáticas, extracción de hierro, carbón, coltán, diamantes, petróleo y el acaparamiento de tierras. La actividad que ha tomado la mayor dimensión es la minería ilegal de oro, la cual ha tenido un crecimiento extraordinario en Suramérica al menos desde mediados de la década del 2000, principalmente en la región Amazónica. El fenómeno ha tenido enormes escalas en Perú y Colombia, y en Venezuela es una actividad muy extendida ante la situación de crisis y la devastadora corrupción que carcome al país. Con menor intensidad, aunque de manera preocupantemente creciente, se ha impulsado también en Ecuador, Bolivia y Brasil (SPDA, 2014). En esta actividad minera se han involucrado clanes familiares y grupos del narcotráfico en Perú; insurgencia armada y Bacrims en Colombia (como FARC y Los Urabeños, respectivamente); grupos criminales locales (como los ‘sindicatos mineros’), militares corruptos e insurgencia armada colombiana en Venezuela (Moncada, 2019); organizaciones criminales en Ecuador, que han controlado el que fuera el yacimiento de oro más grande del país (Bonilla, 2019). En años recientes en Perú y Colombia, el valor de las exportaciones ilegales de 430 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... oro sobrepasó las de cocaína, convirtiéndose en la exportación ilícita más importante de esos dos países (Verité, 2016). En Venezuela, Colombia y Ecuador, la minería informal/ilegal sobrepasa el 75% de la producción total de oro (91% para Venezuela). Aunque para Perú la cifra es de 28%, en las enormes minas ubicadas en la región amazónica de Madre de Dios, se estima que el 97 % de su producción anual es ilegal (Sampó y Alda, 2019). Estos procesos son muy significativos, si tomamos en cuenta la importancia que ha tenido históricamente el oro en las economías extractivistas latinoamericanas. Imagen 1. Porcentaje estimado de oro no producido legalmente. Países de América Latina Fuente: Verité (2016), The Nexus of Illegal Gold Mining and Human Trafficking Report. Los grupos criminales han logrado no solo controlar minas y ejercer poder sobre los territorios con manejo de armamento de guerra, sino también gestionar procesos y rutas de comercialización de los commodities. Como lo ha revelado un estudio de la Contraloría General de Colombia de 2013, cárteles mexicanos como el de Sinaloa, establecen alianzas territoriales y adquieren oro y coltán extraído por grupos criminales en Colombia, para luego ser vendidos a “negociadores mundiales” –donde participan empresas transnacionales–, aprovechando la capacidad de comercialización internacional desarrollada desde el narcotráfico (Cabrera y Fierro, 2013). Estas redes se han generado también con otros commodities menos valorados, como ocurrió cuando el cártel de los Caballeros Templarios llegó a exportar en 2014 hierro a China desde el puerto de Lázaro Cárdenas, ubicado en Michoacán, México (Graham, 2014). 431 Emiliano Teran Mantovani Las marcas que ha dejado este proceso en los territorios han sido tremendas, evidentes, por continuar con el caso del oro, en la enorme devastación dejada en Madre de Dios; en zonas de los departamentos de Antioquia, Nariño y Chocó (Colombia) o en las cuencas de ríos como el Cuyuní, Caura o Caroní en Venezuela. La Amazonía está siendo devorada por este y otros flagelos, como la tala ilegal. Imagen 2. Mapa de estudio “Amazonía saqueada” (2018) donde se señala la existencia de más de 2000 puntos (morados) y 200 áreas de minería ilegal en la Amazonía. Las secciones azul turquesa son concesiones mineras legales, las cuáles se superponen y coexisten con las ilegales Fuente: https://saqueada.amazoniasocioambiental.org/story La tala ilegal y el tráfico de madera, que es uno de los crímenes ambientales más lucrativos del mundo, sirven como sustento, por ejemplo, a los grupos disidentes de las FARC, después de la firma de acuerdos de paz en Colombia, así como a otros grupos de menor calado como ‘Los Puntilleros’. Según una investigación de la Fiscalía General de la Nación, “el 63% de las áreas de mayor deforestación están ubicadas en la cuenca amazónica y son territorios de injerencia armada y de desarrollo de las actividades ilícitas” de estos grupos desmovilizados, 432 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... grupos criminales y bandas del narcotráfico que coordinan la cadena de producción de estupefacientes. En el estado mexicano de Chihuahua, organizaciones de narcotraficantes se han disputado violentamente el control del negocio ilegal de la madera (Bonello, 2019). En Perú, la tala ilegal se ha producido a través de articulaciones entre funcionarios públicos y empresas privadas corruptas que, junto a gobiernos locales, se conectan con el narcotráfico y grupos vinculados al tráfico de madera (Bargent, 2019). Según el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), más de 75% de la madera que se comercia en América del Sur, tanto a nivel interno como para exportación no es legal (López, 2018). Buena parte de esa madera es para surtir mercados asiáticos y europeos, principalmente a China. La tala ilegal también está muy relacionada con actividades de acaparamiento de tierras, expansión de cultivos ilícitos –lo que también se ha llamado ‘narcodeforestación’– y la minería ilegal. Imagen 3. Geografías de la ‘narco-deforestación’ en Centroamérica. El color rojo indica las áreas deforestadas. Estas áreas coinciden con la ruta del narcotráfico centroamericano y se vinculan a la expansión de los cultivos de coca Fuente: Web de University of Maryland Como último ejemplo de esta creciente participación del CO en el extractivismo, nos referimos a la pesca ilegal, considerada también como una de las actividades ilícitas más lucrativas del mundo. Esta 433 Emiliano Teran Mantovani actividad se presta del mismo modo a esquemas transnacionales de crimen organizado debido a que abarca diversas fases de la cadena productiva, desde la extracción con embarcaciones carentes de permisos, o con permisos obtenidos de forma irregular, hasta el procesamiento en plantas ilegales, pasando por los desembarques no autorizados (Heck, 2019). Una incautación que realizó el Gobierno de Perú, donde decomisó un cargamento de aletas de tiburón marrajo sardinero, especie que no se da naturalmente en aguas peruanas, puso a la luz una organización criminal de alcance internacional que involucraría proveedores de especies marinas en Ecuador, empresas importadoras de fachada y compañías exportadoras de Perú, que se encargan de despachar los recursos a Hong Kong (Heck, 2019). El conjunto de emprendimientos, de flujos de energía y materia, de modos de territorialización que componen el extractivismo en América Latina y el Caribe impactan por estas tendencias. La racionalidad que impulsa y presiona hacia un drástico avance hacia las nuevas fronteras de los commodities no es ajena al CO. La cuestión que nos parece central sobre estas dinámicas tiene que ver con la pregunta de si estas formas criminales de extracción, apropiación y comercialización de los llamados ‘recursos naturales’ son solo manifestaciones marginales y anómicas