La crisis forense y el dispositivo de gestión de cuerpos

5/3/24, 14:22 Detalle | Seminario Estudios Críticos del Derecho y Migraciones https://ecdm.juridicas.unam.mx/detalle-blog/171/La-crisis-forense-y-el-dispositivo-de-gestión-de-cuerpos 1/2 1 La crisis forense y el dispositivo de gestión de cuerpos Por Ariadna Estévez Recientemente el portal A dónde van los desaparecidos denunció que, en medio de la denominada crisis forense, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió cerrar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), el cual se creó por demanda de las familias buscadoras en 2019 para articular peritajes independientes y ubicar el paradero de los más de 111 desaparecidos y encontrar la identidad de los restos que están en las más de cinco mil fosas clandestinas registradas a lo largo y ancho de todo el país (Tzuc 2024). Esto habla del creciente desmantelamiento de la institucionalidad del dispositivo de gestión de cuerpos establecido en la administración anterior e instalado durante este sexenio. El desmantelamiento apuesta a esconder bajo la alfombra la materialidad de la muerte masiva. Las expresiones de la muerte en los diferentes sexenios desde que empezara la guerra contra el narcotráfico en 2006 hablan de cambios en el énfasis de estrategias para resolver legalmente los excedentes o secuelas de la producción de muerte masiva. Se han instalado diferentes dispositivos que permiten procesar la muerte (i)legalmente. En el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se empezó a gestar el descontento que llevó a la instalación de dispositivos de gestión de la muerte. Posteriormente, en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se instaló un dispositivo que buscaba neutralizar el potencial político del duelo por la muerte masiva a través de la burocratización de las demandas de justicia y de protección. En el sexenio que corre, el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la estrategia está dirigida a gestionar el desbordamiento material y la visibilidad de la muerte a través de la masificación de la desaparición forzada y las fosas clandestinas, con el 2 componente de un autoritarismo carismático que busca suplantar el andamiaje institucional creado para tal efecto al ocaso del sexenio anterior. En un trabajo anterior analicé el dispositivo de administración del sufrimiento desde su gestación en el sexenio de Calderón, hasta su puesta en marcha durante el sexenio de Peña Nieto (Estévez 2020). En este trabajo analizo una nueva institucionalidad (i)legal derivada de los clamores por mecanismos técnicos de búsqueda y gestión material de los cuerpos, la cual tiene componentes legales, ilegales y paralegales. Los legales son las instituciones y procedimientos que conforman el Programa Nacional de Búsqueda; los ilegales corresponden a la intensificación del uso de la desaparición forzada y las fosas clandestinas para esconder materialmente la muerte; y los paralegales tienen que ver con las decisiones de del presidente, las cuales toma al margen de las instituciones de justicia neoliberal establecidas en gobiernos anteriores y que no hacen el dispositivo menos neoliberal sino autoritario. El dispositivo de gestión de cuerpos A mediados de septiembre de 2018, un macabro suceso salió a la luz en el estado de Jalisco, el que tiene más desaparecidos en todo el país: un camión lleno con más de 157 cadáveres fue descubierto en la zona metropolitana de la capital del estado, Guadalajara. La noticia indignó a los mexicanos y al mundo entero. Sin embargo, pocos días después el problema se agravó: se confirmó que el camión transportaba en realidad 273 cuerpos, no 157, mientras que se descubrió otro vehículo con 122 cadáveres. Las autoridades locales explicaron el motivo: la capacidad de la morgue de la ciudad estaba al límite (49 cuerpos); estaba literalmente desbordada de cadáveres (Associated Press 2018). Las autoridades estaban utilizando estos camiones para almacenar los cuerpos. 3 Días después, se informó que el gobierno del estado de Jalisco estaba tratando de comprar cámaras frigoríficas para los cadáveres. También se supo que el uso de tráileres refrigerados para el almacenamiento era una práctica común en otros estados con altos índices de violencia con un total de 12 camiones utilizados en Jalisco, Guerrero, Veracruz y Baja California (Reina 2019). A nivel nacional, un total de 26,000 cuerpos sin identificar se encuentran actualmente en las morgues de todo el país (Reina 2019). Sin embargo, aún más preocupante era la discusión pública de esta situación. Se empezó a hablar de una crisis forense en términos de la incapacidad de procesar material y físicamente los 52 mil cuerpos apilados en las morgues, una parte considerable de los muertos de la guerra contra el narco que en 2019 se tasaban en 156 mil muertos y 40 mil desaparecidos, cifras que se incrementarían considerablemente en la recta final del gobierno de AMLO, con 250 mil muertos y 111 mil desaparecidos. Dice un informe de la organización de derechos humanos Fundar: Una de las razones por las que esta realidad se califica como una crisis es porque la capacidad de la atención del Estado ha estado rebasada por años. Según el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021, en el país contábamos con 283 unidades y 399 laboratorios de los servicios periciales y/o de servicios médicos forenses, así como 8 176 personas peritas en estas unidades (entre 50 y 57% de ellas especializadas en materia forense). Este personal pericial no se dedica solo a actividades de identificación forense, sino que responde al conjunto de solicitudes de peritajes que requieren las fiscalías del país; con un promedio de 3 541 homicidios mensuales en el país, esta es una carga de trabajo excesiva para un personal claramente insuficiente (Fundar 2022: 2). 