Globalización
desde un enfoque
de derechos
Guillem Compte Nunes
Coordinador
Catalogación en la publicación UNAM. Dirección General de Bibliotecas
y Servicios Digitales de Información
Nombres: Compte, Nunes Guillem, editor.
Título: Globalización desde un enfoque de derechos / Guillem Compte Nunes, coordinador.
Descripción: Primera edición. | Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México,
Coordinación de Humanidades, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Programa
Universitario de Derechos Humanos, 2023.
Identificadores: LIBRUNAM 2146054 (libro electrónico) | ISBN 978-607-30-8764-3 (libro electrónico)
| DOI: https://doi.org/10.22201/ch.9786073087643e.2024.
Temas: Derechos humanos y globalización -- Congresos | Globalización (Economía) -- Congresos |
Globalización -- Aspectos religiosos -- Congresos.
Clasificación: LCC KZ1266 (libro electrónico) | DDC 341.48—dc23.
Dirección editorial: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México: Dirección, Domitille
Delaplace. / Diseño y formación, Ana Lilia González Chávez. / Diseño de portada, Gladys López Rojas.
/ Corrección de estilo, revisión de planas y cuidado de la edición, Karina Rosalía Flores Hernández y
Karen Trejo Flores.
Primera edición, 2023
D. R. © UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Avenida Universidad 3000, Ciudad Universitaria,
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México
Coordinación de Humanidades
Programa Editorial
D. R. © COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Avenida Universidad 1449, col. Pueblo Axotla,
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 03010, Ciudad de México
Ejemplar electrónico de distribución gratuita, prohibida su venta.
Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación, siempre y cuando se cite la fuente.
El contenido de esta obra no refleja necesariamente las ideas de las instituciones coeditoras, sino
que es responsabilidad de las personas autoras.
En memoria de Miguel Concha Malo (1945-2023),
pionero en la defensa de los derechos humanos en México
Índice
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Guillem Compte Nunes
Implicaciones morales y éticas de la economía global . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Leonardo Lomelí Vanegas
Comentario a Leonardo Lomelí Vanegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Armando Sánchez Vargas
Derechos humanos: miradas locales ante fenómenos globales . . . . . . . . . . 42
Nashieli Ramírez Hernández
Comentario a Nashieli Ramírez Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Miguel Concha Malo
Democracia y derechos humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Jorge Cadena-Roa
Comentario a Jorge Cadena-Roa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Miguel Armando López Leyva
Ley, palabra y proceso: la toma de la palabra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Marisa Belausteguigoitia
Gobernanza multinivel de cambio climático en América del Norte . . . . . 113
Ruth Zavala Hernández
Epílogo. Derechos humanos, ¿religión de la humanidad? . . . . . . . . . . . . . 137
Guillem Compte Nunes
Acerca de la autoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
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Presentación
Guillem Compte Nunes
Ciudad Juárez, Chihuahua, 27 de marzo de 2023: 40 migrantes mueren a raíz
de un incendio en un centro de detención de migrantes del Instituto Nacional de
Migración (INM); otras 27 personas están heridas (Agencia France Press, 2023). En
la rueda de prensa matutina del martes 28, el presidente de México Andrés Manuel
López Obrador afirma que “esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron
a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados; y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue
y les prendieron fuego. No imaginaron que eso iba a causar esta terrible desgracia”
(Presidencia de la República, 2023). Pero al cabo de dos días se dictan órdenes de
aprehensión en contra de tres funcionarios del INM, dos guardias de seguridad privada y la persona que inició el fuego (Redacción, 2023), con la implicación de que
la tragedia pudo haberse evitado.
Desgraciadamente, este trágico suceso vino a engrosar una larga lista de violaciones a los derechos humanos de personas migrantes en México –algunas grotescas como ésta, y muchas poco visibles o visibilizadas–, junto a las habituales
agresiones del crimen organizado.
Las personas en situación de movilidad trasnacional, como cualquier otro grupo
sociopolíticamente vulnerable, constituyen un caso de prueba (en inglés, test case)
para medir el nivel de cumplimiento de los derechos humanos en las sociedades
contemporáneas. Y, por desgracia, todavía estamos muy lejos de una situación de
respeto a derechos que sea aceptable, esto tanto en México como en otros países
de América Latina (por no hablar de otras regiones).
La migración internacional forzada, el cambio climático, el neoliberalismo, etc.,
evidencian dinámicas globales actuales, propias de lo que desde hace unas décadas
se denominó globalización. Como bien apunta Leonardo Lomelí (capítulo 2), en
realidad el proceso de globalización no es un fenómeno reciente sino progresivo,
desplegado en varias oleadas por la expansión (neo)colonial a partir del siglo XVI.
5
Guillem Compte Nunes
Ahora bien, la globalización del último medio siglo, a la que Lomelí llama globalización neoliberal, supera con creces el grado de integración, interconexión y conciencia planetarias del pasado. De manera irónica hoy, cuando más cercanos nos
sentimos al prójimo humano, más entendemos que la supervivencia de la humanidad peligra. Por un lado, como ya advirtió Rousseau (1750/2013), el progreso
científico-tecnológico moderno no ha venido acompañado de un progreso moral
adecuado que pueda poner el primero al servicio de las personas. Por otro lado, la
explotación de la Tierra para beneficio humano –en particular para ciertas élites–
está agotando el hábitat planetario, como lo evidencian el cambio climático –fruto
de los combustibles fósiles–, la desertificación o la degradación de la biodiversidad.
Afortunadamente, a mediados del siglo XX (re)surge un paradigma moral que
procura dar concordancia, sentido y orientación a la vida humana a nivel global,
para que personas, pueblos y sociedades puedan convivir en un escenario de
respeto, cooperación y bienestar social. En la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 se presenta por primera vez esta nueva moral, aunque no
plantea un descubrimiento de estos principios morales, los derechos, sino su reconocimiento como atributos inherentes a la naturaleza humana. Críticas aparte –y
muchas las hay–, éste es el modelo moral que ha dado significado y dirección a la
convivencia planetaria en los últimos 75 años, en particular a partir de la década
de 1970 (Moyn, 2010). En efecto, los derechos humanos instituyen un nodo de
encuentro intercultural que permite el diálogo entre personas y naciones con distintas trayectorias morales (Compte, 2023).
Dicho esto, la progresiva adopción, juridificación e institucionalización de los
derechos humanos en este periodo ha coexistido y se ha conflictuado con lógicas
preexistentes, particularmente la razón de Estado –el Estado como fin– y el lucro –la
razón capitalista–. Por ello, coexisten diversas globalizaciones en tensión: una hegemónica, neoliberal, animada por la complicidad histórica entre el Estado y el capital,
y liderada por élites, ya sea Estados o clases sociales que dominan cada Estado; y
otras contrahegemónicas, en particular, el paradigma de los derechos humanos, que
prioriza las necesidades de todas las personas y comunidades –necesidades que pueden entrar en conflicto–. En su época, Maquiavelo resumió de esta manera la lucha
inmemorial entre élite y masa: “Si se considera la índole de nobles y plebeyos, se
verá en aquellos gran deseo de dominación; en éstos, de no ser dominados, y, por lo
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Presentación
tanto, mayor voluntad de vivir libres, porque en ellos cabe menos que en los grandes
la esperanza de usurpar la libertad” (Maquiavelo, 1532/2011, 271).
Hoy se aprecia que los derechos humanos bien entendidos y practicados –por
ejemplo, con sensibilidad a su dimensión colectiva, no solo individual– profundizan
procesos emancipatorios, de autonomía y bienestar, mientras que su violación está
asociada a patrones de dominación, si no de muerte. Por supuesto, el constructivismo social (Berger y Luckmann, 2012) ha enseñado que este antagonismo –emancipación y derechos humanos versus dominación y violación de derechos– no reside
en personas, grupos o países como tales –como afirma el esencialismo–, sino que
los actores participan de forma heterogénea –y no siempre conscientemente– en
procesos sociopolíticos de dominación y/o emancipación, a su vez heterogéneos.
Con esta precaución, cabe indagar los patrones y las tendencias en el comportamiento de los actores sociales, en uno u otro sentido (siendo las tensiones y
contradicciones entre dominación y emancipación adentro de un actor una faceta
fundamental del estudio).
Esta tarea se enmarca en el proyecto de otro gran paradigma de las ciencias
sociales y las humanidades contemporáneas, la teoría crítica, que rechaza la pretensión positivista de neutralidad y procura el cambio social emancipador; en las
famosas palabras de Marx: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de
diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo” (Engels y
Marx, 1845/2006, 59). Así, las ciencias sociales y las humanidades pueden y deben
contribuir al mejoramiento social (Levitas, 2013; Mill, 1959/2020), que hoy día
pasa, entre otros muchos esfuerzos, por estudiar y promover una globalización
desde un enfoque de derechos humanos.
Con este propósito, la Cátedra Extraordinaria “Francisco de Vitoria-Bartolomé
de las Casas”1 de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), desde finales de 2021 convoca, por medio del Seminario Permanente “Globalización desde un enfoque de derechos”, a destacadas y
1
La Cátedra es “un espacio académico institucional de estudio, análisis y reflexión a través de seminarios,
cursos y conferencias, especializados en el pensamiento de Francisco de Vitoria y de Bartolomé de las
Casas y los ámbitos que convergen en sus obras: derecho internacional, globalización, derechos humanos
y de los pueblos y comunidades indígenas, implicaciones morales y éticas de la economía, la dignidad y
la condición humana” (UNAM, 2017).
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Guillem Compte Nunes
destacados estudiosos de los derechos humanos y la globalización a reflexionar
sobre la relación entre ambos procesos, con el fin de incidir en su comprensión
y avance emancipador. Los capítulos que conforman esta obra colectiva derivan
de las ponencias y los comentarios a éstas en sesiones del Seminario dedicadas
a temas de actualidad relacionados con la globalización y los derechos humanos.
Leonardo Lomelí Vanegas aborda la dimensión económica de la globalización;
le comenta Armando Sánchez Vargas. Nashieli Ramírez Hernández aterriza la globalización en iniciativas locales, ilustrando con la atención a personas migrantes
en México; le comenta Miguel Concha Malo. Jorge Cadena-Roa considera la representación democrática y explica la retroalimentación entre democracia y derechos
humanos; le comenta Miguel Armando López Leyva. Marisa Belausteguigoitia explica un proyecto de procuración de justicia, en sentido amplio, para mujeres privadas
de la libertad. Ruth Zavala Hernández examina la gobernanza multinivel de cambio
climático en América del Norte. Por último, en el epílogo, Guillem Compte Nunes
estima que los derechos humanos configuran, o pueden configurar, una religión de
la humanidad. A continuación, presento cada capítulo con más detalle.
En su ponencia Leonardo Lomelí Vanegas da cuenta del carácter destructivo de
la globalización neoliberal contemporánea, marcada por un “capitalismo salvaje”
que prioriza el capital por delante de la dignidad y el bienestar humano. El progreso científico-tecnológico logrado hasta hoy contrasta con la incapacidad política
para ponerlo al servicio de la humanidad; en palabras de Lomelí: “Contamos con
los recursos humanos y materiales para resolver la mayor parte de los problemas
económicos y sociales de la población mundial, pero no lo hemos podido hacer
porque los beneficios del progreso económico de las últimas décadas se han concentrado en muy pocas manos”. El autor repasa la historia económica desde Adam
Smith hasta el presente, y con argumentos económicos y datos empíricos desmonta
el mito de las bondades del “libre mercado”, mostrando cómo en realidad esta
ideología o “fundamentalismo del mercado” –citando a Joseph Stiglitz– promueve
la desigualdad política y socioeconómica entre países y al interior de cada Estado.
Concluye que el modo neoliberal de gestionar la globalización está conduciendo el
planeta al desastre económico, social y medioambiental, y que si queremos evitar
la catástrofe debe reconfigurarse con urgencia la gobernanza global, las prioridades
éticas y morales y los mecanismos político-económicos. Todavía hay esperanza para
que un golpe de timón al gobierno planetario pueda materializar una globalización
8
Presentación
desde un enfoque de derechos humanos. Por su parte, el comentario de Armando
Sánchez Vargas a la ponencia incide en estos aspectos, recogiendo y detallando los
planteamientos de Lomelí.
La ponencia de Nashieli Ramírez Hernández formula la necesaria complementariedad y tensión entre la globalización neoliberal hegemónica desarrollada por el
Norte Global y aquella contrahegemónica proveniente del Sur Global, donde Norte y Sur no son solo marcadores geográficos sino ideológicos y de (contra)poder.
Ramírez señala que el despliegue socio-jurídico de los derechos humanos ilustra
esta relación dialéctica: “Conforme el sistema hegemónico del derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido los movimientos de resistencia […]
ese propio sistema ha desarrollado en su doctrina elementos para darle cabida a
esa representatividad”. Esta tensión se expresa de manera cotidiana en fenómenos
locales que manifiestan y construyen dinámicas globales, por lo que la acción local
debe tomar en cuenta, paliar y corregir las asimetrías de poder. La autora ejemplifica con la migración internacional y la informalidad laboral. En el primer caso, la
sociedad civil y los gobiernos locales mexicanos deben dar respuesta humanitaria
a necesidades de personas en situación de movilidad cuyos derechos suelen ser
ignorados; asimismo, les incumbe gestionar procesos de integración a medio y
largo plazo de migrantes que a la postre se incorporan a la sociedad mexicana.
Por otro lado, la precariedad laboral, que está vinculada a patrones económicos de
alcance global, incide de forma negativa en el ejercicio de derechos económicos,
sociales y culturales, por lo que resulta urgente articular políticas públicas que den
respuesta a esta otra situación de vulnerabilidad que afecta a millones de personas
en este país.
En su comentario a Nashieli Ramírez, Miguel Concha Malo critica el enfoque
elitista del mejoramiento global, fundamentado en negociaciones entre Estados en
el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y caracterizado por la
hipocresía y la falta de resultados, con la consecuente perpetuación de las desigualdades y la profundización de múltiples crisis planetarias. Concha reivindica la
construcción de una globalización alternativa “desde abajo”, siguiendo el “cosmopolitismo” de Boaventura de Sousa Santos, que implica la colaboración de clases
subalternas, sociedad civil y autoridades sensibles a los derechos humanos.
Para abordar la relación entre democracia y derechos humanos Jorge CadenaRoa inicia con una reflexión sobre la definición de conceptos, tarea básica en
9
Guillem Compte Nunes
las ciencias sociales que orienta el análisis y la discusión de los fenómenos. La
democracia es una noción contestada, sin consenso, aunque en la práctica se
pueden delinear algunas características básicas de las “democracias existentes”,
significativamente un mecanismo electoral competitivo para elegir a las personas
mandatarias. En este sentido, Cadena-Roa centra su análisis en la representación
de la ciudadanía por representantes seleccionados mediante un “proceso de autorización”, el cual les faculta a gobernar y les obliga a rendir cuentas al demos.
Luego el autor considera la cercana y dialéctica relación entre derechos humanos
y democracia, a saber: que la lucha por los derechos ha profundizado la práctica
democrática y ésta, a su vez, ha promovido el ejercicio de aquellos. Por último,
este círculo ha adoptado una dimensión global, con el despliegue del paradigma
de derechos humanos: “Los derechos humanos son una faceta de la globalización,
toda vez que son derechos universales cuyo cumplimiento corresponde vigilar a
organismos internaciones y organizaciones no gubernamentales, y que cada vez
se exige más a las empresas multinacionales que hagan lo propio”. Los derechos
humanos, concluye, seguirán jugando un papel fundamental en orientar la democracia precisamente para que ésta asegure el cumplimiento de aquellos.
Comentando a Jorge Cadena-Roa, Miguel Armando López Leyva reflexiona sobre
la interrelación de democracia, derechos humanos y globalización, en específico
en relación con el advenimiento de los nuevos populismos en América Latina. El
pluralismo electoral y la insatisfacción popular con el funcionamiento de la “democracia existente” han permitido la llegada de presidentes populistas, que una vez
en el poder erosionan los derechos individuales, por razón de supuestos derechos
colectivos de “el pueblo” al que pretenden representar. Al respecto, López Leyva
plantea dos problemas que deben motivar futuros estudios: de una parte, ¿cómo
entender el reciente retroceso de la democracia a nivel global?; de otra, “¿en qué
medida es determinante el respeto total de los derechos humanos para calificar a
un régimen como democrático?”.
Marisa Belausteguigoitia primero sintetiza las aportaciones de Lomelí, Ramírez
y Concha, ello con el fin de ubicar en los derechos humanos su ponencia sobre la
toma de la palabra por parte de mujeres en situación de privación de la libertad.
Belausteguigoitia presenta a nivel teórico, metodológico y empírico el proyecto
Mujeres en espiral: sistema de justicia, perspectiva de género y pedagogías en
resistencia, impulsado por la UNAM desde 2008 con el propósito de “visibilizar los
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Presentación
factores de opresión contra las mujeres que subsisten en las estructuras discursivas, imaginarias y materiales de los sistemas penitenciario y de justicia”. A través
de una intervención académica-activista con mujeres encarceladas, se las anima a
reapropiarse de sus experiencias vitales, otorgándoles sentido desde el empoderamiento, la imaginación y la esperanza. Mujeres en espiral integra la Clínica de
Litigio Estratégico Marisela Escobedo, que facilita el avance de la liberación jurídica
a la par con la liberación psicosocial. La ponente ilustra este acompañamiento dual
con el caso de Carmen, mujer injustamente privada de la libertad, quien resignifica su vida a través de participaciones creativas en un mural, un diccionario y un
fanzine. Con el apoyo de la Clínica, Carmen al fin recobra su libertad. Este proyecto
académico-activista ejemplifica la mirada glocal de Ramírez y Concha, de construir
la globalización “desde abajo”.
En su ponencia Ruth Zavala Hernández aborda la gobernanza multinivel de
cambio climático en América del Norte. Empieza con una revisión del concepto
gobernanza, el cual señala la transición de sociedades “estado-céntricas” a multicéntricas desde la segunda mitad del siglo XX, cuando el Estado cede protagonismo
y poder a redes verticales y horizontales de actores gubernamentales y no gubernamentales que gestionan (pero no necesariamente de manera coordinada) distintas
políticas públicas a nivel regional y global, por ejemplo, la crisis del cambio climático. Zavala explica la gobernanza multinivel de cambio climático, que desdobla
en una dimensión global, de negociación entre Estados a través de la Conferencia
de las Partes en la ONU, y en otra regional, de iniciativas lideradas por gobiernos y
otros actores a quienes interesa, por distintos motivos, implicarse en esta política.
Al respecto, la ponente destaca el contraste entre el desinterés de Canadá, Estados
Unidos y México en llegar a acuerdos de mitigación del cambio climático, y la formación de asociaciones regionales de estados estadounidenses y canadienses (con
estados mexicanos observadores) que impulsan medidas ambientales; y presenta
dos casos de mercados de carbono. Cierra con una reflexión sobre la necesidad de
seguir impulsando la gobernanza multinivel para mitigar el cambio climático, con
el fin de asegurar el cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano.
Por último, en el epílogo Guillem Compte Nunes, recogiendo el espíritu de las
aportaciones de los capítulos anteriores, en términos de cierta frustración por el
incumplimiento de los derechos humanos, se pregunta por qué estos no se cumplen
a cabalidad. Responde, primero, que la moral o lógica de priorizar el cumplimiento
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Guillem Compte Nunes
de los derechos humanos se enfrenta con lógicas históricamente consolidadas, en
concreto, las del Estado –la razón de Estado– y del capital –el lucro y la acumulación–, y segundo, que en este conflicto entre derechos humanos y Estado-capital
la segunda moral (pre)domina: “En el (neo)liberalismo se observa la fusión de las
morales de Estado y capital, y la configuración de un régimen de gobernanza al que
podríamos denominar feudalismo global, en el que las élites de los Estados establecen una red jerárquica de vasallaje de poder político-económico, dejando que cada
élite maneje su feudo estatal-nacional(ista)”. A continuación, Compte conceptualiza estas morales como religión, entendiendo ésta como la construcción social de
lo-trascendente –no como algo orientado a lo sobrenatural–. El problema, afirma, es
que hoy la religión de derechos humanos no está suficientemente implantada en la
mentalidad social –a nivel local y global– y, en este sentido, no puede forzar cambios institucionales significativos para un mejor aseguramiento del cumplimiento
de los derechos humanos. Concluye que: “queda por delante un trabajo religioso, de
construcción y fortalecimiento social de lo-trascendente de derechos”.
El deseo de quienes hemos contribuido a este volumen es que la persona lectora pueda apreciar que la globalización es una construcción social que puede desplegarse de diferentes formas, según las prioridades que se le dé. Los textos que
aquí se incluyen procuran (i) reflexionar de manera crítica sobre los modos actuales
de construcción global, así como (ii) presentar el caso normativo de una globalización desde un enfoque de derechos. Agradecemos la atenta lectura e invitamos al
diálogo intercultural –que debe guiar la evolución de la comprensión y práctica de
los derechos humanos– para continuar en la senda global del mejoramiento social.
Bibliografía
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BERGER, P. L. y Luckmann, T. (2012). La construcción social de la realidad (1ª edición,
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12
Presentación
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www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-lamenta-fallecimientode-39-migrantes-en-ciudad-juarez?idiom=en
REDACCIÓN (2023, 30 de marzo). Muerte de migrantes en Ciudad Juárez: Liberan 6
órdenes de aprehensión tras incendio. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.
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ROUSSEAU, J.-J. (2013). Discurso sobre las ciencias y las artes. Discurso sobre el origen de
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (2017, 31 de agosto). Acuerdo por el que
se crea la Cátedra Extraordinaria “Francisco de Vitoria-Bartolomé de las Casas”.
Gaceta UNAM, 4899, 24-25. http://acervo.gaceta.unam.mx/index.php/gum10/arti
cle/view/84625
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Implicaciones morales y éticas
de la economía global2
Leonardo Lomelí Vanegas
Introducción
Pocas frases me parecen tan esclarecedoras de las implicaciones morales y éticas
de la economía global como lo es el subtítulo de un libro publicado por el Premio
Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz (2012): 1% de la población tiene lo que
99% necesita. Se trata de una gran paradoja si consideramos que, en los últimos
cien años, la humanidad ha logrado más avances científicos que los acumulados en
los siglos precedentes. Contamos con los recursos humanos y materiales para resolver la mayor parte de los problemas económicos y sociales de la población mundial,
pero no hemos podido hacerlo porque los beneficios del progreso económico de las
últimas décadas se han concentrado en muy pocas manos. La emergencia sanitaria
provocada por el virus SARS-CoV-2 ha puesto en evidencia la interdependencia de
la economía global, pero también las enormes asimetrías que existen entre los
países más desarrollados y el resto de las naciones. Por si fuera poco, los patrones
de crecimiento que hemos seguido han impactado en el clima del planeta y ponen
en riesgo los ecosistemas, la actividad económica y la vida misma de las siguientes
generaciones.
La fragilidad del sistema económico mundial, que ha sido evidenciada por las
crisis de 2008-2009 y 2020-2021, se debe en gran medida a la excesiva concentración del ingreso y la riqueza que ha propiciado la intensificación del fenómeno
que conocemos como globalización. Dicho fenómeno alude, en su dimensión eco-
2
Capítulo derivado de la 1ª sesión del Seminario Permanente “Globalización desde un enfoque de derechos”, 8 de diciembre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=155AWR1njeY
14
Implicaciones morales y éticas de la economía global
nómica, a la creciente interdependencia entre las economías nacionales por su
vinculación, cada vez más intensa, a los mercados mundiales de bienes, servicios
y capitales. Esta concentración del ingreso y la riqueza y las profundas brechas en
la calidad de vida entre los países desarrollados y los que no lo son tienen profundas implicaciones éticas y morales, que constituyen por sí mismas un poderoso
argumento para revisar la manera en la que se ha desarrollado hasta ahora la globalización y, sobre todo, para proponer alternativas para moderar sus aspectos más
concentradores y excluyentes.
La globalización no es un fenómeno nuevo, pero sí lo es la forma con la que se
ha intensificado en las últimas décadas. A partir del descubrimiento de América por
los europeos, se comenzó a presentar un aumento en la interdependencia de las
economías que empezaron a vincularse a través de la colonización y el comercio,
de tal modo que ya en el siglo XVII se presentó en Europa un importante fenómeno inflacionario, que tuvo su origen en la elevada cantidad de metales preciosos
procedentes de las colonias americanas. No obstante, varios especialistas coinciden
en que la primera globalización se inició en el siglo XIX con la conformación de los
grandes imperios coloniales que incorporaron a las redes internacionales del comercio y la inversión a vastos territorios y poblaciones de Asia y África, así como con la
apertura de China y el Imperio Otomano al comercio con Occidente (Amin, 2003,
16). Esta primera globalización generó rivalidades que condujeron a la Primera
Guerra Mundial y terminó abruptamente con la Gran Depresión de los años treinta.
A partir de ese momento la globalización siguió avanzando a una velocidad más
moderada, hasta que volvió a intensificarse a finales del siglo XX. Thomas Piketty
(2019, 777) escribió al respecto:
La integración comercial, migratoria y financiera del planeta ya había alcanzado dimensiones impresionantes durante la Belle Époque (1880-1914). No obstante, la magnitud
de los contactos humanos y de los flujos de información ha adquirido una dimensión
muy distinta con la globalización digital e hipercapitalista de los años 1990-2020. La
explosión del uso de medios de transporte y, especialmente, la difusión de textos, imágenes y sonido en todos los rincones del planeta gracias a las tecnologías de la información, han llevado a formas de interdependencia cultural, socioeconómica, política e
ideológica desconocidas hasta hoy.
15
Leonardo Lomelí Vanegas
La economía global se ha desarrollado en los últimos 40 años a partir de una tendencia que podría definirse como globalización neoliberal, en la medida que ha
predominado la lógica de mercado por encima de los intereses nacionales y de la
definición de un nuevo orden internacional más justo e incluyente. Esta intensificación de la globalización fue de la mano del ascenso, en los principales centros de
poder político y económico del planeta, de la influencia de las ideas del neoliberalismo. El neoliberalismo fue una reacción muy temprana al creciente intervencionismo estatal, ya que comenzó a formularse desde los años treinta, pero alcanzó
gran notoriedad e influencia a partir de las perturbaciones económicas de los años
setenta, que pusieron en entredicho el consenso macroeconómico que había guiado la política económica durante el largo periodo de crecimiento de la segunda
posguerra. La coexistencia de fenómenos de estancamiento e inflación, que desafiaban al enfoque hasta entonces dominante en la economía, abrió la puerta a nuevas explicaciones que criticaban la excesiva intervención estatal y proponían una
desregulación de los mercados y la privatización de empresas públicas para lograr
una asignación más eficiente de los recursos. Se trataba, en resumen, de regresar a
las visiones más antiguas del liberalismo económico, que veían en la economía de
mercado un sistema autorregulado, capaz de garantizar la mejor asignación posible de los recursos en ausencia de intervenciones de otro tipo, pero sin hacerse
cargo de la historia económica de los últimos dos siglos, que mostraba los alcances
y las limitaciones de dicho sistema.
Hay una contradicción de origen de la globalización neoliberal con la economía
liberal, en la que dice apoyarse. Si bien es cierto que el liberalismo económico está
a favor de eliminar las trabas a la movilidad de los bienes, servicios y factores de la
producción, la globalización neoliberal ha puesto énfasis en la liberalización de los
flujos internacionales de bienes, servicios y capitales, pero no en la liberalización de
los flujos internacionales de personas. Por el contrario, el mundo desarrollado ha
puesto trabas crecientes a la migración, sobre todo a la de personas no calificadas.
La paradoja reside en que gran parte de los beneficios que ofrecía la globalización
neoliberal –como la convergencia entre los ingresos y salarios de la población de
los países que participan en los mercados globales– no se materializan debido principalmente a que las restricciones a la movilidad de las personas no lo permiten
(Milanovic, 2017, 167).
16
Implicaciones morales y éticas de la economía global
A eso hay que añadir que la movilidad está restringida más para la población
no calificada y de escasos recursos, en tanto que hay una competencia entre países
por atraer a la población altamente calificada. Pocos hechos como éste son tan ilustrativos del carácter excluyente que ha asumido la globalización neoliberal de los
últimos años. En palabras de Zygmunt Bauman (2017, 8): “La movilidad asciende
al primer lugar entre los valores codiciados; la libertad de movimientos, una mercancía siempre escasa y distribuida de manera desigual, se convierte pronto en el
factor de estratificación de nuestra época moderna, tardía o posmoderna”.
Uno de los principales problemas que subyacen en la globalización neoliberal
es la premisa fundamental de que el libre funcionamiento de los mercados conduce al mejor resultado socialmente posible. Esta premisa subyace en el enfoque
dominante del pensamiento económico y parte de la idea de que el mercado es
una institución capaz de armonizar el interés individual con el de la sociedad.
Dicha afirmación pasa por alto el hecho de que la armonía entre ambos tipos de
interés, el individual y el colectivo, solo se presenta cuando se cumple una serie
de supuestos que son difícilmente observables en la vida real (Basu, 2013, 29-33).
De ahí el abismo que se presenta entre las promesas de la globalización neoliberal
y sus resultados: pretender generalizar los beneficios que en la teoría económica
corresponden única y exclusivamente a estructuras de mercado donde prevalece
la competencia perfecta a situaciones reales, en las que predominan la competencia
imperfecta y las fallas de mercado, no es un procedimiento basado en la ciencia sino
un acto de fe guiado de modo claro por una ideología que beneficia a unos cuantos.
Los resultados están a la vista: en la primera década de este siglo la concentración
del ingreso en varios países desarrollados –entre ellos Estados Unidos– alcanzó los
niveles previos a la Gran Depresión. Entre 1930 y 1980 hubo una notoria mejoría
en la distribución del ingreso, lo que se revirtió en menos de un cuarto de siglo de
políticas predominantemente neoliberales (Aghion et al., 2020, 128).
Visto a la distancia el comportamiento de la economía global a partir de 1980,
no es de extrañar que se haya incrementado la concentración tanto de la riqueza
como del ingreso. También hay que añadir que el ciclo económico se ha vuelto más
volátil que en el pasado inmediato y el crecimiento económico ha estado por debajo del periodo anterior. La reducción de impuestos al capital y la liberalización de
los mercados no trajo consigo el crecimiento prometido, en gran medida porque,
como lo señaló Robert Brenner (2013, 719), “en lugar de adquirir nuevo stock de
17
Leonardo Lomelí Vanegas
capital o de contratar más trabajadores, los empresarios parecen haber decidido
distribuir los beneficios entre los accionistas, poniendo así fondos adicionales a disposición de los ricos que se dedican a especular en activos financieros”. Lo que sí
es de extrañar es que, a partir de una construcción teórica, que históricamente
había quedado desacreditada durante la Gran Depresión de los años treinta, se
haya fundamentado un viraje profundo en las políticas económicas que permitieron mejorar la distribución del ingreso y gestionar el ciclo económico, viraje que ha
beneficiado a una minoría a costa de la mayor parte de la población mundial. De
ahí la pertinencia de revisar, a la luz de la experiencia histórica, el abismo que existe entre el individualismo, que es el fundamento del neoliberalismo, y la búsqueda
del bienestar general, que debiera ser la base de la política económica de todos los
países y el fundamento del sistema económico global.
Individualismo versus bien común
Aunque la economía es una ciencia casi reciente –menos de dos siglos y medio han
transcurrido desde que Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, el libro que
muchos consideran el primer texto clásico de economía–, lo cierto es que desde su
origen ha estado inserta en una reflexión más amplia y de larga data sobre la relación entre el individuo y la comunidad. Adam Smith trató de responder a la cuestión filosófica, planteada ya en la Grecia clásica y que enfrentara a Aristóteles con
Platón, sobre el mejor camino para alcanzar el bienestar: dejando a las personas
buscar de manera individual lo que más les convenga u organizando a la sociedad
desde una entidad que no podía ser otra que el Estado. Smith llegaba a una conclusión similar a la de Aristóteles, al sostener que si se dejaba a cada persona actuar en
función de sus intereses individuales alcanzaría un resultado socialmente eficiente,
ya que tendría que ocuparse en alguna actividad que los demás estimaran útil. Las
personas buscarían dedicarse a aquellas funciones para las que se consideraran más
aptas y al hacerlo, según Smith (1958, 402), terminarían por atender una necesidad
social sin proponérselo, “como si los guiara una mano invisible”, que no es otra
cosa que las fuerzas del mercado: la interacción entre la oferta y la demanda como
mecanismo para armonizar el interés individual y el colectivo.
18
Implicaciones morales y éticas de la economía global
Partiendo de un principio tan simple y que es aplicable a una economía organizada a partir de mercados que funcionan en competencia perfecta, en los que
hay una gran cantidad de productores y vendedores que no pueden influir individualmente en el precio, se construyó un sólido discurso favorable a limitar la
intervención del Estado en las relaciones económicas. La idea de que el sistema
económico se autorregula y funciona mejor entre menos injerencia haya en los
mercados cobró fuerza y se convirtió en la base de la política económica liberal.
Esta visión es compatible con la visión general del liberalismo sobre el Estado, que
lo considera necesario para garantizar la vida y la propiedad de las personas, pero
que al mismo tiempo busca acotarlo para que no invada la esfera de las relaciones que los individuos establecen entre sí como particulares, entre las que sitúa a
las relaciones económicas.
Hay dos grandes problemas sociales con profundas implicaciones morales y
éticas que dejan de lado la idealización de la economía de mercado como el mejor
sistema económico posible: el problema de la distribución del excedente social y
el no menos grave problema de las externalidades, situaciones en las que el interés individual entra de forma clara en conflicto con los intereses de la sociedad.
El primero fue advertido por Marx y constituye la base de su crítica a la economía
política. Por su parte, el no menos grave problema de la pobreza se encuentra muy
relacionado con el de la desigualdad. Si bien se puede ser pobre en una sociedad
muy igualitaria y puede darse el caso de que no haya pobreza en países con una alta
concentración del ingreso, como algunos de los países que son grandes productores
de petróleo en el Medio Oriente, lo cierto es que históricamente la pobreza y la
desigualdad son dos fenómenos que suelen retroalimentarse. El segundo problema
es cada vez más visible en el desastre ambiental que estamos viviendo. Durante
décadas, los daños que genera la actividad económica no fueron considerados en
los costos de producción y aún ahora, la capacidad de los Estados para obligar a los
particulares a interiorizar los costos que generan por los daños que producen al
medio ambiente es limitada.