de las economías de la extracción, o en cambio es un pilar fundamental de la política del extractivismo en el siglo XXI en América Latina. Nuestra hipótesis se enfoca en esta segunda idea. LA EVOLUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO COMO EXPRESIÓN DE LA POLÍTICA DEL EXTRACTIVISMO DEL SIGLO XXI Como ya hemos expresado, antes que una visión normativa del problema, partimos de un análisis de economía y ecología política de estas facetas del extractivismo en la región, tratando de resaltar no principalmente su dimensión criminalística o legal, sino la manera en la cual estas redes y organizaciones de la criminalidad inciden en las formas de poder y gobernanza en sus múltiples dimensiones y escalas; en la producción de subjetividad y las relaciones socioterritoriales; en la producción de geografías y procesos de territorialización; y en la configuración de economías locales que se articulan en grados diversos con el régimen extractivista. Es en este sentido de complejidad y multi-escalaridad que proponemos, como una primera clave, pensar el fenómeno del CO en América Latina hoy, no tanto como una forma marginal y anómica de la economía y el régimen político dominante, sino como una clara expresión de la política del extractivismo en el siglo XXI. Esto nos parece significativo en la medida en la que, desde una perspectiva de evaluación de todo el sistema globalizado, revela no solo el avance de 434 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... formas criminales en la política en su conjunto sino, principalmente, un proceso generalizado de descomposición de la política misma, en el contexto de una crisis de orden civilizatorio y el antropoceno. En conexión con lo anterior, como una segunda clave, proponemos también pensar este fenómeno criminal transnacionalizado en la región como una metodología central de operación en la gobernanza y apropiación de recursos naturales, cuerpos, flujos de energía y materiales, y de territorios en el siglo XXI, la cual es extremadamente violenta y al mismo tiempo reticular. Estas dos claves de análisis propuestas ponen el foco en cómo, regímenes de micro-poder criminal constituidos en torno a lógicas de guerra, penetran intensamente la vida socioecológica en los territorios, teniendo a su vez, dado su carácter globalizado y multi-escalar, trascendencia relativa en todas las cadenas y escalas del régimen extractivista, que va desde los procesos de nuevas irrupciones en los territorios, recolonización y desterritorialización; extracción y distribución de commodities; gobernanza sobre los ‘recursos naturales’; construcción de legitimidad política; reproducción de formas de estatalidad e instituciones; hasta la captación de los excedentes rentísticos y su distribución en la sociedad (Teran Mantovani, 2018). Todas estas dimensiones del extractivismo, en un grado u otro, tienen impacto en la región por estas redes y formas de criminalidad organizada. En este orden de ideas, evaluaremos tres tendencias interrelacionadas que consideramos cruciales en la evolución del CO como expresión de esta política: en primer lugar, el creciente enraizamiento y organicidad social que está logrando el CO en los territorios; en segundo lugar, cómo este va interviniendo en la territorialización y producción de geografías en torno a sus dinámicas; y en tercer lugar, cómo potencialmente puede ser configuradora de nuevas economías de enclave. En la siguiente y última sección del artículo, examinaremos estas formas criminales de la política en su relación con el Estado y la producción de formas de estatalidad. LA EXPANSIVA ORGANICIDAD SOCIAL DEL CRIMEN ORGANIZADO A la par del proceso de descomposición de la política al que hicimos alusión más arriba, el CO continua ampliando y profundizando su enraizamiento social en la región, en comunidades, barrios populares, territorios, juventudes, sociedad en general. Esto no ha sido reconocido en su justa dimensión por las políticas de seguridad de los Estados, que han apelado a la “mano dura” y a la “guerra” contra la criminalidad, sin atender las causas fundamentales que generan el fenómeno. En cambio, el CO ha logrado ser cada vez más un factor de canalización del descontento y el malestar popular, pudiendo además 435 Emiliano Teran Mantovani captar una parte de las pulsiones contrahegemónicas, de sublevación, de antagonismo con el poder, y potencialmente darle forma a esas posibles insurgencias. La expansión de la organicidad social del CO se produce en el marco de un progresivo proceso/estrategia que se asemeja a los procesos de acumulación originaria o “acumulación por desposesión” (Harvey, 2007). Estos se generan fundamentalmente por la vía de la irrupción socioterritorial mediante diversos tipos de violencia, que preceden a la inclusión y la posterior asimilación de la población al nuevo orden político-criminal. Para resumir este proceso, de forma muy esquemática, en una cadena de procedimientos (que no son necesariamente lineales): el CO promueve el doblegamiento de la población local a través de la violencia extrema y/o el ‘aterrorizamiento’; toma control de una forma económica determinada (generalmente buscando el monopolio de la misma); va incorporando a (parte de) la población a dicha economía criminal (lo que incluye la generación de fuentes de trabajo directas e indirectas e incentivos monetarios por servicios, entre otros mecanismos de distribución de riqueza); puede conformar un sistema de protección y asistencia social –lo que algunos han llamado ‘Estados sustitutos’ (Jaitman et al., 2017)–; disemina y promociona una cultura de la guerra, naturaliza la violencia extrema y ofrece acceso a los símbolos de estatus social (joyas, prestigio, armas, automóviles, etc.); y, en plazos más largos, convierte a parte de la población en máquinas de guerra, esto es, la incorpora subjetiva, cultural, territorial, económica y políticamente a sus lógicas de violencia organizada. Estos procesos hacen que las comunidades afectadas tengan que adaptarse y asimilarse a estas lógicas bélicas para sobrevivir, y así aminorar los terribles daños ocasionados a los tejidos sociales o evitar tener que emigrar de sus territorios. La narco-cultura, tal vez una expresión emblemática del espíritu de una época de violencia desinhibida, mediatizada y globalizada, que rinde culto al estilo de vida propio de los más altos representantes de estas organizaciones criminales, y banaliza sus facetas más depredadoras, se ha extendido considerablemente no solo en países como México y Colombia, sino en varios otros en América Latina y otras partes del mundo. Música, televisión, cine, redes sociales, han servido como un potente medio transmisor que ha logrado posicionar con mucha más fuerza este imaginario social. La narco-cultura ha venido marcando claramente los símbolos de estatus social, poniendo a la criminalidad con más fuerza en el horizonte de expectativas, sobre todo en los sectores jóvenes de las sociedades latinoamericanas. Pero más allá de los contenidos culturales, diferentes organizaciones armadas también ejercen tareas