4 Las autoridades no cuestionaban el hecho de que en México se estuvieran asesinando personas a un ritmo de 118 por día (Fundar 2022) y desapareciendo a un ritmo de 25 diariamente. Estaban más preocupadas por cómo manejar y gestionar estos cadáveres, ya que mantenerlos en camiones refrigerados atentaba contra la dignidad de los muertos e impedía los protocolos forenses indicados para la investigación de desapariciones forzadas. Mientras se entiende que la dignidad humana debe ser innegociable aún trascendida la vida, lo impactante del caso es que el horror acerca de la masividad de la muerte no fuera el hecho de que ocurriera, sino de que los cadáveres estuvieran a la vista, regados por todos lados. Lo terrible de la muerte no es que se apile sino que se vea, por lo que debe ser imperante procesarla de forma efectiva y discreta. El que el estado gubernamentalizado se preocupe más por crear un aparato burocrático con el cual desestimar la responsabilidad estatal y acallar los reclamos de las personas que buscan a sus familiares habla de que en México es también fundamental administrar el excedente físico de la muerte, sobre todo desde que empezara la administración de López Obrador, un sexenio en el que el número de fosas se ha disparado de casi 2,000 en 2019 (Agren 2019), a 5,600 en 2023 (Tzuc 2023), y en el que la desaparición forzada se ha incrementado de tal forma que desaparece una persona cada hora, según la organización de periodistas especializados en desaparición forzada A dónde van nuestros desaparecidos (Martínez 2023). 5 Figura 1. Fosas clandestinas localizadas (2006-2019). Elaboración de Sergio Salazar Barrón, con datos de la CNB sobre fosas clandestinas. 6 Mientras que con Calderón había un interés en que la responsabilidad estatal quedara incierta y en el de Peña Nieto en que las movilizaciones sociales fueran neutralizadas con procedimientos democráticos, en el de López Obrado hay un interés en meter la muerte bajo la alfombra, que no se noten los muertos. Para ello, su estrategia de gestión de cuerpos tiene dos tecnologías: la intensificación de la desaparición forzada haciendo uso sistemático de fosas clandestinas, y la intervención de instrumentos estadísticos para dar la impresión de que la desaparición forzada ha disminuido. En México las cifras oficiales establecen que para mayo de 2023 había 111,000 personas desaparecidas, de las cuales más de 9,000 son mujeres. Las víctimas son lo mismo militares y policías que indígenas, activistas, comerciantes, migrantes y jóvenes sin ninguna actividad política. En otras palabras, cualquiera puede ser víctima de desaparición. Fue hasta 2017, luego de la movilización de familiares de personas desaparecidas, que este hecho fue reconocido jurídicamente con la emisión de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada De Personas, Desaparición Cometida por Particulares. Antes de eso, la definición del desaparecido era la heredada de la movilización social en el contexto de las dictaduras militares del Cono Sur y se refería al “detenido desaparecido”, es decir, una persona con actividad política cuyo paradero es incierto tras ser detenido arbitrariamente por parte de agentes del Estado. Para que el delito fuera acreditado como desaparición forzada, tenía que haber autorización, apoyo o aquiescencia del Estado (Art. 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; Art. 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y el Art. 215-A del Código Penal Federal). 7 La ley establece una institucionalización de la desaparición a través de la creación de comisiones, comités, programas y sistemas interinstitucionales que tienen que recorrerse para activar la búsqueda de personas. El entramado burocrático y la categorización legal funcionan como estrategias de administración del sufrimiento de las personas que buscan a personas desaparecidas, al tiempo que se instrumentaliza para postergar el hallazgo de las personas y dar la impresión de que la desaparición va en descenso, cuando en realidad se ha incrementado a partir de 2018, año en que tomó posesión el presidente AMLO. Como se ha dicho antes, en el gobierno de AMLO la desaparición ha sido tal que a más de un año de terminar su mandato ya ha superado el número de desaparecidos registrados durante la administración de Peña Nieto. También se han encontrado más fosas en este gobierno que en los dos anteriores. El uso intensivo de la desaparición y las fosas como tecnologías de muerte sugiere que se está usando la desaparición forzada y el uso de entierros ilegales para administrar materialmente la muerte frente a la crisis forense, como sugiere Fundar: Contabilizados por el mismo censo (2021) y en resguardo de alguna cámara de frío, osteoteca o algún otro espacio de servicios periciales o del servicio médico forense, existían 10 072 cuerpos o restos humanos, de los cuales solo el 57.82% habían sido identificados, es decir, 5 824 cuerpos. Esto implica que los cuerpos pendientes de identificación que están espacios adecuados destinado