Es necesario no perder de vista que, a Smith y a la mayoría de sus seguidores,
los economistas políticos clásicos, les interesaba encontrar el mejor sistema económico posible para alcanzar la prosperidad general. En ese sentido, el adecuado
funcionamiento de los mercados era la solución para la pobreza que se desprendía
de su análisis. Una economía de mercados competitivos entraría en un círculo
19
Leonardo Lomelí Vanegas
virtuoso de crecimiento y elevación constante del nivel de vida mediante la profundización en la división del trabajo, que elevaría la productividad y con ello la
producción, la riqueza nacional, los salarios, el ingreso de las familias y el consumo,
lo que constituiría un nuevo estímulo para profundizar aún más la división del trabajo y alimentar un proceso de crecimiento económico con sucesivas mejoras en
los salarios reales y, por consiguiente, en los niveles generales de existencia. En el
planteamiento original de Smith este proceso podía ser ininterrumpido si se eliminaban las restricciones a la actividad económica (Roncaglia, 2006, 186).
El análisis sobre el crecimiento de la población que introdujo Malthus, que
señalaba que la población tendería a reproducirse si mejoraban sus condiciones de
vida hasta alcanzar la frontera de posibilidades de producción, condujo a los economistas clásicos posteriores a Smith a la conclusión de que el crecimiento económico
estaba limitado por la disponibilidad de tierras adecuadas para la producción de
alimentos. Esta conclusión terminó con el optimismo inicial de la economía política clásica y fue determinante para que la economía se convirtiera en la llamada
“ciencia lúgubre” en el siglo XIX, al llegar a la conclusión de que cuando se agotara la frontera agrícola se detendría el crecimiento económico y la economía llegaría a un estado estacionario (Schumpeter, 1971, 492).
El problema de la pobreza llevó a John Stuart Mill, el último gran economista
clásico, a realizar una reflexión sobre las posibilidades de redistribuir el ingreso.
En una economía que no crece, la pobreza solo puede reducirse a través de una redistribución del ingreso, por lo que Stuart Mill planteó los fundamentos de una
política fiscal redistributiva en la cual los impuestos sobre las herencias, al gravar
directamente la riqueza, deberían ser preferidos a los impuestos sobre la renta y
estos, a su vez, deberían preferirse a los impuestos sobre el consumo, ya que los
impuestos sobre la renta son proporcionales al ingreso de las personas y pueden
ser progresivos a medida que aumenta el ingreso, en tanto que los impuestos al
consumo se aplican sin importar la capacidad de pago del consumidor.
La redistribución del ingreso sería de esta forma la solución para los principales problemas sociales, mediante una política de asistencia social operada por el
Estado y la impartición de educación pública gratuita a las clases menesterosas. El
enfoque general tenía que ver con la corrección de situaciones que impiden el buen
funcionamiento de los mercados, sin que la intervención del Estado genere incentivos negativos al esfuerzo individual y al trabajo. Stuart Mill terminó reconociendo
20
Implicaciones morales y éticas de la economía global
que el buen funcionamiento de los mercados no bastaba por sí solo para corregir
algunos de los problemas sociales más acuciantes, en particular la pobreza y la
desigualdad. Ante la crítica del socialismo utópico en la primera mitad del siglo
y del marxismo en la segunda, él trató de avanzar en la identificación de aquellas
circunstancias bajo las cuales los mercados no funcionan de forma adecuada.
Entre las funciones necesarias del Estado en la economía, Stuart Mill incluyó las
facultades de imponer tributos, acuñar moneda y establecer un sistema uniforme
de pesos y medidas; la protección contra la violencia y el fraude; la administración de justicia y la vigencia de los contratos; el establecimiento y protección de
los derechos de propiedad, incluyendo la determinación del uso del entorno; la
determinación de los intereses de los menores y de los mentalmente incapacitados
y la provisión de determinados bienes y servicios públicos que, siendo de interés
general, no son provistos en forma adecuada por los particulares, ya que carecen de
incentivos económicos para hacerlo, como por ejemplo la construcción de carreteras, canales, diques, puentes, puertos, faros y servicios sanitarios (Stuart Mill, 1943,
681-686).
Las llamadas funciones facultativas del Estado incluían la protección al consumidor, la educación básica para clases menesterosas, la educación superior, la conservación del entorno natural, la regulación de los servicios públicos y la asistencia
social. Sin embargo, es necesario tener presente que Stuart Mill siempre señaló
estas intervenciones como excepciones a la regla, que establecía con claridad la
superioridad del mercado como mecanismo de asignación de los recursos. En
ese sentido, la acción del Estado debía estar encaminada solo a resolver casos de
excepción. En todos los demás casos, la interferencia del Estado se consideraba
nociva. Reconociendo la necesidad de la intervención pública, al economista político inglés le preocupaba que ésta se diera de tal forma que generara incentivos
para no trabajar.
El avance significativo del pensamiento económico sobre la pobreza con Stuart
Mill se debe al reconocimiento de que la capacidad de exclusión puede ser un
factor que impida que los esfuerzos individuales permitan por sí solos superar la
pobreza. En consecuencia, la política social que se desprende de este razonamiento
tiene que estar basada en la igualdad de oportunidades, no de la renta, reconociendo además la existencia de una desigualdad natural de esfuerzos y talentos.
Es por esto que las principales medidas que propuso Stuart Mill al respecto fueron
21
Leonardo Lomelí Vanegas
garantizar el acceso a la educación y a los servicios de salud para los pobres, sin que
se pensara en canalizar hacia ellos ayudas monetarias que podrían generar desincentivos al trabajo. La defensa que hace de la educación pública como igualadora
de oportunidades y como transmisora de valores laicos debe ser entendida dentro de este esquema de interpretación.
Al introducir la discusión sobre las funciones del Estado, el economista y filósofo político inglés planteó una agenda de investigación que sería retomada por
varios autores, desde los institucionalistas americanos de finales del siglo XIX –con
Thorstein Veblen a la cabeza–, hasta los intentos por construir, a partir de la economía neoclásica, una teoría de las fallas del mercado que constituye la columna
vertebral de la economía del bienestar. La historia de estas importantes corrientes
del pensamiento económico ameritaría en sí misma una reflexión aparte. Baste
decir que la complejidad del pensamiento de Stuart Mill sobre esta cuestión sigue
siendo, a casi 150 años de su muerte, muy sugerente para evaluar las tensiones
entre el individualismo y el interés general de la sociedad a mediados del siglo XIX.
El surgimiento de la economía del bienestar durante las primeras décadas del
siglo XX constituyó una aportación fundamental, que si bien fue un poco opacada
por la revolución keynesiana, en el largo plazo sentó las bases para el desarrollo de
la economía pública y de las herramientas fundamentales del análisis económico
aplicado al diseño y evaluación de políticas sociales. La economía del bienestar trató
de conciliar la preocupación fundacional de la disciplina por el bienestar general con
el modelo de equilibrio general planteado por León Walras en la segunda mitad del
siglo XIX. Toma como su punto de partida el principio de que los mercados competitivos son los mecanismos más eficientes de asignación de recursos, pero reconoce
la posibilidad de que dé lugar a una distribución del ingreso que no satisfaga a la
sociedad y que justifique la intervención del Estado para buscar otra más equitativa.
También reconoció la existencia de externalidades, situaciones en las cuales los costos privados de producción no coinciden con los costos sociales como, por ejemplo,
cuando se genera contaminación al producir o consumir un bien.
Una de las aportaciones más importantes de John Maynard Keynes consistió
en demostrar algo que antes que él, tanto Malthus como Marx ya habían advertido: la tendencia secular del capitalismo al desequilibrio y no al equilibrio, como
clásicos y neoclásicos sostenían basados en la noción de la economía como sistema
autorregulado. Otra fue la posibilidad de influir en la actividad económica a través
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Implicaciones morales y éticas de la economía global
de las políticas monetarias y fiscales. Y una particularmente importante, para los
fines que nos ocupan, fue situar la función social del gasto público en una posición
central para garantizar no solo el crecimiento económico sino el bienestar de la
población (Skidelsky, 2003, 833).
A la par que Keynes y sus seguidores daban esta discusión, se reconoció que el
bienestar no puede ser medido solo a partir del incremento del ingreso nacional
y del poder adquisitivo de la población. El concepto de desarrollo se va ampliando
para incluir no solo el crecimiento de los niveles de ingreso (nacional y por habitante) sino el acceso a un conjunto de bienes y servicios que comienzan a generalizarse
en los países económicamente más avanzados. Incluye también transformaciones
importantes en la estructura económica, caracterizadas por el crecimiento del sector industrial y la difusión del progreso técnico en los demás sectores, elevando la
productividad en el campo y liberando un excedente de población rural que migrará a la ciudad y se ocupará en las actividades industriales y de servicios. La teoría
del desarrollo se ocupará entonces no solo del tema del crecimiento, sino de los
cambios en la estructura demográfica, de la relación entre los principales sectores
de actividad económica, de las transformaciones sociales que estos cambios traen
consigo y, sobre todo, de la mejora continua de los niveles de vida de la población.
La teoría del desarrollo recibe un impulso importante en la segunda posguerra
cuando se acelera el proceso de descolonización y la recién creada Organización de
las Naciones Unidas (ONU) crea comisiones económicas para analizar la problemática de las principales regiones del mundo. Destaca el interés por analizar la diferencia en las brechas de crecimiento y bienestar entre los países más desarrollados
y el resto. Hasta entonces se había asumido de manera implícita que los beneficios
del crecimiento económico se extenderían de los países ricos al resto y al interior
de cada país, de los sectores con mayores ingresos a los que percibían menos, con
base en la teoría de la convergencia. Dicha teoría sostiene que, si se deja operar
a los mercados sin interferencias y se eliminan las restricciones a los factores de la
producción, los incentivos económicos conducen a una asignación eficiente de los
recursos, que canalizará la inversión a las zonas y países con menores salarios y
por esa vía estos tenderán a aumentar hasta igualarse con los ingresos de las zonas
más ricas. En la práctica, el resultado había sido muy distinto y, lejos de mejorar,
empeoró cuando en las últimas décadas del siglo XX el ascenso de las ideas neoli-
23
Leonardo Lomelí Vanegas
berales llevó a un proceso de liberalización comercial y desregulación económica
en el que aún se halla inserta la economía mundial.
La globalización excluyente
La desregulación de los mercados, impulsada por el ascenso del neoliberalismo, se
combinó con las tendencias de la tercera revolución industrial, iniciada en las últimas
décadas del siglo XX y que se caracterizó por el desarrollo de la computación, las
telecomunicaciones y la economía de la información (Aghion et al., 2020, 76). Ambos procesos fueron los factores principales que intensificaron la globalización, que
en sentido estricto no se había detenido. La globalización iniciada en la segunda mitad del siglo XIX había tenido una pausa durante la gran depresión, cuando
la mayor parte de los países del mundo recurrieron a políticas proteccionistas para
tratar de proteger su planta productiva y los empleos de su población. Después
continuó de manera gradual y razonablemente gobernada por las instituciones económicas creadas al final de la segunda Guerra Mundial durante el siguiente cuarto
de siglo.
A principios de los años setenta se presentaron diversas perturbaciones económicas, en un inicio relacionadas con el creciente déficit fiscal de varios gobiernos
y el fin del largo periodo de estabilidad cambiaria de la posguerra. Posteriormente,
éstas se agravaron con el abrupto incremento de los precios de los combustibles
–que provocó la creación de la Organización de los Países Productores de Petróleo–
y generaron un clima propicio para el ascenso de posiciones conservadoras, críticas
del intervencionismo estatal y favorables a la restauración de los mecanismos de
libre mercado que habían sido distorsionados dando lugar a resultados ineficientes.
Estas posiciones se hicieron gobierno, primero en el Reino Unido (1979), después
en Estados Unidos (1981) y ganaron más posiciones en los años ochenta, imponiendo una serie de reformas económicas con orientación de mercado, promovidas por
los principales organismos multilaterales a partir de esa década y que se profundizaron a principios de los ochenta, con el colapso del socialismo real en Europa
Occidental y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(Guillén, 2018, 327-328). El aparente triunfo de la economía de mercado sobre la
planificación central llevó a una radicalización de los planteamientos neoliberales.
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Implicaciones morales y éticas de la economía global
Esta desregulación, combinada con los procesos tecnológicos en curso que permitían que el mundo se encontrara cada vez mejor comunicado y que la población
accediera a flujos de información crecientes, aceleraron el proceso de globalización.
La reducción gradual pero sostenida de aranceles, que había caracterizado al periodo 1945-1985, cedió el paso a aperturas comerciales abruptas e indiscriminadas
que en muchos países, como México, tuvieron serias consecuencias sobre la planta
productiva y el empleo. Como señaló en su momento Erik Reinert (2007, 58):
La sociedad se polariza entre países ricos y países pobres y los de renta media tienden a
desaparecer. Los intentos desde la década de 1950 hasta la de 1970 de crear mediante
la industrialización países de renta media, aunque sus industrias no fueran todavía
internacionalmente competitivas, fueron después desmantelados por la terapia de choque de un libre comercio demasiado repentino.
En principio, parecería que una apertura comercial es benéfica, siguiendo con el
razonamiento propuesto de forma inicial por Adam Smith: es mejor comprar lo
que necesitamos comprar de la manera más barata posible (White, 2014, 431).
Este argumento, desarrollado por David Ricardo dio origen a la teoría del comercio
internacional que, con diversos ajustes, sigue siendo una de las piedras angulares
del enfoque económico dominante. Con base en esta teoría, los países deberían
especializarse en producir aquellos bienes en los que enfrentan menores costos y
adquirir el resto a precios más baratos en el mercado mundial.
La teoría del comercio internacional parte del supuesto de que no hay ventajas
adicionales en el patrón de comercio adoptado por cada país. Sin embargo, la evidencia histórica señala que dependiendo del tipo de bienes que comercien en el mercado mundial, unos países obtendrán mayores ventajas que otros y que por esta
vía tendrán mayores ganancias en el largo plazo. Éste ha sido el caso de los países
que se han especializado en la exportación de bienes manufacturados respecto a
aquellos que se han dedicado principalmente a exportar materias primas. La forma
en la que evolucionan los precios de ambos tipos de bienes en el largo plazo implica una ganancia a favor de aquellos países que se especializan en la producción de
bienes manufacturados y servicios especializados, lo que constituye un mecanismo
adicional de concentración del ingreso entre los países, como lo demostró en su
momento Raúl Prebisch (1986, 195).
25
Leonardo Lomelí Vanegas
La principal evidencia de que la teoría del comercio internacional no explica el
funcionamiento de los mercados globales en el mundo real es el hecho de que ningún país se ha desarrollado practicando en todo momento el libre comercio. Como
señaló Erik Reinert (2007, 23), “los países ricos tienden a instigar a los pobres a
aplicar teorías que ellos mismos nunca han seguido y probablemente nunca seguirán”. El caso más paradigmático en ese sentido es el de Estados Unidos, que siguió
una política abiertamente proteccionista hasta que se convirtió en la potencia económica dominante y asumió el papel del Reino Unido como principal defensor del
libre comercio.
De esta manera, la apertura comercial por sí misma no tiene un efecto positivo
en los países que la practican si no va acompañada de otras políticas que ayuden a
mitigar sus efectos negativos de corto plazo. Pero si además va acompañada de una
liberalización de capitales, puede tener como resultado que las grandes empresas
dirijan sus inversiones a los países con abundancia de mano de obra, bajos salarios
y menos poder de negociación para aumentar su tasa de ganancia y, de esta manera, también los trabajadores de los países desarrollados terminan siendo afectados
por el modo en el que se gestiona la apertura. Como lo advirtió Stiglitz (2012, 111):
La forma en que se ha gestionado la globalización ha conducido de por sí a unos salarios
todavía más bajos, porque se ha reducido al mínimo la capacidad de negociación de
los trabajadores. Con una elevada movilidad de capital –y con unos aranceles bajos–,
las empresas solo pueden decirles a los trabajadores que si no aceptan unos salarios
más bajos y unas peores condiciones de trabajo, la compañía se trasladará a otro lugar.
El economista egipcio Samir Amin, fallecido de manera reciente, señaló que la
intensificación de la globalización era en gran medida una respuesta del capital
para revertir las conquistas sociales de la segunda posguerra. La relocalización de
la producción mundial mediante el desplazamiento de los procesos intensivos en
mano de obra a los países en desarrollo cumplía el doble propósito de eludir el pago
de salarios y prestaciones del primer mundo y también beneficiarse de regímenes
fiscales más blandos. Al mismo tiempo, la insistencia en la desregulación de los
mercados de bienes y servicios y en la liberalización financiera abrió el camino
para que tanto las inversiones productivas como las especulativas pudieran eludir
los controles de sus países de origen, propiciando que el ciclo económico se hiciera
26
Implicaciones morales y éticas de la economía global
más inestable, con crisis más frecuentes que tenían su origen en muchos casos
en las economías emergentes. La gran paradoja que encontró Samir Amin (2003,
10) era que el crecimiento económico y el avance tecnológico alcanzado durante
el periodo de aceleración de la globalización, iniciado en las últimas décadas del
siglo XX, habían generado una concentración de los recursos aún mayor que la
precedente:
Potencialmente, el grado de conocimiento científico y técnico alcanzado hoy permitiría
resolver todos los problemas materiales del conjunto de la humanidad, pero la lógica que
transforma el medio en fin: la ley del beneficio y la acumulación ha producido a la vez
un despilfarro gigantesco de dicho potencial y una desigualdad en el acceso a los resultados como no se ha conocido en toda la historia.
La restauración del llamado capitalismo salvaje, sin restricciones a los flujos especulativos de capital y agravado con el creciente poder de las empresas trasnacionales,
se ha traducido en una economía global más inequitativa e inestable, propiciando
una inseguridad económica similar a la que padeció el mundo hasta la reforma
del capitalismo durante la Gran Depresión, cuando se crearon sistemas de protección social y se aumentó la carga fiscal al capital para financiarlos. Es importante
destacar que esta restauración ha provocado severos costos sociales y ambientales
que la hacen inviable. Esta situación nos obliga a buscar alternativas que permitan
reencauzar el desarrollo sobre nuevas bases, que atiendan las necesidades de la
mayoría y la viabilidad de la especie y de la vida en el planeta. Se trata de una tarea
urgente si queremos evitar una catástrofe social y ambiental.
La inviabilidad histórica y ambiental del capitalismo salvaje
Desde los años treinta, cuando los Estados nacionales asumieron la necesidad de
intervenir de manera más activa en la regulación del sistema económico, y hasta
los años ochenta, que se dio un viraje a nivel mundial a favor de reducir dicha
intervención, el mundo vivió un experimento que aunque no estuvo libre de contradicciones y problemas logró avances importantes en la mayoría de los países
en la reducción de la desigualdad, combinado con las altas tasas de crecimiento y
27
Leonardo Lomelí Vanegas
mejoras en los principales indicadores sociales. La característica principal de este
experimento fue el incremento de la carga tributaria y la expansión del gasto social,
así como los avances importantes en el reconocimiento de los derechos sociales.
Las perturbaciones económicas de los años setenta propiciaron una revisión y
una fuerte crítica de las políticas económicas de inspiración keynesiana que habían
predominado en la segunda posguerra. La salida que propusieron los economistas
más liberales a las crisis de la década de 1970 fue una restauración de los mecanismos de mercado y una reducción del intervencionismo estatal. Traducido al ámbito
de las relaciones comerciales, este ideario impulsó la apertura comercial y la desregulación financiera internacional. Fue así como se intensificó una globalización
que, en sentido estricto, nunca se había detenido, pero que había sido gobernada
hasta entonces por las instituciones multilaterales pactadas en Bretton Woods
por los aliados, antes del fin de la segunda Guerra Mundial: el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio,
sustituido en 1995 por la Organización Mundial de Comercio. El argumento principal que sostenían estos economistas era que se podría corregir el crecimiento
económico sobre bases más sólidas y en beneficio de todos. Esta pretensión –señala
Stiglitz (2012, 111)– tiene dos aspectos cruciales:
El primero es que la globalización aumenta la producción total del país, tal y como se
mide, por ejemplo, en términos de PIB. El segundo es que, si el PIB aumenta, la teoría
económica del goteo hacia abajo garantiza que todo el mundo sale ganando. Ninguno
de los dos aspectos es correcto. Es cierto que cuando los mercados funcionan perfectamente, el libre comercio permite que la gente se traslade de sectores protegidos a
sectores más eficientes, no protegidos y dedicados a la exportación. Como consecuencia
puede producirse un aumento del PIB. Pero a menudo los mercados no funcionan así
de bien. Por ejemplo, los trabajadores desplazados por las importaciones a menudo no
consiguen encontrar otro empleo. Se convierten en parados.
La apertura comercial y la liberalización financiera se intensificaron a fines del
siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, al amparo de lo que se definió como
el Consenso de Washington, para aludir al acuerdo que existía entre los principales organismos internacionales garantes de la estabilidad económica internacional (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuyas sedes están en
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Implicaciones morales y éticas de la economía global
Washington) y el gobierno de los Estados Unidos. Se trataba de un conjunto de
recomendaciones para instrumentar reformas con orientación de mercado o profundizar en ellas. En su conjunto, el Consenso de Washington no solo fracasó en
orientar hacia el desarrollo a los países que adoptaron sus políticas, como México,
sino que contribuyó a aumentar la volatilidad de la economía mundial. La paradoja
estriba en que cuando estalló la crisis de 2008, rápidamente se pidió la intervención de los Estados y el retorno a las políticas keynesianas de estímulo a la demanda
y a la inversión que se consideraban superadas. Al ser interrogado sobre las causas y
las consecuencias de la crisis financiera que a su vez devino en económica, iniciada
en 2008, Stiglitz (Krugman et al., 2009, 62) declaró:
La agenda de la globalización ha estado estrechamente relacionada con los fundamentalistas del mercado –la ideología de los mercados libres y la liberalización financiera–. En
esta crisis vemos que la mayoría de las instituciones hacia el mercado en la economía
más orientada al mercado están cayendo y acudiendo al gobierno en busca de ayuda…
en ese sentido, la caída de Wall Street es para el fundamentalismo de mercado lo que
la caída del Muro de Berlín fue para el comunismo.
El regreso al capitalismo salvaje que guió la primera globalización resulta inviable
al menos por tres razones. La primera, porque el propio avance de las fuerzas productivas hace más inestable el ciclo económico y puede conducir a crisis más severas y recurrentes que las ocurridas en aquel entonces, como ya lo hemos visto. La
segunda, porque es socialmente inviable ya que mientras no se incluya también la
movilidad de las personas, la apertura comercial y la liberalización financiera favorecerán la concentración del ingreso y la ampliación de las brechas entre los países
y las regiones más ricas y las más pobres. Y la tercera, porque seguir creciendo con
los patrones de consumo actuales implicaría un colapso ambiental que pondría en
riesgo la viabilidad misma de la especie y de la vida en el planeta. Por lo tanto, la
solución no está en restaurar las instituciones que hicieron posible la expansión
económica de la segunda posguerra y en tratar de reconstruir simplemente los
estados de bienestar ahí en donde todavía existen, sino en asumir la necesidad
de una nueva estrategia de desarrollo global que incorpore el desarrollo social y la
sostenibilidad ambiental, como lo definió de manera acertada el Manifiesto por el
29
Leonardo Lomelí Vanegas
progreso social (Fleurbay, 2020, 174) elaborado por más de trescientos científicos
sociales que participaron en el Panel Internacional sobre Progreso Social:
Los diseñadores de los sistemas de bienestar en el último siglo no tuvieron que lidiar con
el problema ambiental con la misma urgencia que debemos hacerlo hoy. Para lidiar con el
problema de sostenibilidad, cualquier modelo de Estado de bienestar debería incorporar
un manejo profundo de las externalidades: las ambientales, pero también las sociales,
son omnipresentes y generan asignaciones de recursos ineficientes. Si los impuestos y
los subsidios ayudaran a los tomadores de decisiones privados a internalizar los efectos
externos de sus elecciones, la economía podría ser mucho más eficiente.
La necesidad de cumplir y ampliar los compromisos en materia ambiental asumidos por la mayor parte de los países en los últimos años es ineludible. La generación de gases de efecto invernadero asociada al actual patrón de crecimiento es
insostenible por sus efectos en el cambio climático, que se ha traducido en un
calentamiento global que ya está afectando no solo la temperatura, sino el régimen
pluvial, el derretimiento de las masas de hielo de los polos y los glaciares, con la
consecuente elevación del nivel de los océanos y con graves consecuencias sobre
la vida en el planeta. Como señalaron Mario Molina, José Sarukhán y Julia Carabias
(2017, 177):
A pesar de que el cambio climático es ya irremediable, si se actúa con urgencia y de
manera decisiva todavía estamos a tiempo de evitar costos y consecuencias mayores y
potencialmente catastróficas para el desarrollo de las naciones y para los sistemas ecológicos en el planeta. Se trata de una decisión de una gran trascendencia social y ética,
además de económica y ambiental, y sus efectos son tanto para el presente como para
el futuro. Es un compromiso transgeneracional.
Se requieren acciones inmediatas cuyos resultados tardarán mucho tiempo en
concretarse. Dicho de otro modo: la actual generación debe asumir los costos de
medidas cuyos beneficios serán visibles para las próximas generaciones. De ahí la
desidia y, en no pocos casos, la inconsistencia de algunos gobiernos para cumplir
con los acuerdos globales para mitigar los efectos negativos de la actividad económica sobre el medio ambiente. Por eso es muy importante generar una mayor
30
Implicaciones morales y éticas de la economía global
conciencia sobre los riesgos ambientales que enfrenta el planeta, para establecer
un mayor compromiso por parte de todos los Estados en el cumplimiento de los
acuerdos globales ya suscritos y la posibilidad de alcanzar otros que permitan avanzar en esta misa dirección. Como lo señaló a principios de este siglo Nicholas Stern
(2007) en el informe que presentó al primer ministro y al ministro del Tesoro del
Reino Unido sobre la economía del cambio climático, hay un conjunto de razones
económicas, ambientales y morales que hacen imperativa la adopción de medidas
cuyos efectos habrán de beneficiar principalmente a las siguientes generaciones:
Si bien es cierto que nadie puede predecir con certeza las consecuencias del cambio climático, sí que contamos con suficientes conocimientos para percatarnos de los riesgos.
La mitigación (puesta en práctica de firmes medidas para reducir las emisiones) deberá
entenderse como una inversión, un coste incurrido ahora y en las próximas décadas
para evitar el riesgo de consecuencias muy graves en el futuro. Si estas inversiones
se realizan acertadamente, los costes serán razonables y, al mismo tiempo, se abrirá
una amplia gama de opciones de crecimiento y desarrollo. A fin de que esto funcione
de manera adecuada, la política deberá promover señales de mercado bien fundadas,
superar los fracasos del mercado y colocar la equidad y la mitigación de riesgos en su
mismo centro.
En consecuencia, es no solo deseable, sino necesario tratar de reencauzar la globalización atendiendo una consideración ética, relacionada con la preservación de la
vida en el planeta para el beneficio de las generaciones futuras y otras de índole
moral, como la reducción de las brechas de desarrollo que separan a las regiones
más ricas de las menos prósperas y a los hogares más ricos de los más pobres dentro de un mismo país. De lo contrario, está en riesgo el futuro de la humanidad. En
gran medida, la creciente inestabilidad global que estamos viviendo es resultado
de una globalización guiada por el afán de lucro que ha profundizado esas brechas
y al hacerlo ha erosionado el tejido social al interior de los países y propiciado una
mayor desigualdad a nivel mundial, que también pasa la factura a los países desarrollados de múltiples maneras.
31
Leonardo Lomelí Vanegas
¿Es posible gobernar la globalización e imponerle compromisos
éticos y morales?
Sí lo es, si dejamos de ver a los mercados como entidades metafísicas y asumimos
la responsabilidad global, a través de los Estados nacionales y los organismos multilaterales, de regularlos en beneficio del interés de la mayoría de los habitantes
del planeta. De forma evidente, la dificultad principal estriba en lograr acuerdos
entre los Estados para reconstruir la institucionalidad económica internacional.
Para lograr este objetivo es necesario reformar a la ONU, aspiración ampliamente
compartida y pospuesta, para que no prevalezcan en sus decisiones y acciones los
intereses de los países más poderosos.
Después de décadas en las que se insistió en la existencia de un único camino
posible para encauzar el desarrollo mundial, hoy contamos con voces disidentes
incluso en los principales centros económicos y académicos del mundo, que señalan la necesidad de impulsar un cambio. Incluso economistas destacados de la
academia anglosajona como los ganadores del Premio Nobel de Economía Joseph
Stiglitz, Paul Krugman, George Akerloff y David Card, han sido muy críticos con la
manera en la que se ha manejado la globalización y han contribuido a desmentir
los mitos sobre los que se construyó la gestión neoliberal de ésta. A modo de ejemplo, sobre la paradoja de la apertura de las fronteras al comercio y la inversión en
contraste con los muros que se han levantado a la migración, Stiglitz (2012, 111)
señaló:
Para ver cómo una globalización asimétrica puede afectar el poder de negociación, imaginemos, por un momento, cómo sería el mundo si hubiera libre circulación de mano
de obra, pero no de capital. Los países competirían por atraer trabajadores. Prometerían
buenos colegios y un buen medio ambiente, así como menos impuestos a los trabajadores. Ello podría financiarse con unos elevados impuestos sobre el capital. Pero ese no es
el mundo en que vivimos y en parte se debe a que el 1 por ciento no quiere que sea así.
Hace casi dos décadas el economista colombiano José Antonio Ocampo veía ya en
la centralidad adquirida por los derechos humanos y su expansión a los derechos
económicos, sociales y culturales el eje integrador y progresista de una economía
y una política al servicio de una globalización más incluyente. En su opinión, es
32
Implicaciones morales y éticas de la economía global
la única forma de que la política social esté subordinada a la política económica
y no se le asigne una función meramente compensatoria. Coincido con él cuando
señala:
La búsqueda de mayores niveles de bienestar para la población exige un crecimiento económico dinámico, pero ese resulta insuficiente cuando los patrones de desarrollo
económico generan tendencias distributivas desfavorables, como una y otra vez lo ha
reiterado la experiencia latinoamericana. En estas condiciones, la política social, por
acertada que sea, no puede corregir estas tendencias adversas. Expresado en términos
del análisis sobre funciones/instituciones públicas, esto implica que el cumplimiento
de los objetivos sociales del desarrollo no se puede lograr sin incidir sobre el funcionamiento de los mercados o, expresado en otros términos, que será imposible avanzar
en el desarrollo social si los objetivos sociales no se colocan en el centro de la política
económica (Ocampo, 2004, 173).
Es necesario adoptar un enfoque integrado del desarrollo que asuma como eje principal la búsqueda de la igualdad, como lo ha señalado reiteradamente la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe bajo la dirección de la mexicana Alicia
Bárcena. Un enfoque que reconozca la necesidad de cerrar las brechas sociales,
reactivar el crecimiento sobre bases más sólidas y asumir las restricciones ambientales como una gran oportunidad para impulsar un nuevo estilo de desarrollo. Para
ello se requiere un cambio estructural progresivo como trayectoria hacia la igualdad, que vaya más allá de la redistribución mediante la política fiscal y busque
aumentar la participación de los sectores intensivos en conocimiento en los países
desarrollados, con miras a una mejor inserción global de estas economías (Bárcena
y Prado, 2016, 13-15). La reducción de las emisiones de carbono, la transición
energética, el reordenamiento territorial y la restauración de ecosistemas deben
ser vistas como valiosas oportunidades para reorientar el desarrollo sobre bases
económicas, sociales y ambientales más firmes.
Frente a las tendencias hasta hoy dominadas por las fuerzas centrífugas de
la competencia global, hoy más que nunca es necesario generar visiones de largo
plazo, incluyentes y afirmativas de la cohesión social. Éstas deberían ser las líneas
de acción para una revisión y actualización de las instituciones internacionales, con
el propósito de darle otro sentido a la globalización para aspirar a un orden global
33
Leonardo Lomelí Vanegas
que asuma de forma explícita un compromiso para reducir las asimetrías profundas que han ahondado las tendencias globalizantes en curso (Ocampo, 2004, 173187). En el largo plazo, la reducción de la desigualdad beneficia a todos, incluso a
los países más desarrollados que al mismo tiempo enfrentan crecientes presiones
migratorias, porque la concentración de los beneficios de la globalización los hace
cada vez más atractivos para la población que desea escapar de la pobreza, la precariedad y los conflictos, tanto internos como entre países.
La crisis provocada por la epidemia del SARS-CoV-2 puso en evidencia los contrastes entre los aspectos positivos y negativos de la globalización. Por un lado, la
cooperación internacional permitió en un tiempo excepcionalmente corto contar
con vacunas eficaces para prevenir las manifestaciones más agresivas de la enfermedad que provoca el virus y reducir los contagios. Pero también salta a la vista la
lentitud con la que se pudo vacunar a la población de los países y las regiones más
pobres. El hecho de que varias de las nuevas variantes tengan su origen en estos
lugares, hace evidente la necesidad de garantizar el acceso a las vacunas y los medicamentos necesarios para enfrentar estas y otras amenazas globales para la salud
a toda la población mundial, sin importar el poder adquisitivo de las personas o la
capacidad económica o de negociación de los Estados nacionales.
La emergencia sanitaria que hemos enfrentado en los últimos dos años debiera
servirnos para reconocer la necesidad de reorientar la globalización, aprovechando sus aspectos positivos y regulando los más negativos. Ha puesto a discusión la
importancia de considerar a la salud un derecho y no una mercancía y de sumar
esfuerzos a nivel global para que así sea. La epidemia ha evidenciado que en una
situación de riesgo global no se pueden salvar solamente los ricos dejando atrás a
los pobres: la aparición en África de la variante ómicron del coronavirus revela que
si no se hace un esfuerzo por ayudar a los países más rezagados en el combate a
la pandemia a salir adelante, los costos se extenderán por todo el planeta, por los
aspectos irreversibles de la globalización. En el largo plazo, ese reconocimiento
debiera comprometernos a buscar, como lo propone Angus Deaton, que el acceso a
la salud ya no sea un factor adicional de ampliación de la desigualdad entre países
y al interior de estos. Deaton (2015, 190) contrasta así los avances con los rezagos
en materia de salud y nutrición en el mundo:
34
Implicaciones morales y éticas de la economía global
Los pueblos del mundo no solo están viviendo vidas más largas o se están enriqueciendo; las personas se están volviendo más altas y más fuertes, lo que acarrea varias consecuencias buenas que posiblemente incluyen un incremento de la habilidad cognitiva. Pero
igual que en los casos de la mortalidad y el dinero, la distribución de los beneficios ha
sido desigual… Así que, aun cuando un gran número de personas ha realizado su escape, millones más se han quedado atrás, de lo que se deriva un mundo de diferencia en
el cual la desigualdad es visible incluso en el cuerpo de las personas.