de ‘asistencia social’ para legitimarse con la población. Por ejemplo, el ‘Ejército del Pueblo 436 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... Paraguayo’ (EPP) se presenta como proveedor de servicios públicos, creando así afinidad y relaciones estrechas con los pobladores locales, lo que además les abre las puertas para realizar operaciones de infiltración de organizaciones (Bartolomé, 2019). Disidentes de las FARC, el ELN y organizaciones narcotraficantes clave, han logrado el control territorial local ofreciendo mecanismos de resolución de disputas, brindando algún tipo de protección a las comunidades locales y preservando las economías ilegales de la zona (International Crisis Group, 2017). En Centroamérica, más allá de sus fines criminales, las maras también se han constituido como comunidades que brindan identidad, inclusión y particulares formas de cuidados y afecto a quienes las integran, lo que resalta en un contexto de violencia y fragmentación que también sufren las familias en estas sociedades. Estos elementos descriptos revelan que los tejidos sociales son en sí mismos un campo de batalla, un campo en disputa. GEOGRAFÍAS Y TERRITORIALIZACIÓN DE LA CRIMINALIDAD: OTRAS FORMAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL E INTERNACIONALIZACIÓN En la actualidad, millones de latinoamericanos viven en zonas controladas por algún tipo de poder criminal. Barrios populares en San Salvador, San Pablo, Caracas, Río de Janeiro, Medellín. Amplias rutas costeras en Centroamérica. La amazónica Madre de Dios; el Chocó colombiano; las zonas auríferas de El Callao, Las Claritas y Tumeremo en Venezuela. La Triple Frontera; las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador; la de Perú, Brasil y Colombia; la de México y Estados Unidos. Y así un largo etcétera. Son espacios donde las dinámicas, abierta o veladamente, funcionan bajo las reglas del CO. Esto puede ser visible, como ocurre con puestos de control armado de estos grupos que vigilan celosamente los principales puntos de acceso y circulación de los territorios; o bien menos evidente, como un poder encubierto y ‘subterráneo’, aunque toda la población sabe de su presencia y reconoce su autoridad, y estas organizaciones controlan el comercio y la economía informal de la zona, e incluso en ocasiones a los propios cuerpos de seguridad y las instituciones locales. Este fenómeno ciertamente puede revelar una ‘pérdida de territorios por parte del Estado’ o la evidencia de lo que ha sido llamado una ‘zona liberada’. Sin embargo, esto no necesariamente supone que estamos ante un nuevo poder territorial estable y duradero. Lo que en cambio sí se expresa con mayor claridad, es que estas zonas quedan abiertas a los flujos salvajes de una globalización en descomposición y decadencia; es decir, quedan expuestas a la conflictividad y los flujos transnacionalizados de diferentes actores nacionales e internacionales, en buena medida movilizados sin mayores escrúpulos por el 437 Emiliano Teran Mantovani apetito de la apropiación inmediata de riqueza y la rentabilidad de los negocios, aunque también por necesidades coyunturales de dominio geográfico. Estas desgarradoras dinámicas de desterritorialización, re-territorialización y pugna, no solo configuran economías de la violencia en esos territorios, sino también trastocan dramáticamente la constitución sociocultural de los pobladores locales, haciéndola más proclive a nuevas emergencias endógenas de la criminalidad. Esto es lo que podríamos llamar una territorialización de la criminalidad, que desafía radicalmente a las gobernanzas moldeadas en el marco de los estados de derecho y las democracias formales contemporáneas, y que representan enormes desafíos para la reproducción de la vida de las poblaciones locales. Lo particular de estas territorializaciones de la criminalidad es que, al tener un fuerte componente transnacional, son propicias para su inserción en nuevas geografías globalizadas de la extracción y la violencia. Ya hemos expuesto aquí que la evolución del COT en América Latina se ha producido a través de la conformación de redes muy dinámicas y flexibles que articulan las organizaciones transnacionales (determinadas principalmente por la movilidad transfronteriza) con organizaciones territoriales (determinadas principalmente por el asentamiento). Esto ha venido configurando un proceso de integración criminal regional que está definiendo buena parte de las dinámicas políticas, económicas, ambientales, culturales, sociales y geopolíticas latinoamericanas. Y por lo que se evidencia de los planteamientos y declaraciones de varias de estas COT, el objetivo es seguir ampliando esta integración regional. ¿SE CONFIGURAN ECONOMÍAS DE ENCLAVE DEL SIGLO XXI? Si se toma en cuenta que la función histórica asignada para América Latina en el sistema neocolonial global ha sido la de surtidora de materias primas y que el extractivismo es el patrón fundamental y dominante a partir del cual se han organizado las sociedades latinoamericanas, entonces las dinámicas descriptas a lo largo de este texto podrían abrir peligrosos y complejos procesos de reconfiguración del modo de organización del extractivismo, en el cual podría producirse la emergencia de nuevas economías de enclave del siglo XXI, y por tanto, una eventual fragmentación de las repúblicas. En este texto vamos a entender la economía de enclave como la configuración económica de un territorio primordialmente como surtidor de recursos (o fuerza de trabajo) para mercados externos, siendo que los emprendimientos extractivos tienen una relativa desconexión de las poblaciones locales y del marco político-económico nacional, mientras que las rentas se transfieren en su gran medida hacia afuera de la jurisdicción. 438 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... Si se produjese la confluencia de la expansión y fortalecimiento regional permanente de las redes del COT; una ampliación de su organicidad social, su control territorial y sus procesos de territorialización; y una mayor participación de estas en los muy rentables procesos de apropiación y explotación de los ‘recursos naturales’ –desde las pujantes plantaciones de coca, minas de oro, maderas, piedras preciosas, hasta vida silvestre, entre otras–, con crecientes vínculos con las dinámicas redes internacionales de commodities, podríamos estar presenciando la configuración de economías de enclave del siglo XXI, que serían esencialmente economías de guerra, las cuales suspenden de facto las ya vulneradas democracias y el estado de derecho, y ponen en entredicho los propios proyectos republicanos latinoamericanos (téngase como referentes globales de procesos como estos, experiencias como las de Congo, Afganistán, Angola, Nigeria, Sierra Leona, Camboya o Yugoslavia). En el caso de Venezuela, en el período de extraordinaria crisis que ha experimentado en los últimos años (2013-2020), factores como los descriptos han confluido con claridad, y se unen a la profunda debacle de su economía, el colapso histórico del Petro-Estado venezolano, la participación