para su tratamiento en Servicios Periciales o Servicios Médicos Forenses (Semefos) de las Procuradurías o Fiscalías Generales del país para su tratamiento representarían apenas 4 248 cuerpos. Esta cifra representa tan solo un 8.2% del total de los 52 004 reportados por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Si alrededor de 4 000 cuerpos sin identificar están en resguardo en instalaciones del Estado, ¿dónde están los más 8 de 48 000 cuerpos restantes? Según el informe sobre la crisis forense en México de Quinto Elemento Lab, el grueso de los cuerpos sin identificar en el país está en fosas comunes (alrededor del 70%) (FUNDAR 2022: 2). Las posibilidades de esta hipótesis analítica se incrementan luego de los recientes esfuerzos del gobierno actual por atajar institucionalmente y con estadística el hecho de que la desaparición ha aumentado. En julio de 2023 el presidente se quejó de que el censo de desaparecidos, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) establecido por la CNBP según sus atribuciones, reflejara un número mayor de desaparecidos al real, porque según él las personas eran localizadas y eso no se reportaba en el registro. La información pública del registro expone que desde 2006 han desaparecido 292,525 personas, de las que 111,045 siguen desaparecidas,168,256 han sido encontradas con vida y 13,224 han fallecido. Un mes después, la titular de la CNBP, Karla Quintana, renunció a su cargo sin dar explicaciones. Tres meses después la extitular rompió el silencio diciendo que su renuncia se debió a presiones de la presidencia por querer imponer un nuevo censo de personas desaparecidas con el fin de “rasurar” la cifra que ubica su administración como la que más desapariciones ha registrado desde que iniciara la guerra contra el narco. Al más puro estilo de López Obrador, cuando algún dato lo expone a él o al Ejército como autoritarios, represores o aliados del narco, el censo estaba fuera de los mecanismos establecidos en el órgano creado a partir de una ley emitida el sexenio anterior con carácter transexenal, la CNBP. En teoría se adopta la metodología llevada por la Comisión de Búsqueda de la CDMX en su “análisis de contexto”, que no es otra cosa que buscar en bases de datos diversas (trámites y pagos de servicios gubernamentales) si las personas siguen teniendo actividades. Esa metodología tiene enormes sesgos ya que encontrar personas en 9 registros no equivale a aparecer físicamente, y no queda claro si la persona aparece con vida o no, pues se utilizan términos tales como “ubicados”, que no están en el RNPDNO de la CNBP. En la realidad, el censo se llevó fuera de los protocolos y mecanismos de la CNBP, a través de los “servidores de la nación”, los individuos de chaleco guinda que deambulan por la ciudad haciendo los mandados políticos del presidente. Éstos llevan un cuestionario del “Informe de visita domiciliaria” que es parte de un Programa Nacional para la Búsqueda Generalizada de Personas en Vida, el cual no surge públicamente de la CNBP, sino al parecer de la Secretaría de Gobernación. Anunciado como nuevo censo por el presidente, “consiste en visitar ‘casa por casa’ a las familias de las personas desaparecidas cuyos nombres surgen tras cruzar el RNPDNO con distintas bases de datos –como registros civiles y de salud, y de programas sociales” (Muñoz 2023). Los “servidores de la nación” iban acompañados de miembros de la Guardia Nacional que inspeccionaban los hogares para asegurarse de que las familias no mentían. Según la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, en total se llevaron a cabo 11,641 visitas domiciliarias y 86,341 llamadas telefónicas que arrojaron datos que no cuadran con la categorías usadas por la CNBP y que en realidad no dan certeza acerca de si las personas han aparecido con o sin vida y que ellos o sus restos están físicamente con sus familiares. De esta forma el censo dice que hay 16,681 “personas localizadas”, 17,843 personas “ubicadas”, 26,090 registros incompletos, 36,022 registros sin indicios suficientes para acciones de búsqueda, 1,951 registros duplicados, y finalmente, 12,377 personas confirmadas como desaparecidas. El nuevo censo redujo el número de desaparecidos de 111,000 a 12,000, de tal forma que según este censo, el gobierno de AMLO pasó de ser el 10 que más desaparecidos reportaba al que menos tiene. Procesalmente, los cuerpos desaparecen por segunda ocasión y materialmente siguen desaparecidos en las fosas clandestinas. Bibliografía Agren, D. (2019), “Mexico's murder rate broke new record in 2018 as drug war dragson”. The Guardian, (January 22, 2019), https://www.theguardian.com/world/2019/jan/2022/mexico-murder-rate-new-record-2018drug-war Associated Press. (2018). Mexican officials say 273 corpses found in back of tractor trailer. KRON4,(September 20, 2018),https://www.kron4.com/news/world/mexican-officials-say273-corpses-found-in-back-of-tractor-trailer/146209411 CNBP (2023), “Programa Nacional de Búsquedas de Personas. Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”. México Estévez, A. (2020), “Mexican Necropolitical Governmentality and the Management of Suffering Through Human Rights Technologies”, en Critical Criminology (2020) 28:27–42 FUNDAR (2022), “Presupuesto y crisis forense en México”, Opacidad e insuficiencia del presupuesto en materia de identificación forense. FUNDAR. México. 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