Hoy más que nunca se necesita poner el avance científico y tecnológico que hemos
alcanzado a disposición de toda la humanidad, pero este objetivo escapa a la lógica
de mercado: requiere de acuerdos y compromisos entre Estados nacionales y al
interior de estos, entre los gobiernos y la sociedad civil. En el plano internacional,
esto se traduce en acuerdos para la transferencia de tecnología, nuevos esquemas
de cooperación, financiamiento para el desarrollo y donación de vacunas, medicamentos, equipos e insumos para la salud. También en el compromiso renovado de
la humanidad por una nueva institucionalidad internacional que ayude a preservar
el medio ambiente, a restaurar los daños que aún son reversibles, a regular los
flujos especulativos de capital y a encauzar la migración con respeto a los derechos
humanos. Al interior de cada país, se requieren acuerdos distributivos que se traduzcan en nuevos pactos fiscales con derechos y obligaciones claramente definidos
y el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia ambiental. Como
señala el Informe sobre la desigualdad 2018 (Alvaredo et al., 2018, 15), “el hecho
de que los niveles de desigualdad sean tan diferentes entre países, aunque tengan
niveles de desarrollo similares, resalta el importante papel que tienen las políticas
y las instituciones nacionales en la formación de la desigualdad”.
La propuesta del presidente norteamericano Joe Biden de crear un impuesto
global que grave a las corporaciones trasnacionales es un paso muy adecuado en
la dirección de gobernar la globalización para alcanzar una mejor distribución de
los recursos, pero para construir una globalización más incluyente se requiere una
reforma del sistema de gobernanza global, que ponga en el centro de los objetivos
mundiales la mitigación de los efectos negativos del cambio climático y acciones
encaminadas a reducir la desigualdad entre los países. Es necesario construir un
nuevo sistema económico global que asegure al mismo tiempo crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental (Bárcena y Prado, 2016, 7).
35
Leonardo Lomelí Vanegas
No son objetivos fáciles de alcanzar, porque los equilibrios entre el Estado y el mercado en el capitalismo siempre han sido inestables, pero en una perspectiva de largo
plazo hay elementos que permiten concluir que tampoco son imposibles de alcanzar. Como señaló poco antes de su muerte el economista inglés Anthony Atkinson
(2016), destacado especialista en temas de desigualdad:
La consecución de una sociedad menos desigual en el período de la Segunda Guerra
Mundial y en las décadas de la subsecuente posguerra no ha sido derribada completamente. A nivel global, la gran divergencia entre los países asociados con la Revolución
Industrial se está cerrando. Es cierto que desde 1980 hemos visto un “vuelco de desigualdad” y que el siglo XXI trae consigo desafíos en términos del envejecimiento de la
población, el cambio climático y los desequilibrios globales. Pero las soluciones a estos
problemas están en nuestras manos. Si deseamos emplear la mayor riqueza contemporánea para acometer estos desafíos y aceptamos que los recursos deben compartirse
menos desigualmente, en realidad existen motivos de optimismo.
Para que ese optimismo llegue a concretarse es necesario hacer a un lado la fe ciega
en los mercados y, sobre todo, reconocer la urgente necesidad de un acuerdo global
que se exprese también al interior de cada país con el fortalecimiento de los derechos sociales en su sentido más amplio, que incluye a los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales. Y para que esto ocurra, es necesario fortalecer
a la democracia como forma de gobierno, pero también como mecanismo de deliberación pública y construcción de acuerdos. El objetivo debe ser que la salud, la
educación y un medio ambiente sano estén al alcance de toda la población mundial, sin importar su poder adquisitivo. Si se logra este importante avance y se pone
la globalización al servicio del bienestar general y no de los intereses particulares,
el siglo XXI habrá valido la pena. Una agenda ambiciosa, pero necesaria si queremos
darles un futuro más promisorio y sobre todo viable a las próximas generaciones.
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Implicaciones morales y éticas de la economía global
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38
Comentario a Leonardo Lomelí Vanegas
Armando Sánchez Vargas
El eje conductor de la disertación del Dr. Lomelí es la discusión de las implicaciones
éticas y morales asociadas a los resultados negativos del modelo globalizador neoliberal, que ha impuesto la lógica del libre mercado por encima de los intereses
nacionales y de las mayorías a nivel global. De hecho, la evidencia histórica muestra
que dicho modelo ha generado una enorme concentración del ingreso y ampliado las brechas en la calidad de vida entre los países ricos y pobres. Este tipo de
resultados llevan a concluir que no solo por razones económicas sino también por
razones éticas y morales se debería revisar la manera en la que se ha desarrollado
la globalización y hacer un esfuerzo para proponer alternativas que moderen sus
aspectos más concentradores y excluyentes. Es decir, se requiere generar cambios
globales que rencaucen la economía hacia un nuevo orden internacional más justo
e incluyente.
En este contexto, se plantea la urgente necesidad de reconfigurar el capitalismo
moderno para generar un mayor bienestar global, lo anterior mediante acuerdos
impulsados a través de las instituciones internacionales. Para llegar a esta conclusión, el documento hace un recorrido particular sobre los aspectos históricos del
liberalismo económico; abarcando los razonamientos de autores como Adam Smith,
John Stuart Mill, Walras, etc. Asimismo, se hace énfasis en la idea de que las visiones originales y más antiguas del liberalismo han visto a la economía de mercado
como un sistema autorregulado capaz de garantizar la mejor asignación posible de
los recursos. Sin embargo, el Dr. Lomelí cuestiona la versión moderna del liberalismo, el neoliberalismo actual, en el que se sostiene que el libre mercado materializa
el bienestar mediante la apertura de mercados de bienes y de capitales, pero que
no propone la apertura de los mercados de trabajo. Así, la migración de los seres
humanos no ha sido permitida mostrando el carácter excluyente que ha asumido
la globalización neoliberal en los últimos años.
39
Armando Sánchez Vargas
De hecho, el modelo neoliberal ha admitido que en la realidad se cumple una
serie de supuestos que difícilmente son observables en la vida real. Uno de los
supuestos es que, si se deja a cada individuo actuar en función de sus intereses
individuales, se alcanzaría el mejor resultado socialmente eficiente, pero lo que
hemos visto es que más bien ha surgido un abismo entre las promesas de la globalización y los resultados efectivos en el bienestar. Así, existen dos grandes problemas
sociales que tienen profundas implicaciones morales y éticas acerca del funcionamiento del liberalismo globalizador: el primer problema es la injusta distribución
de la riqueza, y el segundo, el de las externalidades, situaciones en que el interés
individual entra en conflicto con los intereses de las mayorías.
La contribución más importante de la disertación es la idea de que la restauración del capitalismo de libre mercado ha provocado severos costos sociales y
ambientales, lo que hace inviable preservar al sistema capitalista tal cual como está
funcionando hoy. Así, surge la obligación global de buscar alternativas a este capitalismo que permitan rencauzar el desarrollo económico y el bienestar humano sobre
nuevas bases que atiendan a las necesidades de las mayorías y que hagan viable la
vida en el planeta. De hecho, profundizar en la ruta del capitalismo salvaje resulta
inviable por tres razones: la primera, porque el avance de las fuerzas productivas
hace más inestable al ciclo económico y podría conducir a crisis más severas en el
futuro; la segunda, porque mientras no se incluya la movilidad de las personas, la
apertura comercial y la liberalización financiera favorecerán, aún más, la concentración del ingreso. Finalmente, la tercera, porque el patrón de consumo actual
implicaría un colapso ambiental que pondría en riesgo la viabilidad de la especie
humana y de la vida en el planeta. En consecuencia, el Dr. Lomelí concluye que se
debe rencauzar la globalización atendiendo a una consideración ética relacionada
con la preservación de la vida en el planeta y otra de índole moral asociada con la
reducción de las brechas del desarrollo que separan a las regiones más ricas de las
menos prósperas.
El valor agregado de la reflexión que nos presenta el Dr. Lomelí se resume en la
siguiente pregunta: ¿Es posible gobernar la globalización e imponerle compromisos
éticos y morales? La conclusión es que sí, pero solo si dejamos de ver a los mercados
como entidades metafísicas que generan bienestar y asumimos la responsabilidad,
a través de los Estados nacionales y los organismos multilaterales, de regular en
beneficio del interés de la mayoría de los habitantes del planeta. Así, construir una
40
Comentario a Leonardo Lomelí Vanegas
globalización más incluyente requiere una reforma en el sistema de gobernanza global que coloque en el centro de la discusión la reducción de los efectos negativos
del cambio climático y el impulso de las acciones encaminadas a reducir la desigualdad entre países.
41
Derechos humanos: miradas locales
ante fenómenos globales3
Nashieli Ramírez Hernández
Introducción
La globalización entraña dimensiones e implicaciones en la esfera económica,
financiera, política, jurídica, cultural y social. Este concepto es propio del desarrollo
del sistema de capital e implica la reproducción de sus características. Es natural,
por lo tanto, que a la par de ese fenómeno, cuya pauta ha sido marcada por el Norte
Global, exista una reacción representada por el Sur Global y que tanto una como
la otra puedan describirse en términos generales para señalar algunos impactos o
retos que la globalización impone al ejercicio de los derechos humanos.
La mirada alternativa a la globalización hegemónica, es decir, la del Sur Global,
merece algunas precisiones. Una de ellas es que no debe ser entendida estrictamente en términos geográficos, sino que se refiere a las exclusiones como consecuencia
de una relación de poder más allá del territorio. Es decir, alude a la globalización
“resistente y emancipadora” tal como la describen Boaventura de Sousa Santos
(1998), Michel Wieviorka,4 o desde la geografía a partir del trabajo de Christophe
Guilluy, quien ha explicado los procesos de las sociedades periféricas expresados
por “los chalecos amarillos” en Francia, de quien comparto su aproximación sobre
3
4
Capítulo derivado de la 2ª sesión del Seminario Permanente “Globalización desde un enfoque de derechos”, 18 de febrero de 2022, https://www.youtube.com/watch?v=YwnYmqFethE
Sociólogo francés nacido en 1946 que ha seguido con rigor los rumbos de los “chalecos amarillos” como
forma de insurrección popular. Su obra sociológica teórica fincó las bases para la construcción de una
suerte de sociología de la acción a partir de los consumidores de la década de 1970. Ello lo llevó a interesarse en los movimientos sociales y en fenómenos como el racismo, el terrorismo y la violencia (Febbro,
2019).
42
Derechos humanos: miradas locales ante fenómenos globales
el complejo fenómeno de la globalización y asocio sus descripciones con los hechos
que observo en lo cotidiano con motivo de la labor institucional que desempeño.
Día a día vemos expresiones de lo global en la arena local, tales como los movimientos feministas, los escenarios de urgencia humanitaria como la migración, la
constatación de la precarización laboral y la dificultad para que el Estado garantice
la seguridad social –aún más a partir de pandemia de COVID-19–, la gentrificación
por el avance inmobiliario y otras manifestaciones de la globalización que involucran el ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos. Estos hechos
son ejemplo, al mismo tiempo, de la globalización de lo local y la localización de lo
global, como los autores referidos han planteado.
Por ello, comenzaré acotando los elementos que conforman el globalismo al que
me refiero y sus características, después ejemplificaré tal planteamiento con casos
concretos, para luego concluir con que el ámbito local es el escenario en el que se
materializan los grandes retos globales y que, por tal razón, es necesaria la atención
pública y el acompañamiento y soporte a ese ámbito territorial en su institucionalidad y tejido comunitario, entre otros.
En cuanto a las esferas de globalización (económica, política, cultural, jurídica
y social), un ejemplo de la globalización jurídica está depositada en el propio desarrollo de los derechos humanos. Podemos constatar la pertinencia de contar con un
acuerdo generalizado entre las naciones en torno a que exista un estándar de protección y avance progresivo para el desarrollo amplio de las personas y colectivos.
Aun así, es propio reconocer que el derecho internacional de los derechos humanos no está exento de representar los procesos globalizadores hegemónicos y
que, por fortuna, ha sido también receptivo de las resistencias emprendidas desde
la exclusión para demandar la representatividad de grupos tradicionalmente excluidos en ese sistema jurídico universal y regional; tal ha sido el caso de: personas con
discapacidad; niñas, niños y adolescentes; pueblos indígenas; personas migrantes,
entre otros.
Conforme el sistema hegemónico del derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido los movimientos de resistencia, por llamarlos de algún modo,
ese propio sistema ha desarrollado en su doctrina elementos para darle cabida a esa
representatividad.
Quizás el ejemplo más atinado de esa evolución es el desarrollo de instrumentos jurídicos que fijan de manera directa el catálogo de principios y derechos para
43
Nashieli Ramírez Hernández
grupos históricamente excluidos tal como la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Organización de las Naciones
Unidas [ONU], 1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), entre
otras.
Un segundo ejemplo de ese desarrollo jurídico global en materia de derechos
humanos se encuentra en el planteamiento de elementos de tales derechos como
accesibilidad, disponibilidad, calidad, adaptabilidad y aceptabilidad. De forma particular, los dos últimos elementos –aceptabilidad y adaptabilidad– apuestan a contextualizar los derechos, las obligaciones de las instituciones y el modo de dar
cumplimiento con éstas, así como a adecuar todo lo anterior para su pertinencia
cultural, lo que podría entenderse como una corriente atenuante de la globalización
jurídica que sigue el camino de la homologación o unificación de maneras de aplicar los derechos.
Es decir que la aceptabilidad, por ejemplo, es el elemento que permite y obliga a la adaptación de los contextos, las identidades locales. Al desarrollo de los
elementos de los derechos humanos se suman, como ejemplo emancipador de las
estructuras jurídicas globalizantes, el análisis interseccional y el enfoque diferencial
que reconoce la diversidad, el contexto y la acumulación de factores de exclusión
de personas y comunidades. Lo que significa que aun cuando los derechos humanos han sido gestados para conformar un sistema global, pueden y deben ser también un mecanismo de resistencia local, tanto en términos geográficos como en
términos sociales, políticos y de contracultura.
Como ha planteado ya Boaventura de Sousa, “el nuevo vitalismo de lo local
[…] que presenta el atractivo de una apertura a las posibilidades de los sujetos de
intervenir en los procesos globalizadores” [Pelayo González-Torre, 2019].
Casos concretos
Globalización de la movilidad humana
Tomo la migración como estudio de caso para plantear que, como fenómeno que
resulta del fuerte impacto de ese sistema globalizador en su versión hegemónica,
44
Derechos humanos: miradas locales ante fenómenos globales
debe de ser atendido desde la irrupción de lo local en lo global, es decir, de la globalización de las prácticas locales. Parece entonces que la migración es connatural
a los pueblos y, a pesar de ello, las naciones se han conformado jurídica y administrativamente para negar esta realidad.
La migración es dinámica, se transforma y debe ser interpretada en la lógica de
sus cambios. En la actualidad enfrentamos cambios sustanciales en los procesos
de movilidad humana, en el mundo y en nuestro país. Hace dos años la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) contabilizaba un aproximado de 272 millones de personas migrantes en el mundo, de las cuales el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) calcula una cifra de 50 millones de niñas y niños
de ese universo (OIM, 2019).
Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) identifica 26 millones de personas refugiadas, de las cuales 40% son niñas,
niños y adolescentes, así como dos millones de personas solicitantes de asilo a nivel
mundial.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar, 2022),
el número de solicitudes de condición de refugio ha pasado de 70 351 en 2019 a
131 448 en 2021, es decir, ha aumentado 86%, mientras que la Unidad de Política
Migratoria de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México (UPM) reporta que
las detenciones de personas en tránsito irregular pasaron de 198 141 en 2015 a
252 526 en noviembre de 2021, siendo las principales entidades de detención en
el último año Chiapas (71 806), seguida de Tabasco (29 011), Tamaulipas (23 779),
Veracruz (21 659) y Nuevo León (13 759). Solo en este último año, las detenciones
de niñas, niños y adolescentes, tanto acompañados como con sus familias, representaron más de 21 por ciento.
Los datos oficiales de solicitudes de personas en condición de refugio y de detenciones dan una idea del flujo de personas migrantes en el país, pero no de la
totalidad de personas que en realidad ingresa y circula en el territorio mexicano
como migrante. Notas de prensa e información brindada por organizaciones de la
sociedad civil coinciden en que, a la fecha, podría haber un aproximado de 121 000
personas en espera de poder transitar por el territorio nacional tan solo en la frontera sur de Chiapas.
Sumado al flujo sur a norte, hasta noviembre de 2021 más de 71 000 personas,
principalmente de Centroamérica, fueron devueltas a México mediante el esquema
45
Nashieli Ramírez Hernández
del Migration Protection Protocols (MPP),5 conocido como “Quédate en México”,6
mientras que de marzo de 2020 a agosto de 2021, 1 163 582 personas extranjeras
fueron deportadas de forma exprés a través de otro programa llamado Título 42,
que permite la devolución de miles de migrantes a otros países con motivo de las
medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19. Para nuestro país esto ha significado el retorno de 184 423 personas mexicanas deportadas de Estados Unidos solo
en 2020 y de otras 168 498 de enero hasta septiembre de 2021.
El aumento en el flujo migratorio no es el único cambio en la movilidad humana en México, sino que también ha mudado su composición y se ha diversificado
su motivación para migrar.
Sin duda, en todo el mundo pueden observarse los flujos migratorios y los
impactos en las personas y comunidades de esta movilidad. Cada vez migran más
mujeres; más niñas, niños y adolescentes; y más familias, y los grupos de personas migrantes representan una paleta tan diversa como la sociedad misma en
términos de identidad indígena, afrodescendencia, diversidad sexual y de género,
entre otros.
A partir de lo anterior, el escenario que se presenta para el Estado mexicano en
el tema migratorio implica grandes retos. Uno de ellos es inmediato, pues las instituciones deben de proveer una atención integral para la satisfacción de seguridad,
salud, alimentación y estancia, entre otros derechos.
Al respecto, es preciso decir que aun cuando las políticas migratorias se diseñan desde la óptica nacional, la experiencia reciente ha permitido constatar que
esas obligaciones de atención integral a las personas migrantes son materialmente
satisfechas por las autoridades del ámbito local.
Un primer ejemplo de ello es que 68% de las solicitudes de refugio corresponden a la Delegación de Comar en Tapachula, Chiapas, a la que le sigue la Delegación
5
6
Es un programa del Gobierno de Estados Unidos a través del cual las personas que solicitan asilo en
ese país, en la frontera con México, deben esperar la resolución de sus casos en el territorio mexicano.
Quienes solicitan asilo deben esperar fuera de Estados Unidos el tiempo que dure su procedimiento de
asilo, presentándose a varias audiencias. El proceso puede tardar meses o años, https://imumi.org/attach
ments/2019/Recursos-para-entender-el-Protocolo2019.pdf
Trac Immigration, https://trac.syr.edu/phptools/immigration/mpp/
46
Derechos humanos: miradas locales ante fenómenos globales
de la Ciudad de México, que atendió 14% de las solicitudes en 2021,7 para lo cual
muchos servicios locales debieron de ser instalados.
Como segundo ejemplo se encuentra el paso de tres caravanas migrantes por
México a finales de 2018 y una más al término de 2021, tanto en su ruta para llegar a los Estados Unidos como destino, o los flujos migratorios de personas cuyo
destino es nuestro país, lo que ha exigido la articulación de los diferentes niveles
de gobierno y la respuesta principal del nivel local coordinado. Es decir que la institucionalidad local es la más efectiva para atender las necesidades propias de un
fenómeno global como lo es la migración.
En la labor de respuesta inmediata, la implementación de mecanismos locales
–como el Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes y/o sujetas a protección internacional en la Ciudad de México. Albergues o campamentos temporales–8 contribuyen a una atención coordinada desde el enfoque
integral de la seguridad humana.9
Tal enfoque obliga a brindar respuestas centradas en las personas, exhaustivas,
adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención, las cuales refuercen la
protección y el empoderamiento de todas las personas y todas las comunidades. El
diseño, la implementación y la evaluación de ese tipo de mecanismos debe ser un
flujo constante enriquecido por la experiencia en terreno que permita una adecuada y coordinada atención, y con énfasis en el nivel local, en el que recae la mayor
carga.
7
8
9
La oficina de la Ciudad de México cubre la capital del país y todas las entidades restantes, con excepción
de las cubiertas por los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco y Baja California.
Véase Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes y/o sujetas de protección internacional en la Ciudad de México. Albergues o campamentos temporales, https://piensadh.cdhcm.
org.mx/index.php/libro/2019-protocolomigrantes
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha definido la seguridad humana como “un enfoque que
ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales
que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos”. En función
de ello, el abordaje estatal que deriva de tal aproximación aplicada a la migración implica, a su vez, la
obligación de procurar la seguridad económica, alimentaria, de salud, personal, comunitaria, política,
entre otras, de las personas migrantes. De manera especial, la Asamblea General reitera que el enfoque
no entraña la amenaza o el uso de la fuerza ni de medidas coercitivas.
47
Nashieli Ramírez Hernández
Es preciso insistir en que, si bien al Protocolo referido le precede jerárquicamente el andamiaje constitucional, convencional, jurisprudencial, legislativo y
reglamentario en materia migratoria al que debe de estar alineado, ese tipo de
instrumento a modo de guía práctica y concreta permite poner en operación el
contenido de tales fuentes de derecho de manera más eficiente y en un esquema
de coordinación adaptado a contextos específicos.10
Un segundo reto, de naturaleza más sostenida, corresponde a la necesidad
de que las personas migrantes se inserten a la sociedad, para lo cual se requieren
estrategias que permitan el ejercicio progresivo de derechos como el trabajo, la
educación y la vivienda. Esta dimensión también se materializa en el ámbito local.
Como ha reiterado la filósofa Judith Butler, nuestros conceptos sobre los
fenómenos sociales –como la migración– deben de ser extranacionales, nuestras
solidaridades transnacionales y, desde nuestro punto de vista, las respuestas deben
activarse localmente, ir a lo largo y ancho del territorio, pues las opciones no pueden limitarse a las fronteras. La extranacionalidad y trasnacionalidad deben ser
resultado de una irrupción y resistencia local frente a la globalización del desplazamiento humano.
Globalización de la precarización laboral
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo para 2021,
nuestro país fue el cuarto en la región latinoamericana con el mayor porcentaje de
10
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Condición jurídica y derechos de los migrantes
indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Corte IDH, Caso Vélez Loor
vs. Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 23 de noviembre
de 2010. Corte IDH, Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana,
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 28 de agosto de 2014. Corte IDH,
Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, Sentencia del 8 de septiembre de 2005. Corte
IDH, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección
internacional, Opinión Consultiva OC-21/14 del 19 del agosto de 2014. Corte IDH, La institución del asilo
y su reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano de protección (interpretación y
alcance de los artículos 5, 22.7 y 22.8, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-25/18 del 30 de mayo de 2018. Gobierno de México, Ley
de Migración, Reglamento de la Ley de Migración y Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/normatividad-migratoria
48
Derechos humanos: miradas locales ante fenómenos globales
personas trabajadoras en la economía informal con 57%, después de Bolivia, Perú
y Colombia.
La proporción de personas trabajadoras en la informalidad aumentó con motivo
de y durante la pandemia de COVID-19. Si bien no existe una relación necesaria
entre la informalidad laboral y la calidad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, sí existe una correlación entre ambas cuestiones en términos de un ejercicio más pobre o de menor calidad de esos derechos.
Sumado a ello, la conflictividad social derivada de una parte de la informalidad
laboral, como la pugna del espacio público para emprender tal actividad, es latente. La expresión de esa pugna es el ámbito local, sin duda, y la resolución de esa
conflictividad es tarea también de las autoridades locales que al interactuar con las
personas precisan de respetar derechos civiles y políticos muy claros.
En ese sentido, la regularización del trabajo no asalariado en la vía pública, por
ejemplo, y la conciliación entre las autoridades administrativas y las personas que
ofrecen bienes y servicios en los espacios públicos a la sociedad en general es una
labor local que contribuye a dar una solución a la precarización laboral que resulta
de la globalización de las emergencias y de un sistema económico específico.
Conclusión
La globalización es un hecho que no cambiará como realidad. Ante esta situación,
debe pensarse que existen alternativas al avasallamiento de las localidades frente
a este fenómeno que perfila y tiende a hacer homogéneas las respuestas de las
instituciones económicas, políticas, jurídicas, sociales y culturales. No solo existen
alternativas al avasallamiento, sino experiencias locales que deben de enriquecer
la mirada global.
Ejemplo de lo anterior es el propio derecho internacional de los derechos
humanos que, si bien tiene por sí mismo una pretensión globalizante, ha sido un
sistema permeable a las resistencias de grupos y personas excluidas por la relación
de poder Norte-Sur Global. Resultado de esa permeabilidad ha sido el desarrollo de
instrumentos jurídicos internacionales focalizados a grupos excluidos originalmente del sistema y de planteamientos sobre el contenido de los derechos, como son
49
Nashieli Ramírez Hernández
los elementos de adaptabilidad, aceptabilidad, diferencial y de interseccionalidad
de los derechos humanos.
Tales enfoques aplicados a contextos locales concretos han alimentado propuestas específicas para dar solución a las problemáticas globales. Dichas soluciones, brindadas desde la periferia y la exclusión, sí son experiencias que resuelven
en lo local y deben de globalizarse también, tal como se muestra en el texto para
el caso de la atención territorial a grupos de personas migrantes desde un enfoque
amplio de seguridad humana con rutas concretas de actuación, o bien, para aportar
soluciones a la precarización en el territorio desde una mirada de satisfacción de
los derechos económicos, sociales y culturales.
Bibliografía
COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (2022). Estadísticas. https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/690741/Cierre_Diciembre-2021__1-Enero-2022_.pdf
DE SOUSA SANTOS, B. (1998). La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la
regulación y la emancipación. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un
Derecho Alternativos.
FEBBRO, E. (2019, marzo-abril). Los ‘chalecos amarillos’ se desarrollaron en un desierto
político. Entrevista con Michel Wieviorka. Nueva Sociedad, 280. https://nuso.org/
articulo/los-chalecos-amarillos-se-desarrollaron-en-un-desierto-politico/
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (2019). Informe sobre las Migraciones
en el Mundo. https://worldmigrationreport.iom.int/es
PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, A. (2019). La globalización en Boaventura De Sousa Santos.
El papel de la epistemología del Sur y de América Latina. Derechos y libertades,
40(Época II), 109-150.
50
Comentario a Nashieli Ramírez Hernández
Miguel Concha Malo
Agradecimiento
Saludo y aplaudo la disertación presentada por la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la maestra Nashieli Ramírez
Hernández, quien, como se sabe, es una destacada defensora de los derechos
humanos, conocedora de la situación de los derechos humanos en general, y en
particular de los dolores que afligen a las víctimas de violaciones a derechos humanos, y de la importancia de un trabajo con enfoque de derechos que coadyuve al
reconocimiento y protección de la dignidad de las personas migrantes.
Para complementar con mi comentario lo dicho aquí por la maestra Ramírez,
quisiera dividir mi exposición haciendo primero un breve aporte sobre la importancia de lo local en su relación con lo global y, posteriormente, compartir algunas
reflexiones sobre la importancia de la exigibilidad y el impulso de los derechos
desde abajo. Terminaré proponiendo algunos retos que se nos presentan en nuestros tiempos para la vigencia de los derechos humanos, así como algunas soluciones basadas en estos.
Introducción
En el año 2000 se efectuó un acto sin precedentes: la Cumbre del Milenio, la cual,
conforme a lo que se puede leer en el sitio histórico de internet de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), urgió a los 189 Estados miembros a “articular y afirmar
una visión llena de inspiración para las Naciones Unidas en la nueva era”. Dicha
reunión, llevada a cabo del 6 al 8 de septiembre de 2000 en la Sede de la ONU en
Nueva York, fue probablemente el encuentro más grande de jefes y jefas de Estado
y/o gobierno llevado a cabo en el mundo.
De esta Cumbre resultaron los así llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM). Recordémoslos: ocho objetivos que fueron adoptados con la intención de
cumplirlos en los siguientes 15 años. Estos objetivos reflejan el compromiso de todos
51
Miguel Concha Malo
esos países para reducir la pobreza y el hambre en el mundo, disminuir las enfermedades y la inequidad entre los sexos, enfrentar la falta de educación, la falta de
acceso al agua y al saneamiento, y detener la degradación ambiental.
Después, con el paso de los años, el 25 de septiembre de 2015 los líderes
mundiales adoptaron de nuevo un conjunto de objetivos globales para erradicar la
pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas como
parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas
específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Hoy estos Objetivos de
Desarrollo Sostenible están vigentes. Esperemos que esta vez sean alcanzados para
el 2030, cuando nuevamente los países deban revisar desde una mirada global el
cumplimiento o no de estos. Traigo esto a colación como una referencia para
ejemplificar propuestas que se han elaborado de manera global, pero que han
generado serias preguntas sobre los alcances de éstas y sobre los compromisos de
cada Estado para con ellas en lo particular. ¿Por qué en más de veinte años como
humanidad no hemos logrado cumplir del todo estos objetivos?
Tal vez sea aventurado decirlo, pero considero que algo que debemos revisar
es la estrategia de construcción de propuestas globales, la forma de operarlas en
los diversos ámbitos locales, y su recepción en la inmensa diversidad de países que
tenemos en el planeta, o al menos en los países que observamos que son parte
de la ONU. Ahora bien, reconociendo que en estas décadas hemos asistido a un
aceleramiento de la integración mundial, por mucho debido al avance científico
y tecnológico, es indudable la necesaria revisión crítica de prácticas tendientes a
copiar fórmulas homogéneas y hegemónicas de un país a otro, dejando de lado las
asimetrías económicas, políticas, culturales, etc., que existen, pues, aunque pareciera que cada vez estamos más “conectados” entre las personas y los pueblos, los
resultados de esta conexión e integración global no se ven reflejados por igual en la
mejora de las condiciones sociales y económicas en los diversos países del mundo.
Por desgracia, los pobres son cada vez más pobres, y quienes acumulan la riqueza
son cada vez más estratosféricamente ricos.
En este sentido, aquel aforismo que reza “pensar globalmente y actuar localmente” no debe dejar de lado la desigualdad estructural entre países, entre países
del primer mundo y los del llamado tercer mundo, ni las responsabilidades éticas
y políticas consiguientes. En otras palabras, es injusto formular propuestas globales que recaigan solo en lo local, sin tomar en cuenta que hay países muy ricos al
52
Comentario a Nashieli Ramírez Hernández
lado de países muy pobres. Mucho menos olvidar que la riqueza de países desarrollados es muchas veces a costa de los países llamados subdesarrollados. Sin obviar
el papel que corporaciones transnacionales, muchas de ellas basadas en países
ricos, han tenido en agudizar estas desigualdades e injusticias estructurales.
De lo anterior podemos desprender la importancia de virar hacia identificar
las necesidades genuinas desde lo local, y a partir de allí construir propuestas que
entretejiéndose lleguen a darnos un acercamiento a un panorama global más real
de la realidad actual. En todo caso, las propuestas y soluciones nacerán también
desde la tarea cotidiana de dejarnos tocar e interpelar por las realidades locales en
su diversidad, para luego desde ahí impulsar una globalización de la colaboración y
la solidaridad, respetuosa de los diferentes contextos, y comprometida con las más
y los más pobres de la tierra. De lo contrario, cualquier pretensión de dar salidas
a las crisis que enfrentamos hoy en el mundo corre el riesgo de ser colonizadora y
desatenta de las necesidades reales de la población mundial.
La defensa de los derechos humanos desde abajo
La defensa de los derechos humanos, el respeto y la consideración de la dignidad
de las personas y los pueblos, no puede venir sino desde abajo y desde lo local. En
un artículo que publiqué el 21 de noviembre de 2020, en el periódico La Jornada,
sostuve que debemos conocer esas otras historias de organización desde abajo,
para hacer posible la realización de los derechos humanos, así como la centralidad
del cuidado de toda forma de vida. Cito:
En esta otra historia de los derechos humanos es fundamental reconocer que estos
derechos son conquistas sociales venidas desde abajo. Me explico: por desgracia la buena
voluntad de los Estados para respetar estos derechos no ha sido lo más constante en la
historia. Por el contrario, en aras de proteger los intereses de algunos y la centralidad
de las instituciones de poder, se han cometido reprobables agresiones y violaciones a
los derechos de personas, comunidades y colectivos. Frente a ello, quienes se han visto
mancillados en sus derechos se organizan y hacen frente a esta violencia, en ocasiones
venida del propio Estado, o de grupos fácticos que protegen sus intereses. Para defenderse, han reivindicado los derechos que al menos se han ido estableciendo en el cuerpo jurídico internacional, y en sus marcos jurídicos nacionales, según su adecuación.
53
Miguel Concha Malo
En este movimiento de lo local a lo global, y de lo global a lo local, por ejemplo,
en lo que se denomina hoy en día como el uso alternativo y crítico de los derechos
humanos, valoramos la práctica en la que una narrativa hegemónica global no debe
imponerse a la realidad local que viven día a día las comunidades y las personas.
Por el contrario, es un movimiento dialéctico de constante cambio, de ida y de
vuelta, de diálogo, sin imposiciones, de intercambio de experiencias, reflexiones y
acciones que toman partido por los pueblos más violentados y explotados. Es a partir de las y los más explotados, organizados y en desarrollo de organización donde
se hace uso de estos derechos humanos, que hoy se convierten en una posibilidad
de emancipación.
A este respecto, en el artículo citado me refería yo a la reflexión del entonces
relator de la ONU para el Derecho a la Vivienda, y autor del texto El derecho internacional desde abajo (2005), Balakrishnan Rajagopal, en el que hace una larga
disertación sobre los actuales tiempos de los derechos humanos, llamando nuestra
atención sobre el reto que implica el reconocimiento efectivo y justo del aporte
histórico venido del Sur Global, desde el “tercer mundo”, en la conformación de
ese conjunto de derechos humanos que no nacen única y exclusivamente en el
Occidente y, mucho menos, solo desde la Europa central. Y concluía yo expresando
que, en estos tiempos, se deberá dejar de presentar a los derechos humanos como
“impolutos”. Lo cual se traduce en la reivindicación única de cuño occidental y, por
lo tanto, colonial y eurocéntrico.