abierta de formas de intervención extranjera, además de la existencia de abundantes recursos estratégicos, lo que plantea escenarios muy complejos para la nación sudamericana. Estas dinámicas merecen ser evaluadas no solo en términos coyunturales, sino también como producto del devenir histórico-estructural de la región, entendiendo que estamos ante los límites del sistema de acumulación capitalista, de la civilización petrolera y del propio planeta. En todo caso, la formación de economías de enclave del siglo XXI es revelador de una fase de descomposición política y desestructuración económica avanzada, que podría poner en jaque los propios Estados-nación, al menos tal y como los conocemos. Si no, ¿qué rol y función cumple el Estado ante la emergencia de este tipo de economías de enclave? LA FORMA CRIMINAL OCUPANDO AL ESTADO: ¿HACIA NUEVAS ESTATALIDADES? Los procesos que hemos analizado hasta ahora no son independientes ni se pueden comprender sin tomar en cuenta la política y la forma que tiene el Estado en un momento determinado. La gran cuestión e interrogante que surge ante estos desafiantes escenarios es precisamente la de qué rol tiene –y podría tener en el futuro– el Estado. La región resalta por los muy altos niveles de corrupción que se producen en las esferas estatales de casi todos los países, y los diversos niveles de articulación de estas con el CO, desde la amplia articulación 439 Emiliano Teran Mantovani que existe en México o Colombia, hasta niveles más discretos y sectorizados como Ecuador y Bolivia. Incluso, en los países donde los niveles de corrupción en el Estado han sido relativamente bajos, como Chile, Uruguay y Costa Rica, se registra de unos años a la fecha un notable incremento de la penetración del CO en sus instituciones (Tabla 1 en anexo). Gobiernos locales vinculados al narcotráfico (como ocurre en Perú), prisiones absolutamente controladas por el CO (como ocurre en Brasil), sistemas judiciales capturados por estas redes delincuenciales (como en México), parapolítica gestionada desde las más altas esferas (como ocurre en Colombia), sectores corrompidos del ejército, fuerzas policiales y organismos antinarcóticos que favorecen al crimen (todos los países), Estados con poca fuerza (como en Honduras) o colapsados (como en Venezuela) que son altamente penetrados por las organizaciones criminales. La lista es más larga y el número de manifestaciones de este tipo sigue expandiéndose aceleradamente. Pero esto no solo revela el ya mencionado crecimiento del CO y su capacidad de incidencia en el Estado, sino también el propio crecimiento de las formas criminales de la política al interior de las estructuras estatales, lo que nos habla de las propias mutaciones que sufre este medular organismo político. Esto nos remite nuevamente al proceso de descomposición política al que asistimos en este tiempo de aguda crisis, y cómo este despliegue extraordinario de la corrupción, esta mafistización5 de las instituciones estatales, este aplastamiento del estado de derecho, este auge de las derechas extremas –con Jair Bolsonaro como emblema en la región–, son expresiones del mismo. No hay forma en que el fenómeno de la criminalidad haya escalado hasta el punto en el que lo ha hecho, sin una asistencia corrupta de las propias instituciones de los Estados de los países donde creció. Así que, de plano, es cuestionable la idea de que el problema se debe básicamente a una ‘ausencia de Estado’, cuando en numerosos casos lo que hemos presenciado han sido a Estados siendo cómplices (por acción u omisión), posibilitando e incluso impulsando el emprendimiento criminal. Nos encontramos ante un laberinto del cual no parece ser posible salir solo apelando a la mayor presencia estatal. Y mucho menos en el nuevo tiempo político que vivimos, en el cual los Estados 5 Aquí haré referencia al término mafistización sin mayores distinciones para señalar el proceso de ocupación considerable de las instituciones del Estado por parte de la forma criminal. Apelo al término mafistización dado que ‘criminalización’ (usado en algunas literaturas anglosajonas para señalar procesos como estos) puede sonar confuso en castellano (más como un juicio externo que como un proceso sociológico interno) o ‘delicuentización’ es de muy áspera pronunciación. 440 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... latinoamericanos no solo se van adaptando a las dinámicas de la crisis económica global a través de la creciente ejecución de reformas y ajustes macroeconómicos (como ha ocurrido desde Mauricio Macri en Argentina hasta Nicolás Maduro en Venezuela), sino también se ven compelidos a desarrollar o ampliar formas de defensa, articulación y cooperación con las lógicas de conflictividad, guerra y estados de emergencia imperantes a escala global (principalmente desde el 11 de septiembre de 2001). A su vez, ante la incapacidad estatal para resolver numerosos de los complejos problemas que impactan a sus sociedades, los conflictos internos y externos, o la crisis de legitimidad de los sistemas de partidos políticos, se suele imponer en los Estados perspectivas muy pragmáticas de la política, lo que obstaculiza seriamente el abordaje de estos asuntos desde su raíz y favorece decisiones instrumentales donde el fin justifica los medios. Además, las élites políticas que dirigen las instituciones del Estado necesitan mantener un flujo financiero de ingresos constante, y si esto se afecta (como ocurre en tiempo de crisis), además de los ajustes macroeconómicos, se les hace imperioso recurrir a otras formas de apropiación de recursos, como puede ser la vía ilícita, sea por accionar propio o canalizado a través de economías criminales. El caso de Venezuela es, tal vez, el que mejor refleja estas contradicciones, donde encontramos a un Estado que ha evolucionado desde una extraordinaria expansión de la corrupción en sus instituciones, hacia la ‘rutinización’ de prácticas criminales en sus esferas (Le Billon, 2001), la suspensión de facto del estado de derecho y la administración del poder desde lógicas de guerra, como forma de mantenimiento de las estructuras de dominación imperantes y de sobrevivencia política, en el contexto de conflicto político interno y geopolítico en el que se encuentra el país. Esto se ha traducido en una mafistización del Estado, en la cual, la operación de múltiples actores estatales de diferente nivel, se sostiene sobre la omnipresencia de las economías criminales en el país (producto de la debacle de la economía formal y posteriormente del efecto de las sanciones internacionales), como el contrabando de combustible, la minería informal de oro y en menor medida madera, el contrabando de alimentos y medicinas, por mencionar algunas; lo que se suma a la proliferación de grupos armados paraestatales afiliados al Gobierno central y bandas criminales a lo largo y ancho de la geografía nacional que, como mínimo, no son combatidas por el Estado (Insight Crime, 2018; Observatorio Venezolano de Violencia, 2019); y un uso absolutamente autoritario y corrupto de los fondos públicos por parte de reducidos grupos de personas de la élites gobernantes, nacionales o locales. Estos elementos 441 Emiliano Teran Mantovani descriptos revelan una articulación, directa o indirecta del Estado venezolano, con sectores nacionales e internacionales del CO, aunque al mismo tiempo este se enfrenta con otros. El caso de la minería informal/ilegal de oro ilustra estas complejas articulaciones en Venezuela. Ante la debacle de la industria petrolera nacional, el Gobierno de Maduro se ha refugiado en buena medida en el extractivismo aurífero. Sin embargo, como hasta la fecha no se han podido activar los enclaves minero-industriales formales –en el llamado proyecto del ‘Arco Minero del Orinoco’–, ni mucho menos se han podido instalar y operativizar otros nuevos, el Gobierno de Maduro ha terminado comprando oro y cogestionando la actividad minera con las amplias redes de la informalidad/ilegalidad, controladas en muy buena parte por bandas criminales locales y estructuras ilícitas transnacionalizadas, que ejercen gran despliegue de violencia y considerable control territorial en la zona, situación pública y notoria, siendo que el propio Gobierno ha reconocido la existencia de estas ‘mafias mineras’. Es crucial resaltar que los grandes volúmenes de oro que se han extraído ilícitamente en los últimos tres lustros se ha realizado en colusión y cooperación –e incluso coordinación– con integrantes del sector militar (Teran Mantovani, 2017). Los factores descriptos nos llevan a una pregunta fundamental: ¿experimentamos la conformación de nuevas formas de estatalidad en América Latina en el siglo XXI, formas fundamentalmente vinculadas a la criminalidad? Ciertamente el caso colombiano o el mexicano (Saxe-Fernandez, 2014; Zibechi, 2014) son de los más emblemáticos al respecto y los debates sobre la idea de un ‘Narco-Estado’, ‘Estado mafioso’, ‘Estado criminal’, entre otros, proponen algunos rasgos para pensar la evolución histórica de la institución estatal en el extractivismo. En todo caso, la aparente paradoja es que, a la par que han crecido estas formas de criminalidad a lo interno de los Estados, se vienen instalando y consolidando lógicas de una situación extraordinaria o de emergencia, que sirven de pilares a la normalización y permanencia de regímenes de excepción. Mediante una serie de políticas, decretos, leyes, normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, junto con una retórica de ‘mano dura contra el crimen’ y ‘guerra contra el terrorismo’, gobiernos de todas las tendencias políticas en la región, y en diferentes grados y tonalidades, han venido configurando y formalizando el estado de excepción, recurriendo a la guerra como principio organizador de la sociedad, terminando de poner en suspenso las débiles democracias latinoamericanas. Podemos ver estas dos formas, la forma criminal transnacionalizada y el estado de excepción, como dos fuerzas en 442 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... contraposición. Sin embargo, conviene también evaluar cómo se articulan, cómo cooperan entre ellas, cómo se complementan para dar paso a órdenes políticos híbridos de guerra. CONCLUSIONES En este texto, resaltamos el proceso de expansión, sofisticación y transnacionalización del CO en América Latina y la forma como está alcanzando ámbitos, grupos sociales, países y territorios como nunca antes lo había hecho. Esto ha supuesto un extraordinario incremento en su participación no solo en diferentes formas de extracción, apropiación y comercialización de commodities, sino en el conjunto del régimen extractivista que configura a nuestra región. En este artículo hemos propuesto que este fenómeno criminal transnacionalizado, antes que una expresión marginal y anómica del actual sistema económico y de dominación, representa una metodología fundamental de operación del extractivismo del siglo XXI, la cual se caracteriza por su extrema violencia; pero al mismo tiempo por su flexibilidad, versatilidad, movilidad y reticularidad, por su fuerza transnacionalizadora; por crear contextos del terror, por su capacidad de corromper y desgarrar tejido social; pero al mismo tiempo de producir subjetividad, relaciones sociales orgánicas, dejar semilla; por su facultad de territorializarse, de crear extensas geografías del despojo, gobernanzas, regímenes políticos, economías políticas e incluso formas de estatalidad. La expansión y forma que toma la criminalidad, tal y como la presenciamos en la actualidad, nos habla no solo de un nuevo tiempo político para América Latina, de una nueva fase histórica del extractivismo, de las nuevas formas del neocolonialismo en el siglo XXI y de la geopolítica de los recursos naturales en el antropoceno, sino que también representa un claro síntoma de la crisis de todo un orden histórico civilizatorio, que nos ha llevado a un tiempo límite, un tiempo de umbrales, de gran turbulencia e inestabilidad, donde todo entra en disputa. Los desafíos que se presentan para las repúblicas, para las democracias, pero principalmente para los territorios, los ecosistemas y para los pueblos, son tremendos. ¿Cómo revertir estas tendencias regionales, que son también de carácter global? Se debe reconocer que, por la dimensión y peso del problema, se necesita un nivel de incidencia importante de las políticas estatales que, además, deben generarse a escalas transfronterizas, regionales y hasta globales, con amplios niveles de cooperación internacional. No obstante, es crucial también considerar no solo la turbulencia y conflictividad sobre la que navega esta política estatal, sino también las propias paradojas y límites coyunturales (ola de derechización y proceso de descomposición 443 Emiliano Teran Mantovani de la política) y estructurales (función capitalista, centralización y prevalencia de la seguridad nacional) que la atraviesan. Sobre esto quisiéramos destacar al menos dos factores. El primero, nos remite al enfoque generalizado desde el cual se ha abordado tradicionalmente el problema, el cual ha sido profundamente rígido, normativo, policial, punitivo y basado en lógicas bélicas (‘guerra contra’), sin llegar a la raíz del problema, al conjunto de factores causales del mismo. Estas políticas tampoco han sido orientadas a la consecución de la justicia social (y sí más al logro de la ‘seguridad nacional’) y mucho menos han conllevado a un cuestionamiento del sistema dominante, de todo el orden civilizatorio, que nos ha traído a esta particular y peligrosa situación para la humanidad. ¿Es posible para los Estados latinoamericanos partir de otros enfoques diferentes, más orientados hacia la justicia social, que considere la soberanía de los pueblos en sus territorios y que permita la participación de los mismos en estos procesos de defensa y seguridad, en tiempos donde las principales potencias y las tensiones geopolíticas promueven, en cambio, ordenamientos y políticas globales bajo lógicas de guerra, pragmatismos ‘realistas’ y estados de emergencia? El segundo factor está relacionado precisamente con las tendencias materiales descriptas en este texto y en las que