Con ello se constituye a mi entender lo que Boaventura de Sousa Santos denomina cosmopolitismo, que es también la solidaridad transfronteriza entre grupos
que son explotados, oprimidos o excluidos por la globalización hegemónica (De
Sousa Santos, 2002). Y esta globalización hegemónica, según el mismo autor, es la
nueva fase del capitalismo global y de las normas políticas legales y culturales que
la acompañan (imperio de la ley, democracia liberal, derechos humanos de corte
único occidental) (De Sousa Santos, 2014).
Por ello, es importante partir de las experiencias locales, de abajo, donde observamos procesos colectivos encaminados a ese cosmopolitismo y así generar una globalización distinta, contrahegemónica, entendida, según De Sousa Santos (2014), como:
La globalización contrahegemónica, o globalización desde abajo, (que) la constituyen los
movimientos y organizaciones sociales, que mediante articulaciones locales, nacionales
54
Comentario a Nashieli Ramírez Hernández
y globales, luchan contra la opresión capitalista y colonialista, la desigualdad y la discriminación social y sexual, la destrucción de los modos de vida de poblaciones empobrecidas, la catástrofe ecológica, la expulsión de campesinos y de pueblos indígenas de sus
territorios ancestrales por exigencia de los megaproyectos mineros o hidroeléctricos, la
violencia urbana y rural, el endeudamiento de las familias, de los pequeños empresarios y de los Estados como forma de control social y político, y la criminalización de la
protesta social.
Esta globalización y cosmopolitismo local desde abajo, que genera soluciones,
propuestas y acciones encaminadas a la realización de los derechos humanos y la
transformación de una realidad violenta y desigual, la vemos en el tema sobre el
que ha disertado la maestra Nashieli Ramírez: la migración. Lo observamos en las
vibrantes redes locales generadas por las mismas personas migrantes como agentes
de cambio y sujetos de derechos, y en las redes de apoyo a estas personas. De lo
que conozco, es revelador el trabajo en red que hacen las decenas de albergues y
organizaciones sociales dedicadas al apoyo de personas migrantes; una serie de
colectivos solidarios apostados a lo largo y ancho de las rutas migratorias. Pero aún
más, en esa acción cotidiana local, que dignifica la vida de las personas migrantes,
encontramos el surgimiento de redes nacionales y transnacionales, como un gran
tendido de lazos de solidaridad: el cosmopolitismo subalterno, la globalización de
la solidaridad y la defensa de los derechos humanos desde abajo.
Ahí localizadas podemos encontrar algunas salidas a la crisis de derechos humanos. Urge, por lo tanto, recoger la experiencia de estos pequeños actores sociales que
con trabajo arduo día con día construyen, con el paso del tiempo, acciones significativas y trascendentes a favor del cuidado de la vida, especialmente de las personas
que migran.
Conclusión
Ahora bien, no cierro mi participación sin advertir que estos procesos locales desde
abajo enfrentan riesgos que debemos atender, denunciar y afrontar como sociedad,
y exigir al Estado su atención plena.
Por un lado, están las agresiones venidas de las propias autoridades locales;
por ejemplo, las municipales y estatales. En el caso de la migración, son muy cono55
Miguel Concha Malo
cidas las agresiones cometidas por agentes del Estado en sus tres ámbitos. De ahí
que las soluciones locales lleven aparejadas la necesaria comprensión del fenómeno de la migración desde los derechos humanos, y la construcción de la paz por
parte de las autoridades de los ámbitos local y federal. Para ello, la experiencia de
organizaciones de la sociedad civil y la de las personas migrantes es fundamental
para encontrar soluciones adecuadas, con enfoque de derechos humanos, como
bien se ha señalado por la maestra Ramírez.
Por otro lado, no podemos ser omisos ante el crecimiento, expansión y diversificación del crimen organizado que atraviesa a todo el territorio mexicano. Este
actor actúa en el territorio en muchas de las ocasiones, para nuestra desgracia, con
la aquiescencia y complicidad de las autoridades en sus diversos ámbitos; de ahí
que una exigencia permanente al Estado sea la protección de todos los derechos
de nuestros hermanos y hermanas migrantes, así como de quienes los acompañan
en su andar.
Finalmente, quisiera alentar a la amplia participación de la sociedad en general.
Para nuestra reflexión: dada la crisis de derechos humanos que enfrentamos en
México y en la región latinoamericana, es necesario reconocer que debemos involucrarnos como sociedad para construir estas soluciones. En los términos que arriba
hemos mencionado, parece que no hay un aparato estatal que en la actualidad por
sí solo pueda dar una efectiva respuesta a las demandas que desde los grupos más
desfavorecidos se plantean. Urge hoy una mirada crítica y socialmente responsable
que tome partido por una transformación real, una transformación que abone a
cambios estructurales y se encamine como sociedad a la liberación de toda forma
de opresión.
Bibliografía
DE SOUSA SANTOS, B. (2002). Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos. El Otro Derecho, 28, 59-83.
DE SOUSA SANTOS, B. (2014). Si Dios fuese un activista de derechos humanos. Trotta.
RAJAGOPAL, B. (2005). El derecho internacional desde abajo. Instituto Latinoamericano
para una Sociedad y un Derecho Alternativos.
56
Democracia y derechos humanos11
Jorge Cadena-Roa
Introducción
El título de este capítulo involucra una temática muy amplia. Tanto la democracia
como los derechos humanos se pueden abordar desde una perspectiva filosófica
(¿qué son?, ¿qué implican?), histórica (¿en qué contexto surgieron?, ¿con qué intenciones y justificaciones?), de ciencia política (¿de qué manera se dan los procesos de
democratización, consolidación, ampliación, profundización, mejora en su calidad,
resiliencia frente retrocesos autoritarios?), de sociología política (¿en qué condiciones la gente común demanda derechos y eventualmente promueve relaciones
democráticas?), jurídica (¿qué instrumentos legales e institucionales, nacionales e
internacionales, consagran la democracia y los derechos humanos?). Estas preguntas se pueden responder con base en una experiencia histórica particular o desde
una perspectiva comparada, de un país a otro, de una región a otra, o de un nivel
subnacional a uno nacional.
Los conceptos democracia y derechos humanos han proporcionado una perspectiva relevante de análisis para las relaciones internacionales y la práctica política
que busca conquistar el poder, conservarlo o ejercerlo. Se podrían enunciar otras
perspectivas más desde las que las relaciones entre derechos humanos y democracia resultan iluminadoras. Sin embargo, con las mencionadas basta para que quede
claro que lo que podemos decir acerca de ambos conceptos depende de la perspectiva de análisis que adoptemos y del modo como definamos ambos conceptos.
11
Una versión anterior de este capítulo se presentó en el Seminario Permanente “Globalización desde un
enfoque de derechos”, 22 de abril de 2022, https://www.youtube.com/watch?v=W0uCmq62alE. El autor
agradece los comentarios del Dr. Guillem Compte Nunes, coordinador de la Cátedra, y del Dr. Miguel
Armando López Leyva, a esa primera versión.
57
Jorge Cadena-Roa
Los conceptos en las ciencias sociales
Los conceptos son las herramientas básicas del oficio de los científicos sociales,
porque permiten identificar las relaciones que estudiamos –sean sociales, políticas,
económicas o culturales–, analizar las variables que influyen en ellas y sobre las que
ellas, a su vez, influyen. Es decir, permiten comprender las relaciones y los procesos
que queremos estudiar para que podamos comunicarnos entre especialistas, compartir las teorías y pruebas que las confirman, afinan o refutan, así como elaborar
nuevas teorías que puedan mejorar en algo a las anteriores. De ahí que una tarea
inicial e ineludible es que empecemos por definir los conceptos que vamos a referir. Una vez definidos podremos discutir teorías, formular hipótesis, ponerlas a
prueba, comunicar y comparar resultados, y reparar en la relación entre conceptos
teóricos y datos empíricos.
En las ciencias sociales se acuña el lenguaje que suele emplearse para hablar
de ciertos temas, no solo en el ámbito académico sino fuera de él: en la prensa; en
los debates públicos; en la elaboración de indicadores, mediciones, evaluaciones y
diagnósticos; en pronósticos acerca de lo que sucederá si no se interviene o si se
interviene; en la propuesta de iniciativas de intervención gubernamental, legislativa,
social y del sector privado. Como de forma aguda apunta Pitkin (1967, 1):
Toda vez que los seres humanos no son solamente animales políticos, sino animales
que usan el lenguaje, su comportamiento está moldeado por sus ideas. Lo que hacen
y cómo lo hacen depende de cómo se ven a sí mismos y a su mundo. Esto a su vez,
depende de los conceptos a través de los cuales ven.
A los no iniciados les puede llamar la atención que un concepto tan viejo como
democracia no sea entendido de la misma manera por todos los que lo emplean y
que sea necesario definirlo para hablar de él. La etimología es clara: demos, pueblo;
kratos, gobierno; entonces gobierno del pueblo. Ya está. Pero no es tan sencillo. Las
definiciones tienen consecuencias sobre cómo ciertos procesos, en este caso, los
procesos democráticos, son identificados, descritos, interpretados, comprendidos y
convertidos en objeto de intervención.
Preguntas sencillas en materia política con frecuencia dan lugar a respuestas
controvertidas. Permítanme poner algunos ejemplos del México contemporáneo
58
Democracia y derechos humanos
sobre los que tenemos abundante información compartida y que, por lo tanto, no
será necesario entrar en detalles. Empecemos por las preguntas más acuciantes: ¿es
México una democracia?, ¿está dejando de serlo?, ¿hace falta reformar la legislación electoral? Sobre este tema podríamos detenernos, pero convengamos en que
el país sí necesita una reforma en la materia. En ese caso, habría que resolver cómo
y para qué se reforma esa ley. ¿Se eliminan las diputaciones plurinominales? ¿Se
reducen presupuesto y facultades del Instituto Nacional Electoral? ¿Se regresa al
gobierno la integración y actualización del padrón electoral? Las respuestas a esas
preguntas no son unánimes, lo que revela que, aunque la política parezca ser un
tema sencillo, abundan las respuestas apasionadas, pero discrepantes. Las y los
ciudadanos interesados y las personas especialistas encuentran información sobre
el tema en numerosas fuentes: diarios, noticieros, entrevistas, programas de debate, revistas especializadas y de difusión; o mediante las y los voceros de partidos
políticos, candidatos, órganos autónomos, tribunales jurisdiccionales, organismos
internacionales, y otros más. Pero a nadie pasa desapercibida la cacofonía que
resulta de la falta de acuerdos sobre cuestiones básicas y las acusaciones cruzadas
desde varios frentes, al grado que, con frecuencia, lejos de aclarar los asuntos
se confunden más y se convierten en problemas perversos (wicked problems)
(Serrano Campos, 2022).
¿Qué entendemos por democracia?
Cuando hablamos de democracia (o de derechos humanos), ¿de qué estamos
hablando? Una manera de enmarañar la discusión al respecto consiste en pretender que el significado de esos conceptos es preciso, compartido y que las respuestas
son sencillas. Veamos lo siguiente.
El concepto de democracia tiene varias dimensiones. Una de ellas es analítica,
sirve para describir y comprender cierto tipo de relaciones entre gobernantes y
gobernados, y la dirección de sus transformaciones. Otra es cuando se usa como
recurso identitario y simbólico, toda vez que ayuda a distinguir entre demócratas y
autócratas. Una tercera dimensión es normativa, da respuestas a preguntas sobre
qué hacer para mejorar el carácter democrático de las relaciones entre gobernantes y gobernados y de ese modo consolidar, ampliar y profundizar las democracias
59
Jorge Cadena-Roa
realmente existentes, evitar retrocesos democráticos, y elevar la resiliencia de las
instituciones democráticas frente a los embates populistas y de autócratas que
coartan o restringen los derechos de algún segmento del demos.
Desde una perspectiva normativa, el concepto de democracia puede ser empleado como una brújula en cuyo norte se encuentran ideas acerca de cómo hacer
compatibles la libertad con la igualdad de las personas, y ampliar la vigencia y
alcances de ambos valores. En esto –no podría esperarse otra cosa de los seres
humanos– hay una amplia variedad de respuestas. Como dice Lofland (1996), los
seres humanos son maravillosamente creativos y variados en sus reacciones frente
a cualquier situación. Con mayor razón en condiciones de ambigüedad –cuando
los procesos de cambio están en curso, no han cuajado ni han alcanzado su forma
final–, cuando hay una variedad de puntos de vista derivados de posiciones en la
estructura social y política, o de valores, cultura, creencias, identidades e intereses,
o si los problemas que la democracia debería atender han sido pervertidos.
Claramente, con fines de coordinación social, es indispensable la contrastación
y debate entre las diferentes perspectivas e interpretaciones, pero no hay nada que
asegure el consenso. Claros ejemplos son la discusión acerca del resultado de la
consulta de la revocación de mandato realizada el 10 de abril de 2022 en México,
¿es un triunfo o un fracaso para el gobierno?; o el resultado de la votación en el
Congreso de la Unión acerca de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria
Eléctrica, ¿quienes votaron a favor son patriotas?, ¿quienes votaron en contra son
traidores?, ¿con qué razonamientos económicos los patriotas piensan que se fortalece la economía nacional si se protege a los monopolios estatales ineficientes, no
competitivos y atravesados por la corrupción? El sentido común económico es que
los monopolios no son buenas ideas: se convierten en entidades intermediarias, lo
que les permite apropiarse de una parte de la renta y carecen de estímulos para
ser eficientes e incorporar tecnologías nuevas. ¿De verdad la eficiencia y la productividad son conceptos neoliberales que deben ser desechados? ¿Es preferible
su opuesto, una economía improductiva e ineficiente? Un poco de sentido común
económico basta para responder a esas preguntas.
Entonces, sobre esos temas hay respuestas encontradas. Contribuye a ello que
el actual gobierno busca polarizar a la opinión pública y convertir a la oposición en
enemigos del pueblo. Con ello adoptan una postura antidemocrática, porque no
respetan el derecho a disentir, el derecho a oponerse, el derecho a ser minoría, el
60
Democracia y derechos humanos
derecho a intentar convertirse en el futuro en mayoría. No se discute con base en
datos comprobables y argumentos convincentes, sino que se descalifica a quienes
proponen algo diferente a lo que quiere el gobierno: son conservadores, corruptos,
neoliberales. Se sustituye el análisis y la argumentación basada en datos y evidencias por descalificaciones, sospechas y denuncias.
El concepto de democracia tiene también una dimensión utópica: de qué manera la ciudadanía (el demos) puede establecerse como el eje ordenador, orientador
y regulador del conjunto social. De qué forma puede la ciudadanía desplazar de
ese eje al Estado (y sus burocracias tecnócratas o populistas, a las élites partidistas
y a la clase política) y al mercado (que debe ser regulado para que su dinámica
orientada por el lucro sea moderada por consideraciones sociales, ecológicas y de
sustentabilidad).
Entonces, si vamos a hablar de democracia es necesario identificar sus elementos, las relaciones entre ellos e imaginar maneras de intervención que la fomenten.
Para referir la democracia, de entrada, debemos tratar de definir el concepto.
Numerosas críticas a las democracias existentes descansan en consideraciones normativas, por lo que los estudios empíricos sobre casos nacionales arrojan siempre
déficits, distancias entre lo que sería deseable conforme al ideal establecido y la
situación observable. Sin embargo, la comparación entre ideales y hechos siempre
resulta desfavorable a los hechos; es fácil imaginar relaciones que superen los
problemas que encontramos en las prácticas cotidianas. Pero esa comparación
encierra una trampa, pues estamos comparando una realidad con un producto
imaginario. Hay que tener poca imaginación para que, en una comparación así, la
democracia realmente existente resulte mejor que la democracia que imaginamos
y deseamos. Normalmente en la comparación gana siempre la imaginación. ¿Qué
hacer para cerrar la brecha entre el modelo ideal y la realidad? En cualquier caso, es
erróneo comparar una idea utópica, en la que proyectamos nuestras aspiraciones,
con la realidad que ha resultado de los comportamientos agregados de un demos
plural, contradictorio y en transformación continua de sus valores, preferencias e
identidades, y un conjunto de instituciones creadas a lo largo de la historia con
misiones y mandatos específicos que atienden una realidad compleja.
Para hablar de democracia resulta esclarecedor reflexionarla desde el punto de
vista de la representación y, desde ahí, pensar en la participación, la deliberación y
los mecanismos de control que tienen los representados sobre sus representantes.
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Jorge Cadena-Roa
Empecemos por ahí. No vamos a partir del concepto de democracia sino del de
representación democrática. Confío en que, con ello, será posible presentar con
mayor claridad algunas ideas centrales sobre el tema y su relación con los derechos
humanos.
La representación democrática tiene como punto de partida el mecanismo por
medio del cual un individuo o grupo autoriza a otro(s) para actuar en su nombre y
promover sus intereses. En virtud de ella, los primeros, los representados, quedan
obligados por los actos y las decisiones de los segundos, los representantes, y estos
deben rendir cuentas a aquellos. La relación así definida justifica que los representados y terceras partes (diferentes a los representados mismos) tengan la potestad
de dar seguimiento y controlar las actuaciones y decisiones de los representantes
(Cadena-Roa, 2021). La relación constituye simultáneamente a las partes: no hay
representantes sin representados; los representados pueden hacer valer sus intereses mediante representantes autorizados que participan en órganos donde se
encuentran, deliberan y toman decisiones con los representantes de otros individuos y grupos.12
En esta definición de representación pueden distinguirse las siguientes partes: 1) representado(s): demos, ciudadanía, electorado, población, constituencies;
2) representante(s); 3) proceso de autorización formal o informal, electoral o no
electoral que legitima las actuaciones de los representantes ante sus representados,
ante los representantes de otros grupos y ante terceras partes; 4) los representados
quedan obligados por los actos y decisiones de los representantes,13 5) los representantes deben rendir cuentas a sus representados; 6) representados y terceras partes
dan seguimiento y controlan las actuaciones y decisiones de los representantes.
Veamos cada una de estas partes con mayor detenimiento. Los representados
son el demos, el conjunto poblacional radicado en una jurisdicción determinada
12
13
Esta noción de representación es diferente a la representación teatral. Quien interpreta en un escenario
a un personaje determinado (histórico o ficticio) no le pide permiso a su representado para hacerlo. Sin
embargo, hay algo semejante a un proceso de rendición de cuentas de los actores al público. Si la representación es deficiente en algún sentido, el público puede silbar, lanzar tomates, salirse. En cambio, si es
una buena representación, se acostumbra que aplaudan y, si es muy buena, se aplaude de pie.
Hay situaciones especiales, por ejemplo, las personas defensoras de nonatos, de animales, etc., que no
quedan obligados por las decisiones que se toman en su nombre, pero padecen o se benefician de las
consecuencias de lo que hacen quienes hablan en su nombre.
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Democracia y derechos humanos
que es heterogéneo, plural, diversificado, estratificado económica y simbólicamente, desigual por condiciones de género, raza, religión, preferencias sexuales,
identidades políticas y culturales. El desafío es saber de qué manera un demos con
esas características identifica problemas colectivos, los jerarquiza, decide el orden
en el que va a actuar sobre ellos, el cómo lo va a hacer, cómo va a lograr que sus
decisiones sean aceptadas y vinculantes para el conjunto. Ese mecanismo incluye
las formas cómo el demos selecciona a sus representantes (por mayoría de votos,
por sorteo o de algún otro modo), establece la función que deben desarrollar, el
contexto en el que pueden hacerlo y el periodo de validez de la representación que
ostentan.
Los representantes participan con sus homólogos autorizados por otros segmentos del demos en espacios de representación que adquieren cierto grado de
autonomía con respecto a los representados y a cada uno de los representantes en
particular, porque se constituyen en espacios plurales de deliberación, negociación,
acomodo de intereses y valores, y adquieren una dinámica propia. A su vez, esos
espacios de representación establecen relaciones con agentes que se encuentran
en su entorno y que siguen sus actuaciones, porque intentan influir en sus decisiones toda vez que los representantes toman decisiones vinculantes no solo para
sus representados sino para todo el cuerpo sobre el que el órgano representativo
tiene jurisdicción.
Los procesos de autorización pueden ser mediante elecciones –los llamados
cargos de elección popular– o por procedimientos no electorales como ocurre con
las organizaciones de los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad
civil, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y otros semejantes. Es
el caso también de representantes que dicen representar a otros y que esa representatividad no es disputada, que es aceptada por otras partes.
Toda vez que los representantes quedan facultados para tomar decisiones
vinculantes sobre la población que los autorizó, los representados quedan obligados por sus actos y decisiones. Como lo que está en juego es la capacidad de tomar
decisiones vinculantes, para cuyo cumplimiento se destinarán recursos públicos y
se empleará la fuerza del Estado, las actividades de los representantes, en lo individual y en lo colectivo, son evaluadas por sus representados y por terceras partes.
La contraparte de la autorización para tomar decisiones vinculantes implica
obligaciones de parte de los representantes: los representados tienen derecho a
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Jorge Cadena-Roa
evaluar el desempeño de sus representantes, revisar lo que dijeron e hicieron en
su nombre, pedirles explicaciones y justificaciones y llamarlos a cuentas. Ese es el
sentido de las ceremonias en las que se toma la protesta de los representantes: si
cumplen, que los representados se los premie, si no, que se los reclame. Los representantes quedan entonces obligados a informar, explicar y justificar lo que dijeron
e hicieron en nombre de sus representados. Ésta es una obligación que forma parte
de la relación de representación, no es un mandato agregado por fuera sino constitutivo de éste. En caso de que los representantes incumplan con el mandato que
les dieron sus representados, sea por incompetencia, negligencia, engaño, violación
de la ley, abuso de su representación o de su mandato, podrán ser sancionados.
Una de las características de las democracias representativas es que cuentan
con mecanismos para controlar abusos, como la división de poderes (rendición de
cuentas horizontal), la limitación temporal de la autorización que reciben (rendición
de cuentas vertical) o mediante procedimientos institucionales que Keane (2018)
ha llamado democracias monitorizadas.
La responsividad es la capacidad de los representantes de responder (atender
o satisfacer) en el corto plazo las demandas, preferencias y expectativas de los
representados. Las demandas a los representantes no se presentan solo durante las
campañas y las elecciones, también entre elecciones mediante formas de representación no-electoral como las protestas, los movimientos sociales, las organizaciones
gremiales o los grupos de presión.
La deliberación media las relaciones entre representantes y representados; es
decir, la palabra, en la forma de argumentos y justificaciones, media esas relaciones: se trata de una relación poliádica (no diádica) deliberativa (Castaños, 2019).
Los elementos anteriores constituyen una definición de tipo ideal: cada uno de
ellos se cumple en mayor o menor medida en democracias realmente existentes.
Sin embargo, un elemento mínimo de las democracias representativas es que los
representados evalúen el desempeño de sus representantes, puedan llamarlos a
cuentas, pedirles explicaciones y justificaciones de lo que hacen en su nombre
(Castaños, 2019; Monsiváis, 2019), aprobar o censurar su desempeño y, de manera
eventual, retirar la autorización que les había sido conferida.
La democracia representativa tiene mala fama como resultado de contraponerla en debates cargados de ideología con la democracia participativa, como si fueran
modelos no solo opuestos sino excluyentes. Desde la perspectiva expuesta hasta
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Democracia y derechos humanos
aquí, la democracia participativa y la representativa no se contraponen, se complementan. A la democracia participativa se le llama también directa y a la democracia representativa se le llama indirecta. La primera corresponde a los ciudadanos
comunes que toman decisiones de forma directa, la segunda corresponde a élites
electas que inevitablemente crean intereses propios y se alejan e independizan de
sus representados. Sin embargo, la representación y la participación se contraponen
solo en los discursos ideologizados, desapegados de la reflexión teórica rigurosa y
del conocimiento empírico. Desde un punto de vista normativo, se complementan
y enriquecen. En las democracias realmente existentes se combinan en mayor o
menor grado. Con frecuencia se habla de la crisis de la democracia y de la crisis
de los partidos políticos como canales de representación. Sin embargo, lo opuesto
a la representación no es la participación, sino la exclusión: estar subrepresentado o, de plano, no representado. Lo contrario a la participación es la abstención
(Plotke, 1997). Por otro lado, la representación no se reduce a ciertos espacios (los
parlamentos, por ejemplo), ni a las actividades que desarrollan los representantes
electos. La democracia no se limita a votar. Incluye las maneras de representación
social y política, de participación de la población, de deliberación libre sobre los
asuntos de interés público.
La manera como definamos la democracia (¿es un régimen político o una
forma de sociedad?) importa en las teorías sobre el tema (¿cuáles son las variables
clave de las democracias?, ¿qué relación hay entre ellas?), pero también importa
en la investigación empírica sobre las democracias realmente existentes (¿qué se
mide?, ¿cómo se mide? y ¿cómo se calculan los efectos de los cambios de una
variable sobre los cambios en otras?). Importan en las propuestas de intervención
para consolidar, ampliar, profundizar y mejorar su calidad y evitar procesos de
desdemocratización o autocratización. Importa en las discusiones públicas acerca
de la democracia, la importancia de las elecciones, los partidos, las protestas, la
rendición de cuentas y los controles al ejercicio del poder.
La democracia no es una forma de sociedad en la que ya se solucionaron de una
vez y para siempre todos los dilemas relacionados con la libertad y la igualdad. La
democracia es un modo de relaciones entre representantes y representados, entre
gobernantes y gobernados. La democracia no consiste en un conjunto determinado
de decisiones o de políticas públicas; ello supondría la existencia de una sola manera de ver las cosas, de priorizar los problemas que deberán atenderse, de coincidir
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Jorge Cadena-Roa
en cómo atenderlos y en los objetivos que se quieren conseguir. La democracia no
es un conjunto específico de resultados deseables: las preferencias mayoritarias son
cambiantes. La democracia permite gestionar la vida en común de forma pacífica,
a pesar de la pluralidad y de la existencia de intereses encontrados, mediante sus
mecanismos de participación, representación, deliberación, decisión e implementación de las decisiones. Las democracias no son solo principio de mayoría, son también protección de los derechos de las minorías, de tal manera que, en el siguiente
ciclo de autorización de representantes, en el siguiente ciclo de toma de decisiones,
puedan dejar su estatus minoritario y convertirse en mayorías. La democracia no
conduce al consenso ni a la uniformidad. Lo característico de las sociedades contemporáneas es el pluralismo. La democracia permite lidiar con ese pluralismo,
coordinar la sociedad y tomar decisiones vinculantes en medio de las diferencias de
valores, intereses, identidades y preferencias. Es un ideal de autogobierno, autonomía y autodeterminación.
La democracia ha logrado existir entre la desigualdad de género, raza, religión,
estatus, déficits de participación ciudadana (abstencionismo electoral), cultura
política, transparencia y rendición de cuentas, y en medio de importantes lastres
(clientelismo, corrupción, desigualdades y pobreza), y ha proporcionado mecanismos para presentar, procesar y tomar decisiones respecto de ellos. Si pensamos
que para hablar de democracia deben coincidir la igualdad política y la igualdad
económica, entonces la democracia nunca ha existido y probablemente no existirá
en el futuro. Se confunde un régimen político con una sociedad ideal, utópica, en
la que las personas se comportan como ángeles, no como seres humanos (Somers,
1998). La democracia implica, entonces, participación, representación, deliberación, influencia en la toma de decisiones vinculantes, controles y límites al abuso
del poder, rendición de cuentas, responsividad y responsabilidad de los representantes ante los representados.
Las utopías son un conjunto de prácticas sociales que articulan una crítica del
presente, un deseo de mejora y una transformación social a futuro (Levitas, 2010).
Las utopías nacen de la decepción con un orden determinado (con los cambios
sustantivos y simbólicos que produce, su lentitud y gradualismo, por ejemplo). La
relación entre utopías (proyectos y expectativas) y experiencia (las democracias
realmente existentes), provoca un malestar con la representación (Cadena-Roa y
López Leyva, 2019).
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Democracia y derechos humanos
Las utopías son inherentes a situaciones insatisfactorias, incluido el imaginario democrático, éstas se pueden usar y han sido empleadas para atraer electores,
aliados, seguidores, ya sea para acceder o conservar el poder. La limitación práctica
de las utopías es que son totalizantes: articulan crítica, deseo y transformación. Las
utopías pospartidistas presentan a los partidos como problema porque monopolizan
el acceso a cargos de elección (Compte Nunes, 2019a, 2019b, 2020, 2021). Pero
¿puede haber democracia sin partidos? Hay que poner atención en las críticas a la
democracia –y a los partidos–, qué se desea cambiar, cómo se quiere lograr ese cambio en el fondo y en la forma. El carácter totalizante de las utopías las hace inviables.
Derechos ciudadanos y democracia
Entre las primeras declaraciones de derechos se encuentra la Magna Carta de
Inglaterra de 1215 que estableció el habeas corpus, la limitación al monarca para
detener arbitrariamente a sus súbditos. En el siglo XVI, fray Bartolomé de las Casas
(Hanke, 1974; Las Casas, 2005) y fray Francisco de Vitoria (Bretón Mora, 2014;
Vitoria, 1946/1967) reconocieron que los indígenas de las colonias americanas
tenían derechos como individuos y como colectivos (derecho de gentes), y denunciaron los abusos y la destrucción cometida durante las guerras de conquista.
El iusnaturalismo constituyó un conjunto de argumentos contra el absolutismo
en la medida en que abogaba por derechos infranqueables de los individuos que
ponían límites al ejercicio arbitrario del poder de los monarcas absolutos. La discusión sobre los derechos fue desarrollada por los iusnaturalistas de los siglos XVII
y XVIII, que suponen la existencia de un estado de naturaleza anterior a la formación del Estado, por lo que los derechos que tenían las personas no se pierden
después de su creación (Hobbes, 1651/2017; Kant, 1785/1989; Kant, 1784/2022;
Locke, 1690/1980; Rousseau, 1755/1996a; Rousseau, 1762/1996b). Algunas ideas
básicas del iusnaturalismo inspiraron la Declaración de Independencia de los
Estados Unidos (1776) (Becker, 1958), la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano de la Revolución francesa (1789) y el constitucionalismo liberal.
En Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón (1813), proclamada
durante la guerra por la independencia de México, encontramos el reconocimiento
de los derechos sociales.
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Jorge Cadena-Roa
La formulación clásica acerca de los derechos ciudadanos se la debemos a T. H.
Marshall (1950/1998), quien distingue tres clases de derechos. Por su origen histórico y por ser el basamento de los que se demandarían posteriormente, en primer
lugar, se encuentran los derechos civiles, los asociados a la libertad individual: la
libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y de creencias, a establecer
contratos válidos y el derecho a la justicia. En segundo lugar, considera los derechos políticos, los que habilitan a los ciudadanos a formar parte de los cuerpos
investidos de autoridad política y de quienes los integran mediante votaciones.
En tercer lugar, refiere los derechos sociales, que consisten en el derecho a la
seguridad y a un mínimo de bienestar económico de acuerdo con los estándares
predominantes en la sociedad.
Los derechos civiles, políticos y sociales son complementarios e interdependientes. Según el grado en el que se garanticen los tres es posible distinguir entre
regímenes políticos que se ostentan como democracias, ya sean democracias electorales, procedimentales o formales (que garantizan los derechos civiles y políticos
de la población en su jurisdicción, pero desatienden los derechos sociales), o democracias “reales” o “sustantivas” (que priorizan la protección de algunos derechos
sociales, pero violan los derechos civiles y políticos de la ciudadanía). El concepto
de representación también permite comparar regímenes comunistas (no electos),
populistas (electos que actúan en nombre del “pueblo”, cuya voluntad es interpretada por el líder) y democracias delegativas (en las que los sistemas de rendición
de cuentas y control son un estorbo) (O’Donnell, 1994).
En América Latina varios autores sostuvieron de manera más o menos explícita
que la democracia era más un asunto de redistribución del ingreso que de derechos
civiles y políticos (Cardoso y Faletto, 1969). En su libro clásico, La democracia en
México, Pablo González Casanova lo expresó de esta forma: “La democracia se mide
por la participación del pueblo en el ingreso, la cultura y el poder, y todo lo demás
es folklore democrático o retórica” (1965, 224).
Lo que esta afirmación implica es que los derechos sociales son más importantes
que los otros, que la falta de protección de derechos civiles y políticos no constituye
un rasgo antidemocrático mientras el pueblo mejore en términos de acceso al ingreso, la cultura y el poder. Sin embargo, cuando eso sucede no pasa mucho tiempo
para que surjan líderes políticos que se presenten como los auténticos intérpretes
del pueblo, como los campeones del pueblo empeñados en facilitarle el acceso a lo
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Democracia y derechos humanos
que estaba excluido. En América Latina ha sucedido, y sigue ocurriendo, que líderes
políticos –más o menos carismáticos– implantan regímenes populistas y autoritarios
en nombre de un pueblo marginado y abusado por élites corruptas que se enriquecen a su costa. Sin embargo, toda vez que carecen de derechos civiles y políticos,
los representados pierden la posibilidad de influencia en la toma de decisiones; los
procesos de autorización –electoral y no electoral– resultan ociosos dado que el líder
tiene la capacidad de interpretar directamente la voluntad del pueblo. Éste, por definición, es la mayoría y las élites la minoría. En caso de duda, si alguien se opone o
cuestiona al líder se le considera parte de las élites o a sueldo de ellas.
En esas circunstancias se abren en las democracias procesos de desdemocratización (Tilly, 2007) que permutan derechos civiles y políticos por derechos sociales.
Las democracias requieren de la protección por igual y simultánea de los tres, y de
los que se agreguen más adelante, como los derechos de género, de las comunidades y a la diferencia.
La historia de los derechos ciudadanos, de acuerdo con Marshall (1988, 24), es
nacional y es responsabilidad de los Estados nacionales garantizarlos y protegerlos.
En cambio, los derechos humanos no admiten fronteras nacionales y se les considera por encima de los mandatos jurídicos nacionales: estos no deben contradecir
ni dejar de reconocer los derechos que corresponden a todos los seres humanos,
no solo a los ciudadanos de un Estado en particular.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (1948) reconoce en sus primeros artículos una serie
de derechos civiles y políticos. A partir del artículo 22 se incluyen los derechos
económicos, sociales y culturales ajenos al pensamiento liberal, más afines al pensamiento que inspiró la construcción del Estado benefactor (Welfare State), como
el derecho a la seguridad social; al trabajo; a la protección contra el desempleo;
a una remuneración equitativa y satisfactoria; a fundar sindicatos y sindicarse; al
descanso y a vacaciones pagadas; a un nivel de vida adecuado; a seguros en caso
de enfermedad, invalidez, viudez y vejez; a protección social a la maternidad y a
la infancia; a la educación obligatoria gratuita; a disfrutar de la vida cultural y las
artes; a los beneficios del desarrollo científico; a un orden internacional que haga
plenamente efectivos los derechos anteriores.