se evidencia no solo un avance de la corrupción en las esferas estatales, sino también la creciente articulación y penetración del CO en sus instituciones, así como el avance de prácticas criminales en las formas políticas de acción del Estado. Esto revela, como mínimo, que no será posible sortear semejantes desafíos únicamente demandando una mayor presencia estatal, y que un contrapeso desde las sociedades organizadas y sectores políticos extra-estatales será crucial para confrontar estas tendencias. A pesar de los factores numerados, es conveniente mencionar que estos procesos en desarrollo no son en ningún sentido lineales, irresistibles y homogéneos, mucho menos en tiempos tan volátiles e inestables como los que hoy experimentamos. Además de una profundización de la crisis sistémica, el surgimiento de la pandemia global a inicios de 2020 ha generado considerables perturbaciones en las dinámicas globales (por ejemplo, una caída récord de la demanda de crudo o la parcial interrupción del flujo internacional de algunos commodities), abriendo un proceso de reorganización del sistema tal y como lo conocemos, lo que en su conjunto representa no solo amenazas (aprovechamiento de la pandemia para nuevos ciclos de acumulación capitalista y el establecimiento de sociedades de control) sino también oportunidades. Algunos sectores críticos de la política y organizaciones de izquierda encuentran la situación como un tiempo para intensificar la disputa por lo público y por otras intervenciones 444 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... estatales alternativas, lo que puede ser propicio para tratar de abordar de otra forma el asunto del crimen organizado. No obstante, no es viable ni plausible pensar soluciones solo desde arriba, y en cambio es importante destacar el rol de las organizaciones sociales y los pueblos y comunidades en movimiento para impulsar un necesario viraje político ante esta situación. Si el avance del crimen organizado y las formas criminales en la política es una expresión más de un proceso de pulverización de los derechos y la democracia, es necesario resaltar la importancia de las movilizaciones populares y resistencias territoriales que se están produciendo en la región, lo que además refleja que estos son también actores que inciden en el curso de los acontecimientos. Las masivas y múltiples protestas que se han producido en América Latina (y otras partes del mundo) en 2019, e incluso en los propios tiempos de pandemia y cuarentena, representan no solo luchas contra la precarización neoliberal, las desigualdades y la exclusión, el autoritarismo y el estado de excepción, sino también la defensa de derechos fundamentales de la vida socioecológica, y en esencia, un contrapeso contra la deriva corrupta, autoritaria y criminal, a favor de sociedades más democráticas, incluyentes y viables. El empuje de estas movilizaciones cambia positivamente la correlación de fuerzas en pro de una transformación como esta. Es parte misma del conjunto de disputas que atraviesan todo el ámbito geopolítico. Simultáneamente, territorios, comunidades y pobladores buscan fórmulas para gestionar su seguridad local, desde sus propias perspectivas y cosmovisiones. Vale la pena mencionar experiencias como la de la Guardia Indígena del Cauca en Colombia; las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán, la policía comunitaria en Guerrero y los caracoles zapatistas (México); las Rondas Campesinas de Cajamarca (Perú); las incipientes Oficinas de Seguridad de los indígenas yekwana en el río Caura en Venezuela; así como las muy numerosas y variadas formas de resistencia territorial al extractivismo, como las que se han desarrollado contra la imposición de la minería por parte de la comunidad de Intag (Ecuador). Estas experiencias, y muchas otras más, ofrecen pistas e insumos para pensar y ejecutar estrategias de seguridad comunitaria, partiendo de otros códigos diferentes a los dominantes. Ciertamente, escenarios como estos, donde crece la presencia de grupo armados irregulares y la violencia a niveles extraordinarios, ofrecen un desafío extremo para comunidades y pobladores. Sin embargo, también es relevante mencionar cómo, dependiendo de los contextos, los tejidos socio-comunitarios han podido persistir ante entornos tan conflictivos, generando procesos de adaptación, reformulación de 445 Emiliano Teran Mantovani prácticas y estrategias, desarrollando resiliencia, buscando caminos para incluso fortalecerse a partir de esas condiciones impuestas (por ejemplo, las experiencias organizativas de Asprocig en el Bajo Sinú, en Córdoba, Colombia; o las organizaciones comunales kurdas en Siria). Estos tejidos socio-comunitarios representan en realidad horizontes y referentes para construir alternativas desde los territorios y creemos que deben ser tomados como ejemplos paradigmáticos de posibles soluciones al problema. El nuevo tiempo político, la crisis global, nos señalan la urgente necesidad de transitar por nuevos rumbos. Unos que nos permitan enfrentar los desafíos existenciales la época y producir una política emancipatoria acorde al crucial momento. Ante la violencia exacerbada, el desgarramiento social, la radicalización de la exclusión, la corrupción de lo comunitario y la competencia sin escrúpulos, debemos tratar de contraponer abordajes y estrategias que pongan en el centro lo común, las nociones de justicia socioambiental, la restitución y recomposición social y ecológica, las soberanías populares territoriales y una política de los cuidados. Se trata, en esencia, de una apuesta por la defensa de la vida. 446 Tabla 1. Perfil y alcance del crimen organizado (CO) en América Latina y el Caribe6 Nivel de Incidencia regional7 A PAÍS México PERFIL GENERAL DE LAS ORGANIZACIONES Las estructuras jerarquizadas de las grandes organizaciones (cárteles) le dan paso a la emergencia de formas más flexibles, horizontales y descentralizadas. Funcionamiento en red y articulación con organizaciones más pequeñas y territoriales. Operaciones altamente transnacionalizadas. ALCANCE TERRITORIAL Amplio control de territorios a escala nacional y amplia proyección internacional. PERMEABILIDAD DEL ALCANCE DE ESTADO LA VIOLENCIA Altos niveles de corrupción estatal (amplia articulación con el CO). Extrema y extendida. COMMODITIES INVOLUCRADOS Cocaína, madera, hierro, carbón, oro, marihuana, petróleo, especies acuáticas. 447 7 En esta tabla se presenta una clasificación de lo que llamamos ‘Nivel de incidencia regional’ del CO en la región, que propone cinco niveles determinados por el perfil general de las organizaciones, su alcance territorial, su capacidad de permear al Estado y los niveles de violencia empleado. El Nivel A reúne a los países donde el CO está más transnacionalizado y las organizaciones poseen mayores niveles de sofisticación. En el Nivel B, las organizaciones poseen menor nivel organizativo que en el A y menor nivel de proyección internacional. En el Nivel C las organizaciones ya no tienen tal capacidad de proyección internacional pero tienen presencia nacional extendida y recurren a altos niveles de violencia. En el Nivel D su capacidad organizativa es menor y su alcance territorial es más sectorizado en sus países. Y en el Nivel E el CO tiene un alcance más limitado. Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... 6 Esta tabla ha sido elaborada con el objetivo de dar una visión general del perfil y los alcances, así como las relaciones con el Estado y los llamados ‘recursos naturales’, por parte de las organizaciones de la criminalidad en la región. La tabla fue construida a partir de una revisión bibliográfica (parte de la cual está en la lista de referencias de este artículo) regional y por países, junto a una revisión hemerográfica y algunas entrevistas no estructuradas. A PAÍS Colombia PERFIL GENERAL DE LAS ORGANIZACIONES ALCANCE TERRITORIAL Grupos insurgentes (ej. FARC) y contrainsurgentes (ej. paramilitarismo) del conflicto político, fragmentados por acuerdos de paz. Las estructuras jerarquizadas de las grandes Amplio control de organizaciones (cárteles) cambian hacia formas territorios a escala más flexibles, horizontales y descentralizadas. nacional y amplia Funcionamiento en red y articulación con proyección internacional. organizaciones más pequeñas y territoriales. Bandas criminales (Bacrims). Diferentes niveles de organización. Operaciones altamente transnacionalizadas. Compleja red de adherentes a organizaciones Control de sectores de las más grandes (como PCC o CV). Creciente sofisticación y diversificación. Expansión y ciudades. Crecimiento en zonas rurales y Amazonía. construcción de red con organizaciones más pequeñas y territoriales. Fortalecimiento de Creciente proyección internacional. grupos paraestatales (ej. ‘Milicias’). Creciente transnacionalización. A Brasil B Amplio control de Clanes familiares (varios con alto grado de territorios a escala Guatemala sofisticación organizativo). Articulación con COT nacional y proyección en México y Colombia. países de Centroamérica. PERMEABILIDAD DEL ALCANCE DE ESTADO LA VIOLENCIA COMMODITIES INVOLUCRADOS Altos niveles de corrupción estatal (amplia articulación con el CO). Extrema y extendida. Altos niveles de corrupción estatal (articulación del CO con sectores clave y viceversa, Ej. ‘milicias’). Extrema y Cocaína, madera, tierras, localizada oro, marihuana, vida principalmente silvestre, diamantes. en ciudades. Altos niveles de corrupción y debilidad estatal (articulación del Extrema y CO con sectores clave, extendida. como ejército, policía y sistema judicial). Coca, cocaína, madera, oro, coltán, vida silvestre, diamantes. Cocaína, madera, marihuana, tierras, especies acuáticas, amapola, vida silvestre Emiliano Teran Mantovani 448 Nivel de Incidencia regional7 Nivel de Incidencia regional7 PAÍS PERFIL GENERAL DE LAS ORGANIZACIONES Organizaciones de menor nivel organizativo. Redes fragmentadas. Articulación con COT de México, Colombia y Brasil. ALCANCE TERRITORIAL Zonas ‘liberadas’ a nivel nacional y tendencias a expandir y consolidar territorio. Mediana proyección hacia otros países de la región. Perú C Amplio control de territorios a escala Clanes familiares, subordinadas a COT México y nacional. Control urbano Honduras Colombia. Maras y pandillas urbanas. y de rutas de tráfico transfronterizo. C Redes locales, pandillas callejeras (ej. maras). El Salvador ‘Transportistas’. Articulación con COT México y Colombia. Amplio control de territorios a escala nacional. Control urbano y de rutas de tráfico transfronterizo. C Organizaciones de menor nivel organizativo. Bandas criminales de gran escala y numerosas de pequeña escala. Redes fragmentadas. Venezuela Articulación con grupos armados de Colombia. Grupos armados de carácter político (ej ‘colectivos’). Amplio control de territorios a escala nacional. Altos niveles de corrupción (articulación del CO con sectores clave y personajes de Localizada y no la alta política), pero en extendida. menor nivel en relación al caso colombiano o mexicano. Altos niveles de corrupción y debilidad estatal (articulación del Extrema y CO con sectores clave, extendida. como ejército, policía y sistema judicial) Altos niveles de corrupción y debilidad estatal (articulación del Extrema y CO con sectores clave, extendida. como ejército, policía y sistema judicial). Altos niveles de corrupción y debilidad estatal (articulación del Altos niveles y CO con sectores clave, extendida. como ejército, policía y sistema judicial). COMMODITIES INVOLUCRADOS Coca, cocaína, oro, madera, especies acuáticas, vida silvestre. Cocaína, madera, tierras, palma africana, vida silvestre, especies acuáticas. Cocaína, marihuana, vida silvestre, especies acuáticas. Oro, madera, coltán, diamantes, cocaína, vida silvestre. 449 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... B PERMEABILIDAD DEL ALCANCE DE ESTADO LA VIOLENCIA D D D E PAÍS PERFIL GENERAL DE LAS ORGANIZACIONES ALCANCE TERRITORIAL PERMEABILIDAD DEL ALCANCE DE ESTADO LA VIOLENCIA Niveles de corrupción de menor escala Localizada relativa (policial y y contenida, Ecuador judicial). Penetración aunque podría del CO en las crecer. instituciones estatales. Altos niveles de Organizaciones locales de menor nivel Zonas ‘liberadas’ (como corrupción en todos los Altos niveles y organizativo, en ascenso. Articulación con COT de estratos (articulación la Región Oriental) o de localizada (en Paraguay Brasil (como PCC o CV) y otros países. Insurgencia amplio control como la del CO con sectores crecimiento). armada que se articula con actividades ilícitas clave y personajes de Triple Frontera. (como el EPP). la alta política). Corrupción estatal (judicial, policial) Organizaciones de menor nivel organizativo Localizada y no Despliegue en zonas como se aprovecha Bolivia (varios clanes familiares) que se articulan con extrema. la oriental (ej. Santa Cruz). para cooptación COT Perú, Brasil, Colombia y México. institucional por parte del CO. Altos niveles de Niveles Grupos criminales locales de pequeña escala, Localizado (ej. Rosario). corrupción. Creciente relativamente que van haciéndose más sofisticados y violentos. Expansión en los últimos penetración de Argentina menores. Tendencia al crecimiento. Articulan con COT estructuras públicas años. Localizada. Colombia, Perú y México. por parte de CO. Organizaciones de menor nivel organizativo que van alcanzando mayor sofisticación. Grupos Zonas fronterizas y fragmentados subcontratados por COT México y marítimas. Colombia. Incorporación de integrantes y/o exintegrantes de grupos armados colombianos. COMMODITIES INVOLUCRADOS Cocaína, oro, vida silvestre, madera. Marihuana, cocaína, madera, vida silvestre. Coca, cocaína, madera, oro. Cocaína, madera, vida silvestre, especies acuáticas. Emiliano Teran Mantovani 450 Nivel de Incidencia regional7 Nivel de Incidencia regional7 E PAÍS PERFIL GENERAL DE LAS ORGANIZACIONES ALCANCE TERRITORIAL Grupos locales que adquieren mayor sofisticación. Localizado. Control de Costa Rica Clanes familiares. Creciente presencia de COT y rutas de tráfico. sus redes (México y Colombia). Uruguay E Chile Organizaciones pequeñas sin relevancia nacional. Expansión reciente de Creciente presencia de COT Perú, Bolivia y rutas de tráfico al norte. Colombia. Fuente: elaboración propia. Localizado. Niveles relativamente bajos de corrupción, pero incremento de casos vinculados al CO. Niveles relativamente bajos de corrupción, pero incremento de casos vinculados al CO. Niveles relativamente bajos de corrupción, pero incremento de casos vinculados al CO. Niveles relativamente menores. Localizada. Tendencia al crecimiento. COMMODITIES INVOLUCRADOS Cocaína, madera, marihuana, oro, vida silvestre. Niveles relativamente Marihuana, cocaína, vida bajos, pero en silvestre. incremento. Niveles relativamente Cocaína, marihuana, oro, bajos, pero en especies acuáticas. incremento. 