En otro lugar hemos analizado el origen histórico de los derechos ciudadanos,
las circunstancias en las que las demandas de derechos fueron reconocidas por las
69
Jorge Cadena-Roa
élites, así como los procesos de construcción de los Estados y de la democracia
(Cadena-Roa, 2008). Desde la perspectiva de la sociología histórica comparativa,
las demandas de derechos ciudadanos de parte de movimientos sociales y grupos
organizados que fueron reconocidos por los Estados explican la transformación
histórica de súbditos en ciudadanos. Ese proceso es una faceta de los procesos
de construcción de los Estados nacionales y, en particular de la construcción de
la democracia entendida como relación entre gobernantes y gobernados (CadenaRoa, 2008, 284). En ese sentido, de acuerdo con Tilly (1997), la democracia puede
considerarse como una forma de ciudadanía.
El término derechos tiene un significado muy preciso, de acuerdo con Tilly
(1998) se refiere a las situaciones en las que una parte demanda con éxito que otra
le entregue bienes, servicios o protecciones, y terceras partes actúan para reforzar
–o por lo menos no impedir– su entrega. Los derechos ciudadanos son aquellos
en los que el objeto de las demandas es un Estado –o alguno de sus agentes– y el
demandante tiene acceso a los bienes, servicios y protecciones por el solo hecho
de ser parte de la población sujeta a la jurisdicción del Estado. El reconocimiento
gradual de demandas ciudadanas dio lugar a la redefinición de los derechos y las
obligaciones recíprocas de gobernantes y gobernados, que se expresaron en instituciones encargadas de garantizar su vigencia e imponer sanciones a quienes violan
derechos o incumplen obligaciones.
Los Estados y las élites se resistían a conceder las demandas ciudadanas, porque reconocerlas los obligaba, de ahí en adelante, a gastar en protecciones costosas
en favor de sus ciudadanos o limitaba el margen de arbitrariedad con el que ejercían el poder. Una vez que las demandas de derechos ciudadanos eran reconocidas,
adoptaban un carácter vinculante y exigible, por lo que transformaban las relaciones
entre gobernantes y gobernados en un sentido democrático. El reconocimiento de
los derechos ciudadanos de parte de los Estados fue resultado de procesos seculares de lucha y negociación entre ambas partes a escala nacional (Tilly, 1998).
Ahora bien, el mismo proceso que explica el reconocimiento de derechos, explica también su desconocimiento: si cambia la correlación de fuerzas entre las partes
en lucha o si cambian los términos de la negociación entre las partes, los derechos
y obligaciones hasta entonces reconocidos pueden ser desconocidos o modificados.
Toda vez que los derechos y las obligaciones implican obligaciones gravosas o limitantes al ejercicio del poder político, los Estados y las élites tienen motivos para
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Democracia y derechos humanos
renegociar o desconocer derechos ciudadanos –lo cual resulta más fácil de hacerlo
con los derechos sociales que con los civiles y políticos–. Los derechos ciudadanos
están consagrados en las constituciones políticas y la legislación secundaria de los
Estados nacionales, y son estos los que deben protegerlos y garantizarlos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece las garantías mínimas que todos los seres humanos deben gozar en tanto seres humanos, independientemente de su nacionalidad. Si la constitución de algún país no los reconoce, no
por eso los ciudadanos de ese Estado carecen de derechos humanos. Las garantías
de los derechos humanos son las cortes de justicia, lo mismo que de los derechos
ciudadanos, pero no solo las cortes: cada vez más, ambos derechos, ciudadanos y
humanos, son usados por movimientos sociales de grupos excluidos que demandan
el acceso a derechos que ya les son reconocidos a otros grupos sociales. Es el caso,
entre otros, del movimiento lésbico, gay y homosexual que empleó con enorme
éxito un discurso de derechos para conseguir el reconocimiento a sus demandas
(Cadena-Roa y Hernández Santiago, 2013).
Los derechos humanos son una faceta de la globalización, toda vez que son
derechos universales cuyo cumplimiento corresponde vigilar a organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, y que cada vez se exige más a
las empresas multinacionales que hagan lo propio. El gobierno de Jimmy Carter
(1977-1981) puso en el centro de su política exterior la promoción de los derechos
humanos, lo que vigorizó las luchas por su respeto en los países del bloque soviético y en las dictaduras de América Latina. En la década de 1980 se consideró que
la democracia sería la mejor manera de hacer respetar los derechos humanos en el
largo plazo y se apoyaron diversos procesos de transición desde el autoritarismo.
Los autócratas solo toleran las libertades de palabra, prensa y de reunión cuando son en su apoyo, pero las persiguen cuando son en su contra. La Declaración
Universal de los Derechos Humanos reconoce como derecho que los ciudadanos
participen en el ejercicio del gobierno y en su formación mediante el voto en elecciones genuinas. No existe democracia sin respeto a los derechos humanos, pero
prospera ahí donde se respetan.
En todo el mundo han repuntado las protestas contra regímenes que abusan de
los ciudadanos e ignoran sus demandas; partidos políticos y candidatos que durante
las campañas prometen todo, pero que incumplen sus promesas; gobiernos que no
priorizan a la población, que salvan a los empleadores a costa de los empleados,
71
Jorge Cadena-Roa
que no ofrecen oportunidades a jóvenes educados sin empleo. Las protestas y los
movimientos sociales dan cauce a una forma legítima de participación política en
condiciones democráticas. Surgen cuando los partidos políticos y los gobiernos
funcionan a favor de la clase política, las opciones electorales son limitadas, los
gobiernos son omisos, ineficientes, incapaces, causantes de los problemas, o no
responsivos. Nunca habíamos tenido tantos gobiernos democráticamente electos,
partidos compitiendo por el voto, cambios pacíficos de poder, congresos constituyentes y reformas institucionales, organismos nacionales e internacionales de supervisión de los derechos humanos, tan pocos golpes de Estado y caídas de gobiernos
constitucionales. La primavera árabe ocurrió en el momento de mayor extensión y
legitimidad de la democracia como forma de gobierno y sin un competidor serio.
Las protestas de 2011 iniciaron un nuevo ciclo histórico internacional comparable
a 1848, 1968 y 1989; no son protestas en uno o dos países, es un fenómeno global
(The Economist, 29 de junio a 5 de julio de 2013; Time, 26 de diciembre de 2011).
Hay un ambiente internacional en el que la acción colectiva y los movimientos
sociales se han multiplicado y reacreditado (Munck, 2021; Ortiz et al., 2013; Ortiz
et al., 2022). Desde este punto de vista, las protestas basadas en el ejercicio de
derechos civiles y políticos –muchos de ellos reconocidos desde 1948 como derechos humanos– son formas legítimas de participación política, no amenazas a la
democracia; sí es su acompañante permanente e indispensable, particularmente
cuando los partidos sirven solo a la clase política y las opciones electorales son limitadas. En las democracias la soberanía radica en el pueblo que busca influir en las
decisiones del gobierno a través de diferentes tipos de organización, participación,
representación y mecanismos de deliberación.
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75
Comentario a Jorge Cadena-Roa
Miguel Armando López Leyva
Introducción
La presentación panorámica sobre democracia, derechos humanos y globalización
que ha hecho Jorge Cadena-Roa nos da pistas para comprender, a partir de la teoría y de la evidencia existente, cuáles son los avances y los retos en este vínculo
temático. Voy a hacer cuatro comentarios, problematizaciones, si se quiere, sobre
puntos que Jorge trató y que me parecen interesantes; también haré una pregunta,
una especie de provocación para pensar de manera conjunta en este espacio de
reflexión académica.
Comentarios
LAS CRÍTICAS BASADAS EN LOS IDEALES Y LAS INSATISFACCIONES CON LA DEMOCRACIA
Empiezo con una idea que planteó Jorge Cadena-Roa cuando definió la democracia.
Se refirió a las críticas que se le hacen, en lo particular desde la izquierda, las cuales se basan más en ideales que en diagnósticos o en una valoración real de cuál ha
sido su desempeño y cómo ha evolucionado en el tiempo. Las democracias realmente existentes –parafraseando a Schmitter– salen debiendo si se usa ese parámetro. Si
queremos evaluar las democracias por cómo creemos que deben ser, nos vamos a
encontrar con que no cumplirán con los estándares de nuestra propia creencia. Ese es
justo uno de los problemas cuando se discute la eficacia de la democracia, cuando
se expresa de distintas maneras y vías el desencanto con lo que no es. Es claro que
ese régimen tiene déficits y en todo momento habrá valoraciones que los resalten
para exigir lo que hace falta por hacer.
Mi punto es el siguiente. Las exigencias que se le plantean a la democracia siempre van a generar insatisfacciones. Difícilmente podremos encontrar una democracia sin ellas. Incluso si pensamos en los países “top” en los rankings democráticos
en América Latina, como Uruguay o Costa Rica (en Europa siempre pensamos en
76
Comentario a Jorge Cadena-Roa
los países nórdicos), encontraremos niveles diversos de insatisfacción. Lo importante
es que haya mecanismos de procesamiento y canalización, dicho de otra forma,
instrumentos de expresión política y atención institucional. De este modo, es necesario comprender que las insatisfacciones están, en buena medida, ancladas en las
expectativas que se produjeron con el advenimiento de la democracia, sobre todo
en América Latina y en Europa del Este, a raíz de los procesos de cambio político
del siglo pasado, la “tercera ola de democratización”, para citar a Huntington. Esos
procesos parecían apuntar hacia la prevalencia de regímenes democráticos los que,
en una perspectiva muy optimista, iban a solucionar todos los problemas presentes en
las sociedades, no solo los políticos, los que atienden el principio básico de votar y
ser votado en competencias electorales justas, tal cual lo formuló Przeworski hace
años. Por cierto, hoy hablar de transiciones a la democracia convierte a la persona
usuaria de ese lenguaje en un personaje “vintage” de la academia, ya que parece
ser un enfoque teórico desacreditado en muchos ámbitos –a pesar de que los
procesos de autocratización que se experimentan recientemente son transiciones
en sentido inverso, es decir, regresiones–.
¿Cuáles son esos problemas de las sociedades que la democracia resolvería?
Desigualdad social, desigualdad económica, crecimiento y desarrollo económicos.
Nada más, nada menos. Como se ve, era una expectativa muy amplia y ambiciosa
que la democracia nunca debió generar –o no se le debió cargar ese peso–. Pero
quienes han ganado el poder en las urnas, en particular los liderazgos populistas en
este tiempo “post democrático”, como lo ha llamado Roger Bartra, han logrado ser
exitosos debido a estas “promesas incumplidas de la democracia”, parafraseando la
conocida expresión de Norberto Bobbio. Esta serie de insatisfacciones que genera
la democracia son una reacción a las expectativas fallidas, sean justas o no, y aquí
es donde vale la pena apuntar a una paradoja clave para entender estos tiempos.
La reacción señalada es válida en tanto es planteada dentro del régimen democrático mediante los mecanismos institucionales que establece ese marco; pero
cuando los populismos llegan al poder con la agenda cargada de agravios por lo que
la democracia no pudo hacer o dejó de hacer, entonces la apreciación del valor o
sentido de la democracia cambia: los derechos y las libertades son objeto de ataque. Es una paradoja que se ha explorado de unos años a la fecha en la literatura
politológica: tomar el poder en democracia para después minarla desde adentro.
Esto es, la democracia permite tener libertad de expresión, voz pública, posibilidad
77
Miguel Armando López Leyva
de acceder al poder, todo ello habilita a cualquier actor –incluso a los populistas– a
acceder a posiciones de poder mediante procedimientos democráticos; pero una
vez asumido, los populistas erosionan esos medios y muy particularmente los derechos políticos y civiles. No es lo mismo exigir derechos desde la oposición, que
garantizarlos desde el gobierno, sobre todo cuando se considera que su disfrute
pone en riesgo la permanencia del gobierno en turno, por extraño que esto suene –al
final la democracia implica alternancia y posibilidad de cambio periódico–. Es ésta
la fuerte pulsión populista de los últimos años, lo que representa un gran riesgo
para nuestros países: los derechos son amenazados por quienes, en algún momento, gozaron de ellos y gracias a ellos lograron posiciones políticas relevantes en el
ámbito de las decisiones públicas.
LOS DERECHOS HUMANOS SON CO-CONSTITUTIVOS A LA DEMOCRACIA
La democracia, desde luego, requiere respeto a los derechos humanos, que son un
elemento constitutivo de la democracia, como lo expresó Jorge Cadena-Roa: en
una perspectiva relacional no puede existir una sin los otros. Derechos entendidos
como demandas o reclamos de personas o grupos que están pidiendo atención a
condiciones particulares y que requieren garantías del Estado. Esto tiene relevancia
por el contraste de derechos que se consideran colectivos con los de raigambre liberal o individuales. Pienso ahora que esta diferenciación es, más que de los populismos, de la retórica antidemocrática de la que abreva y que le precede. Le debemos
a esa retórica la simplificación sobre la noción de la democracia, en su referencia
exclusiva a su definición etimológica, demos y kratos, sin complejizar sus dinámicas
institucionales y condiciones políticas. Si solo nos quedamos ahí, en el gobierno del
pueblo como un asunto de expresión de mayorías, no avanzaremos mucho en la
comprensión de lo que implica ese régimen.
Es justo esa simplificación y la connotación “colectiva” de los derechos lo que
ha predominado en las discusiones actuales en la vida pública de muchos países,
y lo cual crea tensiones. México no es la excepción. Es decir, es la idea del pueblo como “ente colectivo”, portador inmanente de derechos, cuya expresión es la
voz de una persona que lo conduce y que tiene poder de decisión. El problema
es si esos derechos “del pueblo”, en tanto colectivos, sustituyen o subordinan a los
derechos individuales, que no por ser individuales dejan de ser –como bien lo dijo
78
Comentario a Jorge Cadena-Roa
Jorge Cadena-Roa– derechos universales, es decir, son derechos del individuo, consustanciales al humano. Dicho de otra manera, esa sustitución o subordinación en
realidad reemplaza el interés general, el bien común, e intenta hacer prevalecer
la voz del pueblo, la voz de ese colectivo que está “representada” por la voz del
líder. Esto se ha vuelto un campo de disputa del eje democracia-autoritarismo.
A muchos gobiernos populistas, autoritarios o tendencialmente autoritarios, les
genera molestia y reticencia la referencia a los derechos individuales. ¿Por qué?
Por esta concepción simplificada de la democracia, a la que he aludido, asentada
en la visión del pueblo: el derecho del pueblo a la vivienda digna, a la dignidad, al
territorio, y así. Dicha visión termina por anular la posibilidad de pensar en los derechos humanos, tal cual se han desarrollado en la teoría y en la práctica, en la academia y en la acción gubernamental, desde el siglo pasado, como lo sabe muy bien
Guillem Compte Nunes, quien coordina esta Cátedra Extraordinaria “Francisco de
Vitoria-Bartolomé de las Casas”. Un efecto colateral de esa visión es la pretensión
de considerar que la atención y procuración de los derechos humanos es un asunto de soberanía territorial, que no puede ser objeto de evaluaciones externas. Esta
especie de nacionalismo añejo, que rechaza intromisiones externas, no asume que,
en tanto universales, los derechos humanos son de interés público, y que deben
y pueden ser objeto de valoración de diversas organizaciones internacionales. La
lucha por los derechos humanos también es universal.
EL RECLAMO POR LOS DERECHOS NO SE AGOTA CON LA DEMOCRACIA MISMA
Los derechos humanos eran claramente un objeto de reclamo frente a los autoritarismos, porque estos los anulan, los limitan, cuando no los eliminan llegado el
momento. Dependerá del tipo de régimen, pues hay distintos tipos: no es lo mismo
una dictadura, por ejemplo, que un totalitarismo. ¿Quiénes son los que reclaman
derechos? Suele ser la oposición, la oposición política o la que se expresa en la calle
en forma de protesta social. Los impulsos por el cambio democrático que parten
de los grupos que se concentran en la oposición tienen como meta inmediata el
ejercicio de libertades y el respeto a los derechos mínimos: libertades de asociación, expresión, reunión; derecho a votar y a ser votado. Es pertinente recordar esto
porque, del contraste que resulta con lo que ofrece la democracia, la acción de los
gobiernos derivados de ésta debería ser diferente.
79
Miguel Armando López Leyva
Así, se supondría que en democracia los derechos no deberían ser objeto de
reclamo porque en su configuración se garantizan; esto es, que habría mayor receptividad de los gobiernos democráticamente electos. No obstante, la democracia posibilita el piso mínimo que se expresa en la competencia electoral: el derecho a votar
y a ser votado, a expresar preferencias, a reunirse de acuerdo con las preferencias
políticas. Pero no resuelve en un acto todos los derechos; a la vida, a la propiedad,
a la seguridad. Esto parece estar más conectado con la eficiencia gubernamental y
la capacidad estatal, y esa es una dimensión diferente que no se debe perder de vista porque depende de las condiciones que ofrece la democracia, no cabe duda, pero
más de quienes gobiernan. Pero no vayamos más lejos; los gobiernos democráticos
pueden llegar a ser, paradójicamente, reacios a entender y reconocer que los derechos humanos no se acaban en una discusión sobre el legado del autoritarismo, sino
que es una tarea permanente y constante que requiere de atención continua. Es
una labor de la democracia que no se agota con su sola vigencia y que, en sí misma,
es un logro. El asunto se torna delicado cuando observamos lo que ocurre en países
con liderazgos populistas y tendencias autocratizantes en relación con los derechos
humanos básicos: se convierten en (otro) campo de disputa política, polarizante,
que trasciende la preocupación válida y legítima de ciudadanos y organizaciones que
se dedican a darle seguimiento a violaciones en la materia.
LAS TENSIONES DE LA DEMOCRACIA EN MOMENTOS DE CRECIENTE AUTOCRATIZACIÓN
El cuarto comentario está relacionado con el eje que he intentado trazar aquí
sobre democracia, autoritarismo y proceso de cambio. Me refiero a las tensiones
que la democracia tiene en estos momentos de erosión de sus atributos, de un
episodio extendido de autocratización. Hay varios informes o reportes mundiales
sobre el estado de las democracias –seguro conocidos por ustedes–, que sugieren
que, desde hace cuando menos una década, el mundo en general vive una tercera
ola de autocratizaciones, no la peor ola que se ha vivido, pero sí una en donde ya
tenemos hoy día menos democracias de las que teníamos hace algunos años. Lo
que resulta interesante en este punto es que, a finales de los años noventa del siglo
pasado, la globalización parecía ser un límite, una especie de barrera a los intentos
autocráticos; es decir, era una presión al autoritarismo que podía convertirse en un
factor determinante para la democratización.
80
Comentario a Jorge Cadena-Roa
Un ejemplo de esto se encuentra cuando México intentó ingresar, durante el
periodo presidencial de Ernesto Zedillo, a la Unión Europea. Una de las presiones
más fuertes que se le puso a México era la llamada cláusula democrática, lo que
implicaba algo relativamente simple: el país tenía que ser democrático, sus gobernantes tenían que ser electos mediante comicios libres, competidos, equitativos y
justos. No parecía ser una exigencia desproporcionada sino una del momento que
vivía el mundo, de prevalencia de esa forma de gobierno que dejaba atrás la historia
de los autoritarismos. Si volteamos hacia lo que está ocurriendo hoy, el panorama
es diferente. La globalización ya no es una barrera a la que temen los países, mucho
menos los autoritarios, como lo demuestra el curso de acción que ha tomado Rusia
en esta última década, y más cercana en el tiempo, su invasión a Ucrania. Podrá
tener consecuencia para el futuro de Rusia haber actuado así, seguramente, pero
no encontró como obstáculo la oposición de los Estados Unidos y de una buena
parte de la comunidad internacional para lanzarse a esta aventura bélica. Mala
señal para el mundo y para los derechos humanos en general, pues aquel país no
se ha preocupado en cumplir los protocolos que aplican para estos casos (ya se ha
demostrado la brutalidad con que ha actuado en los territorios ocupados).
Los “grados” que admite la garantía de los derechos humanos
Termino con una pregunta: ¿qué tanto debe o puede resistir una democracia la ausencia de derechos? La pregunta puede desglosarse en dos: ¿puede existir una
democracia sin derechos?, o bien, ¿puede haber gradaciones en los derechos –la
existencia de unos, la carencia de otros– sin que eso exprese la falta de democracia? Por ejemplo, países como México, Colombia y Perú, ha señalado Freedom
House en sus últimas evaluaciones, son “parcialmente libres” por carencias en
alguna clase de libertad: de expresión, de reunión, de prensa. Pero no dejan de ser
democráticos. En esa lógica, ¿en qué medida es determinante el respeto total de
los derechos humanos para calificar a un régimen como democrático? Pienso que
es un tema que tendríamos que considerar con más calma y detalle para reflexionar acerca de la relación entre democracia, derechos y el proceso de globalización.
81
Ley, palabra y proceso: la toma
de la palabra14
Marisa Belausteguigoitia
Introducción
El trabajo que presentaré es producto de muchos años de contacto con uno de los
grupos más excluidos nacional y globalmente: las mujeres privadas de la libertad.
Quiero dar cuenta de las formas en que la figura de los derechos humanos y su
triangulación con diferentes mecanismos y proyectos universitarios ha contribuido
a dar pie (movilizado) y lengua (representado) al daño hecho a sujetos y grupos. El
objetivo es analizar algunos de los mecanismos de acceso a la justicia a través de la
toma de palabra por parte de las personas dañadas. De este objetivo se derivan las
siguientes preguntas: ¿qué debe suceder para que las propias mujeres o los grupos
de personas excluidas puedan articular el relato del daño ante la ley? ¿Cómo es necesario disponer de leyes y protocolos para que estos sean entendidos por las propias personas dañadas y sean funcionales en favor de su propia reparación?
En otras palabras, me pregunto: ¿cómo facilitar a los sujetos del daño el movimiento entre los procedimientos, lenguajes legales y protocolos de derechos humanos nacionales y globales y la posibilidad de la palabra propia con respecto al daño
sufrido? ¿De qué forma la universidad pública y las perspectivas globales y locales
de los derechos humanos abonan al acceso a la justicia de mujeres precarizadas y
grupos excluidos para favorecer la posibilidad de la toma de la palabra? Y en última
instancia: ¿cómo hacer consonar la ley y la justicia restaurativa, la ley y los derechos
humanos, voz y reparación?
14
Capítulo derivado de la 4ª sesión del Seminario Permanente “Globalización desde un enfoque de derechos”, 19 de agosto de 2022, https://www.youtube.com/watch?v=9ZbGeAT30LY
82
Ley, palabra y proceso: la toma de la palabra
En el inicio del seminario Globalización desde un enfoque de derechos de la
Cátedra Extraordinaria “Francisco de Vitoria-Bartolomé de las Casas” tuvimos a
tres excelentes ponentes, el Dr. Leonardo Lomelí, la Dra. Nashieli Ramírez y el Dr.
Miguel Concha (q. e. p. d.). Nos dieron la oportunidad de profundizar en el proceso,
los objetivos y el marco de este seminario, que intenta hacer resonar globalización
y derechos humanos desde una visión económica, sociocultural y descolonial local y global.
Con Leonardo Lomelí partimos de la visibilización de las implicaciones de una
globalización de mercados que favorece la movilidad y la liberación de flujos y mercancías, pero no la de personas. Nos situó entre los muros y limitaciones severas
de la migración humana y los flujos libres y desbordados de la economía global del
capital. Calibramos el abismo entre las promesas de la globalización neoliberal y sus
resultados: la tensión entre individualismo y beneficio general.
Pudimos, así, enmarcar a la globalización como básicamente excluyente. Un
escenario de ironía y esperanza se dibujó con Joseph E. Stiglitz y su propuesta de
libre circulación de mano de obra –de personas– y no de economías –de capitales–.
Desde esta propuesta creativa, los países competirían más por tener personas trabajadoras que por aumentar los capitales, y así tendrían que ofrecer educación y
mejores salarios.
Nashieli Ramírez trajo al seminario el trabajo de Boaventura de Sousa Santos
(2014). Nos habló de otra alternativa de globalización frente a la que privilegia lo
excluyente; rescató la globalización que denominó como resistente, jurídica y emancipadora a partir del desarrollo de los derechos humanos como sistema jurídico
global desde la consideración de la exclusión como maniobra central, con el fin de
que los grupos locales de personas indígenas, con discapacidad, afrodescendientes,
privadas de la libertad, entre otros, sean incluidos en una perspectiva global.
Miguel Concha trabajó de lo local hacia lo global, desde el punto de vista de que
son los grupos excluidos quienes en última instancia se organizan y se defienden,
a partir de la utilización de los derechos humanos, desde marcos globales. Definen
los nuevos derechos desde abajo como derechos de grupos de mujeres; niñas y
niños; personas con discapacidad; pueblos indígenas; población afrodescendiente;
población lesbiana, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual,
queer, asexual y otras identidades (LGBTTTIQA+), personas privadas de la libertad y
más, para que sean incluidos en una perspectiva local y global.
83
Marisa Belausteguigoitia
También nos subraya que es importante partir de lo local –desde abajo– donde
se encamina una globalización contrahegemónica, de movimientos y organizaciones sociales que luchan contra la opresión capitalista y colonialista (De Sousa, 2014).
Enfrentamos la destrucción de modos de vida de poblaciones empobrecidas, la
exclusión de comunidades por las empresas hidroeléctricas, el endeudamiento de
familias y de pequeños empresarios como control político, entre otras acciones
depredadoras.
El movimiento de lo global a lo local, y al revés, ha hecho un uso alternativo y
crítico de los derechos humanos. Concha Malo retoma algunas de las acciones de
defensa de personas indígenas de fray Bartolomé de las Casas en el mundo indígena del siglo XVI. Concha fue enfático: una narrativa hegemónica global no debe
imponerse a una realidad local.
El movimiento debe ser dialéctico, con intercambio de experiencias y requiere
tomar partido por las personas más desfavorecidas, por los grupos que han perdido
o no han tenido acceso al acto de contar, de tomar la palabra, de narrar el daño en
lenguajes comprensibles para ellas y ellos mismos, y así ser reparados y configurar
un porvenir.
De los tres enfoques surgieron varias preguntas. ¿Dónde buscar los medios para
la esperanza en la globalización y para la globalización de la esperanza?, se pregunta Concha. Si hemos sido testigos de cómo la globalización puede producir nuevas
formas de odio y etnocidio, debemos ser también propulsores de formas ancladas en
saberes locales latinoamericanos que promuevan los nuevos derechos de grupos
excluidos (Appadurai, 2007).
De estas reflexiones surgen preguntas que darán sentido a las conversaciones
en esta sesión del seminario: ¿cómo hacer presente y eficiente la voz del sujeto del
daño? ¿De qué formas es posible poner la globalización al servicio de aquellos que
más la necesitan y menos la disfrutan –los pobres, los desposeídos, los débiles y los
marginados de nuestro mundo–?
Como punto de partida están las participaciones de Leonardo Lomelí, Miguel
Concha y Nashieli Ramírez, quienes subrayan el reto de construir una globalización
resistente, jurídica y emancipadora a partir del desarrollo de los derechos humanos
que tome partido por los grupos que han perdido accesos, sobre todo a la palabra y
al acto de relatar desde coordenadas globales; una globalización contrahegemónica
por sobre una como sistema excluyente. Es ese, precisamente, nuestro objetivo.
84
Ley, palabra y proceso: la toma de la palabra
Derechos humanos y derecho moderno: entre la ley y la justicia
Uno de los centros de los derechos humanos ha sido la contención y eliminación
de abusos generalizados de las libertades fundamentales. Los derechos humanos
nacen contundentemente del periodo de 1930-1945, a partir de la experiencia de
las atrocidades de la segunda Guerra Mundial. Desde allí se intenta poner fin a la
idea de que cada Estado –por su cuenta– tenía la última palabra en torno al trato
que se le daba a su ciudadanía.
Nuestra atención está puesta –subrayo el problema– en las tensiones que surgen
entre la construcción de la ley como estructura de contención, reparación y representación del daño, y la desaparición de la voz y con ello el relato del sujeto dañado,
quien al contar su propia historia y ante la ley puede conjuntar –entrelazar– algunos
de los hilos narrativos de su propia recuperación ante la herida sufrida. Nuestra
tesis, nuestra idea a compartir, es que el aprovisionamiento y engrosamiento de protocolos, normatividad y metodologías globales y nacionales ha tenido, además de
una enorme gama de efectos positivos, uno complicado: el adelgazamiento –hasta la
invisibilización– de la propia historia –de la voz–, y así de las características locales y
puntuales, de la forma y fondo de la historia propia del grupo o individuos dañados.
Podemos rastrear esta tesis –este comportamiento de la ley como estructura del
discurso jurídico– en los fundamentos del derecho moderno. No voy a resumir la
historia del derecho moderno en dos párrafos, pero sí a esbozar una reflexión desde
al análisis de Paolo Grossi (2003), quien nos ayuda a entender las formas en que el
sujeto del daño y su posible acceso a la justicia han sido borrados por la misma ley
que intenta protegerlo.
Paolo Grossi, en Mitología jurídica de la modernidad (2003), lleva a cabo una
revisión de los fundamentos del derecho moderno. La ley como mecanismo de
resolución e impartición de justicia puede representar “[un] nudo de certezas axiomáticas aceptado pasivamente... y [la] absolutización de nociones y principios relativos” (Grossi, 2003, 15 y 17). El derecho es algo diferente de la justicia, algo que
se identifica con la ley. Su tesis es que “la reducción del derecho a la Ley y su consiguiente identificación con un aparato autoritario, es fruto de una elección política
próxima a nosotros y que ha sido vivida en otros momentos históricos –como la
época medieval– de otra manera” (Grossi, 2003, 23), y este otro modo parece haber
sido una ley más próxima a la posibilidad del otorgamiento de justicia.
85
Marisa Belausteguigoitia
Nuestra mirada crítica se fortalece si pasamos de la solución formalista moderna de la ley como justicia a la solución sustancialista (medieval) de la justicia como
ley (Grossi, 2003, 8). En la formulación de la ley como justicia el individuo resulta
en una abstracción que solo puede ser medida en términos de “firmes redes ofrecidas por las relaciones sociales y comunitarias invisibilizadas o prejuiciadas”. Se
pierde así la capacidad de imaginación de la vida social, es decir, la posibilidad de
informar la vida cotidiana de la gente de diferentes maneras y así integrar tensiones
y dificultades de cada grupo local y globalmente.
Ninguno como santo Tomás de Aquino (finales del siglo XII) para definir la ley
–en su Suma Teológica– como: “Ordenación de la razón dirigida al bien común,
proclamada por aquel que tiene el gobierno de la comunidad” (Grossi, 2003, 28).
En oposición al ideal medieval, que veía al príncipe como juez supremo –el gran
justiciero del pueblo– se toma como objetivo la producción de normas autoritarias
como emblema y nervio de la realeza, la autoridad y la soberanía (Grossi, 2003, 28).
Reconocemos este tránsito (de la intención de la justicia a la autoridad de la
ley) en Montaigne: “Las leyes se mantienen en crédito no porque son justas, sino
porque son leyes, [y] quien las obedece con este motivo, no las obedece como se
debe” (Grossi, 2003, 29). Esto resulta en una gran simplificación que ahora abordaremos, pero que, por lo pronto, nos permite una dirección que adelanto: la ley
se puede convertir en pura forma. Con ello, uno de los fondos –lo que en esta
sesión del seminario intentaremos entender– pasa a ser la eliminación de la voz,
que convierte a los sujetos del daño en sujetos sin voz. Esta eliminación debilita
su propia reparación. El sentido íntimo de la justicia se desvanece o se pierde al
perderse la posibilidad de que la vida del otro –y en particular las maneras en que
se trastocó– impacte el proceso de construcción de la reparación de una herida
social y personal. Esto supone, según Grossi, una apertura a la imaginación social,
la suposición de la vida comunitaria y la vida de la gente en su diversidad y materialidad incontable.
Así, tenemos otra vez a Montaigne, quien resume este tránsito de forma inmejorable: “Sagrada será la ley intrínsecamente injusta, y sagrada será la ley redactada
por un soberano necio” (Grossi, 2003, 33). El mundo moderno consistirá entonces
en la absorción de todo el derecho por la ley, en su identificación con ésta, aunque
sea mala o inocua. Esto representó una peligrosa e inevitable ruptura del derecho
como tejido ordenador y así reparador del cuerpo social.
86
Ley, palabra y proceso: la toma de la palabra
La aspiración como imaginación social
Intentaremos vislumbrar cómo se mueven los sujetos dañados en el intento de
reportar esta ruptura entre ley y justicia, los sujetos silenciados entre estos enunciados, procedimientos, protocolos, conceptos, cartas de derechos humanos y declaratorias. Hilvanaremos cómo trazar una perspectiva de la justicia como la posibilidad
de la toma de la palabra y la construcción de la historia del sujeto dañado frente
a la ley. Una ley que puede desaparecer las coordenadas de su voz, al tener la
capacidad de imaginar las vidas y las heridas de los otros de forma muy cercana a
lo sucedido solo cuando la voz de la sujeto herida puede permear o trasminar su
relato ante la ley.
Lyotard (1989) califica a la imposibilidad de enunciación de la víctima como
un diferendo; el diferendo (discrepancia entre dos sistemas de enunciación) aparece cuando el daño no puede ser reportado por la víctima, ya que no conoce los
lenguajes que puedan probarlo (dar cuenta de éste). “Es el caso cuando la víctima
es privada de la vida, de sus libertades o del derecho a testificar el daño, dado que
carece de autoridad” (Lyotard, 1989, 5). Lo primero que se pierde con el daño es la
capacidad de reportarlo. El diferendo es esta instancia del lenguaje que denota que
algo que debe ser representado no puede serlo, dado que “no se pueden encontrar
las palabras” (Lyotard, 1989, 9). Un diferendo ocurre cuando las regulaciones de
dos partes opuestas en conflicto no pueden ser representadas en el idioma que es
imprescindible para ser entendidas.
Arjun Appadurai, desde un giro cultural, nos ofrece nociones estratégicas para
entender los excesos y problemas de la globalización excluyente. Encontramos en
él una noción sugerente: si el daño quita la palabra, la reparación debiera producir el aliento –el aire– que la permite.
Aspirar: inhalar, ampliar la capacidad pulmonar y circulación de oxígeno. Aspirar: acción y efecto de desear. Aspirar: infundir o hacer nacer en el ánimo o la
mente afectos, ideas, historias (Diccionario de la Real Academia Española). Lo primero que se pierde con el daño es la capacidad de aspirar, de desear y sobre todo
de desear contar.
Appadurai sitúa en la capacidad de aspirar –en esa acción y en ese verbo– el
propiciar la palabra, la posibilidad de recuperación de las capacidades para desplegar el propio relato del sujeto víctima.
87
Marisa Belausteguigoitia
Con esta participación me interesa analizar algunos de los esfuerzos que activistas y académicas universitarias llevan a cabo para favorecer una de las aspiraciones
centrales de los derechos humanos: la toma de la palabra por parte de los propios
grupos o individuos que han sufrido daño para –desde allí y en consonancia con
los sistemas de acceso a la justicia– contribuir a dar forma a la agenda nacional y
global que busca la reparación y la justicia.
En su texto Globalización (2007) Appadurai habla de una fuerza positiva que
impulsa una emancipación política global: la imaginación de la vida social; una
facultad que informa la vida cotidiana de la gente de incontables maneras. Si se
ignora que la gente tiene vida y ésta es social, se pierden las señas particulares y
las dimensiones locales del daño, herida o delito. La imaginación social abre posibilidades de entender los innumerables desasosiegos y catástrofes que envuelven a
los grupos excluidos: la migración, la desaparición y la resistencia a la violencia. La
imaginación de la vida social representa la posibilidad del surgimiento de nuevos
patrones y, con ello, la búsqueda de formas alternativas de reparación (diseño de
formatos locales, de asociaciones civiles, de protocolos y mecanismos) que hagan
posible nuevos paradigmas de colaboración nacional entre fronteras.
A la par de la imaginación social surge la imaginación académica, algunas veces
con posibilidades de ser resonante con las fuerzas que permiten entender la vida
social como parte de una geografía mayor, para repensar los significados de las
vidas de grupos y sujetos que demandan justicia. Desde estas claves de escucha
–académica y social– se ha reformado la docencia y la investigación disciplinar e
interdisciplinar con el fin de apoyar el desarrollo de los derechos humanos desde
perspectivas globales y locales (Appadurai, 2007, 6-15).
El concepto de imaginación académica (Haraway, 2019) –construido a partir
del cruce de saberes universitarios y activistas– nos abre a la exploración de esa
capacidad que se pierde justo por el daño, la de aspirar a ser reparadas, aspirar a
un futuro, a un porvenir. Con este texto apunto a las formas de insuflar deseo, de
atraer oxígeno, de aspirar a la consolidación de la toma de la palabra que hace
funcionar ese aire en el paladar y las cuerdas vocales que producen los relatos del
daño de los grupos más excluidos. Lo haremos en consonancia con las propuestas
de Leonardo Lomelí, Nashieli Ramírez y Miguel Concha, a partir de un proyecto que
interviene el sistema penitenciario a favor de la toma de la palabra de las mujeres
privadas de la libertad: Mujeres en Espiral: sistema de justicia, perspectiva de géne88
Ley, palabra y proceso: la toma de la palabra
ro y pedagogías en resistencia. Su objetivo ha sido el acceso a la justicia desde lo
local y lo global, y en las fronteras de las disciplinas, utilizando la imaginación social
y académica como motor.
Es desde esta apuesta académico-activista –en una perspectiva que analiza
la producción de narraciones como un movimiento político, social y cultural– que
propongo a Julieta Gamboa (escritora y teórica literaria) y su texto Las fisuras del
lenguaje (2022) como un conjunto de teorías y prácticas que se oponen a la exclusión de las experiencias de las mujeres en particular, y así cuestionan las distintas
imposiciones y limitaciones que constituyen formas de violencia que eliminan la
voz capaz de reportar el daño (Gamboa, 2022, 13).
Maniobras académico-activistas: apropiación de los derechos
humanos y sus mecanismos por parte de grupos excluidos
¿Qué papel tienen los saberes académicos –sus objetivos y agentes– en la globalización de las promesas de los derechos humanos? ¿Cuál es la función de las universidades en la generación de circuitos de comunicación y representación donde sean
los sujetos dañados los que tomen la palabra?
Uno de los fines del contacto entre los sistemas penitenciario y universitario es
la construcción de una frontera porosa entre la academia y la sociedad, a partir del
contacto entre poblaciones y espacios precarios y poco afines. Con el contacto entre
universidad y urgencias sociales, y en el caso que nos ocupa con la cárcel, anticipamos una especie de pedagogía del encuentro entre espacios y sujetos inesperados.
De este contacto surgen varias preguntas: ¿qué y a quién hace aparecer el contacto
entre cárcel y universidad? ¿Qué mirada, qué perspectiva hacia la cárcel arroja el
contacto de mujeres privadas de la libertad con la universidad? Y viceversa: ¿qué
ángulos se abren en la universidad en la frontera con el trabajo penitenciario?
¿Qué tiene que ver el fortalecimiento de los derechos humanos con encuentros
inesperados, no anticipados, y con personas y espacios de aspiraciones y posibilidades opuestas o muy divergentes (universidad y cárcel)?
Ilustraremos cómo se abre este encuentro a la aspiración: a la toma de la palabra y con ella a la aspiración del relato que reporta el daño implicado justamente
en el ejercicio del derecho y la justicia, en esa apropiación de los derechos huma89
Marisa Belausteguigoitia
nos como plataforma de enunciación del daño por parte de los propios sujetos
vulnerados. Mujeres en Espiral: sistema de justicia, perspectiva de género y pedagogías en resistencia es un proyecto académico-activista inscrito en el Centro de
Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), que nació en 2008 a partir del trabajo entre la universidad y el
sistema penitenciario.
Foto 1. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
Mujeres en Espiral pretende contribuir a la toma de la palabra de las mujeres privadas de la libertad al explorar sus historias, potenciadas a partir del vínculo entre
la academia y el activismo; espera mostrar la posibilidad de generar cambios en
el acceso a la justicia de las mujeres reclusas, en los sistemas que las procesan y
encierran (jurídico, patriarcal, cultural y pedagógico).
Interviene a favor de la toma de la palabra, a partir de una triple mirada (pedagógica, artística y jurídica) y desde las perspectivas de género. Desde allí sugerimos
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Ley, palabra y proceso: la toma de la palabra
preguntas, prácticas y cruces que abran a la percepción de lo que se acumula –ante
las puertas de la ley– en el ámbito del acceso de las mujeres a la justicia. Hablamos
entonces de la producción de conocimiento activado (una academia activada y un
activismo académico), a partir de una experiencia artística, jurídica y pedagógica
localizada muy cerca de los sujetos del daño. En el caso de las mujeres privadas
de la libertad, de un daño que cometieron o supuestamente cometieron y de uno
que la propia ley –que promete reinsertarlas (no solo castigarlas)– ejerce contra ellas.
El proyecto de investigación-acción Mujeres en Espiral funciona desde inicios
de 2008 y tiene tres objetivos: el primero implica visibilizar los factores de opresión contra las mujeres que subsisten en las estructuras discursivas, imaginarias y
materiales de los sistemas penitenciario y de justicia; el segundo se aboca a generar
transformaciones en la conciencia jurídica y social (imaginación social) con el fin
de promover un acceso más efectivo de las mujeres a la justicia; y el tercero se
vincula a la formación de jóvenes investigadoras e investigadores que sean capaces de generar transformaciones desde una perspectiva de género en los sistemas
penitenciario y de justicia.
Foto 2. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
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Marisa Belausteguigoitia
Partimos de un trabajo semanal desde 2008 (solo interrumpido por la pandemia de COVID-19) con mujeres privadas de la libertad, a partir del diseño y la
elaboración anual de productos artísticos que hablen del daño y las formas de reparación desde una perspectiva de género, global, descolonial y crítica. Elaboramos
productos tales como documentales, murales, cortometrajes, diccionarios, fanzines
y recetarios a partir de talleres semestrales.
El trabajo del proyecto Mujeres en Espiral parte de la noción de imaginación
académica –antes descrita– y se lleva a cabo en una universidad pública –la UNAM–
comprometida con las urgencias sociales, dentro de un proyecto que conjuga las
dimensiones necesarias para hacer aparecer el cuerpo y la lengua del sujeto del daño
en el escenario legal. Mujeres en Espiral cuenta con la Clínica de Litigio Estratégico Marisela Escobedo, que nos permitió trabajar con tres casos de litigio estratégico;
uno de ellos es el caso de “la Mala Madre”, el caso Carmen, el cual analizaremos a
continuación.
Clínica de Justicia y Género Marisela Escobedo: perspectiva
de género y enfoques pedagógico, artístico y jurídico
Con la colaboración del Programa Universitario de Estudios de Género –hoy Centro de
Investigaciones y Estudios de Género–, la Facultad de Derecho, la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
–hoy Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México–, creamos en 2013,
al interior del proyecto Mujeres en Espiral, la Clínica de Justicia y Género Marisela
Escobedo. Al igual que las Clínicas de Litigio Estratégico de Interés Público, contempla dos finalidades, una jurídica y una pedagógica. La jurídica funciona a partir de la
identificación de casos estratégicos que esperan modificar estructuralmente las condiciones de acceso a la justicia de las mujeres, con el fin de contribuir a terminar con
las condiciones de opresión, discriminación y dominación generadas en los sistemas
penitenciario y de justicia penal mexicanos. La finalidad pedagógica pretende mejorar
la práctica profesional de estudiantes y docentes mediante su participación activa en
los procesos en cuya defensa o postulación se involucre la Clínica.
Trabajamos tres casos de litigio estratégico. Uno de ellos –el más sensible– lo
hemos denominado “la Mala Madre”, el caso Carmen. Los sobrenombres o títulos
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Ley, palabra y proceso: la toma de la palabra
de los casos intentan atraer la atención de un público interesado por la justicia en
México y en Latinoamérica. Carmen no es el nombre de la mujer acusada. El caso
es el siguiente.
Síntesis de los hechos: una mujer de 22 años es acusada por violación equiparada y homicidio en razón de parentesco calificado (a su hija de año y medio)
y sentenciada con una pena de 30 años y 7 meses. Carmen tiene dos hijos, uno
de tres años y una de año y medio. Conoce a un hombre 15 años mayor que ella
que le promete formar un hogar juntos y se va a vivir con él. Su pareja se vuelve
rápidamente violenta con ella y sus hijos. Nancy –la niña– se degrada, es llevada un
día al hospital –por Carmen y su pareja– con una fractura del cráneo; su hija fallece
unas horas después. Carmen declara que al regresar del trabajo (en una zapatería)
encuentra a su hija inconsciente en la cuna. La pareja estaba con ella. El hospital
entrega a Carmen un sobre cerrado y le pide ir a entregarlo al Ministerio Público
para poder ver a su hija. Los policías abren el sobre, que menciona desgarros anales de Nancy y posible abuso sexual; los policías obligan a Carmen a firmar una
declaración en la que confiesa haber visto a Luis –su pareja– violar y matar a su
hija, estrellándola contra la pared de su casa. En su declaración preparatoria, en
mayo de 2011, Carmen denuncia los malos tratos de los policías y se retracta de
lo asentado en su declaración ministerial, pero no se ordena ninguna investigación
oficiosa de tortura hasta que es solicitada por la defensa –hecha por la Clínica
Marisela Escobedo– en mayo de 2013. Se dicta sentencia condenatoria. Violación
agravada (a una persona menor de edad), homicidio en razón de parentesco en la
modalidad de comisión por omisión. En segunda instancia se repone el proceso, en
agosto 2012, por no haber tenido defensa adecuada. Se dicta nueva sentencia en primera instancia en los mismos términos que la primera vez, no obstante las nuevas
pruebas aportadas en el proceso, incluido un Protocolo de Estambul positivo para
tortura realizado por la entonces CDHDF.
Mujeres en Espiral favorece la contigüidad y el trabajo entre la academia y la
cárcel vinculando ambas disciplinas, normativas, lenguajes, objetivos, metodologías y prácticas. La prisión como sistema promete y legisla sobre los procesos de
reinserción, pero a todas luces privilegia el castigo y el abandono. La contigüidad
con la academia constituye una oportunidad para reforzar un pensamiento crítico
sobre las políticas del castigo y de reinserción, para la construcción de la democratización de nuestra sociedad a partir del reforzamiento de los derechos humanos y,
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Marisa Belausteguigoitia
especialmente, para delimitar estrategias de resistencia a la construcción de sujetos
disciplinados (por el castigo) y disciplinarios (sometidos a la disciplina académica)
en ambos espacios. En otras palabras, buscamos escapar a la academia como disciplina y escapar a la cárcel y su disciplina.
Mujeres en Espiral pretende contribuir a entender las razones del delito, de
la desobediencia y la marginalidad a partir de un pensamiento complejo y desde la
perspectiva de género –que no es otra cosa que poner a la imaginación social y a
la académica a trabajar en favor de las mujeres y de sus escenarios de exclusión–,
que resista a la severidad de las disciplinas académica y carcelaria. Esto último
representa una premisa de desarrollo de los derechos humanos con perspectiva de
género, que propone una academia con imaginación.
Muralismo en prisión: la toma de la palabra, la ocupación
de los muros
Iniciamos el trabajo con la Clínica de Litigio Estratégico Marisela Escobedo de la
mano de un proyecto artístico con el fin de congregar a distintas mujeres interesadas en narrar sus historias jurídicas y personales. Entramos en contacto con una
demanda inusitada hecha por algunas presas, la del color. La ausencia de color y
el gris sucio de la prisión se convirtió –para algunas– en insoportable. Un grupo
de ellas pudo expresar esta sensación. La primera demanda con la que tuvimos
contacto fue la del matiz y el color. La cárcel se vive sin tonos, su monocromismo
produce una contundencia punitiva muy eficiente. El trabajo artístico y pedagógico
con los muros, las emociones y las historias –también desde su puntal jurídico– nos
ofreció material para comprender los insondables matices de la ausencia de justicia
para las mujeres en el espacio carcelario.
Fue éste el primer proyecto –muralismo– con el cual se vinculó Carmen y el
primero de los casos que atendió la recién construida Clínica de Litigio Estratégico
Marisela Escobedo. Los murales representaban dos gestos de resistencia: el primero, tomar lo que cerca en una prisión, sus muros; y el segundo, tomarlo con horizontes, con aspiración a un porvenir. La toma de la palabra, aunada a la toma de los
muros y la imposibilidad de pintarlos mirando hacia abajo, consolidó ambos gestos:
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Ley, palabra y proceso: la toma de la palabra
ofrecía la posibilidad de levantar la mirada hacia un horizonte fuera del encierro y
de aspirar a un porvenir con matices y opciones.
Foto 3. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
Foto 4. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
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A estos dos gestos incluimos uno más, el de reivindicación –una suerte de venganza– contra el tamaño pequeño de las artesanías, pulseras, artículos y enseres
domésticos, hechos que subrayan habilidades feminizantes las cuales constituyen
el diminuto centro de la propuesta educativa y de reinserción del sistema penitenciario, y que son hechas para matar el tiempo en prisión, vender y financiar el
alto costo de la vida en el encierro. Las mujeres privadas de la libertad elaboran los
productos: repisas, adornos, trapos para la cocina, fundas para los enseres culinarios
(todos para el espacio doméstico, para las amas de casa) en pasta francesa, madera country, chaquira, popotillo, fomi, chocolate artístico, chaquira y migajón, muchas
veces con motivos copiados de las princesas de Walt Disney (Blanca Nieves, Pocahontas, Tiana, La Bella Durmiente). En el caso del muralismo, el imaginario y la
inspiración del trabajo manual cambia radicalmente; ya no es una manualidad
feminizante, sino que desborda lo doméstico y lo pequeño. Es creativo, muchas
veces crítico e imaginativo y monumental, es elocuente en la narración de heridas e
historias que ensayan la voz y su aspiración en las mujeres privadas de la libertad. El
subirse a los andamios, el mirar desde arriba la arquitectura del penal y los nuevos
horizontes de la feminidad las sitúa con perspectiva, con aspiraciones y con voz.
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Fotos 5 y 6. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
Les permite aparecer teniendo como forma los muros tomados de prisión y la
técnica del muralismo; y como fondo la toma de la palabra, al visualizar en formato
monumental los diseños que se desprenden de un trabajo colectivo que narra las
razones de su delito o de sus encierros (incluidos los anteriores a prisión).
El primer mural, denominado El Grito, consistió en 64 viñetas que relataban las
diferentes experiencias, escenas y sensaciones de las mujeres en prisión. La escalera de caracol que corona la sala grande, un gran muro en espiral, escalera prohibida
a la que solo acceden cuando inician su proceso de liberación y por la que desciende la tan esperada visita. Ésta fue la primera apropiación de la narrativa y del gran
giro de la mirada, y con ella de la construcción de aspiración, deseo y relato.
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Fotos 7 y 8. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
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Carmen se acercó a nosotras cuando pintábamos el segundo mural, ubicado
en uno de los patios del penal –la sala chica–, espacio donde esperan sentencia las
mujeres de beige, las aún en proceso. En ese segundo mural trabajamos tres nociones: el tiempo, la fuerza y la esperanza. Fue un regalo que hicieron las mujeres
sentenciadas a las mujeres en proceso (“las de azul” a “las de beige”). El segundo
mural también surgió de nuestro trabajo con la palabra, la narración y la construcción de historias que hablaran de sus vidas como mujeres, esto derivado de los
talleres que ofrecimos. En estos denotamos que el tiempo es también un tiempo
humano y –más allá– es un tiempo de mujeres desbordado por las tareas femeninas –sobre todo, las de cuidados–, un tiempo factible de ser apropiado y, además,
un tiempo entretenido en varios procesos. Como proceso jurídico, identificamos un
tiempo detenido, suspendido y ajeno, pero que hay que entender y del que hay que
apropiarse. Como tiempo crítico –de generación de conciencia– construimos un
tiempo animado, un tránsito de trabajo narrativo e ilustrativo, donde la aspiración
y la consecuente toma de la palabra se ponen en movimiento.
Foto 9. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
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Dentro de los talleres y frente a los muros del penal, Carmen calibró sus tiempos en cautiverio y “libertad” –aún antes de entrar a prisión–, sus tiempos de deseo
y aspiración, y su tiempo detenido –ya sentenciada–. Antes del contacto con abogados o con su proceso jurídico en la Clínica de Litigio Estratégico Marisela Escobedo,
inició con el trabajo mural un proceso narrativo, visual y artístico, desfigurador de
las conductas que la llevaron a prisión.
La aspiración, el deseo y la toma de la palabra no pueden surgir en un tiempo
detenido; implican la experiencia de un tiempo animado, flexible y móvil. Lo que
intentamos producir en las mujeres presas –a partir de prácticas artísticas y pedagógicas que intervienen lo jurídico– es una conectividad animada, una forma colectiva y constelada de la conciencia individual y grupal sobre aquello que encierra y
excluye, en particular, a las mujeres. Según Diana Taylor (2016), lo animativo es en
primera instancia movimiento, como en la animación visual. Parte identidad, ser,
espíritu o alma. A Carmen lo primero que le quitaron fue la capacidad de animarse
y de hacerse presente frente a la ley, ante sus compañeras de patio y celda, frente a
ella misma, narrando y contando lo sucedido animadamente. La palabra desde una
condición de desánimo y subalternidad no transforma o, si lo hace, no tiene lugar
su enunciado como recepción de la ley –la conciencia de un relato que se genera
cuando el tiempo se anima y la imaginación se agita–.
Hablamos entonces de la palabra animada (consciente) de la mujer subalterna
como la capacidad de articular, de producir relaciones –vínculos– desde lo político, lo pedagógico y lo estético (rima, rabia y ritmo de la narración) dentro de un
espacio público generado por los enlaces de su palabra con su situación pasada,
presente y futura. Podemos hablar con Hannah Arendt (2009) de la construcción
del espacio público desde la posibilidad y capacidad de las alianzas entre palabra e
imagen, entre internas, y entre narración y proceso jurídico.
Este tipo de toma de la palabra no consiste solo en producir un relato de lo que
sucedió; es administrar su secuencia y contenido en relación con las estructuras
de poder (patriarcal, familiar, público, escolar, penitenciario). La primera vez que
escuchamos a Carmen, con el rostro medio oculto bajo una gorra, narró su relato
en voz baja y contó lo que había ocurrido sin pausa, cronológicamente, en tiempos
que se sucedían unos a otros y que representaban los abusos del marido, el ministerio público, su defensa, la juez y el ámbito penitenciario.
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El relato animado –el de la conciencia que genera la aspiración a un porvenir–
conlleva un tipo de desarrollo del tiempo narrativo como acto de articulación de
silencios y de producción de escenarios que se apropian de un tiempo, que lo ocupa
y administra de formas inéditas para la hablante, no solo en una secuencia precipitada e ininterrumpida de abusos, sino en una selección predeterminada de eventos.
Foto 10. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
Saidiya Hartman (2012) ilustra cómo es que nos enfrentamos a la narración de
historias imposibles, a lo que se resiste a ser dicho por doloroso, inconcebible o
carente de nociones para ser entendido. La historia imposible requiere de múltiples
agentes para ser construida y, sobre todo, para ser escuchada.
La historia imposible de Carmen requirió un trabajo recreando un tiempo inusitado, uno que no hubiera sido tomado por el abuso, por lo diminuto, lo menor y
lo doméstico: por las tareas feminizantes de las mujeres producto de la distribu101
Marisa Belausteguigoitia
ción sexual del trabajo y de las emociones (Ahmed, 2019), y por la redundancia
del poder. ¿Cómo modifica a las mujeres la transformación de un tiempo muerto,
repetitivo y cercado, en uno vivo, creativo, animado y propio?
Lo que nos interesaba por encima de todo era la palabra, la reconstrucción
narrativa del relato y la figuración de los tiempos por parte de Carmen y de las
maneras en que ella había sido sometida a varios sistemas (el familiar, el educativo, el jurídico y el penitenciario). Dolores Juliano (2008) y Elena Azaola (2007) nos
han dejado ver el secuestro de la vida de las mujeres (en tiempo y forma) por una
impartición de justicia alejada y anestesiada. Para movilizar el tiempo muerto del
castigo y las imágenes petrificadas de los poderes familiares y jurídicos sobre ella
y sobre la mayoría de las mujeres en prisión, diseñamos el segundo mural en la
escalera de acceso de la visita en la sala chica (la de espera de la sentencia), que
simula un gran reloj de arena.
Foto 11. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
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Ley, palabra y proceso: la toma de la palabra
Las mujeres decidieron dar lugar y representación a sus muchos y diversos
tiempos escindidos y capturados –la mayoría de ellos por los sistemas familiares,
educativos y jurídicos–, a partir del diseño de pequeños relojitos de arena dentro
de los cuales dibujaron escenas que hablan de sus memorias, de sus esperanzas
y aspiraciones; de las formas en que han sido encerradas como madres y como
esposas; de sus vidas rotas y rehechas: una torre de control que se hace trizas, una
escuela que se ve diminuta después de un largo camino, una casita modesta con
plantas en las ventanas, una puesta de sol en un horizonte lejano, una pequeña
mujer reducida bajo un gran dedo acusador. Escenas entrañables y transparentes
en pequeños relojes de arena, dentro del gran reloj que es el tiempo femenino
revisitado. ¿De qué está lleno el tiempo de las mujeres? Carmen animó, movilizó
y recalibró sus tiempos; creó varios diseños que los representan y analizan. Aspiró.
Este trabajo artístico-pedagógico no es otra cosa que una reapropiación de la
experiencia jurídica de mujeres subalternas a partir de un nuevo relato, una desfiguración del relato ininterrumpido de abusos que da lugar a otro tiempo narrativo
y a otra forma de entender sus procesos (familiares, jurídicos y personal). En El
destino de las imágenes (2011) Rancière diría que nos anima el desfiguro, la desemejanza, la descomposición del ser y hacer de las mujeres en cuanto previsibles. La
posibilidad de contar se anima cuando en la narración se configura una escena de
desfiguración que abre la posibilidad de entender y de recontar el relato del matrimonio, del amor y de la maternidad de otras maneras. Algunas de ellas les ofrecen
una nueva dimensión de lo que significan estos “sueños” cumplidos.
Carmen comprendió –si esa es la palabra– de qué naturaleza eran sus tiempos
–vinculados a tareas de cuidado y de lo doméstico– y pidió tomar un espacio preciso en las paredes del penal y sus tubos del desagüe. No es metafórico que en estos
tubos liberaría lo sobrante y lo tóxico, ocupándolos con sus diseños. Allí figuró dos
escenas, una relativa a la concepción y otra a la maternidad.
Estas imágenes constituyen, a su vez, una intervención crítica en dos escenas del
relato jurídico: Carmen fue acusada de colusión con su pareja para violar y matar a
su hija, y con ello de omisión de las acciones de cuidado propias de la maternidad,
que podrían haberle salvado la vida a su hija, lo que constituye un delito impronunciable: homicidio en razón de parentesco, comisión por omisión.
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Fotos 12 y 13. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
El texto/imagen que ideó en dos relojitos predice –imagina– una transformación:
dos gestos adustos que miran con ojos abiertos y el dedo que sume a una mujer
con su autoridad y presión.
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Foto 14. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
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Foto 15. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
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Foto 16. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
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Ya he mencionado cómo en el muro contiguo, justo en el tubo oxidado que desaloja el desagüe y los excesos, Carmen desfigura otras dos escenas: se pinta haciendo
el amor y en profunda meditación al gestar a su hija. El paisaje –el fondo– es el
México prehispánico –otro tiempo, otro horizonte–; la forma es el reverso del delito
del que la acusan –el amor de pareja y el amor a su hija–.15
Carmen participó en dos proyectos más: un diccionario canero que recoge
muchas de las expresiones y nociones que se crean para describir y vivir el espacio
penitenciario, en el que colaboró con definiciones e ilustraciones; y uno de nuestros fanzines, el cual analiza detalles de la vida en prisión. El diccionario es otra
forma de toma de la palabra, una manera de reflexionar sobre las acciones que
solo se llevan a cabo en prisión. En él se incluyen palabras que fueron creadas ahí,
tales como borrega –persona que te acusa o es chismosa–, mi botox de aquí a New
York –algo te sorprende o impresiona mucho–, sobres –que vayas a hacer algo, que
te atrevas–, y 18 –que alguien, custodia o personal, vigila–.
Carmen salió de prisión en julio de 2021 gracias a dos acciones que vincularon
prácticas artísticas, pedagógica y jurídicas. La primera, su trabajo mural; las prácticas artístico-jurídicas que la irguieron le permitieron recomponer su vida y relatar
su propia historia. Con ellas –entre otras muchas formas de sobrevivencia que se
gestan en prisión– pudo sobrevivir los 15 años que pasó presa. La segunda consiste
en el trabajo jurídico desde la perspectiva de género llevado a cabo por la Clínica
de Litigio Estratégico Marisela Escobedo. Sin el trabajo mural, esto segundo no
hubiera sido posible.
Los entrecruzamientos entre la toma de la palabra y las acciones jurídicas no
resultan en liberación si no existe una instancia como la Clínica Marisela Escobedo.
La toma de la palabra sin un acertado trabajo jurídico –en éste y otros muchos
casos– sirve para levantar la voz y erguir el cuerpo en prisión, pero no logra defender de forma efectiva a las mujeres frente a la ley. Con murales no se libera jurí-
15
Hay mucho que decir sobre las formas del amor romántico o del amor aprendidas que han llevado a
muchas de las mujeres a prisión, pero éste no es el momento. Baste decir que una de las maneras de
referirse a un buen número de mujeres que ingresan a prisión es como “pagadoras”: mujeres que “pagan”
un delito menor cometido mayormente (planeado, figurado y ejecutado) por los hombres de su familia
(esposos, novios, hermanos, padres, tíos). El secuestro es un ejemplo perfecto. Las mujeres suelen ser
mandadas por sus esposos a cuidar y alimentar a la persona secuestrada. Son así capturadas in fraganti;
esto les cuesta jurídicamente decenas de años. Los hombres que planean no suelen estar en la escena del
crimen.
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Ley, palabra y proceso: la toma de la palabra
dicamente a las mujeres, pero este tipo de trabajo deja ver las aspiraciones de las
mujeres, los manejos ilegales y abusivos de la justicia, y las maneras en que la cárcel es omisa a las necesidades educativas verdaderas y estratégicas de las mujeres.
Foto 17. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
Conclusión
Con nuestra participación nos sumamos a un llamado, a la mirada que provoca la
aparición –toma de la palabra y su aspiración– de las mujeres y sus contextos –sus
posibilidades–, más allá de los límites impuestos por una mirada jurídica que puede
desaparecerlas ante nuestros ojos. Con Carmen hacemos un llamado a levantar la
voz, a modularla, a trenzarla e intersectarla desde una academia activada y un activismo académico, a partir de la visibilización de las urgencias, y de las demandas y
miradas críticas de las propias mujeres.
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En un momento de intensificación de desapariciones y de violencia hacia las
mujeres es urgente hacerlas aparecer y entender las causas y las formas de violencia que las vulneran, desvanecen, fragmentan, escamotean o desaparecen por completo, desde sus propias palabras. En un país de desaparecidos es imprescindible
hacer aparecer a las mujeres.
El iluminar a mujeres desaparecidas en muros penitenciarios nos permite dar
cuenta de algunos de los problemas estructurales en los campos de la justicia y los
derechos humanos. En esta sesión del seminario nos ocupamos de un particular
tipo de desaparición, la que se lleva a cabo ante la ley, bajo su mirada. No nos referimos solo a la ausencia de una mirada de género en los trabajos criminológicos y
penales, sino a una condición estructural de la ley que requiere de giros para hacer
visible a una mujer proletaria, precaria y urbana.
Kafka, en El Proceso (2016), representa el edificio de la ley con esa estructura
laberíntica a la que el Sr. K accede para ser juzgado de un delito que desconoce,
donde las mujeres están representadas limpiando, barriendo, sacudiendo o seduciendo al interior del gran edificio de la ley. El campesino que se instala frente a
sus puertas para hacerle una solicitud o reportar un daño muere de viejo sin ser
atendido; pareciera que el guardián no lo ve o actúa como si no existiera. ¿Cuál
sería el destino de este acceso si ante las puertas de la ley se encontrara una mujer
indígena o una obrera? Es fácil que ni siquiera pudiera llegar a su puerta.
Actualmente hemos transitado a los juicios orales; por lo menos la mitad de
las mujeres que fueron juzgadas antes de 2018 no vieron al juez que las sentenció.
Hoy las y los jueces deben estar de cuerpo presentes, pero todavía no tenemos sus
cabezas, sus lenguas y sus sentencias afinadas desde las perspectivas de género,
que son la consideración de los contextos de las mujeres.
Hay un gran espacio imaginario para asentar narrativas de los delitos de mujeres, que justifica el diseño de lo criminal desde las expectativas de los operadores
de justicia. Éstas marcan lo que deben hacer las mujeres, sobre todo las más
pobres, cuando se las sexualiza y cuando aparece la maternidad, esa fuerza sobrehumana que lo debe poder todo.
Hemos visto las situaciones en las que Carmen es visible ante la ley, cuando
la hacen culpable por omisión, en donde pasa –con inmediatez– a la invisibilidad,
cuando le es imposible contar su historia. Hemos reconocido cómo desaparece
ante la mirada de la jueza y cuando es exhibida a los medios en franca violación a
110
Ley, palabra y proceso: la toma de la palabra
sus derechos. La invisibilidad surge cuando se aplica una ley alejada de la justicia,
cuando en manos de la jueza se la castiga por no defender a su hija con la enjundia
que se defendió ante ella: “Si así hubieras defendido a tu hija, otra cosa sería”.
También hemos percibido durante 15 años de trabajo ininterrumpido con
mujeres privadas de la libertad el potencial infinito de la ley para hacerlas desaparecer en voz de sus operadores. Es como si ellas hubieran ofendido –desde su origen–
a la ley. Con el acto de hacer aparecer a las mujeres presas no me refiero solo a la
percepción visual de su presencia; me refiero al acto de aparición del habla desde
sus propias coordenadas. Me refiero a la aparición del relato con la conciencia de
su enunciación.
Si los tribunales de justicia son lo que parecen –lugares para defender la tradición, la ley sin giros–, parecen procesar a mujeres previstas, desanimadas y desaparecidas. Así, las prisiones de mujeres intervenidas con proyectos académicos
de trabajo activista se pueden convertir en espacios de color, de argumentos y de
evidencias que las conminen a aparecer y, con ello, a defender la justicia y el acceso real a ella. Y esto no es otra cosa que animar a la justicia frente a la ley y, con
aquella, a los derechos humanos de las mujeres presas en cárceles y presas de tantos
muros sin tomar.
Foto 18. Fuente: Archivo fotográfico de Mujeres en Espiral.
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112
Gobernanza multinivel de cambio climático
en América del Norte16
Ruth Zavala Hernández
Introducción
La complejidad del cambio climático que enfrentamos como humanidad requiere que sea analizado desde perspectivas multidisciplinarias y desde enfoques de
regulación diversos que den cuenta de la variedad de aristas con las que puede
ser abordado. La gobernanza multinivel es un enfoque teórico que evidencia la
fragmentación de la regulación de este problema como resultado de los intereses
inmersos y su politización. Particularmente, en América del Norte la regulación climática ha estado estancada durante las últimas tres décadas. Los tres Estados federales que integran la región no han mostrado interés en avanzar en la formulación
de políticas públicas orientadas a mitigar este fenómeno. El presente texto analiza,
ante la inexistencia de una política climática regional, qué tipo de regulación existe
y qué avances se han logrado.
El objetivo es revisar la pertinencia de utilizar el enfoque de la gobernanza
multinivel para aplicarlo al análisis de la regulación climática en América del Norte,
tomando a los mercados de carbono como uno de los resultados tangibles a través
de los cuales ha avanzado la regulación de las emisiones que provocan el calentamiento global. Para ello, este capítulo se ha dividido en tres partes, la primera,
Orígenes de la gobernanza y sus postulados principales, revisa el concepto de la
gobernanza y un análisis en torno a las tipologías, así como los actores que pueden
incluir. Además, se aplica la gobernanza al estudio del cambio climático conside-
16
Capítulo derivado de la 7ª sesión del Seminario Permanente “Globalización desde un enfoque de derechos”, 24 de febrero de 2023, https://www.youtube.com/watch?v=pwZSrZC8-4M
113
Ruth Zavala Hernández
rando el primer tratado que se firmó en la materia y cómo han evolucionado las
negociaciones internacionales desde entonces.