451 Crimen organizado, economías ilícitas y geografías... E Clanes familiares. Pequeñas bandas urbanas. Aparición de COT (de origen en Brasil, Perú y Colombia). PERMEABILIDAD DEL ALCANCE DE ESTADO LA VIOLENCIA Emiliano Teran Mantovani BIBLIOGRAFÍA Bargent, J. (2019). Blanqueo de madera en Perú: la mafia en el interior. Insight Crime. https://es.insightcrime.org/noticias/ analisis/blanqueo-de-madera-en-peru-la-mafia-en-el-interior/ Bartolomé, M. (2019). Terrorismo y crimen organizado en Sudamérica. 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Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una tesis titulada "IIRSA: entre integración regional y racionalidad logística". De formación historiador, se ocupa de estudios críticos de logística, geografía crítica, regionalismo y estudios territoriales. Vive en Belo Horizonte, Brasil. Correo electrónico: peregalli.alessandro@gmail.com ALEJANDRO RETAMAL MALDONADO Sociólogo por la Universidad de Concepción y Doctor en Ciencias Humanas mención discurso y cultura por la Universidad Austral de Chile. Actualmente es investigador postdoctorante FONDECYT – ANID 457 en el Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos (CEDER ULAGOS). Sus áreas de investigación son imaginarios sociales, desarrollo territorial, gobernanza litoral. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2968-6072 Correo electrónico: aretamal.er@gmail.com CÉSAR PÉREZ GUARDA Egresado de Antropología de la Universidad Austral de Chile. Sus áreas de interés son la lengua mapuche y su revitalización, y la investigación social cualitativa. Correo electrónico: kurvduam@gmail.com BÁRBARA JEREZ HENRÍQUEZ Doctora en Estudios Latinoamericanos, Maestra en Ciencias en Desarrollo Rural Regional, Licenciada en Trabajo Social. Investigadora miembro Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, OPSAL y docente escuela de Trabajo Social Universidad del Bío-bío, campus Concepción (Chile). Dedicada hace más de 15 años a la investigación en los campos de Ecología política, decolonialidad, conflictos socioambientales, minería, energía y transiciones "verde". Correo electrónico: barbarajerezh@gmail.com JUAN WAHREN Sociólogo, Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador Asistente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG). Coordinador del Grupo de Estudios Rurales - Grupo de Estudios sobre Movimientos Sociales de América Latina (GERGEMSAL). Coordinador del Grupo de Trabajo “Estudios Críticos del Desarrollo Rural" e integrante del Grupo de Trabajo “Territorialidades en disputa y re-existencia” (CLACSO). LEONARDO TAMBURINI Abogado por la Università degli Studi di Macerata (Italia). Maestría en Derechos indígenas y desarrollo por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (tesis en elaboración). Es investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Correo electrónico: ltamburini@cejis.org BETH GEGLIA Es candidata doctoral en Antropología por la American University de Washington D.C. 458 Las autoras y los autores... MARIELLE PALAU Socióloga. Investigadora de BASE Investigaciones Sociales (BASE IS) en temas vinculados a movimientos sociales y crítica al modelo de desarrollo. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza (UCCSNAL). VALTER DO CARMO CRUZ Geógrafo, doutor em Geografia, professor do Departamento e Programa de Pós-graduação em Geografia da universidade Federal Fluminense-UFF. PABEL C. LÓPEZ F. Investigador asociado al posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDESUMSA) en Bolivia. Doctor en Sociología por la Scuola Normale Superiore (SNS) y la Universidad de Milán ‘Bicocca’ en Italia. Posdoctorante en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (IEALC-UBA). Integrante y ex coordinador del Grupo de Trabajo “Territorialidades en disputa y re-existencia” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Correo electrónico: velpalopezflo@gmail.com CARMELA CARIÑO TRUJILLO Es Ñuu savi, originaria de Chila de las Flores, México. Campesina, socióloga, Maestra en Desarrollo Rural y Doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM-Iztapalapa. Es profesora-investigadora de la UAM-Azcapotzalco e integrante del Grupo Latinoamericano de Estudios Formación y Acción Feminista (GLEFAS). Estudiante de la Escuelita Zapatista y activista vinculada a luchas y movimientos sociales en defensa de la Tierra-Territorio. Correo electrónico: carmencarinot@gmail.com MILSON BETANCOURT SANTIAGO Doctor en geografía (Universidad Federal Fluminense de Brasil); maestría en Estudios Interdisciplinarios de América Latina (Universidad Libre de Berlín); especialista en Derechos Humanos (Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador) y abogado (Universidad Nacional de Colombia). Docente Universidad Nacional de Colombia y Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: betancourt.milson@gmail.com LEANDRO BONECINI DE ALMEIDA Investigador social, educador y comunicador popular. Doctorante en el Programa de Posgrado de Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura 459 y Sociedad (CPDA), de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ), es Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Currículum Vitae (CNPq) de Brasil: http://lattes.cnpq.br/4522177498021512. Correo electrónico: lbonecinialmeida@gmail.com PAOLA BOLADOS GARCÍA Doctora en Antropología. Académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, Chile. Correo electrónico: paola.bolados@uv.cl MARISTELLA SVAMPA Socióloga y escritora. Sus libros más recientes son Chacra 51. Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking y Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencia. CARLOS WALTER PORTO-GONÇALVES Professor do Programde Pós-graduação em Geografia da UFF e coordenador do Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades (LEMTO) da Universidade Federal Fluminense. 460 C O L E C C I Ó N G R U P O S D E T R A B A J O El presente libro colectivo que nos propusimos gestar y que ahora presentamos, tiene por objeto compendiar y difundir los avances de los procesos de diálogo de saberes y construcción de conocimiento que hemos ido produciendo en torno a las problemáticas territoriales en nuestra región, en términos de tensiones, transformaciones y re-existencias territoriales; territorios en disputa: territorialidades hegemónicas y territorialidades insurgentes. De la Presentación 9