La segunda parte, Gobernanza multinivel de cambio climático, explica la variante multinivel de la gobernanza global. El proceso de negociación sobre este
problema ha sido altamente complejo y se ha caracterizado por momentos de
paralización y de polarización entre los principales emisores de los gases causantes
del cambio climático. Así, la escala global no ha sido exitosa para dar respuesta a
la urgencia que exigen la ciencia, pero ha habido mayor avance en otros niveles de
regulación. Éste es el caso de América del Norte; los mercados de carbono son un
ejemplo de cómo los gobiernos subnacionales han tomado el liderazgo ante la falta
de interés de sus gobiernos nacionales.
Finalmente, la tercera parte, Nivel subregional: mercados de carbono, ejemplifica la gobernanza multinivel que prevalece en Norteamérica como una regulación
voluntaria ante la ausencia de políticas nacionales encaminadas a mitigar el cambio
climático. Se revisarán dos mercados voluntarios, los cuales, a pesar de todas las
críticas que han recibido los mecanismos de mercado, demuestran que hay actores
públicos y privados, en diversas escalas, interesados en liderar la descarbonización
de la economía.
Orígenes de la gobernanza y sus postulados principales
En el ámbito teórico, el papel del Estado ha sido cuestionado por especialistas, en
tanto éste ha cedido parte de sus funciones a instituciones que no pertenecen al
aparato gubernamental. Dichas instituciones regulan de manera eficaz determinados bienes y servicios que antes atendía el gobierno de modo exclusivo. Diferentes
enfoques han intentado explicar este fenómeno, dando como resultado la ampliación de algunas teorías existentes y el nacimiento de enfoques novedosos, por las
categorías de análisis que contienen. Éste es el caso de la gobernanza, enfoque en
proceso de construcción y ampliación. A continuación, se revisarán los postulados principales de este enfoque haciendo hincapié en los elementos que considero
pueden formar parte del análisis actual del cambio climático.
114
Gobernanza multinivel de cambio climático en América del Norte
El concepto de gobernanza17 es un vocablo amplio y flexible en cuanto a su
definición. Diversas organizaciones y especialistas han abordado este concepto, y
una de las definiciones que más se ha retomado es la de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), por su importancia. En 1995, la Comisión de las Naciones
Unidas para la Gobernanza Global, en el documento Our Global Neighborhood
(Nuestra vecindad global) definió este término como
la suma de múltiples formas de instituciones y personas, públicas y privadas para tratar
asuntos comunes. Es un proceso continuo a través del cual los conflictos y diversos intereses pueden ser manejados a través de la cooperación. Puede incluir instituciones
formales y regímenes con la capacidad de exigir el cumplimiento, además de acuerdos
informales que las personas o instituciones han alcanzado y perciben como su propio
interés (Commission on Global Governance, 1995).
Para Krahmann (2003, 330-333), la gobernanza son las estructuras y procesos que
permiten a los actores gubernamentales y no gubernamentales coordinar sus necesidades e intereses de interdependencia a través de la realización e implementación de políticas en la ausencia de una autoridad política unificada. La gobernanza
puede definirse como la fragmentación de la autoridad entre actores que pueden
localizarse al interior o que representan y regulan diferentes unidades geográficas a
través de las fronteras nacionales y regionales. La gobernanza ha sido definida por
Mayntz (1998) como un nuevo estilo de gobierno, distinto del control jerárquico
de un gobierno y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la interacción entre el Estado y los actores no estatales. La governance es una modalidad
de coordinación no jerárquica. De acuerdo con Rhodes (2007, 1246), la gobernanza
es más que el gobierno ya que incluye actores no estatales, por otro lado, cambia
los límites entre los sectores público, privado y voluntario. A través de este proceso
se dan interacciones continuas entre los miembros de las redes, causadas por la
necesidad de intercambiar recursos y negociar propósitos comunes. Para Slaughter
17
La traducción del término inglés governance por gobernanza ha sido fuente de debate entre las personas
expertas en el tema. En el presente trabajo se emplea el término de gobernanza por ser el más ampliamente aceptado en la literatura hispana.
115
Ruth Zavala Hernández
(1997), estas interacciones entre los actores estatales y no estatales están creando
lo que ella denomina como un nuevo orden mundial.
Además, el concepto de gobernanza ha sido vinculado al programa de política
neoliberal expresado como una gobernanza corporativa auxiliada por un Estado
minimizado, donde la regulación estatal es reemplazada por asociaciones públicoprivadas y mecanismos de mercado. La gobernanza puede ser entendida como los
procesos de coordinación entre diferentes actores y niveles de gobierno en diversas
relaciones construidas, formales e informales, expresadas en múltiples niveles con
un líder que otorga autoridad legítima (López-Vallejo, 2014, 13-24). Ostrom (1990)
afirma que el número y tipo de actores no es importante, pero sí la fortaleza y el
entendimiento de los intereses comunes, la forma en que se comparten los costos de cooperar y sus recursos (información, estructuras de toma de decisiones
y autoridad) (Keohane and Ostrom, 1995, 7). Para fines del presente trabajo, la
gobernanza se entiende como el conjunto de actores estatales y no estatales e
instituciones, producto de las interacciones entre los dos primeros, que participan
en la regulación, en múltiples niveles no jerárquicos, de un tema determinado. Lo
anterior implica tanto la dispersión de la autoridad como la pérdida de poder del
Estado para tomar decisiones.
En este contexto, las ideas de James Rosenau (1988) sobre la comprensión
del mundo y sus transformaciones ofrecen un marco para estudiar la forma en
que problemas como el cambio climático se regulan a través de la gobernanza.
Actualmente, las relaciones internacionales atraviesan una etapa en la que los paradigmas y las teorías predominantes son insuficientes; no explican la realidad en su
totalidad. En palabras de Rosenau, se pretende hacer encajar la realidad en la teoría
y no viceversa. Uno de los hechos más relevantes que se discute desde hace algunas
décadas es lo que parece la pérdida de control estatal sobre una infinidad de asuntos de diversa índole, en los que influyen actores no estatales. Lo anterior se deriva
de los impactos de la globalización sobre el Estado. Los problemas ambientales son
ejemplo de lo anterior, son temas en los que confluyen actores de diversa índole;
privados, gubernamentales, comunidades, organizaciones no gubernamentales,
movimientos de oposición, etcétera.
El análisis de Rosenau (1988, 328) ofrece un enfoque centrado en la bifurcación
donde el mundo estado-céntrico coexiste e interactúa con un mundo multicéntri-
116
Gobernanza multinivel de cambio climático en América del Norte
co18 difuso, que consiste en diversos actores libres de soberanía, los que confrontan
un dilema de autonomía que difiere significativamente del dilema de la seguridad
de los Estados. Con base en esta idea, el universo de la política global consiste en
dos mundos que interactúan con miembros que se traslapan, un mundo multicéntrico diverso con actores casi iguales, y un mundo estado-céntrico en el que los
actores nacionales son los protagonistas. El dilema de la autonomía es la fuerza
conducente del mundo multicéntrico y el dilema de la seguridad constituye la preocupación dominante en el mundo estado-céntrico.
Antes, el pensamiento dominante apuntaba a que los problemas globales tenían
que manejarse a escala global; no obstante, cada vez hay mayor reconocimiento de que el problema no determina el nivel de su regulación. Por el contrario, en
la literatura más reciente se abordan las ventajas de hacer frente a un problema
en la menor escala posible; por ejemplo, las comunidades o los gobiernos locales.
Respecto de la escala nacional, el debate actual se centra en el impacto que
ha tenido la globalización sobre el Estado. Un grupo de expertos apoya la tesis de
que éste se encuentra en peligro de desaparecer y ya no es el actor principal de las
relaciones internacionales, en tanto que otros apoyan la tesis de que el Estado solo
se encuentra en transformación, por lo tanto, es capaz de adaptarse a los cambios
en la política internacional.
Jessica Mathews (1997, 65) es partidaria de la primera tesis; afirma que la
política internacional ya no debe ser entendida como la lucha de poder entre
Estados, sino que ahora existe una multiplicidad de actores que compiten dentro
del Estado. Estos son actores híbridos que incluyen actores estatales y no estatales,
donde la línea entre lo público y lo privado ya no es clara. Los Estados ya no son la
unidad preferida para resolver problemas. Dichos actores híbridos o mixtos influyen de tal modo que las políticas públicas reflejan sus intereses; en consecuencia,
el Estado termina cediendo ante estos. Esta nueva tendencia lleva a los gobiernos
a acatar decisiones que son tomadas en espacios no regulados por su derecho. Las
interacciones entre actores estatales y no estatales derivan en instituciones que
18
Para Rosenau el concepto multicéntrico sugiere jurisdicciones que se traslapan y una connotación difusa y
estructuras de influencia diversas. El mundo estado-céntrico refleja las tendencias hacia la centralización
inherente a la interdependencia compleja y aquellas hacia la descentralización inherente a las dinámicas
post-industriales.
117
Ruth Zavala Hernández
propician la creación de soft law, o sea, normas, principios, prácticas, resoluciones
no obligatorias, etc. (Mathews, 1997, 52). De esta forma existen nuevas instituciones que asumen funciones que antes eran exclusivas del Estado.
En contraposición, Anne-Marie Slaughter (1997), quien es partidaria de la segunda tesis, que plantea una transformación o adaptación del Estado, afirma que
aquellos que argumentan que estamos presenciando el fin del Estado-nación se
equivocan. Por un lado, asegura que el poder privado no es sustituto del poder estatal. A través de la regulación estatal se les da certeza a las diferentes actividades que
desempeñan los actores no estatales. Por otro lado, asevera que el nuevo entorno
internacional no implica un juego suma cero, es decir, el poder que ganan los nuevos actores no necesariamente implica una pérdida para el Estado. Para Slaughter
(1997, 183-184), el Estado se está desagregando en sus diferentes componentes.
Los ejecutivos, los tribunales, agencias de regulación, legislativos, etc., se vinculan
en redes con sus contrapartes del exterior, formando así complejas ramificaciones
del poder estatal. A estas ramificaciones de relaciones las denomina como un
nuevo orden transgubernamental.
Rhodes (2007) considera el impacto de la globalización sobre el Estado como
un debilitamiento para éste. Afirma que se ve debilitado desde diferentes ángulos, desde arriba por la interdependencia a nivel internacional, desde abajo por la
comercialización y las redes y, a su mismo nivel, por las agencias gubernamentales
y diferentes cuerpos paraestatales. Según este autor, tal debilitamiento es una
consecuencia no intencionada del mercado, que fragmenta el ofrecimiento de los
servicios, multiplica las redes y diversifica a sus afiliados.
En palabras de Rosenau (1988, 336), el Estado soberano hoy comparte su
autoridad en la escena mundial con otros actores, como autoridades regionales y
subnacionales. Lo anterior ha llevado a replantearse el papel del Estado para dar
respuesta a problemas como el cambio climático. Ante la ausencia de intereses
comunes de los principales actores en este tema se ha recurrido a enfoques que
den cuenta de la tendencia actual.
En América del Norte dicha tendencia consiste en que el mayor avance legislativo en materia climática se ha dado en los niveles subnacionales, más que en
el nacional. Esto se explica por las diversas interacciones existentes entre actores
estatales y no estatales que comparten intereses y que en conjunto han influido
118
Gobernanza multinivel de cambio climático en América del Norte
en la formulación de políticas públicas a estos niveles. Desde esta perspectiva, la
redefinición del Estado se enmarca en el enfoque de la gobernanza.
Si bien el enfoque de la gobernanza se creó desde finales de la segunda Guerra
Mundial, el paso de los años y la naturaleza cambiante del sistema internacional
han llevado a la ampliación y adaptación de éste, que algunos podrían denominar paradigma. A dicho enfoque la globalización le suma un problema teórico: la
coexistencia de muchos tipos diferentes de estructuras y de procesos, es decir,
diferentes modos de governance (Mayntz, 1998).
Dicho enfoque incluye cuestiones que por su naturaleza deben ser reguladas en
una escala que trasciende al Estado, pues las acciones a este nivel serían insuficientes para resolver el problema. La necesidad del Estado de actuar en conjunto con
otros actores de la comunidad internacional lo hacen cada vez más dependiente
de las decisiones que se toman fuera de su jurisdicción. Éste es el caso del cambio
climático.
Según Mayntz (1998), la governance hace referencia al análisis de la actividad
emprendida por la autoridad política en el intento por moldear las estructuras y los
procesos económicos. Governance se utiliza como sinónimo de dirección política. El
primer paradigma estaba vinculado con los temas de desarrollo e implementación
de políticas públicas y se adoptó lo que se conoce como una perspectiva “desde
arriba” (top-down), es decir, desde el punto de vista de quien legisla. La perspectiva
top-down (formulación e implementación de las políticas) del paradigma originario
se extendió hasta incluir aquellos procesos que, siendo de tipo “abajo hacia arriba”
(bottom-up), mostraban una conformidad parcial y selectiva de los destinatarios a
los objetivos perseguidos.
Lo que se crea a través de la gobernanza son actores que producen instituciones mediante las que se autorregulan. Este autogobierno representa la pérdida de
capacidad estatal para conducir y decidir dentro de su jurisdicción. No obstante,
en ciencia política se afirma que no se trata de una pérdida de control estatal, sino
más bien de un cambio en su forma. El Estado mantiene el derecho de ratificación
legal, el derecho de imponer decisiones autoritarias donde los actores sociales no
lleguen a una conclusión, y el derecho de intervenir con una acción legal o ejecutiva (Mayntz, 1998). Por lo tanto, para esta autora, el control jerárquico y la autorregulación social no son mutuamente excluyentes. Estos son principios ordenadores
diferentes que a menudo resultan amalgamados, y su combinación y autorregula119
Ruth Zavala Hernández
ción “a la sombra de la jerarquía” puede ser más provechosa que cualquier otra
forma “pura” de governance.
La gobernanza puede dividirse de diversas maneras, una de ellas es la clasificación en formal e informal. Según Betsill (2007, 13) y Hooghe y Marks (2003), la
gobernanza formal existe de manera explícita, ya sea mediante un grupo de actores
bien definido, la existencia de un documento jurídico donde se pueden establecer las reglas e instituciones mediante las cuales funciona la red; y la gobernanza
informal existe mediante los acuerdos tácitos entre los actores. En ambos tipos las
obligaciones pueden acatarse de modo voluntario o no, pero uno de los puntos
principales de este enfoque es el de la voluntariedad, característica que diferencia
radicalmente la autoridad jerárquica de un Estado con la gobernanza. En el caso del
cambio climático se percibe una mezcla de gobernanza formal e informal.
De estas dos formas de regulación resultan normas formales e informales que
pueden coincidir o no. En general, las normas pueden relacionarse de una manera
cooperativa o conflictiva (López-Vallejo, 2014, 17). Los objetivos de la gobernanza
formal e informal pueden ser compatibles u opuestos.
En el siguiente apartado se revisará el concepto de gobernanza multinivel, pues
se considera que las relaciones de poder en torno al cambio climático en América
del Norte pueden explicarse a través de éste. En principio, se afirma que el tratamiento político del cambio climático puede ser dividido en dos fases: la primera se
refiere a la diplomacia entre Estados y, la segunda aborda las relaciones entre diversos actores públicos y privados que pertenecen a los diferentes niveles de gobierno.
Gobernanza multinivel de cambio climático
A nivel internacional, llevamos tres décadas de negociaciones de cambio climático y el foro de discusión ha sido la ONU. El primer tratado sobre el tema es la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se
celebró en 1992. El máximo órgano de la CMNUCC es la Conferencia de las Partes
(COP), que se reúne año con año para revisar los logros alcanzados y plantearse
nuevas metas. El Protocolo de Kioto es producto de estos encuentros. Este acuerdo
es un tratado que contiene los compromisos obligatorios para las partes, las cuales
120
Gobernanza multinivel de cambio climático en América del Norte
son Estados desarrollados que reconocen ser los causantes principales de la crisis
climática actual.
Durante la COP 15, que se llevó a cabo en 2009 en Copenhague, Dinamarca, se
tenía contemplada la adopción de un nuevo acuerdo sustituto o continuador del
Protocolo de Kioto, que solo comprendía un periodo de compromisos de 2008 a
2012. Dicho objetivo no se logró debido a la polarización de las posiciones de los
mayores emisores del mundo desarrollado y en desarrollo. A nivel internacional
hubo mucho escepticismo acerca de la posibilidad de llegar a un tratado vinculante
que gozara del consenso de la mayoría de los Estados en el corto plazo. Debido a
la falta de compromisos en este nivel, se ha cuestionado la efectividad de los foros
internacionales para lograr avances, pero se han destacado foros más pequeños que
podrían ser más efectivos. Ante esta realidad, en la COP 17, que se realizó en 2011,
en Durban, Sudáfrica, se estableció una hoja de ruta, mediante la cual se determinó
como objetivo llegar a un nuevo acuerdo para 2015.
El Acuerdo de París fue el resultado de la COP 21 celebrada en 2015 en París,
Francia, el cual representa un cambio sustancial en el enfoque que habían mantenido las negociaciones internacionales desde 1992. Dicho cambio se refiere a que
se termina la etapa de las obligaciones vinculantes y se inaugura un periodo donde
los Estados parte son libres de proponer sus intenciones de reducción de emisiones
voluntarias (Intended Nationally Determined Contributions).
Con dicho acuerdo se da por terminado el régimen internacional de cambio
climático pues, según la teoría, los regímenes internacionales finalizan cuando
los principios y las normas se modifican. En el Acuerdo de París el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas19 se ve trastocado y se da enfrentar
19
El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas es parte del derecho internacional del medio ambiente (DIMA). Este principio ha quedado consagrado en varios acuerdos internacionales sobre
medio ambiente, por ejemplo, en la Declaración de Río de 1992 o en la CMNUCC. A través de este principio
se reivindica la idea de la “deuda ecológica”, que hace referencia a que los Estados desarrollados son considerados como los más responsables de la crisis ambiental actual, pues sus niveles de desarrollo implican
la explotación de los recursos naturales, y su industrialización y niveles de vida conllevan la generación
de la mayor parte de la contaminación del planeta. Así, se entiende que todos los Estados son responsables
del cuidado del medio ambiente, pero unos lo son más y además cuentan tanto con los recursos como
con las capacidades para hacer frente a esta crisis; por lo tanto, deben asumir el liderazgo y contribuir a la
atención de los diferentes problemas ambientales como: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad,
la deforestación, el estrés hídrico, el agujero de la capa de ozono, el deshielo de los polos, entre otros.
121
Ruth Zavala Hernández
el problema. Este acuerdo es muy flexible, ya que la divergencia de intereses entre
los actores clave –los que más emiten gases de efecto invernadero– no permitió un
acuerdo más estricto.
De forma paralela a las negociaciones internacionales sobre cambio climático,
en todo el mundo y en escalas distintas a la global han proliferado actores, organizaciones e instituciones interesadas en regular de manera ad hoc este problema. La
falta de consenso a nivel internacional entre los Estados aunada a la ineficiencia
por parte de algunos gobiernos para gestionar los recursos naturales y conservar
la biodiversidad, ha provocado que diversos actores interesados en lograr la descarbonización de la economía se agrupen en diferentes escalas e interactúen entre
sí para lograr objetivos encaminados a mitigar y a adaptarse al cambio climático.
La falta de compromisos en la etapa post-Kioto ha llevado a los expertos a centrar su análisis en enfoques alternos que ponen énfasis en las dinámicas actuales.
Una de las consecuencias de la creciente internacionalización del mundo es que
los gobiernos están perdiendo progresivamente grados de control directo sobre las
fuerzas globales que los afectan (Rosenau, 1988, 327).
Para Hooghe y Marks (2003, 1) existen diferentes tipos de gobernanza y de
dispersión de la toma de decisiones que se alejan del poder estatal central. La
concentración de la autoridad tiene pocos partidarios en comparación con los que
aprueban la gobernanza en niveles múltiples.
En la segunda mitad del siglo XX la gobernanza adoptó una perspectiva de tipo
top-down o desde arriba que implica cierto grado de jerarquización y verticalidad en
las relaciones entre los actores involucrados. Al principio, este enfoque puso énfasis en la formulación e implementación de políticas públicas; después, se extendió
hasta alcanzar una perspectiva bottom-up o desde abajo, a través de la cual se dan
relaciones horizontales (Mayntz, 1998).
La evolución de este concepto permite identificar formas alternas de gobernanza que amplían el número de actores, los niveles en los que estos actúan, instituciones que se crean a raíz de las redes que se establecen, etc. En este contexto surge el
concepto de gobernanza multinivel, el cual se enmarca en el mundo multicéntrico
de Rosenau (1988).
La gobernanza multinivel presupone la existencia de muchos actores interdependientes portadores de intereses y recursos. También requiere capacidades para
coordinar y gestionar una doble interacción: vertical entre niveles de gobierno,
122
Gobernanza multinivel de cambio climático en América del Norte
desde el local hasta el regional; y horizontal, donde no solo varias administraciones o instituciones de varios niveles participan en la definición de los problemas
y la elaboración de soluciones, sino también actores no estatales (Morata, 2012).
Betsill (2007, 11) afirma que la gobernanza climática ha evolucionado en un complejo proceso multinivel. En el terreno de lo práctico, la gobernanza de problemas
ambientales se ha dado a través de la fragmentación de los tipos vertical y horizontal, donde estos tienden a estar aislados –esto debido a que cada red conforma
su autogobierno–, pero al mismo tiempo hay choques y confluencias entre estos.
La gobernanza multinivel pone énfasis en las conexiones entre niveles verticales
de gobierno, horizontalmente organizados en formas de gobernanza, que proporcionan un punto de inicio útil para el entendimiento del modo en que los problemas
ambientales son regidos (Betsill y Bulkeley, 2006, 149). Este tipo de gobernanza
incluye actores no estatales en la formulación de políticas públicas, lo que algunos
expertos consideran un fortalecimiento de la democracia, pero para otros, cuestiona el papel del Estado, en tanto que debe garantizar el bienestar público. Además,
los actores no estatales no se someten siempre a procesos de rendición de cuentas
mediante los cuales se transparenten sus actividades, como sí le corresponde hacerlo al Estado.
De acuerdo con Betsill y Bulkeley (2006), este enfoque ha tenido auge porque:
a) los Estados-nación ya no monopolizan la formulación de políticas debido a que
los cuerpos supranacionales tienen una influencia independiente sobre los procesos; b) la necesidad de formular políticas de manera colectiva sobre problemas
complejos provoca la pérdida de control por parte del Estado-nación; c) las arenas supranacional, nacional y subnacional están interconectadas a través de las redes de
política; y d) como resultado, las competencias para la formulación de políticas son
compartidas cada vez más entre los actores que operan en diferentes niveles de
gobernanza.
Si bien la globalización cuestiona la figura del Estado, la gobernanza multinivel
no necesariamente es una señal del debilitamiento del Estado, pero sí una redefinición de su alcance y de la escala de la actividad estatal (Betsill y Bulkeley, 2006,
153). Morales (2008, 20-21) afirma que el enfoque de la gobernanza multinivel es
más adecuado para explicar las nuevas relaciones de poder dentro del marco de la
globalización entre Estados, mercados, instituciones y actores no gubernamentales.
Los niveles pueden ser entendidos como esferas de autoridad bien diferenciadas,
123
Ruth Zavala Hernández
a pesar de estar entrelazados con el Estado. En torno al cambio climático se han
creado un sinnúmero de redes transnacionales que son locales, regionales, globales, estatales, no estatales, etc., y que tienen como objetivo reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) y la adaptación al cambio climático. A continuación, mencionaré brevemente las escalas de gobernanza climática que se traslapan
en América del Norte.
En principio se encuentra la gobernanza global, donde participan todos los
Estados, pero es notorio que unos tienen un mayor poder de negociación que el
resto; el acuerdo más reciente alcanzado en esta escala es el Acuerdo de París. En
el segundo nivel se encuentra la gobernanza regional, que Betsill (2007) denomina
como macrorregional; en este nivel el caso más avanzado en el mundo es el Sistema
de Comercio de Emisiones de la Unión Europea. En América del Norte hay pocas
instituciones con potencial para establecer una política regional en este tema.
El nivel subregional está conformado por las múltiples iniciativas que han tenido origen en Estados Unidos y, en menos medida, en Canadá. Algunos ejemplos
de redes de tipo bottom-up en la región son: la Regional Greenhouse Gas Initiative
(RGGI), la Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education, el
Climate Registry y el Chicago Climate Exchange.
Además, algunos actores han extendido el alcance de organizaciones ambientales y no ambientales a temas relacionados con el cambio climático, su mitigación y adaptación; éstas incluyen, por ejemplo, la Conference of the New England
Governors and the East Canadian Premiers, la Western Governors Association, el
International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), la U. S. Conference
of Mayors, y la Federation of Canadian Municipalities. Todas estas redes representan mercados voluntarios de carbono, que en su mayoría han proliferado en
Estados Unidos, en menor medida en Canadá, y por parte de México solo participan
algunos estados del norte en calidad de observadores.
El nivel nacional se expresa en las políticas de cambio climático de cada uno de
los tres países, o por el papel desempeñado por sus gobiernos centrales respecto del
tema. En último lugar, se encuentra el nivel local, que está compuesto por múltiples iniciativas, que en su mayoría son voluntarias por parte de gobiernos locales y
comunidades con la finalidad de establecer parámetros de reducción de emisiones
de GEI, monitorear, verificar y reportar.
124
Gobernanza multinivel de cambio climático en América del Norte
Con base en el panorama anterior, podría considerarse con cierta premura que
sí existe una gobernanza multinivel en América del Norte sobre cambio climático,
ya que interactúan diferentes tipos de gobernanza de modo simultáneo. Betsill
(2007) concuerda con Mayntz (1998) en el hecho de que la presencia de la gobernanza multinivel es complementaria con el rol del gobierno. Estas dos formas de
toma de decisiones no son excluyentes entre sí, sino que son preferibles, según este
enfoque, a la existencia pura de una sola.
Posibles escenarios para América del Norte
El siguiente cuadro muestra la principal contribución de Selin y VanDeveer (2009)
en uno de los libros pioneros sobre la gobernanza multinivel en América del Norte; en él se propone una matriz que contiene cuatro escenarios posibles sobre la
regulación del cambio climático en América del Norte: el primero hace referencia al
peor escenario, esto es que tanto el nivel nacional como el subnacional participen
cada vez menos en el tema por la falta de apoyo e incentivos; el segundo presenta
un resurgimiento del liderazgo federal, pero que limita la evolución de las políticas
a escalas menores; el tercero se refiere a la continuidad de las tendencias actuales,
donde se consolida y acentúa la participación de los gobiernos locales y estatales; finalmente, el cuarto escenario es el más deseable, donde los gobiernos federal, estatal
y local participan de manera activa en la regulación de este fenómeno y sus esfuerzos son complementarios y benéficos.
125
Ruth Zavala Hernández
Cuadro 1. Cuatro escenarios para la gobernanza multinivel en América del Norte
Formulación de políticas a nivel federal
Bajo
Alto
Formulación de políticas a nivel subnacional
Bajo
Alto
1. Inercia federal
• Los gobiernos federales continúan
pasivos o incluso son obstáculos
para las acciones subnacionales.
• Disminución de la formulación de
políticas a nivel subnacional debido
a la falta de apoyo federal, a la activa oposición federal o a la falla para
lograr los objetivos de reducción de
GEI.
2. Resurgimiento federal
• Los gobiernos federales promulgan límites y prohíben a las jurisdicciones subnacionales exceder la
política federal.
• La formulación de políticas subnacionales se
vuelve más reactiva debido a los límites federales,
a la dependencia del apoyo económico federal o
debido a que las acciones federales son lo suficientemente agresivas para hacer poco probable
las políticas subnacionales adicionales.
3. Expansión bottom-up
• Los gobiernos federales continúan
pasivos, pero no abiertamente obstructivos de la acción a nivel local.
• La formulación de políticas a nivel
subnacional y su implementación
se acelera en respuesta a la falta
continua de liderazgo federal.
• Las autoridades subnacionales trabajan con el fin de expandir la colaboración multijurisdiccional y la
difusión política.
4. Coordinación compleja multinivel
• Los gobiernos federales establecen políticas obligatorias de regulaciones y estándares mínimos, y
permiten a los actores y las jurisdicciones exceder
las políticas federales en ciertas áreas.
• La formulación de políticas a nivel subnacional
continúa desarrollándose entre líderes que exceden los requisitos federales.
• La gobernanza de cambio climático continental se
caracteriza por los debates acerca de los niveles
apropiados de formulación de políticas y su implementación.
Fuente: Selin y VanDeveer (2009, 319).
En América del Norte los actores del sector privado coinciden en el interés de preferir la armonización y uniformidad de estándares relacionados con la energía y el
cambio climático. Este interés común motiva a los funcionarios del gobierno federal a legislar y a expandir las políticas nacionales de cambio climático para lograr
una uniformidad mayor (Selin y VanDeveer, 2009, 321). Muchos de los esfuerzos
de gobernanza climática en América del Norte –principalmente en Estados Unidos–
han establecido objetivos de reducción de emisiones de GEI tomando como punto
de referencia el Protocolo de Kioto (Selin y VanDeveer, 2009, 323). A pesar de no
pertenecer a la gobernanza global que se ha formalizado mediante tratados, las
iniciativas voluntarias subregionales norteamericanas tienen como punto de referencia las normas que rigen a los países miembros de la CMNUCC. El tipo de
gobernanza que prevalece en la región se da en dos direcciones, la vertical y la
horizontal; estos son espacios donde interactúa el gobierno federal, estatal, provincial y municipal con líderes del sector privado y representantes de la sociedad civil.
126
Gobernanza multinivel de cambio climático en América del Norte
Selin y VanDeveer (2009) analizan diferentes casos de iniciativas de tipo horizontal
(bottom-up) que se han dado en la región.
Lo anterior tiene lugar bajo el supuesto de la gobernanza multinivel climática en
América del Norte, que está en proceso de construcción. Este proceso implica
cada vez una mayor participación de actores no estatales que están ampliamente
interesados en dar respuesta a este fenómeno. Se destaca el papel de las redes
mixtas que se han creado, a las que se las considera como laboratorios que facilitan enfrentar los distintos intereses involucrados en el cambio climático y lograr
consensos, ya que son unidades de poder más pequeñas. Por otro lado, una de
las principales críticas a este enfoque es la manera en que privatiza las decisiones
que le corresponde tomar al Estado, ya que incluye actores con intereses privados
en dicho proceso. Es interesante destacar que este enfoque legitima la falta de
responsabilidad del Estado para dar respuesta a los problemas que aquejan a su
población. La gobernanza permite abrir el análisis a otras categorías que no son
consideradas por la teoría más desarrollada al respecto, los regímenes internacionales. La gobernanza global puede entenderse como un paso más allá de los
regímenes tradicionales que contaban con la participación activa de los Estados y
el liderazgo de un ente hegemónico que asumía el costo mayor, pero que también
obtenía las mayores ganancias.
Nivel subregional: mercados de carbono
Hoy los mercados de carbono son considerados como un mecanismo central de la
gobernanza global de cambio climático. La lentitud para lograr resultados en las
negociaciones internacionales sobre cambio climático ha creado un vacío de poder
y autoridad que algunos actores han aprovechado para poner en práctica diferentes
mecanismos para la regulación de las emisiones de GEI; tal es el caso de los mercados de carbono. Ante la relativa falla de la gobernanza global, se ha motivado a los
actores a asumir compromisos y propuestas fuera del marco de la ONU. El G8, G20,
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico son algunos foros donde se ha negociado el tema climático bajo la lógica económica y diferentes enfoques para medir las emisiones de
127
Ruth Zavala Hernández
GEI, fortaleciendo así el denominado minilateralismo. Existen mercados de carbono
funcionando en América del Norte, Europa y la región Asia-Pacífico.
En todos los casos no hay una separación absoluta de las escalas de gobernanza;
las posiciones nacionales, regionales, subnacionales, locales, etc., que son expuestas en estos foros siguen considerando y tomando como punto de referencia los
acuerdos que se han dado en el seno de la ONU. Actualmente existe una reubicación de la autoridad; ésta se ha desplazado a los diversos acuerdos formales e informales, públicos, privados e híbridos entre una multiplicidad de actores (estatales
y no estatales) que forman parte de la gobernanza multinivel de cambio climático.
Un ejemplo de este tipo de acuerdos lo constituyen los mercados de carbono.
Es importante destacar si las políticas de regulación de estos mercados son
excluyentes entre sí o si tienden a complementarse. Lo anterior se vincula con el
papel que juegan estos esfuerzos subregionales frente a sus gobiernos nacionales.
¿Pueden complementar o fortalecer el papel de sus gobiernos centrales? Y ¿a qué
intereses beneficia este tipo de gobernanza? El comercio de emisiones es solo una
parte del complejo sistema de la gobernanza global de cambio climático (Betsill y
Hoffmann, 2011, 87). Los dos mercados de carbono voluntarios que se revisarán a
continuación se consideran parte de la escala subregional de gobernanza climática,
ya que integraron actores de los tres países que conforman Norteamérica; estos
son: la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (Regional Greenhouse Gas
Initiative, RGGI) y la Iniciativa Climática del Oeste (Western Climate Initiative, WCI).
¿Cómo funcionan los mercados de carbono?
Existen dos tipos de mercados de carbono: los regulados y los voluntarios. Los
mercados regulados cumplen las políticas establecidas por un gobierno, las cuales consisten en fijar un tope de emisiones por empresa o por sector industrial; a
estos se les otorgan permisos de emisión. Las empresas compiten por adquirir el
número de permisos que requieran con base en su disponibilidad de pago y los
costos que implicarán las reducciones de GEI –pago por exceder su tope o el costo
de la transición tecnológica– (Lucatello, 2012, 112). La asignación de permisos de
emisión puede llevarse a cabo mediante una subasta o repartirse de forma gratuita.
Los principales mercados regulados son el Sistema de Comercio de Emisiones de
la Unión Europea (EU ETS, por sus siglas en inglés) y el Mecanismo de Desarrollo
128
Gobernanza multinivel de cambio climático en América del Norte
Limpio (MDL). En América del Norte solo México participa en el mercado regulado,
a través del MDL.
Los mercados voluntarios actúan de manera similar, pero lo hacen al margen
de la supervisión de un gobierno central, es decir, se autorregulan. Asimismo,
el incumplimiento de los objetivos de reducción no conlleva sanciones, como sí
puede ocurrir en los mercados regulados. En ambos tipos de mercado pueden participar actores de naturaleza distinta, públicos, privados, híbridos o sector voluntario.
Las actividades que reducen los GEI generan reducciones de emisiones verificables
(VER, por sus siglas en inglés). Luego de terminar el periodo de compromisos del
Protocolo de Kioto 2008-2012, en la segunda fase de negociaciones los mercados
de carbono se consolidaron como una manera viable de atender la problemática
climática y tienen un valor considerable.
En América del Norte los mercados voluntarios han surgido como respuesta
ante la ausencia de una regulación y liderazgo de los gobiernos nacionales. Lo anterior obedece a la polarización en las negociaciones a nivel internacional. El tema
detrás de esta afirmación reside en la dicotomía Estado y mercado, donde se origina el cuestionamiento sobre cuál es la mejor forma para administrar los recursos
naturales de manera más eficiente, ¿a través del mercado o de la regulación estatal? Adicionalmente, la incertidumbre sobre el futuro del régimen de cambio climático abrió un espacio importante para el desarrollo de los mercados voluntarios
de carbono (Lucatello, 2012, 124).
En la actualidad las empresas se ven más motivadas a participar en los mercados voluntarios que en los regulados por varias razones, entre las que podemos
mencionar: alcanzar objetivos de reducción en beneficio de la imagen o el prestigio; y estar preparadas para los futuros requerimientos de regulación gubernamentales; y el reconocimiento por parte de los inversionistas de los riesgos asociados a
las emisiones de carbono. Estos mercados logran movilizar grandes cantidades de
recursos y ganancias para las empresas y los gobiernos –en particular, industrializados y en vías de desarrollo– que participan en esos esquemas (Lucatello, 2012, 108).
Siendo así, las ventajas económicas se constituyen como el principal incentivo de
los agentes para formar parte de estos mercados.
Históricamente, el sistema cap and trade ha sido un mecanismo exitoso en
Estados Unidos en la regulación de otro tipo de problemas ambientales, como la
lluvia ácida y el uso de la gasolina con plomo utilizada en los vehículos. Las sancio129
Ruth Zavala Hernández
nes, incentivos y recompensas que son parte de este mecanismo de mercado deben
ser lo suficientemente grandes para persuadir a los emisores a invertir en el cambio
de la tecnología (Kurtzman, 2009, 116).
Tanto la WCI como la RGGI consideran las lecciones aprendidas durante la fase
piloto del EU ETS, que comprendió el periodo 2005-2007, y la cual tuvo dos objetivos principales: desarrollar la infraestructura necesaria y proveer experiencia para
los gobiernos y las empresas interesadas. En esta primera fase no se fijó la meta de
reducir las emisiones de GEI de los Estados participantes. En la segunda fase, que
cubrió el periodo 2008-2012, el objetivo fue alcanzar una reducción de 6% de las
emisiones, por debajo de los niveles de 2005, y solo se subastó un máximo de 10%
de derechos de emisión en esta fase que cubría el periodo de compromisos establecido por el Protocolo de Kioto.
Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero
(Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI)
La RGGI es una organización intergubernamental sin fines de lucro que se creó
en 2003 bajo la premisa de establecer un sistema cap and trade para reducir las
emisiones provenientes del sector energético. Se ubica en la costa este de Estados
Unidos; los estados que forman parte de esta iniciativa son: Connecticut, Delaware,
Maryland, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Nueva York, Rhode Island y
Vermont. Penssylvania, New Brunswink, Ontario y Quebec son estados y provincias
observadores. El estado de New Jersey fue un miembro observador hasta 2011,
cuando el 29 de noviembre renunció al Memorando de Entendimiento que lo hacía
parte de esta iniciativa. La RGGI integra solo estados de Estados Unidos y únicamente como observadores a provincias de Canadá. La RGGI representa 10% del CO2
emitido en los Estados Unidos, 16% de la población y 24% del PIB. En su creación
participaron diferentes actores: agencias de energía locales y ambientales, expertos
de ISO (International Standars Organization), institutos de investigación, empresas
y sociedad civil (López-Vallejo, 2014, 133). Los organizadores de la RGGI reconocen
que un sistema cap and trade a nivel federal sería preferible, pero ante la ausencia
de éste los estados buscan incluir el mayor número posible de estados miembros en
las iniciativas regionales para evitar desventajas competitivas para sus industrias, y
evitar el vínculo o enlace (Rabe, 2008).
130
Gobernanza multinivel de cambio climático en América del Norte
La RGGI se planteó como objetivo reducir 10% de emisiones de GEI entre 2015
y 2020, tomando como años base 2002-2004. En 2003 el gobernador del estado de
Nueva York, George Pataki, envió una carta a los gobernadores de los estados del
Noreste y del Atlántico medio, a través de la cual buscaba desarrollar una estrategia
que ayudara a la región a liderar el país en su lucha contra el cambio climático.
El 25% de sus ingresos serían destinados a fondos de beneficencia pública para
estrategias de eficiencia energética con el fin de controlar los precios de la energía;
el restante 75% sería utilizado para lo que los gobiernos locales decidiesen qué es
más apropiado (Farnsworth, 2010).
Entre 2008 y 2009 se realizaron las primeras subastas; algunas plantas eléctricas que participaron alcanzaron reducciones de CO2, no utilizaron el total de sus
permisos y pudieron participar en mercados secundarios. Aquellos que requirieron
más permisos pudieron obtenerlos de las subastas de la RGGI, de programas de compensaciones (offset) o en mercados secundarios. Los mercados secundarios pueden
ser de otras iniciativas transregionales, de algún mercado nacional o incluso del
MDL derivado del Protocolo de Kioto, aunque Estados Unidos no forme parte de
éste (Ellis y Tirpak, 2006, 9).
La RGGI permite la versatilidad para que sus miembros puedan vincularse con
diferentes niveles de gobierno: regional, nacional y global. Para esto uno de los
principales requerimientos es desarrollar instrumentos de medición apropiados y
estandarizados. La política de datos de este mercado permite tener acceso a sus
reportes y actividades, lo cual garantiza la legitimidad y transparencia. Su base de
datos se llama CO2 Allowance Tracking System, mejor conocido como RGGI-COATS.
El reto principal al que se enfrenta esta iniciativa es la volatilidad del precio del
carbono.
La RGGI reparte los permisos de emisión mediante subastas; la primera de ellas
tuvo lugar en septiembre de 2008. Las ganancias de este mercado se utilizan para
ahorro de energía y para el desarrollo de energías renovables. También diseñó las
subastas para proporcionar subsidios a aquellos que lo necesiten –todos los ingresos se utilizaron para promover el ahorro energético y las energías renovables–. El
primer trienio de compromisos comenzó el 1 de enero de 2009. En este sistema
se incluyen todas las plantas eléctricas con 25MW o con una mayor capacidad de
generación, las cuales representan 28% de las emisiones de los estados participantes (Departamento de Ecología del estado de Washington, 2008, 1-2).
131
Ruth Zavala Hernández
Iniciativa Climática del Oeste (Western Climate Initiative, WCI)
La WCI se define como una corporación sin fines de lucro que presta servicios administrativos y técnicos para poner en marcha programas de comercio de emisiones
de GEI multisectoriales a nivel estatal y regional. En 2003 inició la West Coast Global
Warming Initiative con California, Oregon y Washington; en febrero de 2007 se
sumó la Southwest Climate Change Initiative de Arizona y Nuevo México, y se creó
la WCI.
En noviembre de 2011 seis estados abandonaron dicha iniciativa: Arizona,
Montana, Nuevo México, Oregón, Utah y Washington; las razones principales fueron
las bajas posibilidades de establecer un sistema cap and trade sólido y la recesión
económica de 2008, que disminuyó el interés político en este mecanismo. En ese
momento la iniciativa se redujo al estado de California y las provincias canadienses
de British Columbia, Manitoba, Ontario y Quebec, para posteriormente quedar solo
California y Quebec como miembros. El argumento de British Columbia, Ontario
y Manitoba fue que no estaban preparados para la fase 1 de compromisos (20122015). Antes de la retirada de la mayoría de sus miembros la WCI representaba 13%
de los GEI, 19% de la población y 20% del PIB de Estados Unidos. Las provincias
canadienses representaban 50% de las emisiones de GEI, 79% de la población y
76% del PIB del país.
El objetivo principal de la WCI es reducir sus emisiones en 15% para 2020, debajo de los niveles de 2005. Es importante destacar que existen conexiones entre los
mercados de carbono que se están tratando en este capítulo. Por ejemplo, la WCI
se coordinó con la RGGI para desarrollar su mecanismo de subasta, con la finalidad
de prevenir la especulación en el mercado de permisos. Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son estados mexicanos con calidad
de observadores en esta iniciativa, los cuales han desarrollado sus inventarios con
base en las metodologías de la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados
Unidos; incluso algunos han sido financiados por miembros de la WCI. La WCI se
basa en buena parte del programa de reducción del estado de California.
Los miembros de la WCI utilizan sus ingresos para los siguientes fines: eficiencia
energética, incentivos para energía renovable, investigación, desarrollo, captura de
carbono y proyectos de secuestro de carbono, generación de energía renovable, y
secuestro de carbono proveniente de la agricultura y la silvicultura. Los ingresos res132
Gobernanza multinivel de cambio climático en América del Norte
tantes deberán ser distribuidos entre sus miembros para reducir los impactos sobre
el consumidor, transitar hacia la eficiencia energética, crear economías y trabajos
verdes, y adaptarse a los impactos del cambio climático (López-Vallejo, 2014, 153).
La WCI creó instrumentos flexibles para vincularse con otros mercados (un
futuro mercado nacional o uno global); su propuesta incluye trabajar de cerca con
gobiernos federales para promover la acción nacional e internacional y asegurar la
coordinación entre los programas estatales, provinciales, regionales y nacionales
(WCI, 2010). El estado de California, como líder de esta iniciativa, tiene el objetivo
de consolidar este proyecto y ampliarlo; trata de lograr que los miembros observadores se conviertan en miembros plenos, así como de atraer a nuevos miembros. La
WCI ha sido un proyecto dinámico que ha enfrentado varios desafíos; sin embargo,
es de destacar que es un mercado con gran potencial para incluir a miembros de
los tres países que conforman la región. Es evidente el potencial que tendría este
mercado para desarrollar una base importante para un eventual mercado regional.
Consideraciones finales
El fenómeno de los mercados de carbono voluntarios ha provocado, en palabras
de Morales (2008, 20), que la autoridad estatal se esté traslapando en su propio
territorio y más allá, por estratos multinivel, de instituciones autoritarias. Aún es
incierto el potencial que poseen los mercados de carbono existentes y las iniciativas
que integran mecanismos de mercado para formar las bases de una política regional o global; sin embargo, es claro que ejercen cierta presión sobre sus gobiernos
nacionales ante la falta de liderazgo de estos.
Las conexiones que existen entre mercados de carbono actualmente les permiten participar en diferentes foros (de diversos niveles) a través de las instituciones y
organizaciones que ellos mismos han creado. Tal es el caso del pacto Under2MOU,
que es un pacto entre estados, provincias y ciudades de todo el mundo, a través
del cual se han comprometido a que la temperatura del planeta no se incremente
más de 2 °C (Vitelli, 2015). Sin duda, los mercados de carbono, al ser iniciativas más
localizadas, toman más en cuenta las diferencias locales, estatales y regionales existentes. En este sentido, los mercados de carbono reivindican las circunstancias y
133
Ruth Zavala Hernández
necesidades de los gobiernos locales y estatales, a diferencia de un régimen internacional en esta materia.
Existe una compleja relación entre el régimen internacional de cambio climático y la gobernanza multinivel en América del Norte. El régimen internacional y
la gobernanza multinivel no son excluyentes entre sí, sino que se influyen mutuamente. Aunque éste no es el objetivo de esta investigación, la relación entre ambos
enfoques para regular el cambio climático ciertamente parece ser importante pues
tienen una relación dinámica. Una de las críticas a estos mercados de carbono es que
los topes de emisiones establecidos por la RGGI y la WCI son poco ambiciosos para
generar cambios reales de comportamiento. Según Brohé et al., (2009), los mercados de carbono no fueron diseñados para lograr la reducción de emisiones de GEI,
pero sí para crear nuevos tipos de mercados y dar incentivos a las empresas con el
fin de que les faciliten la integración de nuevas fuentes de energía. Para Lucatello
(2012) los mercados de carbono son mecanismos eficientes para movilizar recursos, pero totalmente ineficientes desde una perspectiva ambiental de contención y
reducción de contaminantes.
Es evidente que existe un vacío de regulación, por lo menos en el nivel internacional; este vacío parece incentivar la creación de esquemas de comercio de
emisiones autorregulados. Estos mercados voluntarios son mucho más flexibles
y se encuentran más adaptados a las realidades nacionales que si la regulación
viniera de una organización internacional, como es la ONU (en un esquema topdown). Éste es uno de los incentivos que más ha contribuido a la fragmentación de
la regulación climática. Por otro lado, hay un debate sobre cuál jurisdicción es la
apropiada para establecer las políticas del comercio de emisiones. La gobernanza
climática de América del Norte, en efecto, se da en una dirección más horizontal
que en un esquema jerárquico de arriba hacia abajo. La gobernanza multinivel norteamericana se está desarrollando de forma horizontal, permitiendo a una variedad
de actores participar en la construcción de las reglas.
Hoy en día la globalización se ha convertido en un catalizador de la cooperación internacional. En el mundo actual, donde prevalece la interdependencia, se
comparten los riesgos. Hay derechos humanos que requieren de la cooperación
internacional para ser una realidad, porque ya no los puede garantizar un Estado en
lo particular, tal es el caso del derecho a un medio ambiente sano. Políticamente,
existen fronteras territoriales, pero ambientalmente, el planeta y todas las especies
134
Gobernanza multinivel de cambio climático en América del Norte
que lo habitamos somos interdependientes. El cambio climático es un riesgo global que requiere ser abordado por los mecanismos de cooperación en múltiples
escalas de regulación. Con base en este texto, la gobernanza multinivel promueve
en el discurso la garantía de este derecho humano, pero en las acciones aún falta
mucha voluntad de los actores para hacerlo una realidad.
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136
Epílogo. Derechos humanos,
¿religión de la humanidad?
Guillem Compte Nunes
¿Por qué no se cumplen los derechos humanos? Esta pregunta aparentemente sencilla no tiene una respuesta fácil. Es un tópico en las ciencias sociales apelar a la
complejidad del mundo y, por ende, a explicaciones multifactoriales. Es cierto que
el mundo es complejo, pero también sabemos que de manera frecuente aplica el
principio de Pareto “80/20”, de que una mayoría de efectos remiten a una minoría
de causas (dejando de lado que hoy en día se acepta que la causalidad es uno entre
otros esquemas de inteligibilidad [Berthelot, 1998]).
Planteo la siguiente hipótesis en línea con lo argumentado por las y los autores de esta obra: los derechos humanos no se cumplen por causa moral. En la
Presentación señalé que los derechos humanos son la nueva moral universal –en
sentido de reconocimiento internacional– que, desde hace por lo menos medio
siglo, pretende guiar y en parte guía la convivencia planetaria. Ahora bien, que
haya una moral no significa que se siga, ni que se siga de forma plena. Las morales, los códigos éticos, las religiones, las ideologías, las utopías, etc., –en suma, los
sistemas simbólicos normativos– norman en función de su capacidad de normar,
no en función de su coherencia interna, estética filosófica o veracidad ontológica.
La capacidad de movilización de los afectos, las mentes y los comportamientos
determinan su efectividad e incidencia social.
En la denominada Controversia de Valladolid (1550-1551) se confrontaron de
forma pública dos morales sobre el trato que europeos debían dar a amerindios.
Ginés de Sepúlveda afirmaba que estos eran esclavos por naturaleza (siguiendo a
Aristóteles), además de infieles e idólatras, por lo que procedía subyugarlos. En
contra, Bartolomé de las Casas, a partir del derecho natural tomista (que puede considerarse precursor de los derechos humanos) y sus vivencias entre los “indios”,
defendía la naturaleza humana y, por lo tanto, la cabal dignidad y derechos de las
137
Guillem Compte Nunes
poblaciones autóctonas, argumentando que, en consecuencia, no debían ser convertidas a la fe cristiana por la espada, sino por la persuasión, y menos conquistadas
y esclavizadas (Las Casas, 1552/1965).
Este debate entre morales continúa hasta el presente, aunque tras la tragedia
de las guerras mundiales los países occidentales ya no guerrean entre ellos (con
alguna excepción). Hoy en día no se busca esclavizar literalmente a las poblaciones,
sino someterlas a la lógica del “mercado libre”, el cual se encarga de explotarlas; la
“libertad” del mercado se compra con la subyugación de las clases subalternas.
Leonardo Lomelí lo explica con elocuencia y recurso a la teoría e historia económicas. Así, esta conquista-colonialismo neoliberal supone una “globalización
excluyente”, dirigida por el “capitalismo salvaje”, cuyos beneficios se concentran
en las élites, mientras que se naturaliza la creciente desigualdad con una moral
“individualista” orquestada por los “fundamentalistas del mercado” (Stiglitz, 2012).
En el último capítulo Ruth Zavala refleja este conflicto entre morales en relación con la gestión internacional del cambio climático. En las negociaciones entre
Estados en el marco de las Naciones Unidas prima el interés nacional(ista), que
impide llegar a acuerdos significativos –como evidencia el Acuerdo de París– o, en
cualquier caso, implementar medidas que amenacen los intereses político-económicos preexistentes. Como alternativa han aparecido las iniciativas regionales que
facilitarían avanzar sin necesidad de un pacto global; sin embargo, los tres Estados
norteamericanos (México, Estados Unidos y Canadá) no tienen la intención de
llegar a ningún acuerdo, por lo que se han formado asociaciones de unos pocos
estados (entidades federativas de esos tres Estados) para desarrollar iniciativas
voluntarias, como los mercados de carbono.
El problema es que estos mercados de carbono operan con una lógica empresarial, por lo que “resultan ser mecanismos eficientes para movilizar recursos,
pero totalmente ineficientes desde una perspectiva ambiental de contención y
reducción de contaminantes” (Zavala, citando a Lucatello). Por su parte, el mercado de carbono de la Unión Europea ha servido para la especulación financiera y la
escalada del precio de la electricidad y el gas (Cereceda, 2021). Los ricos se hacen
más ricos a costa de los pobres, haciéndolos más pobres. En fin, tomándome una
licencia metafórica: es absurdo pretender apagar un incendio con gasolina. La
moral económica –del lucro– podría tener un papel subordinado a la de derechos
humanos –en particular, al “derecho humano a un medio ambiente limpio, saluda138
Epílogo. Derechos humanos, ¿religión de la humanidad?
ble y sostenible” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2022)–, pero no puede
liderar la gobernanza de cambio climático. En esta línea, el conocimiento científico
y las tecnologías en sí mismos no indican qué uso hacer de ellos; son las morales y
las instituciones las que los orientan en una u otra dirección.
Dicho lo anterior, cabe preguntarse si la suma de iniciativas locales con enfoque de derechos puede transformar la moral y a las instituciones neoliberales. No
cuestiono que estos esfuerzos sean necesarios, ni que repercutan en escalas geográficas superiores. Los capítulos de Nashieli Ramírez-Miguel Concha, y de Marisa
Belausteguigoitia ilustran cómo ciertos proyectos locales inciden de forma positiva
en la vida de personas y grupos dominados con derechos habitualmente vulnerados
–mujeres, personas migrantes, personas que laboran en la informalidad, etc.–. Con
todo, debe reconocerse que la mera agregación de esfuerzos individuales y locales
no suele derivar en un cambio estructural que asegure el respeto a los derechos
humanos; en otras palabras, no nos podemos contentar con la teoría del “granito
de arena”, aunque todas y todos debemos aportar nuestro “granito”.
Entonces, ¿cómo dar mayor escala y arraigo a la moral y a la institucionalización de derechos humanos? Se trata de una cuestión política que supuestamente
es abordada por el llamado Estado constitucional de derecho –que integra los
derechos humanos al derecho positivo– y la democracia. No obstante, la experiencia política en las últimas décadas en los países occidentales enseña que las
“democracias existentes” y los Estados-nación priorizan las morales nacionalistas y
del lucro sobre los derechos humanos. Ésta es una afirmación contundente y, sin
duda, hay (¿qué tantas?) excepciones, pero me parece que se ajusta mucho más
a la evidencia empírica del comportamiento de las democracias y los Estados que
afirmar lo opuesto, o sea que estos se cuadran ante los derechos humanos. Otra
cosa es la retórica de derechos a la que las y los políticos, los partidos políticos y las
instituciones estatales nos tienen acostumbrados, ya que entienden –con relativa
razón– que la propaganda es un medio eficaz para fabricar realidades a modo, que
apoyen los intereses de quienes ostentan o buscan ostentar el poder.
En El Príncipe (1532/2010) Maquiavelo expresa claramente la disyuntiva entre
moral cristiana –hoy de derechos humanos– y moral de Estado, a las que le podríamos añadir la moral capitalista. Para el florentino está claro que lucro y fe son instrumentos del Estado. En el (neo)liberalismo se observa la fusión de las morales de
Estado y capital, y la configuración de un régimen de gobernanza al que podríamos
139
Guillem Compte Nunes
denominar feudalismo global, en el que las élites de los Estados establecen una red
jerárquica de vasallaje de poder político-económico, dejando que cada élite maneje
su feudo estatal-nacional(ista).
La nueva moral de derechos humanos nace en una ventana de oportunidad
propiciada por las guerras mundiales, poco antes del embate neoliberal. Podría
interpretarse que precisamente la represión neoliberal ha instigado la popularización de esta moral, por medio de una dialéctica de corte marxiano.
¿Podemos esperar más de la democracia estatal –en concreto, la priorización
de los derechos humanos– o se reduce ésta a proporcionar un mecanismo electoral
para asegurar cierta rotación de la élite política (véase capítulo de Cadena-Roa y
López Leyva)? Se puede pensar que hay dos caminos para institucionalizar (mejor)
la moral de derechos humanos: cambiar las instituciones existentes para cambiar la
moral dominante o cambiar la moral dominante para cambiar las instituciones
existentes. En el primer caso, la democracia podría reformarse con miras a producir
otro tipo de clase política y otro tipo de prioridades. ¿Fantasía? No necesariamente. La democracia representativa también era una fantasía antes de la Revolución
francesa. La innovación democrática no es una quimera; la literatura especializada
presenta y evalúa múltiples modelos, prácticas y ensayos de nueva democracia,
aunque ninguno haya escalado hasta el Estado. Yo mismo he formulado una reforma estructural que democratizaría la “democracia existente” (Compte, 2021).
Aquí no continuaré por esta vereda de primar la reforma de las instituciones
existentes. Me interesa desarrollar la segunda alternativa, el cambio moral como fuente de cambio institucional. En todo caso, estos caminos no son excluyentes, sino
complementarios. Mi punto es que el segundo no ha sido considerado suficientemente y que guarda un potencial por desarrollar. Su planteamiento es antiguo.
La filosofía griega y el cristianismo primitivo invitaban primero a una conversión
interior, incluso eran ambivalentes acerca del cambio social por medio del poder
político, como indican los pronunciamientos de Platón y Jesús. Sin menospreciar la
Edad Media, en particular la perspectiva monástica, a partir del Renacimiento y en
la Modernidad encontramos diversos autores con visiones similares, desde Erasmo
de Rotterdam hasta Auguste Comte.
Siguiendo a Comte, tomaré un camino más angosto que se enfoca en la moral
como religión. Se trata de institucionalizar la nueva moral de los derechos humanos
no en las viejas instituciones, sino en personas, grupos y sociedades –que es claro
140
Epílogo. Derechos humanos, ¿religión de la humanidad?
que están cruzadas institucionalmente, pero la institucionalidad preexistente no
sería el primer objetivo–. Esto requiere el desarrollo de prácticas sociales –afectivas,
cognitivas, conductuales e institucionales– que afirmen la centralidad existencial
de los derechos humanos. El arraigo social de estas prácticas de manera eventual
instauraría los derechos humanos como moral dominante a nivel global, produciendo
–ahora sí– pertinentes reformas institucionales. A modo ilustrativo y salvando muchas distancias, el cristianismo no procuró reformas políticas sino hasta el siglo IV,
cuando devino religión imperial. En síntesis, la propuesta consiste en transitar de
una moral a una religión de derechos humanos; no una religión ensimismada, cual
burbuja idealista, sino una religión práctica, que permee el planeta con su ley moral,
como –otra vez, salvando las distancias– en su época el cristianismo permeó el
mundo entonces conocido, configurando el orden trasnacional llamado cristiandad.
Antes de proseguir debemos enfrentar la mala reputación contemporáneaoccidental de la religión. Muchas personas asociamos la religión –palabra, concepto
y/o fenómeno– con el dogmatismo, el oscurantismo, la intolerancia, la rigidez, la
heteronomía y la dominación psicosocial, es decir, con lo contrario a los derechos
humanos. Es un aprendizaje propio de la modernidad, sin duda, basado en la experiencia vital de personas que participaron en la Ilustración; no obstante, la reflexión
científica ya ha superado esta caracterización de la religión, por lo que –aunque
cueste psicológicamente– no podemos dejar que un aprendizaje lego, impuesto por
la tradición moderna –como dogma, podríamos decir–, condicione la generación
de pensamiento en el presente. Aunque hay quienes todavía se aferran a una definición sustantivista de la religión, restringiéndola a una fijación colectiva en entes
sobrenaturales (típicamente el Dios del monoteísmo), desde Feuerbach se ha ido
imponiendo una corriente teórica de forma, no de contenido, de la religión.
Para Feuerbach (1841/2009) la religión es una proyección colectiva de la naturaleza humana, que se refleja como algo en apariencia ajeno al grupo proyectante.
Durkheim (1912/2012) retoma esta perspectiva, así como otros en el siglo XX (por
ejemplo, Geertz, 2006; Simmel, 2001). Por otro lado, a fines del siglo pasado se
desecha la teoría de la secularización, que imaginaba la desaparición progresiva
de la religión en el mundo contemporáneo. Además de diferencias culturales no
consideradas, esta teoría ignora las múltiples maneras en que el fenómeno religioso
se ha transformado desde el inicio de la modernidad, como por ejemplo la transferencia de sacralidad al Estado (Rousseau, 1762/1997), la privatización de la ex141
Guillem Compte Nunes
periencia religiosa (Luckmann, 2023), o el tribalismo (Maffesoli, 2005). Tercero, en
las ciencias sociales ha habido una proliferación de analogías y términos (seudo)
religiosos (por ejemplo religión civil, religión política y religión secular) para explicar procesos sociales relacionados con la política, las ideologías y las utopías, lo
cual de nuevo sugiere que la religión desborda la religiosidad tradicional, de las
“grandes religiones” y sus variantes sectarias, y se ubica en la vida cotidiana de
las personas, se piensen religiosas o no (véase Kelsen, 2012).
Por lo anterior, se puede definir religión como la construcción social de lotrascendente (Compte, 2022), o la relación de un grupo social con lo-trascendente
(Compte, 2020), donde lo-trascendente es el absoluto moral –el bien supremo– que
dirige y estructura la vida de las y los creyentes. Esta definición de forma evita la
trampa de reducir la religión a la “religión organizada” o a seguidores de divinidades. En realidad, cualquier cosa puede ser sacralizada –elevada a lo-trascendente–;
por eso, la religión constituye un proceso histórico, de construcción social de lo
trascendente.
Con esta perspectiva, el proyecto de construir la religión de los derechos humanos ya no parece algo descabellado o fanático. Al contrario, varios analistas (por
ejemplo, Reinbold, 2017) ya han señalado el carácter religioso de los derechos
humanos. Simplemente estoy aludiendo a la posibilidad, por un lado, de que estos
se vayan configurando como núcleo de un espacio trascendental, para que la vida
de las personas se oriente hacia ellos; y, por otro lado, de que lo-trascendente de
derechos subordine a perspectivas morales incompatibles con la fe de derechos, en
particular el estatismo-nacionalismo y el lucro.
La propuesta de una religión de la humanidad no es novedosa; en la Revolución
francesa Condorcet (1795/2004) expresa su fe en el progreso humano, y en la
Revolución industrial (siguiendo a Saint-Simon) Comte (1891/2009) explicita una religión de la humanidad como culminación de su proyecto “positivista” –hoy diríamos
cientificista–. En estas morales antropocéntricas universalistas no se había sido suficientemente sensible a la diversidad sociocultural que prevalece en el mundo; también a la moral de derechos humanos se le critica por imperialista. No obstante, esta
moral permite el diálogo intercultural (Compte, 2023), que a su vez retroalimenta la
evolución de la comprensión, ejercicio e institucionalización de los mismos derechos.
Volviendo a la pregunta que motiva este ensayo (¿por qué no se cumplen los
derechos humanos?) y desarrollando la hipótesis inicial –los derechos humanos no
142
Epílogo. Derechos humanos, ¿religión de la humanidad?
se cumplen por causa moral–, concluyo que los derechos humanos no se cumplen
porque la moral de derechos humanos todavía no es tan dominante como para
subordinar a otras morales –en específico, la razón de Estado y la razón del capital–.
Esto, a su vez, se explica porque, en comparación con la relación simbiótica entre religión civil (= religión de Estado) y religión del mercado (capitalismo neoliberal), la
religión de derechos humanos –un tipo de religión de la humanidad– no está todavía muy consolidada y empoderada. O sea, en la actualidad la religión civil-neoliberal –como recomendó Rousseau (1762/1997)– subordina a la religión de derechos
humanos (y a otras religiones, tanto en sentido tradicional como posmoderno). Esta
asimetría se evidencia en el nivel de desarrollo y consolidación de los templos, el
sacerdocio, la liturgia y la doctrina de una y otra religión; por ejemplo, ¿qué tiene
más peso en el imaginario social y las prácticas de poder, los tres grandes “poderes
del Estado” (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) o las comisiones y organizaciones de
derechos humanos? ¿Y cuánta gente firmaría sacrificar la integridad identitaria,
política y territorial de su país de origen en favor de un mayor cumplimiento de los
derechos humanos en el mundo?
En fin, estamos enzarzados en una lucha simbólica entre morales/religiones y cada
persona, institución y sociedad está cruzada por estas distintas lógicas. La tesis que
defiendo es que, en general, las estructuras de poder –a nivel individual, colectivo o
institucional– responden principalmente a mandatos religiosos del Estado y el mercado, a falta de mayor institucionalización y poder de la religión de los derechos humanos. Queda por delante un trabajo religioso, de construcción y fortalecimiento social
de lo-trascendente de derechos –“desde abajo”… y desde donde y como se pueda–.
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Acerca de la autoría
Marisa Belausteguigoitia. Doctora en Género y Raza por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Directora del Centro de
Investigaciones y Estudios de Género, y del Proyecto Mujeres en Espiral: sistema
de justicia, perspectiva de género y pedagogías en resistencia. Sus líneas de investigación incluyen los temas de género, frontera y crítica cultural; mujeres en reclusión; nuevas pedagogías y equidad de género en la UNAM.
Jorge Cadena-Roa. Doctor en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison,
Estados Unidos. Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades, UNAM. Profesor y tutor del Posgrado en Ciencias Políticas
y Sociales, UNAM. Secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.
Sus líneas de investigación incluyen la temática: acción colectiva, protestas, movimientos sociales, organizaciones civiles, desempeño asociativo y democracia.
Guillem Compte Nunes. Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología
por El Colegio de México, México. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, y profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
UNAM. Coordinador de la Cátedra Extraordinaria “Francisco de Vitoria-Bartolomé
de las Casas”. Sus líneas de investigación incluyen los temas: utopía, ideología, religiosidades contemporáneas, Estado, democracia, ciudadanía y derechos humanos.
Miguel Concha Malo (1945-2023). Doctor en Teología por el Centre d’études du
Saulchoir, Francia. Doctor Honoris Causa por el Providence College, Estados Unidos.
Director general del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O. P.
A. C.”. Premio Internacional de Derechos Humanos “Emilio F. Mignone” de la
República Argentina (2015); Premio al Liderazgo Social de la Fundación Compartir,
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Acerca de la autoría
I. A. P. (2021); Premio Nacional e Internacional de Periodismo en Derechos
Humanos del Club de Periodistas de México (2021).
Leonardo Lomelí Vanegas. Doctor en Historia por la UNAM. Rector de la UNAM
(2023-2027) y profesor de la Facultad de Economía, UNAM. Miembro de la Academia
Mexicana de Economía Política, de la Academia Mexicana de Ciencias e integrante de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Sus líneas de investigación
incluyen la temática: historia de la política económica en México, del porfiriato a
la posrevolución (1892-1938); historia de los sistemas de salud y de pensiones en
México, de 1942 al presente año.
Miguel Armando López Leyva. Doctor en Ciencias Sociales con especialización
en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México.
Investigador y director del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. Profesor
y tutor del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Co-coordinador del
Seminario Académico Institucional (SAI) Perspectiva Democrática y del SAI
Movimientos e Instituciones. Su línea de investigación es la democracia y los movimientos sociales.
Nashieli Ramírez Hernández. Especialista en Investigación Educativa y Ejercicio
de la Docencia por la UNAM. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México. Experta en los temas: primera infancia y en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios en derechos humanos; indicadores,
formación de profesores y capacitadores; promoción, organización y participación
social; desarrollo social, rural y comunitario; fortalecimiento municipal, género,
microfinanciamiento, desarrollo sustentable y migración.
Armando Sánchez Vargas. Doctor en Economía por la UNAM. Investigador y director del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Titular de la Coordinación
de Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones
Económicas. Premio Universidad Nacional en el área de Docencia en 2017. Sus
líneas de investigación incluyen la temática: pobreza, cambio climático, energía,
macroeconomía, productividad industrial y econometría.
146
Acerca de la autoría
Ruth Zavala Hernández. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM.
Profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, UNAM. Consultora para la Organización de Estados Americanos
en proyectos de adaptación al cambio climático. Forma parte de la Red de Norteamericanistas. Sus líneas de investigación incluyen los temas: desarrollo sustentable, gobernanza global, cambio climático, cooperación internacional, género y
medio ambiente.
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Globalización desde un enfoque de derechos
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